A falta de ver si cumplen con lo comprometido, los ongi etorris, los actos de recibimiento públicos a etarras que vuelven a casa tras cumplir sus sentencias de prisión, pueden haber llegado a su fin, después de que el colectivo de presos EPPK comunicara su deseo de que se desarrollen de forma "privada" y "discreta" cuando lleguen a sus localidades o en la misma salida de las cárceles. A pesar de la lucha que han mantenido las víctimas de ETA por tratar de impedir con antelación la celebración de estos actos, lo cierto es que el difícil encaje legal para prohibirlos ha supuesto en los últimos años un muro de contención que apenas ha evitado que los etarras hayan sido homenajeados, para escarnio y humillación de quienes han perdido a familiares o sufrido en sus propias carnes la violencia terrorista.

Aunque se hayan acabado los atentados de ETA, los recuerdos de la violencia que desplegó la organización a lo largo de más de cuarenta años no son olvidados por quienes más los sufrieron y los homenajes a los presos que obtenían la libertad condicional o algún permiso penitenciario ahondaban en la humillación que sienten las víctimas. Así lo dijo Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en una reciente entrevista: "Es demoledor para las víctimas y para una sociedad sana. No se puede permitir que familias enteras acudan y den el mensaje a las nuevas generaciones de que todo vale, incluso la violencia, porque luego se justifica".

Han sido muchísimos los mensajes que han dirigido las víctimas a la izquierda abertzale, y en particular a Bildu, en los últimos años exigiendo que cesaran los homenajes a los presos de ETA. Sobre todo porque desde la justicia no se han podido frenar este tipo de actos. Fue el pasado mes de octubre, al cumplirse diez años del fin de la violencia terrorista –y más de tres desde que la banda anunció su disolución–, cuando el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó que siente "enormemente" el "sufrimiento" de las víctimas y el "daño causado" y que se comprometía a "tratar de mitigarlo", pero sin condenar la actividad etarra. “Queremos trasladarles que sentimos su dolor y afirmamos que nunca debería haberse producido. A nadie puede satisfacer que aquello sucediera. No se debería haber prolongado tanto en el tiempo", dijo.

Unas semanas después, han sido los presos los que han dado el paso. Para las víctimas, sin embargo, no es suficiente. Aunque ven como un "alivio" el anuncio de acabar con los reconocimientos públicos, han replicado también que si de verdad los aproximadamente 200 etarras que quedan en prisión quieren aliviar el sufrimiento causado, deben colaborar con la justicia para tratar de esclarecer los más de 300 crímenes que quedan sin resolver.

Tal y como concluyó esta semana el exlehendakari y diputado socialista Patxi López, el anuncio de los presos es "la victoria de las víctimas" y "la victoria de la presión social que no podía tolerar que esto se estuviera haciendo". En un debate en el Congreso sobre una propuesta de Ciudadanos para prohibir por ley estos homenajes a etarras –que tuvo el apoyo de PP y Vox–, López remarcó que "son los tribunales los que deciden estas cuestiones" y que "lo sabe muy bien el anterior delegado del Gobierno del PP en el País Vasco", quien "se hartó de ir a la vía penal y tuvo éxito cero".

Pero, ¿por qué es muy complicado impedir o perseguir penalmente estos homenajes a presos de ETA?

Desde el año 2000 hay un ilícito en el Código Penal que, por su definición, puede encajar perfectamente en la persecución de los recibimientos a etarras que cada vez se han visto con más frecuencia debido a la finalización de las condenas de muchos terroristas encarcelados en los años ochenta y noventa. Es el enaltecimiento del terrorismo. Su introducción se enmarca en la firma del pacto antiterrorista que firmaron PP y PSOE, los partidos con mayor representación parlamentaria entonces, en medio de una violencia de ETA que no cesaba.

El objeto, regulado en el artículo 578 del Código Penal, es castigar todas aquellas conductas que conlleven "justificación pública" de los delitos terroristas o de "quienes hayan participado en su ejecución", así como la "realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares". La pena que se plantea y que aún sigue vigente en la legislación es de uno a tres años de cárcel y multa de doce a dieciocho meses.

La idea era introducir un delito que no requiere una incitación directa o que exista un peligro real a cometer un determinado acto delictivo, por mucho que pueda ensalzar esa conducta, y he ahí la principal diferencia con el delito de apología, que ya existía en la legislación y que también recogen todos los códigos penales de países europeos del entorno más inmediato. El enaltecimiento del terrorismo, por tanto, no tiene equivalencia en las jurisdicciones penales similares a la española.

Pero una cosa es la teoría y otra, la práctica. Más de veinte años después, este ilícito está ya muy desdibujado en su aplicación –no sólo en el caso de los ongi etorris–, en parte por una jurisprudencia ya más que consolidada que acota los límites de su utilización, en parte por la disolución de ETA y de otras organizaciones terroristas. El conflicto que los distintos casos que han llegado a la justicia ha generado con la libertad de expresión o de reunión y, por tanto, las distintas sentencias absolutorias y la doctrina que se ha impuesto en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ha llevado a una caída de las denuncias y, en consecuencia, a una reducción en la apertura de procedimientos en la Audiencia Nacional.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico explica a infoLibre que la introducción del enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal eliminó la garantía de que sólo se pudieran perseguir actos de apología cuando hubiera incitación a cometer actos terroristas y que se percibiese un peligro real. Y lo que ocurre cuando se suprime esa garantía es que se den situaciones que esa garantía quería evitar.

