España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

Los documentos de los clústeres tecnológicos de la Comunidad de Madrid que, como reveló infoLibre, destinaron 145.200 euros de fondos públicos en 2024 al despacho del exministro del PP Rafael Catalá, muestran otro extraño movimiento de fondos: algunos de los gerentes que los dirigen han cobrado de las propias entidades que gestionan, ya sea a través de empresas de su titularidad o prestando servicios remunerados a otros clústeres del mismo programa. Todo el dinero procedía de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

La documentación examinada por este medio —las cuentas justificativas de las subvenciones nominativas correspondientes al ejercicio 2025 del Clúster de Transformación Digital y las del ejercicio 2024 de los cuatro clústeres— revela dos casos distintos pero análogos, en un entramado donde toda la actividad conocida se externaliza al 100% y no consta ningún mecanismo de control de incompatibilidades.

Olga Álvarez Anguita figura como gerente del Clúster de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Su correo de contacto oficial, publicado por la propia asociación en una nota de prensa de septiembre de 2025, pertenece al dominio de Sunte Solutions SL, empresa de la que es administradora única según el Registro Mercantil.

Las cuentas justificativas de la subvención nominativa recibida en 2025 por el Clúster de Transformación Digital —el único que ha publicado las de ese año— reflejan que Sunte Solutions SL facturó aproximadamente 29.430 euros a la asociación en concepto de servicios de gestión y coordinación. Es decir, la gerente del clúster cobró de ese mismo clúster a través de su propia empresa.

Las cuentas anuales de Sunte Solutions SL depositadas en el Registro Mercantil permiten dimensionar el alcance de ese contrato. En 2023, la empresa obtuvo un beneficio neto de 147,52 euros. En 2024, el resultado mejoró hasta los 24.766 euros. Lo facturado al clúster en 2025 supera el beneficio total de la empresa en 2024 y equivale a doscientas veces el de 2023. En ambos ejercicios, Sunte Solutions no tenía ningún empleado, según sus cuentas anuales. Las cuentas de 2025 no están disponibles.

infoLibre ha contactado con Álvarez Anguita por varias vías para saber si recibe además alguna remuneración directa como gerente, si hubo proceso competitivo para adjudicar el contrato a Sunte Solutions y si considera que existe un conflicto de interés en esta situación; pero este medio, en el momento de publicar esta información, no ha recibido respuesta.

El segundo caso tiene como protagonista a Mario Carabaño, gerente del Clúster de Internet de las Cosas. Las cuentas justificativas de los cuatro clústeres correspondientes a 2024 revelan que Carabaño cobró 42.350 euros por redactar las memorias justificativas de las otras tres asociaciones del programa: 14.520 euros del Clúster de Blockchain, 13.310 del de Inteligencia Artificial y 14.520 del de Transformación Digital. Los pagos se realizaron a su nombre y con su DNI.

En total, los tres documentos elaborados por Carabaño suman 128 páginas, —muchas de ellas de sin texto—, lo que significa que cobró a razón de 330 euros por página de memoria. El Clúster de Internet de las Cosas, del que Carabaño es gerente, encargó la memoria a una empresa externa. Contactado por varias vías, Carabaño tampoco ha respondido a las preguntas remitidas de infoLibre.

Los estatutos de los clústeres —los tres que están disponibles en la sede electrónica, todos excepto el de Transformación Digital— regulan los cargos de la Junta Directiva: presidencia, vicepresidencia y secretaría; y establecen que serán no remunerados. Sin embargo, no contienen ninguna referencia a la figura del gerente ni tampoco establecen ningún régimen de incompatibilidades para ese cargo.

Además de los pagos directos a Carabaño, las cuentas de 2025 del Clúster de Transformación Digital —el que gestiona Álvarez Anguita— reflejan un pago de 16.940 euros a Business Integration Partners (BIP), empresa en la que trabaja Carabaño. 

Como ya reveló infoLibre, los cuatro clústeres carecen de estructura propia y externalizan la totalidad de su actividad conocida, según sus cuentas justificativas. La Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, titular de los convenios y subvenciones nominativas que financian a las asociaciones, no ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre sobre si tiene conocimiento de estos pagos y si existen o existían controles al respecto. Tampoco lo han hecho las propias asociaciones. 

Los cuatro clústeres se constituyeron el 19 de septiembre de 2022 en reuniones simultáneas de diez minutos de duración. Desde entonces, han recibido de la Comunidad de Madrid 800.000 euros en virtud de cuatro convenios en 2024 y una cantidad equivalente en subvenciones nominativas en 2025, cuyas justificaciones aún no han sido publicadas en su integridad. Para 2026, el Gobierno de Ayuso ha incluido cuatro partidas, una por asociación, en los Presupuestos Generales y ha rebajado su asignación a 100.000 euros para cada una, 400.000 euros en total.

La oposición ha reaccionado a las informaciones publicadas por infoLibre sobre estas asociaciones. Más Madrid presentó el pasado 25 de febrero una solicitud ante la Mesa de la Asamblea para que la Cámara de Cuentas fiscalice los convenios firmados por la Comunidad de Madrid con los cuatro clústeres. La diputada Marta Lozano, autora de la iniciativa, describió el término "clústeres" como "nombre rimbombante para una asociación de toda la vida" y reclamó saber "los motivos por los que parte del dinero acabó en el bolsillo de Rafael Catalá". 

El PSOE también ha registrado, a raíz de la investigación de infoLibre, varias iniciativas para que el Gobierno regional explique qué proyectos han llevado a cabo las asociaciones y qué participación tiene la Comunidad de Madrid en ellas.

Sin embargo, la actitud de los socialistas no siempre ha sido de denuncia. Meses antes de que salieran a la luz estas informaciones, durante la tramitación de los Presupuestos autonómicos para 2026, el grupo socialista presentó cuatro enmiendas al articulado de los presupuestos —G-51, G-52, G-53 y G-54— para añadir 200.000 euros adicionales a la dotación de cada clúster. De haber prosperado, cada asociación habría pasado a recibir 300.000 euros anuales —1,2 millones en total—, el triple de lo que percibirán este año. Las enmiendas no fueron admitidas.

La Comunidad de Madrid destinó 800.000 euros de fondos públicos en 2024 a cuatro asociaciones que denomina "clústeres tecnológicos" —dedicadas a impulsar la inteligencia artificial, el ‘internet de las cosas’, la transformación digital y el blockchain, respectivamente— que carecen de empleados y que destinan el 20% de la subvención a pagar a un bufete de abogados vinculado al Partido Popular.

Según la documentación de ejecución presupuestaria de los convenios correspondientes al ejercicio 2024, el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas facturó al menos 145.200 euros a las cuatro asociaciones de las que forma parte la Comunidad de Madrid. Estos importes se consignaron en concepto de “asistencia técnica” y se computaron como gasto indirecto. Uno de los tres socios del despacho es Rafael Catalá, ministro de Justicia entre 2014 y 2018 en los gobiernos de Mariano Rajoy. El hijo de Catalá, Ignacio Catalá Martínez, es actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Los cuatro clústeres fueron constituidos como asociaciones sin ánimo de lucro en reuniones que tuvieron lugar el 19 de septiembre de 2022, según consta en sus respectivas actas fundacionales. Las cuatro reuniones se celebraron a las 12:00 horas del mismo día y terminaron a las 12:10 h, es decir, en sesiones de apenas diez minutos. Todas se llevaron a cabo a la vez y con la misma persona representando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Extrañamente, aunque las fechas y horas coinciden en las actas, en algunas consta que la reunión se celebra en Tres Cantos y en otras en Las Rozas.

Aparecen como socios fundadores la propia Comunidad de Madrid —representada por el entonces consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo Torres— y la consultora Crowe Accelera Management. El tercer socio varía: Funditec Tecnológica Advantx en los clústeres de inteligencia artificial e ‘internet de las cosas’; la Asociación Consorcio Red Alastria en el de blockchain; y Antalis Consulting Services en el de transformación digital.

Al inicio, las cuatro asociaciones compartieron domicilio provisional en el número 30 de la calle Gran Vía de Madrid, concretamente en la quinta planta, donde la Comunidad de Madrid tiene parte de sus oficinas. También establecieron una cuota mensual simbólica de 100 euros por socio.

El 28 de diciembre de 2023, la Consejería de Digitalización, dirigida por Miguel López-Valverde Argüeso, firmó cuatro convenios de colaboración, uno por cada clúster, por un importe de 200.000 euros cada uno. Los convenios fueron autorizados por acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de diciembre de 2023.

