Esta semana el Gobierno ha desclasificado y publicado en su página web más de 150 documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Algo que ha revolucionado la agenda mediática a lo que se ha sumado, el mismo día, la muerte del propio teniente coronel Antonio Tejero.

Pero, ¿el Gobierno ha publicado realmente todos los archivos que tiene sobre el asunto? ¿Conoce siquiera el Ejecutivo cuántos documentos posee sobre el 23-F? Diversos especialistas consultados por infoLibre aseguran que no, que el Gobierno no sabe exactamente qué información y documentos tiene sobre el tema ni cuáles estaban clasificados y cuáles no y, por tanto, no lo ha publicado todo. Esto impide que la desclasificación haya aclarado todas las incógnitas que aún rodean el 23-F —como qué papel jugó el rey Juan Carlos—.

La propia ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes hablaba de desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", reconociendo de forma implícita que pueden faltar archivos. A pesar de ello, una cosa es la publicación —los archivos que el Gobierno ha encontrado y colgado en su página web— y otra la desclasificación —que según ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"—.

Así que, aunque el Gobierno por ahora solo ha encontrado y publicado en la web de Moncloa 167 archivos, cualquier documentación relativa al 23-F ha pasado a estar desclasificada y se tiene que permitir la consulta a cualquier ciudadano.

Aun así, la cifra de documentos hechos públicos por el Gobierno tampoco está del todo clara. La ministra portavoz aseguró que se trataba de "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía".

Una unidad documental es, según la terminología archivística, un "elemento indivisible de una serie documental" y puede estar constituido por un solo documento o por varios. El problema es que casi todos los archivos se han colgado sin indicar su unidad documental y expediente. Por tanto, los 167 documentos publicados pueden constituir efectivamente 153 unidades documentales, como también pueden ser más o menos.

Esa falta de información de contexto en los archivos publicados, sumada a la falta de otros documentos que ni siquiera se han hecho públicos, es por lo que los expertos, a pesar de lo dicho por la ministra, ponen en duda hasta qué punto la información publicada puede ser útil para historiadores e investigadores. 

Y el problema con la falta de información de contexto va mucho más allá de unidades y expedientes documentales. ¿Quién elaboró cada archivo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se custodian actualmente y dónde han estado durante las últimas décadas? Son solo algunas de las preguntas a las que no se ha dado respuesta en el caso de la mayoría de documentos.

El periodista Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación y experto en información clasificada y secretos oficiales, es claro al definir la publicación por parte del Gobierno: "Ha sido incompleta, parcial, confusa y sin método". Henar Alonso, funcionaria del cuerpo de archiveros del Estado y miembro de la junta directiva de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), también: "Ha sido una operación de maquillaje".

Aunque ambos expertos reconocen que se trata de un primer paso positivo, son absolutamente críticos con cómo se ha llevado a cabo la publicación y desclasificación. Primero de todo, destacan esa falta de documentos en el repositorio de Moncloa. "Nos han dado solo el aperitivo, pero falta el cocido", resume Rubio.

El periodista concreta, en declaraciones a infoLibre, algunos de los documentos que no se han recogido en la web del Gobierno. "Faltan documentos del antes, durante y después del 23-F. Faltan, sobre todo, documentos del antiguo CESID, lo que es hoy el CNI. Después del 23-F la función principal de los nuevos directores y secretarios generales del CESID fue la de eliminar documentos relacionados con el intento del golpe de Estado", explica.

Rubio, como periodista de investigación, conoce de la existencia de muchos de esos documentos. Lo que no está tan claro es si esa existencia sigue vigente y todos esos documentos se han mantenido y custodiado hasta la actualidad. "Lo más fácil es que hayan sido sustraídos o destruidos", asegura. 

El periodista también reconoce tener en su poder "una serie de documentos que no se han hecho públicos con la desclasificación" y que desde el 2001 él mismo ha ido publicando en sus artículos e investigaciones —el último de este mismo mes de febrero—.

infoLibre ha preguntado a Presidencia del Gobierno si el Ejecutivo conoce toda la documentación que obra en su poder sobre el 23-F y si tiene constancia de por qué faltan documentos o si incluso se han podido destruir o sustraer. No ha habido respuesta.

Henar Alonso asegura que el principal problema está en cómo se aplica la legislación actual y cómo se aterriza en la práctica. "El Consejo de Ministros puede declarar materias enteras directamente como clasificadas aunque la documentación no tenga los sellos o los requisitos que dice la ley", explica. "Entonces nos encontramos con la paradoja de que en España hay documentación con marcas o sellos de confidencialidad que, en realidad, no está clasificada y documentación que sí que está legalmente clasificada sin las marcas de confidencialidad que marca la ley". 

La experta también cree que existen documentos que no se han hecho públicos y que el descontrol sobre qué documentación se tiene y con la clasificación previa de la misma puede ser uno de los motivos. La AEFP, la asociación de la que forma parte, ha criticado en un comunicado la forma en la que se ha producido la desclasificación. En el mismo piden que la Administración imponga y cumpla con "la obligación de crear, publicar, y revisar y actualizar periódicamente una lista detallada y precisa de los archivos clasificados que posee".

Los documentos publicados por el Gobierno vienen únicamente de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay, por lo menos, dos sonadas ausencias: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Casa Real.

El ministerio que dirige Félix Bolaños es el que, junto a los ya citados Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, ha propuesto el acuerdo de desclasificación en el seno del Consejo de Ministros. A pesar de ello, no ha encontrado ni un solo documento clasificado sobre el 23-F en sus archivos, según ha reconocido el ministerio ante las preguntas de infoLibre.

Casa Real, en cambio, ha explicado a este medio que el Gobierno no le ha pedido que realizara esa tarea de búsqueda y que solo le avisó de la desclasificación el 21 de febrero —dos días antes de que se anunciara públicamente—.

El equipo de Presidencia del Gobierno, por su parte, no ha contestado a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre, entre las que se incluía a qué administraciones o archivos ha contactado el Gobierno para pedir información, documentos y expedientes clasificados sobre el intento de golpe.

Lo que sí ha indicado Moncloa, en un aviso en la web donde ha publicado los documentos, es que si se dispone "de indicios sobre la existencia de material clasificado relativo al 23-F que no figure en esta relación", se podrá solicitar a través del Portal de la Transparencia. La AEFP, en su comunicado, ha respondido de la siguiente forma: "No se puede desclasificar documentación que no se conserva, ni se puede exigir la desclasificación de documentación cuya existencia se ignora".

Según ha podido saber infoLibre, el Gobierno no ha contactado con todos los archivos de la Administración General del Estado para saber de qué información disponían antes de esta desclasificación. Ese proceso sí se hizo al menos con el Archivo General e Histórico de Defensa —que en el repositorio de Moncloa aparece nombrado incorrectamente como 'Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa'— y con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE), los únicos citados de forma directa como fuentes en la web con los documentos del 23-F.

De hecho, tal y como explica Alonso, los documentos que se han publicado y vienen de esos dos archivos son los que contienen más información de contexto. En los documentos del Archivo General e Histórico de Defensa se indica a qué expediente pertenecen y para cada uno de ellos si anteriormente estaba declarado reservado o secreto. En el caso de los del AGMAE, también se han dividido por expedientes —a diferencia del resto de documentos que se han publicado mayormente de forma individual— e incluyen su propia signatura —la numeración que permite identificar cada unidad en un depósito—.

"Aun así, tampoco están perfectos", resume Alonso. La experta explica a infoLibre que todos los documentos se deberían haber publicado con esa información sobre a qué expediente pertenecen, su signatura y qué clasificación de reserva o secreto tenían, algo que no se ha hecho. Pero también se debería haber indicado para todos ellos la autoría, la fecha de elaboración del documento, cómo se obtuvo y en qué fecha y la información sobre dónde está y dónde ha estado custodiado. "Los documentos se han publicado sin contexto de producción y es el contexto el que da información al dato. Los datos sin contexto no son información", resume la archivera.

Del mismo modo, también hay documentos que aparecen con cierta información tapada o anonimizada. Es un procedimiento común para algunas situaciones, pero la publicación de Moncloa no detalla en qué momento se ha producido esa labor ni qué tipo de información se ha tapado y por qué. 

"Lo que se ha colgado es información sin contexto", resume Alonso, que critica especialmente la forma en la que se han publicado los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio del Interior. "No se sabe el entorno de producción de los documentos, a qué serie pertenecen, en qué archivo están o en qué momento y quién los han tratado", denuncia.

De hecho, esa falta de información de contexto sobre lo publicado ha llevado a equívocos con uno de los documentos del Ministerio del Interior. Se trata del archivo 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)', publicado en la web del Gobierno y referenciado a la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

El documento aparece como datado de 1980, tanto en su título como en la primera página del mismo, pero no se detalla ni su autoría ni de dónde se ha obtenido ni qué contiene exactamente. Tiene 23 páginas y a pesar de que las primeras tratan sobre una posible planificación previa al 23-F, a partir de la séptima aparece otro documento. En el archivo se pasa a hablar de supuestos "errores cometidos" ya en el 23-F y parece planificar una conspiración golpista fallida posterior, la del 27 de octubre de 1982.

El autor desconocido incluso escribe "qué se debe hacer después del 23-F" y se habla de que los militares "no estén decepcionados por los acontecimientos del 23-F", dejando claro que al menos a partir de ahí el archivo es posterior al intento de golpe protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.

A pesar de ello, de nuevo, la falta de información de contexto impide saber de qué se trata exactamente el documento desclasificado e incluso algunos medios de comunicación en el momento de su publicación no cayeron en la cuenta y hablaron del documento como si fuera completamente previo al 23-F.

"Esa información nos la están omitiendo. Ese es el problema, han publicado información descontextualizada y no sabemos a quién le encontraron esa documentación ni cuándo. Muchas veces el contexto es más importante que la información", explica Henar en relación al documento. La experta asegura que "posiblemente se trate de un anexo a una nota informativa que hizo el servicio de información de la Guardia Civil. Pudieron entrar en casa de alguien en un momento dado e hicieron un informe que emiten en base a lo que encontraron en casa de 'fulanito'". 

infoLibre ha preguntado a Interior por ese documento. El ministerio reconoce que el mismo "carece de contexto", pero asegura que "no existe posibilidad de conocerlo". "Se archivó tal como llegó hace más de 40 años", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El Ministerio del Interior cuenta también que entre los archivos que han recopilado, desclasificado y publicado "existen documentos previos y otros posteriores al 23-F". "Por ejemplo, el teniente coronel Tejero ya fue sometido a un Consejo de Guerra en 1978 por la Operación Galaxia y posteriormente al 23-F se produjeron maniobras involucionistas en el entorno de las Fuerzas Armadas. No son documentos vinculados estrictamente al 23-F, pero sí son fondos que pueden englobarse bajo el concepto de involucionismo", detalla.

Los documentos publicados por Interior provienen "de los archivos de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y del Archivo General del ministerio, que gestiona la secretaría general técnica" y esas unidades son las que se han encargado de la recopilación, según explica el ministerio, que asegura que "la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible". Aunque reconoce que "en muchos documentos no consta la autoría, la fecha y, en ocasiones, tampoco el membrete, porque así debieron de solicitarse por la autoridad a la que iban dirigidos". "Se han publicado tal como figuran en los archivos", resume.

De nuevo, la calidad de la información de contexto y de los documentos publicados choca con la duda de cuánta información tiene el Gobierno sobre el 23-F. El Ejecutivo no tiene toda la información que ha existido sobre el intento de golpe de Estado —o al menos no la tiene localizada—. Pero, además, tampoco sabe qué es exactamente cada documento que sí tiene ubicado.

Pero ese no es el único problema. Los expertos apuntan también a la discrecionalidad de la medida. ¿Por qué ahora la desclasificación y por qué sobre el 23-F? "Han publicado lo que han querido y cuando han querido, pero la argumentación también se podría aplicar a otros casos", resume Alonso. Rubio cita algunos, como el atentado de Carrero Blanco, el Caso Almería o los GAL.

A día de hoy, España sigue siendo una excepción europea al no tener una ley que marque unos plazos concretos que obliguen a la desclasificación de documentos. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", aseguraba la ministra Elma Saiz el martes en referencia a esa problemática.

En el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J, el PNV presentó una propuesta en el Congreso para reformar la ley de secretos oficiales. En el verano de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que citaba Saiz tras el Consejo de Ministros y lo mandó al Congreso. Ambas iniciativas marcan plazos automáticos para que la discrecionalidad y excepción en la desclasificación de información dejen de ser la norma en España, pero por ahora siguen en periodo de enmiendas sin que se sepa cuándo se van a debatir y si alguna va a conseguir ser aprobada.

Toda escritura te lleva a otro lugar y, si sabes que no va a ser así, es mejor no emprenderla. Ese territorio nuevo puede desvelar asuntos que no gustan o que no quieres ver. De la escritura de ,mi último libro aprendí muchas cosas, me tuve que hacer muchas preguntas cuya respuesta solo llegué a rozar. Asumir la frustración de que solo las llegué a rozar, y que no fue por falta de búsqueda, fue otro aprendizaje. Que nuestra historia no está relatada por completo. Que la historia contemporánea de España se sostiene sobre un relato muy bien trazado que perdura intocable. Que, por poner solo un ejemplo, aquello que concierne a las mecánicas del Régimen de Franco para la represión sigue en la sombra, y no podemos saber si destruido o perdido o está guardado en cajones que no sabemos dónde están. Y que el acceso a la documentación no siempre garantiza el acceso a la verdad completa. Que la historia todavía está callada en bocas que no hablan. Que los nombres de los hombres y sus esbirros que ejercieron el poder y sus abusos están tachados u omitidos. Que conocemos tres o cuatro. Que saber cuánto nos falta por saber debería ser el primer ejercicio de transparencia histórica que podría haber acometido cualquier Gobierno en estas décadas de democracia. 

