Una joven se encuentra atrapada en un búnker bajo tierra con otras 38 mujeres. Detrás de los barrotes varios guardias las observan y se aseguran, mediante el chasquido de un látigo, de que todas se comporten como ellos quieren, evitando que se toquen, se peleen o dejen de comer. Es la única realidad que ha conocido la protagonista, puesto que cuando las encerraron, ella era muy pequeña. El resto de mujeres, sin embargo, habla de sus vidas pasadas, de sus antiguos amores o de sus familias. 

Es el punto de partida de una novela escrita hace décadas y que ahora ha llegado a la lista de los más vendidos. Yo que nunca supe de los hombres, de Jaqueline Harpman es una distopía que se publicó en Bélgica en 1995 y que pasó sin pena ni gloria por las librerías. Ahora, la obra ha vuelto a las manos de los lectores a través de las redes.

¿El motivo de su reciente éxito? Dua Lipa y su club de lectura. La cantante y fundadora de Service95 utilizó su plataforma para recomendar un libro que según ella es “un profundo comentario sobre el género y la identidad, en el que una joven logra escapar de su confinamiento y se embarca en un viaje de autodescubrimiento. Sugestiva y emocionante, es un clásico distópico moderno”. La cantante hizo lo mismo con La casa de los lamentos de Helen Garner, publicada en España por Libros del KO, o con la ya famosísima primera novela de Alana S. Portero, La Mala Costumbre. 

En las redes sociales, ha cogido fuerza entre las más jóvenes con Booktok, un hashtag con el que miles de usuarios pueden recomendar o hablar de libros hasta encontrar su nicho de interés. Una de estas personas es Estrella Alonso, escritora, actriz y creadora de contenido literario en su cuenta @etoilesinde. Para ella el impacto de las redes sociales es positivo para la literatura ya que “gracias a ellas, este bum de la literatura no se centra solo en lo comercial, sino que se pueden ver propuestas mucho más literarias”. Según el barómetro de Hábitos de Lectura de 2024, un 75,3% de los jóvenes de entre 14 y 24 años lee en su tiempo libre. 

Estas cifras contrastan con la división ideológica que está viviendo la juventud. Según el informe de Juventud de España del 2024 del Ministerio de Juventud, las mujeres son cada vez más de izquierdas, con un 45% de las jóvenes entre 20 y 29 años definiéndose así, mientras que los hombres se ubican en el centro-derecha, con un 8% de ellos declarándose como votantes de ultraderecha. Esta ideología se caracteriza por el antiintelectualismo (solo hay que ver la actitud de Trump en contra de la universidad) y el rechazo a actividades académicas como la lectura. El franquismo comenzó así, quemando libros. 

El movimiento Booktok supone así una forma de resistencia. Precisamente, Alonso destaca cómo las redes intentan hacer frente a la ola ultra haciendo uso de los propios ataques del antifeminismo. “Hay bastantes creadoras que usan el humor y la cultura para conseguir lanzar mensajes profundos, así consiguen que te quedes y que captes el mensaje. Siempre funciona muy bien apropiarse de lo que el otro usa en tu contra, usas los insultos y les das la vuelta, también hay que reivindicar a través de eso”, argumenta Estrella Alonso.

El éxito de la novela de Harpman se enmarca por lo tanto en una parte de las redes que huye del mero entretenimiento para buscar también una reflexión sobre cuestiones que afectan a la sociedad o a los jóvenes. La Dra. Andrea Ruthven, profesora de UIB de estudios ingleses, asegura que el momento social hace que el lector pueda entender la novela y hasta sentirse visto. “La cuestión de que sea la historia de unas mujeres en un ambiente hostil que tienen que buscar la manera de llevar su vida con sentido, para que signifique algo, es un tema que nos interesa como sociedad desde hace mucho”, razona. 

En la novela de Harpman, varias mujeres se encuentran encerradas sin saber cómo ni por qué y juntas deben tratar de encontrar respuestas en una realidad sin sentido. Que una historia así haya vuelto a las librerías de todo el mundo no es casualidad. Actualmente las mujeres ven cómo derechos que ya creían conquistados, se esfuman o penden de un hilo. Según explica Ruthven: “El momento neoconservador que vivimos ahora está siendo muy potente y amenaza con quitarnos los avances del feminismo, lo que hace que valoremos este tipo de novelas más”, argumenta. 

Algo parecido sucedió con El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, según Sara Martín, profesora de literatura inglesa en la UAB especializada en Ciencia Ficción y masculinidades. Era el año 85 y hacía unos seis años que se había caído el régimen de Irán. Frente al país había una dictadura radical islámica que dejó a las mujeres sin prácticamente ningún derecho. El Ayatola Jomeini tomó medidas como la anulación de la Ley de protección de la familia o la reducción de la edad adulta hasta los 9 años, es decir las niñas podían ser dadas en matrimonio o detenidas por cometer un delito. 

A la vez que esto sucedía, en Estados Unidos se hacía más y más fuerte el fundamentalismo cristiano, un movimiento ultraconservador que surgía del protestantismo cristiano americano y que rechazaba radicalmente el feminismo. Atwood, de origen canadiense, seguía de cerca este avance y quiso advertir de las consecuencias a las que podían llevar el neoconservadurismo. Tampoco es coincidencia que la novela volviera a las listas de más vendidos cuando Trump llevaba dos años en el cargo. 

Las novelas distópicas sirvieron entonces como advertencia y siguen cumpliendo esa función ahora. Como Ruthven, la profesora de la UAB coincide en el reflejo que supone la novela con el momento actual. “La involución del feminismo en Estados Unidos está siendo brutal, están mucho peor que en España. La distopía por lo tanto responde a un momento de desesperanza por el que nos están quitando derechos”, manifiesta Martín. 

Los libros de Los Juegos del Hambre, escritos por Suzanne Collins o de Divergente, de Veronica Roth, son dos de las más populares dentro del género, con más de 100.000 millones y 35 millones de copias vendidas cada una. Ambas siguen la misma estructura: en una sociedad completamente controlada por el estado surge una inesperada heroína que pretende poner en jaque el orden social. En la novela de Collins, Katniss Everdeen se presentaba a un reality basado en la supervivencia en lugar de su hermana para así evitar la muerte casi segura de la pequeña. En Divergente, la protagonista era Beatrice Prior, una mujer que trataba de sobrevivir en una sociedad separada por facciones según las virtudes de cada persona.

¿Qué hizo que el público conectara tanto con ambas obras? La conclusión a la que llegan las profesoras Nora Peterman y Rachel Skrlac, de la Universidad de Missouri, es que tiene que ver con las experiencias que viven las protagonistas. Con el aumento de la violencia social y política, los lectores se ven reflejados en una realidad que, aunque parezca extrema a la suya, no es tan diferente. Las investigadoras han comprobado que las distopías sirven como advertencias de los miedos que ocupan la mente de los jóvenes, que ven cómo las injusticias avanzan sin control.

“En los últimos años, las novelas distópicas nos atraen mucho, ya que son obras que plantean posibles futuros como sociedad, cuando estamos viviendo momentos inciertos a muchos niveles, tanto medioambientales, económicos o sociales. Este género nos acerca a posibles futuros y nos hace preguntarnos a dónde nos llevará esa necesidad o curiosidad”, zanja Ruthven. 

La cultura supone una forma de hacer más humana la vida social, por ello crea en el hombre un sentido de dar importancia a las cosas y su entorno constituyendo un estilo de vida.

La cultura quizás hoy en día ha sufrido diversos procesos de cambio, me explico, la vida de progreso y de técnica ha superado a la cultura. Nos situamos en un retroceso de la cultura en cuanto a los valores que aporta. La cultura hecha desde una organización y con medios superiores sobresale, pero es una cultura consumista y distorsionadora para el hombre, genera pérdida de lo que es en sí la cultura.

En contraposición a esto nos urge ser fieles a las propias tradiciones populares y en cierta medida fomentar los contenidos particulares de cada cultura en los diversos pueblos.

Es necesario que la autoridad pública fomente las condiciones y los medios para promover la vida cultural en los ámbitos donde vivimos, en los barrios.

Traigo a colación unas frases: "Cooperen los ciudadanos, vecinos también, para que las manifestaciones y actividades culturales colectivas propias de nuestro entorno se humanicen y se impregnen de espíritu ciudadano”.

Insisto en la potenciación de la cultura imaginativa y popular con sus logros y deficiencias. Un filósofo cuyas palabras cito después señala el papel importante del ciudadano en la relación a la cultura social en que nos desenvolvemos. Cito sus palabras: "Si la cultura en la vida de un pueblo son las distintas superestructuras las que han de estar en su función y no a la inversa, es esa situación artificial en la que el ciudadano cumple unos papeles dados sin poder experimentar, desde él mismo, lo que es la vida social".

Paso a valorar los conceptos de cultura elitista y cultura popular.

Cultura elitista, basada en el sentido intelectual de selección de los valores, y una cultura en el sentido sociológico (actitudes y hábitos comunes al número más grande de gente (Cultura popular).

Tanto una como otra cumplen una determinada función. Añado que la cultura se puede utilizar como instrumento político y económico de dominación (Cultura dominante) frente a alternativas que se afanan por la toma de conciencia, por la participación, por la creatividad e imaginación.

Apreciar la cultura popular (sus valores éticos y morales, gestos, cánticos, costumbres, fiestas) que muchas veces puede verse distorsionada por un elemento impopular, que el pueblo asimila acrecentando concepciones y formas de vida materialistas porque en la sociedad así se vive.

Concluyo: ”Aprecia lo particular y popular”.

____________________________

José Alberto Fernández Galdeano es socio de infoLibre.

Humo irritante, neones rojos y cabezas rapadas. El Club Atlético Fernández Fierro (Caff), con aspecto de garito punk, es el escaparate de la nueva generación del tango argentino. Se abre una lona negra hecha de retales remendados y aparece el maestro del lugar –que le da nombre–, la orquesta Típica Fernández Fierro. Una banda de amigos que ha revolucionado el panorama del tango nacional con sus sonidos rotundos y sus letras comprometidas.

Combinando piano, contrabajo, viola, violines y el legendario bandoneón, la banda presenta su nuevo disco, Basta, una noche de diciembre ante un público de 200 habituales. Recuerdo de la dictadura o rechazo de la xenofobia: las diatribas políticas del líder del grupo, Yuri Venturin, puntúan la sucesión de temas.

Un “Milei, fuera” estalla desde el fondo de la sala cuando se anuncia una de las canciones, “Diciembre”. La pieza, que se asemeja a una macabra marcha militar, hace referencia al mes de 2023, fecha de la toma de posesión del presidente ultraliberal. Caff, fundado hace veinte años por el grupo artístico homónimo, es una de las principales instituciones de apoyo a la música independiente y alternativa de Buenos Aires. Pero su supervivencia se ve amenazada por las políticas de austeridad de Javier Milei.

Aficionado a los Rolling Stones y a los Beatles, el nuevo presidente se hizo conocido en política por su chupa rockera de cuero negro y su costumbre de canturrear “Yo soy el león” al comienzo de cada reunión. Él mismo formó parte de varios grupos musicales en su juventud, y Hernán Boracchia, ex bajista de su grupo Everest, lo describe como “un rebelde de toda la vida”.

Pero la revolución cultural de la que Milei dice ser el Che neoliberal es de extrema derecha. Y apunta sobre todo a los artistas. Para el libertario Javier Milei, los artistas son “izquierdistas de mierda”. En cuanto a la cultura, no es más que “un gasto que no aporta nada”.

“En el modelo que defiende, la productividad gana al arte y la creatividad”, dice amargamente Martina Cardozo, guitarrista del grupo de cumbia La Revuelta. Durante su campaña electoral, Milei señaló al sector como futura víctima de su terapia de choque encaminada a lograr el “déficit cero”.

Una vez en la jefatura del Estado, ha cumplido sus promesas recortando el presupuesto asignado a la cultura. La primera sanción fue privarla de ministerio y reducirla a una secretaría de Estado. El paquete de medidas que el Jefe del Estado presentó al Congreso nada más llegar al poder atacaba la financiación del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

Sin embargo, desde la creación en 2012 de este organismo público, independiente del Estado, “la colaboración con los músicos ha sido muy buena y las políticas aplicadas han sido eficaces”, asegura Gustavo Rohdenburg, presidente de la Unión de Músicos Independientes (Umi). Ahora, la institución ha pasado a manos del Estado y su financiación fija (el 2% de los impuestos recaudados a través del canon audiovisual local) ha pasado a la historia.

¿Subvenciones para festivales de barrio gratuitos? Suprimidas. ¿Ayudas económicas para integrar el circuito cultural en la oferta turística? Suprimidas. “Están complicando el proceso administrativo y cada vez es más difícil conseguir apoyo financiero. Y si por un milagro lo conseguimos, tardamos meses en recibir los fondos”, añade Walter Coccaro, programador del Caff.

Como esta sala de conciertos, muchos locales populares de Argentina funcionan como cooperativas. Pero en el último año, Milei ha endurecido los criterios exigidos para que un local sea reconocido como tal. “Nos vemos obligados a contratar contables y abogados y a gastar dinero para cumplir la ley, en lugar de dedicarnos a nuestro papel de promotores musicales”, señala Walter Coccaro.

Más allá de las políticas públicas –o de la falta de ellas–, el discurso nauseabundo que transmite Milei tiene consecuencias en la vida cotidiana de los propios artistas, e incluso puede amenazar su seguridad. “Hay un profundo desconocimiento de la profesión, y es fácil recurrir a la descalificación o agresión personal, incluso general, hacia nosotros”, advierte Gustavo Rohdenburg, de la Unión de Músicos Independientes.

La cantante pop argentina Lali Espósito ha pagado ya el precio. A sus 33 años, se ha convertido en un icono de la izquierda tras ser acosada por el ejército de trolls de Milei en las redes sociales. El videoclip de su canción “Fanático”, estrenado el 24 de septiembre, contiene numerosas referencias al enfrentamiento verbal que mantienen desde hace un año la cantante y el presidente, a través de entrevistas.

Provocándola en varias ocasiones, incluso llamándola Lali “Depósito”, Milei la ha puesto en el punto de mira. El resultado es que en sólo dos meses, su vídeo ha acumulado 9 millones de visitas. Y su canción se ha convertido en un himno de la oposición que se escucha en todas las manifestaciones.

“Si el propio Jefe del Estado se atreve a insultarnos así, ¿por qué no un ciudadano de a pie?”, dice Claudia, que dirige el centro cultural Luzuriaga, en un barrio popular de la capital. Las puertas del centro llevan cerradas tres semanas: las quejas de los vecinos que apoyan abiertamente a Milei les han obligado a realizar obras de insonorización.

Y las intimidaciones llegan a veces hasta las agresiones físicas. El sábado 20 de noviembre, al grupo de percusión Jacarandá le dispararon balas de goma durante una actuación pública en una plaza de Adrogué, en el sur del Gran Buenos Aires. Con total impunidad.

Si la cultura está siendo desatendida por el Estado, también lo está siendo por sus espectadores. “El sector está parado porque nuestro público ya no puede permitirse asistir a nuestros eventos, por muy accesibles que sean”, dice Mónica Szalkowicz, gerente del Luzuriaga Club Social. Tras doce meses de políticas de austeridad de Milei, uno de cada dos argentinos vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza. “Las salas de conciertos independientes no son rentables y cada vez es más difícil cobrar entrada. En La Revuelta tenemos otros trabajos aparte”, confiesa el bajista Matías Woinilowicz. Una realidad que afecta a la mayoría de los músicos independientes.

Fernando Vilte Ruiz, de 25 años, ha decidido recurrir a entidades privadas para vivir de su música. “No tengo la oportunidad de trabajar en orquestas públicas porque las becas y las plazas son escasas”, dice este joven flautista que acaba de terminar su formación musical.

Los derechos de los trabajadores de la escena musical no son los únicos que se han visto arrasados por el huracán Milei. Las mujeres, las personas LGTBIQA+, los jubilados y los estudiantes también son víctimas colaterales de la búsqueda de superávit presupuestario. “Nosotros también somos ciudadanos: no hay soluciones individuales para los problemas colectivos”, afirma el músico Rohdenburg. Así que los artistas cargan con los males de la sociedad argentina en su conjunto, con dos palabras como brújula: resistencia y solidaridad. “Nuestro país tiene una historia de lucha en las calles. La cultura debe ser parte de esa resistencia del pueblo, porque es parte de él”, dice Matías Woinilowicz.

En el Caff, la entrada a los conciertos es ahora gratuita para los jubilados. En el pasillo que conduce a la sala principal, ha aparecido un carrito para recoger alimentos para los comedores sociales locales. “Elegimos la cumbia y los ritmos latinos para reivindicar los sonidos de nuestra región, mientras que Milei aboga por el servilismo a Estados Unidos”, explica Martina Cardozo, guitarrista de La Revuelta.

En cuanto a la elección del cooperativismo, es la oposición al sálvese quien pueda libertario. “Nuestro papel es mantenernos firmes y permanecer unidos”.

Este artículo fue publicado el 3 de enero por La Lettre du musicien. Pueden encontrarse todos sus artículos en Mediapart. Desde hace varios años, La Lettre du musicien, un medio dirigido a los profesionales de la industria musical, ha realizado un giro editorial hacia el periodismo de investigación en un ámbito bastante cerrado a este tipo de periodismo. Cuestiones ecológicas y sociales vinculadas a la música, actualidad internacional, violencia sexual y de género... los nuevos campos periodísticos que cubre esta Lettre suenan inevitablemente con el nuestro. Una vez cada quince días, publicamos uno de sus artículos en nuestras columnas, y viceversa, y esperamos compartir información y colaboraciones fructíferas.

Traducción de Miguel López

José Guirao (Pulpí, Almería, 1959 - Madrid, 2022) consiguió que el Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad el Estatuto del Artista en enero de 2019. "Celebro haber llegado al consenso precisamente en una regulación que favorece nuestra producción artística y cultural y ampara a los miembros de nuestra sociedad que la hacen posible, y que en algunos casos se encuentran en injusto desamparo", dijo entonces desde la tribuna del hemiciclo.

Consenso y unanimidad. Dos términos que resumen a la perfección cómo fue su tiempo al frente del Ministerio de Cultura y Deporte: desde el 13 de junio de 2018, llegando como apagafuegos tras el sonoro batacazo de Máximo Huerta, hasta el 13 de enero de 2020, cuando todo el sector cultural quedó conmocionado y consternado por su inesperada salida. 

Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quería alguien más cercano al deporte y eso se llevó por delante todos los planes en marcha. Se libró de lidiar con la pandemia que puso en pie de guerra al olvidado sector cultural, en permanente queja contra su sucesor, José Manuel Rodríguez Uribes. Pero durante el año y medio que estuvo al frente de la cartera cultura tuvo tiempo también de celebrar el bicentenario del Museo del Prado, promover un plan de inversión de 3,5 millones de euros para la protección del patrimonio, impulsar la intervención de la SGAE. desbloquear el conflicto de los papeles de Salamanca, recuperar la Dirección General del Libro eliminada por el PP y bajar el IVA al cine que también el PP había subido hasta el 21%,

"Me cuesta hablar de él en pasado, pero era una persona tremendamente rigurosa y seria que se preparaba absolutamente todo. Al mismo tiempo, amable, reflexivo y paciente, un ejemplo de lo que debería ser un intelectual en la gestión pública en general y en la gestión cultural en particular", remarca a infoLibre el director del Círculo de Bellas Artes (CBA), Valerio Rocco Lozano, quien apostilla que "deja un gran recuerdo" tras su fallecimiento.

Y aún añade: "Él mismo se consideraba un gran amigo de nuestra institución. Hace unas semanas en un programa de radio que se hizo desde el CBA dijo algo muy bonito, que cuando entraba en el Círculo desde hace muchos años siempre tenía la sensación de entrar en el hermano mayor de La Casa Encendida. Ese espíritu de hermandad entre la Fundación Montemadrid y el CBA dio lugar a un proyecto muy hermoso en el que él creyó desde el principio, nuestro Círculo de Cámara, que fue un proyecto compartido. Además, vino hace poco a uno de nuestros diálogos ya bastante enfermo y para todos nosotros fue bastante doloroso verle en esa circunstancia, aunque mantenía intacto su sentido del humor y él mismo nos alegraba con sus palabras".

Previamente a su etapa como ministro socialista, Guirao había sido director del Museo Nacional de Arte Reina Sofía entre los años 1994-2000, y se había incorporado a la Fundación Montemadrid en 2001 para trabajar en la apertura de un nuevo centro sociocultural, La Casa Encendida, que se inauguró a finales de 2002 en el barrio madrileño de Lavapiés. 

En 2013, el almeriense fue nombrado director general de Fundación Montemadrid (a la que pertenece La Casa Encendida), cargo que ocupó hasta que en junio de 2018 fue nombrado ministro de Cultura y Deporte. Regresó a esta fundación en 2020 tras su paso el Ministerio de Cultura. A finales de 2021 comunicó al patronato su decisión de dejar la dirección de la Fundación, puesto que fue ocupado en abril de este año por Amaya de Miguel. Desde su puesto de asesor para proyectos especiales, en los últimos meses había dedicado gran parte de su tiempo al proyecto de recuperación del Palacio de la Música en la Gran Vía madrileña.

Precisamente De Miguel ha sido otra de las muchas personalidades de la cultura que han expresado su tristeza por la pérdida de su amigo: "Ha sido un referente en la gestión cultural en este país, que ayudó a renovar y encaminar hacia la vanguardia. Tuve la suerte de compartir con él parte de esa andadura y de comprobar su talla humana e intelectual. Me quedo con ese recuerdo".

El director del Museo Reina Sofía desde 2008, Manuel Borja-Villel, se ha sumado a las condolencias y ha señalado las dos instituciones que han marcado el trabajo de José Guirao, más allá de lo que supuso su trayectoria al ser ministro de Cultura. "Por un lado, su trabajo aquí en el Reina Sofía como director, pues consiguió estabilizar la institución, algo que parecía imposible hasta que llegó", apunta a infoLibre.

"Si repasamos la prensa de la época -prosigue-, vemos que el Reina Sofía era un campo de batalla donde los directores duraban muy poco. Era constante la polémica sobre en qué debía consistir la colección, si el Museo tenía que ser un centro de arte o un lugar dedicado a la historia. Él consiguió de algún modo que la institución estuviera fuera de los avatares políticos, fuera de los cambios de un ministro a otro, de un partido político a otro. El museo no podría ser lo que es en este momento si no hubiera habido este período de en el que se consiguió esta estabilidad".

Remarcable para Borja-Villel es también la labor que desempeñó en La Casa Encendida, pues habla "mucho de la capacidad como gestor de reinventarse a sí mismo. "Un proyecto distinto al Reina Sofía, en el que lo discursivo está en segundo plano en relación a lo que tiene que ver con la creatividad, la búsqueda de caminos desconocidos, la apertura a todo tipo de propuestas", plantea.

Desde La Casa Encendida se lamenta muchísimo la pérdida de Guirao, quien será recordado como "una de las personas más relevantes en la cultura de nuestro país en las últimas décadas". En un comunicado, agrega la institución en la que tantos años pasó: "Nosotras, además, le recordaremos con una profunda admiración y respeto. Valiente, exigente, respetuoso, incansable, querido por todos, trabajar a su lado y conocerle ha sido un regalo todos estos años. Nos enseñó a escuchar, a trabajar con generosidad y nos exigió compromiso y responsabilidad con un proyecto que siempre será suyo. Te vamos a echar mucho de menos, Pepe. Gracias por la confianza. Qué suerte haberte tenido cerca. Descansa en paz".

Por su parte, el presidente del Patronato de la Fundación Montemadrid y de la Universidad Alfonso X el Sabio, Jesús Núñez, destaca "la dimensión de la figura de José Guirao en el ámbito de la cultura, en la que ha desempeñado los cargos de máxima responsabilidad". Asimismo, recuerda que el exministro "forma parte de la historia de la Fundación Montemadrid, a la que supo guiar y situar entre las instituciones más relevantes de este país en ámbitos como la acción social, la educación o la cultura". 

Se suma a las condolencias también el Museo del Prado, que en un comunicado destaca que es "imposible catalogar" la huella de Guirao, al tiempo que agradece su "apoyo, dedicación y entusiasmo" en la celebración del bicentenario de la institución. "Sin su participación desde el ministerio que el entonces encabezaba esta celebración no hubiera tenido la visibilidad y el arraigo que consiguió", reconoce la dirección. Para la pinacoteca, contar con la "agudeza, inteligencia y conocimiento" del exministro en la comisión permanente del patronato en los últimos dos años fue "una suerte". "Una etapa fructífera en la que dejó constancia de su capacidad de trabajo y entrega hasta el último momento", apostilla la institución artística.

Guirao tuvo desde siempre una estrecha relación con la cultura. A ella se dedicó desde mucho antes de llegar a Madrid, siendo de 1983 a 1987 el responsable de Cultura de la Diputación de Almería, desde donde pasó en 1988 a ser director general de Bienes Culturales en la Junta de Andalucía. Ya en la capital, fue director de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura antes de ser nombrado director del Reina Sofía en 1994, encargándose de la ampliación realizada por el arquitecto francés Jean Nouvel.

Los creadores audiovisuales españoles se encuentran en una situación "cada vez más vulnerable y precaria frente al poder de las grandes plataformas digitales", según constata el Informe sobre el estado de la Cultura en España 2022 de la Fundación Alternativas, que remarca que a pesar del aumento en el consumo de contenidos audiovisuales durante la pandemia, los autores audiovisuales no se han beneficiado de forma "proporcional en los ingresos en derechos". 

De esta forma, dichas plataformas digitales se benefician en exclusiva del éxito de sus servicios, sin trasladar estos beneficios a los autores. Un desequilibrio que se traslada directamente a las negociaciones contractuales, lo que se ha venido a denominar la uberización de la cultura, por la "elevadísima multiplicación de contenidos en las plataformas y la presión que conlleva para los creadores audiovisuales", destaca el informe, centrado este año preferentemente en el sector audiovisual.

Se denuncia, asimismo, que pese a la "importancia fundamental" de los autores para garantizar la calidad y el éxito de cualquier obra audiovisual, son "muy pocos los que pueden vivir de su trabajo". Tomando como referencia el informe europeo de 2019 Behind the screens. European survey on the remuneration of audiovisual authors, un director gana como media 25.000 euros al año, poco menos que un guionista, con una media de 27.000 euros, después de impuestos. Según esta encuesta, un 74% de los autores del audiovisual se consideran en una situación de inseguridad financiera, algo a lo que no ayuda que los ingresos secundarios por derechos de autor ligados a la explotación de sus obras, normalmente a través de entidades de gestión colectiva, representan únicamente un 7,1% de sus ingresos (en el caso de los autores emergentes) y no más del 17% para los autores ya consolidados.

"Este enorme desequilibrio entre los autores y las grandes productoras audiovisuales y más recientemente, las plataformas digitales, al trasladarse a las negociaciones contractuales, es lo que justifica el panorama tan desolador para los autores", remarca la Fundación Alternativas, que para paliar esta situación propone la "armonización del derecho de remuneración de carácter irrenunciable -ya existente en España- a nivel europeo", puesto que la mayoría de los autores, a pesar de que se les reconozcan derechos de autor, suelen ceder sus derechos exclusivos a los productores en los contratos de producción audiovisual en prácticamente todos los países de nuestro entorno.

En este contexto hay que situar la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se tramita este mismo martes el Senado tras su aprobación en el Congreso el pasado 26 de mayo. Este Proyecto de Ley, según el informe, no solo defiende un derecho fundamental como es la libertad de expresión, sino que protege a los menores frente a contenidos perjudiciales, trata de reducir la brecha de género, y contribuye a la sostenibilidad de la industria audiovisual y a la protección de la propiedad intelectual.

Este Proyecto de Ley ha suscitado una "notable polémica", ante el "desacuerdo" con su contenido de los productores independientes, que acusan al texto legal de discriminarles financieramente frente a las grandes empresas audiovisuales y debilitar su posición negociadora. El problema de fondo es una variación introducida a última hora en la redacción del Proyecto (art. 110), en virtud del cual se permitiría a las grandes empresas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual destinar la financiación anticipada de obra audiovisual europea (5% de los ingresos anuales), en vez de a productores independientes, a productores vinculados a otro prestador de servicios audiovisuales, es decir, no exactamente independientes. 

La Fundación Alternativas ve esta Ley Audiovisual, "si su tramitación en el Senado no lo impide", como una "oportunidad perdida para reforzar el tejido industrial audiovisual y, en consecuencia, la capacidad de generar contenidos competitivos". Denuncia, en este aspecto, la "reducida cuota" de un 5% de los ingresos de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual lineal o a petición destinada a la financiación anticipada de obra europea, pues es un porcentaje que "nos aleja de las políticas más proactivas adoptadas por otros países europeos". 

De la misma manera, critica que la limitación de la aplicación de la cuota de obra europea, en los catálogos de los servicios a petición, a los prestadores con sede en nuestro territorio, tiene "efectos negativos en la demanda de productos generados por nuestra industria por parte de esas plataformas". "Además, supone una renuncia a la soberanía cultural que tendrá consecuencias en la dieta cultural de los ciudadanos españoles. Por extensión, sufre la diversidad cultural y la presencia de las obras en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. En un último giro de guion, el cambio en la definición de productora independiente amenaza la transferencia de recursos al tejido industrial conformado por los productores independientes, que ven en el cambio, una forma de favorecer a los grandes grupos audiovisuales españoles", explica el texto.

Desde la Fundación Alternativas se propone, a este respecto, Incrementar el porcentaje que las plataformas han de destinar a la financiación de obra audiovisual europea, en línea con otros países de nuestro entorno como Francia -del 20 al 25%- e Italia -del 17 al 20%-. Se insta, asimismo, a modificar la controvertida definición de productor independiente para así garantizar que no esté vinculado a un prestador del servicio de comunicación audiovisual y unificarla con la establecida a otra importante norma actualmente en tramitación: la Ley del Cine.

El informe incluye también una encuesta en la que queda patente que los creadores consideran, en su mayor parte, que no hay "una remuneración justa" para mantener su trabajo y alertan de la "eterna situación precarizada" en el sector. En concreto, la nota media otorgada en esta encuesta a las remuneraciones alcanza un 3,18, lo que "indica y reitera la eterna visión precarizada en el sector cultural y creativo español". La Fundación Alternativas elabora esta encuesta entre profesionales del sector, de cara "a tomar la temperatura" sobre el estado de la cultura.

En esta edición, la cultura española obtiene un aprobado "muy raspado", ya que asciende a 5.02 --el año anterior, la valoración fue de 5.2--. "Las expectativas sobre la cultura en España aletean entre el pesimismo y el optimismo, o incluso el desánimo por un futuro incierto. Todo ello incide, aún más en un ámbito, la cultura, que está en crisis permanente", sentencia la Fundación.

Durante el confinamiento, a la mayoría de los humanos nos dio por establecer nuestro particular orden de prioridades. En la cúspide, por unanimidad, pusimos la salud; de ahí que cada tarde nos reuniéramos, manteniendo las distancias, a expresar nuestra gratitud al personal sanitario por defendernos del virus. Los que tuvimos la suerte de librarnos del sufrimiento extremo que otros padecieron, también aprendimos a distinguir lo primordial de lo superfluo, y dentro de esa lección apresurada, trazamos una línea roja entre los imprescindibles y los que están de más. Entre los primeros, el ya referido personal sanitario, además de científicos, panaderos, agricultores, ganaderos, barrenderos, maestros… y cuantos contribuyeron solidariamente a que el mundo siguiera funcionando. Los otros, comisionistas, conseguidores y gorrones, estaban maquinando cómo aprovecharse del desastre. No hay mejor ejemplo que el del pelotazo de las mascarillas, ahora en sede judicial, protagonizado por Alberto Luceño, Luis Medina y el primo del alcalde.

Lamento distraerme con los intermediarios, cuando mi única intención con estas líneas es poner de manifiesto algo esencial. En los peores momentos de la pandemia, en la situación más deplorable, cuando estábamos muertos de miedo, encerrados en casa, nos dedicamos, más que nunca, a consumir libros, canciones, películas… Tanto rodeo, en definitiva, para reivindicar la cultura como un bien de primera necesidad. Tenía que haber empezado por ahí. La cultura nos hace libres, independientes, nos ayuda a mejorar la calidad de vida y a compartir nuestros sueños con los demás.

Casi todo el mundo la tiene mitificada y, el que carece de ella, por muchos otros bienes que posea, siempre la echará de menos. Por encima de cualquier otra destreza, la cultura es lo que nos da mayor seguridad.

"Ahora que estamos superando la pandemia, se está recuperando la industria del cine y la cultura. Hay que reivindicar su entereza y dar el apoyo de las instituciones públicas para que tenga un futuro mucho mejor de lo que hemos tenido en los dos últimos años". Recuerdo y transcribo palabras recientes de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante su presencia en la gala de los Goya, donde reconoció la precariedad de muchos trabajadores en estos dos años tan difíciles para la cultura. "Ahora que estamos recuperando la actividad económica —insistió— es un buen momento de reivindicar la industria cultural". Bellas palabras para reconocer a una industria que nos alimenta intelectual y espiritualmente. Añado, además, el entusiasmo con el que se sumó el ministro de Cultura, Miquel Iceta, a la celebración de la fiesta del cine y a la nominación de Javier Bardem y Penélope Cruz, selectos embajadores de la marca España, como candidatos a los Oscar; un acto que señaló como "motivo de alegría, pese a algunos que intentan minimizar el papel de la cultura como sector de subvencionados y de cuatro privilegiados".

También aprovecho para señalar que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la entrega de los Premios CEDRO 2022, reiteró la importancia de la cultura y la creación artística como "salvaguarda y pasaporte para el único futuro posible de nuestras sociedades". La vicepresidenta recordó, además, que la cultura en nuestro país ha sido constituida como un bien de primera necesidad, porque "una sociedad sin expresión artística, sin productos culturales, es una sociedad silenciada y sin pulso cívico".

Destaco literalmente el entusiasmo que provocan en los políticos (en unos más que en otros) los Oscar, los Goya, las alfombras rojas, los Días del Libro, las recepciones en Palacio y, en general, los grandes fastos artísticos y culturales que se celebran periódicamente. Tampoco se olvidan (unos más que otros) de los días tristes, cuando llega el momento fatídico de dar el último adiós a personajes tan admirables como nuestro queridísimo Juan Diego. No dudo de su buena voluntad, de su sincero amor y gratitud por los creadores que, también a ellos, les han hecho reír, llorar, soñar y sentir. Lo deseable, sin embargo, es que no olviden sus precarias condiciones de trabajo y traten de mejorarlas, siempre que esté en sus manos. Me refiero a las cosas de comer. Y en este punto debo mencionar algunas trabas burocráticas en relación con la defensa de la propiedad intelectual, el Estatuto del Artista, el fomento del libro y la lectura, la compatibilidad de las pensiones con los derechos de autor y la persecución de la piratería.

Dirán que la mayoría de las reivindicaciones están resueltas o en vías de resolución. Cierto, pero es una verdad incompleta, porque quedan, como he dicho, algunos obstáculos burocráticos, flecos importantes, que están retrasando la aplicación de las disposiciones legales. Y algo más. Lejos de estar resuelto, ha surgido otro problema. Los derechos de autor, concretamente, son los que permiten a los escritores vivir de su trabajo, reconocen la autoría sobre sus obras y les garantizan una remuneración.

Pues bien, resulta que el Gobierno pretende incorporar a la legislación española una directiva europea que regula los derechos de autor en el mercado digital, que, de hecho, impide gestionar colectivamente lo que les corresponde por el uso que hagan de sus obras los gigantes tecnológicos como Google. Hasta ahora, las plataformas digitales pagaban esos derechos a un organismo, CEDRO, que se encargaba de gestionar dichos fondos para concederles ayudas urgentes a los autores necesitados. Un ejemplo: el año pasado CEDRO, con dicha recaudación, creó un fondo de un millón de euros para repartirlo entre los creadores más afectados por el covid. Si no se reforma el borrador de la ley, las plataformas digitales, además de sus múltiples beneficios y exenciones fiscales, se quedarán con los derechos de autor de los esforzados trabajadores de la cultura. Como la ley se está tramitando en el Congreso, todavía estamos a tiempo de poner freno a la voracidad de Google y compañía.

 ____________________

Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, galardonadas con algunos de los principales premios literarios.

