OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) el consorcio de medios de investigación al que pertenece infoLibre, ha presentado una demanda contra el presidente de EEUU, Donald Trump y el Departamento de Estado por la congelación de los fondos de la USAID, la mayor agencia de cooperación del mundo. La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional se ha quedado sin los casi 44.00 millones de dólares que destina cada año a programas para combatir la pobreza, erradicar enfermedades, luchar contra el tráfico de personas o promover la democracia. También apoyaba el periodismo de investigación colaborativo en Europa, Asia y América Latina.

La demanda, que ha interpuesto Public Citizen –una organización sin ánimo de lucro de defensa del consumidor– ante un tribunal del distrito de Columbia en nombre no sólo de OCCRP sino también de la Coalición en Defensa de la Vacuna contra el Sida (AVAC), alega que la congelación –y posterior eliminación– de las ayudas “excede la autoridad constitucional del presidente Trump y usurpa la autoridad legislativa conferida por la Constitución al Congreso, en violación de la separación de poderes”.

La acción legal también va dirigida contra el secretario de Estado, Marco Rubio, que es el administrador interino de la USAID, y contra Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Los demandantes argumentan que el presidente “no tiene autoridad para modificar unilateralmente las leyes federales”, según la Constitución de EEUU. De modo que, al exigir a USAID que bloquee la financiación de las subvenciones y becas que repartía hasta ahora basándose en “factores inadmisibles y arbitrarios”, la orden ejecutiva con la que Trump congeló los fondos pretende modificar los estatutos del Congreso. Porque las leyes federales, recuerdan, deben ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso antes de ser presentadas al presidente. Entonces es cuando se convierten en ley, tal y como establece la Constitución de EEUU.

“Esta acción ilegal del Gobierno de EEUU priva a los pequeños medios de investigación de países de bajos ingresos en todo el mundo de los fondos que tanto necesitan para funcionar. Estos medios son fundamentales para exigir cuentas a los poderes públicos en algunos de los lugares donde es más difícil informar. Muchos periodistas en el exilio corren el peligro de ser deportados a sus países de origen, donde se arriesgan a ser arrestados y torturados”, advierte un portavoz del consorcio.

Fundada en 2007, OCCRP reúne a medio centenar de medios de los cinco continentes. Colaboran en el consorcio desde The Guardian hasta Le Monde pasando por el belga Le Soir, la televisión pública alemana ZDF, el diario noruego VG o infoLibre en España. Como resultado del bloqueo de los fondos, el presupuesto de OCCRP se ha recortado en un 29%, lo que se ha traducido en el despido del 20% de su personal, además de en una reducción de salarios y de jornada para la mayoría de los empleados que han conservado sus puestos de trabajo.

Si no se restablece la financiación procedente de USAID, sostiene OCCRP, el consorcio deberá cancelar programas en media docena de países, lo que paralizará proyectos de periodismo de investigación en Asia, el Pacífico, América Latina y Europa, destaca la demanda.

Al mismo tiempo que se le retiraban los fondos OCCRP ha sido objeto de una campaña de desinformación promovida por comunicadores de la galaxia de Elon Musk y Donald Trump, que acusan al consorcio de conspirar junto a la CIA y el “Estado profundo” contra el presidente de EEUU.

En concreto, mencionan un reportaje que OCCRP publicó en 2019 que después fue citada por el alto funcionario de inteligencia cuya denuncia de abuso de poder contra Trump sirvió de base para su primer impeachment. Una historia que relacionaba al abogado del presidente y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, con dos empresarios de origen soviético emigrados a Florida y los intentos de Trump para investigar a sus rivales políticos.

“OCCRP no tuvo ningún contacto con el denunciante ni se enteró de la denuncia [del alto funcionario de inteligencia] hasta que fue publicada por los medios de comunicación nacionales de Estados Unidos”, explica el consorcio, que se define como “apolítico”. “Recibimos financiación de muchos donantes diferentes, incluidas instituciones públicas, privadas y agencias de desarrollo de países democráticos”, añade.

“Como una de nuestras historias fue citada por un denunciante cuyo testimonio se utilizó para enjuiciar a Trump, él sugiere que nosotros causamos el impeachment”, ha contestado OCCRP en la red X. "¡Parece divertido ser tan poderoso! Pero el mundo no funciona así, y definitivamente no es así como nosotros operamos. Es genial cuando nuestras historias encuentran audiencia y tienen un impacto, pero no tenemos control sobre eso, ni queremos tenerlo", ironiza el consorcio.

Uno de esos “comunicadores” es Michael Shellenberger, que se presenta como defensor de la libertad de expresión, pero también niega el cambio climático y los derechos de los transexuales, fue uno de los que publicó los llamados Twitter Files, documentos internos de la red social que les facilitó Elon Musk después de comprar la compañía rebautizada como X. Los documentos supuestamente demostraban que Twitter había censurado hasta la llegada de Musk las cuentas de ideología más conservadora. Ahora, Schellenberg está utilizando a OCCRP para acusar a USAID de impulsar una serie de informaciones que relacionaban al ahora presidente con Rusia y que califica de “bulos”.

“OCCRP ha sido atacada por el crimen organizado, autócratas y otros, y nunca se han acobardado, pero sigue siendo desagradable ser blanco de teorías conspirativas y de desinformación, especialmente cuando están siendo lanzadas por personas que ahora están muy cerca del poder en EEUU”, replica Miranda Patrucic, directora del consorcio.

Otra de los arietes de Musk/Trump contra OCCRP es Michael Benz, un videobloguero antisemita que ha llegado a asegurar que los judíos estaban orquestando un genocidio contra los blancos.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe de recomendaciones para combatir la criminalidad financiera y la evasión fiscal en el que, entre otras cosas, pide a países como España que acaben con las leyes que permiten obtener visados de residencia o incluso la nacionalidad a cambio de inversiones importantes como la compra de viviendas de lujo.

A juicio de los eurodiputados, estos programas "deben desaparecer", especialmente los de Malta y Chipre, dadas las "escasas exigencias" que se requieren a los solicitantes. En la actualidad, estos dos países y Bulgaria son los únicos que conceden "pasaportes dorados" con los que conceden la nacionalidad a cambio de grandes inversiones, mientras que un total de 20 Estados miembros, incluido España, tramitan permisos residencia para extranjeros en condiciones similares.

En el caso de España, la ley de 2013 para el apoyo a emprendedores permite conceder visados de residencia para inversores a los extranjeros no residentes que "se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital". Entre los requisitos de dicha ley figura la compra de bienes inmuebles por valor de al menos 500.000 euros, pero también otras inversiones como, por ejemplo, invertir más de un millón de euros en empresas o depósitos en bancos españoles o más de dos millones en deuda pública española.

En concreto, los eurodiputados han sacado adelante con 505 votos a favor, 63 en contra y 87 abstenciones el informe elaborado por la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal, creada hace un año tras las filtraciones de 'Luxleaks', los papeles de Panamá, 'Football Leaks' y los 'papeles del Paraíso'.

Críticas y reclamos del informe 

La Eurocámara, en general, pide una revisión "en profundidad" de los mecanismos europeos para combatir los delitos financieros, la evasión y la elusión fiscal, sobre todo mediante la mejora de la cooperación entre las autoridades implicadas, ha informado la institución comunitaria. El informe critica que los Estados miembros "no muestran voluntad política para acabar" con estas prácticas fiscales y señala particularmente a Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Chipre, Malta y Hungría, a los que acusa de tener "lagunas" en su legislación que facilitan la planificación fiscal agresiva.

Además, los eurodiputados han propuesto la creación de una policía financiera europea, enmarcada dentro de Europol, con capacidad para llevar a cabo investigaciones, y de una unidad de inteligencia financiera. En el ámbito internacional, han recomendado el establecimiento de un organismo de la ONU centrado en fiscalidad. En la misma línea, el Parlamento Europeo ha reclamado la prohibición de las llamadas 'empresas pantalla' y ha pedido reforzar la protección de personas denunciantes de casos de evasión fiscal y periodistas de investigación.

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde a la creación de una comisión especial sobre crímenes financieros y evasión fiscal, con el objetivo de investigar las revelaciones de los Papeles del Paraíso y evaluar el progreso conseguido por los países del bloque comunitario para combatir prácticas fiscales ilegales.

La creación de esta comisión ha sido aprobada por una mayoría de eurodiputados que han votado a mano alzada. Estará compuesta por un total de 45 eurodiputados y desarrollará su actividad durante un periodo de doce meses.

La Eurocámara nombrará a los eurodiputados que formarán parte de esta comisión de investigación en la sesión plenaria que tendrá lugar de 12 al 15 de marzo.

Entre las tareas de esta comisión estará la de completar el trabajo llevado a cabo por otras comisiones anteriores sobre fiscalidad y la comisión de investigación que se creó a raíz de las revelaciones de los 'Papeles de Panamá'. También investigará la filtración de los 'Papeles del Paraíso', según ha explicado el grupo de Los Verdes en un comunicado.

Además, los eurodiputados examinarán los avances de la Comisión Europea y de los Estados miembros para combatir la elusión y la evasión fiscal, especialmente en cuanto a la adopción de medidas que han sido recomendadas por la Eurocámara en el pasado.

Los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo han acordado este jueves la creación de una comisión especial sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscal, que se encargará investigar las revelaciones de los Papeles del paraíso y evaluar el progreso conseguido en los países del bloque para combatir prácticas fiscales ilegales, entre otras tareas, informa Europa Press.

La decisión ha sido adoptada en la conferencia de presidentes, que reúne a los líderes de los grupos políticos de la Cámara, aunque todavía debe ser validada en una votación por el Pleno del Parlamento Europeo.

Una vez el conjunto de la Eurocámara de su visto bueno a la creación de la comisión, los grupos tendrán que acordar la composición de la misma, que contará con 45 miembros y desarrollará su actividad durante un periodo de 12 meses.

Entre las tareas de esta comisión estará la de completar el trabajo llevado a cabo por otras comisiones anteriores sobre fiscalidad y la comisión de investigación que se creó a raíz de las revelaciones de los Papeles de PanamáPapeles de Panamá. También investigará la filtración de los Papeles del Paraíso, según ha explicado el grupo de Los Verdes en un comunicado.

