La investigación abierta hace año y medio en Suiza y que involucra a Juan Carlos I como supuesto receptor de 100 millones de dólares pagados por Arabia Saudí ha devuelto al primer plano de la política española las sospechas de corrupción sobre el rey emérito. La confirmación de que Anticorrupción espera los datos requeridos a la Fiscalía de Ginebra ha activado ya tensiones en el Congreso. Unidas Podemos se sumó este jueves a la petición de cinco formaciones (ERC, Junts, Compromís, BNG y Más País) para que una comisión investigue las "presuntas actividades corruptas" del rey emérito por el AVE a la Meca. Mientras, el socio mayoritario del Gobierno anticipó de forma implícita su negativa a tal investigación: los socialistas aducen que los letrados de la Cámara ya se mostraron contrarios a una propuesta similar en octubre de 2018.

En el escenario jurídico, fuentes consultadas por este periódico han confirmado que si lo investigado por Suiza ofrece elementos suficientes para una querella por corrupción internacional, la fiscalía especializada que dirige Alejandro Luzón presentará una querella desgajada del caso Villarejo. Una de las piezas de la macrocausa sobre el controvertido comisario que le da nombre y que se instruye en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional se abrió al trascender en julio de 2018 las grabaciones donde la antigua amiga íntima del rey lanzaba afirmaciones de máxima gravedad. La más relevante, que Juan Carlos I había percibido una parte de las mordidas pagadas por distintas empresas españolas a cambio de hacerse con la licitación convocada en 2009 para unir por tren las ciudades saudíes de Medina, Yeda y La Meca. Denominada Carol, esa pieza fue archivada de manera provisional en septiembre de 2018.

Pero, en paralelo a aquel archivo, Anticorrupción abrió sus propias diligencias sobre los hipotéticos pagos del AVE del desierto. Y no cerró la puerta a investigar a Juan Carlos I. Como explicaron entonces fuentes de la Fiscalía, si bien la figura de Juan Carlos I resulta intocable en cualquier posible delito datado mientras ejercía la Jefatura del Estado, todo lo ocurrido tras su abdicación en junio de 2014 puede pasarle factura penal. Por ejemplo, el monarca se vería involucrado en un eventual delito de blanqueo si todo o parte del dinero que hubiese podido cobrar se sometió a algún tipo de afloramiento después del momento en que cedió el testigo del poder a su hijo. Las fuentes consultadas consideran no obstante poco probable esa hipótesis.

Ahora bien, en el supuesto de que los papeles reclamados a Suiza apuntan al monarca, Anticorrupción deberá remitir el caso al Supremo. El alto tribunal es el único que puede investigar a Juan Carlos I, que goza de aforamiento por su condición. El delito de corrupción internacional solo es perseguible a instancia expresa de la Fiscalía. Y ha de investigarse en uno de los países implicados. O sea, en España o en Arabia Saudí, opción esta última que se perfila remota. 

Como adelantó este jueves eldiario.es, la Fiscalía Anticorrupción ha enviado una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos que dispongan sobre una supuesta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña vinculada a Juan Carlos I –Lucum Foundation– a una cuenta de su amiga Corinna Larsen. La petición de auxilio judicial a la Fiscalía de Suiza fue cursada hace un mes aproximadamente.

Entre la información que aguarda la Fiscalía española figuran no solo los movimientos de la cuenta de Lucum Foundation sino también sobre su o sus beneficiarios últimos.

En octubre, el fiscal especial que investiga el caso, Yves Bertossa, mantuvo en Madrid una reunión a la que asistieron Luzón, el fiscal encargado de las diligencias de la Fiscalía sobre el AVE a la Meca, los dos del caso Villarejo y el juez que instruye esa causa, Manuel García Castellón. En ese encuentro, Bertossa pidió a su vez a la Audiencia Nacional los audios de la reunión que mantuvieron en Londres en 2015 el comisario ahora encarcelado José Villarejo y Corinna zu Sayn Wittgenstein. ¿El porqué de esa solicitud? Incorporarlos a la investigación que tiene abierta sobre presuntos testaferros de Juan Carlos de Borbón en cuentas bancarias en ese país. Los audios ya le han sido entregados al país centroeuropeo.

El pasado martes, el diario suizo Tribuna de Ginebra, publicó que el fiscal Yves Bertossa, que investiga esos hechos, encontró evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de los gestores de cuentas en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana –que fue investigado en España por gestionar las cuentas que tenía en Suiza el líder de Gürtel Francisco Correa–. En este marco, el fiscal tomó declaración el pasado 19 de diciembre a Fasana, Canónica y a Corinna Larsen, quien en los mencionados audios aludió a Fasana y Canonica como presuntos testaferros del monarca.

Según el citado diario, la Fiscalía suiza considera que los 100 millones de dólares que llegaron a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum proceden del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de esa fundación sería Juan Carlos I.

El jefe de Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón Cánovas, ha criticado este viernes la falta de protección de la figura del alertador de delitos de corrupción y ha destacado que los fiscales anticorrupción españoles van "a rebufo de la denuncia anónima", informa Europa Press.

En una charla en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial, Luzón ha remarcado que le "preocupa mucho" la situación actual de la investigación para detectar delitos de corrupción en España y que el país "tiene bastante por mejorar" en este ámbito.

En concreto, la detección de delitos de corrupción gracias a la colaboración de los partícipes en el delito y la denuncia de terceros están, a juicio de Luzón, "muy poco desarrollados en España".

Luzón ha defendido que no se pueden "pedir comportamientos heroicos a los ciudadanos" para que denuncien corrupción y ha subrayado que "España no tiene unos mecanismos adecuados de protección del alertador".

En este sentido, ha recordado que hay un plazo de dos años para trasponer la directiva europea que propone una mayor protección de los whistleblowers y que aprobó el pasado mes de abril el Parlamento Europeo.

Por último, Luzón ha criticado que la "especialización" de las fiscalías, la UCO, la UDEF, y otros organismos públicos que persiguen delitos de corrupción, "se pierde" cuando el delito llega a la "fase judicial".

Luzón ha afeado que, mientras que se han creado juzgados específicos de lo mercantil o de violencia de género, "no hay ningún proyecto, no hay nada" para proponer juzgados especializados en corrupción.

En este sentido, ha llamado a "replantear las competencias" de la Audiencia Nacional porque, según ha defendido, no "responde a un verdadero tribunal enjuiciador de delitos económicos y de delincuencia organizada".

Según informa este jueves la Fiscalía General del Estado en un comunicado, Luzón ha acordado dejar sin efecto el Real Decreto del pasado 10 de abril por el que se sustituyó a estos fiscales y así se lo ha comunicado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha mostrado su conformidad.

Según infoma Europa Press, Luzón ha considerado a la hora de tomar esta decisión que tenía más peso la antigüedad en el procedimiento de Grinda y Bermejo, así como "el tiempo y esfuerzo ya dedicado a la preparación y estudio" del caso por parte de estos dos fiscales, que han continuado a cargo del procedimiento durante los meses transcurridos desde que en abril se adoptó la decisión de sustituirles.

Asimismo, ha pensado en  "la dificultad de los nuevos fiscales para afrontar tan complejos procedimientos en curso partiendo de cero", razones que están en la base del principio general de vinculación del fiscal al procedimiento, que preside con carácter general la organización de trabajo de las Fiscalías, conforme a la Instrucción 1/2003 de la Fiscalía General.

​​​​​​​Moix había decidido sustituir a Bermejo y Grinda —ubicados en Madrid— por los fiscales anticorrupción de la Fiscalía de Barcelona Fernando Maldonado y Teresa Duerto por la mayor facilidad para ellos, al estar en Barcelona, para asistir a las frecuentes diligencias de instrucción señaladas, la mejor distribución de la carga de trabajo entre los distintos fiscales y la asunción por los fiscales delegados de un mayor protagonismo en los asuntos tramitados en juzgados territoriales de su competencia, informa la Fiscalía General.

En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, que está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por su condición de aforado como diputado del Parlament, era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.

La Fiscalía sostiene que "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.

El resto de la causa la instruye el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) por supuestos cobros de comisiones de CDC a cambio de concesiones de obras públicas desde instituciones que controlaban y en él están siendo investigados los extesoreros convergentes Daniel Osàcar —también encausado en el caso Palau— y Andreu Viloca, además de varios empresarios.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, estará presente este miércoles en el interrogatorio al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que comparece en calidad de testigo en el juicio de la primera época de la trama Gürtel, para "apoyar" a las fiscales del caso —Concepción Sabadell y Concepción Nicolás— pero no formulará preguntas en nombre del Ministerio Fiscal.

El recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción precisó en declaraciones a Europa Press que acudirá a esta nueva sesión de vista oral que acogerá la Audiencia Nacional "en un marco institucional" en tanto declaran Rajoy y el presidente del Senado, Pío García Escudero, ambos "máximos representantes de dos de los tres poderes del Estado".

No obstante, Luzón precisó que no acudirá para atribuirse protagonismo durante el juicio ni tampoco para restárselo a las fiscales del caso, que son las que dirigirán el interrogatorio al presidente del Gobierno, según informó la Fiscalía General del Estado. A su juicio "lo más razonable" es que sean estas representantes del Ministerio Público las que se encarguen de formular las preguntas a Rajoy en caso de que quede alguna cuestión que no haya sido formulada previamente por las partes.

El presidente del Gobierno comparecerá este miércoles en calidad de testigo a petición de la acusación popular ejercida por Adade, que le preguntará por su conocimiento acerca de las actividades realizadas entre 1999 y 2005 por la trama Gürtel, ya que durante los años 1990 y 2003 fue vicesecretario general del PP y "responsable de asuntos electorales" del partido.

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de una de las empresas de la red en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes', no acudirán este miércoles a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) para asistir a la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Rajoy tendrá que testificar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por participar en las actividades de la Gürtel realizadas entre 1999-2005, entre los que se encuentran algunos ex altos cargos del PP como el extesorero Luis Bárcenas y los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda --exmarido de la exministra Ana Mato-- y en la que la formación política es considerada partícipe a título lucrativo.

Las fuentes consultadas han indicado que ni Correa, ni Crespo, ni Pérez acudirán mañana a la sesión número 101 del juicio que comenzó el pasado 4 de octubre. De hecho, los principales acusados --al igual que el resto-- no tienen la obligación de asistir a la vista oral si el testigo no es propuesto por ellos mismos o no tienen relación o implicación con el mismo, tal y como lo decidió el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado.

