El efecto tractor de la Semana Santa ha impulsado la creación de empleo en marzo hasta hacer de este mes de 2023 el mejor de la serie histórica, que comienza en 1996. La Seguridad Social registra 206.410 nuevos afiliados, un crecimiento del 1% respecto al mes anterior. Pese a que el responsable del departamento, José Luis Escrivá, ha disociado las buenas cifras de empleo de ese tirón estacional, lo cierto es que el mayor aumento de cotizantes, tanto en cifras absolutas como relativas, se ha producido en la hostelería, que genera 71.808 nuevos empleos, un aumento del 5,67% respecto a febrero. Le siguen, pero a mucha distancia, los 14.957 nuevos afiliados del comercio o los 14.938 de la administración pública. En volúmenes semejantes ha crecido el empleo en sanidad –13.624 cotizantes más– y educación –12.728–, con alzas que no superan el 1,5% mensual.

De esta forma, la Seguridad Social alcanza los 20,37 millones de afiliados, que es también el mejor dato desde 1996. En el último año, el empleo ha crecido en 542.049 cotizantes, un 2,73%. Desde la pandemia, hay 1,1 millones de afiliados más. De ahí que el ministerio destaque la mejora que eso supone en la relación entre número de cotizantes y de pensionistas, que ahora es de 2,41 afiliados por cada jubilado, “el nivel más alto de la década”, asegura el departamento de José Luis Escrivá nada más aprobar la reforma del sistema de pensiones.

El mismo buen tono muestran las cifras del paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), que han bajado en 48.755 personas, un 1,67%. Tras subir en enero –70.744 nuevos parados– y febrero –2.618–, el descenso del número de desempleados en marzo de este año es superior al registrado en ese mismo mes en 2018, 2019 y 2022, pero menor al de 2021. La mayor parte de la bajada se debe al sector servicios, donde hay 42.789 parados menos. También se ha reducido más el desempleo femenino en cifras absolutas, 25.897 mujeres menos en el paro, que el masculino, con una caída de 22.858 hombres.

Aun así, en España quedan todavía 2,86 millones de parados. El Ministerio de Trabajo destaca que es la cifra más baja, en un mes de marzo, desde 2008, justo antes de estallar la crisis financiera desatada por la quiebra de Lehman Brothers.

Este año, en cambio, los malos vientos augurados por la caída de Credit Suisse y las dudas sobre Deutsche Bank en medio de la crisis de precios y la guerra de Ucrania no han podido con los buenos presagios del consumo para la Semana Santa. Y ese comportamiento se refleja en el hecho de que todas las comunidades autónomas han ganado en empleo, pero con Baleares y Andalucía a la cabeza, que aumentan su número de afiliados en un 6,4% y un 1,36%, respectivamente. Todos los territorios reducen igualmente sus cifras de desempleados, menos la Comunidad de Madrid, que gana 1.013 nuevos parados. En cambio, son Andalucía y Canarias las que lideran la bajada del desempleo, con 15.284 y 5.775 parados menos.

La reforma laboral sigue notándose en el cambio de modelo de contratación, según subraya el Ministerio de Trabajo: el 46,82% de los contratos firmados en marzo fueron indefinidos, casi un punto y medio más del porcentaje de febrero, mientras que los temporales se reducen en un 39,6% respecto a hace un año. Su traducción en términos de cotizantes a la Seguridad Social es la caída de los afiliados con contrato temporal hasta el 14%, la mitad de los que había antes de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021. Es, apunta el ministerio, el mínimo histórico.

De los 1,31 millones de contratos registrados en marzo, 284.208 son a tiempo completo, 180.909 son fijos discontinuos y 150.557 a tiempo parcial. Los primeros han aumentado un 23,23% respecto a febrero, los segundos un 28,03% y los terceros un 24,16%. En comparación con el mismo mes de 2022, los de jornada completa han crecido un 8,97%, los de tiempo parcial un 2,52% y los fijos discontinuos, un 70,67%. Según el Ministerio de Seguridad Social, también sigue aumentando la duración media de los contratos, con un alza de 47 días entre enero y marzo respecto al mismo trimestre de 2019.

Otro cambio, pero éste recién estrenado, es el aumento de la base reguladora del 50% al 60% a partir del séptimo mes de cobro de la prestación por desempleo. Trabajo siempre publica los datos sobre prestaciones con un mes de retraso respecto de las cifras de paro, por lo que este mes se conocen los de febrero. Y la subida de la base reguladora se empezó a aplicar en enero. La cuantía media de la prestación de paro ha crecido un 7,3% en febrero, y se sitúa en 961,6 euros al mes. En España, 1,86 millones de personas la cobran, un 1,1% más que hace un año. La cobertura de la prestación alcanza el 68,11%, el porcentaje más alto en un mes de febrero desde 2012. La menor fue en febrero de 2016, cuando sólo protegía al 54,8% de los desempleados. Pero aún queda lejos del 80,6% al que se llegó en ese mismo mes de 2010.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han elogiado las buenas cifras de empleo. “Crear 206.000 empleos en un mes y concretamente en el mes de marzo es un dato extraordinario, que no tiene precedentes”, ha asegurado Escrivá, quien subraya el “complicado contexto” económico. Ambos ministros han presagiado que la misma tónica optimista continuará en los próximos meses, pese a reconocer que “ir a un ritmo de 100.000 empleos al mes no es sostenible”, en palabras de Escrivá en la Cadena Ser. “Queda aún mucho por hacer para dejar atrás la cultura de la precariedad”, advirtió en todo caso Yolanda Díaz en su cuenta de Twitter, tras atribuir el mérito de la “robustez” del mercado de trabajo a la reforma laboral, que “protege mejor el empleo en situaciones de crisis”.

El sindicato UGT también ha celebrado el “éxito” de la reforma laboral, pero reclama medidas contra el “despido barato”, reformando sus causas y costes, y que se recuperen todas las garantías que perdieron los contratos indefinidos con la reforma laboral de 2012. Además, pide más recursos para los servicios públicos de empleo y que se mejore la cobertura de las prestaciones de paro.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo ha advertido frente a los “mensajes triunfalistas” cuando la tasa de paro aún se mantiene en el 12%. En una entrevista en TVE, Sordo ha tachado de un “poco apresurada” la idea de que el modelo productivo ha cambiado en España, a tenor del empleo que se está creando en sectores de alto valor añadido, como le gusta destacar al Ministerio de Seguridad Social. “Aunque la correcta utilización de los fondos de recuperación europeos puede contribuir a acelerar esa transformación”, ha matizado.

Finalmente, la CEOE sostiene que los datos de empleo de marzo constatan la “mayor resiliencia” de mercado laboral, pese a “la incertidumbre económica derivada del conflicto bélico en Ucrania, la inflación y el encarecimiento generalizado de los costes laborales y de producción”. Pero también cree que “las empresas de pequeño tamaño están sufriendo” y pone como ejemplo que se han perdido más de 6.000 autónomos y más 13.000 empresas han cerrado desde principios de año.

No sé si les pasará a ustedes, pero yo personalmente, cada vez que oigo a los economistas decir, cuando colapsa una entidad financiera, eso de que “no es previsible que haya contagio al resto del sistema financiero”, me pongo en apnea. Recordemos brevemente: en la crisis financiera de 2008, pasamos del “todos tranquilos” a “esta vez es diferente”, casi en cuestión de semanas. Por ahora estamos en la primera fase, la de la negación de la realidad. Esperemos que esta vez los economistas tengan razón, y no nos veamos dentro de unas semanas en el “cada vez es diferente, y, además, peor que la anterior”.

En cuestión no ya de días, sino de minutos, la quiebra del Silicon Valley Bank, y del Signature Bank, ha puesto en dificultades a una de las entidades bancarias más importantes de Europa, el Credit Suisse. La respuesta, en Estados Unidos, y también en Suiza, se ha producido, afortunadamente, casi en cuestión de segundos también: se protegerá ilimitadamente a los depositantes de estas dos entidades. Recordemos que Suiza no es miembro de la UE y retiene, por tanto, su soberanía monetaria (dentro de los límites que vienen impuestos por una integración de los mercados de capitales casi absoluta en el mundo).

Sin embargo, no sabemos en estos momentos si se desatará el pánico bancario tanto a un lado como al otro del atlántico, y si los depositantes acudirán de forma masiva a retirar sus depósitos de los bancos. Lo que nos dicen los economistas es que esta vez también es diferente a la anterior porque resulta que el problema se centra en las subidas, tan rápidas, de los tipos de interés, que han hecho que los bancos americanos antes mencionados no pudieran afrontar los pagos de los depósitos remunerados a corto plazo y hayan tenido que vender a pérdida la deuda pública del tesoro americano que habían suscrito a largo plazo con anterioridad a las alzas de los tipos de interés. Pero recordemos una vez más la crisis de 2008: Lehman no era una entidad sistémica y sin embargo puso en jaque a todo el sistema financiero del mundo. Lo de Lehman era simplemente en el segmento sub-prime de la actividad crediticia de las entidades financieras, a pesar de lo cual se acabó contagiando al resto de los segmentos. Lo de Lehman era una cuestión de liquidez, y no de solvencia, y de repente se empezó a cuestionar la solvencia de determinades entidades financieras, como si hubiera una línea de demarcación tan clara entre lo que es liquidez y lo que es solvencia. El origen específico de la actual crisis puede no ser exactamente la misma que en 2008; pero sus consecuencias podrían aproximarse mucho a las de aquella crisis, si no se ataja de manera radical e inmediata el problema.

La buena noticia es que hemos aprendido bastante de la anterior crisis financiera. Por ejemplo, hemos aprendido que las crisis no tienen por qué estallar en nuestras fronteras. Una vez más, ésta se ha producido en Estados Unidos. Hay que coordinarse más y mejor con las grandes potencias financieras del planeta, y de hecho se han tomado muchas medidas en esta dirección después de la crisis de 2008. Segundo, se sabe que este tipo de crisis solamente se extienden si no se actúa de manera completamente expeditiva y tajante. En Estados Unidos, la crisis de 2008 duró no más de dos años. En 2010 el país estaba de nuevo en la senda de crecimiento y el fantasma de un gran crack financiero se había esfumado. En Europa, en la Unión Europea, se tardó muchísimo en reaccionar, y ello hizo que se tardaran tantos años en salir de la crisis económica. Esperemos que esta vez se hayan aprendido las lecciones del pasado, aquí también. El Banco Central Europeo, si tiene algún papel, es el de contener las crisis, o, mejor dicho, el de contener los contagios financieros. Es el Banco de último recurso de la UE, digan lo que digan los Tratados al respecto; por lo tanto, tiene que actuar como tal y de manera inmediata. Dicho de otra manera: tengo serias dudas sobre la capacidad de control de la inflación de los Bancos Centrales; pero lo que sí que tengo claro es que son un instrumento absolutamente fundamental para luchar contra las crisis y los contagios. Solamente los Bancos Centrales, también el Europeo, tienen los recursos y los mecanismos, monetarios e institucionales, para hacer frente a las imperfecciones del sistema económico y financiero de nuestro planeta.

Quedan, sin embargo, cosas por hacer, y si las hubiéramos hecho a lo largo de todos estos años, estaríamos en estos momentos mucho más tranquilos. Lo primero que hay que hacer es establecer una cobertura europea de depósitos ilimitada, de tal manera que se protejan los depósitos bancarios en el caso de que una entidad quiebre. La Comisión Europea propuso, en Noviembre de 2015, la adopción del Reglamento de la UE para el establecimiento de un Esquema Europeo de Garantía de Depósitos, bajo determinadas condiciones que debían cumplir los Bancos. Esta propuesta, que aseguraría, con el tiempo, el 100% de los depósitos bancarios a través de un seguro de alcance comunitario, lleva desde entonces durmiendo el sueño de los justos, gracias, sobre todo, a la oposición del gobierno alemán en la materia.

La segunda de las reformas que hay que hacer es la del mandato del Banco Central Europeo, en la línea que he señalado más arriba. El Banco Central Europeo tiene que aparecer, en los Tratados, como lo que en realidad es: el prestamista de último recurso de la zona euro (y probablemente, en coordinación con los Bancos Centrales de los Estados Miembros sometidos a una excepción, de toda la Unión Europea). En realidad, el BCE lleva desarrollando esta labor desde al menos la crisis de 2008, y sin duda alguna, desde la crisis del covid. Pero teniendo en cuenta cuál es su mandato jurídico, siempre la desarrolla de manera temerosa, como si fuera un niño pequeño que acabara de hacer una travesura, y siempre expuesto a que el Tribunal Constitucional Alemán anule alguna de sus medidas en el ordenamiento jurídico de aquel Estado Miembro, lo que pondría en cuestión su propia credibilidad. Materialmente, el BCE parece más decidido a desarrollar el papel que la Historia (sí, la Historia, con H mayúscula) le ha llamado a desplegar. Ahora solamente falta que la realidad jurídica se acomode a la material, de tal manera que nadie pueda ponerle peros a la acción del BCE. Hagamos estas reformas para que la próxima vez que los economistas vuelvan a decirnos “todos tranquilos” podamos estar todos tranquilos, pero de verdad.

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Antonio Estella es director del Master en “Gobernanza Económica Europea: Derecho, Políticas y Economía” de la Universidad Carlos III de Madrid.

Un banco que quiebra en cuestión de días, autoridades reguladoras obligadas a intervenir a toda prisa para apagar el incendio, miles de millones que se esfuman en un abrir y cerrar de ojos, el Gobierno lanzando llamamientos a la calma... Todo esto trae algunos recuerdos. Desde el 9 de marzo, los fantasmas de la quiebra de Lehman Brothers y de la llamada crisis de las subprime han vuelto a acechar al mundo financiero. 

La quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), la mayor quiebra bancaria desde 2008, ha desatado una oleada de pánico en Wall Street. Temiendo un posible contagio, todos los corredores de bolsa liquidaron sus posiciones bancarias: en pocas horas, las acciones de algunos bancos cayeron un 30, un 40, e incluso más de un 50%. En un solo día se esfumaron unos 60.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

Para evitar el contagio, las autoridades bancarias de California, donde tiene su sede el SVB, cerraron el banco el 10 de marzo y aseguraron a los clientes que garantizarían sus depósitos a partir del lunes. En Washington, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen –por otra parte ex presidenta de la Fed–, y la Reserva Federal trabajan activamente para evitar el pánico en otros bancos. En la tarde del domingo 12 de marzo, las autoridades anunciaron que todos los clientes del Silicon Valley Bank tendrían acceso a todos sus depósitos a partir del lunes. Al mismo tiempo, han decidido crear un fondo para aumentar las garantías de los depósitos en caso de nuevas quiebras. Inmediatamente después, la Reserva Federal de Nueva York cerró otro banco, el Signature Bank, que estaba claramente en apuros.