En la 45ª efeméride del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. Algo que podemos celebrar. Pero lo primero que me sorprende es que, si un Gobierno tiene voluntad de desclasificación de archivos, pueda hacerlo porque tiene la competencia. Porque me lleva a preguntarme por qué no se hizo antes y qué pasa con todo lo demás. Lo segundo es que no sabemos si eso es todo lo que hubo. Cuánto más pudo existir. Cuánto se destruyó en aquel entonces y quién lo hizo y por qué dejó lo que dejó y por qué se revela esto ahora. Por qué se relaciona todo esto con el posible regreso del emérito rey Juan Carlos a España si, en realidad, aquí no tenemos pena de destierro y puede volver, y así lo hace habitualmente, cuando quiera. No es retórica, son preguntas que deberíamos poder respondernos.

Perdimos una gran oportunidad para la transparencia hace cincuenta años, cuando –desde el final de la dictadura– se emprendió el camino de transición a la democracia. Punto y seguido. Argentina, Alemania, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y otros países que padecieron dictaduras en el siglo XX abrieron sus archivos cuando se convirtieron en naciones democráticas, especialmente para saber qué violaciones de Derechos Humanos se habían cometido. 

Aquí, no. 

La Ley de Secretos Oficiales en España es la ley de 1968, es decir, una ley de la dictadura, preconstitucional y desfasada con respecto a otros países. Una norma que no fija plazos claros para la desclasificación de forma automática, por lo que los documentos pueden permanecer secretos de forma indefinida si no se da la acción de desvelarlos. Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado de 1981, parece que se ha reducido el riesgo actual para la seguridad del Estado, uno de los criterios para haberlo mantenido en secreto. Pero, ¿hasta cuándo saber ponía en peligro la seguridad y la estabilidad del país? ¿Depende todo de la voluntad política de quienes gobiernan al margen del derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de los periodistas y, sobre todo, de los historiadores a conocer?

No necesitamos héroes patrios para sujetarnos, ni más mitología, ni relatos oficiales que no se atrevan a ser cuestionados: necesitamos saber. Qué pasó. Cómo pasó. El 23-F es solo uno de esos hechos históricos de un pasado limpio o sucio. Un pasado que es el que hay. Pocas cosas son más duras en su hueso, pero más frágiles a la manipulación y la ficción, que lo que ya sucedió. Estamos preparados, o democráticamente maduros, para encajar nuestra imperfecta historia con sus matices y claroscuros y que se permita hacer su trabajo completo a los historiadores, que son quienes saben interpretar la hondura y complejidad de los archivos. No es búsqueda de conspiranoias, no es fomento de bulos, es el rechazo a la servidumbre eterna a una Historia que sigue sin responder algunas preguntas. 

Era una reclamación histórica. A izquierda y derecha. De historiadores, investigadores y archiveros. Una exigencia que ahora, cuarenta y cinco años después, se convertirá en una realidad. El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de documentos vinculados al golpe de Estado del 23F. Un rayo de luz sobre uno de los acontecimientos más delicados –y con más claroscuros– de la Transición. Un levantamiento del velo que, sin embargo, aún sigue pendiente con otros tantos acontecimientos históricos. Todavía queda otra mucha información sobre hechos pasados en la sombra. Telegramas, informes o documentos de distinto tipo guardados en la caja fuerte de la Ley de Secretos Oficiales. Del terrorismo de Estado a la diplomacia. De Palomares a la descolonización del Sahara.

Cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de dicho documento oculto. Porque en nuestro país no hay, como publicó infoLibre, una suerte de catálogo en el que se especifique qué papeles están guardados bajo llave. "Es difícil saberlo. Falta personal y financiación en los archivos para saber qué hay secreto", reconoce el historiador Pablo Alcántara, autor de La secreta de Franco (Espasa, 2022), un completo estudio sobre la Brigada Político Social. Una zona clasificada que puede albergar papeles de todo tipo. El investigador, por ejemplo, relata cómo en una ocasión se le impidió acceder a una simple lista de mineros que estaban en huelga en 1957 por estar el legajo en el archivo sellado como "secreto". "Igual en su momento no, pero ahora sería un documento sin mucha trascendencia", cuenta.

Hubo una época en la que sí existía una pequeña lista. En 1988, por ejemplo, el Ejecutivo de Felipe González aportó al diputado de Coalición Popular José Antonio Trillo una relación de temas clasificados como secretos o reservados desde 1978. En aquel documento constaban más de medio centenar de asuntos, entre los que se encontraban expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones", así como programas de guerra electrónica, proyectos de investigación de bombas guiadas, datos sobre el funcionamiento de la inteligencia militar o información sobre objetos voladores no identificados o el Palacio de Marivent, residencia oficial de verano de la familia real.

Pese a la ausencia de un listado oficial de secretos, hay cierto consenso en que aún quedan documentos clasificados sobre algunos de los acontecimientos históricos de la dictadura, la Transición o la democracia. Es el caso del accidente nuclear de Palomares (Almería), del que casi todo lo que se ha ido conociendo es a través de lo que ha ido desclasificando Estados Unidos. Lo mismo que con el atentado contra Carrero Blanco. "Hay carpetas reservadas, por ejemplo, de la descolonización de Marruecos, Guinea o Ifni-Sahara, la Brigada Político Social, el desarrollo de la Guerra Civil y la actuación de Franco o la lucha contra el terrorismo de toda índole", apuntaba hace cuatro años el historiador Joan Esculies en un artículo en La Vanguardia.

Por aterrizarlo, Alcántara pone el foco, por ejemplo, en las posibles conexiones entre grupos terroristas ultraderechistas en la Transición, como la Triple A o el Batallón Vasco Español, y miembros de las Fuerzas de Seguridad o los servicios de inteligencia. O en la actuación del aparato represor, por ejemplo, en la Matanza de Vitoria de 1976 –cinco obreros murieron por disparos de la policía– o en la muerte de Mikel Zabalza tras su detención por la Guardia Civil. Por esto último se ha preguntado en repetidas ocasiones. Hace cinco años, el diario Público desveló la grabación de una conversación entre el excoronel del ya extinto CESID –los servicios secretos– Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en la que este último insinuaba que pudo haber muerto en el interrogatorio en Intxaurrondo.

Dentro de este oscuro capítulo también destaca el terrorismo de Estado protagonizado por los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), guerra sucia de la que el Gobierno desclasificó a finales de los noventa un puñado de documentos. Por aquel entonces, a la lucha antiterrorista se le otorgaba con carácter genérico la clasificación de "secreto". Y no es el único asunto repleto de oscuridad. En 2010, por ejemplo, el Consejo de Ministros acordó, a propuesta de Exteriores, que se otorgase "con carácter genérico" la clasificación de secreto a las "posiciones básicas de España" en "negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales" o a la información "sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos" de naturaleza "política, social, económica o comercial" que puedan entorpecer la interlocución con terceros países.

De la existencia de ese documento se enteraron los historiadores Carlos Sanz y Álvaro Jimena cuando solicitaron en 2012 acceso a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982 o las hispano-alemanas entre 1970 y 1982. Aquel acuerdo, además, colocaba un manto de secretismo sobre aquella información relativa a grupos terroristas o delincuencia organizada "con implicaciones o ramificaciones" en España o países amigos, negociaciones sobre secuestros, mediaciones en procesos de paz, viajes de familia real y presidente del Gobierno o "información relativa a cuestiones que afecten a la soberanía, independencia y la integridad territorial" de España, entre otros muchos aspectos.

En relación con este último asunto, el estallido del caso Pegasus reveló el espionaje sobre dirigentes independentistas catalanes en los últimos años. Operaciones que, en algún caso, llevó a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo la supervisión del Tribunal Supremo. Por el momento, solo se han abierto los autos relativos a la vigilancia del expresident Pere Aragonès.

"La desclasificación de documentos para conocer la historia es importante", apunta Alcántara, quien también recuerda la relevancia de la transparencia en la lucha contra la desinformación. Por eso, el historiador celebra el anuncio del Gobierno en relación con el 23-F. Ahora bien, quiere ver cuál es finalmente el alcance de esa apertura anunciada. Porque, recuerda, el problema no es solo la Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma se encuentra encallada en su fase inicial en el Congreso de los Diputados. También está el muro de la Ley de Patrimonio Histórico, que establece que los documentos con "datos personales de carácter policial" no podrán consultarse "públicamente" sin que medie "consentimiento expreso de los afectados" o hayan transcurrido 25 años de su muerte, lo que dificulta el acceso a papeles de Policía o Guardia Civil.

Algunos autores, como el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se han mostrado convencidos de que lo esencial sobre el 23-F "ya se conoce" y de que lo que aún puede quedar "secreto" seguramente sea "irrelevante". Otros, sin embargo, consideran que todavía falta mucho por conocer. El sumario del juicio está disponible para consulta en el propio Tribunal Supremo. Al menos, las partes que no tengan carácter reservado. Clasificados pueden estar, por ejemplo, informes de inteligencia relacionados con el 23-F. O cruces de llamadas. El periodista y escritor Carlos Fonseca, por ejemplo, desliza en su obra que a pesar de que el asalto del Congreso comenzó a media tarde, solo se incorporaron a la causa judicial conversaciones intervenidas de madrugada, cuando el rey ya había condenado el golpe.

Sin embargo, periodistas como Pilar Urbano, otra de las grandes especialistas, aseguran que todo lo que se habló desde la Cámara Baja, la Zarzuela y la Junta de Jefes de Estado Mayor tuvo que quedar registrado porque así se lo pidió un diputado de UCD que presidía Telefónica al entonces delegado del Gobierno en la compañía. Grabaciones a las que también aludió en su día Alfonso Guerra: "Cuando llegamos en 1982 al Gobierno, las cintas no estaban. No sabemos si están destruidas, si alguien las tiene guardadas o están en la caja fuerte de un banco... El día que se puedan oír, se conocerá exactamente todo lo que pasó".

Pero el que hace más de una década fuera director general de Seguridad, Francisco Laína, negó que existieran: "No hay más grabaciones que las de la mujer de Tejero y las de García Carrés, que se quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. Yo no podía grabar las conversaciones de las capitanías generales o de La Zarzuela: no se me habría ocurrido, habría sido ilegal y, además, ¡buena estaba la noche para cometer errores!".

¿Ha cometido Martínez Arrieta un delito por revelación de secretos al infringir con su conducta y sus palabras el art.417.1 del CP?. Veamos. 

En las  decisiones judiciales de gran importancia, como la de una sentencia penal –el caso del juicio a Álvaro García Ortiz–, las leyes exigen a los jueces unas garantías procesales para el reo desde que se le investiga hasta que se le condena o se le declara inocente, en las que no quepa duda de la imparcialidad de los jueces en  su presunción de inocencia para no lesionar su derecho a la tutela  judicial efectiva. El tribunal sentenciador ha de comportarse con una exquisitez absoluta con arreglo al imperio de la Ley, cosa que todo indica que no ha ocurrido en el comportamiento de Martínez Arrieta.

Se ha conocido, por una amplísima información en los medios de comunicación y tertulias, que tres miembros del tribunal han participado en unas jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Abogados de Madrid, a escasos cinco días de dar por finalizado el juicio, listo para la deliberación y fallo de la sentencia.

En los debates que  ha proporcionado esta noticia, se han manifestado las opiniones a favor o en contra, pero poniendo  el acento en lo accesorio: si los magistrados gozaban de la habilitación o no para dar  este curso o si tenían que haberse abstenido, ya que su urgente tarea y más inmediata era deliberar sobre la condena o absolución de Álvaro García Ortiz.  Las opiniones han quedado más o menos instauradas en que esa participación no es delito, pero, recurriendo a ese lugar común tan cursi y moralista, su conducta no es estética. Todavía se ha publicado por elDiario.es que uno de los magistrados, en concreto, Antonio del Moral, ha dirigido la tesis doctoral del abogado que ha defendido a González Amador. El mosqueo ha ido subiendo de tono, ya que no solo hay que ser honesto, sino parecerlo, y la imparcialidad ha quedado ya más  dañada.  

Entonces ¿Por qué yo hablo de un posible delito de revelación de secreto? ¿Y se ha presentado una querella contra Martínez Arrieta? Porque en el referido acto en el Colegio Oficial de Abogados de Madrid, Martínez Arrieta terminó con esta frase: “Concluyo,  que tengo que poner la sentencia al fiscal general”. ¿Verdad o mentira? Mentira, porque ese día 18 de  noviembre quien tenía que poner la sentencia a ojos de todo el mundo jurídico, judicial, y de todos los interesados en conocerla, era la magistrada  Susana Polo. Y si ese día 18,  Martínez Arrieta dijo  que el que tenía que poner la sentencia era él, reveló un secreto: el secreto de la deliberación ya terminada y el fallo implícito de que iba a ser condenatoria, porque la ponente, como ha emitido un voto particular a la sentencia condenatoria, absolvía a García Ortiz. Esta revelación de secreto o secretos es clarísima. Porque se ha producido dos días antes de emitir el fallo, que fue el día 20 y, por tanto, delictiva. Entre las frases que se han atribuido a García Ortiz, cuando hablaba sobre la nota informativa con la fiscal Lastra, es la de que “eso ahora no importa”. Martínez Arrieta ha sido mucho más explícito. 

Se ha manifestado que Martínez Arrieta dijo esa frase en términos jocosos, pero eso no puede ser en su descargo precisamente, porque movió a la risa a un ilustre auditorio de letrados y abogados que intervienen todos los días en los juzgados defendiendo o acusando a muchas personas.