Además, los líderes de la trama Gürtel están eximidos de presenciar las sesiones del juicio para evitar las dificultades de los traslados desde la prisión de Valdemoro (Madrid) en la que ingresaron el pasado mes de febrero para cumplir la condena de 12 y 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por por amañar los contratos de los 'stand' de la Comunidad Valenciana en Fitur.

Quien sí asistirá a la sesión es el extesorero popular Luis Bárcenas, han afirmado dichas fuentes, que han señalado que no irá acompañado de su mujer, Rosalía Iglesias, también acusada en esta pieza.

Luzón asistirá al juicio

Por otro lado, el recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, acompañará a las fiscales del caso Gürtel, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, que serán las que dirijan el interrogatorio al presidente del Gobierno si así lo consideran oportuno, según han informado la Fiscalía General del Estado.

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado se han opuesto siempre, las cuatro veces que Adade lo ha solicitado, a que el presidente del Gobierno compareciese como testigo en este juicio porque consideran que es una declaración "inútil e innecesaria", además de "redundante" a estas alturas de la vista oral.

El jefe del Ejecutivo ha sido propuesto como testigo por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) por haber sido el vicesecretario general del PP entre 1990 y 2003 y "responsable de asuntos electorales". Será el abogado de esta acusación popular José Mariano Benítez de Lugo quién formulará la batería de preguntas al presidente del Gobierno.

En cuanto a las defensas, han precisado que inicialmente no tienen intención de hacer ninguna pregunta a Rajoy, aunque han señalado que habrá que ver cómo se va realizando el interrogatorio para decidir si es necesario cuestionar al presidente del Gobierno en relación a sus clientes.

La comparecencia de Rajoy comenzará a las 10.00 horas y será de forma presencial, pese a que él solicitó que fuese por videoconferencia por motivos de seguridad y ser el medio "menos pertubador" en el ejercicio de sus funciones.

La Policía ha abierto una investigación por el robo cometido en el domicilio del nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ocurrido el pasado miércoles por la mañana, en las mismas horas en las que tomaba cargo de su nueva responsabilidad en un acto celebrado en el Tribunal Supremo, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Según estas fuentes, Luzón se percató del robo al volver a su domicilio en el barrio de Chamberí el pasado 12 de julio sobre las 19.00 horas. El fiscal jefe se encontró varias habitaciones desordenadas y avisó a la Policía, que procedió a realizar una inspección ocular.

La Policía espera a que Alejandro Luzón se persone en comisaría para tramitar la denuncia en la que detalle qué objetos fueron robados para, de esta forma, abrir formalmente la investigación. Según adelantó eldiario.es, los ladrones se llevaron una colección de 18 relojes, algunos de un importante valor, joyas y alrededor de 900 euros en metálico.

Los intrusos, según este medio, no tuvieron que forzar la cerradura ni se llevaron documentación. La empleada del hogar fue la última en abandonar la casa sobre las 12.15 horas de la mañana, sin echar la llave.

A la hora que se cometió el robo, Alejandro Luzón se disponía a tomar posesión en el Tribunal Supremo como nuevo fiscal jefe de Anticorrupción en presencia de los principales representantes de la cúpula judicial, incluido el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y su antecesor en el cargo, Manuel Moix.

Adscrito a Anticorrupción desde su puesta en marcha en 1995, sin afiliación a ninguna de las asociaciones de fiscales y acusador público en procesos de máxima relevancia como el de las tarjetas black de Caja Madrid o el ya lejano caso Roldán, Alejandro Luzón (Madrid, 1964) tiene ante sí una misión compleja: afianzar para Anticorrupción el marchamo de institución impecable con los corruptos sin distinción de siglas políticas ni intereses económicos.

Partidario de introducir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que facilitaría la persecución de quienes se corrompen desde cargos públicos, el Plan de Actuación presentado por Luzón no menciona esa medida pero sí la necesidad de una nueva ley procesal que ajuste al máximo los plazos de investigación previa al juicio a fin de que los implicados no dispongan "de tiempo suficiente para ocultar el producto del delito" ni obtengan bazas para invocar luego que han sido víctimas de dilaciones indebidas ni simultáneamente se vean sometidos a un juicio paralelo.

Luzón parte con el apoyo en bloque que este miércoles le han brindado los seis miembros de la Asociación de Fiscales presentes en el Consejo Fiscal, órgano consultivo del fiscal general del Estado, y los dos miembros natos que se sientan en esa mesa, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector. Pero arranca también con el respeto expreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que cuenta con tres representantes en el Consejo Fiscal y cuyos votos fueron para otro de los seis candidatos, Pedro Crespo, fiscal jefe de lo Contencioso del Tribunal Supremo, afiliado a esa asociación y considerado uno de los baluartes más firmes del ministerio público.

"El de Luzón es un nombramiento acertado", resume en declaraciones a este diario Sofía Puente, una de los tres integrantes del Consejo en representación de la UPF. Puente, que pidió abiertamente la dimisión de Moix una vez conocidos sus vínculos con la firma panameña, destaca la "profesionalidad y el prestigio" del futuro jefe de Anticorrupción.

Todas las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre coinciden en que en esta segunda convocatoria Maza no tenía la opción de volver a equivocarse. Máxime tras haber apoyado con ardor a Moix una vez trascendieron sus vínculos con un país que en la práctica permanece instalado en el continente de los paraísos fiscales. Todos coinciden también en que el peso de lo sucedido con Moix le ha obligado a aceptar a un candidato que no era el suyo –Luzón ya concurrió a la plaza en febrero– y por el que días atrás ya se había decantado el principal aliado natural del fiscal general del Estado, la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales. Aunque algunos sostienen que Maza patrocinaba ahora a la fiscal Ángeles Montes, fiscal del Supremo, la mayoría de las fuentes a las que este diario ha pedido opinión coinciden en que no les consta que tal afirmación se corresponda con la realidad.

Fiscales de distinto signo ideológico pulsados por infoLibre coinciden en observar en Luzón dos factores esenciales y ligados entre sí: que no solo es honesto a carta cabal sino difícilmente manejable . Uno de los sondeados expresa así su posición: "Lo que diga Alejandro va a misa se esté de acuerdo o no con él, porque si dice algo es porque firmemente cree que es lo correcto y no cabe la menor sospecha de que le guíe un interés espurio". "Es adusto y un poco soberbio pero, sin duda, es un buen fiscal", opina otro de los tanteados.

En su Plan de Actuación, Luzón promete ejercer la portavocía de Anticorrupción de forma transparente, con "discreción" y evitando "las llamadas filtraciones". Y hace una declaración de "lealtad" a Maza: "el Fiscal Jefe Anticorrupción –dice el texto– debe mantener, por lo tanto, una permanente comunicación con el Fiscal General del Estado, basada en la lealtad, informándole con la máxima diligencia del desarrollo de aquellas investigaciones y procedimientos que revistan importancia o trascendencia, ya sea jurídica o mediática". "Cabe decir –agrega más adelante– que, en realidad, el fiscal general del Estado es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción".

Por la jefatura de Anticorrupción competían seis candidatos. Además de Luzón y los ya citados Pedro Crespo y Ángeles Montes esperaban ser elegidos otros tres fiscales: Teresa Gálvez (caso Púnica) y Antonio Romeral (papeles de Bárcenas), ambos destinados en Anticorrupción; y el exfiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, propondrá al Gobierno el nombramiento como nuevo fiscal jefe Anticorrupción de Alejandro Luzón, quien ha obtenido el respaldo mayoritario del Consejo Fiscal. Se trata de un veterano fiscal –ingresó en la carrera en 1989– con veinte años de experiencia en este departamento hasta que hace dos años fue designado como número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

La candidatura de Luzón ha sido analizada por el Consejo junto a la de otros seis candidatos que optaban a sustituir a Manuel Moix, quien dimitió el pasado 1 de junio. El nuevo fiscal jefe Anticorrupción obtuvo un total de 8 de los votos del Consejo, al ser apoyado por los seis consejeros que representan a la conservadora asociación de fiscales y también por el fiscal jefe de Inspección y el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que son miembros natos de este órgano de carácter consultivo.

El fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo en el alto tribunal y actual jefe de Moix, Pedro Crespo, obtuvo el voto de los tres consejeros de la Unión Progresista de Fiscales; mientras que María Ángeles Montes, fiscal del Supremo que según algunas fuentes era en principio la favorita de Maza no ha obtenido ningún apoyo.

El fiscal general se comprometió al inicio de su mandato a no proponer el nombramiento a la cúpula fiscal de ningún candidato que no hubiera obtenido al menos un voto en el Consejo Fiscal. Nacido en Madrid, en 1964, Luzón ingresó en la carrera fiscal en 1989. Su primer destino fue la Audiencia Provincial de Toledo y tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 1995 fue designado a la Fiscalía Anticorrupción, donde permaneció destinado durante veinte años.

Con fama de serio y reservado, pero eficiente, en dicho departamento ha trabajado en casos de especial relevancia mediática como el caso Bankia que está a punto de enjuiciarse y otros como el que juzgó al director general de la Guardia Civil Luis Roldán o los conocidos como Afinsa, Occidental Hoteles, Alierta, Eurobank, Huarte o Fondos Reservados en el que se condenó a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González.

La salida de Moix se precipitó tras conocerse, mediante una exclusiva del diario digital infoLibre, que desde 2012 es dueño junto a sus hermanos del 25 por ciento de una empresa offshore en Panamá –Duchesse Financial Overseas– constituida en 1988 y dueña de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).

Tras su breve paso por el puesto, que se limitó a 87 días, Luzón ocupará la plaza que, durante 13 años y hasta el pasado mes de octubre, ocupó Antonio Salinas. Tras la renuncia de Moix, se volvió a la situación de este otoño, en la que el departamento es dirigido en funciones por la teniente fiscal Belén Suárez.

Otros nombramientos

Además del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Maza propondrá al Consejo de Ministros otros nombramientos que han sido discutidos también en el Consejo Fiscal. Así, se designará a Susana Landeras para la plantilla de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Otros nombramientos son: teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Castilla y León Emilio Fernández Rodríguez, actual Fiscal Jefe de León; para la Jefatura de Málaga renueva el actual fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero; la fiscal jefe del Área de Granollers será Gloria García Palomo, quien también renueva; el fiscal Jefe del Área de Ferrol seguirá siendo Miguel Armenteros León e igualmente renueva para fiscal jefe del Área de Móstoles Margarita Rossignoli Arriaga.