Fue la sentencia del Constitucional de 2016 sobre la condena a Tasio Erkizia la que terminó de poner negro sobre blanco en la aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo. Un año más tarde se publicó la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo, en la que se dejaba claro que "los delitos de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, la apología y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las víctimas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar gravemente a la población", una conducta que "debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos terroristas".

Y no sólo en Europa se han pronunciado tribunales e instituciones al respecto. En 2008, el anterior relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, advirtió a España de la imprecisión de la palabra "enaltecimiento", afirmando que "cualquier tipificación de delitos relacionados con la incitación al terrorismo debe incluir los requisitos de una intención de incitar a cometer un delito terrorista, así como la existencia de un riesgo real de que tal delito se cometa como consecuencia".

En los últimos años se han sucedido numerosos recibimientos a etarras que no han encontrado reproche penal por parte de la Audiencia Nacional. Por un lado, porque generalmente el tribunal no ha visto motivo para prohibirlos cuando se anunciaban y, por otro, porque en la investigación que se podía abrir a posteriori los jueces no encontraban suficiente prueba para abrir diligencias. Y es que en muchos homenajes no se ensalza explícitamente la violencia terrorista ejercida por los presos o los asesinatos que hayan cometido, sino que consisten en recibimiento de los vecinos en la calle, aplausos, entrega de flores, banderas, un 'aurresku' y algunos discursos.

En una de las últimas resoluciones dictadas ante la petición de prohibir uno de estos encuentros ante la posibilidad de la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo, de septiembre de este año, el juez José Luis Calama –reiterando argumentos que ya han invocado sus compañeros de la Audiencia Nacional en otros autos–, afirma que “no existe constancia alguna” que permita afirmar “que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno” e invocaba los derechos de reunión y manifestación y el principio de intervención mínima del Derecho penal para sustentar su decisión.

El tribunal mantiene esta misma postura, con apoyo de la Fiscalía, desde hace unos años: rechaza impedir los homenajes, aunque pide a las fuerzas de seguridad que estén vigilantes ante posibles comportamientos ilícitos. Sin embargo, apenas hay denuncias posteriores y la mayoría de las que ha habido han acabado finalmente en archivo.

No obstante, sí hay una causa abierta actualmente por este delito en el marco de los recibimientos a presos de ETA. Es la que indaga en la organización de los numerosos homenajes que tuvieron lugar entre los años 2016 y 2019 y por la que fueron detenidos varios dirigentes de Sortu y el etarra Anton López Ruiz, alias Kubati, a principios de 2020. Pero hay un matiz con otras causas por este tipo de actos abiertas anteriormente: tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce la AVT centran sobre todo su estrategia en esta causa en la otra pata de este ilícito, que es la humillación a las víctimas.

Para ello, la AVT entregó al juez instructor un informe sobre el impacto psicológico que producen en las víctimas y sus familiares los actos de recibimiento y homenaje a etarras. Pero fuentes jurídicas consultadas por este periódico admiten que el futuro de esta causa está muy en el aire precisamente por esa jurisprudencia del Constitucional y del Supremo que, a raíz del estudio de las sucesivas causas sobre las que han tenido que pronunciarse, delimita la aplicación del delito regulado en el artículo 578 del Código Penal.

Por eso, la AVT había reclamado el pasado noviembre a todos los grupos parlamentarios, a excepción de EH Bildu, que apoyaran su propuesta de enmienda de modificación del Código Penal para tipificar el delito de humillación a las víctimas del terrorismo como un delito autónomo del de enaltecimiento. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prometido en varias comparecencias parlamentarias aprobar un nuevo régimen sancionador por la vía administrativa –previa reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo– para luchar contra los homenajes, informa Europa Press.

La medida la supeditaba siempre al informe que tiene que realizar la Unión Europea evaluando el delito de enaltecimiento, ya que quería evitar "disfunciones" a la hora de luchar contra este tipo de "ofensas", vista la interpretación que han hecho los tribunales y los pronunciamientos de instancias internacionales.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado este martes el traslado directo a cárceles próximas al País Vasco de otros tres presos de ETA, dejando en 49 el número total de traslados durante los dos años de Gobierno de Pedro Sánchez, según informa Europa Press.

Así lo han señalado desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha lamentado que ya sean casi 50 los presos de ETA acercados. En concreto, el anuncio de Interior llega además dos semanas después de haber anunciado el traslado de otros tres reclusos de la organización terrorista con delitos de sangre.

Desde la asociación han asegurado que "llama poderosamente la atención el tiempo de condena que les resta" a los tres presos, que "solamente han cumplido 7 años de los 28 de condena, 8 de 25 y 6 de 20, respectivamente".