Además, los eurodiputados examinarán los avances de la Comisión Europea y de los Estados miembros para combatir la elusión y la evasión fiscal, especialmente en cuanto a la adopción de medidas que han sido recomendadas por la Eurocámara en el pasado.

"El comité de investigación del Parlamento Europeo sobre los Papeles de Panamá fue una experiencia positiva y se acordó un plan de acción ambicioso para frenar la evasión fiscal (...). Debemos asegurar que todo el progreso en materia fiscal no se pierde y que la Comisión y los gobiernos de toda la UE implementen estas medidas tan necesarias", ha señalado el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun.

"Las prácticas fiscales de países como Luxemburgo, Malta e Irlanda siguen suponiendo un agujero negro para los sistemas fiscales de los países de la UE. Esta nueva comisión debe seguir poniendo el foco en estas prácticas y exigir reformas urgentes", ha añadido el catalán.

Por su parte, el eurodiputado de S&D Udo Bullmann también ha celebrado el acuerdo para poner en marcha esta comisión especial y ha enfatizado que es "crucial" completar el trabajo que llevaron a cabo las comisiones iniciadas hace ya cuatro años. "El trabajo para combatir la evasión fiscal debe continuar", ha apuntado.

“Lo del procés” nos ha ocupado muchísimo espacio del disco duro, cierto, pero a pesar de la monotemitis aguda que padecemosmonotemitis –yo voy de ronchas hasta las cejas–, han sucedido más cosas. ¿Qué se apuestan a que encontramos, al menos, un hecho relevante en cada mes?

Enero 2017:

Trump toma posesión de su cargo. Presidente poseído

¡Música!

♪ “Tenemos chica nueva en la oficina que se llama Donald y es...”♪ (continúen ustedes, a mí solo se me ocurren tacos gordos).

En once meses de mandato, entre dimisiones y despidos, ha abandonado más gente la Casa Blanca que la de Guadalix de la Sierra. Faltó una tirolina para ver salir disparados a Price, Bannon, Scaramuci, Spicer, Flynn, Comey, Dubke y Yates, entre otros.

A Donald le ha cundido la propagación del buen rollo, además de practicar el lema de su programa televisivo: “You are fired”, ha removido el avispero con el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel y ha alimentado su calentón con el joven norcoreano, una Tensión Nuclear No ResueltaTensión Nuclear No Resuelta que como lleguen a resolverla estos dos, aquí no queda en pie ni Tabarnia...

Febrero 2017:

Sentencia judicial del 'caso Nóos'

¡Música!

♪ “Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura...” ♪

Seis años de prisión para Urdangarin. La Fiscalía del Supremo pide aumentar hasta diez y él ha recurrido: “A un olmo no se le puede demandar por no dar peras”. Supera eso, Paulo Coelho.

♪ “Pero una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido, no sé quien era, tal vez un viejo amigo...” ♪

Al viejo amigo al que abrazaba, Diego Torres, le ha salido por ocho años y seis meses de prisión la broma que Nóos gastaron. Para Jaume Matas, perejil de todas las salsas, tres años y ocho meses, Jaume acumula bote hasta completar el rosco.

La infanta Cristina de Borbón obtuvo la absolución con multa de 265.088 euros y aquí paz y después... Ginebra.

Ella no sabía nada, como la protagonista de la canción de Rafaella:

♪ “Lucas, Lucas, Lucas, ¿Qué te ha sucedido? Lucas, Lucas ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, ¡nunca lo sabré!”♪

Marzo 2017:

Los reguladores de la CNMV y del Banco de España le dicen al juez que de la quiebra de Bankia, ni idea, oye

¡Música!

♪ “No culpes a la noche, no culpes la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas...” ♪

Los comparecientes lanzaron sus balones fuera de la sala judicial, Miguel Ángel, MAFO le echó la culpa a la recesión y aquí paz y después... quiebra.

Abril 2017:

Prisión para Ignacio González, navegante de aguas turbias Madrid-Colombia...

¡Música!

♪ “Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla” ♪

Dos días antes de que ingresara en Soto de Real, vimos las lágrimas de la lideresa –hoy desaparecida– barruntando la enorme decepción porque su Nacho pudiera o pudiese salirle rana. Otro batracio, ay. En días tan familiares se la echa de menos, era la estrella del árbol.

Este ha sido también el año de las conversaciones de González y Zaplana. Desde las entrevistas de El loco de la colina, no escuchábamos frases tan memorables...

Mayo 2017:

Pedro Sánchez regresa a la Secretaría del PSOE

¡Música!

♪ “Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no no, que estaba tomando cañas, lerelerele...” ♪

Después de dimisión, gestora y primarias, Pedro volvió al puente de mando y aquí paz y después... las catalanas.

Junio 2017:

Declaran inconstitucional la amnistía fiscal de Montoro

¡Música!

♪ “Tal vez lloré, tal vez reí. Tal vez gané o tal vez perdí (...) Y todo fue, puedo decir, a mi manera.” ♪

31. 484 contribuyentes se beneficiaron de eso que Montoro llama “una regularización tributaria extraordinaria, en condiciones diferentes de una regularización ordinaria” y el resto del mundo “amnistía fiscal”.

¿Y qué pasó? Nada. Zasca del Consti y aquí paz y después... ejercicio del IRPF 2017. Vayan mentalizándose.

Julio 2017:

Cuarenta aniversario de las elecciones del 77

¡Música!

♪“Qué poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se las lleva tras él y quedan solamente los recuerdos uh, uh, uh, promesas que volaron y no pueden volver.” ♪

Escúchense entera la canción de Karina, no hace falta explicar más...

Agosto 2017:

Atentados en Barcelona y Cambrils

Aquí no hay música de baile. Solo caben el recuerdo –a pesar del aparente olvido–, el respeto y el dolor compartido.

Septiembre 2017:

En la foto de la apertura solemne del año judicial no hay mujeres

¡Música!

♪Macho, macho man, I've got to be, a macho man, macho, macho man, I've got to be a macho! Ow... ♪

Perdonen, se me ha colado una obviedad en la selección de hechos relevantes. ¿Que las mujeres no salgan en ciertas fotos es noticia? LOL.

Octubre 2017:

La sequía amenaza con restricciones en 2018

¡Música!

♪ “Agua que no has de beber déjala correr...” ♪

Y la dejamos correr, a pesar de que el asunto de la sequía es gravísimo, estamos a otra cosa... por ejemplo, “lo del procés”.

Noviembre 2017:

Salen a la luz los Paradise papers

¡Música!

♪ “Soy cantor de silencios que no vive en paz. Que presume de ser español por donde va.” ♪

Nuevo listado de patriotas variopintos que se llevan la pasta por el mundo paradisíaco. “Patrioteros viajeros”.

Diciembre 2017:

El cardenal Cañizares nos manda una carta en el cumpleaños de la Constitución

¡Música!

♪ “Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más” ♪

Nada más navideño que recibir correspondencia en diciembre. Aunque el cardenal se ha modernizado, a sus reprimendas epistolares les da un tono de coña de Whatsapp, “Coñizares”.

¿Han visto? Quitando la obviedad de la invisibilidad femenina, un hecho relevante por mes. Y lo del procés, eso también...

Ah, olvidaba lo más importante. Mención especial para la desaparición de un personaje clave, alguien sin quien no podría entenderse la historia de este país: Chiquito de la Calzada.

Lectores de mis entretelas, gracias por hacerme un sitio entre sus lecturas. Me encantaría que hoy además se bailaran mi columna, por cada noticia les regalo una canción para despedir el año. Que “lo que venga” nos pille bailando.

Si ustedes quieren, nos encontramos en enero, en el mismo sitio y a la misma hora, como Chiquetete.

¡Feliz año nuevo!

El nombre de Repsol salta a primera vista en los Paradise PapersParadise Papers. A diferencia de casi todos, que enmascaran su identidad con acrónimos y testaferros, la filial de la petrolera en las Islas Caimán luce marca corporativa: Repsol International Capital Limited (RCIL).

¿Con qué fin montó esta empresa en el paraíso fiscal de Caribe? La respuesta que encontramos en una de las auditorías de la filial es que "el único negocio de Repsol International Capital Limited es emitir opciones preferentes en varios mercados y adelantar los resultados netos a varios miembros no españoles del grupo Repsol".

Preguntadas por infoLibre, fuentes oficiales de la petrolera responden que “las participaciones preferentes de Repsol International Capital estuvieron admitidas a negociación en mercados organizados, transparentes y supervisados (NYSE y AIAF), que permitían la identificación de los titulares como si hubiesen sido emitidas en Estados Unidos o en España”.

Entonces, ¿por qué emitió las preferentes en las Caimán y no en España? “Las compañías registradas en las Islas Caimán no pagan impuesto de beneficios”, reconoce la citada auditoría. Este es, al fin y al cabo, uno de los factores que convierten a las Caimán en uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo.

Repsol asegura en su web que “en el ejercicio 2015 procedimos a la liquidación de nuestra filial Repsol International Capital Ltd (Islas Caimán) [...] Medidas como estas y otras similares [...] han llevado a que nuestra presencia en las Islas Caimán sea testimonial".

Esto ni es mentira ni es toda la verdad. Una investigación detallada muestra cómo Repsol se benefició, y se beneficia, de los trucos legales que permiten a las grandes compañías e inversores esquivar la carga impositiva que soporta el común de empresarios y trabajadores españoles.

El agujero fiscal holandés

Así, Repsol no menciona que cuando liquidó esta filial en las Caimán lo hizo a través de Repsol International Finance B.V., otra filial, en este caso radicada en Holanda. Los Países Bajos, sin ser un paraíso fiscal, son lo que el Observatorio de Responsabilidad Corporativa (ORC) y la Tax Justice Network llaman agujeros o nichos fiscales.

En Holanda las empresas pueden eximirse de impuestos tanto por los beneficios de sus filiales como por préstamos entre empresas del mismo grupo. Los Países Bajos también son la base del conocido como “sandwich holandés”, una estrategia impositiva que, pagando el 2%, permite sacar el dinero a paraísos fiscales como las Antillas Holandesas. Un estudio de la Universidad de Amsterdam concluyó que Holanda fue el país de origen del 23% del dinero que arribó en paraísos fiscales.