También es muy llamativo, mucho, por no decir, imperdonable, que el fallo lo hayan hecho público en menos de una semana, y  cuando escribo estas líneas( viernes 28 ) aún  no hay sentencia. Si a los seis días hay un fallo muy rápido, por convicción de los magistrados, la escritura de una sentencia no se puede extender por tantos días, tratándose de magistrados del TS con amplísima experiencia y teniendo en un clic toda la jurisprudencia de ellos mismos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En un alarde fantasmal, yo la hubiera redactado ya. Si tenían que hilar fino, ahora con bramante.

La Ley del Jurado dice en su art. 55.3: ”La deliberación será secreta, sin que ninguno de los jurados pueda revelar lo en ella manifestado. Y el artículo 56.1ª) ”A puerta cerrada sin que les sea permitida comunicación con persona alguna hasta que hayan emitido el veredicto, adoptándose por el Magistrado-Presidente las medidas oportunas al efecto”. Y en este caso, tres magistrados han salido de su función principal para cobrar 400 euros, que dicen las crónicas, al ICAM, una parte acusadora del exfiscal general García Ortiz.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, España sigue guardando sus secretos bajo una ley aprobada por el propio dictador. La ley 9/1968, de Secretos Oficiales, modificada de forma superficial en 1978, continúa siendo el marco legal que permite al Gobierno decidir qué información se clasifica y durante cuánto tiempo permanece oculta. 

El resultado es una anomalía institucional que contrasta con los países de nuestro entorno. Mientras que Reino Unido o Francia cuentan con plazos de tiempo establecidos a partir de los cuales hacer públicos los archivos, el Estado español carece de un calendario automático de desclasificación de documentos y de un cuerpo técnico que supervise la apertura de archivos. “Aquí ni siquiera se sabe muy bien todo lo que hay; ni el presidente del Gobierno lo sabe”, advierte el historiador Ángel Viñas, que lleva décadas reclamando la sustitución de la norma.

La diferencia con otros países no solo está en el procedimiento, sino también en la cultura política. Viñas explica que en otros países de nuestro entorno existen grandes equipos de archiveros especializados y comisiones técnicas dedicadas a desentrañar e interpretar el pasado documental del Estado. Mientras, en España, la desclasificación sigue siendo un acto discrecional, dependiente del Consejo de Ministros y, en la práctica, sujeto a la voluntad de cada Gobierno. Esta ley, y la opacidad que conlleva, impide interpretar y comprender correctamente el franquismo en toda su magnitud, según indica Viñas, al regirse sus secretos por una herramienta diseñada e impuesta por el dictador.  

El peso del franquismo se percibe también en lo que ya nunca podrá revisarse. Durante los primeros años de la Transición, miles de documentos de los ministerios de Defensa, Justicia e Interior fueron destruidos de forma deliberada, entre ellos, los expedientes personales de cientos de jueces, según Viñas. “Hubo individuos, grupos y autoridades que quisieron dejar tras de sí el menor volumen posible de evidencias”, señala. Esa eliminación dejó huecos irreparables. Incluso si mañana se abrieran todos los archivos, una parte esencial de la historia reciente de España ya no existe para ser desclasificada.

Durante décadas, los sucesivos gobiernos democráticos han evitado tocar los secretos de Estado. “Miedo”, resume Ángel Viñas cuando se le pregunta por qué. “Miedo, y eso se aplica a los Gobiernos de Suárez y de Felipe González. Porque nadie sabe qué es lo que hay en los archivos”.

El nuevo anteproyecto de ley de información clasificada, aprobado por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria, pretende acabar con esa opacidad. En la presentación tras el Consejo de Ministros, Félix Bolaños defendió que la norma “supera una rémora de la dictadura” y situará a España “en los estándares europeos”. Por primera vez —subrayó— habrá plazos automáticos de desclasificación: 45 años prorrogables a 60 para los “altos secretos” y 35 prorrogables a 45 para los “secretos”. También aseguró que los documentos con más de 45 años se abrirán de forma automática. Según sus cálculos, esa disposición permitiría que “los informes reservados del golpe de Estado del 23-F se hagan públicos a finales de 2026”.

Sin embargo, la letra pequeña del texto matiza esa promesa. La nueva ley, de aprobarse tal y como está redactada ahora, permitiría mantener cerrados los documentos que puedan afectar a la defensa o la seguridad nacional, y deja en manos del Consejo de Ministros las prórrogas y excepciones. En la práctica, los criterios de clasificación seguirán dependiendo del Gobierno de turno.

Viñas lo ve con escepticismo. “Las evidencias primarias se encuentran todavía bajo secreto de sumario”, advierte, y teme que el nuevo sistema solo cambie las etiquetas. Según sus cálculos, tal y como está redactado el anteproyecto, los documentos generados durante el franquismo tardío y la Transición podrían no desclasificarse hasta 2050 o 2060. “El proyecto de ley es un avance importante, pero insuficiente”, señala.

Aunque el debate público suele centrarse en el origen franquista de la ley de 1968, algunos juristas no comparten la idea de que su antigüedad sea, por sí misma, un problema. Rosa María Collado, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Comillas, subraya que, pese a provenir de la dictadura, la norma fue redactada por altos funcionarios con una sólida formación jurídica y con criterios técnicos que han permitido un funcionamiento estable y eficaz durante más de cinco décadas. El hecho de que sucesivos gobiernos de distinto signo hayan optado por mantenerla intacta desde su última modificación en 1978 es, para la experta, una prueba de que la ley ha ofrecido resultados razonables en la práctica. 

Collado recuerda, además, que otras normas preconstitucionales —como la Ley de Expropiación Forzosa, de 1954, o algunas partes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sobreviven desde 1882— continúan vigentes por motivos similares: porque, más allá de su contexto histórico, siguen cumpliendo su función. En este sentido, Collado destaca que la ley delimita con precisión quién puede clasificar información —solo el Consejo de Ministros y la antigua Junta de Jefes de Estado Mayor—, lo que evita que cualquier autoridad intermedia pueda hacerlo de forma arbitraria.

Otro argumento jurídico apunta a que el ordenamiento ya incorpora mecanismos de control capaces de corregir excesos en la clasificación. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción —un órgano mixto compuesto por magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado— resuelve los choques entre la autoridad judicial y el Gobierno cuando un juez reclama documentación declarada secreta. La jurisprudencia muestra que, cuando la materia no afecta a la seguridad del Estado, el tribunal ha ordenado entregar actas o documentos a la Justicia.

Además de la discrecionalidad del Ejecutivo para decidir qué se desclasifica y qué no, otra de las críticas al anteproyecto es la introducción de sanciones económicas contra quienes difundan información considerada clasificada. La futura ley prevé multas desde 30.000 hasta 2,5 millones de euros para periodistas o medios que publiquen documentos protegidos. El Gobierno defiende que sustituir las penas de prisión —de seis a doce años según la ley franquista— por la vía administrativa es un avance en proporcionalidad.

Sin embargo, para la Asociación de Periodistas de Investigación (API), esa sustitución no elimina el riesgo de censura, sino que lo desplaza. La organización advierte de que las sanciones pueden convertirse en un instrumento disuasorio, especialmente para medios pequeños o profesionales autónomos, y denuncia que el derecho a la información se utilice como un simple atenuante en la graduación de las multas. “La libertad de información, reconocida en la Constitución, no puede quedar supeditada a una interpretación ambigua del interés nacional”, señala la asociación en un comunicado respaldado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la mayor organización profesional de periodistas del país.

La API también alerta de la concentración de poder en manos del Ejecutivo para decidir qué se clasifica y qué no, sin órganos independientes ni control judicial previo. Esa discrecionalidad, advierte, podría usarse para blindar información de interés público bajo el pretexto de la seguridad nacional. Por ello reclama al Gobierno y al Parlamento que revisen el texto para garantizar la protección del periodismo de investigación “como herramienta esencial de control democrático”.

El hemiciclo del Congreso de los Diputados ha dedicado este miércoles un largo aplauso al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que no han secundado PP y Vox, tras la que ha sido su última pregunta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, antes de dejar su escaño para asumir la presidencia de su partido. En su turno de palabra, ha recordado que esta era su última pregunta en una sesión de control al Gobierno y ha aprovechado su turno de palabra para hacer su última petición como diputado, reformar la ley de secretos oficiales en esta legislatura.

"Que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en una realidad, no es de recibo que continuemos con una ley franquista y espero verlo esto no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura", ha finalizado el aún portavoz de PNV.

Tras su intervención ha recibido el aplauso de la mayoría de la cámara, con excepción del PP y Vox, y con la bancada del PSOE y del PNV en pie. El presidente del Gobierno ha felicitado a Esteban por su elección como presidente del PNV y ha reconocido que las Cortes "pierden a uno de sus más brillantes oradores parlamentarios".

No obstante, ha dicho Sánchez, el PNV gana a "un extraordinario presidente", con el que el Gobierno espera poder seguir contando y trabajando. Además, el jefe del Ejecutivo se ha comprometido a cumplir la petición de Esteban y reformar la ley de secretos oficiales antes de que acabe la legislatura.

Previamente, durante la primera parte de la pregunta parlamentaria, Esteban ha pedido al Gobierno empezar a trabajar "sin dilación" en el "embrión de defensa europea sin contar con Estados Unidos" así como en "fijar los discursos" para que Europa siga siendo "el adalid de la democracia" y de los principios que Washington "ha abandonado". "Tenemos que ir más allá, tenemos que entrar a preparar sin dilación el embrión de defensa europeo, sin contar con los Estados Unidos, quizá pueda haber otros aliados como Canadá, etcétera, pero hay que hacerlo ya", ha subrayado.

En ese sentido, ha insistido en que esta debe ser "la hora de Europa" y ha compartido su deseo de que el Ejecutivo comparta esa opinión y trabaje para hacerlo posible.

Sánchez ha reconocido que la situación internacional actual provoca "mucha incertidumbre y zozobra" en la sociedad española y europea pero ha precisado que España está "bien anclada", en "Kiev, en Cisjordania y en Bruselas". En esa línea, el presidente ha defendido que España es un país "constructivo y participativo" que lidera "algunos debates" en Europa como la reforma del mercado eléctrico, los fondos de recuperación tras la pandemia o el actual dentro de la UE sobre "la paz, la seguridad y la reconstrucción de Ucrania".

Así, ha explicado que la estrategia internacional española se basa en tres ideas, "europeísmo, multilateralismo y defensa del derecho internacional y particularmente del derecho internacional humanitario". "En esas tres coordenadas, a lo largo de estos últimos siete años hemos estado ubicados en un lugar que cuenta con el respeto, el respaldo y también, diría, la admiración de la comunidad internacional", ha remachado. 

William Faulkner, premio Nobel de Literatura en 1949, dejó escrito en Requiem for a Nun que "el pasado nunca muere". Y Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias algo sabe de eso desde que se rompió el muro de silencio en torno a su figura. Cuatro años después de abandonar España por sus irregularidades financieras, el rey emérito ha vuelto a situarse en el ojo del huracán a raíz de la creación en Abu Dhabi de una fundación para vehicular su herencia y de la filtración de viejas conversaciones con una de sus amantes más reconocidas: la vedette Barbara Rey. Audios que elevan la presión para que la nueva Ley de Secretos Oficiales arroje luz sobre el 23F.

Las conversaciones se remontan a la década de los noventa. En ellas, Juan Carlos I habla de su inexistente relación con la reina Sofía, se pronuncia sobre los diferentes políticos de la época o expresa su desconfianza sobre quien fuera jefe de la Casa del Rey, a quien considera un topo. Es, en este contexto, cuando habla de su antecesor, Alfonso Armada, con quien siempre tuvo una estrecha relación. "Ése ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás!", apunta. El general fue condenado a 26 años de prisión por el 23F, pero cumplió una mínima parte de la pena gracias al indulto que en 1988 le concedió el Gobierno de Felipe González.

Aunque no lo menciona expresamente, sus palabras reavivan viejos fantasmas alrededor de la intentona golpista. Como lo hicieron hace unos meses las de Luis María Ansón, quien aseguró que el rey estaba de acuerdo con el plan de Armada de derrocar al Ejecutivo de Adolfo Suárez y establecer un gobierno de concentración presidido por el general y vicepresidido por el exlíder socialista: "Lo que no sabíamos era lo de Tejero. Con eso, nos engañó a todos". O las del teniente coronel: "Al rey lo jodí vivo. Él tenía preparado con Armada un Gobierno a su gusto, pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé. Luego me traicionaron todos".

Estos audios y confesiones elevan de nuevo la presión para que se arroje toda la luz posible sobre un 23F del que han pasado ya más de cuatro décadas. Y lo hacen en un momento muy concreto, con un Gobierno dispuesto a reimpulsar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales en el marco de su plan de regeneración democrática. Compromiso muchas veces reiterado pero nunca cumplido, en parte, por las discrepancias con los socios parlamentarios. Unas diferencias que, en parte, han girado en torno al alcance de la nueva norma en relación a la desclasificación de documentación antigua, como el intento de golpe de Estado o la guerra sucia contra la banda terrorista ETA.

El Ejecutivo puso sobre la mesa hace dos años un anteproyecto de Ley de Información Clasificada con el que reemplazar la actual normativa franquista. "Sin duda merecerá mejoras, pero yo creo que es una base sólida para empezar a trabajar", apuntó hace tres semanas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Aquel texto establecía cuatro categorías de clasificación y recogía un procedimiento de desclasificación automático en función del tiempo transcurrido: cincuenta años para "alto secreto", cuarenta para "secreto", entre siete y diez para "confidencial" y entre cuatro y seis para "restringido". Un plazo que puede prorrogarse quince y diez años más en las dos primeras categorías.