La subvención se concedió de forma directa y sin competencia “por razones de interés público y social”. Los convenios justifican esta excepcionalidad apelando a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, pese a que los textos se firmaron casi cuatro años después del inicio de la pandemia.

Para 2025, la fórmula de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a los clústeres pasó de ser un convenio de colaboración a una subvención nominativa. Las justificaciones de estas subvenciones, que tuvieron que ser presentadas a la Comunidad de Madrid antes del pasado 31 de diciembre, no han sido aún publicadas en la sede electrónica de los clústeres, ni remitidas a infoLibre, que ha solicitado acceder a ellas sin recibir respuesta.

Los convenios también establecían que los gastos indirectos no podían superar el 20% del importe total de la subvención, es decir, un máximo de 40.000 euros por clúster. Estos costes se definen como los gastos generales de funcionamiento de la asociación: personal, dietas, desplazamientos, energía, alquiler, limpieza y asesoría, según la literalidad de los textos.

Sin embargo, las justificaciones de las subvenciones del ejercicio 2024 revelan que la práctica totalidad de esa partida de gastos indirectos —145.200 euros en total entre las cuatro asociaciones— se destinó a un único proveedor: el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas. El importe facturado a cada clúster fue idéntico: 36.300 euros, cantidad que equivale al 90% del tope máximo de gastos indirectos permitido por convenio. La facturación se produjo entre abril y diciembre de 2024, es decir, no durante todo el año, y se hizo a razón de aproximadamente 12.000 euros mensuales entre los cuatro clústeres.

Estos gastos no se corresponden con los gastos totales de los clústeres. Se trata de las justificaciones que se entregan a la Comunidad de Madrid y que se imputan a la subvención autonómica. Las cuentas generales, referentes a ingresos privados e independientes del Gobierno autonómico—si es que existieron—, no están disponibles en la sede electrónica. Al no estar registradas como asociaciones de utilidad pública, su publicación no es obligatoria.

No consta en la documentación de ejecución consultada gasto alguno en estructura ni personal propio de las asociaciones. Toda la actividad justificada ante la Comunidad de Madrid se distribuyó íntegramente entre proveedores externos: estudios encargados a firmas como Accenture, KPMG o Talent Hackers; promoción a través de Alcandora Publicidad y Merge Digital; y los citados gastos indirectos del despacho de Catalá. Incluso las memorias justificativas de las cuatro asociaciones fueron realizadas por un proveedor externo.

Rafael Catalá se incorporó a Carles Cuesta Abogados y Economistas en mayo de 2021 como primer socio externo del despacho, fundado por José Carles y Carlos Cuesta. Así lo publicó Confilegal en abril de 2021. En aquella entrevista, el propio Catalá definía la firma como un despacho especializado en “fusiones y adquisiciones, recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y derecho concursal”, al que calificó de “‘boutique muy prestigiosa”.

El perfil del bufete no guarda relación aparente con las necesidades de cuatro asociaciones dedicadas, sobre el papel, a la promoción de tecnologías. Los convenios definen los gastos indirectos como costes de “funcionamiento general” asociados a la administración del proyecto. La documentación de ejecución clasifica la facturación del despacho como “asistencia técnica”.

Los textos de los convenios excluyen expresamente de la subvención los gastos de “asesoría jurídica para la defensa civil, penal, administrativa o de otra índole”. Aunque esa exclusión se refiere específicamente a la asesoría para defensa, la pregunta sobre qué tipo exacto de servicios presta un despacho concursalista a cuatro asociaciones tecnológicas sin empleados no tiene respuesta conocida, al menos mientras el bufete no conteste a las preguntas remitidas por infoLibre.

Años antes de asumir la cartera de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2000 y 2002, Rafael Catalá fue subsecretario de Hacienda con Cristóbal Montoro al frente del ministerio. Tras su salida, entre 2005 y 2011, fue secretario y consejero de la multinacional de juego Codere, que pagó 679.000 euros a Equipo Económico, el despacho de Montoro, entre 2008 y 2012. La investigación judicial sobre el alcance de las maniobras del despacho para influir en la situación legal y fiscal de las empresas del juego está en curso y no se ha formulado acusación contra Catalá.

Su hermana, Raquel Catalá, tampoco figura como investigada en la causa, pero aparece citada en los informes del denominado caso Montoro por su papel como jefa de la delegación especial de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) en Madrid de 2012 a 2018. Según la propia Agencia Tributaria, le facilitó a uno de los imputados de la trama, entonces director de la Agencia, datos fiscales sobre los socios de Equipo Económico.

A pesar de sus múltiples intentos, Rachida Dati no podrá evitarlo. El martes 22 de julio, los jueces de instrucción que investigan los vínculos entre Renault y Rachida Dati desde 2019, han decidido enviarla a juicio. La actual ministra de Cultura ha sido puesta en manos de la sala de lo penal junto con el exdirector del fabricante de automóviles, Carlos Ghosn, fugado en el Líbano, por corrupción y tráfico de influencias, según ha informado la AFP.

En concreto, quien fuera ministra de Justicia está acusada de encubrimiento de abuso de poder y abuso de confianza, así como de corrupción y tráfico de influencias pasivas. “Vamos a recurrir hoy mismo esta decisión, que está relacionada con otra orden que hemos recibido el mismo día”, han declarado a la AFP Olivier Baratelli y Olivier Pardo, abogados de Rachida Dati. “Hay recursos pendientes, pero no impiden que los jueces de instrucción dicten su auto de fin de la fase de instrucción”, precisa una fuente judicial a Mediapart.

La alcaldesa del distrito VII de París niega todas las acusaciones y ha recurrido a todos los procedimientos para intentar anular el proceso, sin éxito. En un auto definitivo dictado el 13 de noviembre de 2024, la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) denunciaba, tras una larga investigación, el “pacto corrupto evidente” que habría celebrado con Carlos Ghosn cuando era diputada europea, en 2009, con el fin de “Renault se beneficie de la influencia que podía tener la señora Dati en el Parlamento Europeo para defender los intereses de Renault e influir en las decisiones y la normativa”.

Según la FNF, Rachida Dati habría sido encargada de ejercer presión e influir en el Parlamento Europeo en cuestiones relacionadas con la legislación sobre automóviles en nombre de la empresa, a cambio de 300.000 euros al año durante tres años.

La fecha de este juicio también será clave para Rachida Dati, que, según Le Parisien, tiene previsto presentarse a las elecciones legislativas parciales en el distrito VII de París, para luego aspirar a la alcaldía de París en 2026. Está prevista una vista preliminar para el 29 de septiembre de este año con el fin de fijar la fecha del juicio. La ministra podrá entonces saber si tendrá vía libre antes de las elecciones ya que, en caso de condena, se enfrenta a diez años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Además de este procesamiento, la ministra está implicada en muchos otros casos. Las relaciones entre el grupo Orange y Rachida Dati son también cuestionables tras las revelaciones de Libération, que afirma que ella recibió más de 800.000 euros cuando era diputada al Parlamento Europeo.

Pero sobre todo, Le Nouvel Obs y el programa Complément d'enquête destrozaron en junio la defensa de la política parisina en un tercer caso, relacionado con el grupo energético GDF-Suez. Desde 2013, Rachida Dati es sospechosa de no haber declarado sus vínculos de interés con el grupo, ahora Engie, cuando era diputada europea. ¿Su repentino interés por las cuestiones energéticas en el Parlamento fue recompensado por el grupo? Ella siempre lo ha negado.

Pero Complément d'enquête reveló documentos inéditos que muestran un vínculo financiero entre Rachida Dati y GDF-Suez, a través de un bufete de abogados que actúa como sociedad pantalla. La ministra habría recibido 300.000 euros de la empresa, sin declararlos nunca. “Si recibió esas sumas por su labor legislativa en el Parlamento Europeo, se trataría de uno de los mayores escándalos de corrupción política que hemos tenido en el Parlamento”, reaccionó en el programa Daniel Freund, eurodiputado verde alemán y especialista en temas de corrupción.

Preguntado por Mediapart, la FNF no quiso indicar si se había abierto una nueva investigación tras estas nuevas revelaciones. A pesar de esas acusaciones, todas ellas negadas por Rachida Dati y sus abogados, la alcaldesa del distrito VII ha sido confirmada en su cargo en el ministerio de Cultura y sigue contando con el apoyo incondicional del presidente de la República. Según RTL, Emmanuel Macron ha dicho que “toma nota” de este procesamiento y ha confirmado que seguirá en el Gobierno.