Repsol mantiene en Holanda un holding con 56 empresasholding, según el último informe del Observatorio de Responsabilidad Corporativa. Al menos 20 de ellas con su propia marca. ¿Le aporta beneficios fiscales mantener tal grupo holandés? ¿Tiene, en su caso, planes Repsol para traer ese holding a España? “En la actualidad, el Grupo Repsol desarrolla su actividad de financiación internacional tanto desde España como desde los Países Bajos”, se limitan a responder los portavoces de la petrolera.

Desde Repsol también aseguran que la liquidación de la filial en las Caimán “no generó beneficios”. La auditoría de la filial caribeña indica que “durante 2013 RICL [la filial caribeña] siguió otorgando préstamos a la Repsol Netherlands Finance BV [una de las filiales holandesas]. A fecha de 31 de diciembre, la cantidad otorgada alcanzó los 117,6 millones”.  Es decir, al menos una parte del dinero recaudado en España mediante preferentes emitidas en las Caimán acababa prestado a otras filiales del grupo en Holanda.

Sin filiales "controladas" en las Caimán

Desde la petrolera presumen de haber enderezado el rumbo respecto a los paraísos fiscales. Portavoces oficiales indican en particular que “actualmente, Repsol no mantiene filiales controladas en las Islas Caimán”. El informe de ORC citaba a dos filiales aún activas en diciembre de 2015, pero Repsol asegura que su participación es “minoritaria”.

ORC explica que, en total, “Repsol contaba con 9 empresas en paraísos fiscales y 111 empresas en jurisdicciones que, pese a no estar incluidas en los listados tomados en consideración por la empresa, sí forman parte del análisis realizado en el presente estudio debido a que ofrecen ventajas fiscales especiales a las empresas que en ellos radican (nichos fiscales)”. De esas 120 filiales, “116 empresas ofrecen dudas en cuanto a que su actividad tenga que ver con la operativa propia del negocio”. Están ubicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Islas Bermudas o Liberia, y en nichos como Delaware (Estados Unidos) Suiza o Luxemburgo.

Desde el gabinete de comunicación de Repsol insisten en que la imagen que destilan documentos como los Paradise Papers y el informe del ORC no corresponden para nada con la realidad actual de la petrolera. La compañía dice haber acometido un proceso de simplificación societaria en los dos últimos años.

Como argumento a su favor, remiten al nuevo informe de Oxfam, Diferencias Absimales, el papel de las empresas del Ibex 35 en la desigulad. Efectivamente la ONG admite que “el cambio más significativo se produjo en Repsol”. Señala que es una de las únicas dos compañías del IBEX 35, junto con ACS, que “han apostado por reducir explícitamente su presencia en paraísos fiscales”. Pese a una “reducción de casi un 20% de filiales en paraísos fiscales en un período de 2 años”, Oxfam recuerda al grupo que “aún quedan 93 sociedades en paraísos fiscales”.

Es cierto que no fue solo Repsol quien hizo negocio emitiendo preferentes en las Caimán. En las emisiones colaboraron bancos españoles como la Caixa o  el BBVA y sus comisiones fueron pingües. Por ejemplo, para la Caixa figura en una auditoría un pago de 4,11 millones en 2013 y otro de 8 millones en 2012.

Esta operativa desde paraísos fiscales no es ilegal. Eso sí, el caso de la filial de Repsol en las Islas Caimán liquidada a través del enorme holding holandés es un ejemplo de cómo muchas grandes empresas, pese a presumir de “Marca España”, apuestan por tributar en otros países. En esta estrategia, a medida que aumenta la presión pública sobre los paraísos fiscales tradicionales a través de filtraciones como los Paradise Papers, ganan peso los agujeros fiscales de países más cercanos como Irlanda, el Reino Unido y Holanda. Precisamente este último martes los ministros de Finanzas de la Unión Europea dieron luz verde a la esperada lista comunitaria de paraísos fiscales, con el fin de promocionar la "buena gobernanza" y aumentar los esfuerzos "para evitar el fraude fiscal y la evasión de impuestos". Esa lista "negra" incluye 17 jurisdicciones offshore, pero distintas formaciones políticas y organizaciones cívicas han denunciado que esa lista deja fuera a "reconocidos paraísos fiscales" como Islas Bermudas o las Caimán, así como territorios comunitarios que facilitan la elusión fiscal como Malta, Irlanda, Holanda o Luxemburgo.

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea dieron luz verde este martes a la tan esperada lista comunitaria de paraísos fiscales. Tras más de dos años de trabajo, y con el objetivo de promocionar una "buena gobernanza" que maximice "los esfuerzos para evitar el fraude fiscal y la evasión de impuestos", los titulares de Economía de los Estados miembro aprobaron, durante la reunión del Ecofin, una lista "negra" compuesta finalmente por 17 jurisdicciones offshoreoffshore, y otra "gris", en la que han sido incluidos otros 47 países que se han comprometido durante los últimos meses a modificar su legislación impositiva y a cumplir con los criterios de transparencia y justicia fiscal de Europa. El documento aprobado [puedes consultarlo aquí en PDF] incluye, además, un marco sancionador aplicable a todos aquellos países no cooperativos.

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, Pierre Moscovici, celebró en rueda de prensa el paso dado, "una victoria clave para la transparencia y la equidad". Sin embargo, apuntó que es necesario no bajar la guardia. "El proceso no termina aquí. Debemos intensificar la presión sobre los países incluidos para que cambien de opinión", aseveró Moscovici, que recordó a renglón seguido a las 17 jurisdicciones offshore que "deberán enfrentar las consecuencias en forma de sanciones". No obstante, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros también envió un mensaje muy claro a los otros 47 territorios que estarán bajo la lupa europea: "No debe haber ingenuidad: las promesas deben convertirse en acciones. Nadie debe obtener un pase gratis", sentenció Moscovici. 

Pero con las felicitaciones –"Es un paso muy importante", señaló el ministro de Economía español, Luis de Guindos–, llegaron también las críticas. Eurodiputados y diferentes organizaciones han mostrado su decepción tras lo que consideran una lista "claramente sesgada". Tanto Los Verdes/Alianza Libre Europea –grupo en el que están integrados partidos como ICV y Equo– como el Grupo Confederal de la Izquierda Verde Unitaria –en el que se integran Podemos e IU– han criticado con dureza que la relación de jurisdicciones opacas deje fuera a "reconocidos paraísos fiscales", como las Islas Bermudas o las Caimán, y han cargado contra la decisión de no incluir territorios comunitarios, como Suiza o Luxemburgo. "En cuanto a las sanciones, son muy flojas", apunta a infoLibre Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV.

17 países no cooperativos

El proyecto se empezó a cocinar hace más de dos años. Sin embargo, la publicación de las primeras informaciones de los denominados Papeles de Panamá empujaron a Bruselas a pisar el acelerador, fijando finales de 2017 como fecha límite para la presentación del listado oficial. Según explican fuentes de la Comisión Europea, el primer punto del proceso se alcanzó en septiembre de 2016, cuando el Ejecutivo comunitario, tras evaluar el riesgo de 213 sistemas que podían facilitar la elusión fiscal, cerró una primera relación de países a examinar con mayor profundidad. Tras esto, continúan, "se estableció contacto formal" con todos ellos para explicarles el proceso e invitarles a colaborar con la Unión Europea. Mientras tanto, los expertos comunitarios continuaron analizando detenidamente las jurisdicciones incluidas en la primera lista borrador.

Una vez concluida la etapa de selección, se entregaron al denominado Grupo de Código de Conducta, un equipo compuesto por representantes técnicos de todos los Estados miembro que siempre ha generado dudas dentro del Parlamento Europeo por el secretismo de sus trabajos, una segunda relación compuesta por 92 territorios bajo sospecha. "Sobre esa base, se envió una carta a cada uno de ellos, confirmando que cumplían con los criterios o destacando las deficiencias en sus sistemas impositivos", explican las fuentes consultadas, que añaden que se solicitaron a las que no cooperaban "compromisos serios de abordar las deficiencias identificadas dentro de un periodo de tiempo determinado". 

Las que no se comprometieron a introducir cambios que mejorasen la cooperación con la UE, fueron incluidas finalmente en la lista negra que ha recibido luz verde este martes. En total, 17 jurisdicciones a lo largo y ancho de todo el planeta: Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos. Todas ellas incumplen alguno de los tres criterios que se han tenido en cuenta durante todo el proceso: la existencia de transparencia fiscal, una fiscalidad justa y seguimiento de las líneas directrices en la materia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Lista gris y ausencia europea

Sin embargo, recoge el documento aprobado por los ministros de Economía y Finanzas de la UE, "la gran mayoría de jurisdicciones [bajo el foco] han decidido introducir cambios relevantes en su legislación fiscal para cumplir con los criterios europeos". No obstante, y a la espera de que esas modificaciones se hagan realidad, Bruselas ha decidido crear una lista gris de países que estarán en observación. En esta segunda relación se han incorporado otras 47 jurisdicciones, entre las que se encuentran las de muchos de los paraísos fiscales más reconocidos que han logrado escaparse de la lista negra: Curaçao, Hong-Kong, Nueva Caledonia, Maldivas, Mauricio, Andorra, San Vicente y las Granadinas, Islas Bermudas, Islas Caimán, Liechtenstein o Nauru, entre otras.

En concreto, se han fijado dos plazos para que los países de esta lista intermedia cumplan los compromisos que han adquirido: los desarrollados deben hacerlo a lo largo de 2018 y los que están en vías de desarrollo antes de que se cierre 2019. Por otro lado, Bruselas ha decidido dar más tiempo –hasta principios de 2018– a ocho territorios caribeños (Antigua y Barbuda, Anguila, Bahamas, Dominica, las islas Vírgenes Británicas, San Cristobal y Nieves, islas Turcas y Caicos y las islas Vírgenes estadounideneses), duramente golpeados por huracanes en verano, para responder a las preocupaciones de la UE.

Sin embargo, quedan fuera de las dos listas cuatro Estados europeos que, según ha denunciado en repetidas ocasiones la ONG Oxfam Intermón, no superarían el examen al que Bruselas ha sometido a todas las terceras jurisdicciones: Malta, Irlanda, Holanda y Luxemburgo. De hecho, la semana pasada una delegación del Parlamento Europeo desplazada a suelo maltés señaló, al término de la visita, que "no puede continuar" en el país europeo la "impunidad" que existe en materia de delitos financieros y corrupción. La inclusión en la relación oficial de Estados miembro fue uno de los frentes de batalla abiertos tanto por eurodiputados como por diferentes organizaciones, entre ellas Oxfam o Tax Justice Network. Sin embargo, a comienzos de mayo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue taxativo al respecto: "No haremos eso. No sentimos que sea nuestro deber hacerlo".