Ahora bien, aquella propuesta sólo contemplaba la desclasificación automática a futuro. Para la información declarada secreta con anterioridad a la entrada en vigor de la norma –por ejemplo, la relativa al intento del golpe de Estado, los GAL o la descolonización–, todo se dejaba en manos del Gobierno. Así, se fijaba un procedimiento de desclasificación que se iniciaría "de oficio o a petición razonada de persona directamente afectada", identificando "pormenorizadamente la información" que se quiere conocer, y que concluiría con la decisión definitiva del Consejo de Ministros o la autoridad que ostente en la actualidad las competencias de aquella que originalmente clasificó la documentación.

Un procedimiento que, además, plantea dificultades para historiadores, archiveros o investigadores. En primer lugar, porque tendrían que justificar que son personas "directamente afectas". Y en segundo lugar, por la dificultad de identificar de forma pormenorizada la documentación que se solicita. Al fin y al cabo, cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de ese documento. En los archivos no suele haber un índice en el que se detalle qué papeles están guardados bajo llave. Y como contó infoLibre, tampoco el Ejecutivo cuenta con un catálogo en el que se recojan todas las cuestiones que han sido clasificadas desde 1968.

Esta propuesta no convence a los socios parlamentarios. "Supondrá mantener el secretismo y la impunidad sobre los GAL, los casos de torturas, los negocios oscuros de la Transición, el 23F o sucesos como el 3 de marzo –la matanza de Vitoria– o los Sanfermines de 1978", han criticado desde EH Bildu. "El camino no es el anteproyecto que ustedes movieron", han insistido desde Junts. Ni encaja con las exigencias de su socio en el Ejecutivo. "España necesita un sistema que garantice el debido proceso tanto para clasificar como para desclasificar, incluyendo una desclasificación automática de los documentos ya clasificados", han dejado caer desde Sumar.

El ala magenta del Gobierno se expresó de esta manera el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados, durante la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de los secretos oficiales que el PNV registra legislatura tras legislatura. Un texto que establece un máximo de veinticinco años de silencio y que, a diferencia del anteproyecto socialista, contempla un levantamiento automático del velo para secretos del pasado que incluiría, por supuesto, la intentona golpista. "Las materias clasificadas que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley hubieran ya cumplido los plazos de vigencia quedarán desclasificadas", recoge su disposición transitoria.

Los audios del rey emérito vuelven a agitar, por tanto, el avispero de la desclasificación de la intentona golpista. Podemos ha registrado este martes en la Cámara Baja una proposición no de ley que insta al Gobierno a hacer pública "toda la documentación obrante en su poder" sobre el 23F. "¿A qué se refería Juan Carlos I con esas palabras? ¿Qué sentido tiene que el entonces jefe de Estado considere que el silencio de Armada es beneficioso? Resulta desconcertante que después de tantos años sigamos haciéndonos esas mismas preguntas", se preguntaba en rueda de prensa el portavoz de la formación morada en el Congreso, Javier Sánchez Serna.

Mucho se ha escrito e investigado este asunto. Algunos autores, como el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se han mostrado convencidos de que lo esencial "ya se conoce" y de que lo que aún puede quedar "secreto" seguramente sea "irrelevante". Otros, sin embargo, consideran que todavía falta mucho por conocer. Es el caso de Carlos Fonseca, periodista y autor de La Farsa, que cree que "el relato oficial hace agua por todos lados". "Es el suceso más grave desde que recuperamos la democracia y que 43 años después se siga sustrayendo del conocimiento público información de la que no sabemos ni su calado hace pensar mal", apuntaba en una entrevista reciente en El País.

Clasificados puede estar, por ejemplo, informes de inteligencia relacionados con el 23F. O cruces de llamadas. En este sentido, Fonseca desliza en su obra que a pesar de que el asalto del Congreso comenzó a media tarde, solo se incorporaron a la causa judicial conversaciones intervenidas de madrugada, cuando el rey ya había condenado el golpe. Sin embargo, periodistas como Pilar Urbano, otra de las grandes especialistas, aseguran que todo lo que se habló desde la Cámara Baja, la Zarzuela y la Junta de Jefes de Estado Mayor tuvo que quedar registrado porque así se lo pidió un diputado de UCD que presidía Telefónica al entonces delegado del Gobierno en la compañía.

Grabaciones a las que también aludió en su día Alfonso Guerra: "Cuando llegamos en 1982 al Gobierno, las cintas no estaban. No sabemos si están destruidas, si alguien las tiene guardadas o están en la caja fuerte de un banco... El día que se puedan oír, se conocerá exactamente todo lo que pasó". Pero que hace más de una década el que fuera director general de Seguridad, Francisco Laína, negó que existieran: "No hay más grabaciones que las de la mujer de Tejero y las de García Carrés, que se quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. Yo no podía grabar las conversaciones de las capitanías generales o de La Zarzuela: no se me habría ocurrido, habría sido ilegal y, además, ¡buena estaba la noche para cometer errores!".

El Estado español lleva más de medio siglo cubriendo con el manto de los secretos oficiales diferente información cuyo conocimiento considera que puede comprometer la seguridad y la defensa del país. Actos, documentos, datos u objetos de los que, sin embargo, no se tiene un registro actualizado. Así lo reconoce el propio Gobierno en respuesta a una solicitud de transparencia cursada por infoLibre, en la que sostiene que no puede facilitar información sobre asuntos clasificados porque eso requeriría tener que llevar a cabo una "minuciosa tarea" de búsqueda y análisis de documentación en diferentes archivos y distintos soportes. Esta falta de catalogación impide tener conocimiento de qué cuestiones concretas se encuentran guardadas bajo llave, lo que se convertirá en un muro a la hora de solicitar su desclasificación al amparo de la nueva Ley de Información Reservada que cocina el Ejecutivo.

En verano, tras la aprobación del anteproyecto con el que el Gobierno pretende reformar la norma franquista que hasta ahora ha regulado todo lo relativo a los secretos oficiales, este diario solicitó al Ministerio de Defensa la relación completa de todos los asuntos a los que se ha otorgado la clasificación de "secreto" o "reservado" por parte de la Junta de Jefes del Estado Mayor o el organismo encargado de dichas labores desde la desaparición del anterior, así como de toda la documentación desclasificada. En ambos casos se pedía tanto el número de expediente como el cargo que propuso el cerrojazo. Y se hacía para el periodo comprendido entre 1968, momento en el que la dictadura aprobó la ya anacrónica Ley de Secretos Oficiales, y la actualidad. El objetivo, poder elaborar un listado lo más completo posible de aquellos asuntos que llevan décadas en la oscuridad.

Pero el Ejecutivo no dispone de esa información. Es decir, no cuenta con un catálogo o registro actualizado en el que conste cada documento, dato, acto u objeto en la sombra. Es lo que se desprende del escrito de inadmisión a trámite de la solicitud de acceso a la información cursada por este diario. La resolución, firmada por el vicesecretario general técnico de Defensa, resalta el "carácter disperso" de la información solicitada y sostiene que para dar cumplimiento a la petición sería necesario consultar "distintas bases de datos", además de "recurrir a la consulta de documentos en formato papel en archivos". "Una variedad de fuentes disponibles, por tanto, no solo en distintas ubicaciones, sino también en diversos soportes, tanto físicos como informáticos, que precisan también de una previa labor de reelaboración", continúa el escrito.

El Ministerio de Defensa no se acoge en ningún momento a los límites al derecho de acceso que contempla la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Es decir, no se escuda, por ejemplo, en la seguridad nacional o en la defensa para negarse a aportar la información requerida. Sólo dice que no la tiene catalogada, que es una "información pública inexistente y no disponible sin una compleja acciones previa de reelaboración". "Toda esta labor precisaría del desempeño de una minuciosa tarea de búsqueda, lectura, estudio y análisis de todos y cada uno de los asuntos", sostiene el vicesecretario general técnico. Algo que, añade, resulta inasumible: "Este órgano no dispone del personal necesario para abordar el esfuerzo que supone la tramitación". El rechazo de Defensa se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo que abordó, al inicio de la pandemia, un asunto similar.

No sería la primera vez que el Ejecutivo recopila información de este tipo, aunque no sobre un periodo temporal tan amplio. Hay que remontarse a finales de 1987 y principios de 1988, con Felipe González al frente del Gobierno. Por aquel entonces, el diputado José Antonio Trillo, de Coalición Popular, pidió una relación completa de todos los temas a los que desde 1978 se les había otorgado la clasificación de secreto o reservado. Un par de meses después, el entonces ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, aportaba por escrito la información requerida. En aquel documento constaban más de medio centenar de asuntos, entre los que se encontraban expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones", así como programas de guerra electrónica, proyectos de investigación de bombas guiadas o datos sobre el funcionamiento del Servicio de Información del Ejército.

La ausencia de un catálogo, coinciden historiadores o archivistas, supone un problema a la hora de intentar acceder a toda esa información secreta. También con la reforma legal que planea aprobar el Gobierno de coalición. El anteproyecto de Ley de Información Clasificada recoge en su disposición transitoria única que todas aquellas cuestiones que se encontrasen bajo llave antes de la entrada en vigor de la norma podrán ser desclasificadas "de oficio" o "a petición" de una persona física o jurídica. El problema es que, además de exponer las razones por las que solicita esa apertura, tiene que identificar "pormenorizadamente" la información que se quiera desclasificar, algo extremadamente difícil si no consta en ningún sitio qué cuestiones o documentos concretos figuran como secretos.

Varios colectivos, de hecho, ya han pedido al Ejecutivo la creación de un registro de este tipo en sus alegaciones al anteproyecto de Ley impulsado. Un catálogo que, según la organización Access Info, "contenga datos básicos que permita conocer sobre la clasificación e impida la desaparición de la información". "No se prevé el deber general de documentar la información clasificada para acreditar su existencia y evitar su pérdida, desaparición o indebida destrucción", apuntaban, por su parte, desde la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública, que en las alegaciones presentadas proponía, entre otras cuestiones, incluir un nuevo punto en al artículo relativo a la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, en el que se obligue a este órgano a colaborar con la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado "para instaurar una correcta gestión documental de la información clasificada y garantizar el constitucional derecho de acceso a la documentación".

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido un informe sobre el anteproyecto de la futura Ley de Información Clasificada en el que insta al Ejecutivo a revisarlo para acotar las materias susceptibles de ser clasificadas, puesto que considera que las propuestas exceden con creces los ámbitos de la seguridad y la defensa nacional, según informa Europa Press.

También llama a reducir los plazos de clasificación, limitar la lista de autoridades que pueden declarar secretas las materias y permitir que no sólo los directamente afectados puedan recurrir ante el Supremo por estas cuestiones.

En su informe, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia alerta de cómo puede afectar la futura legislación al derecho de acceso a la información y propone medidas para hacer compatibles la protección de la seguridad y la defensa con el derecho a la obtención de información pública.

En primer lugar, el órgano que preside José Luis Rodríguez Álvarez alerta de que el anteproyecto contempla como clasificables informaciones "que exceden, en todo o en parte, el contorno propio de las nociones generalmente admitidas de seguridad y defensa nacional".

Cita, por ejemplo, que podrían declararse como 'alto secreto' o 'secreto' informaciones sobre la "seguridad pública y la vida de los ciudadanos, las relaciones exteriores de España, situaciones de tensión internacional o intereses económicos o industriales de carácter estratégico".

Y aún más grave considera que se puedan declarar 'confidenciales' materias como o "el efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, las negociaciones comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, o el funcionamiento de los servicios públicos".

También censura especialmente que en el caso de la información restringida se propone un presupuesto habilitante "muy genérico" puesto que podría clasificarse así cualquier información susceptible de entrar en las demás categorías y cuya revelación "pueda ser contraria a los intereses de España".

A esto se añade que para todas las categorías de clasificación el anteproyecto recoge la posibilidad de "clasificar informaciones de otras áreas mediante la cláusula 'cualquier otro ámbito cuya salvaguarda requiera de un alto grado de protección'.

"Esta amplitud e indeterminación en la configuración de los supuestos en los que se puede clasificar información puede resultar muy onerosa para el derecho de acceso a la información pública en la medida en que con su extensión se interfiere de manera relevante en su alcance y en su finalidad", avisa el Consejo de Transparencia.

Por todo ello, plantea propuestas para evitar que el régimen de garantías que prevé la Ley de Transparencia se vea sustituido por "otro menos garantista".

En este contexto, pide circunscribir a las relativas a la seguridad y defensa del Estado las materias clasificables, y pide al Gobierno que elimine las cláusulas de apertura y que incorpore "unos criterios generales sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las clasificaciones, que introduzcan un mayor grado de determinación en los presupuestos habilitantes para clasificar".

Por otra parte, el Consejo considera excesivamente amplia la lista de autoridades con competencia para clasificar, reclasificar o desclasificar información 'confidencial' o 'restringida' y pide que sólo puedan hacerlo miembros del Gobierno: presidente, vicepresidentes o ministros con competencias en los ámbitos de seguridad y defensa nacional.

Para el resto de autoridades que el borrador habilita —que incluye secretarios de Estado, directores generales, altos mandos del Ejército, jefes de misión diplomática y al presidente del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros— el Consejo sugiere que puedan "elevar propuestas de clasificación siempre y cuando tengan atribuidas competencias" en seguridad y defensa.

Además, el Consejo avisa de que el anteproyecto adolece de un "notable grado de generalidad e indeterminación" en cuanto a los procedimientos de clasificación, reclasificación o desclasificación. Y es que, al "remitir al desarrollo reglamentario la disciplina de aspectos esenciales de los procesos de toma de decisión" fomentar una "inseguridad añadida" durante ese período transitorio.

Por eso ve necesario "un mayor grado de regulación legal" de estos procedimientos y aconseja que tanto las memorias justificativas de las propuestas de clasificación como las resoluciones sobre las mismas incluyan una "justificación específica" de su necesidad y proporcionalidad.

Para dotar de mayor "objetividad" a la propuesta de clasificación, aboga por que ésta sea objeto de informe por parte de la Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada o por el propio Consejo de Transparencia.