Después de celebrar en 2020 su bicentenario, el Ateneo de Madrid cambia de rumbo. Las elecciones del 31 de mayo, en las que se renovaban seis cargos de su Junta de Gobierno, dan la presidencia de la institución al experto en comunicación política Luis Arroyo, columnista de infoLibre. Hace un año y medio, el consultor se ponía a la cabeza del Grupo 1820, una reunión de socios del ateneo, creadores, científicos y políticos organizados para "revitalizar el Ateneo de Madrid". Además del que fuera exdirector de Gabinete en la Secretaría de Estado de Comunicación, en el Ministerio de Vivienda y adjunto en la Vicepresidencia del Gobierno con el PSOE, han logrado su puesto dentro de la Junta el actor Miguel Rellán, la gestora cultural Isabel Fuentes (directora del CaixaForum Madrid), la empresaria Pepita Marín (cofundadora de We Are Knitters y consejera de Prisa), el empresario José Pablo de Pedro (Realtech, Techedge) y el jurista Pedro López Arriba, que había ocupado cargos en la institución en otras ocasiones. La valoración de Arroyo de su victoria es optimista: "Hay un clamor por el cambio en el Ateneo". 

Por más que entre los presidentes de la llamada Docta Casa hayan estado, en estos dos siglos, nombres como los de Valle-Inclán, Unamuno, Fernando de los Ríos o Azaña, no es habitual que las elecciones al Ateneo de Madrid ocupen espacio en los medios. Tampoco es habitual que la cola de votantes obligue a ampliar la hora de cierre de urnas. Ni que de sus 1.900 socios voten 561, una participación muy por encima de la de las últimas décadas (el pasado septiembre, cuando se votaban otros cinco puestos, lo hicieron solo 207 socios). Es porque la campaña política del Grupo 1820 tampoco ha sido la habitual: los impulsores han logrado el apoyo no solo de las personas ya asociadas al Ateneo, sino de figuras como el músico Joan Manuel Serrat, la periodista y escritora Rosa Montero, la cineasta y exministra de Cultura Ángeles González-Sinde, la científica Margarita del Val, la periodista Pepa Bueno o el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que en el último año han ingresado también en la institución. En las listas abiertas, Luis Arroyo ha obtenido 254 votos frente a los 153 del segundo candidato a presidente más votado, Miguel Pastrana.

"Esta es una institución maravillosa que enamora a todo el mundo que la conoce", defiende Arroyo, "por su tradición (con 200 años de historia), porque dio origen al liberalismo español, en el sentido histórico decimonónico, al librepensamiento, la razón...". El Grupo 1820 ha convencido con una propuesta de "revitalización" basada justamente en el papel del Ateneo a finales del XIX y principios del XX, cuando era un espacio de vanguardia cultural y de influencia en el poder. Pero también son conscientes sus miembros  de la "grave crisis" a la que se enfrentan, que ha reducido el número de socios a menos de un tercio desde los ochenta. "Es una crisis triple: de gestión, con una mediocridad en los actos organizados, una crisis económica muy grave y una crisis de gobernanza muy acusada", señala el nuevo presidente. Pero no está solo el Ateneo, dice, en el declive del interés por este tipo de sociedades decimonónicas (nombra a las reales academias, a los clubes y casinos): "Estas instituciones, si no se actualizan y se adaptan, languidecen". En la actualidad, critica, el Ateneo es "un coto muy reservado y muy poco atractivo".

El que fuera también espacio de tertulia de Emilia Pardo Bazán, decían en su programa, ha quedado “ajeno al devenir real de la vida cultural, social, política y científica del país”. En esa declaración de intenciones, sus impulsores apuntaban a una mejora de la programación cultural, con conciertos, teatro y charlas, la organización de debates sobre asuntos candentes de la actualidad política, la apertura de exposiciones en el monumental edificio de la calle Prado, un mayor control del catálogo de su biblioteca o la apertura ininterrumpida de las salas de estudio. Arroyo se imagina un espacio en el que recalen os intelectuales de referencia a su paso por Madrid, un escenario que entre en los circuitos de jazz o flamenco de la capital y un lugar de aprendizaje en el que el pintor Antonio López, por ejemplo, pueda organizar un taller. "Para que te hagas una idea", dice, "yo me muero por tener a C Tangana conversando con Joaquín Sabina sobre Madrid o sobre filosofía". En el horizonte está también hacer un proyecto atractivo para los jóvenes, ausentes casi por completo del Ateneo. 

Pero no menos relevante resulta en el programa la situación económica de la institución. El Ateneo acumula 2 millones de euros de pérdidas, 1,5 millones solo en deudas con la Administración. El Grupo 1820 señala en su programa la “excesiva dependencia” de las instituciones públicas (la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento aportan el 30% de sus fondos, lo que le hace especialmente sensible a los recortes) y la “carga excesiva” sobre las cuotas de los socios, que con sus 21 euros mensuales aportan el otro 40%. Hasta ahora, el Ateneo ha cubierto el resto principalmente a través del alquiler de espacios, algo que ha dificultado, en opinión del equipo de Arroyo, ofrecer una programación propia. Esta práctica dejó de hecho, en 2019, una de las imágenes más tristes para la institución en las últimas décadas: Falange alquiló el salón de actos para celebrar un evento en el que se hizo el saludo fascista, se exigió la derogación de la Constitución y se cantó el Cara al sol. La Junta de Gobierno defendió entonces la celebración de este acto apelando al carácter plural de la institución y a la libertad de expresión. "Eso pesó muchísimo", recuerda Luis Arroyo, "porque hay un límite: ¡esos son los que te tomaron el Ateneo desde el año 39!". Pero no cree que aquello lastre a la institución; al contrario, asegura, llamará la atención "el contraste con esos errores". 

El Grupo 1820 apuestan por desarrollar el mecenazgo privado, algo que algunos socios ven con desconfianza, pero que ellos consideran absolutamente necesario. Arroyo lo explica así: "¿Tú qué prefieres, que venga Repsol y te alquile el salón de actos durante cinco días por 6.000 euros, con un acto corporativo en el que los socios no pueden hacer nada, o que te dé 6.000 euros para programar un ciclo de música barroca?". A ello suman el propósito de mejorar las relaciones con las instituciones a las que se adeuda dinero: en 2010, el Ateneo recibió una ayuda de 1,5 millones de euros del Ministerio de Cultura para reparación de sus instalaciones y que luego no fue capaz de justificar satisfactoriamente. También está pendiente el conflicto legal con la concesionaria del bar y el restaurante hoy cerrados, que se declaró en bancarrota. Arroyo confiesa que no conoce al detalle ambos conflictos, que estudiará ahora a fondo, pero confía en la "buena relación" que mantienen tanto con Cultura como con la empresa concesionaria. 

Pese a la clara victoria del Grupo 1820, algunos socios no están contentos. Pedro A. García Bilbao, candidato a vocal segundo por la candidatura Convergencia e Independientes y Conciliadores, escribía el martes en Twitter: "Desde enero del año pasado hemos asistido a una entrada en masa en lo que tiene toda la pinta de una operación diseñada para cambiar la masa social del Ateneo". ¿No tienen los recién elegidos cierto temor a un enfrentamiento interno? "Va a haber oposición", asume Luis Arroyo, "pero es que hemos arrasado, tenemos una legitimidad que ellos no tienen. Y eso que llevamos un año y medio, ellos llevan diez". Uno de los retos a los que se enfrenta el equipo de Arroyo es el cambio en el reglamento: según el vigente, la Junta de Gobierno se renueva parcialmente cada año, generando en la práctica un Gobierno de candidaturas distintas, lo que el Grupo 1820 considera herencia del turnismo y "propio del siglo XIX, pero no del XXI". Ellos proponen algo como una renovación total de la Junta cada tres años. Pero eso, dicen, tendrán que decidirlo los socios. 

Fondos europeos: las palabras mágicas que devuelve el brillo a los ojos del sector cultural. Hace una semana, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, presentaba la parte dedicada a la cultura del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el programa del Gobierno para gestionar los fondos europeos de recuperación Next Generation EU. Y aunque el documento de 348 páginas tiene que ser aprobado aún por Bruselas, y aunque hasta entonces no se conocerán las subvenciones y convocatorias específicas, el mundo de la cultura empieza a moverse. El sector ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, especialmente los espectáculos públicos y el cine, y la inyección de 525 millones de euros —200 millones solo para el audiovisual— suena a música celestial.

Poco parece importar, por ahora, que esa cantidad suponga menos del 0,8% de los 72.000 millones en transferencias directas que recibirá España entre 2021 y 2023. Sí inquieta, sin embargo, la envergadura del reto al que se enfrenta el Ejecutivo: hacer llegar la financiación a una industria muy fragmentada, compuesta de pymes y autónomos sin empleados, y hacerlo sabiendo que las competencias están descentralizadas, compartidas con comunidades autónomas y ayuntamientos. El plan presentado por el ministro se marca objetivos como la “transformación digital” del sector, impulsar la cultura “como elemento de cohesión social y territorial” o “facilitar el acceso a la cultura”. Estas son algunas de las claves para que los fondos europeos lleguen a buen puerto.

1. Agilidad en los procesos

El Gobierno aún no ha dado plazos ni para la publicación de las primeras convocatorias ni para la llegada del dinero. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso con las que ha podido hablar este periódico apuntan a que el plan estará aprobado por Europa en “unas semanas” y que los fondos comenzarían a llegar después del verano. Los reembolsos de la Unión Europea llegarán cada seis meses, en función de los objetivos acordados, por lo que el proceso exigirá una gran agilidad por parte de la administración y de las empresas, creadores e instituciones receptoras. Los plazos habituales hasta ahora tendrán que reducirse. Por poner un ejemplo: en 2019, el proceso de ayudas generales para la producción de largometrajes, puesto en marcha por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (dependiente de Cultura) comenzó en julio y finalizó en noviembre. Habrá que acelerar.

2. Coordinación entre las administraciones

La gestión de los fondos europeos recaerá en los Ministerios de Economía y de Hacienda, que recibirá y distribuirá las partidas en función de los proyectos que se pongan en marcha, pero el Ministerio de Cultura desarrollará su propia ventanilla para tramitar aquellos que correspondan exclusivamente al sector. “En cultura, las comunidades autónomas van a tener mucho peso en la gestión porque está muy descentralizada”, apunta Inma Ballesteros, directora de Cultura de la Fundación Alternativas, dedicada en las últimos meses a difundir en el sector el funcionamiento de los fondos. Hay que tener en cuenta que casi el 90% del total de presupuesto para cultura lo gestionan las autonomías y los ayuntamientos”. El reto estará, primero, en la coordinación interministerial, sabiendo que en el pasado, los desacuerdos entre Hacienda y Cultura han condicionado, por ejemplo, la bajada del IVA cultural, igual que el diálogo con Trabajo y Seguridad Social ha condicionado el desarrollo del Estatuto del Artista. Pero también en la relación entre los distintos niveles de la administración, teniendo en cuenta que hasta ahora ha estado marcada por las fricciones entre el Gobierno y algunas comunidades de distinto signo político. Por último, el reto de las autonomías estará en asegurar que los fondos llegan a unos ayuntamientos desbordados por la pandemia.

3. Colaboración público-privada

Uno de los ejes impuestos por Europa es el fomento de la colaboración público-privada, sintagma que aparece decenas de veces en el plan del Gobierno. El problema, dicen los consultados por este diario, es que España no tiene desarrolladas ni legislativa ni organizativamente este tipo de financiación para la cultura. “Hay que desarrollar herramientas que permitan montar estructuras de financiación más allá de lo ya establecido”, apunta José Nevado, director de la asociación de productores audiovisuales PATE. “Nunca se me pasaría por la cabeza pensar que hubiera un fondo público-privado para el cine, porque el cine tiene que tener apoyo a fondo perdido, como sucede ahora, y sin embargo creo que es muy necesario que ayudemos al inversor privado a meterse con mayor seguridad en el sector audiovisual”. El problema, dice, es que desarrollar esta estructura a contrarreloj y mientras se gestionan los propios fondos europeos puede ser una tarea muy difícil de llevar a cabo. Y Bruselas lo tendrá en cuenta. 

4. Atención a las pymes

En su propia presentación, el ministro de Cultura ya señalaba que solo el 6,6% de las empresas culturales tienen más de 6 trabajadores, y únicamente el 0,6% supera los 50. Casi el 65% del sector está compuesto de autónomos sin empleados a cargo. Esto condicionará enormemente el tipo de líneas de financiación y convocatoria que se pongan en marcha. Y también condiciona en gran medida los procesos administrativos: cuanto menos concentrado está un mercado, más expedientes habrá que gestionar. Fuentes conocedoras del diseño del plan señalan que el Gobierno se apoyará en las comunidades autónomas, que a su vez están demandando más peso en la distribución de los fondos, para procesar la presentación de solicitudes. Algunos de los consultados por este periódico se muestran desconfiados con la capacidad de una administración ya saturada para asegurar que los trámites sean rápidos. Otros mantienen el optimismo. 

5. Repensar la digitalización

De los 325 millones dedicados a la “revalorización de la industria cultural”, 73 millones irán destinados exclusivamente a la digitalización de los “grandes servicios culturales”. Pero es que además la digitalización es uno de los ejes principales de la inversión en “refuerzo de la competitividad de las industrias culturales”, dotada con 110 millones de euros. En opinión de Inma Ballesteros, con razón: “Los estudios nos dicen que España está un poquito a la cola en habilidades digitales, aunque la infraestructura es de las mejores de Europa”. En estos meses, se esfuerza an explicar a las empresas culturales que la digitalización no se refiere necesariamente a la relación con el público. “No quiere decir que una compañía de danza tenga que digitalizar el espectáculo o usar gafas 3D, el contacto con el público se va a seguir produciendo de la misma manera”, explica. “La digitalización puede y debe aplicarse a los procesos para preparar el espectáculo, a la comunicación interna, a la facturación, a la compra a proveedores...”. El proceso de digitalización impulsado por Europa y recogido con entusiasmo por el Gobierno también podría aplicarse, señalan los entrevistados, al análisis de audiencia o a la creación de redes europeas, de programadores teatrales, exhibidores de cine o editoriales que busquen libros que traducir. Para la directora de Cultura de Fundación Alternativas, es clave que las empresas “no se queden sentadas esperando a que salgan las convocatorias” sino que “empiecen a pensar qué es lo que tienen y qué es lo que les falta por digitalizar”.

6. Protección para los trabajadores

En su plan, el Ministerio de Cultura recoge algunas reformas legislativas: la normativa en propiedad intelectual, que debe adaptarse al marco Europeo, la ley de comunicación audiovisual, la ley del cine... y el Estatuto del Artista. Este conjunto normativo, que implica a varios ministerios, como Trabajo, Hacienda y Seguridad Social, reúne una serie de medidas para regular las profesiones artísticas, marcadas a menudo por la intermitencia, y otorgar más derechos a los trabajadores, que con frecuencia se quedan fuera de las prestaciones por desempleo o por maternidad. El Estatuto pasó por la subcomisión correspondiente del Congreso de los diputados en 2018 y fue aprobado por unanimidad por los parlamentarios en 2019, pero pese al gran consenso suscitado solo se ha desarrollado parcialmente. El 21 de abril, José Manuel Rodríguez Uribes insistió en el Congreso en que es “un compromiso y una prioridad” del Gobierno para esta legislatura.

Sin embargo, Cristina Bermejo, secretaria general de Cultura en CCOO, explica que las consultas con los sindicatos están “paradas” y que ni Cultura ni ningún otro ministerio les ha convocado a ninguna reunión en el último año. “Los subsidios que el Ministerio lanzó durante la pandemia pusieron de manifiesto la necesidad imperiosa de que se regule el sector, porque la mayoría de los trabajadores no cumplían los requisitos de cotización y no han estado teniendo ningún ingreso y ningún apoyo”, lamenta. Aunque reconoce que el Estatuto del Artista es “el objetivo de mandato” del ministro, no está convencida de que su desarrollo vaya a llegar pronto: “No sé hasta qué nivel están avanzando para que realmente los fondos se repartan de una manera eficaz”.

7. ¿Qué pasa con la producción?

El plan presentado por Cultura recoge los cambios legislativos necesarios, y centra la inversión en la digitalización del sector, en su promoción o en la captación de inversión extranjera. Pero no menciona los propios contenidos o el impulso a la producción cultural. Esto preocupa especialmente a Jose Nevado, como representante de los productores audiovisuales, que señala que hay algunos sectores culturales, como puede ser el suyo, pero también el editorial, que ya están muy avanzados en su proceso de digitalización. “Yo no sé si hay espacio, por ejemplo, para más plataformas de streaming españolas, pero lo que siempre se van a necesitar son contenidos, y los contenidos son justamente lo que han hecho que otros países se fijen en España. Tenemos que tener la capacidad de convencer al Gobierno de que en la gestión de los fondos tiene que ser clave la creación, que es lo que hacemos verdaderamente bien”, defiende. Pero es consciente de que, una vez aprobado el plan en Bruselas, el Ejecutivo tendrá poco margen de maniobra.

8. ¿Y eso del derecho de acceso?

Hay otro aspecto que preocupa a Inma Ballesteros: el objetivo de “facilitar el acceso a la cultura” que se marca el Gobierno, relacionado también con el de “impulsar el papel de la cultura como elemento de cohesión social y territorial”. Es decir, que cualquier ciudadano, independientemente de dónde viva o qué nivel de renta alcance, tenga las mismas posibilidades de ir a una biblioteca, al teatro, al cine o al museo. La directora de Cultura de Fundación Alternativas celebra que el derecho de acceso esté reflejado en el plan del Ejecutivo, pero teme que posteriormente no se le dé la misma importancia que a los proyectos estrictamente empresariales. “Existe cierto temor a reconocer este derecho en el ordenamiento jurídico expresamente”, critica, “ porque podría generar ciertos compromisos que a lo mejor van más allá de lo que se quiere”. En su opinión, una buena manera de mejorar el acceso a la cultura a través de los fondos sería una mejora de la conectividad, para que los habitantes de zonas rurales pudieran consultar los mismos materiales online que los de la ciudad, pero también un mayor desarrollo de la red de bibliotecas y el mantenimiento de las infraestructuras locales, “como Laboral en Gijón o Medialab en Madrid”, que “deberían ser protegidas y no cerradas”.