Traducción de Miguel López

Desde los escándalos de corrupción que en los noventa pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Felipe González, el debate sobre los grupos de presión ha formado parte de manera intermitente de la agenda pública española. Con propuestas de regulación y acusaciones de falta de transparencia por parte del PP cuando gobernaba el PSOE e idénticos argumentos por parte de los socialistas cuando los que estaban en La Moncloa eran los conservadores. El resultado: las pocas iniciativas que han llegado al Congreso para regular la actividad de los grupos de presión nunca llegaron a buen puerto.

Ahora, el caso Montoro ha resucitado el debate. De llevarse a cabo la regulación, argumentan los que la invocan estos días, el escándalo que afecta al Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy no se hubiese producido. 

Es verdad que regular los grupos de presión significaría, de llevarse a cabo, establecer un marco legal que garantizase la transparencia, integridad y rendición de cuentas en las relaciones que mantienen los lobbies con los responsables públicos (Gobierno, parlamentos, altos cargos, asesores…). No se trataría de prohibir los intentos de ejercer influencia —que es legítima en democracia—, sino de hacerlos visibles y trazables para dificultar las prácticas corruptas y el tráfico de influencias.

Hacerlo, sin embargo, ha sido hasta ahora una tarea imposible en España. Ni el PP ni el PSOE han hecho realidad la regulación de las relaciones del poder con empresas, patronales, ONG, sindicatos, colegios profesionales o cualquier organización o particular que quiera influir en los responsables públicos.

Si se hiciese, dispondríamos de un registro obligatorio y público donde debería constar la identidad de cualquier grupo de estas características, así como sus objetivos, clientes, presupuesto y las actividades que realizan.

No sería algo original. Pero tampoco borraría la corrupción de un plumazo. En la Unión Europea existe desde 2021 y no ha evitado la aparición de escándalos relacionados con la compra de voluntades de servidores públicos (el más reciente, este mismo año, el que afecta a la empresa china Huawei, que está siendo investigada por pagar supuestamente a eurodiputados para influir en la legislación del Parlamento Europeo). Pero sí la ha hecho más difícil.

La legislación sobre lobbies de la Unión Europea establece un marco voluntario, pero cada vez más exigente, que afecta a la Comisión, el Parlamento y el Consejo. En primer lugar, obliga a que la agenda de comisarios, directores generales y eurodiputados sea pública y a que su paso al sector privado (las famosas puertas giratorias) no solamente esté restringido entre dos y tres años, sino que deba evaluarse y pueda ser sometido a veto.

No obstante, inscribirse en el registro de grupos de presión ni siquiera es obligatorio en todos los casos: muchas actividades de lobby indirecto, como la redacción de informes o las relaciones públicas, no están completamente reguladas.

Los más críticos con la normativa europea señalan la existencia de otros agujeros: faltan sanciones efectivas en el caso de que un lobista mienta o incumpla sus obligaciones; no hay una verdadera “huella legislativa” obligatoria que identifique a todos los actores que han influido en una ley; y faltan controles sobre la actividad de los grupos de presión financieros, tecnológicos y energéticos, que son los más poderosos en Bruselas.

Es verdad que ha mejorado la trazabilidad de la toma de decisiones en Bruselas y ha hecho posible conocer el nombre de actores privados y organizaciones que influyen en normativas clave como el Pacto Verde. Pero no hay manera de vigilar qué está pasando cuando se trata de los primeros borradores de las normas o cuando tienen lugar las llamadas negociaciones informales.

Al final, la regulación de los lobbies no elimina el riesgo de corrupción asociado con estos grupos. Si España tuviese una legislación en vigor, al nivel de la europea, en esta materia, no hubiese impedido el caso Montoro. Veamos por qué.

Si estuviese inscrita en un registro de lobbies, Equipo Económico, la empresa fundada por el exministro que supuestamente hacía de puente con las empresas que pagaban mordidas a cambio de modificaciones legales que les favoreciesen, nunca habría hecho constar que las reformas fiscales se hacían a cambio de dinero que, supuestamente, acabaría llegando a los bolsillos de quienes las impulsaron desde el Gobierno. Se habría limitado a hacer constar que defendía los intereses de determinadas empresas ante la administración. Eso sí: habría llamado la atención de los medios sobre sus actividades, a la vista de que había sido fundada por Montoro.

Pero Equipo Económico podría también haber optado por no inscribirse y mantenerse así fuera del foco de periodistas y ONG especializadas en transparencia. Nada le hubiese impedido seguir con sus actividades, supuestamente fraudulentas. En el peor de los casos, al ser descubierta, apenas añadiría un cargo adicional a los muchos delitos que supuestamente ha cometido.

Este hecho pone el foco en que, para que una ley de lobbies fuese eficaz, la clave no solo es que esté estructurada, garantice la trazabilidad pública y establezca un régimen riguroso de incompatibilidades, sino que edifique mecanismos de control independiente. Solo así se habría dificultado la operativa que ahora investiga la justicia y que conocemos como caso Montoro.

Control independiente significa varias cosas. En primer lugar, supervisión externa a través de una autoridad independiente del Gobierno y del Parlamento como ya existe en otros países, con capacidad sancionadora, recursos suficientes y autonomía funcional. Puede adoptar la forma de una agencia de integridad pública, como las oficinas antifraude, con autoridad para verificar la veracidad y exhaustividad de los datos aportados por los lobistas, auditar las agendas de altos cargos públicos, imponer sanciones reales por incumplimientos y evaluar los conflictos de interés en fichajes y puertas giratorias. Es decir: con capacidad de vigilar de verdad si lo que dicen as autoridades y los grupos de presión es cierto.

Su trabajo, para ser eficaz, tiene que poder cruzar datos con el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria con el fin de permitir que estos órganos tengan acceso a los datos de relaciones entre lobistas y decisores públicos y así detectar financiaciones irregulares, enriquecimientos injustificados y contrataciones sospechosas.

La otra pata de un modelo eficaz de control independiente pasan por dar facilidades a los medios de comunicación y a las ONG especializadas en integridad pública (como Access Info, Transparencia Internacional o la Fundación Civio) para que puedan acceder a los datos sin trabas burocráticas, además de una verdadera protección para los denunciantes, de manera que cualquier empleado público o privado que alerte sobre prácticas indebidas de influencia tenga garantizado el anonimato y disponga de una vía protegida para denunciar.

En España, sin embargo, ni PP ni PSOE han tenido hasta ahora verdadero interés en aprobar una legislación así, a pesar de que el tema ha ido y venido en el debate público durante décadas. Muy a menudo, cuando se iniciaba una tramitación, acababa decayendo por la disolución anticipada de las Cortes y no se recuperaba en la legislatura siguiente.

En 2014, el PP no lleva buen término su intento por reformar el reglamento del Congreso para incluir un registro de este tipo de grupos de presión. Dos años después, en 2016, el Grupo Mixto presentó una propuesta similar y, aunque dio algunos pasos en el Congreso, la proposición terminó decayendo por la disolución de las Cortes. Hubo otros dos intentos en 2017: uno a iniciativa de Ciudadanos y otro de nuevo del PP Sin éxito.

Los pocos avances que se han producido han mostrado enseguida sus limitaciones. En 2020, el Congreso aprobó un código de conducta que obliga a publicar las agendas de reuniones con lobbies, pero en 2023 solo un 10% de los diputados lo cumplía íntegramente, sin que el 90% restante fuese objeto de reproche o castigo alguno.

En la actualidad, tanto el Congreso como el Gobierno han reactivado sus esfuerzos. La Cámara Baja ha aprobado un plan para crear un registro obligatorio de lobbies, con definición legal, condiciones de inscripción, trazabilidad de reuniones y normas de conducta. Y, en paralelo, el Gobierno ha reactivado un proyecto de ley que pretende establecer un registro con código de buenas prácticas, sanciones y la exclusión de lobbies que no se registren. Este proyecto ha superado su primer trámite parlamentario tras el rechazo de Vox y la abstención del PP, y ahora debe proseguir su tramitación después del verano. El texto, sin embargo, no prevé sanciones importantes para los grupos de presión que incumplan las normas ni una autoridad de supervisión independiente que vigile su cumplimiento.

Sobre este asunto, el PP guarda silencio y no responde a las preguntas de infoLibre. Pero el PSOE, a través de su portavoz, Montse Mínguez, ha dicho: “Vamos a recuperar este tema y lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados en cuanto volvamos a empezar el periodo de sesiones, sin ninguna duda”.

El concejal de Urbanismo de Cáceres, Tirso Leal, del PP, ha amenazado este viernes con querellarse por "calumnias" contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad, Belén Fernández, por traer a colación la información que ha publicado infoLibre en la que se relataba que el edil conservador oculta un conflicto de intereses en unos terrenos que pertenecen a su esposa y que el consistorio adquirirá para realizar un polígono industrial en la ciudad, después de un cambio de ubicación a lo anteriormente acordado.