También reclama que se le faculte para "instar la desclasificación de informaciones" cuando, "estando conociendo de una reclamación que tenga por objeto informaciones clasificadas en las categorías de 'confidencial' y 'restringido', albergue dudas fundadas sobre la justificación de la clasificación o de su mantenimiento en el tiempo".

Asimismo, Transparencia emplaza al Gobierno a revisar su propuesta de que sólo los directamente afectados por el contenido de la información clasificada pueda recurrir ante el Supremo y le pide que abra esa vía también a las entidades, organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro que actúen en el ámbito de la protección de los derechos y libertades, así como al propio Consejo "en tanto que autoridad independiente garante del ejercicio del derecho de acceso a la información".

En cuanto a los plazos de clasificación —que pueden llegar a un máximo de 65 años—, el Consejo valora positivamente el establecimiento de plazos automáticos para la desclasificación, pero admite que "no resulta sencillo emitir un juicio ponderado en cuanto a su duración concreta" porque el anteproyecto no "ofrece una justificación de la necesidad y la proporcionalidad de implantar los elegidos y no otros".

"No obstante, teniendo en cuenta los existentes en los países de nuestro entorno y el hecho de que en alguno de ellos incluso se han reducido en los últimos años, se ha de llamar la atención sobre su amplitud", desliza, a la vez que apunta que el régimen previsto para las categorías de 'alto secreto' y 'secreto' adolece de excesiva rigidez al disponerse periodos fijos, tanto para su duración inicial como para las prórrogas.

"A resultas de estas apreciaciones se recomienda revisar la duración de los plazos de clasificación, ponderando adecuadamente en cada caso su incidencia en el derecho de acceso a la información pública, y ajustarlos a los períodos estrictamente necesarios para preservar los intereses esenciales del Estado conectados con la seguridad y defensa nacional", plantea el Consejo.

El informe también reprocha al Gobierno que no haya explicitado "el juicio de ponderación que conduce a la determinación de las sanciones previstas" en la norma y recalca que, en todo caso, deberán ser proporcionadas.

También señala la "paradoja" de que se prevea "un régimen sancionador tan completo y detallado para los supuestos de revelación indebida de informaciones clasificadas y no se contemple ningún tipo de exigencia de responsabilidad para los casos en los que se deniega indebidamente el acceso a información pública", máxime "cuando existe una resolución firme del CTBG que reconoce el derecho y no se ejecuta".

El Gobierno pretende borrar otro de los vestigios normativos de la dictadura. Tras años de reclamaciones por parte de partidos políticos, historiadores o archiveros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene ya listo su anteproyecto de Ley de Información Clasificada. A nivel legislativo, es un paso importante. Al fin y al cabo, su aprobación delimitará por vez primera el plazo de tiempo por el que un asunto puede ser considerado secreto de Estado, lo que acaba con el carácter indefinido que hasta ahora le ha otorgado la ley. El problema, sin embargo, es que el movimiento deja alguna laguna destacada. Por el momento, aquellas informaciones hasta ahora clasificadas lo seguirán siendo aunque ya se hayan superado los tiempos de desclasificación establecidos en la nueva norma. Y eso deja en un limbo cuestiones como el terrorismo de Estado, las descolonizaciones o el involucionismo en los primeros compases de la democracia.

La falta de una desclasificación automática de todos aquellos documentos declarados secretos en el más de medio siglo de texto franquista es, según El País, un paso atrás respecto a lo que se fijaba en anteriores borradores de la norma. "Es imposible hacer un trato discriminado a toda esa información. Por tanto optamos por mantenerla tal y como está, salvo que de oficio la autoridad decida desclasificarla o un afectado que tenga interés solicite la autorización (...) En ese caso, sería la autoridad competente del ministerio la que decidirá si desclasificarlo o no", indicó en rueda de prensa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el departamento que con la aprobación del nuevo texto asumirá las competencias en materia de secretos. Esto supone un problema para historiadores o investigadores, quienes, a priori, no serían "personas directamente afectadas".

No es el único escollo alrededor del anteproyecto. Bolaños también explicó que aquellos que quieran acceder a determinados documentos deberán indicar "su interés" y las "razones que justifican la desclasificación solicitada", así como "identificar pormenorizadamente la información que se solicita". Y esto, de nuevo, es una dificultad. Al fin y al cabo, cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de ese documento. Porque en nuestro país no existe una suerte de índice en el que se especifique qué papeles están guardados bajo llave. "No suele haber en los archivos un catálogo con la documentación que figura como secreta", explica el historiador Pablo Alcántara, que acaba de publicar La secreta de Franco (Espasa, 2022), una completa investigación sobre la Político Social.

Por eso mismo resulta imposible saber a ciencia cierta qué es lo que permanece oculto, tener un mapa detallado y completo de aquellos papeles encabezados con un "secreto" o un "reservado" o de aquellas materias sobre las que aún queda luz por arrojar. A pesar de ello, hay cierto consenso en que aún quedan documentos clasificados sobre algunos de los acontecimientos históricos de la dictadura, la Transición o la democracia. Es el caso del accidente nuclear de Palomares (Almería), del que casi todo lo que se ha ido conociendo es a través de lo que ha ido desclasificando Estados Unidos. "Hay carpetas reservadas, por ejemplo, de la descolonización de Marruecos, Guinea o Ifni-Sáhara, la Brigada Político Social, el desarrollo de la Guerra Civil y la actuación de Franco o la lucha contra el terrorismo de toda índole", apuntaba este martes el historiador Joan Esculies en un artículo en La Vanguardia.

En relación con este último punto, uno de los asuntos sobre los que seguramente quede información oculta son los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y la guerra sucia contra ETA. De hecho, una de las pocas veces que el Ejecutivo ha llevado a cabo una desclasificación –ocho veces en los 54 años que lleva en vigor la actual ley– ha sido para poner sobre la mesa del Tribunal Supremo más de una decena de documentos relacionados con el terrorismo de Estado. Y, junto a este, el otro clásico cuando se habla de secretos oficiales: el intento de golpe de Estado del 23-F. Sobre este asunto, el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se ha mostrado convencido en una entrevista con El Confidencial de que de aquella operación involucionista "lo esencial ya se conoce" y de que "lo todavía secreto" seguramente sea "irrelevante".

Alcántara, además, pone el foco en otros asuntos. Está "seguro" de que aún queda "información secreta" sobre el atentado contra el almirante llamado a ser sucesor del dictador, Luis Carrero Blanco, o el atentado de ETA en 1974 contra la Cafetería Rolando, una explosión en la que el régimen trató de involucrar al PCE. Del mismo modo, considera que todavía puede haber documentos ocultos relativos a la "matanza de Ferrol" o el asesinato de Pedro Patiño, albañil militante del PCE y CCOO que murió de un disparo de la Guardia Civil en Madrid durante la huelga del sector de la construcción de septiembre de 1971. "O las relaciones de la BPS –Brigada Político Social– con la PIDE –Policia Internacional e de Defesa do Estado– durante la revolución de los claveles", completa el historiador.

También se ha ido conociendo en los últimos años que existe información cubierta por la Ley de Secretos Oficiales a medida que los investigadores se iban chocando con este muro. Es lo que les ocurrió en 2012 a Álvaro Jimena y Carlos Sanz cuando solicitaron acceso a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982 o las hispano-alemanas entre 1970 y 1982.

La petición les fue denegada en virtud de un acuerdo –también oculto– del Consejo de Ministros de octubre de 2010, en el que se otorgaba clasificación de secreto a "cuestiones que afecten a la soberanía, independencia e integridad territorial de España", negociaciones sobre secuestros o la actuación de grupos terroristas y delincuencia organizada. Del mismo modo, se fijaba como reservado, entre otras cuestiones, las "gestiones de apoyo en las licitaciones de empresas españolas en el exterior".

Detalles que, en contadísimas ocasiones, también ha facilitado el propio Gobierno. Sucedió en febrero de 1988, cuando el entonces ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, facilitaba por escrito a dos diputados del Grupo Parlamentario Coalición Popular una relación de temas clasificados como secretos o reservados desde 1978. En aquella lista se recogían varios expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones" –no se daban más detalles–, así como "actas" de la Comisión Interministerial de Exportación de Armas.

Además, se ponían sobre la mesa aquellos temas "objeto de clasificación" por la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Defensa, un órgano que ya ni siquiera existe. En este listado se incluían, entre otros muchos, los programas de guerra electrónica, el programa bomba aire-combustible, el proyecto de investigación del sistema de bombas guiadas por láser, la organización y funcionamiento del Servicio de Información del Ejército de Tierra o todo lo relacionado con el Palacio de Marivent, la residencia de verano de los reyes.

El Consejo de Ministros va a aprobar este lunes el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, también conocido como Ley de Secretos Oficiales que otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, según han indicado fuentes gubernamentales a Europa Press. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.

La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa.

De este modo, el departamento dirigido por Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, el Ministerio de Presidencia recibirá recursos adicionales.

La decisión final sobre si se lleva a cabo el desbloqueo de la información clasificada, está en manos del Consejo de Ministros, al menos la que cuenta con el grado más alto de protección.

Este anteproyecto de ley ha sido revisado por la ministra Robles que dio su visto bueno a las modificaciones que introduce, a pesar de que le resta competencias. Es más, según las fuentes consultadas, Robles le trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la nueva norma le gustaba.

Con todo, en Moncloa consideran "lógico" que esta tarea quede en manos de un ministerio "transversal" y de "coordinación interministerial" como el de Bolaños, ya que hay información clasificada que afecta a distintos ámbitos que van más allá de la defensa, como la industria y la economía, según indican. Así ocurre, apuntan, en la mayoría de países de la UE y de la OTAN.

Asimismo, argumentan la necesidad de reformar esta ley. La normativa vigente es de 1968 y, por tanto, "predemocrática" y debe ser adaptada al ordenamiento constitucional. Sin embargo, cabe recordar que la ley fue modificada parcialmente en octubre de 1978.

En concreto, la ley establece una Autoridad Nacional –que ahora recae en Presidencia– para la protección de la información clasificada, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

Respecto a la desclasificación de documentos secretos, la actual Ley de Secretos Oficiales, no establece como tal un procedimiento explícito para llevarla a cabo. Pero sí precisa en su artículo cuarto que la calificación de secreto o confidencial "corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor".

Y en el artículo séptimo explicita que "la cancelación de cualquiera de las calificaciones" previstas en la citada ley "será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración".

El presidente Sánchez anunció que llevaría a cabo una reforma de esta ley el pasado 26 de mayo en el Congreso de los Diputados, durante su intervención para dar cuenta del caso Pegasus de espionaje, que afectaba, entre otros, a líderes independentistas catalanes. Ese día también aseguró que llevaría a cabo una reforma de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para aumentar su control. Solo unos días antes había cesado a la directora del centro, Paz Esteban.

Ya en el mes de julio, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, Sánchez se comprometió a llevar al Consejo de Ministros el borrador de la ley en el mes en curso. Hizo el anuncio durante su turno de réplica al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Precisamente el PNV es el autor de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales del 68 que el Congreso aceptó tramitar al principio de la legislatura con el apoyo del PSOE. Sin embargo, la ley lleva ya casi dos años bloqueada en la Cámara y el Gobierno decidió darla por enterrada e impulsar la reforma a través de un proyecto de ley.

La opacidad es la pareja perfecta de la especulación y del ruido. Este martes, cuando el rey Felipe VI acuda al Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputadosal acto de conmemoración del 40 aniversario del fallido golpe de Estado del 23-F, el monarca transitará por una institución que lleva casi una década, sin éxito y con dudosa voluntad política por parte de las fuerzas mayoritarias, intentando que se desclasifiquen todos los documentos sobre aquellos hechos. En lo que tiene que ver con el 23-F, la opacidad envuelve a la opacidad como un círculo vicioso si se tiene en cuenta que ni siquiera hay un listado, un índice de los informes reservados ni una relación de los documentos existentes o perdidos. Siempre se ha hablado de grabaciones de conversaciones mantenidas durante aquel episodio entre la Cámara y el exterior. De las que pudo mantener la Zarzuela. De las instrucciones que se pudieron dar a las embajadas. O de los datos que recabaron los servicios secretos. Pero de ahí no se ha pasado. No hay nada tangible que permita construir mejor el puzzle de la intentona golpista.

Negar los avances de los que ha sido testigo España en estas cuatro décadas sería faltar a la verdad. Pero hay un elemento común entre la España de hace cuarenta años y la de ahora que precisamente impide conocer algunos de los episodios que todavía a día de hoy giran alrededor del 23F. Como en 1981, en la España de 2021 sigue en vigor una ley de 1968 –sí, preconstitucional, franquista– que bloquea cualquier intento de levantar el velo a todos los documentos referidos al golpe de Estado. Es la Ley de Secretos Oficiales, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de abril de 1968. Desde esa fecha, sólo se ha modificado una vez, en octubre de 1978. 

En esencia, la ley fija que podrán ser declaradas "materias clasificadas" aquellos "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". Dentro de las materias clasificadas hay dos tipos de categorías, la de secreto y la de reservado. Esas calificaciones sólo pueden hacerlas el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes del Estado Mayor. Son estos dos órganos los facultados para levantar esos secretos o las informaciones reservadas.

Puede parecer mentira. Pero las legislaturas han ido transcurriendo en el Congreso, determinadas fuerzas políticas han ido presentando iniciativas para modificar esta ley y flexibilizar los plazos a partir de los cuales determinadas materias han de dejar de ser secretas, y nada ha cambiado. La falta de acuerdo y la falta de voluntad política han hecho que en el registro de la Cámara Baja descansen un buen ramillete de iniciativas que, o no se han admitido, o han ido caducando a medida que se agotaban las legislaturas con la convocatoria de nuevas elecciones generales.