En la acampada de Sol había una biblioteca para que los manifestantes pudieran intercambiar libros entre asamblea y asamblea. Durante las protestas de aquella primavera de 2011, las pancartas se convertían en verdaderas creaciones. Las acciones en todo el país incluían orquestas, coros, baile flamenco, performances de distinto pelaje. Desde el principio se pensaba colectivamente en cómo registrar y narrar lo que estaba ocurriendo. Se construía una idea de participación política que iba mucho más allá de la vida parlamentaria, una participación política que inundaba la vida pública y la privada.

En su libro El tiempo de las plazas, Julia Ramírez-Blanco, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, registra la influencia de la cultura y la creación en aquellas novedosas forma de protesta que atravesaron el globo. Pero quizás el camino de vuelta no fue igual de fructífero. ¿Cómo influyó la experiencia del 15M, del que este mes se cumplen diez años, en nuestra forma de entender la cultura? Una década después de aquella experiencia militante, que transformó algunos aspectos de la vida social española, quedan lejos las aspiraciones de una cultura digital libre y abierta, de una gestión pública que primara la cultura popular y el acceso al arte por parte de las clases trabajadoras, y de una escena creativa que integrara la horizontalidad de la que hizo gala el movimiento.

Cómo se cuenta la crisis

Antes de llegar a las frustraciones, sí hay que reconocer una transformación asombrosa: la que el 15M operó en las temáticas de canciones, películas, obras teatrales y libros. Al calor de un movimiento de protesta que llegó a recibir el apoyo del 80% de la población, el apellido de social referido a la cultura se despojó (en parte) de sus connotaciones negativas. Era un proceso que venía desde la crisis de 2008, pero que las plazas apuntalaron. Fue consecuencia de una victoria: “Antes del 15M, la crisis era culpa de la gente”, recuerda Ramírez-Blanco, “después del 15M, era culpa de los de arriba”.

Las materializaciones, aunque no fueron inmediatas, sí fueron muy diversas. En 2015, Isaki Lacuesta, que luego rodaría Entre dos aguas, estrenaba Murieron por encima de sus posibilidades, una película en la que unos ciudadanos destrozados por la crisis resolvían secuestrar al presidente del Banco Central. Un año antes publicaba Belén Gopegui El comité de la noche, una novela que no solo llamaba a la resistencia y a la vigilancia contra el poder, sino que desarrollaba su propia poética en torno a esa día. Por esas fechas, el grupo Amaral, uno de los más populares de la música española, cantaba en Ratonera: “No sé cómo duermes por las noches, / estúpido farsante, si mientes más que hablas. Allí por donde pasan los de tu calaña, ya no crece nada”. Y no se referían a un antiguo amante.

Coincidía con el disco Resituación, de Nacho Vegas, que unía himnos esperanzados como “Runrún” con cantos rabiosos como “Polvorado”. Algo antes, Juli Disla y Jaume Pérez estrenaban La gente, una obra de teatro que se desarrollaba en una asamblea, de la que los espectadores participaban. En El plan, Ignasi Vidal daba vida a tres amigos que debaten cómo salir de la depresión en la que les ha sumido la crisis. El Premio Planeta de 2015 iba para Hombres desnudos, de Alicia Giménez Bartlett, un full monty a la española full monty en la que un grupo de hombres arruinados recurría al trabajo sexual. Etcétera. Y esa línea continúa hasta hoy: difícilmente se entendería una serie como Antidisturbiosuna serie como Antidisturbios, estrenada en 2020, sin el debate sobre la función de las fuerzas de seguridad tras las duras cargas de aquellos meses.

Lo que pasa en la plaza, se queda en la plaza

En las acampadas se debatía sobre deuda pública y sistema electoral, pero también se leía, se estudiaba, se organizaban talleres de artes plásticas, de danza o de fanzines. La creación se inserta en la vida de la protesta, pero de una forma particular: “Había una propuesta que era de una cultura no especializada —todo el mundo estaba inmerso en la creatividad de la acampada— y por lo tanto no comercial”, apunta la historiadora del arte. Allí dejaban de operar los criterios de excelencia artística, de aprobación de la crítica o de rédito comercial, y se sustituían por los de interés social y puro placer creativo. El problema llegó, como en otros ámbitos, cuando quedó claro que en algún momento había que dar el salto de la acampada a la vida real. En otras palabras: “La acampada contenía una propuesta cultural que solo era posible en una sociedad no capitalista”. Las protestas de aquella primavera y la organización de las plazas, donde se aportaba según las posibilidades de cada cual y se utilizaba según sus necesidades, habían creado una burbuja de autogestión en la que no existía el mercado. Pero cuando esa burbuja se pincha, el mercado sigue ahí. Y siguen ahí las jornadas laborales interminables, el escaso valor dado a las actividades realizadas por puro placer, el desprecio del amateurismo y la tiranía de un mundo artístico que, salvo en contadas ocasiones, no valora los procesos sino el resultado.

El mundo de la cultura fue sensible al fenómeno de las acampadas y también a sus reivindicaciones —heterogéneas y en evolución—. José Luis Sampedro y Álex de la Iglesia apoyaban públicamente el movimiento iniciado en Sol. Basilio Martín Patino rodaba en las plazas el que sería su último documental. El grupo Vetusta Morla definía las protestas como de “sentido común”. Pero, pese al respaldo generalizado, y pese a la imagen del mundo de la cultura como espacio progresista y abierto, lo cierto es que las prácticas del 15M no tuvieron una continuidad en los proyectos culturales. Fundación Robo, grupo musical del que formaba parte Nacho Vegas, proponía crear obras colectivas en las que el nombre del artista contara poco y que se cedieran libres de derechos, un modelo que el propio grupo agotó hacia 2014 y no ha tenido luego herederos. A partir de las bibliotecas de las acampadas nació Bookcamping, una web colaborativa impulsada por creadoras como Silvia Nanclares o Jessica Romero que rastreaba y organizaba recursos de licencias abiertas (es decir, ajenas al sistema de copyright), y aunque sirvió de inspiración a proyectos similares, este dejó de tener continuidad en torno a 2015. Otra de las prácticas clave del 15M era el rechazo de los liderazgos personalistas y la apuesta por la horizontalidad. Pero, salvo excepciones, estos principios no se han extendido en la creación cultural, un espacio que —como ya se había discutido en mayo del 68— no está libre de jerarquías.

Hay que anotar una pequeña victoria. La nombra Sofía Coca, del colectivo sevillano Zemos98: quienes lo componen estuvieron en las plazas, pero además el grupo lleva consigo, en su trabajo sobre la cultura participativa y crítica, buena parte del alma de aquellos días. “Lo que sí creo que se han popularizado, más que esas prácticas concretas, han sido las dinámicas del cuidado”, explica. “En Zemos98, muchas de las cosas que hacemos que tienen que ver con formas más igualitarias y democráticas de trabajar lo hacemos por sostenibilidad no solo del trabajo sino de las personas que estamos detrás”. Poner los cuidados en el centro o hacer una política de los cuidados han sido algunos de los ejes de las reivindicaciones feministas de los últimos años, pero —y pese al mal recibimiento que en algunas acampadas tuvieron los gritos contra el machismo— ya estaban presentes en el 15M. Las labores de mantenimiento de la vida, desde la alimentación a la limpieza pasando por el descanso, eran básicas en la vida de las plazas, como lo era la necesidad de tejer relaciones constructivas entre personas que no se conocían de nada. Pero, advierte Coca, la reivindicación de los cuidados también ha sido cooptada por el mercado: “Esto hace, como decía Silvia Nanclares hace años, que la cultura la sostengan cuerpos exhaustos. Estas prácticas malentendidas, puestas a un servicio neoliberal de la cultura, al final generan más mecanismos de opresión en el sector cultural, en lugar de luchar por unas condiciones de vida dignas”.

La cultura puede esperar

Uno de los problemas que ve ahora este gestora cultural en la aproximación del 15M a la cultura es que no se produjo una conversación lo suficientemente profunda sobre la precariedad en el trabajo creativo, o que esta, al menos, no se materializó en reclamaciones que pudieran llevarse luego a lo institucional. Si esto ocurrió fue, en su opinión, porque aquellas personas interesadas en la cultura que formaron parte del 15M pusieron su conocimiento “al servicio del proceso político”, dejando quizás de lado sus propias inquietudes sobre el papel de la cultura o sobre su trabajo. “La gente que conformó el espectro cultural del 15M entendía que había que ponerse al lado de las cosas que tocaban: la vivienda, los servicios públicos...”, cuenta. Es decir, que el movimiento reprodujo la idea muy extendida de que los asuntos de la creación son secundarios, y que en la relación entre arte y política hay un elemento subordinado y otro dominante.

La cultura libre —aquella corriente que defiende el intercambio libre de conocimiento de igual a igual, posible en gran medida a través de un Internet no mercantilizado, y pone la reutilización de materiales, la remezcla y la inteligencia colectiva por delante de los derechos de autor— es quizás la aportación más evidente del 15M al debate cultural. Si no se ha mantenido en el discurso político mainstream, como sí han hecho la transparencia o el cuestionamiento de la política representativa, es en parte porque el Internet de hoy es muy distinto al de hace una década. Twitter y Facebook, que por entonces fueron vistas como herramientas de comunicación horizontales que escapaban a la jerarquía de los medios, hoy se revelan como tecnologías extractivas e hipervigiladas que forman parte de las mismas formas de consumo que los medios de comunicación tradicionales.

Tras las acampadas comenzarían a expandirse a toda velocidad las plataformas de streaming de pagostreaming, como Spotify o Netflix, que acabarían sustituyendo al eMule y al P2P, el intercambio de contenidos entre usuarios. Si Internet pareció alguna vez una utopía libre de las dinámicas de la industria cultural, hoy forma una parte esencial de ella. “A raíz de la pandemia, urge de nuevo reflexionar sobre lo que está pasando en el espacio público digital”, reivindica Sofía Coca. “Ahora que a la fuerza nos hemos visto obligados a habitarlo más que nunca, tenemos que ser conscientes del ritmo al que se ha ido privatizando. Es de urgencia volver a poner sobre la mesa esas cuestiones que la cultura libre reivindicaba hace más de 10 años”.

El problema, dicen los entrevistados, es que una cierta idea que existe en el imaginario colectivo sobre el mundo de la cultura no es real. Santiago Eraso, gestor cultural que dirigió Arteleku (Donostia) durante 20 años y que fue director de contenidos de Madrid Destino con el Gobierno de Manuela Carmena entre 2015 y 2016, parafrasea a Remedios Zafra: “La cultura es el gran espejo donde se reflejan las prácticas del capitalismo de la supuesta libertad individual sometida a las lógicas mercantiles”. No es un mundo aparte, sino un espacio de reproducción del mercado, puntualiza, más sometido aún a la precariedad. Por eso no le extraña que la cultura, en su acepción más estrecha —la que se desarrolla de manera profesional y cobra por sus bienes y servicios—, no haya incorporado las propuestas del 15M. “La tendencia general tiene que ver con una forma sistémica de ir acabando con lo que fue el estado social del bienestar, con privatizar los servicios y los espacios de socialización no segregados por renta, como son la educación pública, la sanidad pública, la cultura pública”, dice. Algo muy lejano a las ideas del 15M que hablaban del derecho al acceso a la cultura o de la descentralización de las producciones, más interesadas en la cultura de base que en las grandes infraestructuras. Algo que Eraso resume en una frase: “Ya basta de Guggenheim, recuperemos la cultura permeable”.

Otra política cultural ¿es posible?

Pedro Jiménez, también de Zemos98, es crítico con la forma en que el 15M abordó la política cultural institucional, “algo que interesaba entonces e interesa ahora a muy poca gente”. Señala que entonces se reclamaban a las instituciones culturales asuntos que no eran de su competencia directa, como el IVA (Hacienda) o la mejora de las condiciones laborales (Trabajo). “A nivel simbólico, las instituciones sí han mirado al proceso 15M desde su lado estético político para no cambiar nada”, critica Jiménez. “De poco sirve acoger el archivo de pancartas o películas y música realizadas por artistas en aquel momento cuando no cambias nada de tu modelo de gobernanza. Quizás por eso mismo la necesaria democratización radical que necesitan las instituciones culturales ni está ni se la espera”.

La experiencia de Santiago Eraso frente de Madrid Destino, como parte del ensayo municipalista de Ahora Madrid, fue “decepcionante”. Sobre todo, dice, por el tratamiento periodístico, que describe como “feroz”, de asuntos como la actuación y detención de los titiriteros, la cabalgata de Reyes o la dedicación de las Naves de Matadero a las artes de vanguardia. “Queríamos sacar a Madrid Destino [empresa municipal organizada como S. A.] del terreno de la sociedad anónima y del mercantilismo, pero hubo una reacción y una instrumentalización política descarada”. Fue su “peor experiencia política”: “La política ya me había decepcionado, pero siempre había creído que el periodismo formaba parte del derecho a la verdad”. Eso se unió a la petición de “discreción” que se le hacía desde la alcaldía: “Manuela [Carmena] me decía no hagas nada, no digas nada. En las ruedas de prensa tenía que hablar con la voz de otro. Yo en mi vida había trabajado como gestor cultural en esas condiciones”. Eraso dimitió al año de llegar al puesto.

Su diagnóstico es duro: “¿Qué queda de aquello? Nada. Algún vestigio”. Como el Medialab, dice, un espacio gestionado por el Ayuntamiento de Madrid más centrado en los talleres y las actividades comunitarias que en las exposiciones. En febrero, el Gobierno de Martínez Almeida anunció la no renovación de su director y trasladó el proyecto de su sede en la Serrería Belga a unas oficinas de Matadero. En ese edificio, situado junto al Paseo del Prado, se instalará un museo que exponga los fondos de arte contemporáneo de la ciudad, según los planes de la concejal Andrea Levy. Para Eraso, la operación es una muestra de la primacía del arte como negocio sobre la creación como nivelador social: “El mensaje es que un edifico de ese valor inmobiliario no se puede dedicar a una cultura comunitaria, sino a un lugar donde los turistas paguen entrada”.

La política municipal ha sido el principal ensayo de una posible nueva política cultural. La cultura es un tema desaparecido en los debates electorales autonómicos. Y aunque el pacto de Gobierno firmado entre PSOE y Podemos incluye compromisos con el sector —como la aprobación del Estatuto del Artista o la creación de una Oficina de Derechos de Autoría—, todavía no se ha cumplido ninguno. Por otra parte, tampoco se podría decir que estos compromisos se correspondan directamente con los ejes del 15M. “La relación entre el 15M y la institución es indirecta”, dice Julia Ramírez-Blanco, “. Muchos de sus reclamos no eran institucionales, entonces la incidencia en las instituciones es compleja”. Y eso no es cosa solo de la cultura. 

“Estamos en otra época y tenemos que darle las herramientas a la gente para que la gente entienda el mundo en el que vive. No podemos pensar que la crisis del 2008 o el 15M o la pandemia no han pasado”. Habla Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, en un día importante para el centro: el martes se presentaba a los medios el primer capítulo de la nueva disposición de su colección permanente, que cambiará las obras expuestas, las temáticas y la aproximación a las distintas corrientes representadas en el principal museo de arte contemporáneo del país. Desde esta misma semana, el público podrá visitar el primer episodio de una nueva serie expositiva, titulada Nos ven: de la modernidad al desarrollismo. Esta primera parte está dedicada a los años cincuenta y sesenta, donde se subraya la influencia estadounidense en el mercado artístico mundial, el uso de las exposiciones por parte del franquismo como forma de propaganda, el papel de España como potencia colonial y la crítica antifranquista desde el exilio o desde una nueva ola feminista naciente.

En noviembre se presentará la nueva colección permanente al completo, pero hasta entonces el centro irá abriendo otros capítulos de la serie, que irán recorriendo las vanguardias históricas (la apertura está prevista para septiembre), la autarquía y el exilio (julio), Latinoamérica como espacio de experimentación política y artística (junio) y una década de los ochenta atravesada por la crisis del sida y una nueva perspectiva feminista (noviembre). Si la antigua disposición de la colección temporal finalizaba cronológicamente en 1982, esta nueva organización llegará hasta nuestros días —"hasta las hordas de Trump llegando al capitolio", dice Borja-Villel—, utilizando la planta 0 del edificio Nouvel, hasta ahora infrautilizada. La apertura progresiva de la nueva colección permanente implicará el cierre igualmente progresivo de algunas zonas del museo. La Colección 3, que ocupa una parte de la primera planta de Sabatini, se encuentra ahora cerrada debido a la remodelación. 

La obra Trasmundo, de Laxeiro, junto a Acariño galaico, de Val del Omar, en la colección permanente del Museo Reina Sofía. / MNCARS

Aquella primera reorganización de la colección, realizada entre 2010 y 2011, fue el gran proyecto que acometió Borja-Villel tras su llegada al museo en 2008. El equipo apostó por una narración más interesada en las líneas de conflicto que atravesaban el siglo XX que en respetar escrupulosamente la cronología o las escuelas artísticas. Diez años después de que se completara aquella reorganización, esa voluntad continúa en esta nueva disposición, a la que se suman líneas críticas especialmente desarrolladas en los últimos años, como el cuestionamiento del modelo neoliberal que dio lugar a la crisis económica, el feminismo o la mirada decolonial, así como un renovado interés por la arquitectura y el diseño o por territorios como Latinoamérica. Lo único que no cambiará será el GuernicaGuernica, joya de la corona del museo y una pieza especialmente frágil. Seguirá en su sala propia, aunque sí se modificará el relato que lo contextualiza y las obras expuestas en la sala anexa. 

“Normalmente los museos no cambian tanto sus colecciones, pero deberían hacerlo, sobre todo los museos de arte contemporáneo”, defiende el director. En este caso, la nueva disposición refleja la voluntad de mantener vivo el centro. El 70% de las más de 2.000 obras reunidas en la colección permanente no formaban ya parte de ella, y una buena parte de estas nuevas piezas provienen de la labor investigadora del centro, que ha dado lugar a nuevas adquisiciones o donaciones. Los seis capítulos ocuparán seis espacios distintos del museo en sus dos edificios, Nouvel y Sabatini, y duplicarán, con sus 12.000 metros cuadrados, la extensión dedicada hasta ahora a la colección permanente. “La colección es el corazón del museo”, defiende el director del centro. Pero eso no quiere decir que ese corazón no pueda renovarse.