Para Leal, este movimiento es perfectamente legal y, de hecho, invita a los socialistas a acudir a los tribunales si tienen sospechas de alguna práctica delictiva, además de descartar abandonar el cargo pese a encontrarse "a disposición del alcalde" desde el primer momento.

El concejal llevó al pleno este asunto y, según ha relatado Fernández, él mismo fue quien propuso el debate, pero se ausentó sin precisar los motivos que le llevaban a hacerlo. Posteriormente, los socialistas conocieron la supuesta incompatibilidad y que esta no había sido comunicada al alcalde hasta 24 horas antes y, por tanto, "en todo este tiempo oculta la información". Una situación que llevó a los socialistas a presentar una pregunta al pleno para que Leal explicara el asunto y que, según ha criticado Fernández, aún no ha sido respondida "después de más de un mes"

Por ese motivo, el PSOE ha advertido de la gravedad del conflicto y ha pedido al alcalde que, si el concejal no dimite, lo cese y lo aleje de toda responsabilidad relacionada con Urbanismo, impulsando una investigación en la Fiscalía para aclarar los hechos. "El grupo socialista ha estado, a pesar de la falta de explicaciones, apoyando este procedimiento, porque entendíamos que era fundamental para el desarrollo industrial de esta ciudad. Pero quien lo ha puesto en riesgo el propio concejal, anteponiendo el interés particular al general", ha señalado la portavoz del PSOE en la rueda de prensa.

Sin embargo, en su comparecencia, Leal no ha hecho referencia a ninguna dimisión y, de hecho, ha pasado al ataque, acusando a los socialistas de activar "la máquina del fango", en una estrategia que "forma parte del manual de estilo de Pedro Sánchez". "Me ataca a mí personalmente y lo que es más grave, a mi familia. Por eso estoy estudiando presentar una querella contra la portavoz del PSOE, Belén Fernández, por atentar contra mi honor y el de mi familia, con bulos y calumnias", ha amenazado el concejal.

A su vez, ha defendido que su cargo no le supone ningún conflicto de intereses y ha comunicado que, en el momento de su designación, pidió un informe detallado sobre las posibles incompatibilidades en las que pudiera caer. En su opinión, siempre y cuando mantuviera su abstención en asuntos como el de la finca durante las votaciones en el pleno, no habría ningún problema en desarrollar su labor.

Además, ha defendido que en el caso del que informó infoLibre no existe ese conflicto de intereses. "Mi mujer no tiene ni terrenos ni parcelas en propiedad, no es dueña de terreno, solo una participación minoritaria en una empresa familiar que a su vez tiene otra participación en otra empresa de más familias. Y ni la dirige ni tiene capacidad de decisión", se ha defendido el concejal. En línea con ello, argumenta que el cambio de ubicación de los terrenos a la que hace referencia la edil del PSOE solo se debió a criterios técnicos. "Volvemos a los bulos, a las mentiras y a los infundios", ha continuado Leal, que además ha asegurado que la negociación de los cambios no fue llevada a cabo por él sino por la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) es responsable de autorizar la comercialización de los fármacos que se consumen en España y en el resto de la UE contra las principales enfermedades. Sus decisiones impactan directamente en la cuenta de resultados de las empresas del sector. Al mismo tiempo, un reducido grupo de 21 multinacionales farmacéuticas aportan casi la mitad de los más de 400 millones que ingresa anualmente el órgano regulador.

Investigate Europe desvela, por primera vez, quiénes son las compañías que financian a la EMA. Los periodistas consiguieron los datos a través de una solicitud de acceso a información pública al amparo de la legislación europea sobre Transparencia. En concreto, pidieron conocer la identidad y el importe abonado por todas las empresas farmacéuticas en 2022. La EMA aportó un archivo con los 41.640 pagos recibidos ese año, realizados por 3.564 entidades diferentes. La Agencia cobra tasas por las solicitudes de autorización de venta de fármacos y por los cambios que se producen en las mismas, así como tasas anuales por los medicamentos autorizados.

El análisis de los datos permite alcanzar una conclusión principal: aunque son miles las entidades que abonan tasas, un reducido grupo de 21 multinacionales acapara la mitad de los pagos. En otras palabras: el presupuesto de la EMA depende en buena medida de un pequeño número de empresas, que son a su vez las principales beneficiadas por las decisiones que toma.

Novartis encabeza la lista de pagos de 2022, con 19,6 millones de euros, seguida por Pfizer (14,3), AstraZeneca (12,5), Janssen (10,5), Roche (10,2) y GlaxoSmithKline (10,2). En total, las 21 multinacionales aportaron 165,4 millones (ver el listado completo en el gráfico). 

Esta información forma parte de la investigación realizada por Investigate Europe sobre el negocio de las grandes farmacéuticas, un proyecto en el que participan más de 20 medios europeos. infoLibre publicará en exclusiva en España la investigación completa (puedes consultar aquí los artículos de la serie ya publicados).

Aunque la EMA aportó el detalle de todos los ingresos recibidos, al entender que estaba obligada a ello por la legislación sobre Transparencia, censuró la identidad de algunos pagadores. Así lo explicó en una carta enviada a los periodistas: “Se ha suprimido la información comercial confidencial relacionada con futuros planes de desarrollo. En particular, se han suprimido los nombres de los terceros que han pagado honorarios por el asesoramiento científico para evitar que la divulgación del documento menoscabe la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual".

Además de las tasas que recibe por las autorizaciones de comercialización, la Agencia también cobra a las empresas que lo solicitan por darles asesoramiento científico mientras están desarrollando un producto médico.

La información censurada afecta a pagos por importe de 36,2 millones de euros, lo que equivale al 10% de los 364,2 millones que la EMA ingresó de empresas farmacéuticas en 2022. Por tanto, la cantidad total abonada por las 21 multinacionales es aún mayor, ya que son ellas las que tienen más fármacos en desarrollo con asesoramiento científico de la Agencia.

La dependencia que tiene la EMA del dinero de la industria es casi total y se ha incrementado de forma incesante durante los últimos años.

Cuando se creó en 1995, sólo el 20% de la financiación procedía de las empresas. El resto salía de los presupuestos de la Unión Europea. En 2022, los ingresos de explotación de la Agencia ascendieron a 417 millones, de forma que los pagos de las farmacéuticas supusieron más del 85% del total [en las cuentas anuales figuran ingresos por 358,8 millones como se ve en el gráfico, mientras que en la información facilitada a través de Transparencia son 364,2, porque esta cifra incluye 5,4 millones ingresados en 2022 procedentes de años anteriores]. En 2024 se prevé que más del 90% proceda de las tasas que abona la industria. La aportación de la UE se ha ido reduciendo en paralelo y en 2022 quedó por debajo del 10% de los ingresos.

El ascenso de los ingresos procedentes de las farmacéuticas se debe en parte a que los procesos de autorización se han disparado. El regulador europeo ha dado luz verde a una media de 85 nuevos medicamentos al año en la última década, frente a una media anual de 49 en los 15 años anteriores.

Hay que señalar que este modelo, por el que las empresas farmacéuticas financian al órgano que las regula, es el que se aplica también en las agencias estatales de la mayoría de los países europeos. Con una gran excepción: Francia. El 92% de los ingresos de la Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos gala proceden de la Seguridad Social, a través del seguro de enfermedad (assurance maladie). Tienen, por tanto, origen público.

Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tuvo en 2022 unos ingresos de 83,2 millones de euros, de los que 68,9 fueron tasas pagadas por la industria, lo que equivale al 82,8% del total. Otros 11,7 millones (14,0% del total) fueron ingresos por servicios prestados a la EMA correspondientes a las actividades de autorización y seguimiento de los fármacos aprobados por el procedimiento centralizado.

La venta de un medicamento en un país de la UE puede ser autorizada por tres vías: por la EMA, en lo que se conoce como procedimiento centralizado; por las Agencias estatales como la AEMPS, o a través del reconocimiento mutuo y del procedimiento descentralizado, por el que un país aprueba un fármaco ya autorizado en otro Estado. De los 1.800 nuevos permisos anuales de medicamentos en España, el 12% recibe autorización de la EMA, el 33% de la AEMPS y el 55% sigue procedimientos descentralizados o de reconocimiento mutuo.