Lista "descafeinada" y sanciones 

Ernest Urtasun, eurodiputado del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea, lamenta el resultado final del ambicioso proyecto. En conversación telefónica con infoLibre, el parlamentario de la Eurocámara critica que se haya excluido a "muchos paraísos fiscales, como Suiza o EEUU, donde se pueden encontrar estados como Delaware –territorio con baja tributación–" y a otros tantos países comunitarios que "presionaron con éxito para que sus propias dependencias y territorios de ultramar quedaran fuera". "Es lamentable que los Estados miembro demuestren tan poco coraje y responsabilidad", añade Urtasun, que califica la relación respaldada durante el Ecofin de "lista negra descafeinada" y "claramente sesgada".

Además, el eurodiputado critica la ausencia de sanciones duras en el documento: "Nosotros propusimos que todas las transacciones financieras que se hicieran entre algún país de la UE y esas jurisdicciones tuvieran que pagar un impuesto. Pero no se ha aceptado", explica. En la misma línea se posicionó en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, quien señaló que le habrían gustado sanciones "más firmes". "Esperamos que los trabajos continúen en 2018 para introducir medidas defensivas más fuertes", completó. A nivel comunitario, según ha explicado la Comisión, no se podrá conceder financiación europea a entidades de los países incluidos en la lista negra.

Pero además de bloquear el dinero procedente de los fondos para el desarrollo sostenible (EFSD, por sus siglas en inglés), el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI, por sus siglas en inglés) o del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la UE también establece que, a fin de garantizar "una acción coordinada", los Estados miembro "deben aplicar al menos una de las siguientes medidas administrativas en el ámbito fiscal: a) supervisión reforzada de ciertas transacciones; b) mayores riesgos de auditoría para los contribuyentes que se benefician de los regímenes en juego; c) mayores riesgos de auditoría para los contribuyentes que usan estructuras o arreglos que involucran estas jurisdicciones". "Con que digan que están supervisando las transacciones, han cumplido", sentencia Urtasun.

El centenar de países 'offshore' de Gestha

En la misma línea se han pronunciado tanto Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de la ONG Oxfam Intermón, como Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos en la Eurocámara. "Sólo cuando tengamos una lista negra consistente con sanciones efectivas contra grandes empresas y fortunas que abusan de los paraísos fiscales, podremos poner fin a la evasión y elusión fiscal", explica la activista. "La UE no puede pretender exigir a países terceros que se sometan a sus criterios si es incapaz de acabar con su parte del problema", añade el diputado del Parlamento Europeo, que asegura que "la elaboración de esta lista no hace más que ilustrar la complicidad de la Unión Europea con la evasión fiscal". 

En este sentido, a ojos de Urbán es mucho más completo el trabajo que ha realizado el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Pocas horas antes de que se diese a conocer el resultado final de Bruselas, Gestha hizo públicas dos listas: una negra, en la que incluyeron 30 jurisdicciones –entre ellas, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas–, y otra gris, compuesta por otro centenar de territorios –entre ellos, los cuatro principales paraísos fiscales en suelo europeo–. Además, pusieron sobre la mesa sanciones que deberían aplicarse sobre estos territorios: suspender acuerdos de libre comercio, poner fin a la financiación o prohibir que todas las instituciones y entidades públicas de la UE abran cuentas u operen en dichos lugares, vetando también la contratación con empresas radicadas en paraísos fiscales. 

Hasta donde sé, mi teléfono no está pichado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Tampoco tengo la desgracia de que mis opiniones privadas sean objeto de la atención de la prensa. Pero si tanto la UCO como algún periodista con ojeriza quisieran poner su atención sobre mí y tuvieran acceso a mis conversaciones cotidianas, es seguro que no aguantaría un escrutinio exigente de mis amistades, de mi familia o de mis compañeros de trabajo. ¿Quién de nosotros lo soportaría?

Por eso, cuando un juez ordena grabaciones o seguimientos secretos de cualquier tipo, en la búsqueda de delitos, el Juzgado tiene la obligación de separar el grano de la paja. Debe expurgar la información para dejar en el sumario únicamente aquello que es relevante a los efectos de lo investigado. Si tus conversaciones son legales y no afectan en nada al interés público (tal como lo describe la jurisprudencia) ni son parte integrante de un sumario público, deberías tener derecho a que se mantuvieran en la intimidad. La Constitución y la Ley de protección del honor y la intimidad así lo establecen.

No me cae nada bien Ignacio González, el expresidente de Madrid que acaba de salir de prisión y que está imputado en casos de corrupción. Si ha cometido delitos, como parece, que se le juzgue y pague por ellos. Pero incluso el mismísimo demonio tiene ciertos derechos. Suficiente tiene ya el acusado con defenderse en los tribunales ordinarios y con aguantar como pueda la cobertura que hagan de sus presuntas fechorías los medios de comunicación.

Pero una verdadera Justicia tiene que ser proporcionada. Si le han tenido que pinchar el teléfono, que extraigan de las conversaciones lo relevante al caso y que lo usen el fiscal y el juez para juzgarle. Y que se publique si está en un sumario. Todo lo demás, sus opiniones sobre Aznar o sobre el papa, pueden resultar morbosamente interesantes, pero él, por muy corrupto que sea fuera, tiene derecho a hablar en privado como le venga en gana. Lo dice la ley y deberíamos respetarlo. Aunque perdamos en el camino cuota de audiencia.

Igual digo de las filtraciones de cuentas en paraísos fiscales. Esos 13 millones y medio de archivos –los Paradise Papers– sustraídos ilegalmente a dos despachos dedicados a facilitarle la vida a los ricos. Hemos sabido con ellos dónde está el último dólar que Julio Iglesias tenía hace treinta años en Panamá. O el último euro que Trías mantiene en otro paraíso de una vieja empresa familiar offshore.

Pero resulta que es perfectamente legal –aunque no sea ético– tener una cuenta en Panamá o en Malta, como es perfectamente legal vivir unos meses y empadronarte en Pamplona antes de morir para que tus hijos no paguen el impuesto de sucesiones que sí se paga íntegro en Cáceres. Es naturalmente legal también poner a parir a un tercero en una conversación tabernaria. Y sí, incluso aunque seas un cantante internacional, la ley ampara tu derecho a la intimidad, también sobre dónde tienes tus cuentas, mientras no cometas delito.

El problema de esas filtraciones para las víctimas de sus revelaciones es que las exponen al veredicto impulsivo y caprichoso de la opinión pública. Allá donde los tribunales ordinarios presumen la inocencia, el tribunal de la opinión pública presume la culpa. Si los tribunales de Justicia requieren tiempo, demasiado tiempo, la opinión pública te somete a una sentencia inmediata. La larga memoria de los sumarios contrasta con el déficit de atención de la prensa, que tan pronto te juzga como te olvida luego, aunque seas declarado inocente. Si los juzgados exigen pruebas, a los periodistas y los opinantes les puede bastar con indicios. Si ante el juez el acusado tiene derecho a una defensa, ante la publicación de una información tienes en principio pocas posibilidades de réplica inmediata. Sólo con mucha capacidad de influencia, que usualmente viene acompañada de buena cantidad de dinero, podrás defenderte de lo que se diga de ti. Y aun así sudarás sangre.

Sé que lo popular es decir que me parece fatal que Julio Iglesias tribute en un paraíso, o que Ignacio González se fastidie y aguante, porque es un presunto corrupto. Ambas cosas son ciertas. No me gustan los paraísos fiscales y no soy cliente de ninguno (aunque no descartaría irme a morir a Navarra para ahorrarles a los niños unos cuantos euros). Y me repugna la corrupción como a la mayoría.

Pero creo que una sociedad madura y verdaderamente democrática debe garantizar ciertas libertades –la de información, por supuesto, pero también el derecho a la intimidad– o estaremos cediendo espacio a quienes de manera unilateral y a menudo a través de prácticas ilegales, se erigen en profetas de la limpieza y justicieros sobrevenidos. Dios nos libre de ellos.

El nombre de Manuel Benítez El Cordobés aparece en la investigación de los papeles del Paraíso vinculado a una sociedad en Bahamas. El torero fue accionista de 1994 a 1997 de Chertsey Condominium Limited, una urbanización de apartamentos de lujo, según informa La Sexta.

Según el documento al que ha tenido acceso la cadena televisiva, El Cordobés podría haber sido propietario de un apartamento en el complejo urbanístico. El listado en el que aparece su nombre lleva el sello del registro del año 2012, año de la amnistía fiscal de Montoro.

Los abogados del torero confirman que tiene una casa en las Bahamas y que todo el patrimonio que tiene fuera de nuestras fronteras se declara con rigor en el modelo 720 de la Hacienda pública Española, informa El Confidencial.

Los papeles del Paraíso son la mayor filtración de documentos de la historia (13,4 millones) con origen en dos despachos de abogados y 19 jurisdicciones opacas que afecta a 127 políticos con intereses offshore.

La filtración de documentos fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y se publica en 96 medios de todo el mundo, entre ellos, The New York Times, The Guardian, Le Monde y El Confidencial y La Sexta en exclusiva para España.

Aquella primavera, en España andábamos enfrascados en la tarea de formar Gobierno, bueno, nosotros no, ellos. Rajoy había declinado, meses antes, la propuesta del rey para ser candidato, Pedro Sánchez había fracasado en su intento de ser investido en marzo y nos dirigíamos, irremediablemente, a unas nuevas elecciones generales que llegaron el 26-J y recolocaron a Rajoy en Moncloa.

Permítanme que recupere un párrafo del Muy fan que escribí en aquel momento sobre los  Panama papers:

“En los Panamá papers –en España nos llegan a través de La Sexta y El Confidencial– hay de todo, como en un bazar chino: líderes mundiales y otras personalidades de la esfera política, de la monarquía, de la cultura, del deporte, del mundo empresarial... Parece el listado de un bodorrio en el que nos colamos a mirar, solo falta que entre la tuna a tocarnos los clavelitos”.