"Interior nos aseguró que iban a ser acercamientos individualizados y puntuales, y vemos cómo se están generalizando. Reiteramos nuestra reivindicación de que se les exija la colaboración con la Justicia para cualquier tipo de mejora en su situación penitenciaria", han apuntado desde la AVT.

En esta ocasión, se trata de Íñigo Vallejo Franco, que ingresó en prisión el 17 de octubre de 2013 y cumple una condena de 28 años, seis meses y un día por pertenencia a organización terrorista, lesiones, tenencia de explosivos y falsificación de documento público.

Solo uno de los trasladados ha pedido perdón a las víctimas

Vallejo, que cumplirá las tres cuartas partes de la condena en julio de 2033, ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha enviado un escrito manifestando que reconoce el dolor causado, mostrando empatía con las víctimas.

El mismo será trasladado del Centro Penitenciario de Sevilla-II al de Dueñas-La Moraleja, en Palencia, a raíz de la resolución judicial en la que se aplica el principio de flexibilidad a su clasificación en primer grado y tras la propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel sevillana.

El segundo de los trasladados, Miguel Guillermo San Argimiro Isasa, ingresó en prisión el 19 de mayo de 2002 y cumple una condena de 25 años por estragos, banda armada, robo y enaltecimiento del terrorismo. San Argimirio, que cumplirá las tres cuartas partes de la condena en febrero de 2021, ha aceptado la legalidad penitenciaria y participa en actividades programadas.

Según ha apuntado Instituciones Penitenciarias, el preso será trasladado delCentro Penitenciario de Sevilla-II al de Soria, un centro cercano a su vinculación familiar, después de que la Junta de Tratamiento de Cáceres haya propuesto su progresión a segundo grado.

El último de los tres, Gorka Vidal Álvaro, será trasladado del Centro Penitenciario de Córdoba a la prisión de Logroño toda vez la Secretaría General del organismo de Interior ha resuelto progresarlo a segundo grado.

Vidal ingresó en prisión el 4 de marzo de 2004 y tiene una condena de 20 años por colaboración con banda armada, tenencia de armas y estragos. A diferencia de los otros dos presos, Vidal cumplió las tres cuartas de su condena en febrero de 2019. Además, ha aceptado la legalidad penitenciaria y participa en actividades programadas.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que la reclasificación de los presos de ETA a Euskadi es un "peaje" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "pagando a sus socios" de PNV y Bildu por su apoyo en la moción de censura del pasado mes de julio. Contradice así al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) –que el pasado viernes aseguraron que el acercamiento era "absolutamente legal"– y al Ministerio de Interior, que el jueves anunció que el traslado había sido a petición de la Junta de Tratamiento de la cárcel y que se trata de una "reclasificación" del estatus de los presos, ajeno a cualquier iniciativa del Gobierno para poner fin a la dispersión de los encarcelados etarras,

Según indicó en una entrevista Europa Press, el nuevo secretario general de los conservadores aseguró que no se había actuado "de forma transparente", por lo que reclama explicaciones gubernamentales en el seno del Pacto Antiterrorista por los supuestos "favores" a pagar a PNV y Bildu. Se sitúa así García en la línea del exministro Juan Ignacio Zoido, quien el pasado miércoles expresó el mismo discurso a través de su perfil de Twitter.

García Egea señaló que, cuando el PP estaba en el Gobierno, se convocaba al Pacto para "tomar decisiones dentro del consenso" y que, a su entender, ese pacto debería reunirse ahora a una semana del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils y "la nueva política antiterrorista con el acercamiento de presos –Olga Sanz y Javier Moreno–al País Vasco". Así, tanto el secretario general como el exministro de los conservadores parecen olvidar que Olga Sanz adquirió el tercer grado penitenciario durante el Gobierno de Mariano Rajoy –febrero de 2018–, mientras que Moreno fue reclasificado el pasado julio a partir de un informe favorable de la Junta de Tratamiento durante el mes de abril –también en la anterior legislatura–.

Por otro lado, el PP critica la "nueva política antiterrorista con el acercamiento de presos" y el "pago de favores", como señala García Egea. El Gobierno de José María Aznar fue el que más presos de ETA acercó a Euskadi –a pesar de que en aquel momento la banda terrorista aún mataba, secuestraba y extorsionaba–.

Tener en cuenta la opinión de las víctimas

El número dos de los conservadores asegura que este tipo de actos evidencian que Sánchez "va pagando semana a semana un peaje" y asumiendo un coste "sin contar con las víctimas". Sin embargo, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, se dirigió el pasado viernes a PP y Ciudadanos: "Se están equivocando, no es un pago ni un favor".

No obstante, el conservador insiste en que "es una traición por parte del señor Sánchez el realizar este tipo de movimientos (...) sin contar con las víctimas y sin contar con el resto de fuerzas políticas, porque creo que en aspectos tan sensibles como éste debemos ir todos a una", enfatizó. Por su parte, Ordóñez acusa a su partido de querer hacer "oposición" con esta cuestión cuando el Gobierno de Rajoy ya "tenía pactado con el PNV los acercamientos, sin condición ninguna, y la transferencia de prisiones", como señaló el sábado.