Obra original de Rogelio López Cuenca sobre el colonialismo español en Guinea para la colección permanente del Museo Reina Sofía. / MNCARS

La metáfora de la serie —de serie televisiva— tiene su intención. La idea es que el relato de la historia del arte que se construye en el museo sea una narración fragmentada, que los capítulos funcionen de manera independiente y que lo que aquí se esboza someramente pueda ser desarrollado allí con más detenimiento. En este capítulo dedicado a los cincuenta y sesenta se reservan dos salas al arte creado por mujeres y con perspectiva feminista —con obras de Louise Bourgeois, de Dorothea Tanning, Isabel Oliver o Ángela García Codoñer—, una genealogía que continuará en las décadas siguientes. Asimismo, el relato del exilio no se queda solo en su propio capítulo (que se presentará previsiblemente en julio), sino que también tiene cabida en el de los cincuenta y sesenta, a través de obras de Max Aub o de Eduardo Arroyo, que huye del país ya en el tardofranquismo.

A lo largo de la colección temporal se rastrean las huellas del trabajo del museo durante esta última década, muy orientado a la investigación y a la recuperación y revisión del patrimonio artístico incluso desde sus exposiciones. En la sala dedicada al turismo y al desarrollismo de los sesenta, se encuentran fotografías de Xavier Miserachs parte de la donación del fondo Autric Tamayo de 2018, a partir de la cual se organizó entonces una muestra sobre el Grupo Afal. El museo encarga a Rogelio López Cuenca una obra nueva a partir de los archivos del centro, así como de piezas de la cultura popular, para reflexionar sobre el imaginario generado por el arte español a partir de las colonias, primordialmente de Guinea. Esto sucede después de que el museo haya celebrado una gran exposición sobre arte contemporáneo marroquí, también antiguo territorio colonial español. Las piezas de la artista Dorothea Tanning exhibidas fueron adquiridas en 2018, coincidiendo con la exposición temporal celebrada en torno a su obra. Y algo similar sucede con las obras de Richard Hamilton, adquiridas al tiempo que se celebraba la muestra sobre su figura en 2014. La obra “Acariño galaico”, de Val del Omar (parte de su Tríptico elemental de España), recuperada y remasterizada en 2011 por el museo, tendrá su propia sala en esta nueva disposición.

Feliz reunión, de Isabel Oliver, en la colección permanente del Reina Sofía. / MNCARS

Para poder ver la temporada completa de la nueva colección permanente, el visitante tendrá que esperar aún unos meses. En este primer capítulo, encontrará un buen aperitivo de lo que llegará. Nos ven arranca con una sala que explica la hegemonía del american way of lifeamerican way of life, tanto en lo político como en lo cultural, a partir del trabajo de Charles y Ray Eames, arquitectos y diseñadores claves en la nueva estética estadounidense. La legitimación internacional del arte español llegará justamente desde una óptica USA, a través de la Bienal Hispanoamericana de 1955, más interesada en el nuevo arte estadounidense que en las influencias latinas, y en una exposición del MoMA de 1960 dedicada a las vanguardias nacionales. Pero junto a esta corriente hegemónica, auspiciada por las administraciones americana y española —ahora socias geoestratégicas—, el Reina Sofía señala otras tendencias a la contra, más cercanas a las utopías latinoamericanas o a la impugnación feminista. Esta tensión, esta voluntad de mostrar el haz y el envés del arte, engarzada con el contexto histórico de cada nuevo hito artístico, es marca de la casa y recorrerá toda la nueva disposición de la colección permanente.

“El museo tiene que plantearse por qué deja ciertas cosas fuera, y tiene que planteárselo continuamente”, propone Manuel Borja-Villel. ¿Y dentro de diez años? “Dentro de diez años habrá que atender a otros fenómenos que hayan podido ocurrir, y lo deseable sería que el museo siguiera siendo un museo situado en su espacio y en su tiempo”. Pero le tocará a otro, dice, encargarse de hacerlo.

Pese a ser uno de los centros españoles de producción y consumo cultural, la Comunidad de Madrid es la segunda región que menos invierte en creación con respecto a su PIB, solo por delante de Murcia. En 2020, financió al sector con 181,16 millones de euros, lo que equivale al 0,075% de su PIB, según permite saber la información sobre presupuestos consolidados de las Comunidades Autónomas ofrecida por el Ministerio de Hacienda. En el otro extremo está Extremadura, que con 63 millones de euros dedica el 0,30% de su PIB a este servicio. Le siguen Navarra, Cantabria, La Rioja y Galicia, en una horquilla entre el 0,29% y el 0,16%. La media de todas las comunidades equivaldría a dedicar el 0,13% del PIB a cultura, algo menos del doble de lo que dedica Madrid.

Si miramos a la inversión en relación a la población de cada comunidad, Madrid es la quinta región que menos dinero dedica a la cultura: 26,72 euros por cada uno de sus 6,8 millones de habitantes. Comunidades como Cantabria, La Rioja o Extremadura reservan más del doble por habitante, y queda lejísimos de Navarra, la comunidad que más inversión per cápita brinda a la cultura, 92,63 euros. Por debajo de Madrid quedarían Murcia (15,72 euros), Castilla-La Mancha (20,72), Canarias (20,74) y Aragón (25,52). Algo sorprendente si tenemos en cuenta que Madrid es líder en número de representaciones teatrales, espectadores de cine, conciertos de música popular o de productoras audiovisuales activas.

Después de algunos años de crecimiento paulatino de la inversión, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos) en esta Consejería, redujo el presupuesto consolidado de Cultura en un 10% para 2020: de los 203,30 millones de 2019 se pasó a 181,16 millones. Pero los recortes no son ajenos en la comunidad, que encadena ejecutivos del PP desde 1995. En 2008, al estallar la crisis económica, Madrid dedicaba 306 millones de euros de su presupuesto a la creación. Desde entonces y hasta 2014, bajo los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, la inversión se desplomó en más de un 58% hasta los 126 millones. En la lenta recuperación económica, el presupuesto ha vuelto a aumentar en 55 millones (un 26%), pero queda aún muy lejos de ese pico alcanzado en 2008.

Madrid es la comunidad que acoge a un mayor número de trabajadores culturales, 163.600 personas en 2019, según la última versión disponible del Anuario de Estadísticas Culturales elaborado por el Ministerio de Cultura. La segunda comunidad con más empleados en este sector es Cataluña, con 156.500 personas del sector. Y algo similar ocurre con las empresas: Madrid es la región con más compañías dentro de esta industria, con 27.715, seguida de Cataluña, con 25.585. Tiene relación con lo anterior el hecho de que Madrid reúna por sí sola un tercio de las productoras audiovisuales (108 de 340 según datos del Ministerio de Cultura), celebre más conciertos de música popular que ninguna otra región (22.592, el 24,8% de todos los que se realizan en España según datos de la SGAE para 2019, los últimos disponibles) y disfrute de más representaciones teatrales (16.851 en 2020, un 33% de las organizadas en el país).

Tampoco es de extrañar que uno de los principales centros de producción del país, que se debate estar en primera o segunda posición con Cataluña, según el dato, sea también uno de los principales centros de consumo. Cataluña tiene más cines que la Comunidad de Madrid, 126 frente a 81 (en pantallas, 659 frente a 523), pero Madrid supera en espectadores a Cataluña: 20.695 contra 18.811 (siempre según datos de la SGAE). En artes escénicas, la posición de Madrid es aún mejor: acapara el 33% de las representaciones frente al 21% de Cataluña, con lo que en 2019 logró 117 millones de euros recaudación frente a los 50 millones de euros. En conciertos de música popular, con 22.592 en el año, Madrid casi dobla la cifra de Cataluña (la segunda mejor del país), con 12.365. Es en espectadores de macrofestivales, asociados al turismo de veraneo, donde ambas se quedan atrás: Andalucía contó 5,3 millones en 2019 (el 19% del total) frente a 4,6 millones en Cataluña (16,3%) y 4,5 millones en Madrid (15,9%). En esta comunidad, el gasto medio en cultura por persona fue de 317 euros en 2019, siendo la única región que pasa la barrera de los 300 euros, según el último Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura, que recoge datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Es en librerías donde la capital española se queda atrás. La red más densa de librerías (con más locales por cada 100.000 habitantes) las tienen Galicia (13), Castilla y León (11,5), La Rioja (11) y Asturias (10,7), según el último Observatorio de Librerías de CEGAL, la confederación de libreros, de 2019. La Comunidad de Madrid se quedaría en décimo lugar, después de Navarra, Aragón o Cantabria. En las peores posiciones están Andalucía (5,2), Castilla-La Mancha (5,5) y Baleares (5,7).

En el tercer y cuarto trimestre de 2020, Madrid dedicó 14,63 millones de euros a ayudas directas ordinarias a creadores, empresas, asociaciones e incluso ayuntamientos para la producción cultural, según la relación se subvenciones concedidas publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad en enero de 2021 y otra resolución publicada en octubre de 2020. La mayor partida de estas ayudas es una compra de libros por valor de 8 millones de euros a distintas librerías para enriquecer los fondos de las bibliotecas públicas. Las empresas y asociaciones de artes escénicas reciben 2,8 millones de euros, las del audiovisual optan a 1,35 millones, las artes plásticas y la moda obtienen 460.000 euros, la música 450.000 euros y los videojuegos 250.000 euros. Además, los creadores (personas físicas) de diversas disciplinas optan a distintas ayudas y becas por un valor total de 220.000 euros. Otros 300.000 euros van dirigidos a la organización de eventos culturales por parte de municipios.

Más de 3.500 profesionales y más de 800 empresas del espectáculo se han sumado este jueves a la iniciativa de #AlertaRoja, una movilización tanto en la calle como en redes sociales para que se reconozca la especial vulnerabilidad del sector en tiempos de covid-19. 

Los impulsores, el Movimiento de Unificación Sectorial de la Industria del Espectáculo y los Eventos, han publicado un manifiesto en el que piden medidas urgentes de rescate para el sector cultural [ver aquí]. 

Muchos han sido los artistas que se han sumado a la alerta. Cantantes como Rayden, Rozalén, Quique González, Elvira Sastre, Miguel Poveda, Andrés Suárez o Enrique Bunbury han mostrado su apoyo a una iniciativa en redes que se ha convertido en un fenómeno viral. 

Los trabajadores exigen medidas urgentes por parte del Gobierno para "garantizar la supervivencia del sector". Medidas concretas como la prórroga de la prestación especial por cese de actividad y la recuperación del 100% de aforos. Las redes sociales se han llenado de mensajes sobre fondo rojo por la defensa de la cultura: #CulturaSegura o #SinCulturaNoHayFuturo. 

La movilización de las personas de la industria cultural también ha llegado a Portugal, Alemania e Inglaterra. #WeMakeEvents @RedAlert es el movimiento a nivel internacional. Pero no sólo se ha visto acción online. En Madrid, esta tarde, el acto ha dejado imágenes como esta. 

Los asistentes han arrastrado flightcase –cajas para llevar material de montaje del escenario– y se abrirán formando la palabra SOS.

Javi, creador de la radio musical Strimy asistente al acto madrileño, ha destacado que en todo momento se ha respetado la distancia de seguridad."Muy bien organizado todo y con mucho orden",  ha destacado a infoLibre.

Muchos edificios, por todo el país, se han tintado de color rojo. Y las redes sociales han estado muy activas ante la iniciativa. 

El sector llevaba semanas esperando que el Gobierno anunciara medidas específicas para la Cultura. La primera rueda de prensa del ministro José Manuel Rodríguez Uribes durante el estado de alarma, en abril, donde el Ejecutivo debía explicar el porqué de la falta de ayudas concretas para el sector, lo soliviantó en lugar de apaciguarlo. Hasta el punto de que se convocó una inusual huelga, el "#ApagónCultural". Tal fue la reacción, que el Ministerio volvió sobre sus pasos y se puso a trabajar en un paquete de medidas pensadas para la industria, una de las más tocadas por el coronavirus, ya que para muchas de sus actividades se exige la presencia de público, y en ocasiones de un público masivo. Con el Real Decreto aprobado este martes en Consejo de Ministros, el Gobierno aspiraba a enterrar el hacha de guerra con el sector. En gran medida, ha funcionado. Pero no para todos. Así se han tomado el anuncio las distintas ramas de la industria cultural. 

El cine: entre la alegría de las salas y el desconcierto de los productores

"Estamos muy contentos", die Borja de Benito, director de comunicación y portavoz de Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España. El Real Decreto prevé 13,25 millones en ayudas directas para ellas, destinadas a cubrir, por ejemplo, los gastos en medidas sanitarias y en desarrollar campañas para llevar al espectador de nuevo a su butaca. "Ten en cuenta que es la primera vez que nos dan ayudas de este tipo", lanza sobre unas medidas que considera "bien enfocadas". El detalle sobre el acceso y el reparto de las ayudas tendrá que ser desarrollado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con cuyo trabajo los exhibidores se encuentran muy satisfechos, pero ya se sabe que las dependerán del número de pantallas de cada cine y que se exhigirá cumplir con el ratio de emisión de cine europeo.  

En el otro lado están los productores, que se muestran "desconcertados" por las medidas. Este eslabón de la industria cinematográfica no tendrá subvenciones directas extraordinarias, y la nueva normativa que le afecta tiene más que ver con la flexibilización de la justificación de las ayudas ya concedidas, como la ampliación de los plazos de estreno en salas o que se considere estreno comercial también los realizados en televisión o plataformas. "Estas son cosas básicas, que tenían que aprobar sí o sí si no querían verse con un lío administrativo por la devolución de las ayudas", explica Jose Nevado, director general de la Asociación Española de Cinematografía, principal organización de los productores.

Tampoco se quedan muy tranquilos con la aprobación de incentivos fiscales para la inversión internacional: "Hay compañeros que ni siquiera pueden cerrar las inversiones de películas que estaban ya en marcha, este año nadie va a querer poner dinero porque saben que va a ser difícil obtener beneficios". Por eso, la asociación considera que esta medida "no sirve para nada", y cree que el Gobierno debería haber ampliado no los beneficios fiscales para inversores extranjeros, sino para los propios productores españoles. No entienden por qué ellos no han entrado en las ayudas directas: "En las conversaciones con el Ministerio se nos dijo que no eran la mejor manera de encauzarlo porque no se iban a conceder, no las pedimos... y a lo mejor tendríamos que haberlo hecho", se lamenta Nevado, que cree que el sector atraviesa una "situación gravísima" que puede obligar a cerrar incluso a los mayores productores del país. 

Empresarios de las artes escénicas y actores, "satisfechos"

"Estamos moderadamente satisfechos", dice Jesús Cimarro, presidente de FAETEDA, la federación de empresas de artes escénicas, y responsable de la productora Pentación. "Por primera vez se habla de medidas específicas para la cultura, y más concretamente para las artes escénicas". El paquete aprobado por el Gobierno incluye ayudas extraordinarias directas por valor de 27,3 millones para artes escénicas y música, de los cuales 13,35 millones irán destinados al teatro y al circo. A falta de la orden que regule las concesiones, el empresario considera que esta cantidad puede paliar parte de las pérdidas sufridas durante los meses de clausura y ayudar a "mantener las estructuras del sector, que se han visto muy tocadas", aunque "dependerá de cuándo y cómo" se reabran las salas.

Cimarro celebra también la llegada de la prestación extraordinaria por desempleo para los artistas del espectáculo, una de las grandes medidas del Ministerio de Cultura, afinada junto a Trabajo. Por primera vez, estos trabajadores —intérpretes de música o artes escénicas— podrán optar al paro no en base a la duración de su último contrato —suelen ser tan cortos que no les alcanza para recibir la prestación, debido a la llamada intermitencia de la profesión—, sino en base a los días cotizados en el año anterior. A partir de 20 días de alta en la Seguridad Social en 2019, los actores y actrices recibirán una prestación que disfrutarán entre 120 y 180 días. La medida aprobada por el Gobierno sigue casi al pie de la letra la propuesta de la Unión de Actores, principal sindicato del sector, que proponía sin embargo extender la prestación hasta diciembre: "Lo que hemos tenido que luchar para que se hable de intermitencia", dice resoplando su secretario general, Iñaki Guevara. "Estamos contentos porque han valido para algo estas ocho semanas de conversaciones. No es el mejor Real Decreto, pero es un buen Real Decreto". 

El sector de la música, "decepcionado" e "indignado"

"En este paquete de medidas, la música ha quedado bastante relegada", se queja Iñaki Gaztelumendi, director de la secretaría técnica de ESmúsica, Federación de la Música de España, que integra a las distintas ramas del sector. El Gobierno concede una partida de 10,35 millones a la danza, la lírica y la música, cuyo reparto y exigencias tendrá que delimitar el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). "El sector está decepcionado", dice, ante unas medidas que considera "tardías" e "insuficientes". "Si las salas de cine y las librerías han tenido subvenciones directas muy claras en el Real Decreto, ¿por qué no hacen igual con las salas?", se pregunta Gaztelumendi.

La música en directo tiene especial interés en dos asuntos que no aborda el Real Decreto: la declaración de fuerza mayor más allá del estado de alarma, para que festivales y promotoras puedan cancelar o posponer eventos sin asumir penalizaciones de proveedores y artistas, y la flexibilización de la devolución de las entradas, cuyo importe quieren poder cambiar por un vale con validez de hasta 18 meses. Aun así, dice el representante de ESmúsica, el sector no pierde la esperanza de que ambas cuestiones se aborden en las próximas semanas. 

Aunque los músicos celebran la aprobación de la prestación extraordinaria de desempleo, no están muy convencidos de que vaya a beneficiar al grueso de los trabajadores: "En muchas ocasiones, los músicos trabajan como falsos autónomos, o cobran en negro, y nadie les da de alta", explica Adriano Galante, miembro del sindicato catalán de músicos SMAC! Debido a ese fraude de ley, contra el que luchan los sindicatos del sector desde hace años, y que ha llegado a la mesa de negociación con la patronal, cree que no muchos de sus compañeros alcanzarán ese mínimo de 20 días cotizados. Lo que critica SMAC! con dureza es la exclusión de los técnicos de esta prestación, solo disponible para artistas. "Es indignante, es un problema de base", afea Galante, "no entienden que todos estamos en las mismas, sometidos a la misma intermitencia. En los sindicatos de música tenemos claro que su lucha es la nuestra". La organización no descarta organizar acciones de protesta con las asociaciones de técnicos. 