"Oportunidad perdida" con la Ley de Transparencia

Tampoco se avanzó nada en esta materia en la Ley de Transparencia, que entró en vigor en 2014, lo que provocó que el grueso de los expertos lo calificaran como "oportunidad perdida".

¿Estamos ahora cerca de que un cambio legislativo dé pie a que salgan a la luz papeles aún ocultos de la Transición, de la intentona golpista de 1981 o de la actuación de los GAL? Una vez más, los cimientos están puestos en el Congreso. Otra cosa es la prioridad que se dé a la tramitación y la ambición del texto definitivo en función de las enmiendas que se acuerden. 

No hace mucho de la última vez que se debatió sobre esta reforma en la Carrera de San Jerónimo. Fue el 26 de junio. El Pleno aprobaba con 197 votos a favor, 54 en contra y 99 abstenciones la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, impulsada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). 

Los nacionalistas vascos argumentan que aunque la seguridad y defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido que compete al Gobierno, y por ello el acceso de los ciudadanos a materias que pudieran afectar a esta seguridad queda vedado, "no es menos cierto que ese valor y resguardo debe dialogar con otros valores y principios también constitucionalmente protegidos".

El pasado septiembre, el Gobierno aprobó el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020 en el que se recogían "diez prioridades legislativas derivadas del programa" del Ejecutivo de coalición que firmaron PSOE y Unidas Podemos. Una de las iniciativas era precisamente la reforma de esta ley. La pretensión era llevarla al Consejo de Ministros antes de que terminase 2020 y el proponente debía de ser el Ministerio de Defensa. No se conocen avances a día de hoy. La idea era, en todo caso, abrir una negociación con los nacionalistas vascos en su calidad de grupo proponente de la única iniciativa de este tipo viva a día de hoy en la Cámara Baja.

Fuentes del departamento de Margarita Robles aseguran a infoLibre que este tema, como reforma legal, lo va a coordinar, junto con la nueva ley de Memoria Histórica, la Vicepresidencia Primera del Gobierno. A día de hoy, el PNV no tiene noticia al respecto. Lo único que ha habido sobre el tema fue una conversación informal a finales del año pasado, cuando desde el Gobierno se pusieron en contacto con este grupo para interesarse por los ejes de su propuesta. La respuesta desde el PNV fue clara. Su pretensión es "una ley de plazos". "A partir de ahí, podremos discutir sobre distintas cosas, pero es necesaria una ley de plazos al estilo de los países que nos rodean", indican.

Veinticinco años de secreto ampliables diez más

La iniciativa del PNV tiene como objetivo "abordar, como parte del proceso evolutivo natural de toda regulación, su adaptación a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad". Así, aboga por la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas como secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el exclusivo caso de las materias secretas. En este caso, el período máximo de ampliación sería de diez años.

Con estos plazos en la mano, la desclasificación de todo el material que se guarde sobre el 23F podría ser efectiva desde el momento mismo de la aprobación de la ley si el texto que sale adelante es el registrado por el PNV. Ya han transcurrido de sobra no sólo esos 25 años, sino también los 10 extra que podría ampliar el Consejo de Ministros.

Puede decirse que el PNV es experto en esta materia. Lleva desde 2016 registrando proposiciones de ley similares. Desde que la registrada esta legislatura fue admitida a trámite, han sido ya 17 las veces que se ha ampliado el plazo de enmiendas. "Estamos de nuevo siendo testigos de una repetición de la jugada de pasadas legislaturas: la iniciativa que pretende sacar de los cajones miles de papeles, está en otro cajón", resumen fuentes de la formación nacionalista consultadas por infoLibre.

En el PNV recuerdan cómo en la XII Legislatura, cuando también se sucedían las ampliaciones de los plazos de enmiendas, su grupo parlamentario demandó que se pusiera coto a estas prórrogas para que no pasara precisamente esto, "que la acepten a trámite con buenas palabras pero que luego no haya voluntad real de hacer nada".

Antes que el PNV, la batalla la dio sin éxito el grupo de la Izquierda Plural, que formaban IU, ICV-EUiA, CHA.

La 'revolución' del libro de Pilar Urbano

Hay que remontarse a la X Legislatura (2011-2016), concretamente al año 2014. El conservador Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. La reforma de la Ley de Secretos Oficiales de la Izquierda Plural se extinguió con la disolución de las Cortes para la celebración de las elecciones generales. Ni siquiera llegó a Pleno para que se debatiese su toma en consideración. Estuvo desde marzo de 2014 a octubre de 2015 en el registro de iniciativas del Congreso sin un solo avance. Más de un año.

Pero no fue esta la única iniciativa parlamentaria que pretendía arrojar algo más de luz sobre la intentona golpista que se presentó aquella X Legislatura.

El 1 de abril de 2014, también el grupo de la Izquierda Plural pidió en la Cámara la creación de una comisión de investigación sobre el 23F con el argumento de que un hecho "crucial" como aquel golpe no podía tener ninguna sombra de duda. De forma paralela, se demandaba la desclasificación de todos los archivos relacionados con este episodio.

La iniciativa de este grupo no era aislada. Respondía a un momento concreto en el que un libro de la periodista Pilar Urbano había removido los episodios de febrero de 1981. En La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, la autora mantenía que Juan Carlos I estaba al tanto de la intentona golpista y que Adolfo Suárez estaba en contra de un autogolpe. 

Juan Carlos I saluda a Adolfo Suárez Illana, ante Felipe de Borbón y Mariano Rajoy, en el funeral de Estado por el primer presidente tras la recuperación de la democracia, el 31 de marzo de 2014. EFE

En el escrito que registró este grupo, se lamentaba que mientras otros países desclasificaban documentos que obraban en su poder sobre el golpe, España seguía manteniendo "secretos y clasificados" los suyos. Pedían de forma concreta "todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas en poder del Estado, incluidos los servicios de inteligencia", que tuvieron lugar entre el 23 y el 24 de febrero de 1981, tanto entre los golpistas con el exterior, como las hechas o recibidas por el palacio de la Zarzuela; y que se conociesen "todos los documentos" de las reuniones que pudo mantener el monarca y el entonces presidente en los meses previos al golpe y en los días posteriores. Esto último entroncaba con el libro de Urbano. Según relataba la periodista, Juan Carlos I y el entonces jefe del Ejecutivo mantuvieron varios encuentros, al final de los cuales Suárez tuvo la convicción de que el "alma" de la operación Armada fue el monarca.

Por momentos pareció que el Gobierno del PP, la fuerza mayoritaria en la Cámara, estaba dispuesto a abrir el melón. O, al menos, a debatirlo con el resto de grupos parlamentarios. Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno, evitó dar un 'no' rotundo a la apertura del debate. Pero avisó de que "asuntos de esta naturaleza tienen que adoptarse con amplio consenso y siendo muy conscientes de que no siempre en estas cuestiones se cumplen las expectativas". Claro que no se cumplieron. Era 11 de febrero. El 22 de febrero, el PP rechazó la creación de esa comisión de investigación en la Junta de Portavoces. Eran otros tiempos, los de su mayoría más que absoluta. 

Santamaría era la máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo al que se le atribuye la custodia de los documentos y las grabaciones de la intentona golpista.

La postura de los socialistas por aquellas fechas era que, en aras a una mayor transparencia, apoyaban la desclasificación de los documentos. Pero con la advertencia de que ellos tenían muy claro que "el rey paró un golpe de Estado en España", al contrario de la tesis del libro de Pilar Urbano. 

"Clasificar documentos a su antojo"

Gaspar Llamazares era por entonces portavoz de Justicia del Grupo de la Izquierda Plural. En conversación telefónica con infoLibre considera que la Ley de Secretos Oficiales pretendía "acallar totalmente a los medios de comunicación de nuestro país para impedir que lo que ocurría se conociera en Europa". 

El exdiputado lamenta que los "sucesivos gobiernos se hayan permitido la libertad de clasificar los documentos a su antojo", lo que, a su juicio, está detrás del hecho de que no haya verdadera voluntad de derogar o modificar la ley. 

Llamazares menciona una serie de informaciones clasificadas que considera de interés público, como las comunicaciones entre el Gobierno, entre los responsables de Inteligencia del Gobierno y las embajadas o entre las centrales de Inteligencia españolas y la CIA estadounidense. "Como nos descuidemos, se acaban desclasificando antes los documentos en poder de la CIA", dice. E insiste: "Sería bueno conocerlo antes de que otros países u otros servicios de inteligencia nos afeen nuestro secretismo".

En Estados Unidos, por ejemplo, el material reservado ve la luz cada 25 años, plazo que puede ampliarse al doble si la difusión del mismo es especialmente delicada. En Gran Bretaña el tope, salvo excepciones, está en los 30 años.

La voluntad real, a examen

Estos días, coincidiendo con la efeméride, el debate sobre la desclasificación de estos documentos volverá a estar en el foco. En manos de las fuerzas políticas de la Cámara está que este año sea el último aniversario del 23-F con una ley de Secretos Oficiales de 1968. "La fortaleza de nuestras instituciones democráticas también se mide adecuando las leyes al marco actual", resume en conversación con infoLibre un veterano diputado con asiento todavía en el hemiciclo esta XIV Legislatura.

Si tenemos que guiarnos por el debate del pasado junio de la iniciativa del PNV, la amplia mayoría —197 votos a favor— indica que hay una base sólida para que esta iniciativa vea la luz. La mayoría absoluta en el Congreso está ubicada en los 176 diputados. Sólo Vox se mostró en contra apuntando a que el PNV perseguía conocer documentos relativos al 23-F o a los GAL, pero mostraba desinterés "por la desclasificación de las actas de la negociación con ETA, que el presidente [José Luis] Rodríguez Zapatero se encargó de blindar".

En el bando de las abstenciones, el PP se mostró partidario de derogar la ley y hacer una desde cero y Cs lamentó que la propuesta del PNV sea un calco de las anteriores, sin introducir las observaciones que se hicieron desde otros grupos.

En la parte del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos coincidieron en el 'sí', pero con matices. En el debate, la socialista Andrea Fernández admitió que la ley preconstitucional es "poco operativa". Apelando a la "madurez" de la democracia, la parlamentaria defendió una ley actualizada, rigurosa y garantista que permita mantener una política de Estado sin perjucio de la transparencia en el presente y el rigor histórico en el futuro.

En nombre del grupo morado, Pilar Garrido defendió que la propuesta del PNV era de "mínimos", pero admitió que "abre un debate de calado". A ojos de Garrido, la vigencia de esta ley franquista evoca a un país con una democracia "asustada, acomplejada y temerosa".

Los roces entre PSOE y UP en todo lo que toca de alguna manera la monarquía no son ningún secreto. Está por ver cómo se resuelven los avances de esta ley. 

El Gobierno no sólo ha mostrado su voluntad de reformar la ley en su programa normativo de 2020. El pasado marzo, en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado del PNV Aitor Esteban, se indicaba que el Ejecutivo "considera necesario hacer un estudio a fin de modificar la Ley de Secretos Oficiales, puesto que es una legislación del periodo preconstitucional".

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha reiterado su petición al Gobierno para que facilite al asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom la información sobre los viajes del presidente, Pedro Sánchez, y otras personas dependientes de Moncloa y Presidencia a bordo del Falcon del Ministerio de Defensa entre junio y octubre de 2018, informa Europa Press.

Así consta en una resolución del organismo en la que informa al solicitante de que este mismo miércoles ha dirigido un oficio a las Unidad de Información y Transparencia del Ministerio de Presidencia, Cortes e Igualdad, "reiterándole la necesidad de cumplir de forma inmediata" el requerimiento que el propio Consejo de Transparencia le hizo el pasado mes de febrero para que informara de los datos reclamados.

Aquella resolución se produjo a raíz de la petición del conservador Salom sobre el coste del viaje de Sánchez a Castellón en julio de 2018 para reunirse con autoridades y asistir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB). El Gobierno aseguró que no podía revelar el importe total en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, excepto los 282,92 euros de gastos de protocolo.

Sin embargo, en el dictamen de febrero, firmado por el presidente del CTBG, Francisco Javier Amorós, el organismo público no veía "justificado calificar como secreto un desplazamiento físico del presidente del Gobierno, que es de conocimiento público en la mayoría de ocasiones debido a la cobertura mediática que se le dispensa". Tampoco consideró que el Gobierno hubiera aportado "argumentación ni normativa concreta que permita justificar la clasificación de secreto sobre las ocasiones en las que se ha hecho uso de dicho medio de desplazamiento".

En base a la "ausencia de justificación y a la relevancia pública", el organismo concluyó que no procede la aplicación de ningún limite al acceso a esta información solicitada por el asesor del PP a través del Portal de Transparencia. Por todo ello, el Consejo de Transparencia dio al Gobierno un plazo máximo de diez días para facilitar al demandante el listado completo de las personas dependientes de Moncloa y Presidencia que disponen de autorización para utilizar el Falcon, especificando nombre, apellidos y cargo institucional.

Así mismo, le emplazaba a informar de cada uno de los cargos sobre el número de veces que han utilizado el avión entre el 1 de junio y el 20 de octubre de 2018 y a remitir al propio Consejo de Transparencia una copia de toda la información. Ahora, el Consejo vuelve a reiterar la petición al Ejecutivo tras pedirlo Salom al no haber recibido la información mencionada.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado este lunes al Congreso, en una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Gastos Reservados, de los viajes secretos del presidente, Pedro Sánchez, y tras casi dos horas de explicaciones ha comentado a la salida que el Ejecutivo "no tiene nada que ocultar".