En un comunicado, la AVT considera que ETA trata de "diluir su verdadera responsabilidad" en los más de 50 años de terror en un comunicado en el que reconoce el daño causado y pide perdón a las víctimas, aunque haciendo diferencias entre ellas y justificando su nacimiento como organización criminal, que relaciona con "un sufrimiento que tendría su origen en el bombardeo de Gernika".

La asociación mayoritaria de víctimas subraya que ETA "en ningún momento hace autocrítica", "justificando con ello el uso de la violencia como algo inevitable, defensivo y fruto de una conflicto inexistente e inventado" por una banda terrorista que trató sin éxito de "imponer su proyecto totalitario y manipular la historia".

La AVT critica que ETA se permita diferenciar entre víctimas de sus acciones criminales para hablar de aquellas "que no tenían una participación directa en el conflicto" en el que dicen que participaron "obligados por las necesidades".

En este sentido, piden al Gobierno que "neutralice esta campaña propagandística con la única finalidad de venderse a la comunidad internacional como si ellos fueran los buenos y, de esta manera, forzar a los Estados español y francés a ceder en sus reivindicaciones", entre ellas el acercamiento de presos al País Vasco.

La AVT exige la entrega de todas las armas intactas y del material de ETA, así como el desmantelamiento de las estructuras terroristas. "La única declaración que esperamos de ETA es aquella en la que se reconozca como la principal vulneradora de derechos humanos en el País Vasco y en el resto de España durante décadas. Que reconozca que el uso de la violencia no tiene justificación alguna. Y que haga autocrítica de su pasado criminal", concluye la asociación.

"Falta crítica política"

El periodista y víctima de ETA Gorka Landáburu, por su parte, ha considerado que el comunicado difundido este viernes por la banda terrorista es "el más importante y crítico" que ha hecho la organización, aunque aún "falta crítica política" y emplaza a la izquierda abertzale a hacerla.

"Falta una crítica política en el tiempo y espero que la izquierda abertzale lo haga" ha señalado en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, en las que ha dicho además que ETA "tiene cuentas pendientes con la sociedad". Para Landáburu, "muchas víctimas verán insuficiente" este comunicado. "Pero ETA desaparece definitivamente y es lo que queríamos desde hace mucho tiempo", ha planteado.

Rosa Rodero, también víctima de ETA, que asesinó a su marido, un miembro de la Ertzaintza en 1993, afirma que el comunicado "no compensa, pero por lo menos da un respiro".

"Ya no tiene solución, lo que ha pasado ha pasado. Yo miro más por el futuro y porque no vuelva a ocurrir. Mi marido no está y no me lo pueden devolver, lo que siempre he pensado es en el futuro en mis hijos mis nietos, esa paz que hemos querido toda la vida y ahí la tenemos", ha señalado en la SER.

En su opinión, se trata "sin más", de "un paso más" para "terminar ya con estos años" de ETA. "Son los pasos que se están dando, que se están alargando en el tiempo y entiendo que el tema de los presos es lo que está llevando a que se esté alargando", ha comentado.

"El perdón tiene que venir acompañado de colaboración con la Justicia"

Asímismo, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y hermana del concejal asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, Maria del Mar Blanco, ha asegurado este viernes que el comunicado difundido por la banda terrorista es fruto de su derrota y dice que no le sirve el perdón, porque distingue entre las víctimas que "se merecían la bomba" y las que no, y porque el gesto "debe venir acompañado de colaboración con la Justicia".

"El perdón se tiene que traducir en la colaboración con la Justicia. No me creo que sea sincero porque es fruto de su derrota", ha subrayado Maria del Mar Blanco. En una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, ha declarado que el comunicado de ETA "no cumple las expectativas de las víctimas del terrorismo, porque sigue utilizando el mismo lenguaje que han utilizado durante años para causar dolor".

En esta línea, ha afirmado que le parece "vergonzoso" que se haga una distinción entre víctimas porque, según ha dicho, "todos son víctimas inocentes de la oposición totalitaria y mafiosa llamada ETA", que ha pedido disculpas explícitamente, como reza el comunicado, a aquellos damnificados que "no tenían una participación directa en el conflicto".

Blanco ha dicho que esperaba que la banda terrorista "hiciera un llamamiento a los suyos para que dejen de hacer actos de bienvenida a los terroristas" y ha pedido que "dejen de utilizar palabras que siguen humillando a las víctimas". "Nos tienen que dejar a los demócratas, a los que hemos defendido el Estado de Derecho, la construcción de ese relato de la historia basado en la verdad", ha subrayado Maria del Mar Blanco.

"Inaceptable" que ETA "divida a las víctimas entre culpables e inocentes"

En la misma línea, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha considerado "inaceptable" que ETA "divida a las víctimas entre culpables e inocentes" y ha exigido a la banda terrorista que "esclarezca los crímenes sin resolver y la ubicación de las víctimas desaparecidas".