El teniente fiscal Alejandro Luzón, que ha mantenido su petición al tribunal de que imponga la pena de seis años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y de cuatro años y medio para su sucesor y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha acusado a los procesados de haber creado con las tarjetas black un sistema "depredador" que ha permitido una "actitud muy próxima al pillaje y a la rapiña".

Luzón, al leer este párrafo fue interrumpido por las protestas de los procesados, por lo que tuvo que reiterar de nuevo esta conclusión: "Próxima, insisto, al pillaje y a la rapiña", completó Alejandro Luzón, que se refería a los que habían utilizado la tarjeta cuando ya no formaban parte del consejo de administración.

En su escrito, el fiscal ha aludido al correo electrónico en el que el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre habla de las tarjetas "black a efectos fiscales". "Consta que Blesa lo abrió y lo contestó a otro destinatario y no hace correcciones", ha asegurado Luzón, que desmontaba de esta forma la declaración del expresidente de Caja Madrid en la que aseguraba que no había abierto el mensaje.

"Les parecían escasas"

Alejandro Luzón explicó que las tarjetas se crearon porque "las retribuciones les parecían escasas", y que los acusados no tenían intención de regularizar el pago con las black: "La ley no permitía otras retribuciones y las cajas no eran sociedades mercantiles y no tenían ánimo de lucro, por ello el consejo de administración estaba formado por órganos representativos de la sociedad".

De esta forma, el representante del Ministerio Público acusa a los procesados de haber creado "un sistema depredador" en el que los miembros de los órganos de gobierno "querían cobrar como profesionales". Y como ejemplo de esta forma de actuar, Luzón aludió a un correo electrónico de 23 de febrero de 2005, adelantado por infoLibre, en el que Sánchez Barcoj le dice a Blesa: "Disfrutemos por si algún día llegan las vacas flacas".

Pero Luzón también desmontó la intención de uno de los procesados, en concreto el directivo Mariano Pérez Claver, que aseguró que las tarjetas eran de uso frecuente en la banca: "Tanto Verdú como Azaola, que trabajaron en el BBVA y en el Banco Guipuzcoano, negaron que en esos bancos se utilizasen esas tarjetas".

Complemento ilegal

Para Luzón, existen dos posibilidades que explicarían el uso de las tarjetas: "Si es un complemento retributivo era ilegal, ya que no tenía el amparo del consejo de administración, porque lo hacían de forma subrepticia. Y si eran gastos de representación, la utilización de la misma habría sido contraria a lo autorizado por la caja".

Fue en ese momento de su intervención ante el tribunal cuando Luzón dijo la frase que provocó las protestas de los procesados, al calificar la forma de actuar de los mismo como "una actitud muy próxima al pillaje y a la rapiña. Estas tarjetas retributivas no tenían amparo en la ley, y la entidad no le daba tratamiento de una retribución", al mismo tiempo que se evita "interna y externamente que se conozcan", al haber, completa el fiscal, "una clara voluntad de ocultar estas ilegales disposiciones"

El fiscal reclama además cuatro años de ingreso en prisión para José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez-Ponga, Antonio Romero, José María de la Riva, Rodolfo Benito, José María Arteta Vico, Gonzalo Martín Pascual, Mercedes Rojo, Gonzalo Martín Pascual, Francisco José Moure, Jorge Gómez Moreno, Juan José Azcona, Gerardo Díaz Ferrán, Daría Fernández Yruegas y Pedro Bedia.

Otras de las penas reclamadas por el teniente fiscal son tres años para José Manuel Fernández Norniella y dos años y seis meses para Ildefonso Sánchez Barcoj, Ricardo Romero de Tejada, Ramón Espinar, Alberto Recarte, Jesús Pedroche, Ignacio de Navasqüés, Luis Blasco Bosqued, Pablo Abejas, Rubén Cruz, Antonio Rey de Viñas, Antonio Cámara, María del Carmen Cafranga, Javier de Miguel, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, Juan Gómez Castañeda, Francisco José Peréz, Miguel Ángel Abejón, Cándido Cerón, Fernando Serrano, Alejandro Couceiro y José Acosta.

Virgilio Zapatero

A Rafael Torres Posada, José María Buenaventura Zabala y Beltrán Gutiérrez dos años de cárcel; y a Juan Emilio Iranzo, Miguel Corsini y Jorge Rábado un año de prisión.

Por su parte, Luzón destacó la decisión del exministro del PSOE Virgilio Zapatero de devolver una parte del dinero antes de que se le acusara.

Por su parte, el letrado en el juicio de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, ha adelantado su intención de mantener la pena solicitada desde un primero momento. Seis años para Rato, Blesa y los otros responsables de la emisión de las tarjetas: Ildefonso Sánchez Barcoj y Enrique de la Torre, por los delitos de administración desleal y apropiación indebida; y cuatro para el resto de procesados.

El juicio sobre el gasto injustificado de 65 exdirectivos y exconsejeros de más de 12 millones con las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, entre los que se encuentran los expresidentes de estas entidades Miguel Blesa y Rodrigo Rato, va camino de su última fase: la de petición definitiva de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de las acusaciones particulares (Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario) y de la popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

Pero también, presumiblemente, los abogados defensores de los procesados reclamarán a los magistrados que componen el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en concreto la presidenta Ángela Murillo, la ponente Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, la absolución de sus clientes o penas inferiores a las reclamadas por las acusaciones.

infoLibre ha hablado con tres procesados, acusaciones y letrados defensores para conocer su opinión del juicio, que comenzó el pasado 26 de septiembre y que podría estar visto para sentencia antes de que finalice 2016.

El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal trata de dirimir si los acusados incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por el uso que hicieron de sus plásticos, entendidos para Caja Madrid y Bankia como modos de pago para gastos de representación.

Fuentes de las acusaciones han asegurado a esta redacción que en estos momentos, y tras la declaración de todos los procesados y de los peritos, se impone una reflexión que llevará consigo una "modulación" de las penas reclamadas a los consejeros no ejecutivos, algo que no está previsto sea extensible a los considerados responsables de la emisión de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia.

Los expresidentes

Estos participantes del juicio coinciden en apuntar a una posible condena elevada de los responsables ejecutivos de las entidades financieras, así como del entonces secretario general. En concreto, serían los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato; el consejero José Manuel Fernández-Norniella; el secretario general Enrique de la Torre y el director general de Medios Ildefonso Sánchez-Barcoj.

El letrado Antonino Daza, del despacho Jurado Abogados que defiende a la exdiputada del PSOE en el Congreso Enedina Álvarez, llama la atención sobre la dificultad de probar que su clienta y el resto de consejeros no ejecutivos de Caja Madrid cometieron un delito de apropiación indebida. "Es complicado, pero un caso diferente es el de los presidentes y algunos directivos. Lo que parece claro es que todos tendrán que devolver el dinero que gastaron al ser considerados partícipes a título lucrativo".

Y como prueba de esta complejidad, este letrado argumenta que los testimonios de los peritos de Bankia no cambian lo que para él es la realidad: "El delito de apropiación indebida es muy difícil de probar porque le han dado una tarjeta y le permitieron utilizarla. Pero un delito de apropiación indebida significa que alguien se ha llevado algo sin que el afectado se entere", explica el abogado del despacho Jurado Abogados. 

Administración desleal

Otra cosa diferente es, según este letrado, la posible condena por el delito de administración desleal de los consejeros ejecutivos: "Ellos sí tenían poder para permitir el funcionamiento de las tarjetas, y yo creo que todos los abogados que hemos estado en el juicio coincidimos en que una solución bastante ecuánime sería no forzar el tipo de la apropiación indebida, que es un delito muy complicado de probar ya que les dieron una tarjeta y les dijeron que la podían usar. Pero de ahí a decir que has robado, es muy difícil. Lo que se oye hablar a todos es que los jueces no van a forzar el tipo de apropiación indebida para los consejeros no ejecutivos, aunque les condenen a que devuelvan el dinero, y por el contrario que condenen por administración desleal a los consejeros ejecutivos, que fueron los que permitieron la existencia de las tarjetas".

Un directivo procesado, que prefiere no dar su nombre en esta información, circunscribe únicamente la posible condena por un delito de administración a Rodrigo Rato, ya que en su etapa sí había una limitación impuesta por el ministro de Economía Luis de Guindos, que impedía que los directivos de las cajas rescatadas cobraran más de 600.000 euros. "Y esta tarjeta podía hacer que superaran esta suma sin conocimiento de las autoridades. Pero habría que tener en cuenta que el delito de administración desleal se debería atribuir a todos los administradores, que eran los consejeros, y no sólo al presidente Rato", advierte este procesado, que abandonó su empleo en Caja Madrid con la salida de Blesa.

Por su parte, el presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Gonzalo Postigo, que ejerce la acusación popular en el caso de las black y en el caso Bankia alaba la "solidez" de los peritos de KPMG que ratificaron en una de las sesiones del juicio su dictamen pericial, avalando el previo informe de auditoría interna de Bankia y las famosas hojas Excel con los gastos de las tarjetas que dieron origen a la denuncia enviada a la Fiscalía Anticorrupción.

"Estuvieron muy sólidos, pese a la intervención de algunos de los abogados defensores, que en sus preguntas fueron más allá de lo que es verdaderamente correcto", ha explicado Postigo, que encabeza un sindicato que ejerce la acusación popular en casos tan llamativos como Caja Inmaculada (CAI) o Caixa Catalunya, en el que está imputado el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra.

Postigo prefiere no avanzar el sentido del escrito de acusación que presentará su letrado en el juicio, Andrés Herzog, cuya denuncia en nombre de UPyD dio inicio al caso Bankia y a la pieza separada de las tarjetas black. Sin embargo, considera evidente que hay pruebas suficientes para condenar a todos los procesados, y especialmente a los "autores intelectuales del delito".

"No eran de representación"

Este sindicalista está convencido de que en el juicio se ha demostrado que los gastos de las black no eran de representación: "Lo que tenemos claro es que para los sindicalistas no vamos a reducir la petición de penas ya que consideramos que también han podido cometer un delito contra la libertad sindical y eso no lo perdonamos". Postigo destaca especialmente al papel desempeñado por dos de los procesados, Francisco Baquero y Pedro Bedia. Éste último fue uno de los sindicalistas que firmó el convenio marco de las cajas de ahorros.