¿Les suena? Efectivamente, hoy podría haber publicado el mismo artículo si no fuera yo tan tiquismiquis y mi celo profesional y mi respeto por infoLibre y sus lectores no existieran, porque todo lo que escribí entonces valdría perfectamente para comentar esta nueva entrega de Paradise papers.

La relación de invitados a la party del paraíso que vuelve a salir a la luz, gracias al trabajo del Consorcio Internacional de periodistas de investigación, parece calcada de la anterior. Cambian los nombres, pero la representación en el evento de política, deporte, monarquía, mundo empresarial y espectáculo, es prácticamente idéntica. Sigue faltando la tuna para ponerle un poco más de pandereta a esta serenata.

¡No me diga que en este nuevo listado de asistentes al guateque usted tampoco está! Me cachis, lo siento, no puede entrar, sin jeta no hay paraíso. Pero no se venga abajo, puede pegar la nariz al cristal y observar cómo disfrutan de las ventajas fiscalmente paradisíacas los listos de la manada, mientras usted sigue echando moneditas en la hucha de Montoro.

En esta nueva edición, vuelven a repetirse las reacciones acostumbradas: “Yo no sabía nada, como pille a mi cuñado se va a enterar...”, “todo lo ha hecho mi cliente dentro de la legalidad, la duda ofende”, “seré británica pero me hago la sueca que da gusto, ¿te das Queen?”

Por subrayar alguna diferencia, esta vez uno de los invitados al evento del paraíso se ha saltado la norma de echar los balones fuera y ha hecho una exhibición de sinceridad sin precedentes. Se trata de Alfredo Fraile, el exmánager de Julio Iglesias.

Fraile contó, sin tapujos, para La Sexta su periplo americano junto al artista: “Descubrimos que siendo residentes en Panamá y teniendo nuestras compañías en Panamá, teníamos ciertas ventajas fiscales, aprovechamos esa circunstancia”. En su libro Secretos inconfesables que publicó Fraile en 2014, afirmaba que Julio tenía muy claro que si había que hacerse panameño para ahorrar muchos dólares, se haría... De lo que se deduce que el habitante del paraíso no nace, se hace. Y en caso de morriña siempre puedes cantar aquello de:

♪ “Que presume de ser español donde va” ¡Weah! ♪

Dice Fraile que si puede hacer algo legalmente la ética no le importaría y que a él la ética poco menos que se la sopla porque “con la ética, no se come”. Es una manera franca y directa de defender que en esta selva que habitamos, si eres listo comerás a dos carrillos pero si te abandonas a la tontuna de la ética, te vas a hacer una dieta que ni la enzima prodigiosa y te van a comer por las patas.

Claro, viendo el volumen de personalidades de todos los ámbitos que consideran normal mirar por las ventajas propias aunque sea en detrimento del bien común, una llega a pensar que si ellos son tantos, igual es que nosotros somos tontos.

En torno a esta duda existencial me preguntaba en aquel artículo sobre los Panama Papers:

– ¿Somos honestos por elección vital o porque no nos queda otra?

– ¿Somos solidarios por principio o porque la vida no nos ha dado la oportunidad de transitar el canal que lleva al paraíso?

Seguro que las respuestas que se les ocurren a ustedes son mucho más inteligentes que mis preguntas. Además, siempre pensé que con el paso de la vida se confirmarían mis certezas, pero estaba equivocada, cada día dudo más de todo...

Para terminar y antes de abandonar este juanpalomismo tan desagradable que me ha brotado hoy, les diré algo. Hace un año y siete meses, preconicé en plan Rappel Martos:

“Reconozcámoslo, a casi todos nos durará la indignación hasta que el gotero informativo deje de administrarnos nombres en vena.”

Creo que acerté. Y me temo que volverá a ocurrir. Durante un tiempo estaremos muy atentos a que canten los nuevos nombres de los habitantes del paraíso, como si fueran los equipos del sorteo de la Champions, pero después nos pondremos a otra cosa y nos olvidaremos del paraíso y de los que fundaron las offshore.

Qué cosas, cuando escribí aquel artículo sobre el papelón de Panamá yo tenía un orzuelo incipiente, hoy me dirijo de cabeza hacia un constipado. Se confirma la letra de una de las canciones que más me gustan del aludido Julio Iglesias, La vida sigue igual. 

Apple, que deriva dos tercios de sus beneficios a Irlanda donde la compañía está prácticamente exenta del pagos de impuestos; Whirpol, que hace circular sus beneficios entre sus filiales offshores para reducir su fiscalidad a la mínima expresión; Nike, que ahorra mil millones de euros y que sólo paga el 2% en impuesto de sociedades vía los Países Bajos; Facebook, que lleva el grueso de sus beneficios a las Islas Caimán... Como siempre que se producen nuevas revelaciones sobre la magnitud de los fondos ocultos en paraísos fiscales y sobre la ingeniería financiera que los permiten, los Paradise Papers han provocado la indignación de los responsables políticos franceses y europeos. Y, sin embargo, pese a las aparentes buenas voluntades y el anuncio de diferentes medidas que se pregonan regularmente, el fenómeno de los paraísos fiscales no decae. Y no es para menos: forma parte del sistema económico mundial nacido del cuestionamiento, hace 40 años, del modelo de posguerra.

La magnitud del fenómeno impide justificar la idea de que es la única “deriva” del sistema. En realidad, es imposible encontrar una multinacional que no disponga de filiales offshore y, a día de hoy, gran parte de las pymes de los países desarrollados y también de los países en vía de desarrollo están afectados. Le Monde publica las estimaciones de Gabriel Zucman, economista de la Universidad de Berkeley. Según los cálculos de Zucman, cada año los Estados dejan de ingresar 350.000 millones de euros en impuestos, es decir, el 0,5% de la riqueza creada anualmente en el mundo. En su obra, publicada el año pasado, La Richesse cachée des nations, Zucman afirma que la riqueza depositada en paraísos fiscales asciende a 7,9 billones de euros, es decir, el 8% de la riqueza financiera mundial.

Estos cálculos pueden quedarse cortos. Otras estimaciones consideran que el montante es mayor. Así, para la ONG británica Tax Justice Network, el dinero depositado en paraísos fiscales ronda entre los 21 y los 34 billones de dólares (entre 18,2 y 29,4 billones de euros). El flujo oscilaría entre 1 billón y 1,6 billones de dólares (entre 865.000 millones y 1,384 billones), es decir, el 2,1% del PIB mundial. Las definiciones de nociones como evasión fiscal y  paraíso fiscal son importantes en estas diferencias, pero las cifras son, en cualquier caso, muy importantes porque no se trata de datos aislados.

Tomemos como ejemplo los cálculos de Gabriel Zucman, según los cuales, cada año, Francia deja de ingresar 20.000 millones de euros, es decir el 1% del PIB. Esta cifra representa el 25% del déficit público francés y cuatro veces el déficit de la Seguridad Social. De modo que, estos fondos deben tomarse prestados, lo que aumentará el peso de la deuda y tendrá un peso mayor sobre los déficits futuros (y el efecto de bola de nieve de los intereses que se han de abonar, aunque sean modestos nominalmente, es importante). La otra opción es reducir el gasto o aumentar la carga fiscal que sufren aquéllos que no pueden evadir el pago. En los dos casos, la actividad se resiente ya que la crisis nos ha recordado la existencia de multiplicadores presupuestarios. Ese 1% del PIB afecta a la actividad actual y a la actividad futura. Y, cada año más, ya que pese a los anuncios, el fenómeno lejos de debilitarse se refuerza.

Sistemáticamente, este dinero que deja de entrar en las arcas públicas aumenta las desigualdades. Los más ricos y las empresas consiguen sacar provecho a la evasión y a la optimización fiscales, mientras que los bolsillos más modestos y las clases medias no pueden dejar de pagar impuestos; de ahí el aumento de las desigualdades. Pero el fenómeno también es indirecto: el flujo monetaria con dirección a los paraísos fiscales justifica también la tendencia a la baja de los gravámenes que se aplican a los más ricos y a las empresas. Y para financiar esas bajadas de impuestos, también hay que bajar las prestaciones sociales, es decir, reducir los servicios públicos, es decir subir los impuestos de los que los pagan. O, dicho de otro modo, de las clases medias. O las tres cosas.

¿No es ésa la lógica del Gobierno francés, del que forma parte Bruno Le Maire, quien no tiene palabras suficientemente duras para los paraísos fiscales pero que ha justificado la bajada de la fiscalidad sobre el capital por razones de competencia fiscal, competencia cuyas paraísos fiscales son la punta de lanza? La idea de que la bajada de impuestos contribuirá a la repatriación de capital es una utopía. Un estudio de dos economistas de la Universidad de Aston, en Birminghan, realizado en 2015, demuestra que “la bajada de la presión fiscal en los países de origen no cambia sustancialmente la tendencia de las empresas a la hora de montar filiales en paraísos fiscales”. La consecuencia es una huida hacia adelante continua, en una competición fiscal estéril donde el mejor postor dicta su ley. El verdadero coste de los paraísos fiscales es imposible de cuantificar, pero es notable cuando se tiene en cuenta el efecto en el tiempo que produce en las finanzas y en las políticas públicas.

A menudo se olvida que los paraísos fiscales no son un mero elemento marginal del sistema económico contemporáneo, constituyen uno de los motores principales. Debido a ellos, los Gobiernos se han ido decantando progresivamente a favor del sector privado en la economía y las multinacionales dictan sus leyes a los Estados, ejerciendo un chantaje permanente a los ingresos fiscales, pero también a las reglamentaciones financieras. El argumento siempre es el mismo: si los impuestos no bajan bastante, si las estructuras son demasiado rígidas, el dinero saldrá del país, se dirigirá a un paraíso fiscal y a otra parte... Esta presión ha conducido a una liberalización y a una creciente financiación de la economía.

No es casualidad si el fenómeno legal de los paraísos fiscales, que hoy es objeto de debates y que causa revuelo, ha ido a más con la globalización financiera. Gabriel Zucman subraya que entre 1980 y 2014 la riqueza depositada en paraísos fiscales se ha multiplicaba por diez. Los paraísos fiscales han prosperado gracias al rechazo del sistema económico de la posguerra. Para compensar la bajada de la rentabilidad y la inestabilidad monetaria fruto de la explosión del sistema de Bretton Woods, las grandes empresas trataron de evitar el pago de impuestos. Y los paraísos fiscales les ayudaron a construir un nuevo modelo económico.