De esta forma la número dos del Ejecutivo ha esquivado las preguntas de los periodistas, interesados por conocer algunos detalles de su comparecencia, de la que ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios suelen informar de su contenido al tratarse de materias clasificadas secretas. Calvo ha acudido este lunes al Congreso para atender una solicitud del PP, que pedía que informase en la también conocida como comisión de secretos oficiales del carácter "secreto" del coste de los viajes del presidente y las personas que lo acompañan en los desplazamientos en helicóptero y avión oficial.

El PP centró su petición, sobre todo, en el viaje que Sánchez realizó el pasado verano a Castellón, no exento de polémica porque el presidente aprovechó la ocasión para asistir junto a su mujer a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Pese a las peticiones de explicaciones de la oposición, el Gobierno no ha revelado el importe total de ese viaje en virtud de la Ley de Secretos Oficiales.

Cuentan lo que quieren

De entrada, las expectativas de algunos diputados no eran muy altas, como así lo han expresado los portavoces parlamentarios del PNV, Aitor Esteban, o de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardá. "Si nunca dicen nada", ha comentado irónico Esteban cuando se le ha preguntado sobre qué esperaba de la comparecencia de Calvo. "Cuentan lo que quieren y, además, es una información que no se puede utilizar", se ha quejado, por su parte, Tardá.

Pese al silencio de Calvo, en una reciente respuesta parlamentaria a Ciudadanos, el Gobierno declaró que los viajes que Sánchez ha venido realizando desde su llegada a La Moncloa, incluido su desplazamiento para asistir al citado festival de música o para acudir a la boda de un cuñado en La Rioja, son de "interés general".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto con la iniciativa, adoptada por Mariano Rajoy, de ofrecer en la página web de la Moncloa los datos de sus retribuciones, renta y patrimonio. Al menos, de momento. Casi ocho meses después de llegar a la Presidencia del Ejecutivo tras lograr los apoyos en la moción de censura, esa información no figura en el portal del Gobierno en internet. Sí pueden consultarse los datos de su predecesor entre los años 2003 y 2016.

Fue el 9 de febrero de 2013 cuando el entonces presidente del Gobierno y líder del PP hizo públicos esos datos. Era un compromiso que había adquirido días antes en un Comité Ejecutivo extraordinario de su formación. Un ejercicio de transparencia al que no le obligaba ninguna ley pero al que Rajoy llegaba arrastras. Movido por la publicación de los famosos Papeles de Bárcenas.Papeles de Bárcenas

"El presidente del Gobierno ha asumido una decisión personal. Ha sido el primer presidente de la democracia que hace públicas sus declaraciones de renta y patrimonio y de aquellos elementos tributarios que considere relevantes", había destacado la por entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La web de La Moncloa publica las retribuciones de Rajoy y sus declaraciones de la renta y de patrimonio desde 2003 a 2016. A estos datos, a los que todavía puede accederse, se llegaba a través de unos enlaces ubicados junto a la biografía del expresidente. En la biografía de Pedro Sánchez no figura una información similar Pedro Sánchezy, de hecho, el enlace ha desaparecido.

El Gobierno no responde

infoLibre ha intentado, sin éxito, que el Ejecutivo responda a estas dos preguntas:

1. ¿Por qué no ha publicado todavía el Gobierno en la página de la Moncloa las retribuciones, resumen de renta y resumen de patrimonio del presidente del Gobierno Pedro Sánchez?

2. ¿Existe una previsión al respecto?

Esas preguntas fueron planteadas por este periódico por primera vez hace dos semanas. Y, desde entonces, se ha preguntado a sus portavoces en varias ocasiones. Pero no han respondido.

Pedro Sánchez no es diputado, por lo que la web del Congreso no refleja sus declaraciones de bienes y rentas y actividades. En la página web del Partido Socialista sí figuran unos datos básicos de su líder sobre ingresos, donaciones y bienes que abarcan el periodo 2015-2017. Así, con fecha de 28 de septiembre de 2017, declaraba unos ingresos de 4.134,23 euros netos al mes y 13.711,20 euros anuales en concepto de alquiler de un inmueble.

Declaraciones de bienes de altos cargos

Ya en la Moncloa, el Gobierno socialista publicó a finales del pasado septiembre las declaraciones de bienes de altos cargos, no sólo las de este primer mandato de Pedro Sánchez sino también las de la etapa de Mariano Rajoy. En el caso de los datos correspondientes a los altos cargos de la época del Partido Popular en el Gobierno, estas declaraciones estaban presentadas desde 2014 pero no se habían publicado, puesto que el Gobierno de los conservadores entendía que para ello era necesario un reglamento que desarrollase la Ley del Alto Cargo de 2015.

Un día antes de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) hiciese públicos las citadas declaraciones, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto de desarrollo de la citada ley.

Según figura el documento, el presidente dispone de un activo de 342.990 euros y un pasivo de 192.026 euros.

Sánchez hizo este ejercicio de transparencia en un momento en el que varios miembros de su gabinete estaban en el punto de mira. Pero todos los expertos en transparencia consultados coinciden en que se podría haber ido más lejos.

El BOE publicó por cada alto cargo un listado con los siguientes datos: bienes inmuebles, depósitos bancarios, acciones y participaciones en el capital social de instituciones de inversión colectivas negociadas, acciones y participaciones en el capital social de entidades jurídicas negociadas, seguros de vida y demás bienes de contenido económico y pasivo. A cada uno de estos conceptos les correspondía una cifra. Nada más.

Con lo publicado es imposible conocer si existen posibles conflictos de intereses puesto que no figuran las entidades con las que los altos cargos tienen contraídas las deudas o las empresas en las que tienen acciones.

El recurso permanente a la Ley de Secretos Oficiales

Desde su llegada a la Moncloa, la oposición ha intentado sacar los colores al Gobierno de Sánchez a cuenta de la transparencia. No es que la opacidad sea una seña de identidad exclusiva de los socialistas en el Ejecutivo. El celo con el que se guardan algunos datos que, a ojos de los expertos en la materia deberían ser públicos, no es una novedad. También ocurría cuando Rajoy ostentaba la Presidencia del Ejecutivo. Sin embargo, uno de los principales problemas ante el que se encuentra Sánchez en esta parcela es haber hecho bandera de la transparencia cuando estaba en la oposición. El haber querido marcar un antes y un después con su llegada al Gobierno.

En los últimos meses, el registro del Congreso de los Diputados y del Senado ha recibido múltiples respuestas escritas del Ejecutivo respecto al uso del Falcon oficial por parte de Pedro Sánchez. Parlamentarios de diferentes grupos se habían interesado por los detalles del viaje a Castellón a finales de julio para asistir a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

El grueso de las respuestas responde al mismo patrón: "Los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, tienen la consideración de materia clasificada, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre".

Estos argumentos no son nuevos. Gobiernos anteriores han recurrido a una ley preconstitucional para mantener oculto cómo se gasta el dinero público en estos casos.

El viaje a Benicàssim

Los únicos datos que se han hecho públicos del polémico viaje a Benicàssim son los de protocolo "los días previos": 282,92 euros.

Esta era la cifra que figuraba en una resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en respuesta a una petición de información del asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, sobre "el coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del Presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para este desplazamiento".

A finales de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, censuró, ya por segunda vez, la forma en la que el Gobierno recurre a la citada ley. Lo hacía en respuesta a una reclamación del El Confidencial, medio que había solicitado información relativa al coste y acompañantes de la gira del presidente Sánchez por América Latina en el mes de agosto.

"Los gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los Presupuestos Generales del Estado; es pues dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía", figura en la resolución del CTBG.

La boda del cuñado del presidente

Los diputados del PP Emilio del Río y Mar Cotelo tampoco tuvieron suerte cuando preguntaron al Gobierno por escrito por el "coste económico total" que había supuesto el traslado de Sánchez, el día 30 de junio de 2018 a La Rioja para acudir a un acto privado, en el municipio de Aldeanueva de Cameros. Se trató de la boda de su cuñado, evento al que, según informó El Confidencial, viajó en helicóptero.

"El artículo 8 del Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, establece que corresponde al Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno la protección del personal, edificios e instalaciones del Complejo de La Moncloa, así como las funciones y actuaciones necesarias para la seguridad integral del Presidente del Gobierno y otras personas e instalaciones que determine el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en coordinación con el Ministerio del Interior. Por razones de seguridad no se puede facilitar información individualizada de los dispositivos de protección asignados a las diferentes Instituciones y personalidades del Estado", fue la respuesta literal, la misma que ofreció Moncloa cuando los mismos diputados preguntaron sobre otros aspectos de aquel viaje.

Consejo de Ministros de Sevilla

Tampoco obtuvo ningún dato el diputado Carlos Floriano (PP), que se interesó por el coste de los medios de transporte utilizados por los ministros para el desarrollo del Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el 26 de octubre de 2018. 

"Se trata de una materia clasificada", respondió el Ejecutivo. "Tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros están sometidos a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre", puede leerse en la respuesta.

En todo caso, Floriano sólo pidió conocer el "coste". En su pregunta no pide ningún dato sobre los movimientos de los medios de transporte que fueron empleados.

Una reforma atascada en el Congreso

El pasado marzo, la Mesa del Congreso desbloqueó una proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales. Admitida a trámite a finales de 2016, había estado congelada por prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas.

En la sesión de control al Gobierno del 19 de septiembre, el diputado de los nacionalistas vascos Aitor Esteban cuestionó a Sánchez sobre este asunto. "¿No le parecen contradictorios los anuncios que está haciendo sobre la memoria histórica cuando su Gobierno no está dando ningún paso para modificar o minimizar el impacto de la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968?", fue la pregunta registrada.

El presidente mostró su conformidad a la hora de reformar la citada iniciativa y avanzó que el Ejecutivo estaba estudiando la posibilidad "de autorizar con carácter general la consulta de documentos integrantes del Archivo General Militar de Ávila". Pero Esteban exigió ir mucho más adelante suprimiendo dos acuerdos, uno de 1986 y otro de 2010, en los que se han basado los sucesivos gobiernos a la hora de "negar mucha información".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este miércoles la voluntad del Ejecutivo de limitar lo que considera un uso "extensivo" de la clasificación de documentos como secreto oficial y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, le ha retado a demostrarlo agilizando la reforma de la ley que lleva dos años varada en el Congreso.

"Estamos de acuerdo en reformar ley de secretos oficiales, creemos que es una legislación que proviene del periodo preconstitucional", ha asegurado Sánchez en el Pleno del Congreso durante la sesión de control al Gobierno, donde ha mostrado su convicción de que los grupos parlamentarios podrán llegar a un acuerdo sobre los plazos de desclasificación de los documentos o las excepciones.

Además, ha confirmado que el primer paso será autorizar la consulta de los documentos que se guardan en el Archivo General Militar de Ávila, algo que no ha contentado al PNV, que le ha pedido que vaya "más allá". 

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha recordado que ahora se va a modificar en el Parlamento la Ley de Memoria Histórica, donde cree que los partidos pueden alcanzar un "consenso global". "Déjese de comisiones de la verdad y abramos los archivos", ha pedido Esteban, que ha recordado que el PNV presentó hace ya dos años una proposición para reformar la ley de secretos oficiales y la iniciativa se encuentra aún parada en la ponencia que debe discutir su articulado.

El portavoz del grupo vasco ha recordado que la ley de secretos oficiales data de 1968 y después hay dos acuerdos, de 1986 y de 2010, que hacen de ella una interpretación "abusiva e intensiva"; por lo que ha pedido a Sánchez que derogue estas dos normas y facilite la reforma de la ley.

Esteban cree que se debe facilitar a los historiadores e investigadores la consulta de todos los documentos hasta ahora secretos para que luego ellos "escriban su visión", ante el convencimiento de que "a una visión general seguro que no se llega". "Abramos los archivos y que luego los investigadores con esos documentos escriban", ha insistido.

Abierto a debatir plazos y excepciones

Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios alargan las primeras desclasificaciones de documentos que están hoy declarados secretos hasta los años 2023 o 2028, algo que tampoco ve con buenos ojos el PNV, que cree que este asunto tiene que agilizarse todo lo posible.

En este sentido, Sánchez se ha mostrado abierto a "debatir" y acordar un plazo de clasificación o excepciones. "Si lo hacemos bien estoy convencido de que podremos garantizar y conjugar la defensa de los intereses generales y también contribuir a la recuperación cabal de nuestra historia y el conocimiento de los asuntos públicos", ha aseverado.

El presidente del Gobierno ha subrayado en que el Congreso cuenta con una mayoría que comparte que el recurso "extensivo o intensivo" del secreto oficial "no tiene ya sentido" y por tanto ha insistido en la necesidad de incorporar "transparencia" al conjunto de archivos de la administración.

Vocación de transparencia

En este marco ha asegurado que se mueve el PSOE, cuya postura ha distinguido de la de los "grupos conservadores". "El Gobierno de España tiene vocación de ser transparente y dar pasos para amoldar esta importante ley a los tiempos y exigencias democráticas de este momento", ha garantizado.

Además, Sánchez ha comparado la situación de España con la de los países de su entorno y ha recordado que todos ellos disponen de normas para proteger la información que puede afectar "gravemente" a la seguridad del Estado y la defensa de sus intereses generales.

Diez años después de que el Gobierno de Zapatero anunciara que desclasificaría miles de documentos de la Guerra Civil y el franquismo, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales amenaza con mantener fuera de circulación esos papeles, a menos que el PSOE cambie de posición respecto de la mantenida en los últimos meses y dé un golpe de timón. De hecho, el Gobierno no necesita esperar a la reforma de la ley para desclasificar los documentos de la dictadura. La propia norma legal todavía vigente, aprobada en 1968 y retocada una década más tarde, le habilita para cancelar cuando lo considere oportuno la declaración de secreto que pese sobre cualquier documento.