Por su parte Andrés Herzog, que en su escrito de acusación reclamó diez años de cárcel para Rato, Blesa y Sánchez-Barcoj, y seis para los otros imputados, de forma indistinta, aunque no descarta hacer alguna modulación de las mismas en función de las diversas circunstancias concurrentes, algo que ya hicieron en sus escritos de acusación las restantes acusaciones particulares, el Frob y Bankia: "Habrá tiempo de matizar, en su caso, en el escrito de conclusiones definitivas". Las acusaciones, de forma generalizada, consideran factible que las penas se vayan "modulando". Y eso pasa porque un número de personas podrían ser condenados a penas inferiores a las de los máximos responsables, como por ejemplo los expresidentes.

Herzog llama por ello la atención en el papel que desempeñaron los consejeros ejecutivos, como por ejemplo los expresidentes de las entidades: "Evidentemente habrá una penalidad mayor para el presidente. En nuestro caso, nosotros defendemos que los presidentes eran los que tenían el máximo ámbito de decisión. Ellos habrán podido cometer dos delitos, administración desleal y apropiación indebida, por lo que ahí podría haber una diferencia entre las penas más elevadas de este grupo y el resto. Pero yo, tal y cómo ha ido el juicio, creo que serán todos condenados".

Sin embargo, fuentes del caso argumentan que algunos de los procesados podrían no ser condenados. Se trataría en concreto de los exconsejeros e integrantes de la comisión de control, que realizaron gastos modestos con sus tarjetas, y que han defendido que eran gastos de representación. Este sería el caso, al menos, de Rafael Torres Posada que ha presentado un informe pericial que reconoce que ha realizado 8.000 euros en gastos personales.

"Contradicciones" de las acusaciones

Las mismas fuentes explican que estos procesados "van de una forma más abierta", y eso podría tener un efecto positivo para estos consejeros. Andrés Herzog, preguntado por infoLibre sobre este caso, prefiere no adelantar los acontecimientos, aunque sí explica cómo va, según su opinión, el juicio: "Ha ido muy bien para las acusaciones ya que los procesados han mostrado numerosas contradicciones". 

Sin embargo, la opinión de al menos tres de los procesados, uno de ellos un ex consejero ejecutivo, que prefieren no identificarse, va en sentido contrario a la de Herzog. Consideran que durante el juicio se ha demostrado que las tarjetas black se crearon en la etapa de Jaime TerceiroJaime Terceiro como presidente, y que se mantuvieron hasta la salida de Rodrigo Rato en 2012. Además, aseguran que era una retribución.

Por su parte el letrado de la acusación de la CIC Andrés Herzog, hace hincapié "en la incoherencia" que muestran los procesados cuando aseguran que sus gastos con las black eran en realidad unas retribuciones "de libre disposición", pero sin embargo se empeñan en cuestionar algunos de los apuntes de las hojas facilitadas por Bankia. "Si es retributiva te lo gastas en lo que quieras, ¿entonces para qué dan tantas explicaciones?", se pregunta el abogado.

La hoja Excel

Herzog se refiere en concreto a la exposición realizada en el juicio por un consultor de ciberseguridad, que cuestionó la veracidad de los datos que incluye la hoja Excel aportada como prueba por Bankia y en la que se desglosa el gasto que los acusados hicieron con sus tarjetas.

David Amizcoz, experto en consultoría de medio de pagos compareció a propuesta del exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, y precisó que no se podía garantizar la integridad de la información en el proceso de volcado de datos.

El letrado Herzog también rechaza la supuesta importancia de otra prueba que para los acusados es "fundamental". El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo aceptó como prueba dos documentos de 1988 y 1992 que hacen referencia al contrato sobre la entrega de las visas y que, en opinión de las defensas, acreditaría que éstas se crearon no sólo con la finalidad de cubrir gastos de representación sino que también podrían ser utilizadas "en concepto de compensación por el ejercicio de su función".

En concreto se trata de una carta dirigida a una exconsejera en la que se indica que le van a facilitar el PIN de la tarjeta, algo que el expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro declaró que no pasaba en su etapa: "Eso no prueba nada, y aunque fuera verdad, lo única conclusión a lo que nos llevaría es que Terceiro se equivocó cuando dijo que las tarjetas no tenían PIN. ¿Y qué? eso no cambia la naturaleza de las tarjetas, destinadas a gastos de representación. ¿Quieren con ello concluir que Blesa no las creó y en su origen eran ya tarjetas retributivas? Es mucho imaginar y, aunque fuera cierto, eso no te exime de responsabilidad. Rato tampoco ideó este sistema y no ha dejado de estar acusado. Han buscado enfangar a Terceiro, pero la realidad es que él no está sentado en el banquillo ni ha sido imputado", relata el letrado del sindicato que ejerce la acusación popular.

"Somos muy optimistas"

Este periódico también ha conversado con uno de los consejeros no ejecutivos que más dinero gastó con su tarjeta de Caja Madrid y que prefiere no identificarse. Él, asegura, recoge la opinión de varios de sus excompañeros en el consejo de administración: "Somos muy optimistas para los no ejecutivos. Lo que nos dicen los abogados es que en nuestro caso no acaba de sustanciarse un motivo de causa penal, aunque sí podría haber faltas administrativas en varios terrenos".

Para este procesado, en el juicio se ha comprobado que las tarjetas "venían de atrás. Y eso queda probado. No hubo una ruptura con la entrada de Blesa, es decir, no se cambió de la justificación de los gastos de empresa a un sistema de libre disposición. Eso se ha contradicho con todas las evidencias y con dos documentos que han aparecido de la fundación Caja Madrid", explica este exconsejero en referencia a la prueba que el abogado de la acusación Andrés Herzog considera "de escasa importancia".

Por el contrario, este exconsejero sostiene que estas cartas que se mandaron a dos consejeras que habían tomado posesión del cargo de forma tardía "derrumba todo el argumento de Terceiro y que no se sostenía. Han aparecido una serie de datos que apuntan en esa dirección, que las tarjetas ya existían en la época de TerceiroTerceiro", completa el exconsejero no ejecutivo de Caja Madrid.

"Responderán los presidentes"

"A partir de ahí está claro que el sistema era lícito, pero si no lo era, los que tendrán que responder serán los presidentes, Sánchez Barcoj y De la Torre", resalta este procesado, que considera probado que el sistema de pago ya se había creado antes de la llegada de Miguel Blesa, a quién apunta, no obstante, como el responsable junto al secretario general, Enrique de la Torre, de velar por el cumplimiento normativo y regulatorio de las cajas de ahorros. "Los consejeros mandataron al presidente y al secretario general, como es habitual, para que garantizara el pleno desarrollo de la normativa vigente".

Uno de los directivos procesados, que al igual que el consejero anterior prefiere no dar su nombre, también considera probado que las tarjetas, tal y como se conocen en la actualidad, se crearon en la presidencia de Terceiro: "Y ya desde entonces eran de representación y de compensación de gastos, por lo que no hubo una modificación en la época de Blesa".

Pero este directivo aporta una diferencia más. La que existía, según su versión, entre los directivos, como él, que disponía de una tarjeta remuneratoria, que formaba parte de su salario, y los consejeros, que tenían únicamente una Visa destinada sólo a gastos de representación.

"Chivo expiatorio"

infoLibre también ha conversado con uno de los exconsejeros ejecutivos que se sientan en el banquillo de los acusados, que asegura que las 65 personas procesadas se han convertido en un "chivo expiatorio": "En la perspectiva de hoy nuestra forma de actuar puede ser criticable, pero hace 30 años todo eso se hizo con todos los sacramentos. En el juicio se ha demostrado que no somos unos delincuentes".

Este exconsejero critica, especialmente, la intervención del único exconsejero ejecutivo de Bankia que no está procesado, Francisco Verdú, porque no llegó a utilizar su tarjeta: "Es increíble que diga que tenía una tarjeta y que no la usó, lo que tendría que haber hecho era denunciar al consejo de administración esa irregularidad. No, pero lo que hizo fue guardarse esa irregularidad, al mismo tiempo que no entregó la tarjeta hasta que no se fue Rodrigo Rato, en mayo de 2012".

En cuanto al juicio, este exconsejero ha resaltado que uno de los peritos, al que calificó de independiente, ha explicado que la retribución a directivos con tarjetas de crédito no es habitual, pero sin embargo no era desconocido. Al mismo tiempo, sostiene que nunca podría ser condenado por administración desleal, porque en el consejo de administración "nunca se trató el caso de las tarjetas".

La declaración como testigo del expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro en el juicio de las tarjetas black ha puesto de manifiesto que la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de la entidad financiera fue el resultado de un pacto entre el Partido Popular de José María Aznar y el sindicato Comisiones Obreras, que restó poder a los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros, lo que a juicio de este directivo estaría en el origen de la crisis de Caja Madrid y Bankia.

A preguntas de uno de los abogados de las defensas, Terceiro, que fue presidente ejecutivo de Caja Madrid entre enero de 1988 y el 10 de septiembre de 1996, calificó el pacto entre el PP y CCOO, que en 1996 estaba presidida por José María Fidalgo, como el "paradigma del mal gobierno corporativo de las cajas", ya que fue hecho "a espaldas" de los organismos de gobierno.

El pacto, que se llevó a cabo cuando la máxima responsable de CCOO en la banca era María Jesús Paredes, cuya pareja, Francisco Baquero, es uno de los procesados por haber gastado 266.433 euros con su black, propició la llegada de Blesa, que contaba con el respaldo de José María Aznar, entonces presidented el Gobierno. Según Terceiro, el acuerdo entre el PP y CCOO condicionaba la política de inversión, la política salarial de los empleados, e incluso llegaba a decir que "a determinado sindicato había que hacerle hueco dónde no lo tenía".

Deliberación entre CCOO y el PP

El expresidente de Caja Madrid también aseguró que el acuerdo, al que después se unió Izquierda Unida, también propició la reforma de los estatutos. "Al final se acordó que todos los nombramientos tenían que ser consultados y deliberados entre ese partido político y el sindicato, previamente a someterlo a los órganos de gobierno", resaltó el testigo este lunes en la Audiencia Nacional.