Hasta hace unos días, el Silicon Valley Bank (SVB) era prácticamente desconocido para el gran público: su clientela se centraba esencialmente en el mundo de la tecnología y lo digital, las start-ups de la región, los fondos de inversión que las financian y apoyan, y los pequeños círculos en torno a los criptoactivos. Nadie cuestionaba su solidez: a principios de marzo, la revista Forbes le otorgó incluso el título de "mejor banco americano".

El edificio se derrumbó como un castillo de naipes. A principios de semana, Greg Becker, director general del banco –que había vendido de manera oportunista algunos de sus títulos unas semanas antes– anunció que, a raíz de una necesidad de liquidez provocada por unas retiradas de fondos de sus clientes mayores de lo previsto, había tenido que vender parte de su cartera mantenida en reserva.

Pero esos títulos, principalmente bonos del Tesoro americano y obligaciones compradas en un momento en que los tipos estaban casi a cero, habían perdido parte de su valor como consecuencia de la subida de tipos ordenada por el banco central americano. El resultado fue una pérdida de 1.800 millones de dólares para el SVB. Queriendo transmitir tranquilidad, la dirección anunció que lanzaría inmediatamente una ampliación de capital de 2.250 millones de dólares para reforzar su balance. En un escenario ya conocido, la agencia de calificación Moody's informó a la dirección del banco de que iba a rebajar su calificación.

El anuncio público de estas dificultades desató el incendio: el precio de la acción perdió más del 66% el 9 de marzo. El jueves por la mañana, un importante gestor de fondos de cobertura (hedge funds) aconsejaba a todos sus clientes que retiraran sus fondos del banco lo antes posible, mientras aún había tiempo. En cuestión de horas, el Silicon Valley Bank se enfrentaba a una auténtica corrida bancaria: según la autoridad reguladora californiana, la demanda de retirada ascendió ese día a 42.000 millones de dólares. El banco no pudo hacer frente y se hundió.

Los depósitos del banco están asegurados hasta un límite de 250.000 dólares. Más allá de eso, es un agujero negro. Algunas empresas se preguntaban, antes del anuncio federal, cómo podrán pagar a sus empleados en las próximas semanas. Una empresa de criptodivisas, la Circle Internet Financial, ya ha reconocido que tiene más de 3.300 millones de dólares invertidos en el Silicon Valley Bank: ya no puede asegurar la paridad entre su criptodivisa, el USD Coin, y el dólar. 

No es una casualidad que el sector de la alta tecnología sea el origen de las actuales tensiones del sistema financiero. Estuvo en el centro de la década de dinero gratis y tipos de interés cero, adoptada por los bancos centrales como salida a la crisis financiera de 2008. A lo largo de estos años, las empresas de este sector han recaudado miles de millones en capital, han practicado el efecto palanca en cantidades gigantescas y han conseguido que los fondos de inversión y los hedge funds accedieran a financiarlas sin restricciones, sin cuestionar la pertinencia de su modelo y mucho menos de sus innovaciones y actividades.

El Silicon Valley Bank ha estado en el centro de estos mecanismos, accediendo a dar préstamos sin discusión a sus clientes. A cambio de esos préstamos, las empresas abrían cuentas en el banco y depositaban allí su dinero. El banco creció como un hongo, al mismo ritmo que sus clientes, hasta el punto de convertirse en el 16º banco de Estados Unidos (207.000 millones de dólares en activos).

El mecanismo bien engrasado funcionó a toda máquina hasta el final de la pandemia, cuando el banco central americano cambió de línea, decidió endurecer su política monetaria y subir los tipos para frenar la inflación. Desde mediados de 2022, la Fed ha subido los tipos seis veces, hasta situarlos entre el 4,25 y el 4,5%.

Esto también ha llevado a los inversores a cambiar su punto de vista: ya no quieren crecimiento a toda costa, sino rentabilidad, liquidez. El sector de la alta tecnología, que a menudo le cuesta obtener beneficios, se encontró atrapado: los financieros ya no lo seguían, o lo hacían menos. Incluso los gigantes digitales tuvieron que dar explicaciones: se criticaron las enormes y hasta ahora deficitarias inversiones de Facebook con el Meta en desarrollo. Amazon también está bajo vigilancia, tras haber invertido fuertemente en Alexa, su dispositivo digital que ofrece servicios basados en la nube, sin cosechar los beneficios esperados.

La burbuja de la alta tecnología ha empezado a desinflarse. Desde finales de 2021, el índice Nasdaq de empresas del sector ha perdido más del 30% de su valor.

Esto ha tenido sus consecuencias para el Silicon Valley Bank. Sus clientes, muy endeudados y que ya no encontraban la financiación fácil a la que estaban acostumbrados, empezaron a retirar dinero de sus depósitos, recurriendo a su línea de tesorería para continuar con su actividad, para pagar sus vencimientos de crédito cada vez más elevados. Las retiradas empezaron a acelerarse a partir de mediados de 2022 y el banco, a su vez, empezó a encontrarse en apuros.

El dinero que sus clientes habían depositado se había invertido, en letras del Tesoro, en bonos americanos, –los activos financieros que se consideraban más seguros–, pero en un momento en que los tipos estaban en su nivel más bajo. En cuanto los tipos empezaron a subir, estas reservas perdieron inexorablemente su valor: ¿por qué recomprar títulos que rinden un 0,2% cuando se pueden comprar bonos que prometen más de un 4%?

A finales de diciembre, cuando se cerraron las cuentas, el banco sabía que tenía una pérdida de capital latente de 15.000 millones de dólares en su cartera de reservas. Podría haber decidido liquidar sus posiciones y asumir sus pérdidas, para sanear su situación. En lugar de ello, optó por tomarse su tiempo. Eso podría haber funcionado si sus clientes, cada vez más preocupados, no hubieran aumentado sus retiradas en las últimas semanas. A falta de liquidez, la dirección tuvo que empezar a vender su cartera y reconocer las pérdidas. El mecanismo infernal se puso en marcha, llevándole al punto de la quiebra.

Desde la quiebra del Silicon Valley Bank, las autoridades y los analistas han venido lanzando mensajes tranquilizadores al considerar que la quiebra del banco sólo sería un accidente aislado y que no habría riesgo de contagio en el sistema bancario y financiero. Es decir, que este colapso bancario no sería el "canario en la mina" anunciador de una crisis financiera inminente (la expresión hace referencia a una práctica de los mineros en las minas de carbón: llevaban consigo al fondo un canario en una jaula; si éste dejaba de cantar, significaba que era inminente una explosión de grisú y que había que evacuar cuanto antes).

Sin embargo, es un presagio de graves problemas. En primer lugar, en el mundo de los criptoactivos, que se vio gravemente sacudido por la quiebra de FTX, y en el espacio de unas semanas varios fondos y bancos, entre ellos Silvergate, se hundieron a su paso. El anuncio de que Circle Internet Financial estaba atrapado con 3.300 millones de dólares en depósitos en el Silicon Valley Bank desencadenó una nueva fuga: en pocas horas, las plataformas de intercambio tuvieron que hacer frente a miles de millones de retiradas, y el miedo se extendió por todo el mundo.

También se vio afectado acto seguido el sector de la alta tecnología. La quiebra del Silicon Valley Bank ha sacudido un sector ya de por sí frágil. El sábado, un centenar de gestores de fondos de inversión y de capital riesgo firmaron una petición para pedir a las autoridades americanas que presten especial atención a la gestión de la quiebra de SVB. El banco "ha sido un socio de confianza y a largo plazo del sector del capital riesgo", afirmaron, y "durante 40 años ha sido una importante plataforma que ha desempeñado un papel fundamental en el servicio a la comunidad de start-ups y en el apoyo a la innovación económica en Estados Unidos".

Piden el apoyo de las autoridades bancarias para evitar el estrangulamiento de las empresas del sector. La razón: han invertido miles de millones de capital en el sector. Y se les ha escuchado. 

Pero es en el sector bancario donde las repercusiones serán probablemente mayores. Desde el 10 de marzo está en marcha la caza del más débil y circulan ya nombres, sobre todo de bancos regionales, que están siendo inmediatamente castigados con caídas espectaculares de las cotizaciones.

Las autoridades reguladoras están al límite. Quieren evitar que el pánico se extienda a otros bancos. Pero también están en muy mala posición porque el problema puesto de manifiesto con la quiebra del Silicon Valley Bank puede encontrarse en muchos otros balances bancarios: muchas entidades tienen carteras de bonos en reserva como garantía de sus depósitos y de su solidez, y estas carteras se deprecian constantemente a medida que la Reserva Federal sube los tipos.

Los reguladores no podían ignorar esta situación. Sin embargo, durante meses hicieron la vista gorda y se limitaron a avalar las cifras presentadas por los bancos: mientras no se reconocieran pérdidas, podían atenerse al valor nominal. Por complacencia, incluso relajaron su supervisión de las entidades más pequeñas, entre ellas Silicon Valley Bank, ya que las normas introducidas durante la crisis financiera de 2008 les parecían a muchos demasiado rígidas y restrictivas. Mientras los grandes grupos bancarios americanos obtenían beneficios multimillonarios por sus actividades en los mercados, ni siquiera exigían a estos últimos que apuntalaran sus reservas.

Hoy, a pesar de las palabras tranquilizadoras de las autoridades, vuelven a surgir dudas y sospechas sobre la solidez del sector bancario y su capacidad para resistir vientos en contra. Y esta duda va mucho más allá de los bancos estadounidenses: todos los bancos occidentales se encuentran en situaciones comparables, todos llevan en sus balances las huellas de una década de dinero a interés cero.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, responsable de la regulación bancaria, se encuentra en una situación complicada: ¿debe continuar con su endurecimiento monetario, subiendo más los tipos para frenar la inflación, como ha dicho que va a hacer, a riesgo de debilitar un poco más el sistema bancario? ¿O debe aflojar un poco para ayudar a los bancos a consolidar sus posiciones?

Se está produciendo un tira y afloja con el mundo bancario y financiero, que no quiere oír hablar de un endurecimiento de las normas y quiere volver a los benditos días de dinero libre que tanto les benefició.

Este artículo ha sido actualizado el 13 de marzo por la mañana para incluir las últimas novedades y decisiones de las autoridades federales americanas del 12 de marzo.

Traducción de Miguel López

El dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto español a la banca advierte de los riesgos que para el sector financiero y la economía en general puede suponer su aprobación tal y como lo ha diseñado el Gobierno. Entre ellos, que el futuro impuesto limite la capacidad de las entidades para conceder créditos, les obligue a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes y termine perjudicando el crecimiento económico. Por eso, recomienda al Gobierno que haga un análisis “exhaustivo” del impacto del gravamen sobre la rentabilidad de las entidades financieras. Y que impida a éstas repercutirlo en los clientes. El informe, de apenas seis páginas, ha recibido el aplauso de las patronales bancarias AEB y CECA: algunas de las principales entidades ya han anunciado que llevarán el impuesto a los tribunales para impedir su aplicación.

En su documento, el BCE menciona otros cinco dictámenes anteriores sobre impuestos a la banca en cuatro países europeos, pero ha emitido muchos más. Los citados evalúan tributos de Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumania. El más reciente de estos es de 2020 y el más antiguo, de 2016. En el referido a España el BCE reúne advertencias estándar, ya presentes en informes previos, y particularidades del impuesto español. Quizá es a lo que se refería el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando aseguró que el supervisor europeo debe de haber hecho “un corta y pega” de un “tipo de informe normalizado”. “Lo tienen de otras veces que han contestado a esto y lo han puesto ahí sin tener en cuenta que, vista la coyuntura actual [de subida de tipos de interés], resulta un poco sorprendente”, apuntó el ministro, que fue jefe de la División de Política Monetaria del BCE entre 1999 y 2004.

Por ejemplo, el supervisor bancario reproduce literalmente párrafos y argumentos de anteriores dictámenes. Es una doctrina que tiene asentada. El primero, que considera recomendables este tipo de gravámenes sólo si se utilizan para nutrir fondos de garantía de depósitos, que cubran las insolvencias de las entidades, pero no para aumentar los recursos presupuestarios de los gobiernos, como es el caso no sólo del impuesto español, sino también del eslovaco, lituano y polaco. El rumano está pensado para estimular la intermediación financiera y reducir el coste del crédito a los hogares. También repite el “impacto” que la tasa puede tener sobre “la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”. O advierte de que un impuesto ad hoc a los bancos destinado a conseguir recursos presupuestarios generales reducirá la “resiliencia” de las entidades, que entonces se verían obligadas a conceder menos créditos y reducir sus servicios y actividades. En todos los dictámenes el BCE pide a los gobiernos que preparen un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del impuesto.

Ya con carácter específico, el informe sobre el gravamen español alerta ante el riesgo de que a los bancos afectados se les haga tributar atendiendo a sus ingresos de 2019 pero tengan que pagar después, cuando es posible que hayan reducido sus beneficios o incluso hayan incurrido en pérdidas. Sin embargo, el tributo se empezará a cobrar el 1 de enero de 2023 y, según los resultados que hicieron públicos la semana pasada, los cinco mayores bancos ganaron hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. El impuesto gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras cuyos ingresos en 2019 fueran superiores a los 800 millones de euros por ambos conceptos. Por tanto, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectará a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar. En los nueve primeros meses de este año, las tres primeras entidades –Cajamar no presenta sus cuentas hasta el próximo lunes– han tenido unos beneficios de 678,2 millones de euros: Unicaja supera en un 67% las de ese mismo periodo en 2021, Ibercaja mejora un 15,4% y Kutxabank en un 42%. Es decir, todas ellas están lejos de las pérdidas.

Como la base del impuesto son el margen de intereses y las comisiones, no los beneficios, en lo que va de año la cifra ingresada por los seis principales bancos –los cinco que cotizan en el Íbex 35 y Unicaja– suma 22.453 millones de euros, un 6% más que el año anterior, informa Europa Press. Según la agencia Scope Ratings, Caixabank tendría que pagar unos 400 millones de euros, por ser la entidad que más ingresa por intereses y comisiones –7.250 millones hasta septiembre, un 11,4% más que en 2021–, por encima incluso del Santander, que debería abonar al Estado 300 millones de euros. El BBVA tributaría por unos 250 millones y Sabadell por 200 millones.

Para el BCE, otro riesgo es que, como el impuesto no tendrá en cuenta los gastos de explotación ni otros costes, puede que no sea proporcional a la rentabilidad del banco. Los responsables de las mayores entidades argumentan contra el impuesto que, pese a los elevados beneficios de este año, su rentabilidad está por debajo de los costes de capital.