Tras casi dos años de bloqueo, el PP aceptó el 20 de marzo dar vía libre al trámite de la proposición de ley auspiciada por el PNV para reformar un texto cuyo andamiaje legal fue levantado en pleno franquismo. Pero mientras que la proposición alumbrada por los nacionalistas vascos propugna la liberación de todos aquellos archivos de cuya declaración de secreto hayan transcurrido 25 años tras la promulgación de la nueva ley, las enmiendas introducidas por los socialistas -que en marzo estaban en la oposición pero ahora manejan las riendas del país– defienden que esos papeles prosigan dentro del búnker administrativo otros 10 años.  

Si la ley se aprueba este año, ningún documento declarado secreto antes de 1993 –y ni siquiera aquellos que llevan el sello genuino de la dictadura y de los primeros años de la Transición, como los que, por ejemplo, pueden afectar al torturador condecorado Billy el Niño- verán la luz hasta finales de 2029 en el mejor de los casos o 2030. Es decir, hasta dentro de 11 años. ¿Y por qué 11 si la enmienda del PSOE plantea que la prórroga de secreto sea de 10? Pues porque los socialistas sostienen que la ley no debe entrar en vigor hasta transcurrido un año de su publicación en el BOE. 

A ese escenario temporal, y al tiempo que la etiqueta “secretos oficiales” vuelve a primer plano por la próxima comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, en la comisión parlamentaria dedicada a esa materia, se refirió este martes el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban. Por definición, las comparecencias del director del CNI se producen –a puerta cerrada– en la comisión de secretos oficiales para abordar las revelaciones de Corinna Sayn Wittgenstein sobre el rey emérito.

En este caso, Sanz Roldán acudirá a petición propia, algo con lo que no se conforma el grupo que más énfasis ha puesto en el asunto desde que elespanol.com y okdiario.com difundieron las cintas del excomisario José Manuel Villarejo, preso preventivo desde noviembre bajo la acusación de soborno y blanqueo. Y ese grupo es Unidos Podemos, que exige a la Cámara una investigación sobre las afirmaciones de la lobbista alemana que durante años mantuvo una relación sentimental con el monarca. Es decir, sus afirmaciones de que Juan Carlos I la usó como testaferro, abrió cuentas opacas en Suiza, cobró comisiones por el AVE a la Meca y la de que finalmente se acogió a la amnistía fiscal.

Lo que el diputado Aitor Esteban dijo en la sesión donde el presidente del Gobierno expuso  las líneas maestras de su proyecto puede resumirse así: que la Ley de Memoria Histórica va indisolublemente unida a la Ley de Secretos Oficiales. Y que tras un bloqueo de “meses y meses y meses, prácticamente dos años”, el PNV observa ahora con preocupación los postulados del PSOE para esa reforma legal. “Me preocupan y mucho las enmiendas socialistas”, dijo el diputado dirigiéndose al presidente. “Ustedes –adujo a renglón seguido- son partidarios de no desclasificar absolutamente nada ni siquiera de la Guerra Civil hasta 2030”.

"Le pido -apostilló el parlamentario jeltzale interpelando de nuevo a Pedro Sánchez– que la Ley de Memoria Histórica se demuestre ahí en la Ley de Secretos Oficiales y que demos pasos ya en la comisión [Constitucional del Congreso, donde debe tramitarse] y en la dirección correcta".

La presentación de esa enmienda y de las restantes del PSOE se produjo como fruto de un acuerdo con el PP durante la recta final del Gobierno conservador, el acuerdo que desbloqueó la tramitación de la Ley de Secretos Oficiales cuando Mariano Rajoy necesitaba a los nacionalistas vascos para aprobar los Presupuestos.

¿Mantendrá ahora el PSOE esa misma posición? El socialista Artemi Rallo, miembro de la ponencia encargada de tramitar la proposición de ley del PNV, apunta a un cambio de rumbo aunque con extrema cautela. “Nuestra intención –asegura en declaraciones a infoLibre- es posibilitar que la desclasificación de los documentos de la dictadura franquista se produzca en un plazo razonable una vez se apruebe y entre en vigor la nueva ley”. ¿Y qué significa un plazo razonable? “Un plazo sensiblemente inferior a los diez años que dice la enmienda presentada”. Rallo confía en que la aproximación de posturas entre los distintos partidos –y esa esperanza sigue incluyendo al PP- “dé resultado en el menor tiempo posible” y que la ponencia avance rápido.

De momento, el PSOE no ha retirado ni reenmendado, por usar un término coloquial, la disposición transitoria donde aboga por prorrogar otros 10 años el secreto de todos aquellos documentos que hubieran sido clasificados hace 25 o más años. La enmienda dice así:  “Las materias, documentos, procedimientos y, en general, las informaciones clasificadas que, a la entrada en vigor de esta Ley, hubiesen superado el plazo de 25 años a que se refiere el párrafo segundo del artículo séptimo, mantendrán su carácter por un único periodo adicional e improrrogable de 10 años”.

A renglón seguido, agrega esto: “Las materias, documentos, procedimientos y, en general, las informaciones que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya tuviesen reconocida la condición de clasificadas desde una fecha inferior a 25 años, mantendrán este carácter hasta el cumplimiento de ese periodo y gozarán de la prórroga automática prevista en el apartado anterior”.

Pero, en efecto, cabe una excepción: incluso la ley franquista de Secretos Oficiales, reformada en octubre de 1978 –dos meses antes del referéndum de la Constitución- pero incólume en la mayor parte de su articulado, prevé que el Gobierno  pueda cancelar discrecionalmente la calificación de materia secreta o reservada que pese sobre cualquier documento cuando considere que su difusión pública ya no es susceptible de causar “perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional”.

¿Y qué sostiene el PP? Sus enmiendas al redactado del PNV establecen plazos más largos para el mantenimiento del secreto sobre los documentos clasificados: hasta 50 años. En la primera legislatura de Rajoy, los conservadores anunciaron que estaban sopesando si era factible llevar a cabo la desclasificación de documentos anunciada en 2008 por quien en esa fecha era ministra de Defensa, la socialista Carme Chacón. Y ya en 2017, la entonces titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, echó definitivamente el freno: su departamento no tenía dinero para desclasificar esos miles de papeles: 10.000 ha sido siempre la cifra redonda manejada. "Los presupuestos de Defensa -dijo- son los que son. Hay que establecer prioridades y hoy las prioridades son otras".

El PP y PSOE quieren que las primeras desclasificaciones de documentos que están hoy declarados secretos no se produzcan hasta los años 2023 o 2028, según las enmiendas que han presentado en el Congreso a la propuesta del PNV de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde el año 1968, informa Europa Press.

Tras un año y medio con la proposición de ley bloqueada en el Congreso, los grupos parlamentarios registraron este lunes más de 50 enmiendas a la propuesta del PNV, que propone establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y de 10 años en el caso de los clasificados como reservados.

La proposición de ley propone además la inmediata desclasificación de aquellos documentos que llevan ya más de 35 años secretos. Conservadores y socialistas quieren, sin embargo, alargar este periodo para que no empiecen a revelarse estas informaciones hasta el año 2023, en el caso del PP, y en 2028, según la propuesta del PSOE.

Desclasificación progresiva y no en bloque

En concreto, el Grupo Popular quiere que aquella información declarada secreta antes de 1968 vea la luz a los tres años desde la aprobación de esta reforma. Y la posterior se haga pública periódicamente: cada año a partir de 2023 se desclasificará la documentación de dos años.

Los socialistas, por su parte, proponen que las primeras desclasificaciones tengan lugar dentro de diez años para aquellas informaciones que ya lleven 25 años secretas; y el resto una década después de haber cumplido esos 25 años.

Los grupos también difieren sobre el periodo que deben permanecer secretos los documentos. PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos comparten con PNV la propuesta de que los documentos permanezcan secretos durante 25 años prorrogables otros 10 años. Y un periodo de 15 años (10 años en el caso de Ciudadanos) para la información reservada.

Por su parte, el PP propone diferenciar entre información secreta, reservada, confidencial y de difusión limitada, con periodos de clasificación de 25 años, 15, 10 y 5, respectivamente, prorrogables por el mismo periodo. Esto hace que, por ejemplo, un documento clasificado como secreto pueda permanecer así hasta 50 años.

Pero además, los conservadores introducen una excepción para aquella información cuya difusión pueda suponer "un riesgo para la integridad de las personas". En este caso, el PP propone que la clasificación se mantenga mientras siga vigente ese riesgo, sin límite temporal.

La autoridad, el Consejo de Ministros o el CNI

El Grupo Popular también señala al Consejo de Ministros como la Autoridad Nacional para la seguridad de la información clasificada. Y el Gobierno podrá delegar en el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la labor de protección de esta documentación.

Por su parte, Unidos Podemos, ERC y Bildu introducen enmiendas para evitar que pueda ser declarada secreta aquella información que pueda servir para prevenir, reducir o investigar casos de abusos y violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La Mesa del Congreso ha desbloqueado este martes la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales que rige desde 1968. La iniciativa fue admitida a trámite en noviembre de 2016 pero desde entonces ha estado año y medio congelada por sucesivas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas, la última a instancias de PP y PSOE, que expirará a las 20.00 horas de este martes, informa Europa Press.

Se trata de una proposición de ley que pretende reformar la vigente Ley de Secretos Oficiales con el objetivo de establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y de 10 años en el caso de los clasificados como reservados.

En su iniciativa, los nacionalistas vascos reconocen que "la seguridad y la defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido", pero subrayan que su "resguardo" no es "absoluto", pues "debe dialogar con otros valores y principios constitucionalmente protegidos", y aconseja adaptarse a "la sensibilidad social vigente respecto a la transparencia".

25 años o, como máximo, otros diez años excepcionales

De este modo, quiere que la ley recoja la "obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años".

Además, el texto contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos que la propusieron.

Por último, plantea suprimir la referencia "a la naturaleza, secreta o no", de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, al considerar que ésta es una cuestión que sólo compete a los respectivos reglamentos de estas Cámaras.

La reforma se planteó por primera vez en la legislatura corta de 2016, pero decayó con la repetición de las elecciones. El PNV volvió a insistir y en noviembre de aquel año, con la actual Cámara, la proposición de ley superó otra vez ese primer debate de totalidad. Casi un año y medio después, la Mesa del Congreso ha puesto fin a las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas con lo que podrá continuar su tramitación.

El PNV preguntará a Rajoy por sus planes

"Ya era hora", ha resumido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien mantiene su intención de preguntar este miércoles al presidente Mariano Rajoy por este tema. "Hablaremos de qué es lo que ha pasado en este año y medio y cuáles son las intenciones que tiene el Gobierno en el posible desarrollo y en su caso aprobación de la ley", ha comentado.

Desde el principio, el PP expresó sus reparos a la propuesta del PNV e indicó que la ley de secretos, que data de 1968, exigía una revisión completa y no un "parche" que puede provocar "incoherencias legales".

El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha dicho este martes que ya es momento de abordar el asunto, pero lo ha desvinculado de la negociación con el PNV sobre los presupuestos. "No es un guiño a nadie", ha recalcado.

El PP ha reconocido que ya estaba solo pidiendo prórrogas del plazo de enmiendas. La semana pasada se descolgó Ciudadanos y la última ampliación la aprobaron con el PSOE, que ya este martes también ha desistido.

Izquierda Unida baraja la posibilidad de emprender acciones judiciales después de que el Gobierno reconociese que la Fundación Nacional Francisco Franco, pese a ser una entidad privada, dispone de documentos oficiales declarados secretos, según ha informado Europa Press.

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno ha reconocido que la Fundación Franco dispone de documentos clasificados como secretos, fundamentalmente de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973, cuando se nombró presidente al almirante Luis Carrero Blanco. El Ejecutivo asegura haber pedido que se retiren de consulta pública y que se traslade a la Administración la oportuna información para poder protegerlos y que no se divulguen.

El aviso lo había dado el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien se interesó por este asunto temeroso de que esos documentos secretos en manos de la citada entidad privada no estuvieran adecuadamente custodiados en el archivo del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales o en el Archivo General de Palacio".

Recuperar los originales

"El Gobierno de Rajoy reconoce, ahora sí de forma explícita y por escrito, que no ha hecho nada en relación con los originales que contienen información clasificada como secretos oficiales y que, por lo que parece, no tiene intención de hacerlo", sostiene IU.

Tras recibir la contestación, el líder de IU ha puesto "en manos del equipo jurídico de esta formación" el contenido de la respuesta parlamentaria: "Vamos a estudiar detenidamente qué nuevas acciones jurídicas y también políticas ponemos en marcha para analizar y, en su caso, impedir, que se pueda estar cometiendo una presunta vulneración de la Ley de Secretos Oficiales", ha avisado.

A su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy podría estar incurriendo en una clara dejación de sus funciones al no exigir a la Fundación Francisco Franco la entrega de toda la documentación original que entra dentro de esa categoría de secreto oficial, no sólo copias". Y es que el Ejecutivo sólo señala que ha reclamado que los documentos se retiren de consulta pública, pero no explica "nada" del destino final de la documentación original.

Esta iniciativa de Garzón forma parte de la batería de acciones parlamentarias puestas en marcha por IU a partir del trabajo que llevan a cabo su Secretaría de Memoria Democrática que coordina Esther López Barceló, quien considera que el Gobierno del PP "muestra desde hace años una pasividad cómplice frente a los flagrantes incumplimientos de una fundación que actúa en contra de la legalidad vigente".

Cerrar el archivo

Garzón y López Barceló coinciden en que "aplicando simplemente la lógica y el sentido común", la citada documentación debería ser custodiada por una institución pública competente y no en una entidad privada.

Los diputados de IU, adscritos al grupo de Unidos Podemos, tienen también registrada en el Congreso una proposición no de ley en la que se insta al Ministerio del Interior, entre otras cuestiones, a "cerrar cautelarmente el acceso público al archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco en tanto no se recuperen los documentos públicos clasificados".