El mundo del libro: celebración y dudas

De los casi 42 millones de ayudas directas aprobadas el martes, 4 millones iban destinados a las librerías independientes, forzadas a cerrar sus puertas desde la declaración del estado de alarma y el eslabón más débil de la cadena del libro. "Es un primer paso", dice Alberto Sánchez, presidente de CEGAL, la asociación estatal de librerías, "y es una medida positiva, pero si se quedara solo en esto,  sí lo consideraríamos insuficiente". Libreros, editores y distribuidores, reunidos en la Asociación de Cámaras del Libro, critican que la primera industria cultural del país reciba solo el 10% de las ayudas directas. Tampoco se sienten bien representados en las líneas de crédito impulsadas por el Gobierno, que se propone lograr 40 millones de financiación por sector: consideran que, con esta cantidad fija por industria, las más pequeñas estarán sobrerrepresentadas y las más relevantes económicamente, como el libro, queden infrarrepresentadas. 

"Libreros, editores y distribuidores siguen echando en falta medidas que permitan hacer frente a la crisis derivada de la emergencia sanitaria", dicen en un comunicado conjunto. La medida favorita del sector, defendida desde el inicio de la crisis, es el impulso de compra pública a librerías, para nutrir las bibliotecas y que la inversión toque a toda la cadena del libro, pero piden también medidas de apoyo a la exportación del libro —el Gobierno sí ha aprobado deducciones fiscales para la inversión en la participación de España como país invitado en la Feria de Fráncfort— o la implantación del cheque libro para la adquisición de los libros de texto. El sector no da la conversación por terminada. 

El sector de la cultura llevaba semanas esperando un paquete de medidas específicas para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus. El Ministerio de Cultura había pedido paciencia y había retrasado el anuncio de las ayudas a este martes 5 de mayo. Y aquí están: el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha distintas líneas de ayudas, laborales, económicas, administrativas y fiscales, que incluyen más de 40 millones de subvenciones para artes escénicas, música en directo, salas de cine, librerías independientes y arte contemporáneo, la promoción de líneas de crédito por valor de 780 millones de euros para garantizar la financiación de las empresas, una prestación por desempleo para los artistas de los espectáculos en directo, varias medidas administrativas (para facilitar, por ejemplo, el acceso a ayudas ordinarias) y algunos beneficios fiscales. 

Quizás el primer apartado de este Real Decreto —que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros— en el que se fijen las empresas será el de ayudas directas extraordinarias a las artes escénicas, la música en vivo, las librerías, las salas de cine y las galerías de arte, que suman en total casi 42 millones de euros. Además de las ayudas directas al sector, el Gobierno asigna 20 millones para establecer líneas de crédito, a través de préstamos de bancos y cajas, que podrían alcanzar el valor de 780 millones de euros. "Es un decreto muy pensado y que además a mi juicio es justo y tiene todas las dimensiones para proteger a un sector esencial de nuestro país", ha dicho José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, en la rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo. El sector, impaciente y crítico hasta ahora con el Gobierno, contaba con que estas medidas llegaran el pasado martes, antes de que se anunciara su retraso una semana más.

El sector más beneficiado parece ser el de las artes escénicas y la música. A falta de que se conozca el detalle del Real Decreto, que se publicará en el BOE del miércoles, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha confirmado que los espectáculos en directo recibirán 27,3 millones, en total, en concepto de ayudas directas extraordinarias, distribuidas entre salas y compañías. Teatro y circo se verían más beneficiados de estas ayudas (con 13,35 millones) que danza, lírica y música (10,35 millones), que quedan algo por detrás. Las condiciones de ambas líneas de subvención tendrá que desarrollarlas el propio INAEM, dependiente del Ministerio de Cultura, y no podrán optar a ellas —ni a ninguna otra de las ayudas directas previstas— las empresas que tributen en paraísos fiscales. 

Ayudas a salas de cine y librerías

En el siguiente escalón están las salas de cine: el Gobierno prevé 13,25 millones en ayudas para ellas, cuyas condiciones tendrá que fijar el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), también dependiente del Ministerio de Cultura. Pero el borrador del Real Decreto establece unas cuantías máximas por sala, que dependerán del número de pantallas que tenga cada exhibidor: las salas de pantalla única podrán recibir un máximo de 8.000 euros; las de dos pantallas, hasta 14.000 euros; y así hasta los multicines de más de ocho pantallas, que podrán optar a ayudas de hasta 32.000 euros. El texto también establecería otra exigencia: para recibir las subvenciones, las salas tendrán que cumplir con las cuotas de exhibición de cine europeo. 

Las librerías optarían a un paquete de ayudas de 4 millones de euros, que distribuiría la Dirección General del Libro. El texto al que ha tenido acceso este periódico establece, eso sí, que solo podrán beneficiarse de él las librerías independientes, que el Gobierno define como aquellas que cuentan con uno o dos establecimientos, independientemente de su número de trabajadores, y que eligen su fondo libremente y no por su asociación a un mayorista (quedarían fuera de este definición cadenas como Casa del Libro o como La Central). El arte contemporáneo tendrá acceso a un fondo de 1 millón de euros dedicado a la promoción y adquisición de obras, cuyas condiciones fijará la Dirección General de Bellas Artes, y al que podrán acceder galerías, artistas, críticos y comisarios. 

Prestación por desempleo para actores o músicos

Otra de las grandes medidas que recoge este borrador es la de una prestación por desempleo para los trabajadores intermitentes de la cultura, que el texto llama "artistas en espectáculos públicos":  entrarían actores o músicos, pero quedan fuera los técnicos, según confirma en Ministerio de Cultura, aunque estos suelen ser también intermitentes. Hasta ahora, todos estos empleados habían quedado al margen, en una gran mayoría, de las prestaciones aprobadas, ya que estos profesionales optan en raras ocasiones a contratos de dos meses, el mínimo necesario para recibir la ayuda por la finalización de un contrato temporal por la crisis del coronavirus. A menudo, los trabajadores intermitentes son dados de alta por cada día de trabajo. Según el Ministerio de Cultura, esta medida afecta al 45% de los contratos de trabajo del sector artístico.

Así, con esta nueva disposición, podrían acceder a una prestación los trabajadores desempleados del sector que hubieran estado dados de alta en la Seguridad Social un mínimo de 20 días durante el año anterior. Si estuvieron dados de alta entre 20 y 54 días, esta prestación duraría 120 días, y si estuvieron dados de alta 55 días o más, iría hasta los 180 días. Esta prestación no es compatible con ninguna otra que los trabajadores pudieran estar ya recibiendo, como la renta mínima o la renta de inclusión. El ministro ha admitido en la rueda de prensa que esta es "una vieja demanda que se ha visto agravada y que tiene que ver con el Estatuto del Artista".

Facilidades para justificar las ayudas al cine

El Real Decreto incluye también una serie de disposiciones administrativas que facilitan la justificación de las ayudas ordinarias al audiovisual, es decir, aquellas que suelen concederse normalmente, al margen de la situación de emergencia. Atendiendo a las peticiones del sector, el texto amplía los plazos para justificar las subvenciones a la producción ya concedidas: aquellas películas financiadas por el Estado que tuvieran que estrenarse en 2020 podrán aplazar hasta 10 meses su estreno en salas, y tendrán consideración de estreno comercial también los realizados en televisión o en plataformas de streamingstreaming hasta el próximo 31 de agosto.

También se reduce el número de salas en el que las películas deben estrenarse para justificar las ayudas estatales recibidas: para los largometrajes con más de 2 millones de presupuestos, se pasa de 40 salas a 20, y para los de menos de 2 millones se pasa de 20 a 10 salas. También se reducen a la mitad las salas en las que deben estrenarse las películas rodadas en lenguas cooficiales distintas del castellano, que pasan de 12 a 6. En lugar de tener que llegar a 5 salas, los documentales podrán considerar justificada la subvención si llegan a 2. De la misma forma, se flexilizan los plazos para comunicar el inicio de un rodaje, en los que no computará la horquilla del estado de alarma, y las productoras podrán solicitar el abono del 50% de la ayuda aun sin haber iniciado la filmación. 

Compensación por espectáculos suspendidos y líneas de crédito

El Real Decreto recoge también adelantos y compensaciones para los contratos de espectáculos no realizados debido a la crisis sanitaria, pero solo para aquellos suscritos con las administraciones públicas. En aquellos contratos pospuestos, de hasta 50.000 euros, el organismo de contratación correspondiente podrá acordar el adelanto a la empresa adjudicataria de hasta un 30% del precio del contrato. Cuando el espectáculo se haya cancelado y se haya resuelto el contrato —de nuevo, de hasta 50.000 euros—, el órgano de contratación podrá acordar una indemnización para la empresa de entre el 3% y el 6% del precio total. 

El borrador del Real Decreto recoge también la creación de varias líneas de crédito, concedidas por entidades financieras pero promovidas por el Estado, para las empresas de los sectores de las artes escénicas, musical, audiovisual, editorial y de las bellas artes. Así, el Gobierno otorga una subvención de 20 millones de euros a la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR (Crea SGR), tanto para el fondo de provisiones técnicas como para el coste de apertura de avales. A través de ella, el Ejecutivo confía en que puedan abrirse líneas de financiación por valor de 780 millones de euros. Igualmente, el Real Decreto recoge nuevos beneficios fiscales para el sector audiovisual, que irían más allá de la crisis sanitaria, y para eventos culturales como la celebración del centenario del nacimiento de Luis García Berlanga (en 2021), la participación de España como invitado de honor en la Feria de Fráncfort, o ciclos organizados por el Teatro Real y el Liceu. 

"La SGAE, el INAEM, la reventa: los tres desafíos que el Gobierno tiene pendientes". Así titulaba este periódico su resumen sobre la política cultural de 2018, y algo similar podría decirse de 2019. El anuncio de elecciones generales en febrero, los propios comicios en abril, la imposibilidad de investir un nuevo Gobierno y las segundas elecciones han tenido al Ministerio de Cultura paralizado. Su titular, José Guirao, no ha querido o no ha podido avanzar en algunos de los desafíos que él mismo señaló el pasado año: la tutela de la sociedad de intérpretes, la reforma del órgano público encargado de la música y las artes escénicas o un plan estatal para frenar la reventa de entradas. También quedaron pendientes otros asuntos: el IVA reducido para libros digitales y periódicos online, una Ley de Mecenazgo apenas esbozada o continuar con la implantación del Estatuto del Artista.

En 2019, el mundo de la cultura estuvo a la espera. Y 2018 fue agitado, con tres ministros en el espacio de meses —el conservador Íñigo Méndez de Vigo, Màxim huerta, que duró días en el cargo, y Guirao— y el estallido de la crisis de la SGAE, a la espera aún de un final definitivo. Pero quienes esperaban menos ruido y más nueces a principios de año, siguen esperando ahora. Estos han sido los asuntos que han ocupado al sector cultural, a nivel estatal, durante este año lento. 

  SGAE, la pesadilla del Ministerio

Cuando Guirao llegó a la oficina, le pasaron la patata caliente: Méndez de Vigo había vivido los primeros momentos del escándalo de la rueda, a Huerta le dio tiempo a enviar un requerimiento a la entidad, y Guirao ha sido quien se ha ocupado, con más o menos éxito, del drama de la entidad. En este tiempo, la SGAE ha elegido a dos directores: el gaitero José Ángel Hevia, cesado a finales de febrero, y Pilar Jurado, su sucesora. Pero si el requerimiento enviado por Màxim Huerta exigía la modificación de los estatutos, el reparto y el voto electrónico, la entidad de gestión de derechos solo ha resuelto esto último. Por el camino, el Ministerio inició los trámites para la intervención de la entidad, rechazada por la Audiencia Nacional; la Confederación Internacional de Autores sancionó a la entidad con un año de expulsión, y un buen número de creadores célebres pidieron su salida de la organización. 

Y el asunto está estancado. Después de meses de tensiones, En febrero el Ministerio puso las cartas sobre la mesa y pidió a la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE para "regularizar el funcionamiento institucional de la entidad" y "clarificar su gestión"; esto hubiera supuesto la sustitución de sus órganos por una comisión nombrada por Cultura. Hubo que esperar hasta junio, cuando el tribunal desestimó la petición "al resultar inadecuado el procedimiento" por no considerarse competente, una decisión que el Ministerio recurrió y que aún no se ha resuelto. Paralelamente, seguía en marcha el procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE, iniciado con los apercibimientos enviados anteriormente por el Gobierno. La vía judicial, por ahora, sigue en suspenso. 

Pero la vida interna de la entidad no ha sido precisamente plácida, y no solo por los cambios en la dirección. Pilar Jurado y su equipo promovieron una reforma de los Estatutos, una de las exigencias de Cultura, pero en la asamblea de junio, los votos a favor de los socios (62,78%) no alcanzaron los dos tercios necesarios (66,7%) para su aprobación. La siguiente Asamblea General debía celebrarse en octubre, pero la Junta Directiva decidió posponerla hasta enero de 2020. ¿El motivo? Para esa fecha, ya se habría formalizado la salida de los cientos de socios disconformes que anunciaron el abandono de la entidad, entre los que se encontraban Julio Iglesias, Joaquín Sabina o Fito Páez. A ellos se sumaron después buena parte de los miembros del audiovisual, como Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen o J. A. Bayona, que se pasarán a DAMA, otra entidad de gestión de derechos dedicada solo a cine y televisión, gran competidora de la SGAE en esta materia. 

No se acaba ahí la lista de males que aquejan a la SGAE. La batalla interna por los beneficios de la rueda, que beneficiaba a las televisiones y algunos músicos, sigue en pie: el Tribunal Supremo anuló el mes pasado el reparto de junio de 2014, que iba a favor de las multinacionales y en contra del entramado televisivo, una decisión que pone en jaque todos los repartos realizados desde entonces. Mientras los sectores más poderosos de la Sociedad de Autores se enfrentan entre sí, la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CISAC) sancionó a la entidad en mayo con su expulsión durante un año. La CISAC consideraba "movito de gran preocupación" la "falta de progreso" de la organización española con respecto a recomendaciones señaladas por el organismo internacional, que pedía —como el Ministerio— "desarrollos técnicos" y "cambios reglamentarios". 

INAEM: reformas detenidas y nombramientos polémicos

El Gobierno socialista pareció ganarse a los empleados del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) cuando paralizó la subrogación del Teatro de la Zarzuela (estatal) al Teatro Real (gestionado por una fundación del sector público). Entonces se fue un paso más allá, y se planteó crear una mesa de trabajo entre sindicatos, las direcciones de los distintos centros y el Ministerio para emprender una renovación que adaptara la gestión del INAEM "a la naturaleza de sus actividades" para "otenciar su labor de difusión nacional e internacional". El horizonte estaba claro: una ley propia, como tienen el Museo del Prado, el Reina Sofía o la Biblioteca Nacional. En diciembre de 2018, Cultura aseguraba que en enero de 2019 comenzaría a trabajar sobre el texto.

Desde entonces, poco más. Pero la semana pasada, convenientemente, cuando se negocia un posible Gobierno socialista y, con ello, la continuación de José Guirao, el Ministerio hacía un anuncio durante el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, órgano de asesoramiento del INAEM integrado por 95 representantes del sector. "Se está ultimando el borrador para la futura Ley del nuevo INAEM", aseguraba José Guirao, ministro en funciones desde septiembre, "que, en los próximos meses, una vez se active el nuevo Gobierno, podrá presentarse en el Consejo de Ministros para su aprobación y posterior tramitación en el Parlamento". 

Pero ese no ha sido el único motivo por el que la gestión socialista del INAEM ha estado en el punto de mira. En febrero, el Ministerio ponía en marcha los concursos públicos para renovar la dirección de cinco de sus centros y unidades de producción: el Ballet Nacional de España (BNE), la Compañía Nacional de Danza (CND), la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), el Centro Dramático Nacional (CDN) y la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). Primer problema: los interesados tenían 14 días naturales, 10 hábiles, para presentar una "propuesta estratégica y de gestión", plazo que varias asociaciones profesionales consideraron insuficiente. La misma convocatoria, ocho años antes, había dado más de dos meses para el mismo procedimiento. 

Y el sector no se calmó con los nombramientos. La primera crítica fue la falta de mujeres entre los seleccionados: Alfredo Sanzol dirigiría el Centro Dramático Nacional, Lluís Homar gestionaría la CNTC (por Helena Pimenta, la única mujer al frente de una unidad de este tamaño hasta ese momento), Rubén Olmo sería el responsable del Ballet Nacional de España, Joaquín de Luz estaría a la cabeza de la Compañía Nacional de Danza y Félix Palomero sería el director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). Es decir, no solo no mejoraba la presencia de mujeres al frente de estos centros, sino que se daba un paso atrás. Una docena de organizaciones feministas protestaron frente a unas designaciones que "han recaído en varones visibilizando una indiferencia muy grande a la presencia femenina en los altos puestos de dirección". 

Pero las críticas recaían especialmente, y por motivos distintos, en el actor y director de escena Lluís Homar. ¿La razón? En su presentación como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, decía: "La mía es una experiencia que no está nada vinculada al teatro clásico español, nunca he interpretado una obra del Siglo de Oro". No habría habido problema alguno, de no ser porque las bases de la convocatoria recogían como requisito acreditar experiencia "artística y/o de gestión en instituciones públicas o privadas dentro del ámbito del teatro clásico, en especial del Siglo de Oro". El sindicato UGT pidió entonces que se hiciera público el proyecto enviado por Homar, la composición del jurado y las actas de deliberación, pero el equipo de Guirao contestó que esos procesos son confidenciales. 

Políticas en pause

Quizás una de las pocas medallas sin —casi— reveses que se ha podido colgar la actual dirección de Cultura han sido los Premios Nacionales de los últimos años. Aunque no dependen del Ministerio, sino de jurados de profesionales, estos galardones son concedidos por el Gobierno, y funcionan por tanto habitualmente como una forma de propaganda. Los de 2018 reconocían por primera vez en la historia a más mujeres que a hombres, con ganadoras como Francisca Aguirre (Premio Nacional de las Letras), Almudena Grandes (Premio Nacional de Narrativa) o Esther García (Premio Nacional de Cinematografía). Los galardones se abrían también a creadoras jóvenes, como Ana Penyas (Cómic) en 2018, o Cristina Morales (Narrativa), en 2019, aunque esta última fuera criticada por el mismo Gobierno por sus declaraciones sobre Cataluña. Estos reconocimientos se extendían también a otras lenguas del Estado, con el Nacional de las Letras al escritor vasco Bernardo Atxaga o el Cervantes —también otorgado por Cultura— al catalán Joan Margarit.  