Además, ese pacto se fraguó entre CCOO y el PP, entonces dirigido por José María Aznar, amigo de Miguel Blesa, sin que se llegara a aprobar en los órganos de Gobierno. "Hoy estamos ante un determinado tratamiento del uso de tarjetas que nunca se aprobó en los órganos de gobierno, pero hay un antecedente. No lo digo yo, lo dicen los más famosos especialistas en gobierno corporativo, y no sólo en España, que aseguran que el pacto es el paradigma del mal gobierno que nos llevó después, como todos sabemos, a la situación de insolvencia que todos conocemos", completó Terceiro.

El acuerdo, de carácter secreto, fue recogido en ocho folios, que firmó el entonces secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada, con el entonces secretario de Política Institucional de CCOO-Madrid, Javier López, que llegó a ser secretario general de esa organización sindical en la Comunidad de Madrid. Romero de Tejada es uno de los procesados por gastar 212.216 euros con su black.

Este pacto propició la llegada de José Antonio Moral Santín (IU), que gastó 456.422 euros con su tarjeta, y que llegó a ser vicepresidente de la entidad financiera. También fue nombrado vocal del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), considerado la matriz de Bankia, pero que según los inspectores del Banco de España se trataba en realidad de un banco malo con el que Rodrigo Rato y el resto de directivos trataban de desprenderse de los activos tóxicos de Caja Madrid y Bancaja.

Origen de la dimisión

Además, y siempre según las versión de Terceiro, el pacto entre CCOO y el PP estuvo también en el origen de su salida de la presidencia de la entidad financiera madrileña.

En este sentido, Terceiro destacó que la renovación a consecuencia del acuerdo en el seno de la caja fue "tan profunda" que pese a que había sido elegido presidente por unanimidad cuatro meses antes "se me invitó a que me marchara. Bien es cierto que con la generosidad por parte del Gobierno central a ofrecerme la presidenciade empresas públicas", completó el testigo.

"El vicepresidente económico de entonces, hoy sentado en esa mesa [Rodrigo Rato, en el banquillo de los acusados] me llamó a su despacho y me ofreció la presidencia de una gran empresa española para que dejara la Caja libre. Yo tenía que esperar a que se formara una nueva mayoría, como así fue, y entonces presenté mi dimisión el 10 de septiembre", relató el expresidente de Caja Madrid, que después especificó que la oferta era para dirigir una empresa pública.

"Y le dije que la Caja no era moneda de cambio", continuó Terceiro, que resaltó que se intentó "por diversos conductos" que aceptara los términos del pacto entre el Partido Popular y Comisiones Obreras: "Y obviamente no lo aceptaba, sólo di una entrevista en la prensa nacional en mi vida y por aquel entonces dije que yo sería incapaz de dirigir la caja con ese pacto y con esas condiciones", resaltó Terceiro

La última jornada de las declaraciones de los procesados en las tarjetas black ha supuesto un importante golpe para la estrategia de los exconsejeros a propuesta de los partidos políticos y sindicatos, que se enfrentan junto a los directivos a una acusación de delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal y para los que la Fiscalía Anticorrupción reclama entre uno y seis años de cárcel.

Uno de los imputados clave, en concreto el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, ha asegurado en su testimonio ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que los consejeros sabían que la tarjeta que se les entregaba era para gastos de representación y no eran parte de su sueldo.

"Por su cualificación, los miembros del consejo sabían mejor que yo lo que era una tarjeta de gastos de representación. Creo que algún consejero, la señora Rojo y don Rodolfo Benito, cuando les di la tarjeta y les dije que era para gastos de representación me dijeron que qué se entendía por eso. Se lo expliqué de manera descriptiva: almuerzos, libros..., pero siempre relacionado con la actividad de la empresa y la actividad de consejero", declaró De la Torre, a preguntas del fiscal Alejandro Luzón. Sin embargo, según esta versión del caso, los directivos como el propio De la Torre sí disponían de una tarjeta retributiva, cuyas cantidades se incluían en el certificado de haberes y retenciones que le enviaba Caja Madrid para hacer la declaración de la renta.

"Éramos empleados"

Este testimonio de De la Torre, una de las personas de la máxima confianza del entonces presidente Miguel Blesa hasta su salida de la caja en 2009, rompe la estrategia de la mayor parte de los consejeros que habían sido nombrados por los partidos y los sindicatos y que en sus declaraciones han asegurado que el dinero que gastaron con la Visa era una parte de su sueldo. "La diferencia es que los directivos éramos empleadosdirectivos . Había un control para esos gastos más riguroso, más cercano, que con los consejeros", se justificó De la Torre.

Esta versión de los hechos coincide con la primera interpretación que hizo el propio fiscal del caso, que en un principio sólo dirigió la acusación contra los consejeros. Pero la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de procesar también a los integrantes del comité ejecutivo obligó a Luzón a incluir también a estos directivos, que han acabado sentados en el banquillo de los acusados.

Alejandro Luzón también preguntó a De la Torre por el correo que envió a Jesús Rodrigo, su sustituto en la caja en 2009, poniendo en copia a Miguel Blesa bajo el epígrafe de "Confidencial" y en el que se hacía mención a las tarjetas black a efectos fiscales.

"Neutrales a efectos fiscales"

Al respecto, De la Torre dijo que esa expresión hacía referencia a que las Visa no tenían repercusión alguna en el IRPF de los consejeros porque no eran entendidas como retribución, sino como gastos de representación. "Yo ya no era secretario del consejo, por lo que el correo no está escrito con el formalismo que habríamos utilizado en un informe como secretario general. Black a efectos fiscales significa a que eran neutrales a efectos fiscales. Que eran gastos de empresa asumidos por la caja y no tenían repercusión en el IRPF de los consejeros. Eran gastos de representación asumidos por la caja como gastos de empresa y deducidos en el Impuesto sobre Sociedades", completó el ex secretario general de Caja Madrid.

El nombre de Enrique de la Torre aparece también en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Madrid contra Blesa y otros directivos por los sobresueldos presuntamente irregulares de 13,5 millones a varios cargos de Caja Madrid. De esa cifra, Anticorrupión resaltó los 2.730.000 euros cobrados por Blesa y los 2.890.000 percibidos por De la Torre.

Tras finalizar las declaraciones de los procesados, esta martes comienza el turno de una treintena de testigos, entre los que se encuentra el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que se negó a utilizar la Visa por considerarla una mala práctica bancaria, o el director de auditoría interna de la entidad Iñaki Azaola.

"Mala praxis bancaria"

La novena sesión del juicio comienza este martes con la declaración de Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia y una de las cuatro personas, junto con Esteban Tejera, Íñigo María Aldaz –ambos citados también como testigos– y Félix Manuel Sánchez Acal, que rechazó emplear el plástico por considerarlo, según él mismo dijo, "una mala praxis bancaria".

El interrogatorio de Verdú tiene especial interés puesto que su nombre ha salido a relucir durante las declaraciones de algunos encausados como el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el entonces director de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, que declararon que en realidad Verdú no rechazó la tarjeta cuando se la entregaron ni insinuó que podía no ser adecuada. Sin embargo, el representante del Ministerio Público utilizará el testimonio del exconsejero delegado para demostrar que las tarjetas eran opacas.

A propuesta del Ministerio Público y de Bankia –que ejerce la acusación particular– está llamado a declarar el predecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, a quien muchos de los procesados han señalado como creador de las Visa. En su intervención ante el tribunal que preside Ángela Murillo, algunos encausados, como el propio Blesa, se remitieron a la puesta en marcha de esta práctica aprobada en un consejo de 1988, bajo el mandato de Terceiro.

Sin embargo, Terceiro prestará declaración ante el tribunal en noviembre, según ha anunciado la presidenta del tribunal, Ángela Murillo. Será entonces cuando el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, vuelva a interrogar al que fuera presidente de la caja entre 1988 y 1996 si las tarjetas se otorgaron en calidad de gastos de representación o como un complemento retributivo.

infoLibre se ha dirigido a una portavoz del BBVA, que no ha respondido a la pregunta de si Pérez Claver dijo la verdad o no cuando alegó ante el tribunal que había utilizado en el grupo BBV una tarjeta idéntica a la black de Caja Madrid por la que está siendo juzgado.

Pérez Claver ha sido uno de los exdirectivos y exconsejeros que han declarado en la séptima jornada de la vista oral que se celebra en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga a 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia, entre ellos Miguel Blesa y Rodrigo Rato, por el gasto presuntamente fraudulento de 12 millones de euros con tarjetas opacas a la Agencia Tributaria.

Andrés Herzog. 

Durante su turno de palabra, Mariano Pérez Claver, que ha sido uno de los pocos procesados que ha respondido a las acusaciones, ha explicado que su tarjeta no era un complemento sino una retribución. El exdirectivo gastó 379.513 euros según se desprende del escrito de la Fiscalía, que pide para él dos años de prisión y multa de 63.000 euros.

Tarjeta remuneratoria

En concreto, Pérez Claver se refirió a la black como "una tarjeta remuneratoria" de similares características a la que disponía en 1992 antes de entrar en Caja Madrid: "Esto no es un invento de Caja Madrid yo tenía una tarjeta profesional. Yo tenía una tarjeta retributiva antes de incorporarme a Caja Madrid en la entidad anterior dentro de mi atribución".

Pero después de esta declaración, el abogado de la acusación popular Andrés Herzog pidió a este exdirectivo que especificara qué tipo de gastos podía realizar con esta Visa: "Gastos de libre disposición, para pagos no ordinarios para mi economía familiar cuando lo pueda necesitar, dinero...", dijo Pérez Claver, que explicó que con esta tarjeta no necesitaba pedir anticipos: "No tenía límite mensual, yo tenía un límite anual. Era un complemento".

"Se ha querido ver en mí una culpabilidad por una conducta diferenciada", ha dicho y ha agregado que tanto la entidad nacionalizada como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le reclaman cantidades que no se pueden pedir "ahora".

"La muerte de Manolete"

"Como algunas cajas han caído en España, se ha demonizado la visión de los profesionales y como Blesa es de Linares, hoy se nos acusa incluso de la muerte de Manolete, pero creo que no hay un derecho legítimo a reclamar", ha concluido a preguntas de las partes.

Pero Pérez Claver también ha justificado el pago parcial de un coche con la black, y para ello se ha referido a un correo electrónico remitido el 26 de febrero de 2009 en el que le dice al entonces director general de Medios de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, que pagara las letras de un coche con la tarjeta: "Los coches siempre me han gustado mucho...", explicó Pérez Claver, que fue interrumpido de inmediato por el fiscal Luzón que dijo: "No tiene por qué extenderse".