Sin embargo, la EMA tiene el monopolio para aprobar todos los medicamentos contra el cáncer, la diabetes, las dolencias neurodegenerativas, las enfermedades raras o virales y los producidos a través de procesos biotecnológicos o terapias genéticas. Por eso, aunque en términos cuantitativos sean menos los fármacos que aprueba la EMA, en términos cualitativos su importancia es mucho mayor. Y por supuesto también en términos económicos para las empresas, que generan la inmensa mayoría de sus beneficios gracias a fármacos aprobados por la EMA.

Para realizar los procesos de evaluación, la EMA recurre a investigadores de las Agencias estatales, y eso es lo que explica que el 14% de los ingresos de la española AEMPS procedan de la Agencia europea.

Este modelo de financiación tanto de la EMA como de la mayoría de las Agencias estatales despierta críticas entre expertos consultados por Investigate Europe ante los potenciales conflictos de interés. Los estrechos vínculos de la EMA con la industria son de sobra conocidos, afirma Yannis Natsis, quien formó parte de su consejo durante dos años y medio, en representación de los proveedores sanitarios. "La EMA tiene una larga tradición de estrecha colaboración con las empresas que se supone que debe regular”, indica Natsis.

El médico Fernando Lamata, uno de los principales expertos españoles en el tema del precio de los medicamentos, considera que “no debería haber financiación privada” ni de la EMA ni de las Agencias estatales. La razón para él es obvia: “En el sistema actual, ¿quién va a analizar los datos de los ensayos clínicos? La EMA. ¿Y quién paga a la EMA? La misma industria que realiza los estudios que tiene que analizar la EMA”.

En la Agencia Europea de Medicamentos lo ven de otra forma. Una portavoz de este organismo recuerda que las autoridades europeos ya tomaron a mediados de los noventa “la decisión política de exigir a las empresas farmacéuticas que contribuyeran a sufragar los costes de la regulación y las evaluaciones de medicamentos realizadas por la EMA”. En su opinión, es una cuestión de justicia con los contribuyentes: “Parece justo, teniendo en cuenta que las autorizaciones de comercialización aportan considerables ventajas económicas al solicitante (es decir, acceso al mercado único de la UE), que el coste de la evaluación científica y el seguimiento posterior a la autorización de los medicamentos sea compartido por el solicitante y no corra exclusivamente a cargo de los contribuyentes”. De lo contrario, añade esta portavoz, “las empresas se beneficiarían doblemente, es decir, primero por acceder al mercado de la UE, donde pueden obtener beneficios, y segundo por no pagar ningún coste reglamentario por acceder a él”.

Además, la EMA niega que los pagos de la industria afecten a las decisiones que adopta: “Los solicitantes pagan por un procedimiento, pero no por el resultado del mismo. Esto significa que una empresa paga en el momento de presentar una solicitud a la EMA; a continuación, la Agencia lleva a cabo una evaluación independiente. Utilizando la analogía de un examen de conducir, hay que pagar para hacer un examen de conducir, pero no hay garantía de aprobar el examen”.

Farmaindustria, la patronal española, tampoco ve ningún problema en que sus empresas paguen a la Agencia que las regula: “La Ley establece unas tasas para las compañías farmacéuticas por los servicios que presta la AEMPS, como sucede con muchos servicios públicos en los que el usuario paga tasas precisamente por el uso de esos servicios. Este pago de tasas no genera ningún tipo de conflicto de interés, como es obvio”. En todo caso, añade su portavoz, “la industria no tendría ningún inconveniente en que se suprimieran las tasas de la AEMPS, que no dejan de ser un coste adicional para las empresas”.

En parte de la comunidad científica preocupa que la EMA esté autorizando el uso de fármacos con ensayos clínicos poco exigentes sobre su eficacia y seguridad. "La EMA está aprobando nuevos medicamentos con mayor rapidez y con menos datos clínicos disponibles. Cada vez nos resulta más difícil evaluar su beneficio añadido real en comparación con los fármacos existentes", afirma Beate Wiseler, del prestigioso instituto IQWiG, responsable de la calidad y eficiencia sanitarias en Alemania.

Esa preocupación se dispara entre los expertos al analizar los procedimientos especiales que tiene la EMA para garantizar un acceso rápido al mercado de determinados fármacos. Existen tres vías aceleradas para obtener el permiso: la autorización condicional de comercialización (CMA, por sus siglas en inglés), la evaluación acelerada y las circunstancias excepcionales.

Investigate Europe ha analizado todos los fármacos aprobados por la EMA desde 2004, cuando se introdujo el primero de estos procedimientos especiales, hasta diciembre de 2023. En total, 198 medicamentos accedieron al mercado a través de alguna de las tres vías aceleradas. De ellos, 173 se siguen comercializando, 16 fueron retirados por los laboratorios, en 7 casos expiró la licencia y sólo en dos ocasiones la Agencia revocó la autorización (Lartruvo, patentado por Eli Lilly y usado para el tratamiento de determinados sarcomas, y Adakveo, propiedad de Novartis y autorizado para prevenir crisis vaso-oclusivas).

Una portavoz de la EMA destacó que desde 2004 la Agencia ha autorizado “más de 1.400 medicamentos”, por lo que los aprobados por una de las vías aceleradas representan el 14%.

La vía más utilizada, y la que genera mayor atención crítica de la comunidad científica, es la autorización condicional de comercialización. Esta se otorga con información insuficiente sobre la eficacia o seguridad del medicamento, para hacer frente a “necesidades médicas insatisfechas”, a condición de que la empresa aporte con posterioridad la evidencia científica que falta. Si lo hace, el medicamento obtiene una autorización estándar.

El análisis de Investigate Europe ha descubierto tres hechos llamativos: que el recurso a este procedimiento se ha multiplicado en los últimos cinco años; que dos tercios de los fármacos aprobados por esta vía son propiedad del grupo de 21 multinacionales que acaparan la financiación de la EMA, y que los laboratorios pueden llegar a tardar hasta diez años en presentar la evidencia científica que falta.

La Agencia concedió la primera autorización condicional en 2006 y hasta finales de 2023 la otorgó en total a 91 medicamentos. Pues bien, 51 de ellos recibieron el visto bueno en los últimos cinco años, mientras que en los trece años anteriores sólo lo obtuvieron 40. Al ser preguntada por estos datos, la portavoz de la EMA destacó que el recurso a este procedimiento para aprobar vacunas contra la covid-19 podía explicar en parte esos números. Sin embargo, sólo siete medicamentos relacionados con la Covid-19 recibieron este tipo de autorización. Por tanto, aun sin tener estos siete fármacos en cuenta, la conclusión es la misma: entre 2019 y 2023 la Agencia utilizó esta vía especial en más ocasiones que en los trece años anteriores.

Los datos también demuestran con claridad que los principales beneficiados por la autorización condicional son precisamente los grandes pagadores de la EMA. Del grupo de 21 multinacionales, hay tres que no cuentan con ninguna autorización de este tipo (Novo Nordisk, Accord y Teva). Las otras 18 acumulan en total 61 autorizaciones condicionales, lo que representa el 67% del total. La que más tiene es Janssen (9), seguida por Novartis (7), Roche (7), Pfizer (6) y AstraZeneca (5).

Por supuesto, esas 21 multinacionales son también las que más fármacos tienen en el mercado, así que se podría pensar que es lógico que acaparen dos de cada tres autorizaciones condicionales. No es así. Desde que empezó a funcionar la EMA en 1995, ha autorizado más de 1.700 fármacos, de los que pertenecen a las 21 multinacionales poco más de 800. Es decir, un 47%.

En tercer lugar, destaca el tiempo que tardan en ocasiones los laboratorios en presentar la evidencia de que su producto es eficaz y seguro. La autorización se otorga por un año y luego se puede ir renovando por el mismo periodo. En 2022, la EMA concedió el permiso estándar a dos fármacos que tenían autorización condicional desde 2012 (Caprelsa y Adcetris) y a otro que llevaba en el mercado desde 2013 (Bosulif). A día de hoy, aún están en el mercado cinco medicamentos que recibieron la autorización condicional en 2014 (Sirturo, Deltyba y Translarna) y 2016 (Ocaliva y una vacuna antigripal).

A preguntas de los periodistas, la portavoz de la EMA indicó que el tiempo medio que tarda un fármaco con autorización condicional en obtener la estándar "son tres años y ocho meses". Pero los tiempos medios no siempre ofrecen la información más relevante. Investigadores del King's College de Londres descubrieron que, entre 2013 y 2018, en la mitad de los casos las pruebas requeridas no se habían proporcionado más de siete años después de la autorización condicional. "Durante 30 años se nos ha dicho que los estudios posteriores a la comercialización llenarán los vacíos. Pero este no es el caso. No obtenemos estas pruebas", lamenta Courtney Davis, sociólogo médico de la universidad británica.