El dictamen, tal y como han destacado este viernes tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como el vicepresidente del BCE y exministro de Economía del PP Luis de Guindos, no es vinculante. Así que los cuatro países cuyos impuestos a la banca evaluó antes el supervisor europeos siguieron adelante con sus respectivos diseños, que fueron aprobados por sus parlamentos y aplicados.

En el caso de Lituania, los bancos empezaron a pagar un 5% adicional sobre sus beneficios en el impuesto de sociedades, por lo que el tipo por el que tributaban pasó del 15% al 20%. El objetivo de la medida era dedicar la recaudación a cubrir necesidades públicas. En principio, estaba previsto que el tributo se aplicara sólo durante tres años. Pero en diciembre de 2021 el Parlamento decidió prorrogarla indefinidamente. Pese a que una de las recomendaciones del BCE es precisamente que estos impuestos se limiten en el tiempo. El español estará en vigor dos años, de acuerdo con el plan del Gobierno.

Eslovaquia también ha aplicado su propia tasa a los bancos. La aprobó en 2011 y estaba destinada a cubrir los costes del rescate financiera y crear un fondo de protección para futuras crisis. En principio consistía en un 0,2% del pasivo de los bancos, pero en 2021 se duplicó. Cada año recaudaba unos 150 millones de euros, que pasaron a 300 millones tras la subida. El ministro de Economía que lo impulsó, Peter Kazimir, se convirtió en 2019 en gobernador del Banco Central de Eslovaquia y, sorprendentemente en uno de los principales enemigos de la tasa. Dijo que había sido un error. En 2020 el Gobierno presentó un proyecto para anular el impuesto. Si en el caso lituano, el BCE actuó de oficio, y en el español el dictamen fue solicitado por el Banco de España, en el eslovaco, el supervisor evaluó tanto la creación como la subida y la abolición de la tasa a petición del propio Ministerio de Finanzas. En su último y breve informe –apenas dos páginas– antes del dedicado a España, el BCE celebra que el Gobierno de Bratislava suprima el tributo, porque cree que su eliminación aumentará la capacidad de los bancos para generar capital y proveer de créditos a la economía real.

Polonia tampoco cambió su política fiscal tras el dictamen del BCE. En 2016 el Gobierno creó una tasa mensual del 0,0366% sobre los activos de bancos, aseguradoras y entidades de crédito al consumo. La recaudación, una vez más, se destinaba a financiar el gasto público, en especial en materia de seguridad social. En 2020, el Estado polaco ingresó por este concepto unos 900 millones de euros.

Del mismo modo ha avanzado el Gobierno español que mantendrá su impuesto. En la cumbre hispano-lusa en Viana do Castelo, el presidente, Pedro Sánchez, se ha referido a Luis de Guindos, quien aseguró horas antes que, con su dictamen, el BCE “trata de ayudar”, como ya ha hecho en el pasado con otros gobiernos. Tras repasar su currículo como ministro de Economía del PP, “artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española” y responsable de Lehman Brothers, Sánchez le agradeció sus “consejos”. “Pero vamos a seguir adelante”, zanjó.

Los cuatro países evaluados por el BCE no son los únicos europeos que gravan a los bancos con impuestos específicos. Desde 2011, las entidades financieras británicas pagan una tasa –bank levy– por su pasivo y fondos propios, del 0,1% si son a corto plazo y del 0,05% si son a largo. Además, en 2015, el Gobierno del conservador David Cameron estableció el Banking Corporation Tax Surcharge, que grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios. Se planteó entonces como la “justa contribución” de las entidades financieras por “el riesgo potencial que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. Un seguro frente al peligro sistémico que puede representar una banca que toma excesivos riesgos. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico recaudó unos 8.000 millones de libras hasta 2022 por este recargo. Sólo en 2017 ingresó 1.500 millones de libras –unos 1.713 millones de euros–. Gracias a la tasa ingresó mucho más: 25.000 millones de libras desde 2011. Este año la recaudación ascenderá a 1.300 millones.

Uno de los planes del actual primer ministro británico, Rishi Sunak, cuando era ministro de Finanzas en el Gobierno de Boris Johnson, era recortar del 8% al 3% el recargo a los bancos. Sorprendentemente, su sucesor en el breve Gobierno de Liz Truss, Kwasi Kwarteng, no incluyó esa reducción en el fallido plan de rebaja generalizada de impuestos. Está por ver cuál va a ser la decisión de Sunak al respecto una vez que el recorte fiscal de Truss ha quedado en el camino.

También en Francia existe un impuesto que grava a los bancos por su riesgo sistémico, la TRS (Taxe de Risque Systémique), que en 2012 se elevó del 0,25% al 0,50% de la base imponible. Curiosamente, fue una iniciativa de Christine Lagarde, ministra de Economía en 2011, cuando se creó el tributo, y hoy presidenta del BCE. Desde 2014 se empezó a reducir hasta su desaparición en 2019, pero en 2015 se creó otro impuesto similar destinado a financiar a los ayuntamientos que contrataron préstamos tóxicos. En 2012 el fisco francés recaudó 500 millones de euros gracias a la TRS.

En plena crisis financiera, también Austria y Bélgica gravaron a sus bancos. Tras la pandemia, en diciembre de 2021, el Parlamento sueco aprobó una tasa del 0,05% de la base imponible para 2022 y del 0,06% para 2023 de los bancos cuyo pasivo supere los 150.000 millones de coronas suecas –unos 14.000 millones de euros–. Ahora, en plena crisis energética y de precios, además de España, Hungría, República Checa, Italia y Grecia han anunciado su intención de unirse al club.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo estudiará el informe del Banco Central Europeo, pero ha confirmado que continúa con su hoja de ruta de crear el gravamen, informa Europa Press. Sánchez ha comparecido junto al primer ministro de Portugal, António Costa, en Viana do Castelo, tras la firma de acuerdos bilaterales, un día después de que el BCE cuestionase distintos aspectos del impuesto a la banca. "Evidentemente tomamos nota y estudiaremos el informe, pero el Gobierno continúa con su hoja de ruta de crear este importante impuesto. Sobre todo, porque a la luz de los datos que hemos conocido de los beneficios y los dividendos que está dando el sector financiero como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, creo que está justificado que arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles y las españolas", ha señalado Sánchez tras ser preguntado por el citado dictamen.

El presidente ha sido especialmente duro con al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos: “He escuchado al señor De Guindos decir que solamente quiere ayudar. Fue ministro de Economía del Gobierno del PP artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española, previamente fue responsable de Lehman Brothers, hoy es vicepresidente del BCE... Le agradezco sin ninguna duda las ganas de ayudar del señor De Guindos“, ha reprochado Sánchez.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

Las bolsas no lo dudan. Habrá recesión. Los inversores han empezado a multiplicar las órdenes de venta. El miedo a la inflación se ha convertido en pánico a un desplome de la economía global. Y los analistas llevan tiempo advirtiendo de las señales. Que cada vez parecen más nítidas. Las subidas de tipos de interés tienen esa consecuencia inevitable, asegura el analista financiero Juan Ignacio Crespo. Con ese objetivo las han aprobado tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco de Inglaterra, y las ordenará el próximo día 21 el Banco Central Europeo (BCE): enfriar la economía para bajar la inflación, que se encuentra en niveles desconocidos desde los años 80 a ambos lados del Atlántico.

De hecho, Crespo asegura que Estados Unidos ya se encuentra en recesión, después de un primer trimestre en el que su economía se ha contraído un 0,45% y en el segundo, de acuerdo con las estimaciones del servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ha sufrido un retroceso de magnitud similar. Es decir, EEUU cumple ya los requisitos de la definición técnica europea de recesión: dos trimestres consecutivos de caídas del PIB. Es más, el analista avanza que el mundo entró en recesión industrial el pasado marzo, por culpa de las paradas intermitentes de las factorías chinas.

En Alemania las perspectivas tampoco son precisamente halagüeñas. En mayo la gran potencia exportadora europea tuvo el primer déficit comercial en 31 años: compró en el exterior por 900 millones de euros más de los que vendió. Pero si, además, se cortara el suministro de gas ruso este otoño, su poderosa industria tendría que parar. Este lunes se cerrará el gasoducto Nord Stream 1, que abastece de gas ruso a Alemania, para ejecutar unas tareas de mantenimiento habituales que, en condiciones normales, deberían durar sólo 10 días. Pero el temor a que Putin convierta el cierre temporal en algo más que una advertencia existe. “No es algo que debamos descartar al 100%, porque puede producirse una situación de máxima tensión, no ya en otoño, sino en las próximas semanas”, advirtió este viernes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Antena 3.

Ése sería el detonante que encendería la recesión en el resto de la Unión Europea, España incluida. El Banco de España calcula que el corte ruso de suministro energético le costaría a Europa 4,2 puntos de PIB, 600.000 millones de euros. Sólo un poco menos de los 750.000 millones del paquete de estímulo aprobado por Bruselas para recuperar a la UE de la pandemia. Aunque el BCE no incluye la entrada en recesión de la Unión Europea en su escenario central –el más probable– para los próximos meses, su vicepresidente, Luis de Guindos, previene ante una “desaceleración económica importante”, que en Alemania, debido al posible corte del gas ruso, puede conducir a la recesión, y ésta arrastrar al resto de la eurozona, según alertó la semana pasada en una entrevista en la Cope. Sí que aparece la recesión en su escenario adverso, con un embargo total de gas ruso en Europa, en cuyo caso el PIB del bloque caería un 1,7% en 2023.

Así que el estado de ánimo corporativo en Alemania comienza a resentirse. El índice de gestores de compras PMI –que elabora S&P Global a partir de encuestas mensuales a ejecutivos de miles de empresas de 40 países y muestra la evolución de sus pedidos– se situó el pasado junio en 51,3 puntos, 2,4 puntos por debajo de mayo y acercándose peligrosamente a 50, el límite por debajo del cual se revela una contracción económica. Si desciende de 42, hay recesión. En Francia, el PMI está en 52,8 puntos, 4,2 puntos menos que en mayo, el peor resultado desde que comenzó el año.

En España, aún se queda en 53,6 puntos, pero ha caído 2,1 puntos desde mayo. En toda la zona euro, el indicador es de 52 puntos. Según el análisis de S&P Global, el recorte del indicador en España refleja una caída de la demanda y de los pedidos de las empresas, la tercera en los últimos cuatro meses. No sólo los inversores, también las corporaciones, además de pertrecharse frente al alza de sus costes por la inflación, barruntan el parón de la demanda y se preparan.

Lo mismo está ocurriendo con los consumidores. Las encuestas desvelan cómo reducen o planean reducir sus compras en los próximos meses por culpa de los precios. Aún gastarán este verano parte del ahorro embalsado desde la pandemia. Pero en otoño empezarán a cerrar las billeteras. Según el informe de perspectivas del consumidor de Kantar Insights, es la primera vez desde 2012, en plena crisis financiera, en que los ciudadanos que recortan sus compras superan a los que las mantienen. Hay ganas de gastar, pero como los precios son más altos, el INE ha registrado entre enero y marzo de este año la primera tasa de ahorro negativa de los hogares españoles desde 2019. Porque por primera vez desde entonces han gastado más –un 14% más– de lo que han ganado. Es el efecto de la subida desbocada de los precios: este año las familias españolas han recortado su ahorro 1.427 millones de euros, mientras que, en el primer trimestre de 2021, cuando aún salían de la pandemia, habían conseguido guardar en la hucha nada menos que 14.516 millones.

Otro indicador de que la recesión se acerca son los precios de las materias primas, que con la guerra en Ucrania se instalaron en máximos al llegar marzo, pero ahora están cayendo. Los metales industriales pierden un 9,7% en lo que va de año, después de haber ganado un 26% en marzo, mientras que las materias primas agrícolas se recortan un 1%, frente a una subida del 36% cuando empezó la guerra, recuerda Juan Ignacio Crespo. Y el barril de petróleo Brent se situó por debajo de los 100 dólares –99,86– el pasado miércoles, desde los 130 que rozó en marzo. Los precios caen porque también lo ha hecho la demanda; la actividad se enfría. La inflación debería terminar moderándose, por tanto.

Al mismo tiempo, el euro se desploma frente al dólar y ya casi cotizan a la par. Lo que significa que el euro tiene ahora el peor cambio con la divisa estadounidense desde diciembre de 2002, tras acumular una depreciación del 10%. El motivo es el diferencial de los tipos de interés europeos y norteamericanos, explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, el servicio de estudios de las cajas de ahorro. De modo que ahora los flujos financieros van hacia Estados Unidos. “Que se debilite el euro es algo que no nos conviene [a los europeos], por el contrario, debería generar confianza para atraer inversiones”, apunta, más allá del abaratamiento de las exportaciones, que favorece una baja cotización de la moneda, y del encarecimiento de las importaciones, sobre todo de las energéticas.

A la luz de todos estos síntomas, Juan Ignacio Crespo no duda en calificar de “horrenda” la coyuntura actual. E incluso se aventura a prever que la recesión global al acecho “durará 15 meses”. Por el contrario, Luciana Taft, consultora de Analistas Financieros (AFI), prefiere hablar de “desaceleración global” aunque también reconoce que han aumentado las probabilidades de que haya una recesión debido a los riesgos energéticos –el corte de suministro ruso a Europa– y las restricciones financieras –las subidas del precio del dinero que aprobará el BCE el día 21–. Pero, precisa, hay razones para pensar que, de producirse, la recesión será “más acotada y suave, más contenida” que en episodios anteriores. Como las crisis de 2008 y 2012.

Funcas pronostica que su escenario central no es de recesión, pero sí de “freno importante al crecimiento” por los dos factores antes citados, aliados con la inflación. Para llegar a una contracción del PIB es necesario que Europa quede desabastecida de gas, haya racionamientos y la industria alemana se paralice. Entonces será “inevitable”, dice María Jesús Fernández, que la recesión alcance a España.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) descarta la posibilidad de una recesión en España. Al menos “ahora mismo”, precisó su presidenta, Cristina Herrero, este miércoles. “No en este momento, no para nuestro país”, abundó, “pero hay preocupación sobre qué puede pasar en invierno en la zona euro”, previno Herrero en el Nueva Economía Fórum. Es el mensaje que repiten los ministros del Gobierno. “En el segundo trimestre el crecimiento se ha acelerado, la campaña turística está siendo de récord, en un nivel muy próximo al de 2019, y las previsiones para la segunda mitad del año son de un crecimiento muy intenso, de más del 4%”, elogió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el pasado jueves. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, definió como “muy baja” la probabilidad de que España entre en recesión debido a la “resiliencia del mercado laboral”, con cifras históricas de afiliación, los fondos europeos y la “holgada” situación financiera de las familias. Lo que no quiere decir, matizó enseguida, que no se vaya a producir una “desaceleración significativa”.