En un comunicado, Covite ha criticado que ETA "pida perdón" sólo a aquellas que "no tenían una participación directa en el conflicto". A juicio del colectivo, esta postura "implica la justificación del asesinato de centenares de personas en el contexto de un conflicto inexistente que ETA se empeña en mantener para fundamentar su historia y difuminar su responsabilidad sobre los crímenes cometidos".

"ETA trata a las víctimas como daños colaterales en la imposición de un proyecto totalitario al que ni los terroristas ni su brazo político han renunciado", ha afirmado Covite.

Además, ha advertido de que "enunciar una petición de perdón selectiva significa insultar a las víctimas del terrorismo y a toda la sociedad". Para Covite "la única aportación que ETA puede hacer a la sociedad a la que lleva golpeando medio siglo es esclarecer los más de 400 asesinatos que quedan sin resolver y dar la ubicación de los cadáveres de las víctimas desaparecidas".

Por otro lado, ha opinado que el hecho de que ETA quiera "representar un final a cámara lenta que se prolongue con comunicados y actos públicos con supuestos avales internacionales" demuestra que "la banda terrorista quiere sacar rédito de su final". "El final de una organización terrorista verdaderamente arrepentida tendría que ser discreto y sin afán de protagonismo", ha destacado.

En este sentido, Covite ha señalado que hubiera preferido "que el final de ETA lo escribieran las fuerzas de seguridad deteniendo a lo que queda de la organización terrorista y frenando cualquier intento de blanquear su pasado".

Además, ha recordado al Estado que "tiene la obligación de darle a la sociedad la foto de la derrota de los terroristas y aún no lo ha cumplido" y también "debe asegurar que el final de ETA no tenga contrapartidas ni para los terroristas ni para el nacionalismo".

"Una barbaridad" la distinción que ETA hace de las víctimas

Maixabel Lasa, viuda del socialista y exgobernador de Gipuzkoa asesinado por ETA Juan Mari Jáuregui, ha calificado como "una barbaridad" la distinción que la banda terrorista hace de las víctimas en su comunicado, y ha considerado que a la banda "le cuesta demasiado decir que en realidad ni tenía que haber existido nunca, que fue un error y lo que hizo estuvo mal".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la también ex directora de la oficina de atención a las víctimas del terrorismo ha afirmado que el comunicado de ETA "es una de las cosas que se esperaba de ellos". "No habíamos oído de la boca de ETA decir nada parecido y, en ese momento, se puede ver que es una cosa positiva", ha señalado.

No obstante, ha advertido que en el texto "hay muchos peros" como "la distinción que hace entre los daños colaterales, entre otras cosas", porque "lamenta y pide a los familiares el perdón pero hace distinción entre unas víctimas y otras". "Me parece una barbaridad", ha censurado. Además, sostiene que "no se ve claro en el comunicado que ellos son los causantes de ese dolor y ese daño".

"Les cuesta demasiado decir que en realidad ETA ni tenía que haber existido nunca, que fue un error, lo que hicieron estuvo mal y por eso reconocen el daño causado. ¿Esas cosas son tan difícil decirlas así, de forma clarita para que lo podamos entender todos, los tontos también?", ha preguntado. Por ello, ha asegurado que "esperaba algo más de ellos" aunque "es lo que hay".

En su opinión, habrá que esperar a que "el relato que se vaya a escribir cumpla con las expectativas, que cuente todo lo que sucedió y cómo sucedió". "Espero que se tenga en cuenta la opinión de las víctimas y de quienes hemos sufrido estos años", ha censurado.

Lasa afirma que, además, ETA "debería hacer una autocrítica política" porque la banda "y los que le acompañaban en su trayectoria, hay muchísima gente muy responsable de lo que ha sucedido en este país". "No solo los que mataban y llevaban las armas, sino los intelectuales que había alrededor de toda esa trama, y eso yo no lo he visto tan claro", ha añadido.

La viuda de Jáuregui cree, además, que la desaparición de ETA "está siendo muy larga" y, ante su disolución, ha afirmado que "se está dando demasiado bombo y platillo a esto". "Lo deberían hacer de forma más normal porque, en realidad, ETA lo que le ha hecho a este país es lo peor que le podía hacer, y no sé si lo quiere celebrar o qué", ha apuntado.

En este sentido, le ha recordado que "sobre sus espaldas tiene los ochocientos y pico muertos que ha ocasionado y la cantidad de personas extorsionadas, secuestradas, los que han tenido que vivir con escolta durante tantos años". "¿De eso se van a vanagloriar? Lo que deberían hacer es todo lo contrario. Ser más discretos y sin darle tanto bombo y platillo", ha concluido.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitó este viernes al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que cite a declarar a los actores Alberto San Juan y Gloria Muñoz, que volvieron este jueves a representar en Madrid la obra por la que los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García fueron enviados a prisión, por si pudieran haber cometido algún delito.