La Agencia también defiende su política sobre las autorizaciones condicionales, que "sólo se recomiendan cuando el balance beneficio-riesgo del medicamento es positivo, el solicitante puede proporcionar datos completos tras la autorización, el fármaco satisface una necesidad médica no cubierta y el beneficio de la disponibilidad inmediata para los pacientes es mayor que los riesgos inherentes al hecho de que aún se requieren datos adicionales".

Precisamente Ocaliva y Translarna, dos de los fármacos que llevan más tiempo en el mercado con una autorización condicional, están ahora bajo cuestión.

Ocaliva es un tratamiento para la cirrosis biliar primaria, una enfermedad hepática autoinmune. En octubre de 2023, la EMA inició “una revisión de beneficios y riesgos” del fármaco, “impulsada por los resultados finales de los dos estudios en pacientes” que había solicitado en 2016 como parte de los requisitos para conceder la autorización condicional. En otras palabras, los resultados finales tardaron siete años en llegar. Y no fueron precisamente positivos. Uno de los estudios, explica la portavoz de la EMA, “no demostró que Ocaliva fuera más eficaz que el placebo en cuanto al número de pacientes cuya enfermedad empeoró o que fallecieron. Además, los efectos secundarios, incluidos los graves, fueron más frecuentes en los pacientes tratados con Ocaliva”. La Agencia está revisando estos resultados, “junto con todos los demás datos disponibles”, antes de decidir si le retira la autorización a Advanz Pharma.

La Comisión Europea, a partir de las recomendaciones de la EMA, es quien toma formalmente las decisiones sobre los fármacos. A preguntas de Investigate Europe, un funcionario autorizado explicó que la Comisión “es consciente de las preocupaciones relacionadas con Ocaliva” y que el informe de la EMA se espera para este mes de junio. “Tan pronto como la Comisión reciba este dictamen, seguiremos la acción reguladora apropiada con respecto a la autorización de este producto”, concluyó.

Translarna, por su parte, es un medicamento para la distrofia muscular de Duchenne patentado por PTC Therapeutics. En el momento de la renovación anual en 2023, la EMA decidió que debía retirarse del mercado. Entre los efectos secundarios notificados figuran afecciones cardiacas graves. La Comisión Europea, que casi siempre sigue las recomendaciones de la EMA, no lo ha hecho en esta ocasión. En la respuesta que el funcionario ofreció a Investigate Europe se insinúa además la existencia de un conflicto de interés en este procedimiento: “La Comisión cree que la Agencia debería considerar las posibles implicaciones de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto Hopveus), que afecta a la composición de los grupos científicos consultivos que participan en una evaluación y su conformidad con el principio de imparcialidad objetiva”. El funcionario se negó a ofrecer más información ante las preguntas de los periodistas.

El asunto Hopveus se refiere a un fármaco del mismo nombre que está indicado para tratar el síndrome de abstinencia alcohólica. La EMA negó su autorización y el fabricante, la compañía francesa D&A Pharma, recurrió a los tribunales europeos. El TJUE, en una sentencia conocida el pasado mes de marzo, le dio la razón y anuló la decisión negativa de la EMA al detectar un conflicto de interés en uno de los expertos consultados.

Los conflictos de interés de los expertos son, sin duda, otra carpeta abierta en la Agencia Europea de Medicamentos. Por Hopveus, por Translarna y por otros casos. Ese será, precisamente, el tema de la próxima entrega de la serie de Investigate Europe sobre los negocios de las grandes farmacéuticas.

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Edición: Chris Matthews.

A un mes de las elecciones europeas, imaginamos que a algunos eurodiputados candidatos a su propia sucesión no les habrá gustado una publicación de este tipo. En un informe publicado este lunes 6 de mayo, la ONG Transparencia Internacional ha recopilado las remuneraciones percibidas por los diputados europeos por actividades paralelas a su mandato, basándose en sus últimas declaraciones de intereses privados. 

La naturaleza y el importe de estas remuneraciones son a veces chocantes. En primer lugar, la ONG revela que el 26% de los diputados europeos perciben una remuneración suplementaria a su sueldo de eurodiputado, ya de por sí generoso, de unos 100.000 euros al año. Y que, de media, estos complementos ascienden a 47.000 euros al año. 

Por supuesto, el hecho de que un eurodiputado reciba una remuneración paralela a su mandato no siempre significa que exista un conflicto de intereses o que esté al servicio de las grandes empresas. Por ejemplo, los candidatos franceses Raphaël Glucksmann (Place Publique) y François-Xavier Bellamy (Les Républicains - LR) están contabilizados por Transparencia Internacional entre los diputados que perciben ingresos adicionales, pero se trata principalmente de derechos de autor por sus libros, como se señala en este editorial de Libération, que reaccionaba a un tuit de la eurodiputada de LFI Manon Aubry. 

Dicho esto, en muchas de las remuneraciones recopiladas por Transparencia Internacional, sobre todo las más importantes, hay una (gran) opacidad. 

El campeón de todas las categorías es el sulfuroso eurodiputado lituano Viktor Uspaskich, que afirma recibir 3 millones de euros al año en ingresos por sus inversiones en el sector agroalimentario. Este eurodiputado no pertenece a ningún grupo parlamentario tras ser expulsado de Renew Europe en 2021 por unos comentarios homófobos. También fue condenado por fraude fiscal y corrupción hace más de diez años. 

En segundo lugar entre los eurodiputados mejor pagados se encuentra un francés de extrema derecha, Jérôme Rivière, ex miembro de Rassemblement National (RN) y de Reconquête, ahora sin adscripción. Recibe la mayor parte de su remuneración como director general de una empresa energética, y declara un total de 220.300 euros de ingresos además de su sueldo como eurodiputado, según la ONG. 

Otro eurodiputado francés entre los 10 primeros es Geoffroy Didier, de LR y miembro del grupo del PPE, que ocupa el octavo lugar. Gana 115.200 euros más al año, principalmente gracias a su trabajo en un bufete de abogados, y también a su mandato como consejero regional en la región de Île-de-France. 

Le supera en el ranking otro conocido eurodiputado, el belga Guy Verhofstadt, que declaró unos ingresos anuales de 131.988 euros durante su mandato, la mayoría procedentes de su cargo de director del fondo de inversión belga Sofina, que ostentó durante más de diez años y que finalizó en mayo de 2023.  

Otro caso escandaloso señalado por Transparencia Internacional, que no da su nombre, es el de "un eurodiputado que cobra 75.000 euros al año como miembro del consejo de administración de una gran multinacional que también es una organización inscrita en el registro de grupos de presión de la Unión Europea". 

Como era de esperar, todos estos diputados que perciben suntuosas remuneraciones no dudan en bloquear cualquier intento de reforma en este ámbito. Por ejemplo, señala la ONG, "la mayoría de los eurodiputados entre los veinte mejor pagados votaron en contra de una enmienda para prohibir los empleos secundarios pagados por entidades inscritas en el registro de lobbies de la UE". Añade que "sólo cuatro votaron a favor de la enmienda, trece votaron en contra y tres no asistieron a la votación". 

Desde el punto de vista político, hay que decir que son sobre todo los eurodiputados de derecha y extrema derecha los que, además de su sueldo, perciben elevadas retribuciones. 

Entre los veinte primeros, "sólo" dos eurodiputados pertenecen al grupo de los Socialistas y Demócratas: el polaco Marek Belka, en décimo lugar, con 105.000 euros más al año, y el griego Theodoros Zagorakis, en vigésimo lugar, que recibe 91.500 euros extra. Los restantes diputados mejor pagados son miembros de grupos políticos de derecha, extrema derecha o sin adscripción.  

Además, si nos centramos en las cifras país por país, y mirando más concretamente a Francia, podemos ver que veintidós eurodiputados franceses recibieron una remuneración complementaria a su salario, es decir, el 28% del contingente nacional, por un importe total acumulado de 826.000 euros, es decir, una media de 37.530 euros por eurodiputado. 

En cuanto a la proporción de eurodiputados que perciben una remuneración complementaria, Francia ocupa el noveno lugar en Europa, por detrás de Finlandia, donde el 64% de los eurodiputados cobra un sueldo extra por actividades paralelas, Bélgica (57%), Austria (42%), Dinamarca (36%), Alemania (35%), Irlanda (31%), Hungría (29%) y Portugal (29%). Y en cuanto al importe medio percibido por eurodiputado, Francia ocupa el duodécimo lugar de veintisiete.  