Porque precisamente los paraísos fiscales son un elemento esencial de la financiación de la economía. Son lugares de proyección y de disminución de la liquidez. Lugares seguros, poco costosos, flexibles y discretos, las cualidades preferidas por la liquidez, que, también ella, domina la economía contemporánea. Gracias a los paraísos fiscales, ahora es fácil pasar rápidamente de una inversión a otra y reforzar con ello la competencia entre lugares y productos financieros. Los paraísos fiscales son vehículos de elección de la financiación, reforzando, por razones fiscales y reglamentarias, la rentabilidad de la actividad financiera con relación a la actividad real. Favoreciendo, después, la competición entre las inversiones.

Y si no había necesidad de los paraísos fiscales para inventar crear y vender las subprimes, éstas participaron en esta carrera de la desreglamentación y de la rentabilidad que justificó todas las innovaciones financieras. Según una obra de 2013 que lleva por título Tax Havens: How Globalisation Really Works, firmada por Ronen Palan, Richard Murphy y Christian Chavagneux, los paraísos fiscales tienen un papel activo en la inestabilidad y las crisis financieras. En la obra L’Économie mondiale en 2018, Anne-Laure Delatte, economista en el CEPPII, cuestiona esta conclusión, pero subraya que “la talla de las finanzas del shadow banking, en las Islas Caimán o en Irlanda, es completamente desmedido, hasta alcanzar el 170.000% y 1.400% del PIB, respectivamente”.

En realidad –y ésa es la función de los paraísos fiscales–, se ignora lo que los bancos hacen en estas jurisdicciones. Si es cierto una cosa: mejoran la rentabilidad de sus productos y esto no es inocuo porque ello influye en la financiación de la economía, que a su vez ejerce presión sobre la inversión real y sobre los actores de las políticas económicas.

Financiación, crecimiento de las desigualdades, competencia fiscal, destrucción del Estado del bienestar y de la protección social... los paraísos fiscales inciden en cada uno de estos fenómenos. En ese caso, en la lucha contra la optimización fiscal legal es esencial saber si esta batalla puede llevarse a cabo sin modificar profundamente la naturaleza del capitalismo financiero globalizado. Muchos responden afirmativamente y consideran que la lucha iniciada por las autoridades puede dar sus frutos. Anne-Laure Delatte afirma que “desde los años 80 y la financiación del capitalismo, los paraísos fiscales han aumentado su peso. Las autoridades no respondieron hasta después de la crisis financiera con el G20 de Los Cabos en 2012. Hay que esperar para poder sacar una conclusión de estas acciones”. Para Delatte, la llave es la movilización de la sociedad civil en contra de los lobbies. “La lucha contra los paraísos fiscales es un proceso político. El hecho de que el Consejo Constitucional rechace que las multinacionales elaboren un informe país a país es el fruto de las presiones del sector económico y necesitamos que la sociedad civil, con las ONG y los medios de comunicación, actúen en sentido contrario para presionar a los políticos”.

Pero el poder de los paraísos fiscales podría también residir en su papel sistémico, donde se encontraría la llave de las reticencias políticas. La lucha contra la optimización fiscal no puede limitarse a este fenómeno de manera aislada, debe proponer una alternativa al funcionamiento de la globalización porque lo que permite el auge de los paraísos fiscales es la liberalización de los flujos de capitales, motivado por la creencia de que esta liberalización permitía aumentar la riqueza garantizando una asignación óptima de recursos. Esta creencia es aún tenaz y limita singularmente la lucha contra la optimización fiscal.

Los políticos dan marcha a atrás ante la idea de reducir esta libertad de circulación del capital, al temer que pueda derivar en una reducción de la riqueza creada. En el caso de la UE, se añade otro riesgo: el cuestionamiento de la propia construcción europea. Por eso la UE sigue rechazando ver en Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta o Chipre paraísos fiscales. Y por eso mismo las luchas son siempre parciales. Estamos frente a un fenómeno bastante cercano a los temores vinculados a la regulación financiera, donde se teme que yendo demasiado lejos se reduzca la aportación de las finanzas al crecimiento. Por eso, como con las finanzas, los responsables políticos se indignan notablemente pero a menudo dan un paso atrás, por miedo a desestabilizar un sistema económico del que son incapaces de imaginar cualquier superación.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido este miércoles de que la revelación de los llamados papeles del Paraíso (Paradise Papers) no será suficiente para acabar con los paraísos fiscales, pero servirá para impulsar políticas de ámbito supranacional. Por ello, ve necesario una evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal en España.

En una nota, recogida por Europa Press, el sindicato se muestra en contra del "optimismo" mostrado sobre este asunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según la cual los territorios offshore dejarán de existir en apenas unos años al contar con acuerdos para intercambiar información tributaria.

En este sentido, recuerda que en junio de 2009 la Cumbre del G20 en Londres abrió la posibilidad de imponer sanciones a los países que no cooperaran en la lucha contra la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, lo que impulsó a que los estados offshore suscribiesen los doce acuerdos sobre intercambio de información requeridos para poder salir de esta lista negra de paraísos fiscales.

Sin embargo, señala que la firma de un acuerdo de este tipo "no garantiza el intercambio efectivo de información". "En virtud de esos acuerdos se puede pedir la información que se conoce, pero es imposible pedir la información que una administración tributaria desconoce pues las peticiones genéricas de información, fishing expeditions, están prohibidas", explica.

Por ello, Gestha asegura que normalmente este compromiso se condiciona a casos muy específicos en los que se dispone de un indicio de la existencia de intereses económicos en un paraíso, lo que "no asegura una verdadera transparencia de las operaciones y la fiscalidad de las empresas o contribuyentes afectados".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha anunciado el inicio "de oficio" de las investigaciones por la AEAT, aunque los técnicos de Hacienda señalan que esas investigaciones pueden tardar varios meses en ser notificadas a los afectados debido a que las investigaciones preliminares se asignan a un número muy reducido y "escogido" de funcionarios.

En este sentido, Gestha ha reclamado continuamente a la AEAT que autorice a los técnicos de Hacienda a que notifiquen de forma inmediata el inicio de las investigaciones para evitar que se presenten declaraciones complementarias que les ahorren las sanciones y las responsabilidades penales por los presuntos delitos fiscales que hayan podido cometer.

"Un pequeño paso con efectos muy limitados"

Los técnicos señalan que la primera lista europea de paraísos no cooperativos excluirá a los centros offshore "con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en ámbitos bancario, registral y mercantil". Por ello, a su juicio esta lista será solo "un pequeño paso con efectos muy limitados" en la lucha contra la evasión de impuestos corporativos y la injusta competencia fiscal".

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, considera que para acabar con los paraísos fiscales "lo primero sería detectar todos los que existen y los que se creen en el futuro", así como "aumentar la presión internacional para acabar tanto con su opacidad como con sus privilegios tributarios".

Evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude

Entre sus propuestas, los técnicos plantean la elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.

Así, creen que después se debería acordar una planificación temporal estableciendo unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas, así como llevar a cabo un control por las Cortes Generales de los resultados de la Agencia estatal Tributaria para garantizar una gestión transparente, neutral e independiente.

De igual forma, proponen igualar el plazo de prescripción administrativa y penal a 5 o 10 años en los casos de delitos agravados, así como unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados, y concretar los requisitos para la exigencia de la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos.

En el marco de la OCDE, instan a proseguir con los acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en paraísos fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas de elusión de las multinacionales.

De aplicarse estos acuerdos, los técnicos sugieren que el Gobierno de España alcance acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las entidades de "banca privada", y negociar acuerdos con las entidades emisoras de tarjetas con el objetivo de identificar a las personas que utilizan "habitualmente" las tarjetas de crédito o débito en España a nombre de sociedades, fundaciones o entidades cuyos pagos se cargan contra cuentas bancarias situadas en el extranjero.

Por último, propone que la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y el control del gasto público y de las subvenciones en las grandes empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total, y realizar un control "exhaustivo" de las sociedades patrimoniales para evitar la elusión del IRPF de socios y administradores.

La filtración de los 13,4 millones de documentos bautizados como los Papeles del Paraíso ha vuelto a dar argumentos a quienes abanderan la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión de impuestos tanto de las grandes empresas como de las mayores fortunas del mundo. Según los cálculos de la ONG Oxfam Intermón, la red mundial de paraísos fiscales permite a los más ricos evitar el pago del 30% de los impuestos que les corresponden. En esos territorios de baja o nula fiscalidad y opacos al escrutinio internacional, esconden los multimillonarios 7,6 billones de dólares, una cifra que supera los PIB de Reino Unido y Alemania sumados.

La nueva filtración, tras los Papeles de Panamá en 2016, coincide también con la investigación que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo sobre la política contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero tanto de las instituciones de la UE como los gobiernos nacionales. El informe resultante es una dura crítica a la falta de voluntad política y la ineficacia de todos los estamentos implicados en la lucha contra una lacra que le cuesta a la UE un billón de euros al año. Si la lupa se acerca a España, resulta que en 2016 cuadriplicó sus inversiones en paraísos fiscales. Un volumen apreciable si se tiene en cuenta que la economía nacional dirige hacia estos territorios offshore uno de cada cuatro euros que invierte, más de lo que destina a América Latina y el Caribe.

Precisamente por esa pasividad, si no negligencia, de las autoridades mundiales, Oxfam Intermón apremia a los gobiernos a tomar cinco “medidas urgentes” para combatir el uso de paraísos fiscales.

La primera, elaborar una lista negra de paraísos fiscales acompañada de sanciones “potentes”. Hasta ahora todos los intentos para redactar un instrumento tan sencillo se han visto abocados al fracaso por los intereses de los propios países. Como ni siquiera se han puesto de acuerdo en definir qué es un paraíso fiscal, la última elaborada por la OCDE sólo incluye uno, Trinidad y Tobago. Únicamente si un país se niega a ser transparente es considerado “paraíso fiscal” por la organización de las naciones más ricas del mundo. La UE se ha comprometido a publicar su propia lista el próximo 5 de diciembre. Como criterios para incluir un territorio en ese índice se añadirán a la transparencia, la equidad fiscal y un indicador de tipos impositivos nulos. Pero dejará fuera a los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que Holanda, Luxemburgo, Irlanda y ChipreLuxemburgo –entre los más agresivos según Oxfam– se librarán de la etiqueta.