La AVT remitió un escrito al magistrado en el que le pone en antecentes de la escenificación de la función de títeres, celebrada en el Teatro del Barrio y durante la que se volvió a mostrar, como hicieron los artistas investigados, un cartel con la leyenda "Gora Alka ETA", según informaron a Europa Press fuentes de la asociación.

Los dos actores reprodujeron fragmentos del guión de la obra, acompañando a títeres manejados por miembros de las compañías Le Guiñol Orthopedic y Lucas Locus, durante un homenaje a los investigados, en el que participaron, entre otros, los cantantes César Strawberry y Santiago Auserón.

"El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno está de guardia, o sea que a ver si nos lleva a todos 'palante' o no", indicó el moderador del acto al término de la representación. Los participantes reclamaron el inmediato archivo de las actuaciones abiertas contra los titiriteros.

San Juan y Muñoz recrearon la obra, que fue representada en febrero en el barrio de Tetuán durante los Carnavales ante un público infantil, y tradujeron el guión original, que estaba en esperanto, al castellano. Prefirieron hacerlo en un idioma comprensible para los asistentes "para incidir más en el crimen", aclaró San Juan en clave irónica.

La Fiscalía ha rechazado que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la concejal de Cultura, Celia Mayer, sean investigadas por enaltecimiento del terrorismo, al entender que "no ejecutaron actos ni vertieron expresiones" que permitan considerarlos responsables del delito que se les atribuye a los titiriteros, que utilizaron en su obra satírica un cartel en el que podía leerse "Gora Alka-ETA".

El fiscal Pedro Rubira ha informado a favor de admitir a trámite las querellas presentadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) como consecuencia de los actos acontecidos el pasado 5 de febrero durante la escenificación de la obra La bruja y Don Cristobal, de la compañía Títeres desde abajo, informa Europa Press.

El Ministerio Público, que no considera necesario imponer fianzas a ambas asociaciones para ejercer la acusación puesto que el procedimiento se incoó a partir de un oficio de la Brigada Provincial de Información de Madrid, ha mostrado su disposición a tener por querellados a los titiriteros por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

La AVT se querelló también contra la alcaldesa, la concejala y el director artístico responsable de la programación del Carnaval Madrid 2016, Ramón Ferrero, al considerar que, "por los cargos administrativos y políticos" que ocupan en el Consistorio, "tenían que conocer el contenido de la obra que se iba a representar".

No hay un "comportamiento activo"

Sin embargo, el fiscal invoca la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para subrayar que el delito de enaltecimiento del terrorismo requiere "un comportamiento activo" y tiene "naturaleza esencialmente dolosa e intencional".

A este respecto, añade que a la hora de exigir responsabilidad penal rigen los principios de legalidad y tipicidad, "sin que se puedan valorar supuestas conductas o responsabilidades administrativas o políticas".

La AVT consideró a la alcaldesa "la responsable última de todas las actividades que organiza el consistorio madrileño", mientras que Justicia y Democracia acusó a los titiriteros de ensalzar a ambos grupos terroristas y llevar a cabo una "incitación directa de odio y violencia hacia determinados sectores como la judicatura o la Iglesia" cuando mostraron durante la escenificación "acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía y la violación de una monja", ante una nutrida concurrencia, sobre todo niños.

Alfonso Lázaro y Raul García quedaron en libertad el pasado miércoles tras pasar cinco días en la cárcel de Soto del Real por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales, después de que el juez Ismael Moreno admitiera un recurso de su defensa, con el visto bueno de la Fiscalía, y les impusiera comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, subrayó este lunes que los tuits del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata "son de hace cuatro años", así que lamentó que se utilicen ahora "como lanzadera política".

"A las víctimas no se nos puede utilizar para hacer política", dijo en declaraciones a los periodistas con motivo de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en el Escorial. Por este motivo, Pedraza no quiso valorar la imputación de Zapata.

"Soy la más reivindicativa y la más peleona en este caso, pero creo que ahora no podemos, porque esos tuits son de hace cuatro años, que para mí es igual de grave, pero entonces no se dijo nada", argumentó.

Por otro lado, aseguró que le da "mucha pena" que algunos líderes de Podemos, empezando por Pablo Iglesias, piensen en el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco pensando "en cómo están los familiares de los presos". "Él dice que es una tragedia, pero para mí tragedia es no poder recorrer 1.500 kilómetros para poder ir a ver a mi hija, por ejemplo, al puerto de Santa María, porque estuviera en la cárcel. Yo y todas las victimas de España solo podemos ir a los cementerios", añadió.

En este sentido, matizó que aunque entiende que "existen unos derechos humanos", las víctimas no tienen "la culpa de que haya familiares que sus hijos sean asesinos".

Pedraza insistió en su tesis de que el Gobierno "no está haciendo lo suficiente" para atender a las víctimas del terrorismo. "Los terroristas de ETA ya no matan pero queda detrás un duelo y un dolor", insistió, y añadió que el Gobierno debería tener una "sensibilidad especial para atender a las víctimas".