Enrique Ossorio

Por su parte, el exjefe de gabinete del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid José María Buenaventura ha explicado durante su declaración en el juicio por el uso fraudulento de las black que el entonces viceconsejero de Hacienda y en la actualidad portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, le habló de la existencia de una tarjeta antes de que él entrara en Caja de Madrid en calidad de representante del gobierno regional.

Este jueves también ha declarado el exgerente del PP de Aguirre Beltrán Gutiérrez, que formó parte de la comisión de control de Caja Madrid, y para el que la Fiscalía pide dos años de prisión y una multa de 63.000 euros.

"Resarcir el  daño"

Gutiérrez, al igual que la mayoría de procesados en el caso, ha explicado que tras destaparse el escándalo realizó una declaración complementaria en Hacienda para regularizar los gastos "solicitando todos los aplazamientos que he podido y estoy pendiente de que este tribunal decida".

A preguntas de su abogado, Beltrán Gutiérrez también ha argumentado que consignó las cantidades que solicitaba el Ministerio Público como eventual responsabilidad civil: "He depositado la cita que indica el Ministerio Fiscal. Lo he consignado para resarcir el daño", completó el exgerente del PP madrileño antes de negar haber cometido cualquier "ilícito".

Beltrán Gutiérrez Moliner. 

Beltrán Gutiérrez también está investigado en la operación Púnicaoperación Púnica en relación a la agenda morada de Francisco Granados, en la que se apuntaban presuntamente los ingresos en B del PP de Esperanza Aguirre, según declaró el arrepentido David Marjaliza.

Matías Amat

El exdirector general de Negocios de Caja Madrid, Matías Amat, ha precisado que el presidente de la entidad entre 1996 y 2010, Miguel Blesa, fue el que le entregó la tarjeta black en el año 1999 entendida como un instrumento de libre disposición y un "complemento retributivo adicional".

Matías Amat (i). 

Amat ha relatado, a preguntas del fiscal Luzón, que gozó de dos tarjetas, una de gastos representación "que se tenía que justificar", y otra personal de la que se le recalcó que era un complemento retributivo con un límite "que no se podía pasar".

Los procesados Cándido Cerón, Fernando Serrano y Alejandro Couceiro también han explicado que acataron las consignas otorgadas por la caja sobre el uso de los plásticos y que por tanto fueron prudentes en los gastos que cargaron, ya que no sobrepasaron el límite establecido, que era diferente para cada uno.

A las preguntas de las partes los tres exdirectivos han insistido que, al entregarles la tarjeta, se les explicó que no tendrían que aportar justificación de los gastos, ni devolver ninguna cantidad.

A preguntas del fiscal los exaltos cargos –a los que como al resto de los 62 encausados se les juzga por un presunto delito continuado de apropiación indebida y administración desleal en el uso de estas tarjetas– han recalcado que cargaron gastos relacionados con la función de su actividad en Caja Madrid.

"Cabezas de turco"

El exmiembro de la comisión de control Rafael Eduardo Torres Posada ha lamentado que se hayan convertido, según su declaración, en "cabezas de turco" y, al igual que el resto de encausados, ha endurecido sus críticas contra Bankia, que ejerce la acusación particular.

Torres Posada junto con Francisco José Pérez Fernández y Miguel Ángel Abejón, también miembros de esta comisión, han respondido que recibieron la Visa de manos del entonces vicesecretario general del consejo de administración de Caja Madrid, Vicente Espinosa.

Pero el plato fuerte del juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en el que permanecen 65 personas procesadas por gastar de forma ilegal, según el fiscal Alejandro Luzón, más de 12 millones de euros, fueron los exdirigentes de CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de la patronal madrileña (CEIM) Arturo Fernández.

Luzón, que interpeló primero a Arturo Fernández, empresario de la restauración propietario de la firma Cantoblanco, se interesó por el motivo por el que el concuñado de Fernández, el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, gastaba cantidades fijas con la tarjeta en sus restaurantes: "¿Esos cargos responden a comidas o una suerte de financiación y acuerdo con Díaz Ferrán?", preguntó el representante del Ministerio Público a Arturo Fernández.

Desayunando en los calabozos

El letrado de Díaz Ferrán reclamó entonces a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que esa pregunta la realizara en presencia del interrogado, que se encontraba en los calabozos, ya que permanece en prisión desde diciembre de 2012: "El señor Díaz Ferrán no había podido desayunar hasta ahora, y están dándole de comer en los calabozos", explicó el letrado, que pidió al fiscal que interpelara a Arturo Fernández sobre los gastos de Díaz Ferrán cuando éste ya estuviera de vuelta en el banquillo de los acusados.

Unos minutos después, ya con Díaz Ferrán presente, Luzón volvió a hacer la pregunta a Arturo Fernández sobre los gastos que hacía el presidente de la CEOE, a lo que contestó que los gastos fijos que se reflejan en los extractos de las black eran adelantos a cuenta: "En los restaurantes teníamos buenos clientes como Díaz Ferrán, que hacía muchas reuniones de trabajo. Entregaba a cuenta de sus facturaciones unas cantidades fijas, y al final se le decía si faltaba algo...".

"Se liquidaba", completó el fiscal antes de que Arturo Fernández, a quien se le atribuyen gastos de 38.776 euros, continuara: "Entregaba el dinero a cuenta y luego se liquidaba".

Gastos en restaurantes

En su turno, Díaz Ferrán aseguró a Alejandro Luzón que sólo reconocía los gastos que había hecho en los restaurantes, "y no todos". En este sentido explicó que él consideraba que había hecho el 50% de los gastos que aparecían en restaurantes, "como mucho. Era absurdo que yo me quedara con las copias. Esta hoja [en referencia al excel aportado por Bankia en el que se ven los cargos que hacía con la black] es un papel mojado y sólo sirve para que digan en la televisión que yo me he comprado una mesa", lamentó Díaz Ferrán, que fue interrumpido por su abogado, quien le reclamó que se tranquilizara.

Díaz Ferrán, que insistió en que se le atribuyen gastos que no había hecho, sí explicó por qué pagaba cantidades fijas a los restaurantes de su concuñado Arturo Fernández: "Yo hice esos cargos en los restaurantes en los años 2008 y 2009, con empresarios de Madrid y algunas veces de otras provincias", declaró el reo, que recordó que en aquellos años era presidente de la CEOE y antes de la CEIM de Madrid, "en la que me sucedió Arturo Fernández".

Pero con la crisis, según el testimonio de Díaz Ferrán, que pagó 93.984 euros con su black (la mayor parte en restaurantes de Arturo Fernández) había muchas empresas que no tenían el crédito suficiente para poder seguir trabajando: "Y yo pensé entonces que podía hacer la labor de ayudar a los empresarios por un lado y a Caja Madrid por otro". 

Comidas con empresarios

El expresidente de la patronal CEOE recordó entonces que Caja Madrid tenía su negocio principal en el crédito hipotecario, "y cayó en picado. Y era bueno que Caja Madrid profundizara más y por eso reuní a empresarios en comidas de 20, 30, 10 y 15 en las que, por una parte, les iba aconsejando que fueran a Caja Madrid y a otros también les pedía que echaran una mano. Y de ahí vienen los gastos de las comidas", declaró. 

Y como esta actividad era en beneficio de la caja, Díaz Ferrán consideró que no tenía que pagarlo de su bolsillo. "Eran gastos en favor de Caja Madrid y de los empresarios, y me pareció normal pagar esas comidas”, completó.

"Increíble" estar en el banquillo

Por su parte, el expresidente de la comisión de control de Caja Madrid Pablo Abejas negó que este órgano tuviera algo que ver con la emisión y gestión de las tarjetas y ha indicado que le parece "increíble" estar sentando en el banquillo de los acusados.

Abejas precisó que en los seis años que estuvo en la caja "nunca jamás" obtuvo ninguna comunicación relativa al uso de la tarjeta –y cuyo límite en su caso era de 25.000 euros– y que era un hecho conocido su uso por parte de otros miembros de la entidad, por lo que no le extrañó la práctica.

Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP Jesús Pedroche dijo que la entidad le negó acceder al desglose de los gastos efectuados con su tarjeta black en 2007 y que lo solicitó porque los cargos que le constaban a la entidad no coincidían con los que él apuntaba en su "contabilidad doméstica".

También nombrado por el PP, Darío Fernández Yruegas precisó ante el tribunal que nunca "ni de forma verbal ni por escrito" se le comunicó por parte de la entidad que había actuado de manera incorrecta al utilizar la tarjeta.

"Absolutamente inocente"

Otro de los exconsejeros promovidos por la formación conservadora, Alberto Recarte, aseguró que es "absolutamente inocente" de los delitos que se le acusa y añadió que para que haya apropiación indebida tiene que existir una motivación económica, algo que rechazó.

Tanto Mercedes Rojo como Francisco José Moure, que fueron nombrados consejeros a propuesta del PP, explicaron a preguntas del fiscal Anticorrupción que confiaban en la gestión de Caja MadridCaja Madrid y que no tuvieron dudas de que la caja se encargaba de la fiscalidad de las tarjetas.

Gonzalo Martín Pascual, exconsejero de la entidad por UGT y que cargó 129.750 euros, testificó por su parte que nunca receló de l tarjeta que le fue otorgada y que si hubiera dudado de su legalidad la hubiera devuelto.

En representación del PSOE, el exconsejero José María Arteta hizo hincapié en que el listado de los gastos facilitado por Bankia estaba "plagado de errores": "He contabilizado más de doscientos. Hay anotaciones que están mal, a mí se me atribuyen gastos en una conocida cafetería y a la vez una comida en una marisquería", precisó Arteta, que respondió que utilizó el plástico para gastos de libre disposición relacionados con la actividad de la entidad.

Comisión de control

Por su parte, Rodolfo Benito (CCOO) aseveró que lo único que reconoce del desglose de gastos de la Visa es el "daño" que le ha ocasionado y agregó que hizo un uso de la tarjeta "controlado".

Finalmente, los miembros de la comisión de control de Caja Madrid –Rubén Cruz Orive, Antonio Rey de Viñas y Antonio Cámara Eguinoa– defendieron en su turno de declaraciones ante el tribunal que se les dijo que la fiscalidad de las Visa dependía de la entidad. Los tres acusados destacaron que nunca tuvieron motivos para dudar de la legalidad de la tarjeta.