Este mismo martes y ante sus homólogos del Ecofin en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, propuso crear una “lista gris” de paraísos fiscales, paralela a la lista negra, que incluya las jurisdicciones no colaborativas pero que estén “adaptándose” a los requisitos internacionales. En la primera, aseguró, podría figurar Gibraltar cuando Reino Unido abandone la UE. Con Andorra fue más suave: “Está en proceso de mejora”.

Oxfam reclama que la lista se elabore “sin interferencias políticas” y que incluya sanciones o desincentivos. Además, propone que los gobiernos nacionales apliquen normas sobre las sociedades extranjeras controladas (CFC por sus siglas en inglés), aquéllas que operan en una jurisdicción distinta de donde residen sus propietarios, de forma que tributen por los beneficios que transfieren artificialmente a paraísos fiscales. O que practiquen retenciones sobre royalties e intereses.

Más transparencia

La segunda iniciativa planteada por la ONG es obligar a las grandes multinacionales a publicar informes “país por país” de sus ingresos, beneficios e impuestos. De esta forma se podrá comprobar fácilmente si la empresa paga los impuestos que le corresponden en cada país. Ya hay propuestas en esta dirección tanto en la UE como en la OCDE. Pero, en el caso de la primera, las empresas sólo deben proporcionar esa información sobre sus operaciones en países comunitarios. E incluso, denuncia Oxfam, algunos gobiernos están bloqueando la aprobación final de la medida. Por lo que se refiere a la OCDE, ésta limita el acceso a los informes país por país a las autoridades tributarias. Oxfam exige que se haga pública a todos los ciudadanos.

La ONG también pide a los gobiernos que creen un registro público y centralizado de los titulares reales y últimos de las empresas, trusts y fundacionestrusts. Además, a su juicio debería ser obligatorio el intercambio automático de datos entre los diferentes países. Así, éstos podrían recaudar impuestos de los ciudadanos que deslocalizan su riqueza.

La directiva antiblanqueo de la UE ya obliga a crear estos registros, pero sólo permite acceder a sus datos a las autoridades fiscales. Más de 100 países se han comprometido también a intercambiar información sobre activos financieros e ingresos de ciudadanos extranjeros en sus instituciones financieras, a través de dos instrumentos distintos: uno de la OCDE y otro de Estados Unidos, la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, en virtud de la cual el Gobierno de Washington ha firmado acuerdos con diferentes naciones, entre ellos España. Pero Oxfam considera necesario añadir sanciones a los bancos, a los países y a los paraísos fiscales que se nieguen a intercambiar información.

Reforma fiscal mundial

La cuarta medida propuesta por la ONG se basa en “reequilibrar los acuerdos fiscales” para impedir que sean injustos con los países en desarrollo. “Por lo general”, explica Oxfam, los acuerdos asignan injustamente más derechos fiscales al país con mayores ingresos, por lo que el dinero acaba saliendo desfiscalizado de los países en desarrollo hacia los ricos”. Muchos de esos acuerdos, destaca, permiten que las multinacionales no paguen impuestos ni en el país de origen ni en el de destino. Según los datos de Oxfam, África pierde 14.000 millones de dólares en ingresos fiscales por el uso que sus grandes fortunas hacen de los paraísos fiscales.

Finalmente, la ONG exige la creación de un organismo mundial que dirija y coordine la cooperación fiscal de todos los países. Una figura a la que se oponen la mayoría de los gobiernos de la OCDE, reconoce por otra parte Oxfam. Los países más ricos también rechazan negociar una ronda de reformas fiscales para crear “un nuevo sistema fiscal internacional”. Para la ONG, las revelaciones de los Papeles del Paraíso dejan claro que las iniciativas internacionales en marcha contra el abuso fiscal “no funcionan”. “Los evasores siguen actuando como de costumbre, sin haber cambiado sus prácticas”, lamenta. Porque las últimas reformas quedan lejos de resultar eficaces: “Continúan replicando los mismos defectos que han afectado al sistema fiscal internacional hasta ahora”.

Otro miembro de la familia real británica se ha visto implicado en los papeles del Paraísolos papeles del Paraíso(Paradise Papers), después de que este domingo lo hiciera la reina Isabel II. La investigación periodística sobre la evasión fiscal en paraísos fiscales, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han colaborado casi un centenar de medios de todo el mundo, señala en esta ocasión al príncipe Carlos, cuyo ducado de Cornwell aparece ligado a inversiones en sociedades offshore en las Islas Caimán y en las Bermudas.

LaSexta y El Confidencial —únicos medios españoles que han participado en esta investigación— han desvelado este martes además que la empresaria Corinna, conocida por su amistad con el rey emérito, Juan Carlos I, trasladó su empresa de asesoría, Apollonia Associates Limited, de Reino Unido a Malta, donde apenas se pagan impuestos. Precisamente a Malta también trasladó sus derechos musicales Shakira. Según han revelado, la cantante creó una sociedad en el país insular en 2007 y solo dos años más tarde aumentó su valor con una emisión de 1 euro, una suma a la que fueron asociados los 31,6 millones de euros que valían sus derechos.

Además, este martes ha salido a la luz que Juan Villalonga, compañero de pupitre del expresidente Aznar —cuya relación de amistad le permitió llegar a ser presidente de Telefónica— también está presente en los Paradise Papers. La investigación refleja que Villalonga poseyó dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y las Caimán con su segunda mujer, Adriana Abascal, con quien el empresario participó en una compañía maltesa y otras dos luxemburguesas. Villalonga ha negado cualquier tipo de ilegalidad a El Confidencial.

Los 'papeles' señalan también al fútbol

Los papeles del Paraíso también han dado a conocer prácticas cuestionables alrededor del mundo del fútbol. En concreto, se trata de un partido amistoso entre la selección española y la de Uruguay, de cuya organización se encargó la Asociación Uruguaya de Fútbol a E.S.M. Group, una sociedad offshore registrada solo unos meses antes en el paraíso fiscal de las islas Seychelles.

Según los documentos, al frente de esta sociedad estaba un misterioso cirujano ortopédico alemán. Los registros del despacho Appleby —que junto a Asiaciti Trust protagoniza esta investigación basada en una filtración múltiple de 13,4 millones de documentos procedentes de estos dos bufetes— demuestran que esta persona actuaba como testaferro de otra "con un perfil alto en la gestión de eventos deportivos".

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha publicado este lunes las declaraciones de la renta de 2015 y 2016 junto a un mensaje en el que defiende sus explicaciones con respecto a su aparición en documentos de empresas con sede en paraísos fiscales.

"Mi declaración de renta es pública, así como las explicaciones que hace dos semanas ofrecí sobre Paradise Papers", señala Santos en un comunicado que acompaña a las declaraciones.

Santos fue director de la empresa Global Tuition & Education Insurance Corporation hasta 2000, antes de ocupar la cartera de Hacienda. Solo estuvo en un año y medio en esa firma, tiempo durante el cual solo asistió a una junta directiva, según El Tiempo.

Santos no recibió ninguna remuneración durante ese lapso ni tampoco hizo ninguna inversión en esa compañía y recordó hace dos semanas que no ha invertido en la compañía Global Tuition.

"Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía", ha asegurado Santos. "Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos", ha añadido.

"Los temas de educación siempre han sido de gran interés para mí. Fui muchos años miembro del consejo directivo de la Universidad de la Andes y fundador del colegio Los Nogales. Por ese motivo me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo", ha aseverado.

"Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios", ha argumentado.

El presidente sostuvo que su relación como miembro de junta terminó antes de que asumiera como Ministro de Hacienda y que "no hubo lugar a remuneración alguna pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar".

"No he tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo", ha apostillado.

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton y las multinacionales Nike, Appel y Uber también eluden impuestos a través de sociedades offshore. Así lo ha dado a conocer laSexta este lunes en su programa Más vale tarde, donde ha continuado revelando algunos de los nombres que aparecen en Los Papeles del Paraíso (Paradise Papers), la investigación internacional coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que han colaborado casi un centenar de medios —entre ellos, los españoles laSexta y El Confidencial— sobre cómo y quiénes están detrás de los paraísos fiscales, dada a conocer este domingo.

Según ha informado la cadena, el piloto británico habría adquirido un jet privado de 27 millones de dólares con cortinas de Armani y, gracias al asesoramiento del despacho Appleby —que junto a Asiaciti Trust protagoniza esta investigación basada en una filtración múltiple de 13,4 millones de documentos procedentes de estos dos bufetes— consiguió que le devolvieran 5,2 millones de dólares (4,5 millones de euros) de IVA. Hamilton se benefició de la devolución de la tasa creando una sociedad en Isla de Man.

En la misma línea, la conocida marca Nike habría creado un subsidiario en Bermudas para evitar pagar impuestos. De este modo,Nike cobraba regalías de marca a la sede europea en Holanda a través de esta sociedad y evitaba pagar impuestos por transferir miles de millones de ganancias fuera de Europa.

Otra multinacional que también se habría beneficiado del asesoramiento de este despacho de abogados habría sido Apple, que habría llevado a cabo una reestructuración de sus compañías irlandesas a finales de 2014 —se asentó en Jersey tras las medidas adoptadas por Irlanda contra empresas que pagaban bajos impuestos— para seguir disfrutando de tasas ultra bajas sobre la mayoría de sus ganancias y mantenerlas fuera de EEUU.

Por su parte, la famosa aplicación de servicios de transporte privado Uber habría utilizado los servicios de Appleby para crear una CV holandesa, un tipo de sociedad que no paga apenas impuestos.

"Un nuevo impulso" 

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, ha confiado este lunes en que la filtración de los llamados Papeles del Paraíso sirva para dar "un nuevo impulso" al trabajo de la Unión Europea para combatir la evasión fiscal, ha informado Europa Press.

El político letón ha señalado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) que estas revelaciones "ponen un énfasis renovado" en los esfuerzos del Ejecutivo comunitario, al mismo tiempo que ha defendido que en los últimos años se han aprobado medidas como la directiva contra el blanqueo de capitales y el intercambio de información tributaria entre las autoridades fiscales de los Estados miembros.