Luciana Taft destaca el “importante blindaje a corto plazo” de que disfruta España de cara al frenazo económico que se avecina. El segundo trimestre, con un turismo de nuevo en máximos de actividad, unas exportaciones también al alza y el aumento del empleo, va a ser “muy bueno”, subraya. La patronal de las empresas turísticas, Exceltur, calcula que el PIB del sector está ya un 1,1% por encima de 2019 y el empleo, un 0,6% mejor. Mientras, el sector secundario todavía funciona a buen ritmo, con una subida del 6,5% del Índice General de Producción Industrial en mayo, 7,1 puntos superior a la de abril y la más alta desde junio de 2021. “Así que el tercer trimestre también aguantará”, continúa. Las dudas asomarán en el cuarto, cuando el deterioro de las rentas de los hogares por culpa de la inflación y la subida de los tipos de interés hagan mella.

Aun así, la analista de AFI cree que España crecerá por lo menos un 4% este año. Conforme discurra el ejercicio, además, deberían dejarse notar ya las ayudas de los millonarios fondos de la UE para la recuperación, cuyo reparto acumula retrasos. España no depende del gas ruso en la medida de otros países europeos, pero si Alemania tose este invierno por falta de suministro, la economía nacional puede terminar acatarrándose con el comienzo de 2023, augura Luciana Taft.

Además, María Jesús Fernández descarta que España ya esté sintiendo lo que los economistas anglosajones llaman “efectos de segunda ronda”: la subida de los precios hace subir los salarios y este aumento incentiva el consumo, subiendo más aún los precios. Los salarios firmados en los convenios colectivos hasta ahora sólo mejoran un 2,4%, muy lejos por tanto del 10,2% en que se ha encaramado el IPC en junio. Pero la analista de Funcas alerta ante la “presión al alza” que se va a dejar sentir en todas las mesas de negociación colectiva en lo que queda de año. Luciana Taft asegura, además, que las cláusulas de revisión salarial, cuya reincorporación a los convenios reclaman los sindicatos, “no van a volver”. Y defiende la conveniencia de ese pacto de rentas que el Gobierno pretende reactivar después del verano. La UE tampoco siente aún la espiral de precios, al contrario que en Estados Unidos, donde “la subida de salarios, en algunos sectores, ya ha escalado a los dos dígitos”, indica la consultora de AFI. Pero Juan Ignacio Crespo las rebate. “La inflación inducida está llegando ya vía materias primas”, zanja.

Todos estos elementos se suman a un contexto macroeconómico muy distinto al de la gran crisis de 2008, recalcan Fernández, Taft y Crespo. En 2022 no hay “excesos” como los que desequilibraban la economía española cuando Lehman Brothers quebró y se hundieron las cajas de ahorro. En 2022 no hay burbuja inmobiliaria, ni un endeudamiento privado récord, el sistema financiero está saneado, la actitud del BCE y de la UE es muy distinta tras la aprobación de los fondos de recuperación, el whatever it takes de Mario Draghi y el mecanismo de protección anunciado por Christine Lagarde para evitar desviaciones de las primas de riesgo como las sufridas en 2012.

Pero en la actual coyuntura, el “talón de Aquiles” español son la deuda y el déficit públicos, disparados tras la pandemia, coinciden las expertas de Funcas y AFI. Taft explica que la inflación está “licuando la deuda”, ayudando al Estado a pagarla, pero a su juicio el principal componente del “agujero fiscal” español son las pensiones, para las que pide una “reforma de calado”. “También es fundamental que el BCE nos resguarde de la ruptura del euro”, añade, con ese mecanismo de protección del que aún se desconocen los detalles.

Juan Ignacio Crespo es más escéptico sobre las ventajas de partida ante la inminente recesión. “De momento, no estamos tan mal como en 2008, porque la pata financiera [de la crisis] aún no ha asomado por debajo de la puerta, pero lo hará”, advierte. Hasta la caída histórica provocada por el coronavirus, España había estado en recesión –con caídas trimestrales continuadas del PIB— desde el cuarto trimestre de 2010 hasta el tercero de 2013, casi tres años. En 2021 la economía creció un 5,1% y para este año la previsión del Gobierno es del 4,3%.

Crespo culpa al exceso de liquidez, a los miles de millones inyectados por los bancos centrales y a las ayudas millonarias de los programas de estímulo de Joe Biden y de la UE de la crisis mundial de precios. “¿Cómo no iba a haber inflación?”, se pregunta. Califica de “milagro” el hecho de que España haya pasado la crisis del covid casi sin despeinarse. “Con el PIB hundido casi en el 11%, tenemos ahora un millón más de empleos, cuando en las anteriores superábamos el 20% de paro e incluso el salario medio ha subido”, resalta, “gracias a los 4.000 millones de deuda pública española que ha comprado el BCE y el aumento del gasto público”. Algo parecido ocurre en la UE, “donde no parece que estén al borde de la recesión porque la tasa de paro es muy baja y en EEUU, donde tienen pleno empleo porque todo está muy subsidiado”, resume. “Parece jauja, pero termina pasando factura”, lamenta el analista, que concluye con una recomendación: “Cuanto antes se haga el ajuste, mejor”.

La gasolina, pero sobre todo el gasóleo, lleva en precios de récord incluso antes de la invasión de Ucrania. La reactivación económica tras la pandemia tiró de la demanda hasta el punto de superar la capacidad de las refinerías, que trabajan ahora a su máxima capacidad tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y el resto de Europa. Así que las existencias de carburantes se encuentran en mínimos, unos niveles sólo comparables a los de 2008, cuando la economía se frenó en seco tras la caída de Lehman Brothers. Y el embargo parcial de las importaciones rusas que acaba de pactar la Unión Europea empeorará aún más la escasez. Principalmente de gasóleo, que ese el combustible utilizado en el transporte marítimo y terrestre, la industria y la agricultura: el 40% de las importaciones europeas de productos refinados del petróleo procede de Rusia –más de la mitad de ellos son diésel– y el 33% de las británicas.

Independientemente de la cotización internacional del crudo, encaramado en los 123,86 dólares el barril de Brent y 118 el de Texas este mismo martes, los precios de venta del gasóleo se han disparado un 35,7% en Estados Unidos desde que comenzó la guerra, y de casi un 19% en el Reino Unido. En la Unión Europea el alza ha sido menor, un 12,67%. Mientras que en España el gasóleo se ha encarecido nada menos que un 24,7% desde el 28 de febrero. Ese porcentaje es superior a la subida sufrida por la gasolina, un 20,6%. De hecho, el diésel lleva desde marzo superando a la gasolina, una anomalía que no ocurría en España desde la anterior crisis.

No obstante, el gasóleo es mucho más caro aún en Finlandia, donde se paga a 2,24 euros el litro, y Suecia, a 2,18 euros el litro, así como en Alemania, donde el precio alcanza los 2,01 euros, según los datos del último Boletín Petrolero de la Unión Europea relativos al pasado 23 de mayo. En esa fecha en España el precio medio del diésel se quedaba en 1,867 euros el litro. Para hacerse una buena idea de la turbulencia acumulada en los mercados de hidrocarburos, el precio del gasóleo ha subido en España un 54,3% en el último año, y un 43,7% el de la gasolina.

El caso es que las cotizaciones desorbitadas están destapando la falta de existencias, que ya ha puesto en guardia a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido. Según el Departamento de Energía británico, las reservas de gasóleo han caído casi un 30% respecto al año pasado, mientras que las de gasolina se han rebajado mucho menos, un 8%. El Departamento de Energía de EEUU cifra en 105 millones de barriles las existencias de fueloil destilado el pasado abril, un 25% por debajo del nivel de hace un año.

De modo que ya hay quien habla de un posible racionamiento de combustibles en Estados Unidos este verano. Como el consejero delegado de United Refining, una comercializadora que vende carburantes en Nueva York, Pensilvania y Ohio: “No me sorprendería que se racionara en la Costa Este”, aseguró John Catsimatidis a la agencia Bloomberg. No es de extrañar que hayan saltado las alarmas si se tiene en cuenta que el pasado 23 de mayo la gasolina alcanzó en las estaciones de servicio estadounidenses los 4,59 dólares el galón, unos 1,13 euros el litro, el precio ajustado a la inflación más alto desde 2012 y el precio nominal más elevado desde 1990, según se ha ocupado de resaltar el Departamento de Energía de EEUU. El gasóleo está aún más caro, un litro sale a 1,47 euros el litro. En todo caso, por debajo de los estándares europeos.

Por el contrario, Gonzalo Escribano, que dirige el Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, cree que en Europa “no son esperables racionamientos, pero sí subidas de precios”. Aun así, apunta que países como Hungría, tan dependiente de las importaciones rusas que ha quedado fuera del embargo aprobado por Bruselas, lo van a tener muy complicado. España, en cambio, disfruta de un suministro de crudo muy diversificado, asegura Escribano, y la capacidad de las refinerías nacionales no está tan tensionada como la de las estadounidenses.

En Europa, la Comisión Europea ha prohibido la importación de más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, un veto que en diciembre podrá llegar al 90% de las compras. En 2021 las ventas de crudo ruso a la UE rozaron los 75.000 millones de euros. Y es precisamente el petróleo importado de Rusia el adecuado para destilar el gasóleo, precisa Gonzalo Escribano, a diferencia del que se extrae mediante fracking en Estados Unidos, “más ligero y dulce”.

También hay quien incluso ve en la escasez de gasóleo la primera señal de una nueva etapa de desaceleración económica. Ya ha ocurrido antes, advertía el analista de Reuters John Kemp hace una semana. El recorte de existencias de combustibles “siempre se ha resuelto mediante una desaceleración de mitad del ciclo o una recesión de fin de ciclo, y no hay razón para pensar que este caso será diferente”.

Gonzalo Escribano vuelve a discrepar. “La subida de precios del gasóleo no es un anuncio de recesión; otra cosa es que, si la subida no se remedia y perdura, pueda inducir a una recesión”.

El Banco de España puso este mismo martes cifras al impacto económico que puede provocar en la UE la prohibición de las compras de energía a Rusia. Una rebaja de entre el 2,5% y el 4,2% del PIB durante el primer año. En España, no obstante, que depende menos de las importaciones rusas, el golpe sería menor: entre un 0,8% y un 1,4% del PIB. En Italia y Alemania el recorte sería más grave. Por supuesto, el bloqueo a la energía rusa también afectará a los precios. La inflación crecerá entre 0,8 y 1,2 puntos porcentuales en España durante ese primer año, también por debajo del aumento medio en la UE, de entre 1,6 y 2,7 puntos.

La diferencia tiene su origen en la menor dependencia energética española. Sólo el 2,5% del petróleo consumido en España procede de Rusia, frente al 9% de media europea.

La economía española siguió creando empleo con brío en el último trimestre del año pese al embate de la variante ómicron, por lo que terminó 2021 creando 840.700 puestos de trabajo, el mayor aumento anual desde 2005, según ha destacado el Ministerio de Economía. La población ocupada lleva desde el tercer trimestre por encima de los 20 millones de personas, elevándose en el cuarto hasta los 20,18 millones. Al tiempo, el paro ha caído hasta el 13,33%, la menor tasa desde 2008. Quedan 3,1 millones de desempleados. Ambas cifras de empleo y paro devuelven a España a los niveles anteriores a la crisis financiera y al estallido de la burbuja inmobiliaria.

A la luz de los datos revelados por la Encuesta de Población Activa (EPA), el covid no ha amargado del todo el final de 2021. Las ausencias por enfermedad aumentaron en 109.600 personas entre octubre y diciembre, pero aun así las horas trabajadas crecieron un 7,33% respecto del trimestre anterior. En todo el año, el número de horas trabajadas subió un 2,46%. Sin embargo, siguen un 3,8% por debajo de las registradas en el cuarto trimestre de 2019.

En cualquier caso, el año pasado el empleo aumentó en todos los sectores, con 705.400 ocupados más en los servicios, la actividad más castigada por las restricciones del coronavirus, y en todas las comunidades autónomas, con las mayores alzas en Canarias –un 13,36%–, Murcia –6,14%– y Castilla-La Mancha –5,81%–. Además, el empleo indefinido ha crecido en 425.000 personas, más que el temporal –307.700–, por lo que la tasa de temporalidad disminuye hasta el 25,38%, por debajo de la que cerró 2015. También ha mejorado la solidez de los empleos: mientras que el trabajo a tiempo completo ha aumentado en 901.800 personas, el que se realiza a tiempo parcial se ha reducido en 61.200 a lo largo de todo el año. El 13,5% de los ocupados trabaja por horas.

No obstante, el sector público ha quedado excluido de las buenas cifras de empleo del último trimestre, porque se ha deshecho de 8.500 de sus empleados. En todo 2021, en cambio, ha aumentado sus plantillas con 96.400 trabajadores, mientras que las empresas privadas han contratado a 744.300 personas más que hace un año. En el ejercicio pasado creció el empleo en todos los trimestres tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, a diferencia de lo ocurrido en 2020, en lo peor de la pandemia, cuando sólo crecía el empleo público y caía el privado en comparación anual con 2019.

Además, continúa en descenso el número de trabajadores en ERTE. Aunque el ritmo en que estas plantillas con el contrato suspendido o las horas de trabajo recortadas vuelven a la actividad va decreciendo según van pasando los meses. Entre octubre y diciembre fueron 31.400 asalariados los que salieron de un ERTE, mientras que los tres meses anteriores lo hicieron 119.000 y 210.800 en el segundo trimestre. Buena parte de ellos debe de haber vuelto a la actividad, porque hay 615.900 parados menos al acabar el ejercicio. Sólo en el cuarto trimestre el desempleo bajó un 9,16%, cuando en el tercero lo había hecho un 3,59%. Es más, en el año ha caído el paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajo– en 55.900 personas, invirtiendo la tendencia al alza que había impuesto la pandemia. Aunque cabe destacar que en los últimos meses del año también se recortó la población activa, compuesta por quienes, en edad de trabajar, están disponibles para hacerlo. De las 158.900 personas que abandonaron el mercado laboral, 110.900 eran hombres, más del doble que mujeres, 48.000. En todo el año, no obstante, los activos han aumentado en 224.700 personas.

Los datos son igualmente positivos si se cuentan los hogares que tienen a todos sus miembros en el paro. En 2021 descendieron en 173.200, pero aún son 1,02 millones, 10.700 más que antes de la pandemia. Los hogares donde todos sus integrantes tienen trabajo ha crecido en 670.700, hasta alcanzar los 11,07 millones, ya por encima de 2019.