Pero estas cifras no lo dicen todo. En otras palabras, lo que Transparencia Internacional ha recopilado puede ser sólo la punta del iceberg. 

Por ejemplo, ha descubierto que el 5% de los ingresos extra de los eurodiputados proceden de dividendos vinculados a participaciones en empresas. Pero, según la ONG, "los eurodiputados sólo están obligados a declarar sus participaciones si consideran que tienen implicaciones de política pública o dan a los accionistas una influencia significativa". Estos dos criterios "se dejan enteramente a la discreción del eurodiputado". 

Transparencia Internacional también se ha quejado de que, en sus declaraciones de intereses privados, algunos eurodiputados marean la perdiz al describir de forma extremadamente vaga sus actividades, como "actividad comercial independiente" o "plan de negocio de energías renovables", que significan todo y nada.  

La ONG señala que además había "multitud de declaraciones imprecisas o incompletas, así como casos curiosos de eurodiputados que de repente declaran elevados ingresos que no figuraban en sus anteriores declaraciones de intereses". Y recuerda que "los eurodiputados deben actualizar sus declaraciones al final del mes siguiente a cada cambio". 

¿Qué habría que hacer para mejorar la imagen de Bruselas? Transparencia Internacional recomienda "prohibir a los eurodiputados participar en actividades paralelas, remuneradas o no, con organizaciones que pretendan influir en la elaboración de las políticas europeas". 

Y si tal reforma resultara demasiado ambiciosa, la ONG sugiere que, como mínimo, "los grupos políticos del Parlamento Europeo adopten normas internas que prohíban a sus miembros participar en tales actividades paralelas". 

Añade que "debería solicitarse información más clara en las declaraciones de intereses privados de los eurodiputados, en particular una declaración más precisa de los ingresos procedentes de actividades remuneradas".  

Por último, Transparencia Internacional pide al Parlamento Europeo que "aplique controles más rigurosos y detallados de las declaraciones, verificando cada una de ellas. Y que, en caso de conflicto de intereses probado, no se autorice a los eurodiputados a ocupar un cargo en el Parlamento vinculado a ese conflicto".

Traducción de Miguel López

Tres periodistas del periódico italiano Domani, socio de infoLibre en la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), se enfrentan a una condena de nueve años de cárcel, por presuntamente haber solicitado y recibido documentos confidenciales de un funcionario público. Al menos ésa es la acusación de la Fiscalía de Perugia contra Giovanni Tizian, Nello Trocchia y Stefano Vergine, que publicaron el conflicto de interés del ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto: cobró 2,3 millones de euros de la industria de armamento por trabajos de consultoría entre 2018 y 2021, de los que 1,8 millones fueron pagados por Leonardo. Además del tercer grupo industrial de defensa de Europa por facturación, Leonardo uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa italiano. El Estado posee el 30% de sus acciones.

Desde 2014, según publicó Domani, Crosseto –uno de los fundadores de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni– fue asesor de Leonardo, el mismo año en que asumió la presidencia de AIAD, la patronal italiana del sector. Además, en 2021 creó con su mujer y su hijo una firma de lobby armamentístico, Csc & Partners.

El ministro no ha negado nunca estos datos, pero en octubre de 2022, cuando se publicó la noticia, anunció una demanda por difamación que nunca llegó a presentar. Crosetto explicó que había asesorado a Leonardo “como presidente de la AIAD”. “No tenía una oficina en Leonardo y no respondía ante nadie en Leonardo”, aseguró al periódico. La ley italiana establece ciertos límites a las puertas giratorias, pero en la práctica no prohíbe a los empresarios o directivos ocupar cargos donde toman decisiones que afectan a sus antiguos contratadores.

“En estos nueve años he viajado por todo el mundo con los ministros de Defensa para vender nuestros productos en el extranjero, pero sólo como presidente de la AIAD. Nunca he vendido los productos de Leonardo al Estado italiano. Y como ministro de la República no me ocuparé directamente de las compras, porque las hacen los militares”, fue la respuesta que dio Crosetto cuando Domani el preguntó sobre las licitaciones multimillonarias que convoca su ministerio y a las que concurre Leonardo.

En lugar de la demanda por difamación, el ministro presentó una denuncia que la Fiscalía de Perugia ha convertido en una investigación contra los periodistas por revelación de secretos: no sólo por haber solicitado y recibido documentos confidenciales de un funcionario público, sino también por haber violado su confidencialidad publicando la información contenida en decenas de documentos judiciales. Según el escrito de acusación, los periodistas recibieron también documentos sobre empresarios, miembros de organizaciones delictivas y políticos, entre ellos Guido Crosetto. Hay 15 personas investigadas. No sólo los tres periodistas de Domani. También un funcionario de la Policía Financiera, Pasquale Striano, a quien se acusa de haber facilitado los documentos a los redactores, y su jefe, el fiscal Antonio Naudati. Se ha convertido en un caso nacional. Y la primera ministra Meloni ha declarado que el caso no tiene nada que ver con la libertad de prensa.

Irónicamente, Perugia es la ciudad donde se celebra desde hace 18 años el Festival Internacional de Periodismo, que estos días de abril acaba de reunir a 600 profesionales de todo el mundo para debatir los problemas y amenazas que se ciernen sobre los informadores en un momento de especial agitación política.

Además, el Parlamento Europeo ha aprobado hace sólo un mes la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que pretende reforzar la protección de las fuentes periodísticas y regular estrictamente la posibilidad de que los tribunales las investiguen. Sólo se podrá hacer en un número limitado de delitos y por una “autoridad decisoria independiente e imparcial”. La decisión de la Fiscalía de Perugia podría ser, por tanto, una vulneración de la letra de esta recién estrenada ley europea.

También es un intento de “criminalizar el periodismo”, advierte Domani, que ha lanzado una campaña internacional de apoyo a sus reporteros. Sindicatos de periodistas como la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, y organizaciones como Reporteros sin Fronteras, Media Freedom Rapid Response, el Instituto Internacional de Prensa, ARTICLE 19 Europa y OBC Transeuropa, además de EIC, ya se han unido a ella. En España, lo han hecho también, además de infoLibre, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y elDiario.es.

No es la primera vez que miembros del actual Gobierno italiano actúan contra Domani y otros medios de comunicación italianos: las conocidas como SLAPP –como se conocen en inglés los pleitos estratégicos pensados para silenciar e intimidar a periodistas, activistas o víctimas ante la presión jurídica y el elevado coste de su defensa legal–, demandas por daños y perjuicios e intimidaciones son cada vez más frecuentes en Italia, destaca el periódico.

“Si el poder ejecutivo pide al poder judicial que busque las fuentes de los artículos inoportunos sobre el Gobierno, y si luego el poder judicial persigue no sólo a las fuentes sino también a los periodistas, que hoy se arriesgan hasta a nueve años de cárcel, el riesgo concreto es que en Italia muera la libertad de prensa”, alerta el redactor jefe de Domani, Emiliano Fittipaldi.

De hecho, no dejan de aumentar los intentos del Gobierno italiano de limitar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Por ejemplo, el escritor Antonio Scurati acaba de ser censurado por la RAI, la televisión pública. Scurati tenía un acuerdo con la cadena para pronunciar un discurso sobre el fascismo, recordando la liberación de Italia de Mussolini, que se conmemora el próximo jueves. El discurso ha sido cancelado: según una nota interna, “por motivos editoriales”; según la presentadora del programa donde el escritor iba a leer su texto, porque pedía 1.800 euros a cambio. El texto será leído en varias plazas y teatros de Italia el próximo día 25.

Además, la Comisión de Supervisión de la RAI acaba de aprobar una enmienda al reglamento de la televisión pública, presentada por Hermanos de Italia, la Lega de Matteo Salvini y Noi Moderati, que permitirá a los miembros del Gobierno hablar sin limitación de tiempo y sin repreguntas en los espacios informativos de la próxima campaña a las elecciones europeas del mes de junio.

Hace una semana, Gianni Berrino, senador de partido de Meloni, propuso aumentar la pena por difamación hasta cuatro años y medio de cárcel. Ahora la pena es de un año. Y para rematar, una enmienda de los centristas de Azione a la Ley de Ciberseguridad prevé también aumentar la pena –hasta tres años de cárcel– para los periodistas que publiquen informaciones obtenidas mediante pirateo informático, escuchas telefónicas o violando el secreto de una investigación.

El periodismo de investigación, y la libertad de prensa, en general, corren grave riesgo “si se impide el acceso a fuentes que filtren información secreta y si se dificulta la verificación de las noticias". "Entonces, es el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre noticias de interés público que el poder político y económico trata de ocultar el que terminará dañado”, advierte Domani en la carta en la que pide apoyo frente a las amenazas contra la libertad de expresión.