"Este trabajo debe continuar y como he dicho espero que aporte un nuevo impulso al trabajo de la UE contra la evasión fiscal", ha indicado Dombrovskis, quien además ha subrayado que estos casos "enfatizan la necesidad de que todos los Estados miembros se impliquen". "Creo que casos como este exactamente enfatizan la necesidad de que todos los Estados miembros se impliquen porque son los Estados miembros los que pierden sus ingresos", ha manifestado.

Así, Dombrovskis ha recordado que los países deben cerrar acuerdos sobre medidas como que la información fiscal de empresas en cada país de la UE sea pública o en relación al gravamen sobre los gigantes digitales para que paguen más impuestos en la UE. "Esperamos que esto ponga un nuevo sentido de urgencia en este trabajo", ha insistido.

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, también se ha pronunciado sobre la filtración afirmando que es "una buena noticia y una mala noticia" al mismo tiempo.

En este sentido, ha explicado que es una "mala noticia" porque evidencia que hay empresas e individuos que siguen evadiendo impuestos, pero también es "buena noticia" porque ayuda a "tomar conciencia" sobre la necesidad de progresar en la lucha contra la evasión fiscal.

De esta forma, el comisario francés ha defendido la importancia de avanzar en cuatro frentes, que son la propuesta sobre intermediarios fiscales, la elaboración de la lista negra de paraísos fiscales, la creación de una base imponible común y consolidada del impuesto de sociedades y la lucha contra el fraude transfronterizo del IVA.

En la misma línea, el todavía presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha destacado los esfuerzos conseguidos en los últimos años para combatir la evasión fiscal y ha mostrado su confianza en mayores avances con la propuesta para los intermediarios y gracias a la lista negra de paraísos fiscales.

En relación a esta lista, el objetivo de la Comisión Europea es que sea publicada a finales de este año. Por ello, los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) tendrán este martes en su reunión una discusión "preliminar" sobre la cuestión, con el objetivo de informar sobre los progresos conseguidos, según fuentes comunitarias.​​​​​

Un trust (fideicomiso) es un mecanismo muy usado en el mundo anglosajón que permite esconder la relación de una o varias personas con activos de diverso tipo. Ese acuerdo camufla el control de una sociedad pantalla de la que dependen los bienes. El Consorcio de Periodistas de Investigación y sus medios asociados, detrás de los papeles del Paraíso, han descubierto el fideicomiso por un correo enviado desde el bufete Appleby al banco RBS Coutts, en Ginebra (Suiza). En este banco radicaban los fondos.

La sociedad pantalla, por otra parte, tenía su domicilio en las Islas Vírgenes

Británicas, uno de los mayores agujeros fiscales del mundo. Tras la muerte de la madre, se activó un mecanismo para repartirse los activos ocultos hasta el momento. 

El pasado viernes, El Confidencial y La Sexta entrevistaron a Trias en el Parlament de Cataluña y le preguntaron por sorpresa sobre el fideicomiso y la sociedad en las Islas Vírgenes. El dirigente negó conocer cualquier relación de sus hermanos o de él mismo con ninguna sociedad, trust o mecanismo opaco.trust "Exactamente no sé de qué me habla. Yo he recibido dinero de la herencia de mi madre. No de ningun trust, que yo sepa, ni de dinero del extranjero (...) Son preguntas que no conozco, que no tengo ni idea. Me parece rarísimo", aseguró.

José María Cano (Mecano) también aparece

Trias no es el único nombre español que ha aparecido en esta primera entrega de los papeles del Paraíso. José María Cano, miembro y fundador del famoso grupo Mecano, registró en enero de 2017 una sociedad en Malta, participada a su vez de otra entidad en Curazao (territorio autónomo de los Países Bajos en América del Sur), para gestionar todos los ingresos de su negocio de arte. Ambas islas tienen una tributación baja para las sociedades allí registradas. 

La filtración de los papeles del Paraíso ha sido obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y se publica en 96 medios de todo el mundo, entre ellos, The New York Times, The Guardian, Le Monde y El Confidencial y La Sexta en exclusiva para España. 

El cantante de U2, Bono, es dueño de un centro comercial en Lituania a través de una sociedad offsore en Malta.El músico, según los Papeles del Paraíso, divulgados este domingo en España por laSexta y El Confidencial, aparece como accionista de una sociedad denominada Nude Estates Malta Limited que, entre otros negocios, tiene participaciones en dos sociedades lituanas que nos llevan a un centro comercial en Utena llamado Aušra, que significa "amanecer" en la lengua de ese país.

Bono ha asegurado a los medios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que "era un inversor pasivo y minoritario en Nude Estates Malta Ltd, una compañía que estaba legalmente registrada en Malta hasta que se liquidó voluntariamente en 2015. Malta es una jurisdicción establecida dentro de la UE".

Por su parte, la cantante Madonna aparece como accionista de una compañía de suministros médicos radicada en Bermudas, un paraíso fiscal.Madonna Louis Ciccone, como se llama la artista, aparece como accionista de una compañía offshore llamada Safegard Medical Limited, especializada en suministros médicos. El 30 de junio de 1998, la cantante adquirió 2.000 acciones de la sociedad y la dirección de contacto en Nueva York que aportó coincide con la de Shari Goldschmidt, su manager. Según la Gaceta Oficial de Bermudas, en febrero de 2013  se disolvió SafeGard Medical Limited. Madonna no ha respondido a las preguntas del ICIJ.

Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría recibido 850.000 euros del magnate ruso Yuri Milner en 2015. Así se desprende de los papeles del Paraíso, la mayor filtración de documentos de la historia (13,4 millones) con origen en dos despachos de abogados y 19 jurisdicciones opacas que afecta a 127 políticos con intereses offshore. 

La investigación señala a un segundo lazo económico de la Administración Trump con Rusia. El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, es accionista destacado de Navigator Holdings, una naviera que ofrece servicios de transporte marítimo regulares al yerno de Putin y a otros oligarcas sancionados.

La filtración de documentos fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y se publica en 96 medios de todo el mundo, entre ellos, The New York Times, The Guardian, Le Monde y El Confidencial y La Sexta en exclusiva para España.

Yuri Milner es el cofundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank, banco público ruso utilizado como herramientas financiera del Kremlin y sobre el que pesan sanciones en EEUU. No es la primera vez que el yerno de Trump protagoniza una polémica relacionada con Rusia. El pasado mes de mayo, el FBI le incluyó en la investigación en torno a la presunta injerencia de Rusia en las elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca. Kushner tuvo varios encuentros en diciembre con el embajador ruso, Sergei Kisliak, y con un banquero del Vnesheconombank (VEB), Sergei Gorkov, sobre el que también pesan sanciones estadounidenses. 

El dinero que VTB Bank metió en DST Global se utilizó, según recoge El Confidencial, para realizar inversiones millonarias en Facebook y Twitter en 2011. El Congreso de EEUU está investigando a las principales redes sociales por el papel que tuvieron en la difusión de noticias falsas y escándalos inventados durante la campaña de Donald Trump.

Wilbur Ross tiene autoridad directa sobre políticas comerciales y es una de las voces más influyentes en las relaciones económicas entre EEUU y otros países. Antes de aceptar su cargo, accedió a vender la mayor parte de los activos de sus empresas, pero no los de Navigator, registrada en las Islas Marshall. Las entidades offshore en las que figuran Ross, y otros inversores, controlaban en 2016 el 31.5% de la compañía, según el más reciente informe anual de Navigator.

Entre los principales clientes de esta empresa se cuenta Sibur, un gigante del gas y la petroquímica con sede en Moscú. El conglomerado es copropiedad de Kirill Shamalov, casado con la hija menor de Putin, y Gennady Timchenko, el oligarca también sancionado.

El mayor accionista de Sibur, Leonid Mikhelson, controla una compañía energética que también fue sancionada por apoyar el gobierno de Putin. Navigator les ha facturado cerca de 70 millones de dólares desde 2014.

Aunque varios miembros destacados de la campaña de Trump han sido investigados, hasta ahora no había constancia de conexiones empresariales con el entorno directo de Putin.

La reina Isabel II invirtió 7 millones de dólares en un fondo del paraíso fiscal de las islas Caimán. Es otra de las grandes revelaciones de los papeles del Paraíso, la nueva filtración de políticos y personalidades auspiciada por el Consorcio de Periodistas de Investigación, con participación de los medios españoles El Confidencial y La Sexta. La monarca tiene una cuenta para gastos personales, cuyos ingresos provienen del ducado de Lancaster: un conjunto de tierras, propiedades y activos que pertenecen a la reina. El ducado de Lancaster invirtió 7,5 millones de dólares en la sociedad Dover Street VI Cayman Fund LP en 2005, como explica La Sexta. 

El fondo invirtió en una empresa de desarrollo de tecnología de huellas dactilares para teléfonos móviles y en compañías farmacéuticas y de alta tecnología. En 2008, el ducado recibió unos 360.000 dólares gracias a la inversión que realizó en 2005. El ducado de Lancaster, según la filtración, invirtió desde 2004 hasta 2010 en otra sociedad, Jubilee Absolute Return Fund, con sede en Bermudas. La reina no está obligada a revelar los detalles de su riqueza personal y paga impuestos voluntariamente. 

Por otro lado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aparece como director de dos sociedades offshore en Barbados, otro paraíso fiscal: Nova Holding Company, y Global Tuition & Education Insurance Corp. Santos, preguntado por los periodistas del consorcio, ha asegurado que no fue ni inversor ni accionista de las sociedades y que ejerció esas labores por razones humanitarias. 

El círculo cercano y el partido del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también aparecen en los papeles del Paraíso. El recaudador de fondos de campaña en 2015 y amigo íntimo de Trudeau Stephen Broffman tuvo negocios offshore con su padrino, Leo Kolber. los documentos sugieren que la compañía de inversión privada de Broffman, Clarigde, ayudó durante 25 años a mover millones de dólares a entidades de la familia Kolber evitando pagar impuestos en Canadá, Estados Unidos e Israel.

La filtración de los papeles del Paraíso, según los periodistas que han trabajado en ella, es mayor que la de los papeles de Panamá, también destapada por el Consorcio de Periodistas de Investigación. Procede de dos despachos especializados en paraísos fiscales y engloba a 19 jurisdicciones opacas. Por ahora señalan a 127 políticos con intereses offshore.

La filtración fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y se publica en 96 medios de todo el mundo, entre ellos, The New York Times, The Guardian, Le Monde y El Confidencial y La Sexta en exclusiva para España.