En el reparto territorial, el País Vasco es la comunidad autónoma con menor tasa de paro y la única que baja del 9% –8,43%–. Le siguen Aragón, con un 9,02% y Navarra, con un 9,93%. Andalucía sigue por encima del 20%, pero Extremadura y Canarias se han quedado en el 18,94% cada una.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha calificado de “magníficos” los datos de la EPA, porque prueban que “la recuperación del empleo está siendo extraordinaria y cada vez de mayor calidad, con más jóvenes y mujeres y muchos más contratos indefinidos”. Según avanzó, esa tendencia tendrá continuidad en enero. Por su parte, la CEOE, que aplaude la “rápida recuperación del empleo” en 2021, también ha mostrado “cierta preocupación” por la caída de la población activa en el cuarto trimestre, en el que se rompió la tendencia positiva de los trimestres anteriores.

Los sindicatos CCOO y UGT han aprovechado los favorables números de empleo y paro para pedir a los partidos que apoyen la convalidación de la reforma laboral en el Congreso. La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha subrayado que el objetivo de la política económica no debería quedarse sólo en volver al nivel de empleo previo a la pandemia, sino que tendría que centrarse en alcanzar el nivel que se habría conseguido si no hubiera aparecido el covid. Para la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, lo preocupante es que los buenos datos estén “basados en una gran precariedad y temporalidad”. “Para que el empleo estable y fijo sea la norma y no la excepción, pedimos al Parlamento que apruebe el acuerdo de reforma laboral alcanzado entre los interlocutores sociales y el Gobierno. Es un acuerdo avalado por la Comisión Europea y beneficia a todo el mundo: personas trabajadoras, empresarios y sociedad en general”, reclamó.

Wall Street suspende sus cotizaciones durante 15 minutos para evitar el desplome. El ÍBEX 35 cae un 8%, el cuarto mayor recorte de su historia. Lunes negro en las bolsas mundiales mientras el coronavirus sigue extendiéndose y saltando las barreras de contención levantadas por los gobiernos. La ONU ya ha calculado en 1,7 billones de euros el impacto en la economía de la epidemia en el peor de los escenarios estudiados. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) asegura que el Covid-19 va a provocar el primer retroceso del consumo global de crudo desde 2009.

El pánico también se ha globalizado, infectando la economía mundial. “Se han secado los mercados globales de crédito, estamos ante una crisis de crédito global que no veíamos desde la caída de Lehman Brothers en 2008”, advierte el economista José Carlos Díez. El descalabro ha sido incluso “más rápido que el de Lehman”, subraya, en referencia a la quiebra del gigante financiero que detonó la mayor crisis económica desde 1929. Tanto es así que la firma de inversión Pimco ya augura una posible recesión técnica –dos trimestres consecutivos con PIB negativo– en Estados Unidos y en la eurozona. Santiago Carbó, catedrático de Economía de Cunef y colaborador de Funcas, no duda de que Italia y Alemania entrarán en recesión, y quizá también Francia. De hecho, Alemania ya estuvo a punto de caer a finales del año pasado e Italia es hasta el momento el país europeo más castigado por el coronavirus. El Gobierno galo ha rebajado una décima su previsión de crecimiento para el primer trimestre, hasta un exiguo 0,1%, al tiempo que pronostica un “impacto severo” del virus en la economía nacional. “Hay que hablar de recesión en la UE”, corrobora José Carlos Díez, quien señala igualmente a Italia y Francia, pero sólo se atreve a hablar de “riesgo” en el caso español por el efecto inevitable en las exportaciones, cuyo principal cliente es precisamente la economía europea.

No obstante, la ventaja de la que gozan las economías nacionales respecto a 2008 es que en esta ocasión “ya están preparadas”. “Entonces el BCE tardó cuatro años en reaccionar, hasta 2012 no empezó a comprar deuda”, recuerda José Carlos Díez. Ahora, añade, los gobiernos ya tienen listas las medidas para parar el ataque a los mercados, y si se consigue atajar el colapso del crédito minorista, el efecto no será tan dramático”, apunta el economista.

Mientras, en España, con la Semana Santa a las puertas, el sector del turismo tiembla. “Aunque [el brote] no dure mucho más, los efectos llegarán al verano”, teme Santiago Carbó. El turismo representa el 12% del PIB español y el pánico al contagio le está impactando directamente. Sólo en Madrid las cancelaciones medias diarias en los hoteles alcanzan ay el 24%, según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, que eleva hasta el 70% las cancelaciones en los hoteles centrados en negocios y reuniones. Las agencias de viajes hablan de una caída de las ventas del 60%.

Así que los hoteleros ya han pedido al alcalde de la capital que les reduzca el pago de impuestos y tasas, en concreto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). También Carbó pide planes y ayudas, que el Gobierno actúe ya. “[El Ejecutivo] Tiene que cambiar la política económica”, apremia por su partte José Carlos Díez, “no es el momento de subir los impuestos ni de meter miedo a las empresas ni de cambiar la reforma laboral”. Cree que en tiempos de tribulación, mejor no hacer mudanza.

El Gobierno ha anunciado un “plan de choque”“plan de choque”, sin precisar medidas concretas, aunque ya antes había publicitado ayudas a la financiación a través del ICO para facilitar liquidez a las pymes.

El BCE al rescate

Así que Carbó y Díez dirigen sus miradas hacia el Banco Central Europeo (BCE), que este jueves se reunirá para aprobar medidas. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó el precio del dinero la semana pasada, en un intento por contener el impacto del coronavirus en los mercados. Su éxito ha sido más bien limitado, a la vista del descalabro de este lunes. Ahora el BCE, sin margen para bajar tipos, lanzará “un mensaje contundente”, asegura José Carlos Díez, para detener la volatilidad. Líneas de financiación coordinadas “como en 2008” y un plan de estímulo fiscal. “Tenemos olas de ocho metros, pero el BCE puede actuar como dique de contención”, resume.

El FMI también pide una “respuesta internacional coordinada” y, en concreto, exige a los bancos centrales que proporcionen “una amplia liquidez a los bancos y a las empresas”, mientras reclama a los gobiernos “incentivos fiscales” e incluso “subsidios a los salarios”. Recortes de tipos de interés, compra de activos, para los primeros; y mejora de las prestaciones de desempleo, aumentando su duración, su cuantía o rebajando los requisitos para acceder a ellas, para los segundos.

Porque donde puede notarse de verdad el daño del virus será en el empleo. Aunque el dato de paro de febrero fue bueno, mejor de lo esperado, de hecho, “marzo va a ser flojo y abril será malo”, prevé José Carlos Díez. Justo los meses cuando el mercado laboral español, marcado por la estacionalidad a que le obliga el turismo, comienza a animarse. Si 2019 se vio amenazado por el Brexit o la quiebra de Thomas Cook, 2020 puede ser catastrófico en el caso de que la crisis provocada por la epidemia se prolongue. De un hilo cuelgan las Fallas, la Semana Santa y la Feria de Abril. Los sindicatos y la patronal de las agencias de viajes acaban de paralizar la negociación de su convenio colectivo, caducado desde diciembre de 2018, en vista de la desastrosa situación en que se encuentran las empresas del sector.

Amenaza para el empleo

Además, la hostelería y el turismo integran un sector donde el volumen de empleo temporal es muy alto. Y el empleo temporal es el primero en desaparecer en España cuando las empresas recortan. Ya se vio en 2009, cuando se destruyeron casi 700.000 empleos temporales. Lo que no significa que estén libres de riesgos los trabajadores indefinidos. Carbó y Díez no creen que vaya a haber una ola de ERE o ERTE (regulación temporal de empleo) para aprovechar las facilidades que proporciona la reforma laboral antes de que ésta sea modificada o derogada por el Gobierno, en cumplimiento de su promesa electoral. Una de las medidas que ya ha propuesto el Ministerio de Trabajo es permitir a los trabajadores afectados por una suspensión temporal de sus contratos –una modalidad de Expediente de Regulación de Empleo– que las prestaciones percibidas en ese periodo no se les resten del tiempo de paro que tengan reconocido.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, teme que las reservas en el turismo caigan en picado y las fábricas sufran problemas de abastecimiento que terminen paralizándolas. “Hay una enfermedad económica”, destacó, que a su juicio puede aliviarse si la UE relaja el objetivo de déficit para España. De momento, Bruselas ya ha dejado claro que cualquier gasto extraordinario para paliar los perjuicios de la epidemia en Italia quedará excluido del cálculo de déficit estructural. El Gobierno de Giuseppe Conte ha aprobado 6.300 millones de euros en medidas de estímulo para su economía, lo que se traducirá en tres décimas de déficit por encima de lo previsto. Francia prepara una desgravación fiscal para las empresas amenazadas y quiere que el Banco de Inversión Pública aumente las garantías de los préstamos destinados a las pymes.

Aunque los síntomas de asfixia del sistema financiero estadounidense llevaban desde 2007 manifestándose tímidamente, el crack que hizo que todo se viniera abajo no sonó hasta el 15 de septiembre de 2008. Aquella mañana, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, se declaró en bancarrota arrastrado por la crisis de las hipotecas basura. Ni las autoridades norteamericanas –que se negaron a sanear la entidad con dinero público– ni el sector privado –fracasaron las negociaciones con Bank of America y Barclays para vender la firma– lograron impedir el desplome. La caída de Lehman Brothers, que se unió a la que experimentaron sólo unos meses antes otras entidades como Fannie Mae, Freddie Mac o el gigante Bear Sterns, fue la mecha que condujo al estallido de la crisis financiera global. Un maremoto económico cuyos efectos aún siguen siendo visibles.

Tras el crack del banco de inversión, los movimientos para sortear un colapso de mayor envergadura fueron constantes. Durante la semana siguiente a la quiebra, la aseguradora American International Group (AIG) fue rescatada de la bancarrota y las dos principales entidades de inversión del país, Morgan Stanley y Goldman Sachs, tuvieron que reestructurarse en bancos comerciales para poder acceder a las ayudas contra la crisis financiera de la Reserva Federal estadounidense (Fed), aceptando así una mayor supervisión de la que tenían hasta la fecha. Y el Ejecutivo del republicano George W. Bush, tan reacio al intervencionismo estatal en los mercados, se vio obligado finalmente a preparar un ambicioso plan de rescate financiero para evitar que la crisis se agravara. Un descomunal desembolso que recibió la luz verde del Senado a finales de aquél trágico mes de septiembre.

Pocos meses después, la marejada llegó a Europa con el hundimiento de la economía irlandesa. En España, el primer aviso oficial se dio en diciembre de 2008, cuando el Banco de España anunció que la economía entraría en recesión en el último trimestre del año. Tras esto, llegaron las intervenciones de las cajas de ahorros, la caída libre de la Bolsa o el ascenso exponencial de la prima de riesgo. Y, por supuesto, los recortes: el tijeretazo de más de 15.000 millones llevado a cabo por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y el ajuste de 16.500 millones que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar a la Moncloa en diciembre de 2011. Sin embargo, el rescate parcial no llegó hasta 2012. El 9 de junio de ese año, se solicitó formalmente a Bruselas la ayuda económica para intentar evitar el colapso de unos bancos, cajas y entidades de crédito que acumulaban 130.000 millones de créditos dudosos.

Una década después del estallido, el paisaje financiero ha cambiado sustancialmente: en EEUU desaparecieron 489 entidades entre 2008 y 2013; España se quedaba sin cajas de ahorro, fusionadas primero y transformadas después en bancos. Y para quienes sobrevivieron, las instituciones internacionales aprobaron nuevas y más rigurosas normas de funcionamiento con la intención de evitar la repetición de los perversos comportamientos del pasado que habían conducido a la mayor crisis económica desde 1929. Pero, ¿cuáles han sido las diferencias sustanciales entre el estallido estadounidense y el español en materia de sanciones, procesos judiciales abiertos, investigaciones parlamentarias y devolución de las ayudas económicas?

  El plano judicial

Desde el colapso financiero de 2008, ni uno sólo de los peces gordos de Wall Street ha sido condenado. Sí que han caído, no obstante, decenas de ejecutivos de entidades de menor tamaño. Según aseguró en abril de 2016 la Oficina de la Inspectora General Especial del Programa de Rescate de Activos Financieros (Sigtarp, por sus siglas en inglés) en un informe remitido al Congreso de EEUU, más de una treintena de banqueros han sido condenados a prisión durante los últimos años por delitos relacionados con la crisis financiera. Una cifra que contrasta con la que el diario Financial Times puso sobre la mesa en agosto de 2017. Con datos del mismo Sigtarp, el rotativo elevaba a 324 el número de banqueros de pequeñas entidades, brokers o asesores inmobiliarios que fueron encontrados culpables en relación con el crack de hace una década.

En el caso de España, las pesquisas se han centrado principalmente en las cajas de ahorros quebradas. En los últimos años, 80 directivos han sido condenados a penas de entre tres meses y seis años por los desfalcos detectados en varias de las entidades colapsadas. Sesenta y cinco de estos altos cargos fueron condenados por las famosas tarjetas black de Caja Madrid. A ellos se suman los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia que cobraron indemnizaciones por 18,9 millones de euros, los cuatro de Caja de Ahorros del Mediterráneo condenados por falsedad contable y falsedad en la información que daban a los inversores, los dos de Caja Castilla La-Mancha que fueron encontrados culpables de alterar las cuentas de la entidad y los cuatro directivos de Caixa Penedés condenados por un delito continuado de administración desleal.

Esta cifra podría aumentar a medida que se vayan resolviendo otros tantos procesos judiciales que actualmente están abiertos en los tribunales. En noviembre, por ejemplo, arrancará el juicio del caso Bankia, que sentará en el banquillo de los acusados a 33 ex altos cargos de la entidad por las irregularidades detectadas en la salida a Bolsa de la entidad. También están siendo investigados una docena de Banco de Valencia por el supuesto falseamiento de las cuentas de 2009 y 2010, así como otros 41 exdirectivos y exconsejeros de Caixa Catalunya por el aumento de las remuneraciones aprobado mientras la caja de ahorros estaba en pleno rescate público. También están imputados otros ocho directivos y ex altos cargos de Banca Cívica por las irregularidades detectadas en la fusión que dio lugar a la entidad y su salida a Bolsa.

  La investigación parlamentaria

Ocho meses después de la caída de Lehman Brothers a los infiernos, el Congreso estadounidense dio luz verde a la Ley de Recuperación y Lucha contra el Fraude. Dicha norma, una de las primeras firmadas por Barack Obama al frente de la Casa Blanca, contemplaba la puesta en marcha de la Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC), una comisión parlamentaria que tenía como objetivo “examinar las causas de la crisis financiera y económica de EEUU”. Compuesto por diez “ciudadanos privados” –seis a propuesta de los demócratas y cuatro de los republicanos– con experiencia en el sector de la vivienda, las finanzas, la banca o la protección de los consumidores, el panel arrancó sus pesquisas en enero de 2010, un año y medio después de que colapsara el sistema financiero estadounidense, con un presupuesto de 9,8 millones de dólares.