Otros aspectos, sin embargo, no han avanzado en absoluto. Los primeros Presupuestos del Gobierno socialista proponían un aumento del 9,7% en la partida dedicada a Cultura, pero —es conocido— las cuentas no salieron adelante. Por eso tampoco fue posible reducir al 4% el IVA de libros electrónicos y publicaciones digitales, algo que el Ejecutivo anunció ya en enero. También se ha quedado por el camino una normativa estatal para controlar la reventa de entradas. Fue en octubre de 2018 cuando Cultura presentó un informe que planteaba diferentes vías para evitar el fraude, que iban desde la implantación de requisitos específicos para las empresas de ticketing hasta la prohibición de todo el mercado secundario. Guirao no quiso entonces poner fecha a la implantación de la normativa, ya que hasta ahora el control de este sector está en manos de las Comunidades Autónomas. Y con razón: más de un año más tarde, no hay ningún avance a este respecto. 

La cabalgata de Reyes, los titiriteros, el conflicto en torno a las Naves de Matadero... El área de Cultura, un campo supuestamente amable, se convirtió de inmediato en un dolor de cabeza para el Gobierno municipal de Ahora Madrid. El nuevo consistorio de la capital, con la alcaldía del PP en coalición con Ciudadanos, es consciente de que se adentra en terreno pantanoso. De hecho, el nombramiento de Andrea Levy —uno de los nombres más populares del nuevo equipo y también una figura asociada a un PP menos conservador— como delegada de Cultura se leyó como un guiño al sector, considerado mayoritariamente de izquierdas y algo revoltoso en los medios de comunicación. No tardó mucho el equipo de Almeida en darse de bruces con un problema que ya veían venir: bastó con la respuesta ciudadana a la cancelación de las actuaciones de Def con Dos y Luis y Pedro Pastor durante el verano, que pusieron en pie de guerra a creadores y asociaciones de vecinos.

Si la entente cordiale no duró mucho, rota por el veto a los músicos, la concejalía de Levy se sacaba el martes un as de la manga: el nombramiento de Natalia Menéndez al frente del Teatro Español y las Naves de Matadero. La decisión llegaba sin concurso público, pero la directora y dramaturga es una figura respetada dentro de las artes escénicas, por lo que las críticas han sido escasas y a media voz. Las primeras decisiones del Ayuntamiento de Madrid en el campo de la cultura dejan, por tanto, una de cal y una de arena y permiten esbozar ya los puntos claves del programa del Gobierno conservador para este área: de un lado, la voluntad de ganarse a los creadores como hizo, por ejemplo, Jaime de los Santos al frente de la Consejería de Cultura del Gobierno autonómico del PP; por otro, las trazas de una política cultural de mano dura muy marcada ideológicamente. 

Una figura de consenso

Fue José Luis Martínez-Almeida quien se reservó los honores de anunciar que será la actriz, directora y dramaturga Natalia Menéndez quien se pondrá a los mandos del Teatro Español, el mayor centro teatral de la capital y una de las principales salas del país. Que lo hiciera el alcalde y no la delegada de Cultura da la medida de lo positiva que consideraban la noticia dentro del PP. No era para menos: no solo la felicitaba Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura por Ciudadanos en el Gobierno regional madrileño; también se alegraba públicamente Mar Espinar, portavoz socialista de Cultura, Deporte y Turismo en el Ayuntamiento de Madrid. Menéndez venía a sustituir a Carme Portaceli, desde 2017 al frente del Teatro Español, y a Mateo Feijóo al frente de las Naves: ambos contratos finalizaban a finales de septiembre según el consistorio. 

Y eso que Menéndez será nombrada —aún están negociando el contrato— por designación directa y no por concurso público, procedimiento por el que habían sido elegidos tanto Carme Portaceli con el equipo de Manuela Carmena como Juan Carlos Pérez de la Fuente con el equipo de Ana Botella. "No me he presentado a ningún concurso público porque desde aquí digo que no creo en ellos", había dicho el pasado mayo la directora en una entrevista con Cadena Ser. Pero han sido contados los que han afeado al consistorio su falta de transparencia. Sí lo hacía, por ejemplo, Rita Maestre, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento y antigua portavoz con la alcaldía de Manuela Carmena: "Vuelven los nombramientos digitales a los teatros públicos y los contenedores culturales de Madrid", decía en Twitter. "Las modernísimas buenas prácticas de gestión del PP y Ciudadanos". 

"La invitación a Natalia Menéndez es tan sólida, desde un punto de vista profesional, que no hay debate sobre su elección", contestaban fuentes del área de Cultura a preguntas de este periódico. La directora de escena es conocida, en el ámbito de la gestión, por su trabajo al frente del Festival de Teatro Clásico de Almagro, que encabezó desde 2010 a 2017. "De hecho, el sector ha acogido la noticia con entusiasmo", insistía este portavoz. Lo confirma la productora Concha Bustos: "Es alguien muy respetado por el sector, todos confiamos mucho en ella y respetamos su gestión en Almagro, y ella nos conoce a todos". Menéndez llegó al certamen de teatro clásico cuando este pasaba por unas graves penurias económicas y consiguió reducir una deuda de 1,3 millones de euros mientras doblaba el número de espectadores de 30.000 en 2010 a 70.000 en 2017. 

El movimiento "inteligente" de Levy

La productora, una de las más relevantes de las artes escénicas, forma parte de una plataforma de creadores que ve ahora cumplidas sus reivindicaciones. Porque el Ayuntamiento gobernado por el PP y Cs había tomado ya una decisión sobre esta sala: Levy volvería a unir las Naves de Matadero al Teatro Español. En una de sus apuestas culturales más polémicas, Ahora Madrid había desgajado las primeras del segundo, instalando en ellas el Centro Internacional de Artes Vivas, una sala dedicada a la creación de vanguardia que renunciaría al tipo de teatro de texto que había constituido desde entonces el grueso de su programación. Quienes pertenecían a esta última línea creativa dijeron sentirse "excluidos", mientras los más cercanos a la danza y la performance celebraron la creación del centro público. El enfrentamiento, plasmado en sendos manifiestos, se avivó cuando se hizo patente la bajada en recaudación del nuevo Centro Internacional de Artes Vivas. 

Busto pasó a formar parte de una plataforma de creadores escénicos —ahí estaban también productoras como Chusa Martín, directores como Juan Carlos Rubio y actores como Roberto Álvarez— que abogaban por el regreso al antiguo modelo. "Cómo vamos a valorar el cambio, pues positivamente. No se trataba de quitar lo que había, sino de sumar y no restar. Nosotros decíamos que, de las dos naves que había, una podía dedicarse a una cosa y la otra a otra", comenta Busto a este periódico. Por ahora, la cosa se quedará como está: el Ayuntamiento se ha comprometido a respetar las dos programaciones diseñadas por los antiguos directores. La plataforma recibió la llamada de la concejalía de Cultura antes del verano, dice la productora, y Rubio y Álvarez se reunieron con el equipo de Levy, un encuentro en el que, cuenta Busto, "no se habló de nada importante ni había nada decidido" pero que sirvió para tantear a esta parte de la profesión. 

La productora no duda en calificar de "inteligente" la decisión de Levy y del Ayuntamiento conservador. "Sustituir a una persona tan potente como ha sido Carme [Portaceli] no es fácil", concede. Portaceli, que ha hablado de su marcha como un "cese" —el área de Cultura rechaza este calificativo e insiste en que se acababa el contrato—, ha llevado la ocupación del Español de un 33% a un 75%, y la recaudación de los 780.000 euros a 1,5 millones de euros. Tampoco critica Busto la ausencia de concurso público: "Lo del concurso... Al final, también es un nombramiento a dedo, aunque el dedo esté tapado. A veces es preferible una apuesta como esta". Una respuesta similar da el área de Cultura: "El concurso no garantiza una mayor calidad del proyecto. Es más, puede causar el efecto contrario y que personas con CV indiscutibles desestimen presentarse". Es lo que había hecho hasta ahora Natalia Menéndez, según contó ella misma. 

Un comienzo estrellado

Pero no todo han sido flores, ni mucho menos, para los primeros pasos de la gestión Cultural del Ayuntamiento de Martínez-Almeida. El 4 de julio, el consistorio decidió cancelar la actuación del grupo Def con Dos en las fiestas del barrio de Tetuán argumentando que su cantante, César Strawberry, había sido condenado por enaltecimiento del terrorismo debido a unos tuits. "A nosotros nos pilló de sorpresa porque no faltaban ni 24 horas para el concierto", dice Luis Arribas, presidente de la Asociación de Vecinos Ventilla-Almenara, que participaba en la organización de las fiestas. "Pero lo que nos sorprendió más es que las actuaciones las habían aprobado todos los partidos en la Comisión de Fiestas, también los del PP". Lo mismo cuenta Mario Lozano, presidente de la asociación Osa Mayor Aravaca, el barrio en cuyas fiestas se canceló el concierto de Luis y Pedro Pastor: "Se había aprobado en Comisión de Fiestas, como todo lo demás, y a nadie le pareció mal". 

En este último caso, Andrea Levy se desmarcó de lo que consideraba una decisión autónoma de la Junta del distrito —el área respetó, por ejemplo, la programación al completo del ciclo Los Veranos de la Villa, organizada por el anterior consistorio— y desde Cultura alegaron que la concejala no compartía el cambio y que desconocía la maniobra de Aravaca. Pero Mario Lozano no parece convencido: "Pedimos explicaciones a la Junta y no fueron capaces de decirnos quién había sido [quien había tomado la decisión], nos dieron a entender que la cosa venía de arriba". De hecho, cuenta, hubo un momento en que se podría haber rectificado, cuando Los Fesser, grupo contactado para sustituir a los Pastor, declinó la petición por solidaridad. "Nos dijeron de nuevo que no podían dar marcha atrás. Se entendía que era una apuesta de alguien", dice el presidente de la asociación. De hecho, Lozano asegura que la relación con Víctor Pampliega, portavoz del PP en la Junta de Aravaca, siempre ha sido buena y que él intentó mediar, sin éxito, en esos momentos de tensión. 

Luis Arribas, representante de los vecinos de Tetuán, cuenta algo similar: "Nadie nos dijo de dónde venía esa decisión [de cancelar a Def con Dos], pero todos nos imaginamos que venía del alcalde o de su círculo". Se lo imaginaban, sobre todo, porque la concejala de distrito, Blanca Pinedo —también del PP—, les dijo, siempre según Arribas, "que ella tampoco estaba muy de acuerdo y que lo mismo iba al concierto de Aravaca". Se refiere al concierto alternativo de los Pastor organizado poco después de la cancelación por artistas y vecinos. "Nos hemos reunido tres veces con la concejala [de distrito], pero no nos han explicado nada. Y nadie del [área de Cultura del] Ayuntamiento nos ha llamado ni nos ha dicho nada". 

Ambos temen que, con estos precedentes, el consistorio marque unas "líneas duras muy restrictivas" para la programación en los barrios, y miran con cierta prevención a las cabalgatas de Reyes o los carnavales, donde los vecinos han participado en los últimos años a través de las Juntas de Distrito. "Es que es ridículo, no entiendo por qué tienen que meterse en estos líos", se pregunta Luis Arribas. Mario Lozano tiene una hipótesis: "El tema de la guerra cultural es algo que está muy presente, sobre todo para la extrema derecha". 

Las Naves Matadero, una de las grandes apuestas culturales del Gobierno de Manuela Carmena, se ha convertido en uno de sus mayores puntos de conflicto. La polémica ha saltado de nuevo, ahora en plena campaña. Un grupo de profesionales de las artes escénicas ha criticado en un comunicado público la caída en la recaudación de este nuevo centro gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, desgajado en 2017 del Teatro Español, también dependiente del consistorio, y dedicado desde entonces a la creación de vanguardia. Según los datos recabados por la plataforma de creadores, otorgados por el Ayuntamiento mediante consulta pública, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 las Naves llamaron a 18.886 espectadores de pago (184.129,80 euros), mientras que la última obra programada por el anterior proyecto reunió solo en un mes a 12.171 espectadores de pago (219.514,90 euros). El Ayuntamiento se defiende apuntando que, si se suman las actividades gratuitas, la cifra de espectadores de ese periodo aumenta hasta los 167.981 asistentes. 

El texto está firmado por la Plataforma Manifiesto 2017, un grupo integrado por las productoras Concha Bustos y Chusa Martín, los directores Juan Carlos Rubio y Jesús Cracio, los actores Roberto Álvarez, Eduardo Velasco y José Luis García Pérez, y la periodista María Díaz. Fue este comité el que promovió el manifiesto que, en julio de 2017, recogió más de 700 firmas para pedir que no se eliminara de la programación al teatro de texto, hasta entonces protagonista absoluto del espacio. "Entonces decíamos que teníamos miedo de que se perdiera lo construido a lo largo de diez años", explica Bustos a este periódico. "Ahora, cuando hemos tenido las cifras, era el momento de volver a insistir". Los datos con los que cuenta el comité no han sido publicados por el consistorio ni puestos todavía a disposición de la prensa, pero las fuentes del área de Cultura consultadas por este periódico insisten en que es necesario tener en cuenta las actividades de acceso libre.

La plataforma crítica considera que la actual programación, dirigida por Mateo Feijóo y centrada en la danza, la performance, el teatro de vanguardia y los formatos escénicos no convencionales, "no está atrayendo nuevos públicos y ha generado distancia con los espectadores que habían cultivado la costumbre de visitar sus salas". Para Bustos, las nuevas cifras evidencian "la tónica de lo que se venía viendo hasta ahora". A finales de 2017 se dio a conocer que la ocupación había bajado del 50% al 30%, aunque en julio de 2018 la dirección matizó que "los espectáculos y actividades de pago" habían registrado un promedio de ocupación del 70%. Para los impulsores del manifiesto, esta caída está motivada por la desaparición del "teatro de texto" de la programación y por la "infrautilización del espacio". 

A preguntas de este periódico, el área de Cultura ha apuntado que la cifra total de espectadores es superior a la de años anteriores, con "más de 150 actividades al año" y que en cualquier caso "son programaciones diferentes y comparar una cosa con otra no tiene sentido". Si como parte del Teatro Español las naves acogían, la mayor parte del tiempo, obras teatrales al uso, en la programación marzo-julio de las nuevas Naves se observan performances, piezas escénicas, conciertos, instalaciones y exposiciones. Estas mismas fuentes insisten en mirar a las actividades de entrada libre, porque "este ayuntamiento está haciendo un montón de programación gratuita". De las 25 propuestas de estos últimos meses, 7 de ellas son de entrada libre, y las demás oscilan entre los 3 y los 15 euros, precios más bajos que los de la anterior etapa, en la que las actividades gratuitas eran testimoniales. 

Una larga polémica

La apertura del nuevo centro, en marzo de 2017, generó una gran polémica en la escena cultural madrileña: el Ayuntamiento había decidido, meses antes, separar las dos sedes que hasta entonces tenía el Teatro Español, la de la plaza de Santa Ana y la de Matadero, y fundar en la segunda un espacio dedicado a la creación escénica de vanguardia, que acabó llamándose Naves Matadero Centro Internacional de Artes Vivas. Así, el equipo de Manuela Carmena acababa con el proyecto iniciado por Mario Gas cuando estaba a la cabeza del Español, y continuado por Natalio Grueso y Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy popular entre la profesión, muy seguido por los medios y de buena aceptación entre el público. Para más inri, el concurso público para ambos centros —Teatro Español y Naves Matadero— llegaba tras el despido improcedente de Pérez de la Fuente, contratado a priori hasta septiembre de 2018, que ya había recibido numerosas críticas.

Quienes salieron en defensa del nuevo proyecto —más de 250 artistas— consideraban que se corregía "un olvido histórico" hacia las formas escénicas de vanguardia, que no habían contado hasta entonces con un espacio público en el que fueran protagonistas, y que la "campaña mediática de acoso y derribo" contra Feijóo pretendía "dividir a la profesión teatral". Bustos insiste que la plataforma solo busca la coexistencia de los nuevos formatos con el teatro de texto: "Podemos convivir todos, no sé por qué no lo entienden, siempre lo hemos hecho y no tenemos problema". "Nacimos bajo el lema de «sumar y no restar»", dice el manifiesto, "y ese sigue siendo nuestro espíritu". 

La plataforma asegura que esa convivencia sería posible si se habilitaran para ello las naves 8 o 9, hasta ahora sin uso. En septiembre de 2017, la nave 9 se cedió por 50 años a la fundación italiana Sandretto Re Rebaudengo para la instalación de una exposición permanente de arte contemporáneo. A finales de 2018 se hizo público que la nave 8 se dedicaría a "un espacio de ciencia, arte y sociedad". El comité considera que los espacios de Nave Matadero están "infrautilizados": durante el mes de mayo, solo se programarán actividades al público durante cinco días; en abril se exhibieron dos muestras audiovisuales, pero solo se celebraron dos piezas escénicas en un total de cuatro noches. Bustos considera que "son muy pocos días" y que eso genera que "la información no esté clara" y haya "cierta sensación de caos". 

La productora insiste en que su comunicado no busca "ir contra nadie", aunque llegue en plena campaña electoral, algo que se debe solo, aseguran, a que es cuando han tenido acceso a los datos de ocupación del centro. El texto reconoce que el momento es "complicado políticamente" pero "oportuno para provocar el debate y la reflexión entre los diferentes partidos que conforman el gobierno municipal". Bustos cuenta que desde la publicación de aquel manifiesto en julio de 2017, el comité se ha reunido con todos los partidos representados en el Pleno y con la alcaldesa, Manuela Carmena, responsable también del área de Cultura desde la destitución de Celia Mayer y su asignación al área de Igualdad, en marzo de 2017. "Todo son buenas palabras, pero nada...", se queja Bustos. 

A la pregunta de si se han reunido con Mateo Feijóo, la productora contesta: "No tenemos que hablar con Mateo, sino con la institución que ha decidido hacer ese cambio. Él está haciendo lo que ofertó y lo que le compraron [en el concurso público], no queremos personalizar esto". En una entrevista concedida a El Mundo en diciembre de 2017, el responsable artístico de Naves Matadero aseguró que las críticas recibidas las hacían los creadores que habían trabajado anteriormente en Matadero y que no lo harían a partir de ese momento: "Esos reproches venían de su businessbusiness, de nada más", dijo. Bustos lo niega rotundamente: "Ninguno necesitamos una cuchara para comer del plato, todos tenemos nuestra profesión muy saneada y muy reconocida".