Para Alejandro Luzón, el hecho de que estos gastos no se incluyeran en las comunicaciones oficiales que hacía la caja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es una prueba de que actuaban con sigilo para que no se conocieran estas remuneraciones.

En concreto, el primero en ser preguntado por la ausencia de información de la Visa en los informes anuales de gobierno corporativo de Caja Madrid fue el expresidente Miguel Blesa: "En los informes corporativos no aparecen las tarjetas, ¿por qué?", interpeló el fiscal al exdirectivo que se defendió asegurando que a la CNMV se le daba esta información de forma agregada.

"Ocultación de retribuciones"

En este sentido, en el interrogatorio realizado por el fiscal a Blesa llegó a preguntar por uno de los pasajes del correo electrónico de 2011 del ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre en el que se conoció la existencia de las black: "¿Por qué al final del correo se dice?, preguntó Luzón, que después leyó el mensaje: Ojo con el informe anual de gobierno corporativo: es muy delicada la información. Escamilla conoce bien sus entrañas. ¿Tiene que ver con la ocultación a la CNMV de estas retribuciones presuntamente irregulares?", volvió a interpelar el fiscal a Blesa.

De esta forma, Blesa aseguraba que no consideraron ilustrar a la CNMV, que se encarga de velar por el buen funcionamiento de los mercados de valores españoles, sobre este asunto: "No creo que la CNMV esté interesada en si el pago se hacía de una forma u otra, por transferencia o con una tarjeta", aseguró entonces Blesa, equiparando el gasto de las black con un simple medio de pago, como si de un mero cheque bancario se tratara.

En el caso de Rato, Luzón también le dirigió una pregunta sobre la falta de información remitida a la CNMV: "El 28 de marzo de 2011 se aprueba el primer informe anual de remuneraciones del ejercicio 2011. En este informe no se menciona o referencia a las tarjetas...", interpeló el fiscal al exvicepresidente del Gobierno, que contestó: "El 28 de marzo tuvimos para consejos y el informe tenía que responder a unos parámetros que tenía que fijar la CNMV. Este informe nunca se remitió a la CNMV, era un primer avance para cumplir, un informe que yo no tengo y no he visto. No era un informe definitivo que fuéramos a presentar en la Asamblea y que no se presentó en 2011".

"No conozco el informe"

Sin embargo, Luzón prosiguió con su estrategia de mostrar que Blesa y Rato trataron de ocultar las black. En este informe, se habla de la remuneración de los consejeros, que según el mismo habían dejado de percibir cualquier tipo de retribución. "Vuelvo a repetir que no conozco el informe y no sé si está aprobado. No tengo ni idea. Los gastos no sé sin son exactos o no", contestó entonces Rato.

Rodrigo Rato declara en el juicio de las 'black'. 

Pero tras explicar el contenido del informe, en el que según Luzón aparece una casilla para cada concepto retributivo de los consejeros, el fiscal volvió a preguntar a Rato por el motivo por el que no se incluían los gastos realizados con las black: "No le puedo asegurar, porque nunca les di instrucciones a los secretarios generales, y ese informe tenía que ser revisado y enviado a la CNMV, cosa que nunca sucedió".

A la derecha Moral Santín. 

El tercero en declarar, el representante de Izquierda Unida en la caja José Antonio Moral Santín, también fue preguntado por su papel dentro del comité de retribuciones de Caja Madrid a la hora de suministrar información al organismo de supervisión. Y Moral Santín aprovechó esta pregunta para eludir cualquier responsabilidad al respecto: "El informe de gobierno corporativo nos venía dado, y era una actividad altamente supervisada por la CNMV. El informe no se llegó a aprobar por la asamblea", completó este representante de IU en Caja Madrid, a semejanza de la contestación realizada por Rato.

"Como establecía la normativa"

Asismismo Moral Santín fue preguntado sobre si la comisión de retribuciones que llegó a presidir de forma rotatoria informó a la asamblea de la caja sobre la existencia de las tarjetas: "Sí, pero al modo y manera que establecía la normativa", contestó en referencia a que los datos se daban de forma global por lo que no se podían conocer de forma individualizados los ingresos de los directivos y consejeros.

Además, Navasqüés aseguró, en sentido contrario al resto de procesados, que en todo momento conocía los cargos de su tarjeta opaca, ya que la dio de alta en su banca electrónica "y sabía los saldos en cualquier momento".

Fue el propio Navasqüés el que lamentó que el fiscal Luzón hubiera definido previamente, en la declaración del exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE Antonio Romero, a las tarjetas como black. "Hay datos suficientes de que no eran black", espetó Navasqüés, que realizó una intervención muy airada, en la que llegó a asegurar que para la acusación "se llegó a rebuscar en toda la caja a ver qué se podía encontrar contra el consejo". En ese momento, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, cortó al procesado, que pidió disculpas.

"Yo no soy un chorizo"

Por su parte, el también exconsejero a propuesta del PSOE Ramón Espinar, afirmó a preguntas de su abogado: "Yo no soy un chorizo". Espinar reconoció que utilizó la tarjeta hasta tres meses después de abandonar la caja, "tras hablar con José Manuel Fernández Norniella y el secretario general de la entidad, Joaquín Rodrigo".

El también exdirectivo José María de la Riva Ámez sembró dudas sobre los gastos con la tarjeta que se le atribuyen: "No sólo no los puedo admitir y me parece un documento que no tiene nada que ver con la práctica bancaria, y difícilmente lo voy a reconocer", dijo antes de poner ejemplos concretos de los supuestos fallos de las hojas excel que envió Bankia a la Fiscalía Anticorrupción: "Yo no tengo por costumbre ir con dos coches a un aparcamiento, y me cargan dos veces un estacionamiento a la vez y a la misma hora. Yo tengo por costumbre leer prensa y según este documento me suscribo al mismo periódico tres veces en un año y dos en otro".

El exalcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada,defendió también los gastos que realizó con la black, y dijo en concreto que llevó el coche al taller y lo pagó con esa tarjeta porque "no tenía coche de la caja, y por eso utilizaba mi coche".

Romero de Tejada

Interpelado por el fiscal sobre si también hacía gestiones fuera del horario de la caja, en el que sí hacía cargos con la tarjeta, Romero de Tejada explicó: "Yo no cuantificaba cuánto tiempo dedicaba a la caja, lo que puedo decir es que trabajaba 14 o 15 horas, y no le puedo decir cuánto a la caja".

El exconsejero de Caja Madrid y Bankia José Manuel Fernández Norniella, ha descartado que recibiera una tarjeta blackblack durante su etapa en Bankia en el año 2012 para sortear lo establecido en el Real Decreto de 2012 en el que se limitaba el salario de los directivos de las entidades públicas en 600.000 euros.

El exsecretario de Estado de Hacienda ha reconocido ante el tribunal que ha acudido al juicio con actitud "humilde" aunque se sintió "humillado" cuando fue a prestar declaración al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Y el exconsejero de Caja Madrid Antonio Romero ha reconocido que hizo cargos a su Visa los fines de semana porque la actividad que desarrollaban en la entidad no se circunscribía únicamente al periodo de lunes a viernes.

La jornada de declaraciones de este martes, la segunda después de que iniciara las comparecencias el otro presidente de Caja Madrid que está en el banquillo, Miguel Blesa, comenzó con un importante cambio en la versión de los hechos por parte de Rato.

Si hasta ahora el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional había mantenido que las tarjetas eran parte de su sueldo, este martes, ante la sorpresa del fiscal Alejandro Luzón, Rato aseguró que desde que él se hiciera cargo de Bankia, en enero de 2010, los plásticos se convirtieron en un simple instrumento de liquidez sobre sus salarios, como si se tratara de un cheque.

"No eran para nada un suplemento [...] eran un mero instrumento de cobro, no era retribución. En Caja Madrid era un complemento aprobado por el comité de retribuciones, y en mi época no era parte de mi paquete retributivo", completó Rato, que de esta forma intenta eludir cualquier responsabilidad en la creación de las Visa.

La buena fe de Bankia

Preguntado por el representante del Ministerio Público en el juicio sobre el motivo por el que en su anterior declaración había apostado por otra versión, la de que los gastos de las tarjetas sí eran parte de sus retribuciones, Rato apuntó hacia Bankia: "Yo tenía una mejor opinión de la buena fe de Bankia. No creo que hubiera declarado lo mismo tras comprobar la buena fe de Bankia", respondió el exministro del PP para poner en duda los datos que facilitó la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri a la Fiscalía Anticorrupción.

El segundo en declarar en el juicio fue el considerado número dos de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj. Y el abogado de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, no dejó escapar esta primera oportunidad para corroborar la nueva versión del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar. "A preguntas del fiscal Rato diferenció la presidencia de Miguel Blesa y la de Rato, ¿hubo alguna modificación?", interpeló Herzog, a lo que Sánchez Barcoj respondió que lo único que cambió era el límite de gasto establecido por el Gobierno, que era de 600.000 euros.

Un instrumento de pago

Ya por la tarde, fue el turno del consejero de Caja Madrid a propuesta de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín que en una intervención muy técnica, que exasperó a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, defendió en parte la versión de Rato a costa de contradecir a Blesa. Aunque para ello aseguró que durante todos los años, tanto con Blesa como con Rato, las tarjetas black eran en realidad un instrumento de pago de las remuneraciones de los directivos y consejeros.

El fiscal Luzón también preguntó a Moral Santín sobre su responsabilidad como integrante del comité de retribuciones de Caja Madrid, pero también por el motivo por el que en las actas nunca llegaron a aparecer las subidas de sueldo con las tarjetas. Y el que fuera representante de IU en la caja madrileña apuntó nuevamente a Blesa, al asegurar que era el presidente el que llevaba la propuesta de aumento de las retribuciones, que al final aprobaba el consejo de administración.

Blesa, por su parte, también consideró en su declaración del viernes a las black como una parte de la retribución de los dirigentes de la caja, aunque en todo momento su testimonio se refirió a su etapa de presidente de Caja Madrid, y no en la de Rato.

Hojas manuscritas

Pero en los dos primeros días del juicio de las black también han cobrado gran importancia unos manuscritos vinculados a las reuniones del comité de retribuciones, cuya existencia adelantó infoLibre. En concreto, estos documentos aportan datos sobre las tarjetas que, sin embargo, no aparecen en las actas oficiales, que en ningún momento se refieren a la utilización de las Visa por parte de los consejeros o de los integrantes del comité de dirección presidido por Miguel Blesa.