En enero de 2011, la comisión de investigación puso sobre la mesa su informe final. El escrito, elaborado tras realizar más de 700 entrevistas y revisar millones de páginas de documentos, era demoledor. A lo largo de más de 600 páginas, los miembros del panel acusaron a funcionarios, políticos y banqueros de haber propiciado un colapso financiero que “habría podido evitarse”. En definitiva, el informe calificó el estallido de 2008 como el “resultado de la acción y la inacción humana”. “Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y fallaron en cuestionar, entender y gestionar los cambiantes riesgos dentro de un sistema esencial para el bienestar público estadounidense”, rezaba el documento, en el que se insistía que la caída “fue un gran fallo, no un tropiezo”.

En España, por el contrario, el colapso económico ha tardado casi una década en llegar al Parlamento. La comisión de investigación sobre la crisis financiera echó a andar en el Congreso de los Diputados en febrero de 2017 y espera tener listos la ponencia y el dictamen de conclusiones antes de que acabe el año. De momento, ya ha finalizado el periodo de comparecencias de personalidades políticas, económicas y académicas. Durante todos estos meses de trabajo, han desfilado por la Cámara Baja los consejeros delegados de los principales bancos españoles –BBVA, Banco Santander, Bankinter, Sabadell o Caixabank–, los principales responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante aquellos años o los exministros de Economía Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado.

Durante las comparecencias, prácticamente todos tiraron balones fuera. Rato negó la existencia de una burbuja inmobiliaria durante su etapa al frente del ministerio –“demanda embalsada de creación de hogares” lo llamó–. Solbes reconoció que no fue capaz de poner freno a un tren “que se iba acelerando” y echó la culpa del escándalo de las preferentes al Banco de España y la CNMV. Los responsables del supervisor y el regulador por aquel entonces, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, se desentendieron cuando se les preguntó por su inmovilismo ante el problema de las cajas de ahorro y la venta de las preferentes. La respuesta, similar: falta de competencias. La exministra Elena Salgado, por su parte, también admitió que se habían cometido “errores”, pero achacó el estallido de la economía española al colapso financiero internacional.

  Las sanciones

A pesar de la dificultad para perseguir judicialmente a los ejecutivos de las grandes firmas financieras estadounidenses, lo cierto es que los gigantes de Wall Street sí que han terminado pagando un alto precio por la hecatombe de 2008. Pero lo han hecho en forma de multas. Desde el estallido de la crisis, las entidades financieras de todo el mundo han pagado sanciones por valor de 321.000 millones de dólares –275.300 millones de euros–, según un informe de Boston Consulting Group. Casi la mitad de estos castigos se han concentrado en Estados Unidos, cuya banca ha terminado abonando 150.000 millones de dólares –unos 121.600 millones de euros–, según un análisis elaborado por el Financial Times. La mayor parte de las sanciones fueron por los engaños a los compradores de valores financieros avalados por hipotecas.

De todos los bancos, agencias de calificación y otras entidades financieras analizadas por el rotativo económico británico, el que más sanciones ha tenido que afrontar ha sido el Bank of America. En total, el segundo banco más grande de EEUU por valor de activos ha pagado más de un tercio de las multas impuestas por las autoridades estadounidenses: 56.000 millones por la venta de sus hipotecas y de las de dos de las firmas que adquirió –Countrywide y Merrill Lynch–. Le sigue JPMorgan Chase, que ha tenido que desembolsar 27.000 millones de dólares por el papel que tuvieron durante el crack tanto la compañía como las dos empresas que compró –Bear Stearns y Washington Mutuals–. El podio lo completa Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, que ha tenido que pagar unos 12.000 millones de dólares en multas.

En suelo español, las sanciones han sido mínimas. Desde el estallido de la crisis, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto sanciones a los bancos españoles por valor de 45,2 millones de euros, según consta en el informe La crisis financiera en España: marco normativo y actuación supervisora (2007-2015), entregado por el organismo regulador en el marco de la comisión de investigación de la crisis económica. El documento, que analiza las acciones en relación con la emisión de preferentes, deuda soberana y fondos de inversión, recogía tres multas al Santander por valor de 17,9 millones de euros y otras tres a CaixaBank por siete millones entre 2010 y 2011. En los años posteriores, también cayeron sanciones sobre Caja España, NCG Banco, Bankinter, Popular, Caja Madrid/Bankia, Catalunya Banc o BBVA.

  Recuperación del rescate

En Estados Unidos, el Programa de Rescate de Activos Problemáticos (TARP, por sus siglas en inglés) fue dotado con la friolera de 700.000 millones de dólares –unos 560.000 millones de euros–, con los que el Tesoro estadounidense compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos. Sin embargo, de esa cantidad se han desembolsado hasta la fecha 439.000 millones de dólares, según consta en el último informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos (CBO, por sus siglas en inglés), presentado el pasado mes de marzo. Dicho documento también referencia que, hasta el 31 de enero de 2018, los bancos y empresas rescatadas durante los años posteriores al crack financiero estadounidense han devuelto unos 377.000 millones de euros. Por tanto, las arcas de EEUU ya han recuperado el 85,9% de la ayuda económica desembolsada.

Algo muy diferente ha sucedido en España. A pesar de que en 2013 el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba que se recuperaría lo que el Gobierno del PP definió como “un crédito a la banca” que no costaría “ni un euro” a los contribuyentes, la realidad ha sido bien distinta. Según los datos del último Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014 del Banco de España, referidos a julio de 2017, las arcas sólo han recuperado 3.873 de los 56.865 millones de euros de dinero público inyectados durante esos siete años para evitar el desplome del sistema financiero español. Es decir, las entidades financieras han devuelto apenas el 6,8% de lo aportado. Y el regulador bancario ya ha dicho que no cree que se logre recuperar finalmente más del 25% de lo aportado –14.275 millones–.

El día 15 se cumplen 10 años de la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, ahogado entre derivados sobre hipotecas basura. Con un pasivo que superó el medio millón de euros, aún hoy continúa figurando como la mayor bancarrota de la historia. Y aunque no fue la primera entidad financiera en caer empujada por las hipotecas subprime –ya antes fueron intervenidas las semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac, y otro grande, Bear Sterns, fue rescatado y vendido a JP Morgan–, la estrepitosa caída de Lehman Brothers fue la mecha que prendió el incendio de la crisis financiera en el resto del mundo.

Apenas 18 días después, el Gobierno de George W. Bush ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos: un programa de 700.000 millones de dólares –560.000 millones de euros– de los que finalmente se desembolsaron casi 438.000 millones. Con esa inyección de dinero público, el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos, tanto hipotecas como cualquier instrumento financiero basado en ellas. Pretendía así sacar de los balances de los bancos todos esos activos ligados a las hipotecas basura.

En Europa, la reacción fue lenta. En España, aún más: el rescate bancario no llegó hasta 2012. De forma que Estados Unidos salió enseguida de la crisis, mientras que en Europa y España la recuperación está siendo, todavía, lenta y dificultosa.

Una década después del estallido, el paisaje financiero ha cambiado sustancialmente: en EEUU desaparecieron 489 entidades entre 2008 y 2013; España se quedaba sin cajas de ahorro, fusionadas primero y transformadas después en bancos. Y para quienes sobrevivieron, las instituciones internacionales aprobaron nuevas y más rigurosas normas de funcionamiento. El objetivo era evitar la repetición de los perversos comportamientos del pasado que habían conducido a la mayor crisis económica desde 1929. Además de las multas –130.000 millones de dólares en Estados Unidos–, los acuerdos de Basilea III endurecieron a partir de 2010 los requisitos de capital de los bancos para asegurar una mayor capacidad de absorber pérdidas, la Unión Europea creó los tests de estrés o pruebas de resistencia bancaria, se pusieron en marcha los colchones anticrisis –MERL o Mínimo Requerido de Pasivos Elegibles, en Europa, y TLAC para los 30 bancos considerados sistémicos–, y ya ha entrado en vigor la nueva normativa del Mifid II, que pretende aumentar la transparencia y garantizar la protección de los compradores de productos financieros.

Todo un corsé regulatorio pensado también para impedir que los bancos sean rescatados, de nuevo, con dinero público cuando estalle una nueva crisis. En España se inyectaron 60.000 millones de euros, de los que sólo se ha recuperado hasta ahora un 6,8%. En Reino Unido las ayudas públicas se elevaron a 100.000 millones.

Lecciones de la crisis

Sin embargo, los expertos expresan sus dudas sobre la eficacia de estos mecanismos. No son suficientes y no evitarán que los contribuyentes vuelvan a pagar los problemas de los bancos. Se han dado “pasos en la dirección correcta”, concede Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de Cunef (Colegio Universitario de Estudios Financieros). Las soluciones diseñadas desde 2008 “están bien para la crisis pasada, pero no servirán para la próxima”, advierte en cambio el analista Juan Ignacio Crespo. Y es seguro que habrá una nueva crisis, resaltan, aunque ninguno se atreve a predecir cuándo estallará.

En todo caso, Carbó cree que la sociedad sí ha aprendido de lo ocurrido tras la caída de Lehman Brothers, “no sólo los banqueros y los reguladores”, apunta, también los gobiernos “han espabilado”, y se han levantado “barreras” para que el recurso al dinero público sea el último recurso si hay que rescatar a las entidades financieras. Asunto distinto es que se consiga. “Hemos aprendido, pero no nos da la gana de ponerlo en práctica”, lamenta Crespo, quien alerta de que estos mecanismos no garantizan en absoluto que no vayan a volver a utilizarse fondos públicos en la próxima crisis. “Se seguirá empleando, no queda otra, sobre todo si los riesgos son cada vez mayores”, abunda Javier Santacruz, economista del Think Tank Civismo.

A su juicio, los colchones que se están creando no serán suficientes para mantener un negocio que está “permanentemente apalancado”. En el caso del MERL, el seguro para absorber pérdidas, puede situarse –aún no está definido– en el 20% o 22%, entre capital y bonos, sobre el total de activos ponderados por riesgos de las entidades españolas, lo que significa que los bancos deberían emitir bonos por importe de entre 65.000 y 79.000 millones de euros, según los cálculos de Ángel Berges, Alfonso Pelayo y Fernando Rojas, de Analistas Financieros Internacionales. Juan Ignacio Crespo acude a la debacle de las cajas de ahorros para explicarlo: “El apalancamiento [endeudarse para financiar una operación] de las cajas era tan brutal que, aunque estaban bien capitalizadas, no les sirvió de nada para un vendaval como el que sopló”. Si vuelve a desatarse un tsunami, los Estados tendrán que intervenir otra vez. Para Santacruz, los bancos españoles, con unas ratios de capital entorno al 12% o el 15%, no podrán aguantar si se extiende el “pánico bancario”.

Los peligros en el horizonte

Carbó precisa, no obstante, que no habrá otro Lehman Brothers, porque no se permitirá que crezca otro monstruo de esas proporciones. Pero sí que aprecia “elementos estructurales” que abocan a una nueva crisis. Un mundo cada vez más globalizado, donde persisten esos “vehículos opacos” que propiciaron la explosión de las subprime y su ejército de complejos derivados financieros. Hace sólo unos días, la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, auguró que la próxima crisis la causará el mercado inmobiliario. Tanto Carbó como Crespo y Santacruz desconfían. El experto de Cunef teme más a los “elementos políticos”, cuya causa sitúa precisamente en la crisis desatada en 2008: el auge de los populismos, personificados en Donald Trump o convertidos en Brexit. “La sociedad es mucho más vulnerable ahora que hace 10 años, aunque los ciudadanos no perdieron sus ahorros, sí que perdieron su empleo o sus salarios, y aún no se han recuperado”, explica. También adivina nuevos riesgos en el horizonte: las criptomonedas, las innovaciones tecnológicas,las criptomonedas que “corren siempre más deprisa que los reguladores”. Y le preocupa la “complacencia” de Estados Unidos, tras su rápida salida de la crisis. No en vano Trump ya ha comenzado a desmontar la Ley Dodd-Frank con la que Barack Obama embridó al sistema financiero para evitarle la tentación de acumular riesgos como hizo en el pasado. El actual presidente de EEUU odia todo lo que signifique regulación y cree que liberar a los bancos del corsé aumentará el crédito a familias y empresas.

Para Juan Ignacio Crespo, en cambio, el peligro es China, que lleva casi dos décadas inyectando dinero en su economía para solucionar todas y cada una sus disfunciones, y seguir alimentando su estratosférico crecimiento. En 2008 había “un exceso de dinero a la caza de pocos activos”, lo mismo que ahora, destaca, después de que los bancos centrales de EEUU, Europa, Japón y otros países hayan unos 20 billones de dólares a la economía mundial.

Es lo que destaca Javier Santacruz: “El dinero gratis [con los tipos de interés por los suelos] es el germen de cualquier crisis”, resume. Frente a esa “incubadora de riesgos”, subraya, no se ha hecho nada. Según sostiene, la siguiente crisis será de deuda. “Y no estamos suficientemente protegidos”, avisa. Santacruz pone como ejemplo los problemas del BBVA en Turquía. En poco tiempo, los bonos de ese país han pasado de ser activos con riesgo cero a convertirse en una inversión problemática.

El FMI calcula que la deuda mundial supone ya el 225% del PIB del planeta, por lo que supera el máximo registrado en 2009. “En el pasado ese dato se ha asociado con crisis fiscales”, asegura el organismo en su informe sobre Estabilidad Financiera Global. Es la consecuencia lógica de una solución a la crisis que consistió en cubrir con dinero público los desmanes privados. Y que deberá seguir ayudando a reparar los descosidos sociales de la crisis financiera, apunta Santiago Carbó.

Medidas anticrisis

Si los mecanismos implantados no protegen a la economía mundial frente a una nueva crisis, ¿qué debería hacerse entonces? Carbó es partidario de crear un instrumento fiscal de apoyo en la UE para cuando el BCE termine el programa de ayudas que ha reanimado la economía europea en los últimos años. Lo ha pedido el propio Mario Draghi, a fin de ayudar a los países que resulten castigados por los inversores en caso de una crisis de deuda. “El problema es que ahora Alemania no se fía de Italia y no quiere ni oír hablar de ello”, lamenta el economista de Cunef.