Pedraza, que presentó en estos cursos universitarios un informe sobre las víctimas del terrorismo se mostró disgustada con que, con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo –que se celebró el sábado– el Gobierno hiciese hincapié en que se habían gastado 113 millones de euros en indemnizaciones y ayudas a las asociaciones, porque cree "que todas las víctimas devolverían el dinero que se les ha dado de indemnización" por tener a sus familiares. No obstante, reconoció que las víctimas en España son unas privilegiadas en el aspecto psicosocial y de atención psicológica.

En cuanto a que en el Pacto Antiterrorista no estén todos los partidos políticos, Pedraza dijo que "es muy grave" porque "es un problema global" y que no solo tienen que estar unidos los españoles sino "todo el mundo". Insistió en que después del 11-M se debería tener claro que "a cualquier ciudadano de cualquier partido político le puede suceder" un acto terrorista.

El Telediario de TVE silenció este viernes las críticas al PP de la viuda de Gregorio Ordóñez en la información que ofreció para recordar la figura del dirigente conservador asesinado por ETA hace 20 años.

El informativo de la televisión pública, cada vez más cuestionado por sus propios profesionales, silenció las palabras de Ana Ieribar, según la cual su marido sentiría hoy "vergüenza hacia los suyos por ver una falta de voluntad política para terminar con el proyecto político de ETA" y "repugnancia" por los votos que recibe Bildu.

En vez de eso, la conductora del Telediario leyó sin citar la fuente un tuit del presidente del Gobierno en el que Rajoy recordaba al fallecido ("Gregorio Ordóñez, 20 años después seguimos recordando tu ejemplo. Una referencia para todos contra el terrorismo y por la libertad") antes de dar paso a un vídeo recordando el significado político del asesinato.

TVE tampoco hizo mención alguna a la hermana del político asesinado, Consuelo Ordóñez, presidenta además del colectivo de víctimas Covite, según la cual "sólo hay que escuchar en un archivo sonoro lo que defendía para saber que, salvo honrosas excepciones, el PP ya no es el mismo partido" de su hermano. Ni a la expresidenta del PP vasco María Sangil, testigo además dela sesinato de Ordóñez, quien suscribió palabra por palabra las declaraciones de la viuda de su compañero de filas.

Precisamente para este sábado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado a los ciudadanos a concentrarse en la plaza de Colón de Madrid contra las "traiciones" del Gobierno en política antiterrorista y los "incumplimientos" del programa con el que el PP se presentó a las elecciones generales de 2011.

Con esta movilización, la AVT quiere presionar al Gobierno de Mariano Rajoy para que "cumpla" con sus compromisos, la ilegalización de Bildu y Amaiur, exigir a los presos etarras que cumplan todos los requisitos antes de concederles permisos penitenciarios o facilitar el voto a los 'exiliados' vascos y navarros, según explicó esta semana a Europa Press la presidenta del colectivo de víctimas, Ángeles Pedraza.

La concentración ha sido convocada bajo el lema "No más traiciones" y el cartel de convocatoria está diseñado sobre un fondo en el que están escritos los nombres de las más de 1.000 víctimas que el terrorismo ha dejado en España.

La AVT subraya que el PP ganó las elecciones con un programa electoral con el que se comprometía a "asegurar el derecho de las víctimas a la dignidad, a la memoria, y a la reparación a través de la justicia" y, tres años después, "esas promesas han quedado en el olvido" como consecuencia de la "inacción" de Mariano Rajoy.

Con ello, asegura que las víctimas se sienten "profundamente traicionadas" siendo testigos de cómo "los que jalean a los terroristas utilizan las instituciones como altavoz para sus reivindicaciones", además de contemplar "impotentes" las "salidas masivas de terroristas de las cárceles gracias a artimañas jurídicas" o cómo "el relato que se va imponiendo es el de la justificación de la violencia terrorista y el blanqueamiento del pasado de los terroristas".

Entre estos incumplimientos, la AVT destaca la ilegalización de Sortu, Bildu y Amaiur, la excarcelación del recientemente fallecido Bolinaga, la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los más de 300 atentados de ETA que continúan sin esclarecer.

El PSOE se ha guiado por la prudencia en la última semana respecto a la doctrina Parot. Ya la semana pasada, en cuanto se conoció la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Óscar López, secretario de Organización, envió básicamente dos mensajes: acatamiento y respeto al fallo y "repugnancia" por sus consecuencias. Los socialistas no han entrado más al trapo, conscientes de que el problema lo tenía el PP. 

Este lunes, un día después de la manifestación en Madrid de las víctimas del terrorismo convocada por la AVT, donde se escucharon abucheos e insultos a dirigentes del PP, el partido se mantuvo en su tesis. Pero Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, sí dijo algo más. El diputado, que sufrió un atentado de ETA en 2002, acusó a los conservadores de querer "monopolizar" a las víctimas del terrorismo, con lo que evidencia "su inseguridad, su ignorancia y su ignominia". Lo dijo a través de su cuenta de Twitter. 