Para el fiscal Alejandro Luzón, el hecho de que este manuscrito sí hable de las tarjetas mientras que el documento oficial no diga nada, es una muestra del ocultismo de los directivos con los pagos de las tarjetas. Para Blesa es una prueba de lo contrario. De que las retribuciones de los plásticos se aprobaban en la comisión de retribuciones

"Tarjetas: no subir"

La Fundación Caja Madrid, que fue la que aportó estos documentos al caso Bankia, vincula los manuscritos al acta de 18 de junio de 2008, aunque en realidad en el texto el autor, cuya identidad no se facilita, alude "al 25". El 25 de junio de 2008 fue la fecha en la que la comisión de retribuciones mantuvo una segunda reunión.

La comisión de retribuciones de 25 de junio fue presidida por el fallecido Guillermo Marcos Guerrero, representante de los impositores, y contó con la asistencia de José Antonio Moral Santín (IU), Antonio Romero Lázaro (PSOE) y el secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre.

Todos los datos escritos a mano concuerdan con el acta oficial, aunque aportan información que no aparece en el acta oficial de la comisión de retribuciones en relación con las tarjetas B: "Hoy 25", indica el documento, "preside Guillermo. Dietas ordinarias 2008", continúa el escrito, que en una quinta línea especifica: "Tarjetas: no subir", seguido de "Dietas part. bruto 8%".

Asimismo, el fiscal también aludió en su interrogatorio a Moral Santín al informe de gobierno corporativo de Bankia sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos en el que no aparece aparece las tarjetas. En concreto, preguntó si no era una forma de ocultar las tarjetas, a lo que el consejero a propuesta de IU aseguró que el informe no fue aprobado por la dirección de la entidad financiera.

El teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Luzón, ha vuelto a rechazar una nueva querella interpuesta por cuatro fondos de inversión contra los miembros del consejo de administración de Bankia por la emisión en 2009 de deuda subordinada de Caja Madrid Finance Preferred, filial de la entidad madrileña.

En un escrito fechado el pasado 15 de diciembre, Luzón recuerda que en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional se investiga la emisión de participaciones preferentes, pero no la de deuda subordinada. La diferencia entre ambos productos es que las preferentes tienen carácter perpetuo, mientras que la deuda subordinada sí tiene una fecha de vencimiento.

Pero el representante del Ministerio Público basa su rechazo a admitir la querella al considerar que los querellados de Bankia, no fueron los responsables de la emisión de deuda subordinada de Caja Madrid: "No dirigiéndose la querella contra los responsables de la emisión y no tratándose del producto que se investiga en esta pieza separada, participaciones preferentes y no deuda subordinada, no procede la admisión de la querella", especifica Luzón.

Edad avanzada

La mayor parte de los que adquirieron participaciones preferentes o deuda subordinada de Caja Madrid eran, según el perfil de cliente elaborado por la propia entidad financiera, personas de edad avanzada que además tenían de media unos 30.000 euros en depósitos en la misma caja.

Pero también invirtieron en esos productos, que han llegado a ser calificados como tóxicos, grandes fondos de inversión, que con el paso de los años han tratado de convencer a los jueces y fiscales de que ellos también habían sido engañados. Especialmente tras conocerse los informes de los dos peritos del Banco de España que aseguraron que las cuentas de Bankia no reflejaban la imagen fiel de la entidad financiera.

Los fondos de inversión que se han querellado contra los integrantes del consejo de Bankia son Global Income SPRL, Global Oportunity Investments SPRL, Shelter Island y Sivav PLC, que acusan a los directivos de ser autores de los delitos de "estafa, apropiación indebida, falsificación contable y otros".

"Ya fue desestimada"

El fiscal Luzón considera que la nueva querella "ya fue desestimada" en un auto del propio juez Fernando Andreu el 21 de mayo de 2015, que fue confirmado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Pero Luzón destaca que en la ideación y comercialización general que de estos productos financieros se realizó desde la cúpula directiva de Caja Madrid, "objeto de este procedimiento, ninguna intervención tuvieron los querellados, en tanto administradores  de unas entidades que a la fecha de la ideación del producto, no había sido constituidas". El fiscal considera que los directivos de Bankia no son los responsables de comercialización de las preferentes de 2009, cuando todavía no existía Bankia.

Juzgados territoriales

Tal y como explica el fiscal Luzón en su escrito, el juez Andreu ya había rechazado un intento similar de varios fondos de inversión, entre los que se encontraban los ahora querellantes, al considerar que el caso de estos inversores debía investigarse en los juzgados territorialmente competentes.

El magistrado consideró que son los juzgados ordinarios y no la Audiencia Nacional los que deben "investigar las circunstancias concretas en que se comercializó dicho producto, ponderando necesariamente, junto a la concreta actuación del vendedor los aspectos subjetivos de la víctimas".

"Ignorantes fiancieros"

La pieza separada de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja lleva meses sin apenas actividad. En la misma declararon como imputados los querellados, entre los que se encontraba el propio expresidente de la entidad financiera madrileña Miguel Blesa.

Este banquero llegó a defenderse asegurando que a los miles de mayores engañados con las preferentes no se les podía considerar "ignorantes financieros", por lo que tendrían que haber conocido en qué invertían su dinero.

El teniente fiscal Alejandro Luzón, uno de los encargados de investigar el caso Bankia, se ha opuesto por segunda vez al ingreso en prisión del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, según un informe del pasado 28 de abril al que ha tenido acceso infoLibre.

Aunque en esta ocasión lo ha hecho con un escrito de cinco líneas: “El fiscal, en el traslado conferido por providencia para que informe sobre la solicitud de prisión comunicada y sin fianza del imputado Rodrigo Rato Figaredo, se opone a lo solicitado por no incurrir los requisitos previstos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina (LECr)”, como por ejemplo el riesgo de fuga o la ocultación o destrucción de pruebas.

Y el fiscal Luzón se remite después a dos informes anteriores relacionados con Rato. El primero de ellos el 20 de enero de 2015, antes de que se conociera su patrimonio oculto en paraísos fiscales y que había regularizado una parte de su dinero, en el que rechaza la petición de UPyD de que Rato ingrese en prisión. Y el segundo del pasado 23 de abril, y en el que el juez Andreu pedía a la Fiscalía que informara sobre la retirada del pasaporte de Rato.

En los dos casos el fiscal ha rechazado las intenciones de las acusaciones, al considerar que no existe un riesgo de que Rodrigo Rato se dé a la fuga, al mismo tiempo que resalta que la retirada del pasaporte no es una medida eficaz para evitar la huida.

infoLibre también ha tenido acceso al informe del fiscal de 23 de abril, en el que Luzón sostiene que pese a la detención y la existencia de un importante patrimonio oculto de Rato, la situación no había cambiado. “Apenas dos días después de la fecha de presentación del escrito de la representación de UPyD, se ha incoado un nuevo procedimiento penal contra Rodrigo Rato, en el curso del cual se practicaron diversas diligencias de entrada y registro en su domicilio y en el de otras sociedades con él presuntamente vinculadas, dónde se intervino abundante documentación”.

Este caso, completa el fiscal, se investiga en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y en él se analiza el entramado societario presuntamente utilizado por Rato para cometer otras infracciones penales: “Será este juzgado de Madrid, en las correspondientes diligencias, al que le corresponderá valorar la oportunidad de la adopción de medidas cautelares relacionadas con tales hechos pues, como reconoce la representación del partido político querellante, no sería en principio este juzgado el competente para investigarlo”.

El fiscal ha vuelto a informar sobre el ingreso en prisión de Rato después de que la acusación del que fuera accionista de Bankia Alberto Salazar Cortada volviera a reclamar el 20 de abril el ingreso en la cárcel de forma provisional, comunicada y sin fianza del exvicepresidente del Gobierno, “ya que las circunstancias desde que el juez denegó por primera vez la medida habían cambiado”, explican las acusaciones del caso Bankia.

UPyD y otras acusaciones, como por ejemplo 15MpaRato, han apoyado esta reclamación, que deberá de ser acordada o no por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la causa de las tarjetas black opacas al fisco de Bankia y Caja Madrid que seguía contra 14 exdirectivos y exconsejeros de la entidad, al considerar que el delito de apropiación indebida que se les imputaba habría prescrito al haber pasado más de cinco o diez años desde la última infracción.

Así consta en siete autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 declara "extinguida la responsabilidad penal" que venía siendo atribuida a los exdirectivos y exconsejeros Elena Gil (que cargó 72.479,96 euros), José Carlos Contreras (23.827,62 euros), Ángel Rizaldos (20.176,32), Rafael Pradillo (28.682,55), Ignacio Varela (35.722,09), Joaquín García Ponte (21.135,10) y José Luis Acero (10.163,27 euros), Ignacio del Río (21.029,77), José María Fernández del Río (47.723,71), Miguel Muñiz (20.866), Domingo Navalmoral (42.966,24), José Nieto (19.855,68), José Caballero (19.790,55) y José María García Alonso (1.963,79).

En todos los casos el magistrado recuerda que el delito de apropiación indebida, castigado con hasta seis años de prisión, prescribe a los diez años en caso de que los importes presuntamente sustraídos superen los 50.000 años y a los cinco en el caso de que no se supere esta cuantía.

El juez apunta en todas las resoluciones que los gastos de estos siete exdirectivos fueron cargados entre los años 2003 y 2006, por lo que en todos los casos se habría superado el plazo de prescripción establecido en la ley.

Exconsejeros de todos los partidos

En la lista se encuentran entre otros el exdirector general de Caja Madrid José Carlos ContrerasCaja Madrid, los exconsejeros propuestos por el PP Rafael Pradillo y Elena Gil, los socialistas Joaquín García Pontes e Ignacio Varela, el vocal a propuesta de Izquierda Unida (IU) Ángel Rizaldos y el sindicalista de CCOO José Luis Acero.

Andreu imputó el pasado 28 de enero a 78 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las tarjetas black, en la que se cargaron en gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.

El juez, que tiene pendientes de resolver otras peticiones de archivo como la del exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, interrogó en febrero a 27 exmiembros del Consejo de Administración y en marzo a otros 37 exdirectivos. En la causa también están imputados los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj. El teniente fiscal, Alejandro Luzón, considera que ninguno de los directivos tendrían responsabilidad penal.