Javier Santacruz pide una supervisión de la banca “exhaustiva”, “integral”, que no sólo atienda a los riesgos del balance sino que también evalúe las perspectivas del negocio a medio y largo plazo, para minimizar el riesgo. Además, cree que debería “mantenerse a raya” a los países de la UE. “Nada de locuras en la política: ni bajadas de impuestos populistas ni subidas del gasto público populistas”, concluye. Juan Ignacio Crespo niega que el BCE carezca de herramientas para hacer frente a una nueva crisis por culpa de unos tipos de interés en mínimos históricos. “Se exagera en eso, por supuesto que tiene herramientas”, precisa, “ya lo ha hecho antes: en cuanto Draghi anuncia que va a comprar activos, las bolsas se disparan”.

Ni la desaceleración de la economía ni las guerras comerciales que está declarando Trump ni las posibles subidas de tipos de interés, los problemas de Italia o la supuesta debilidad del Deutsche Bank –del que se dice con frecuencia que iba a ser el nuevo Lehman– es seguro que vayan a detonar la próxima crisis de forma inminente. Pero la sombra del banco que esparció el virus de las hipotecas basura por el mundo sigue siendo alargada incluso 10 años después. Somos más débiles, admite Santiago Carbó: “La economía ha dado un paso atrás en todo el mundo”.

Cuando Heyum Lehman desembarca en el puerto de Nueva York en 1844, ni él ni el funcionario estadounidense que le cambia su nombre de pila por el americanizado Henry sabían a qué sonaría, 170 años después, aquel apellido llegado de Rimpar, Baviera. Henry quizás soñaba, por aquel entonces, con que más de un siglo después su casa fuera conocida por ser, por ejemplo, la mayor importadora del novedoso tejido blue jeans, o la mayor comerciante del mejor algodón. Pero Lehman, pronunciado a la inglesa, Liman, no suena hoy a exitosa empresa familiar, sino al estruendo que hace el capitalismo financiero cuando se desmorona. 

El dramaturgo italiano Stefano Massini comenzó a componer su balada Lehman Trilogy apenas un año después de que, el 15 de septiembre de 2008, el banco se declarara en quiebra. No han pasado aún diez años desde entonces, pero la obra que llega ahora a los Teatros del Canal de Madrid (hasta el 23 de septiembre), con versión y dirección de Sergio Peris-Mencheta, quiere tener categoría de mito. Litus Ruiz, uno de sus seis actores y también director musical de la obra, la define como "un cuento sobre el capitalismo". Aunque, más que un cuento, es una epopeya: las cinco horas del texto original se han reducido a tres, con dos intermedios, y la historia que narra va desde mediados del siglo XIX hasta el mismo 2008. 

Peris-Mencheta, cabeza de la compañía Barco Pirata, con la que ha parido producciones como Tempestad o La cocina, cuelga de la pieza el subtítulo "Balada para sexteto en tres actos". Si es una balada, es porque tiene algo de leyenda: la historia de los Lehman comienza con aires del lejano y salvaje Oeste rumbo al sueño americano, con una guerra civil, un crash bursátil y dos guerras mundiales de por medio, y a ritmo de siglo y medio de música popular. Sus protagonistas forman una verdadera saga: primero, Henry, Emanuel y Mayer, los brothers originales; luego, Philip, hijo de Emanuel y Herbert, hijo de Mayer; finalmente, Robert, hijo de Philip, y último de los Lehman al morir sin descendencia en 1969. Les dan vida, respectivamente, Litus Ruiz, Leandro Rivera, Pepe Lorente, Víctor Clavijo, Aitor Beltrán y Darío Paso. A ellos y a otros 140 personajes. 

Una escena del primer acto de Lehman Trilogy, en versión y dirección de Sergio Peris-Mencheta. / RICARDO SOLÍS (BARCO PIRATA)

Porque lo que se cuenta a través de esta peculiar historia familiar —no todos los apellidos bautizan a un imperio de 680 mil millones de dólares— no es solo una historia familiar. Es la historia, resume Darío Paso, de "160 años de la historia de Occidente". Porque los Lehman estaban en las plantaciones de algodón, haciendo dinero como intermediarios —en la obra reclaman haber inventado este oficio— del tejido entre terratenientes e industriales, estaban en la guerra civil —financian la reconstrucción de Alabama—, en la fundación de la bolsa de Nueva York, en la construcción del ferrocarril, en la industria del tabaco, en el Canal de Panamá, en las dos guerras mundiales —y en alguna más—, y en la construcción de las gigantescas compañías bancarias y de trading que gobiernan la economía moderna.  

"Esto no es solo una historia de Estados Unidos", defiende Peris-Mencheta. A favor de este argumento, el hecho de que el texto esté escrito por un italiano, que sea representado en catalán (así descubrió la obra el director en 2016) o para el público británico (con una versión de Sam Mendes, ahora en cartel en el National Theatre londinense)... o el propio capitalismo global. Pero Peris-Mencheta acepta también que algo tendrá que ver en todo esto que Estados Unidos sea el centro del universo cultural occidental: "Estamos en el vagón de cola, ellos abren el camino, o parece que lo abren, y nosotros vamos detrás".

Y a qué ritmo. Los tres actos de la obra transcurren a toda velocidad, y cada vez más acelerados, a medida que el ritmo del capitalismo se descontrola. Esto tiene que ver con el texto original, pero no únicamente, porque la obra de Massini es bien flexible: se trata, en apariencia, un largo monólogo, y en ningún momento se indica qué dice qué, ni cuántos actores serán necesarios. Los diálogos tienen que ser inventados, por así decirlo, por el autor de la versión. Peris-Mencheta ha enriquecido ese ritmo acelerado con una escenografía (de Curt Allen Wilmer) construida en torno a un sinfín de artilugios y trucos teatrales, que crece exponencialmente de una sección a otra. El aire de saloon del primer acto se reviste de una suerte de estética circense en el segundo para evolucionar a una explosión de luces baratas, un poco a la moda de Las Vegas, en el tercero. Los personajes se multiplican y los juegos escénicos se hacen más rápidos: si en el primero suenan los tambores de guerra, en el segundo se avanza al compás del ferrocarril y del Ford T y en el tercero se viaja a la velocidad supersónica de los traders de bolsa. La omnipresente música viaja a la par, de los cantos de emancipación de la comunidad negra a un swing frenético. La música no estaba presente en el texto original.

Todo el elenco de Lehman Trilogy, con versión y dirección de Sergio Peris-Mencheta. / PEPE H. (BARCO PIRATA)

Esta es, al fin y al cabo, la historia de una degradación. Influye también aquí una cierta fascinación por la historia de los aventureros del Oeste, por esa aspiración americana de abundancia y progreso. "Todos tenemos algo de pioneros, de buscadores de oro. Y de eso uno se enamora", confiesa el director. "Y de cómo del muy poco empiezan a cumplir sus sueños". El texto y la obra miran con cariño a esos tres hermanos alemanes que emigraron a la otra punta del mundo para fundar una modesta tienda de tejidos en Montgomery, Alabama. El espectador no puede mirar con malos ojos a tres hermanos que dibujan, sobre su humilde establecimiento, un cartel con el nombre "Lehman Bros". Sobre todo cuando se le muestra, luego, cómo sus descendientes, olvidan las tradiciones judías de la familia, cambian el comercio de bienes por el comercio de dinero, y más tarde por el comercio de la promesa de dinero. Cómo olvidan incluso Rimpar, Baviera. "Es una familia de gente trabajadora, son tercos y listos. De alguna manera lo apruebas, porque ves que hay un esfuerzo", dice Rivera, que hace de Emanuel. "A partir de la siguiente generación es cuando el dinero se empieza a disparar, y ya es la avaricia por la avaricia".

¿Pero son tan inocentes los Lehman Brothers originales? Podría parecer que son ellos los héroes de la historia, quedando como villanos los hijos y nietos mimados que pervierten su legado. Es decir, podría parecer que aquellos Lehman lejanos alguna vez estuvieron limpios. Pero. ¿No nos enseña el texto cómo los hermanos compran a su primera esclava negra? ¿No nos señala cómo tiene su primer empujoncito cuando los agricultores cercanos pierden todo en un incendio y por lo tanto —suena el grueso acento de Henry Lehman— "hay que comprarlo todo de nuevo"? ¿Cómo se alinean con la Confederación porque ahí están las plantaciones, a la vez que sonríen a la Unión porque allí están los grandes comerciantes? "Somos más beligerantes o nos acomodamos menos a lo reciente. Cuanto más te alejas en el tiempo, más se quiere a los personajes", concede Preis-Mencheta. Es decir, que si "Porque ha pasado mucho tiempo, los codazos nos hacen gracia, pero si pasaran ayer no nos harían tanta gracia", acepta. Es decir, que una obra sobre los Lehman escrita en 1870 igual no había sido tan generosa con ellos. 

Los efectos manejados por la compañía, la presencia de carteles informativos, la importancia de la música o el hecho de que un puñado de actores interprete, a veces de manera exagerada o satírica, a distintos personajes, hace pensar en un nombre: Bertolt Brecht. La obra, "didáctica, educativa", según el director, cumple con los objetivos pedagógicos del dramaturgo alemán. Y está también el hecho de que se nos muestren sucesos históricos con una moraleja o una enseñanza más o menos obvia. "La obra no toma partido: cuenta los hechos", objeta, sin embargo, Peris-Mencheta. ¿Pero puede una obra sobre los Lehman Brothers, producida en 2018, no tomar partido? Y, sobre todo, ¿puede no hacerlo el espectador?

El Nobel Robert J. Shiller puede presumir de haberse anticipado al pinchazo de dos burbujas, la de las puntocom, en 2000 y la inmobiliaria, en 2005. Premiado por la Academia sueca en 2013 “por su análisis empírico de los precios de los activos”, desarrolló en 1988 un indicador, llamado CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings) que resulta de dividir el índice bursátil, ajustado a la inflación, por la media de las ganancias obtenidas. Le permite predecir el rendimiento real de las bolsas en periodos de 10 años. Si la ratio supera la media, el rendimiento real es bajo.

En un artículo que publicó el pasado día 21 de septiembre, Shiller calcula que el CAPE de las bolsas estadounidenses se sitúa este mes por encima de 30, un valor elevado. Sólo ha superado esa cifra dos veces desde 1881: antes del crash bursátil de 1929 y entre 1997 y 2002crash, cuando estalló la burbuja puntocom. El economista, profesor en la Universidad de Yale, asegura que el actual comportamiento de la bolsa de EEUU se parece mucho al que tuvo cuando alcanzó los máximos que precedieron a la mayoría de los 13 desplomes que ha sufrido desde 1881. “Esto no quiere decir que se vaya a producir un mercado bajista: tales episodios son difíciles de anticipar y el próximo puede estar todavía lejos”, concluye Shiller su artículo, pero sin dejar de lanzar a los inversores un “aviso contra la complacencia”.

¿Y las bolsas europeas, incluida la española? ¿Corren el mismo riesgo?

Los analistas consultados por infoLibre responden que no. “No intuyo que estemos en el alto de un precipicio ante un mercado bajista”, rebate Rodrigo García, analista del bróker online XTB. “No veo una gran caída de la bolsa por delante”, le secunda el director de Análisis de M&G Valores, Nicolás López. Ni en las bolsas mundiales ni en la española, coinciden ambos. Sí es cierto que el mercado bursátil de EEUU se halla en fase alcista desde 2010 y que sus valoraciones están “relativamente altas”, explica Nicolás López, pero no alcanzan los niveles de 2000, por ejemplo, cuando Shiller previó el estallido puntocom. “Las empresas ganan cada vez más dinero, la inflación se mueve en los límites deseados por la Reserva Federal y el crecimiento económico es espectacular, un 3%”, apunta Rodrigo García, quien descarta que Corea del Norte, los huracanes o China puedan desbaratar un panorama tan halagüeño.

Y lo mismo ocurre en Europa. “La mejora de los beneficios empresariales en la UE comienza a ganar visibilidad frente a los norteamericanos, los datos macroeconómicos son muy positivos y las bolsas europeas cotizan a precios razonables”, resume por su parte Felipe López, del banco digital Selfbank.

Aún a dos años de EEUU

Robert J. Shiller no es el único que barrunta una bajada de los índices. La racha alcista va para ocho años en Estados Unidos, por lo que son muchos quienes creen que el ciclo ha llegado a su madurez y ahora toca caer. “En Europa, en cambio, la fase no llega a los seis años y, mientras en EEUU cotizan en máximos históricos, aquí aún estamos lejos de los niveles precrisis, todavía nos queda recorrido”, replica Felipe López. “Por ejemplo, el ÍBEX aún tendría que subir un 50% para superar sus máximos”. A su juicio, además, las victorias electorales de Angela Merkel y Emmanuel Macron “han tranquilizado el clima político” en Europa alejando el fantasma del populismo.

Aun así, Nicolás López cree posible que en los próximos años se moderen las rentabilidades en la Bolsa estadounidense o los valores empiecen a subir más despacio, pero nada que ver con una “caída fuerte” de los índices.

Ni siquiera la crisis catalana enturbia el optimismo de los analistas. “Obviamente lo que ocurra en Cataluña tendrá un impacto negativo en la economía, pero la independencia es imposible”, asegura el experto de M&G Valores, “lo mismo sucedió con Grecia: era imposible que abandonaran el euro”. De modo que sí, puede que aumente la prima de riesgo, que la bolsa española se comporte “un poco peor que el resto de las europeas, “pero sólo en cuestión de matices”, aventura.

Rodrigo García concede que la bolsa española se ha dado “un batacazo” desde que comenzó el mes de septiembre y se encuentra “prácticamente plana” por culpa del problema catalán. Dice que acumula una brecha del 4% respecto de las bolsas alemana, italiana y francesa. “Pero ese gap se cerrará en cuanto se solucione el conflicto, porque después la española lo hará mejor que las demás”, se muestra confiado el analista de XTB.

Los riesgos de la banca y el cambio del euro

Aunque Felipe López no es “demasiado optimista” sobre la evolución del ÍBEX en el corto plazo, pone “en un segundo plano”, entre los factores de incertidumbre, el referéndum en Cataluña y sus consecuencias. Teme más lo que pueda ocurrir con el sector bancario, “que ha subido mucho este año y podría sufrir recortes importantes si el BCE mantiene su política de tipos al 0%, algo que parece cada vez más probable porque la inflación aún no ha alcanzado el objetivo del 2%”. La evolución del cambio entre euro y dólar también le preocupa. “Va a depender más de aspectos políticos que de los bancos centrales”, advierte.

Según el analista de Selfbank, el pulso catalán puede no obstante “deteriorar la imagen de España”, lo que se traducirá en una “retirada de inversores extranjeros, tanto en renta variable como en deuda” y en un aumento de la prima de riesgo.