A unas semanas de las elecciones generales, el Gobierno de Pedro Sánchez se podía apuntar un tanto: haber mantenido la paz con la inmensa mayoría de la industria cultural. El ministro José Guirao, con una larga experiencia en gestión —tanto en el Ministerio como en La Casa Encendida—, no generaba la sospecha de sus homólogos conservadores y, además, se ha apuntado algunos tantos: la anulación de la cesión del Teatro de la Zarzuela al Teatro Real, la puesta en marcha de la intervención de la SGAE, un presupuesto en Cultura más generoso que los anteriores —con la inclusión de la rebaja del IVA al 4% para el libro electrónico y las publicaciones digitales—, aunque finalmente no saliera adelante, además de los avances en la ley estatal contra la reventa y en la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que han quedado paralizados.

Pero ha sido justamente el INAEM el que ha acabado dándole dolores de cabeza a Guirao. La renovación de las direcciones de cinco de sus centros, cuyos responsables llegaban ya al final de su contrato, ha suscitado cierto malestar en los sectores de las artes escénicas y de la música. Primero fue el breve plazo que se daba a los interesados en presentarse a estos concursos públicos, que debían preparar y enviar sus proyectos en 10 días hábiles. Luego, el nombramiento de Lluís Homar como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico aunque él mismo confesara que su experiencia "no está nada vinculada al tetatro clásico español", un hecho que según los sindicatos podría incumplir las bases del concurso. La última polémica ha sido que ninguno de los cinco nuevos responsables de estas unidades de producción públicas es una mujer, una decisión criticada por numerosas asociaciones de creadoras. 

Ninguna creadora al frente

El viernes, la directora del INAEM, Amaya de Miguel, hacía público el último nombramiento de la tanda: el director teatral y dramaturgo Alfredo Sanzol dirigirá el Centro Dramático Nacional durante los cinco próximos años, con posibilidad de renovar otros tres. Se sumaba así a Lluís Homar, nuevo director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; el bailarín Rubén Olmo, nuevo responsable del Ballet Nacional de España; el bailarín Joaquín de Luz, a la cabeza de la Compañía Nacional de Danza; y Félix Palomero, nuevo director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). A esta tanda de renovaciones realizadas por concurso público, hay que sumar al menos la de David Afkham como director titular y director artístico de esta última institución, y el nombramiento de Francisco Lorenzo Fraile de Manterola al frente del Centro Nacional de Difusión Musical el pasado julio. Las asociaciones feministas añaden también la renovación en el Festival de Almagro, del que el Ministerio es patrono, que tiene al frente ahora a Ignacio García, aunque ese anuncio se produjo en octubre de 2017. 

En una carta abierta a Amaya de Miguel, una docena de organizaciones feministas subrayan que todos estos nombramientos "han recaído en varones visibilizando una indiferencia muy grande a la presencia femenina en los altos puestos de dirección ejecutiva de las compañías mencionadas para los próximos años". "Creemos que se trata de una decisión que, potencialmente, instaura durante la próxima década una situación no paritaria en las posiciones de liderazgo de las unidades de producción del INAEM, con unas consecuencias difíciles de prever en cuanto al avance de la igualdad en la cultura", advierten las firmantes, entre las que se encuentra la asociación Clásicas y Modernas, la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro, Mujeres en las Artes Visuales y la Asociación de Mujeres en el Cine y Medios Audiovisuales (CIMA). Tampoco se partía de una situación especialmente propicia para las creadoras: hasta ahora solo había dos mujeres al frente de grandes unidades o eventos públicos estatales: Helena Pimenta en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y Natalia Menéndez en Almagro. 

¿Dónde están las mujeres?

En la rueda de prensa ofrecida el viernes, Amaya de Miguel restaba responsabilidad al INAEM en lo sucedido. En opinión de la directora del organismo, estos eran "procesos de selección abiertos a la ciudadanía", por lo que el Ministerio no tenía capacidad de acción sobre su resultado. De los 69 proyectos que optaban a los cinco concursos, 54 fueron presentados por hombres y 15 por mujeres, datos que explicaban para De Miguel la falta de paridad en los nombramientos. "Yo soy la primera preocupada y sorprendida [por la falta de mujeres en la dirección] y estoy dispuesta con ellas [las asociaciones feministas] a hacer una reflexión. Pienso que deberíamos animar a estas asociaciones a que empujen a sus creadoras a presentarse a estos proyectos", respondía.

La primera criba la realiza, efectivamente, el consejo artístico de cada área, formados por representantes de asociaciones profesionales y vocales del propio Ministerio: el de la Música y el de la Danza son paritarios, aunque en el del teatro hay el doble de hombres que de mujeres. Pero el INAEM elige dentro de esa terna, y aunque en los procesos del Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Orquesta y Coro nacionales de España, ninguna mujer alcanzó la criba final, sí había una mujer entre las cuatro candidaturas dela Compañía Nacional de Danza y dos mujeres en las cuatro del Centro Dramático Nacional. El equipo de De Miguel no las seleccionó. Por eso a Anna Caballé, presidenta de Clásicas y Modernas, no acaban de satisfacerle las explicaciones del Gobierno: "Hemos acordado con el Ministerio estudiar el proceso paso a paso y detectar dónde se ha producido ese desplome de mujeres, para que no vuelva a suceder. ¿El problema es que no estamos capacitadas para llevar la dirección de un centro de estas características? ¿Eso es lo que nos quieren decir? Lo dudo, habrá otros problemas, y tenemos que solucionarlos". 

Caballé señala que, "cuando está en vigor una Ley de Igualdad", la administración "debe tener una actitud proactiva": "Igual que si una editorial organiza un premio literario y ve que no tiene manuscritos suficientes, mueve sus contactos para lograr tener más, aquí debería hacerse algo similar". De la misma opinión es Javier Figueroa, secretario general de UGT en el Ministerio de Cultura: "Hay creadoras a las que si el INAEM hubiera querido, las hubiera invitado a participar, como han hecho con hombres. Es una falta de voluntad política". En la mañana del viernes, Amaya de Miguel negaba que el organismo acostumbrara a invitar a nadie a participar en los concursos. "Eso es mentira, mentira total", contesta el sindicalista, asegurando que a José Carlos Martínez, antiguo director de la Compañía Nacional de Danza, se le propuso presentarse al concurso público para sustituir a Nacho Duato.  

Lluís Homar y el teatro clásico

"La mía es una experiencia que no está nada vinculada al teatro clásico español, nunca he interpretado una obra del Siglo de Oro". Eso decía el director y actor Lluís Homar en su presentación como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde sustituye a Helena Pimenta, que a su llegada a este centro tenía a sus espaldas montajes como La dama boba, de Lope de Vega, La entretenida, de Miguel de Cervantes, o La noche de San Juan, de Lope de Vega. Esto podría haber quedado en un mero ataque de sinceridad si no fuera porque las bases de la convocatoria recogían como requisito acreditar experiencia "artística y/o de gestión en instituciones públicas o privadas dentro del ámbito del teatro clásico, en especial del Siglo de Oro". 

El sindicato UGT denunció, de hecho, que se incumplían las bases de la convocatoria, recogiendo, decían, "el malestar que existe en el mundo cultural que ha generado esta decisión unilateral y que vulnera la propia convocatoria del proceso selectivo y los principios del Código de Buenas Prácticas del INAEM". "Ha sido una metedura de pata increíble", subraya de nuevo Figueroa, que considera que el Ministerio debe "dar la cara": "Si esto es un chiringuito, que no lo escondan tras la apariencia de un concurso público con todas las de la ley, porque lo que hacen es engañar a la gente". El viernes los periodistas inquirían de nuevo a Amaya de Miguel sobre este nombramiento. ¿Cómo acreditó Homar su experiencia en el teatro clásico? "En su proyecto", se limitaba a decir la directora. 

El sindicato ha pedido a la dirección del INAEM que haga público el proyecto enviado por Homar, la composición del jurado —señala que algunos miembros del Consejo Artístico del Teatro podrían no haber estado presentes— y las actas de deliberación. El equipo de De Miguel se escuda en que estos procesos son confidenciales y que se comprometen a no dar el nombre de los candidatos que no resultan ganadores. "Los candidatos a nosotros nos dan igual", contesta Figueroa, "lo que queremos saber es qué discusiones llevan a tomar esa decisión". En este sentido, Clásicas y Modernas ha pedido también poder analizar toda la documentación de los distintos procesos de selección, a partir de la cual elaborarán un informe que quieren hacer público. 

Por ahora, el INAEM solo se ha comprometido a publicar "las líneas maestras" de cada proyecto, a partir de septiembre. No se darán a conocer los documentos completos que les valieron a los ganadores la designación, sino un resumen que no tiene por qué corresponderse con los dosieres originales. "Esto ya está hecho, mala suerte", se lamenta Anna Caballé. En la misma línea habla Figueroa, que descarta tomar ninguna acción legal contra la administración, porque "esto ya no se va a arreglar". Salvo sobresaltos, la dirección de estos centros de producción, acertada o no, está comprometida para los próximos cinco u ocho años. Quizás tampoco se pueda remediar el regusto amargo con el que, a semanas de las elecciones, el Gobierno socialista deja a parte del sector cultural. 

Alfredo Sanzol es el nuevo director del Centro Dramático Nacional (CDN), según ha anunciado este viernes 5 de abril la directora del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Amaya de Miguel. El dramaturgo y director de escena, Premio Nacional de Literatura Dramática de 2017, sustituirá a partir de enero en el cargo a Ernesto Caballero, que dirige este centro dependiente del Ministerio de Cultura desde 2012 y cuyo contrato finalizará el próximo mes de diciembre.

Alfredo Sanzol es considerado una de las principales figuras del teatro español actual y uno de los responsables de su renovación, con títulos propios como En la luna, La ternura o La respiración, y con versiones de clásicos como La dama boba, Esperando a Godot o El barberillo de Lavapiés. El creador cuenta también con una dilatada relación con distintos centros de producción del Ministerio, como el CDN, la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Teatro de la Zarzuela. En su nuevo puesto, Sanzol cobrará 82.000 euros anuales, además de un máximo de 50.000 euros por los derechos de dirección de las obras teatrales de las que se haga cargo —una cada año, según ha avanzado él mismo—. El presupuesto del CDN para su parte artística en 2019, prorrogado con respecto a 2018, es de 5,65 millones de euros. 

La designación de Sanzol como responsable del centro, la principal unidad de producción pública dedicada al teatro contemporáneo, se ha producido por concurso: el Consejo Artístico del Teatro ha seleccionado cuatro propuestas finalistas —dos presentadas por hombres y dos por mujeres—, entre las que la dirección del INAEM ha designado al ganador. Es el mismo proceso por el que se han renovado las direcciones del Ballet Nacional de España (BNE), la Compañía Nacional de Danza (CND), la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). Con el nombramiento de Sanzol como próximo director del CDN, las cinco unidades de producción del INAEM estarán dirigidas por hombres.

Distintas asociaciones en defensa de la igualdad de género en la cultura enviaron una carta abierta a De Miguel el pasado miércoles, alertando de su preocupación por la falta de mujeres en los nombramientos. "Sin poner en cuestión la capacidad o mérito de ninguno de estos profesionales, creemos que se trata de una decisión que, potencialmente, instaura durante la próxima década una situación no paritaria en las posiciones de liderazgo de las unidades de producción del INAEM", decían asociaciones como Clásicas y modernas, CIMA (Asociación de Mujeres en el Cine y Medios Audiovisuales), Mujeres en las Artes Visuales o la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro.

"Yo soy la primera preocupada y sorprendida [por la falta de mujeres en la dirección] y estoy dispuesta con ellas a hacer una reflexión. Pienso que deberíamos animar a estas asociaciones a que empujen a sus creadoras a presentarse a estos proyectos", respondía la directora del INAEM el viernes. Este organismo asegura que de los 69 proyectos que optaban a los cinco concursos, 54 fueron presentados por hombres y 15 por mujeres. En los procesos del Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Orquesta y Coro nacionales de España, ninguna mujer entró en la criba final. Sin embargo, sí había una mujer entre las cuatro candidaturas dela Compañía Nacional de Danza y dos mujeres en las cuatro del Centro Dramático Nacional. La dirección del INAEM optó por no designar a ninguna de ellas. 

La soprano Pilar Jurado, presidenta de la Sociedad General de Autores y Editores desde el pasado 27 de febrero, ha querido subrayar su primera comparecencia ante los medios de comunicación su distancia con respecto a la gestión de José Ángel Hevia, su predecesor. "Las cosas están cambiando en esta casa", insistía en una rueda de prensa celebrada el viernes por la mañana en la sede de la entidad. Jurado asegura que las exigencias que el Ministerio de Cultura detalló en su apercibimiento del pasado septiembre están "cumplidas o en proceso de cumplimiento". La soprano se muestra "optimista" con respecto a la posibilidad de detener la intervención del Gobierno, cuyo proceso se inició el 18 de febrero con la solicitud a la Audiencia Nacional, que aún no ha sido resuelta. Sin embargo, la presidenta se enfrenta ya a dos polémicas: la destitución del secretario general y el director general, y los costes en dietas de las varias reuniones celebradas en las últimas semanas. 

Las exigencias del Ministerio eran tres: la adaptación de los Estatutos a la normativa europea, la modificación del sistema de reparto y la implantación del voto electrónico en las elecciones a la Junta Directiva. Este último se aprobó la pasada semana y estará vigente en las próximas elecciones, según la entidad. Con respecto a los otros dos aspectos, las posibles modificaciones están todavía en marcha: la nueva presidencia ha convocado un grupo de trabajo para modificar los Estatutos —que no lograron ser aprobados en Asamblea el pasado diciembre— y otro para resolver el reparto de diciembre de 2018. Esta distribución de los ingresos por derechos de autor está en disputa: aunque el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual obliga a limitar al 20% el total de lo ingresado por la música emitida en televisión de madrugada, algunos sectores de la entidad —los más beneficiados por este negocio, como las televisiones y parte de los autores— se oponen a que esta normativa se aplique a ese reparto, que fue rechazado por la Asamblea después de haberse efectuado. Jurado ha asegurado en la rueda de prensa que estos pasos evidencian una "actitud colaboradora" para "corregir los errores" y "disipar las dudas" sobre la entidad. 

Otra cosa es que el Ministerio de Cultura lo entienda así. José Guirao, el todavía titular de la cartera, se mostró muy duro con la anterior presidencia de la entidad durante todo el proceso previo a la solicitud de intervención. Pilar Jurado asegura que se reunió con representantes del Ministerio unos días después de llegar al cargo: "Me dijeron que serían muy felices de que cambiaran las cosas y que una intervención para el Ministerio sería un fracaso". Sin embargo, en esa reunión a la que asistió el jefe de Gabinete del ministro y el subdirector general de Propiedad Intelectual, Carlos Guervós, no estaba presente el propio Guirao. Según ha contado la presidenta de la SGAE, sí se comunicaron por teléfono esa misma tarde: "La conversación fue en la misma línea". Si la Audiencia Nacional da permiso al Gobierno —este o el que nazca de las elecciones del 28A— para intervenir, el Ministerio suprimiría los órganos de gobierno de la entidad, esto es, la Junta Directiva y la presidencia, y establecería temporalmente en su lugar una comisión. Cultura podría también, sin embargo, retirar la solicitud de intervención o no ponerla en práctica.  

A preguntas de la prensa, Jurado ha abordado la destitución de Carlos López, antiguo secretario general de la entidad. El pasado viernes, con 30 votos a favor y 5 en contra, la Junta Directiva acordó lo que no había acordado con José Ángel Hevia, que había propuesto anteriormente este mismo despido, sin éxito. La propia Jurado se opuso entonces a la destitución que ahora ha promovido. "Para mí ha sido muy triste a nivel personal", aseguraba, "porque eran personas en las que yo confiaba, consideraba que eran íntegras y que habían hecho su trabajo, y precisamente por eso le apoyé de una forma muy explícita en la anterior moción de confianza". Jurado dice ahora ser consciente de la "falta de colaboración y de los problemas que eso generaba, y de la falta de transparencia en determinadas acciones". Ha llegado a aludir a la existencia de "informes" que dan la razón a esa desconfianza, pero no ha aclarado a qué textos se refiere o sobre qué asuntos versan. Fuentes favorables al ex secretario general aseguran que se le destituye por ser defensor de la comisión deontológica que debe evaluar a 14 miembros de la Junta Directiva. La presidenta de la SGAE lo niega: "He sido yo misma quien la ha impulsado". 

Precisamente el nombramiento del nuevo director general, Miguel Ángel Recio, ha suscitado críticas dentro de la entidad. El periódico El Independiente publica este viernes que la entidad blindará durante cuatro años al nuevo directivo, nombrado por unanimidad también el pasado viernes, de forma que si le despide durante los dos primeros años se le tendrá que compensar con 360.000 euros. La presidenta asegura que el contrato está todavía en proceso de negociación, que se realiza entre Recursos Humanos y el interesado, que sus detalles aún no están claros y que se discutirá en un Consejo de Dirección el próximo día 28. Recio es amigo personal de la soprano, y fue primero director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y luego director General de Bellas Artes, ambos cargos durante el Gobierno del PP, con José María Lassalle como secretario de Estado. 

Otra de las críticas a su gestión es la celebración de numerosas juntas directivas y reuniones, que habrían costado en dietas, alojamiento y manutención más de 200.000 euros, de nuevo según El Independiente. La presidenta de la SGAE ha defendido que estos encuentros eran necesarios para asegurar "la legalidad" de las decisiones adoptadas y para cumplir con "la celeridad" exigida desde el Ministerio de Cultura. "No es una época normal, es una época de urgencia", ha argumentado, asegurando que tras la resolución de los conflictos más apremiantes se espaciarán las otras juntas "para que se adecúen al presupuesto que tenemos previsto". Jurado ha cerrado su intervención contradiciendo a quienes veían en la intervención el primer paso para la disolución de la SGAE: "No nos hemos muerto. Estamos vivos y estoy convencida de que lo seguiremos estando".