Madina recogía además una frase de la secretaria general del PP de este mismo lunes en rueda de prensa, donde subrayaba que "sólo" su partido había estado con las víctimas. "Otros partidos no estaban –aseguró María Dolores de Cospedal–. Algunos porque no han estado nunca con las víctimas y otros porque sólo están cuando les interesa". El diputado ya había sido por cierto duro con este asunto el pasado sábado en su perfil de Twitter. Sin citar a los dirigentes del PP, les acusó de "arrogancia", de pretender erigirse como "únicos intérpretes del dolor de todas las víctimas".

Frialdad con Tomás Gómez

López no fue tan lejos. A preguntas de los periodistas en Ferraz, y tras la reunión de la Comisión Permanente del PSOE –el equipo más cercano a Alfredo Pérez Rubalcaba–, insistió en que su partido "acata la sentencia" del TEDH, mostró nuevamente su "respeto absoluto" a las víctimas y dijo compartir su "dolor". "Ya dije aquí hace una semana que nos parecía injusto [la sentencia]. Pero el Estado de derecho es eso, acatar". El número tres del aparato reiteró su apuesta por la "unidad de los demócratas" en la lucha contra el terrorismo.

En ningún momento López atizó a los conservadores por haber sido ellos quienes agitaron la ira contra el anterior Gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, por parte de las víctimas. El secretario de Organización ni siquiera quiso respaldar las declaraciones del líder del PSM, Tomás Gómez, el pasado viernes, cuando afirmó que los socialistas están con las víctimas, pero no se iban a manifestar "contra el Estado de derecho". 

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Juan Calparsoro ha explicado que, tras la sentencia del TEDH contraria a la doctrina Parot la Audiencia Nacional y las provinciales tendrán que examinar el cumplimiento de esta sentencia que, aunque la haya dictado "un tribunal extranjero, forma parte del derecho interno", dado que el convenio europeo ha sido ratificado por España. Por ello, ha insistido, "obliga a todos los poderes" del Estado.

Calparsoro ha dudado "mucho" de que, ante las peticiones de revisión planteadas por numerosos presos, "puedan plantearse" eventuales recursos de la Fiscalía, que "está sujeta al principio de legalidad", y ha añadido que, "en ningún caso, suspende una resolución de puesta en libertad".

"Personalmente opino que va a ser un plazo muy breve cuando se cumplan las previsiones que establece esta sentencia. En el hipotético caso de que un fiscal presentara un recurso, la resolución judicial es de cumplimiento inmediato", ha indicado.

El fiscal vasco ha reconocido que "hace falta cierta pedagogía" ante el rechazo que ha suscitado la resolución del TEDH. En cualquier caso, ha señalado que "siempre hay que evitar el dolor" de las víctimas.

Tras insistir en que no existe "en ningún caso impunidad", ha indicado que Del Río –a la que "en este momento me resisto a llamarle terrorista o asesina" porque "es una persona que, sin duda, lo fue y ya no lo es"–  ha cumplido "26 años de cumplimiento efectivo, no ha salido ni un día de prisión, con un regimen de cumplimiento más estricto que el que se sigue con el resto de penados y a una distancia muy alejada de su lugar de residencia habitual".

"Esa persona ha cumplido ya con la sociedad y de una manera muy dura. Se podrá entender que los asesinatos por los que ha sido condenada han sido terribles, pero también hay que valorar y que la sociedad conozca que ha cumplido de manera mucho más rigurosa de lo que puede cumplir otros penados, y en un periodo temporal muy amplio para lo que se aplica en España y en otros países. Ni mucho menos ha salido con un periodo corto de cumplimiento", ha asegurado.

El fiscal ha indicado que la prisión permanente revisable "puede dar la impresión de que se pierde el objetivo final" de resocialización, que "establece la Constitución". No obstante, ha matizado que, en caso de que se apruebe esta medida, "a los 25 años se revisa", de manera que "también puede haber personas que critiquen esa revisión".

También se ha referido a la protesta convocada tras la decisión del Tribunal de Estrasburgo para este fin de semana por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a la que han anunciado que asistirán representantes del PP. Calparsoro, que ha reiterado que el TEDH es "un tribunal que goza de un prestigio muy reconocido en toda Europa", ha subrayado que "uno de los valores del Estado de derecho" es la división de poderes y la sujeción al principio de legalidad.

"Eso es algo básico", ha indicado Calparsoro, que ha insistido en que el Convenio Europeo supone "la garantía para nuestras libertades y para nuestra igualdad y seguridad".

Por ello, ha planteado que los responsables públicos "tienen derecho, por supuesto, a manifestarse como cualquier ciudadano", pero también "hay que poner en valor que vivimos en un estado de derecho en el que prima, con carácter nuclear, la protección de los derechos humanos".

Preguntado por la conveniencia de que el Tribunal Supremo fije una lectura, ha considerado que, aunque la competencia es de las audiencias que juzgaron en primera instancia, "no estaría mal que el Supremo fijara un criterio" que, "en ningún caso, se puede apartar" de lo establecido por el TEDH. "Viene bien como criterio un poco general", ha apuntado.