El analista Juan Ignacio Crespo, asesor de Multiciclos Global F1 Renta4 y autor de ¿Por qué en 2017 volveremos a entrar en recesión?, desdeña el efecto de la crisis catalana en la bolsa española. Considera que el Gobierno tiene un “arma definitiva” en la Agencia Tributaria, “que puede embargar las cuentas de la Generalitat y ordenar a los bancos que ejecuten esos bloqueos”.

Además, el ÍBEX 35 acumula una revalorización del 11% en lo que va de año, tras subir hasta el 17% antes del verano. “Los 10.200 puntos en que está ahora serían un buen resultado si cerrara el año en ese nivel”, indica. Curiosamente, el miércoles anterior al referéndum la bolsa repuntó un 1,76%, un rebote que Rodrigo García atribuye a la aparición de “cazagangas”. “Más que una subida de la bolsa”, precisa, “fue una subida de la volatilidad, y eso es normal”.

Debería caer, pero no cae

“Miedo a que caiga la bolsa siempre hay”, precisa también el analista de XTB. Pero Nicolás López resalta que para producirse un desplome tiene que coincidir con una crisis económica, “con una serie de desequilibrios que se van acumulando en el tiempo: exceso de inflación, exceso de deuda, de déficit…”. Y ése no es en absoluto el escenario actual. La economía se encuentra ahora “en una fase dulce, aunque no crezca tanto y la inflación sea baja”. Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea, la confianza en la economía de la zona euro ha subido 1,1 puntos en septiembre. Se encuentra en máximos, 113 puntos, el nivel que tenía en 2007. Pero hay un elemento más, “una perturbación aleatoria que no se puede controlar” y que puede dar al traste con cualquier predicción: las expectativas de los ofertantes y demandantes de títulos, apunta Rodrigo García. Nicolás López habla de las “·impredecibles reacciones” de los agentes económicos. Como el gran pánico bancario que se extendió tras la caída de Lehman Brothers en 2008.

En cualquier caso, Juan Ignacio Crespo considera que la advertencia de Robert J. Shiller es “totalmente razonable”. “Ya lo era hace dos años, y no ha pasado nada”, añade con una cierta sorna. El analista, que es estadístico del Estado, confiesa que dejó de hacer pronósticos a mediados de 2016 porque “ya no hay referencias, la Bolsa de EEUU ha superado todo lo superable”. Crespo explica que se están dando todos los motivos para que caigan las bolsas, “no sólo los de Shiller”, pero el desplome no se produce. “El crédito comercial, industrial y de consumo está estancado desde hace un año, un factor que ya hizo caer en recesión a la economía de EEUU en otras ocasiones; otras veces, cuando caían los beneficios empresariales como ocurrió en 2015, la economía norteamericana caía en recesión, con la productividad tan baja como la que hay ahora, lo mismo… Sin embargo, no pasa nada”, detalla su estupor Crespo, que no acierta a dar una explicación al fenómeno.

La dificultad para predecir el comportamiento de la economía y los mercados no desmerece el esfuerzo de Robert J. Shiller, puntualiza el analista. “El CAPE es un indicador inteligentísimo y utilísimo”, elogia, “que acabará cumpliéndose dentro de cinco años o mañana mismo”. “Es el acierto del reloj parado”, ironiza Crespo.

El Ayuntamiento de Madrid estudia posibles indicios de irregularidades administrativas en la contratación con Lehman Brothers producida en 2007, bajo mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, informó el Consistorio en un comunicado que recogió Europa Press.

Así, el Ayuntamiento estudia un empréstito, un préstamo que una entidad de crédito concede a una administración pública, contratado en 2007 con la empresa Lehman Brothers. De acuerdo a la documentación estudiada, la oferta podría haber sido modificada después de presentada y se encareció después de cerrarse.

Se trata de una emisión de deuda, fórmula de financiación que resultó ser tremendamente costosa, "muy por encima de la media de financiación del Ayuntamiento de Madrid".

En 2007 el Consistorio de Madrid se vio obligado a obtener más de 400 millones de euros para afrontar el pago de las inversiones que estaba acometiendo durante ese mismo ejercicio. Entonces recibió la aprobación del Ministerio de Hacienda para emitir deuda, requisito indispensable porque superaba los ratios permitidos, y optó por la convocatoria pública.

En septiembre de ese año se envió a 35 entidades de crédito desde el área de Economía y Hacienda, dirigida en ese momento por el hoy presidente de ADIF, Juan Bravo, una invitación para que presentaran ofertas para emitir un empréstito a diez años de 200 millones de euros (interés fijo e interés variable), otro empréstito a quince años de la misma cantidad (interés fijo e interés variable) y un préstamos de 95 millones.

La oferta seleccionada para la emisión de deuda a diez años fue la presentada por Lehman Brothers, entidad que no había firmado hasta entonces contratos con el Ayuntamiento de Madrid, mientras que Barclays Capital, Dexia y JP Morgan fueron adjudicatarias del empréstito a quince años y Depfa se encargó del préstamo.

La invitación oficial enviada por el Ayuntamiento subrayaba la necesidad de que las ofertas que presentasen estuviesen aseguradas, es decir, que la entidad financiera garantizase los fondos necesarios incluso si no encontraba financiadores en el mercado (compradores de la deuda).

De acuerdo al expediente estudiado, varias ofertas presentadas no contenían ese aseguramiento, por lo que fueron declaradas nulas sin posibilidad de corrección.

Sin embargo, en la memoria de adjudicación se especifica que el área de Economía y Hacienda se puso en contacto con Lehman Brothers, que tampoco había especificado este requisito en la oferta presentada oficialmente, para que aclarase si su oferta era firme y asegurada. Obtuvo respuesta por fax que lo confirmaba. "Todo indica que se aceptó como aclaración lo que podría considerarse un cambio esencial en la oferta", señalan desde el Consistorio.

Nuevo coste añadido

Las condiciones contractuales que se especificaron en la invitación enviada a las 35 entidades indicaban que no se aceptarían costes que no fuesen debidamente detallados en la oferta. En el caso de Lehman Brothers se envió una comunicación días después de que la oferta fuese presentada en la que podría haberse añadido un nuevo coste. Se refería en concreto a una remuneración anual de 4.000 euros en concepto de agente de pagos.

El Ayuntamiento de Madrid estudiará los indicios detectados para esclarecer si existieron irregularidades. Entre las posibles irregularidades detectadas figura también la modificación de una oferta competidora.

No es el más grande, ni el más antiguo. Pero se ha coronado como el rey mundial de las reestructuraciones. Houlihan Lokey ha sido contratado por los fondos buitre que han comprado a los bancos la deuda de las autopistas radiales en quiebra. Y será con los profesionales de este banco de inversión con sede en Los Ángeles con quienes tendrá que pelearse el Ministerio de Fomento para intentar que la factura del rescate a las ruinosas vías de peaje sea lo menos gravosa posible para las arcas públicas.

Según publicó El Confidencial, los fondos King Street, Taconic y SVP Global, los tres mayores tenedores de deuda de las nueve autopistas quebradas, han encargado a Houlihan Lokey que defienda sus intereses frente al Estado. Es posible que también se les unan JP Morgan, Deutsche Bank y Goldman Sachs, igualmente entrampados en el fiasco de las radiales. Estos fondos oportunistas compraron la deuda de los bancos españoles que financiaron la construcción de las autopistas. Un total de 3.800 millones de euros, de los que sólo 1.300 corresponden a entidades financieras extranjeras.

Santander, Caixabank, Sabadell, Bankia y Banco Popular comenzaron a desprenderse de su deuda cuando se hizo patente que las concesionarias estaban abocadas a la liquidación. Y lo hicieron vendiendo con quitas extraordinarias de hasta el 90%. Aun con esos descuentos, los acreedores de las radiales confían en que el Estado, obligado a aplicar su cláusula de responsabilidad patrimonial, satisfaga sus expectativas de negocio.

Y éstas no son pequeñas. La patronal de las constructoras, Seopan, cifró en su día en 5.500 millones de euros el coste del rescate. Para hacerse una idea del volumen de la factura, basta con recordar que el Gobierno acaba de aprobar un recorte del gasto público de 5.493 millones de euros para este año. Y que Bruselas exige otro tijeretazo de igual cuantía para 2018 a fin de cumplir el objetivo de déficit. Fomento, sin embargo, no admite que la cifra vaya a superar los 2.500 millones.

Pues bien, para hacerse con su parte del pastel, los fondos buitre han contratado al mejor. Houlihan Lokey negoció para que los acreedores cobraran en las mayores quiebras de la historia. Como la de Lehman Brothers en 2008, el pistoletazo de salida de la crisis financiera, que se hundió con unos activos valorados en 659 millones de euros. También la de WorldCom en 2002, que significó la desaparición de 100 millones de euros en activos y superó a la de Enron, declarada sólo nueve meses antes. Fueron hasta entonces los dos mayores escándalos corporativos de la historia de Estados Unidos. El banco se encargó igualmente de defender los intereses de los acreedores de Chrysler y General Motors, los gigantes del automóvil que cayeron en la bancarrota en 2009.

Las mayores quiebras de España

Houlihan Lokey es una entidad joven, si se la compara con Goldman Sachs, fundado en 1869, y JP Morgan, en 1871. Nació en 1972. También es mucho más pequeña: en el segundo trimestre de 2016 facturó 178 millones de euros, mientras que Goldman, sólo en su división de banca de inversión, alcanzó los 1. 470 millones en el tercer trimestre y JP Morgan, 6.217 millones.

Hasta 1987 no se dedicó a la actividad que hoy es su bandera, la asesoría en restructuraciones financieras. Y hasta 2001 no abrió su primera oficina fuera de Estados Unidos, en Londres. Cotiza en bolsa sólo desde 2015. En España opera desde 2004, aunque no se instaló en Madrid hasta diciembre de 2008. Su cartera de clientes es también aquí de renombre e incluye las quiebras de mayor volumen de la crisis. Negoció a favor de los acreedores de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que hasta el hundimiento de Abengoa lucía el triste título de ser la mayor suspensión de pagos de la historia española, con un pasivo de 5.200 millones de euros. Houlihan Lokey se encarga igualmente de asesorar a los fondos de inversión que compraron bonos de la multinacional de ingeniería andaluza. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores con un pasivo de 20.000 millones.

Otro fiasco empresarial de postín, el de Isolux, está en manos del banco de inversión de Los Ángeles, que fue contratado para refinanciar su deuda. Houlihan restructuró también la de Panrico, lo que se tradujo en la entrada del fondo Apax Partners y luego de Oaktree en el capital de la empresa de bollería. Bodybell, otra empresa en manos de fondos de inversión –pasó de N+1/Mercapital y Dinamia a HIG–y con una deuda abultada, utilizó los servicios del banco angelino. O Codere, la multinacional del juego de azar, cuyos bonistas, de nuevo fondos buitre, se apoyaron en Houlihan Lokey para negociar con el dueño de la empresa y hacerse con la mayoría del capital. La historia es conocida: BBVA y Banesto vendieron su deuda a fondos oportunistas y éstos después se quedaron con Codere.

Sólo dos días con Pescanova

Pero hasta el momento el capítulo más llamativo de la historia de Houlihan Lokey en España es su brevísimo paso por Pescanova, otro escándalo corporativo de primera página. Duró sólo dos días laborables. El 6 de marzo de 2013 la multinacional gallega anunció que había contratado a la firma estadounidense para refinanciar su deuda financiera, que llegó a sumar 3.400 millones de eurosllegó a sumar 3.400 millones de euros. Al banco sólo le dio tiempo a celebrar una primera reunión con los bancos acreedores –el principal, el Sabadell, con una deuda de 200 millones–. Pero nada más.

El lunes, 11 de marzo, Pescanova comunicó a la CNMV que suspendía su relación con Houlihan Lokey. El supervisor abrió inmediatamente una investigación por un posible abuso de mercado de sus gestores. Según publicó entonces Vozpopuli, Houlihan Lokey fue quien abandonó a Pescanova después de intentar cuantificar el monto de la deuda y no conseguir de los responsables de la compañía pesquera la información que les solicitaba.

Sobre el futuro de las radiales aún no han comenzado las negociaciones. Fomento tiene un plazo de seis meses para calcular el importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, una vez se dictamine la liquidación de las autopistas. Y ésta pasará antes por los tribunales. En cualquier caso, el ministro, Íñigo de la Serna, ya advirtió en el Congreso de que será “muy difícil” alcanzar un acuerdo para el rescate después de que los bancos hayan vendido su deuda a los fondos buitre. Ésos a los que representa Houlihan Lokey.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Bankinter a indemnizar a 81 clientes que adquirieron productos estructurados, preferentes y bonos de Lehman Brothers y de bancos islandeses sin tener suficiente información por parte de la entidad.

Los bufetes de abogados que han llevado el caso, Zunzunegui Abogados y Jausas, estiman en más de 6 millones de euros la cantidad que el banco tendría que devolver a los afectados.

Desde 2007, los compradores adquirieron tres tipos de productos de inversión distintos comercializados por Bankinter: participaciones preferentes emitidas por los bancos islandeses Landsbanki y Kaupthing y bonos simples y bonos estructurados de Lehman Brothers. Esta última, Lehman Brothers, quebró en el año 2008.

En 2010 los demandantes obtuvieron una sentencia de Primera Instancia en la que se condenaba a la entidad a indemnizarles con todas las pérdidas de las participaciones preferentes y con el valor de los productos de Lehman el día antes de la quiebra.

En junio de 2012, la Audiencia Provincial les negó la potestad para actuar de forma colectiva y anuló la sentencia que condenaba a la entidad a indemnizarles. El tribunal entendía que las reclamaciones formuladas eran "susceptibles de resolución independiente, por fundarse en la existencia de contratos distintos con objeto diferente" para evitar resoluciones "contradictorias".

Sin embargo, en abril de 2015 el Tribunal Supremo resolvió que la reclamación conjunta era correcta, anuló la sentencia recurrida y repuso las actuaciones al momento anterior a la resolución jurídica de apelación con la intención de que la Audiencia Provincial dictase una nueva resolviendo los recursos de apelación formulados.

Ahora, la Audiencia de Madrid ha estimado el recurso de apelación de los compradores y amplía la condena respecto a los productos de Lehman al importe invertido menos los cupones percibidos.

El Tribunal entiende que el banco no suministró a los demandantes una información adecuada sobre la naturaleza y las características del producto adquirido y sus riesgos asociados.

En el caso de los bonos añade que "no se practicó a los clientes el denominado test de idoneidad ni se elaboró el perfil inversor de la demandante". "Estamos ante un incumplimiento del estándar mínimo de diligencia y lealtad en la prestación del servicio de asesoramiento financiero", explica.

Fuentes de Bankinter han recordado a Europa Press que la sentencia no es firme y han mostrado su intención de recurrirla.