Uno de los periodistas acusados, Giovanni Tizian, alerta ante el “peligroso precedente” que puede sentar la acusación de la fiscalía si los jueces le dan la razón. “A partir de ahora, todos los ministros y políticos podrán dirigirse a las autoridades judiciales y pedir que se identifiquen las fuentes de los periodistas. Si se adopta este principio, el periodismo de investigación estará muerto”. Tizian pone el foco en Meloni: “No es sorprendente que todo esto ocurra en un momento histórico en el que gobierna Italia un partido de extrema derecha heredero de la cultura nostálgica de los 20 años gobernados por Mussolini”.

La acusación también se convierte en un aviso a navegantes, sostiene Stefano Vergine. “La decisión de perseguir a las fuentes de los periodistas es una advertencia dirigida a todos los periodistas italianos y a todas sus fuentes. El mensaje es claro: si estás dispuesto a revelar información confidencial, esto es lo que puede pasar”. Pero tiene consecuencias a más largo plazo y más allá del periodismo, apunta Nello Trocchia, el tercer periodista encausado: “Un país democrático que decide dejar en la sombra las noticias inoportunas para el poder político es un país débil y precario”.

Pedro Morenés y Eduardo Serra comparten buena parte de sus respectivos y larguísimos currículos profesionales. Desde que el primero fue secretario de Estado de Defensa del segundo, a su vez nombrado ministro del ramo por José María Aznar –tras haber sido el número dos del departamento con el socialista Narcís Serra–, han tenido trayectorias paralelas y, a veces, incluso rivales.

Para empezar, ambos personifican dos de los casos más paradigmáticos de puertas giratorias en España, por su salto del Ministerio de Defensa a dos de las principales empresas del sector. Serra fue ministro de 1996 a 2000. Morenés, de 2011 a 2016. El primero fue fichado por Everis en 2005 y accedió a su presidencia en 2018. El segundo ya había presidido una firma del ramo, Instalaza, fabricante de las polémicas bombas de racimo, antes de llegar a ministro. Entonces, en 2011, era presidente en España de MBDA, una empresa europea de misiles. Y, tras dejar el cargo en 2016 y pasar poco más de un año como embajador de España en Estados Unidos, fue nombrado presidente de otra compañía del sector, Amper, en 2020.

Morenés tiene ya 75 años. En noviembre de 2022 pasó a presidente no ejecutivo de Amper, pero sigue al frente de una consultora llamada Kuitver Energía. Serra, que el próximo diciembre cumplirá 77, va a abandonar la presidencia de DigitalES, la patronal tecnológica, donde lleva desde su creación, en 2017, según publicó Expansión el pasado agosto. Pero se mantiene al frente de Everis, rebautizada como NTT Data en 2021, tras haber sido adquirida por esa multinacional japonesa en 2014.

Tanto Everis/NTT Data como Amper compiten casi por los mismos contratos de la Administración pública, que constituyen una fuente sustancial de sus ingresos. No sólo por los relacionados con la defensa, sino también por los tecnológicos, donde las dos empresas son líderes nacionales. Por ejemplo, son adjudicatarios habituales de Aena, Renfe o Correos. Amper presume de haber instalado los equipos de comunicaciones de más del 85% de los aeropuertos españoles. Mientras, Everis/NTT Data ha conseguido una quincena de adjudicaciones de Aena desde 2020, según los datos extraídos de la Plataforma de Contratación del Estado.

Pero la rivalidad va más allá de los concursos públicos. Como se demostró en 2020 con los despidos de los 10 ejecutivos que dirigían Everis Aeroespacial y Defensa (AEDE). Según puede leerse en las sentencias que el Tribunal de Justicia Superior de Madrid y el Tribunal Supremo han dictado sobre ese litigio laboral, la matriz del grupo quería cerrar la división de defensa española tras la polémica surgida con la venta de morteros Alakran a Arabia Saudí, que terminaron usándose en la guerra de Yemen. Pero la cúpula directiva de Everis AEDE no aceptó pacíficamente la decisión. Y planeó evitarlo comprando la empresa, una prerrogativa incluida en sus contratos. Así que presentaron a la matriz una propuesta de adquisición siguiendo el procedimiento definido en sus acuerdos con la empresa.

El problema fue que, para adquirir Everis AEDE, los ejecutivos buscaron la financiación de su rival, Amper. La compañía que preside Eduardo Serra lo consideró una traición y despidió a toda la cúpula directiva en julio de 2020. La mitad de los ejecutivos demandó entonces a Everis/NTT Data en los juzgados de lo Social. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado en todos los casos a favor de los despedidos. También el Supremo en al menos uno de ellos. Los demás siguen pendientes de que el alto tribunal resuelva los recursos interpuestos por la empresa.

El caso es que al menos cinco de estos antiguos directivos de Serra trabajan ahora para Morenés en Amper, Zelenza —su principal accionista— y Swarming, filial de la anterior. De hecho, quien fue consejero delegado de Everis AEDE, Enrique López Pérez, es el consejero delegado y primer ejecutivo de Amper desde noviembre de 2022, cuando Pedro Morenés dejó de tener funciones ejecutivas como presidente.

En los juicios, la matriz justificó los despidos por la comisión de toda una serie de irregularidades en la contratación que los ejecutivos de la división de defensa desmienten y que fueron detalladas ampliamente por El Periódico de España. infoLibre intentó, sin éxito, ponerse en contacto con los directivos despedidos cuando la empresa apareció en el curso de una investigación diferente en la que se mencionaban unos contratos con Emiratos Árabes Unidos. Este periódico también ha preguntado a Everis/NTT Data si finalmente ha cerrado la división de defensa, pero no ha obtenido una respuesta. En el Registro Mercantil sigue figurando como una sociedad activa.

Pese a que compiten por los contratos y por los directivos, Amper y Everis/NTT Data son dos empresas muy diferentes. Tienen en común su origen español, pero mientras Amper sigue siendo de propiedad nacional, Everis pertenece desde hace casi 10 años a una de las mayores multinacionales tecnológicas del mundo, con 150.000 empleados repartidos en todo el mundo y una facturación de 16.000 millones de euros. En España la plantilla suma 17.000 personas, según consta en su propia página web. Amper, en cambio, es más pequeña –tiene 3.400 empleados–, cotiza en la Bolsa española y ganó 1,3 millones de euros en 2022, tras ingresar 337,5 millones. Un beneficio que ha sufrido un fuerte recorte desde los 21,7 millones de 2019. Su plan estratégico para los próximos tres años prevé duplicar la cifra de negocio hasta los 1.008 millones de euros en 2026.

El volumen de contratación de Amper y Everis/NTT Data con las administraciones públicas es enorme. Según el barómetro de la consultora Adjudicaciones TIC, la empresa de Eduardo Serra es en este sector la cuarta adjudicataria de la Administración en 2022, con 254,14 millones de euros repartidos en 110 contratos tecnológicos. Por delante, aparecen únicamente Telefónica, Indra e Inetum. Tal y como puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Estado, sólo relacionados con Defensa e Interior, Everis/NTT Data ha conseguido una veintena de contratos desde 2020, por un importe que supera los 13 millones de euros. Una buena parte de esa cartera son sistemas para el control de fronteras para el Ministerio del Interior, pero también suministra numerosos equipos a Isdefe, la consultora pública de defensa.

Además, la empresa de Serra consiguió en 2020 un contrato de 10,4 millones de euros para digitalizar la agencia de comunicaciones de la OTAN. De los de mayor importe fuera del sector de la defensa destaca el contrato de 10,99 millones que le adjudicó Red.es, el organismo público encargado de la Agenda Digital, para digitalizar las pymes.

Aunque ese protagonismo también tiene su lado turbio. En 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a Everis, junto a otras 10 grandes tecnológicas –entre ellas IBM, Accenture, Indra, Atos y Next– por repartirse el mercado de las administraciones públicas durante nada menos que 15 años. Según el organismo regulador, las empresas pactaban precios y condiciones comerciales e intercambiaban entre ellas información sensible. La multa para Everis ascendió a 800.000 euros; en total, 29,9 millones para las 11 compañías. La Audiencia Nacional acaba de confirmar las sanciones hace sólo unos días, aunque todavía pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, Amper supera los 85 millones de euros en adjudicaciones públicas desde 2020. De ellas, casi nueve millones son contratos relacionados con la defensa. Pero la parte del león, de los contratos y de su cartera de pedidos, son los acuerdos que ha firmado con Navantia. Cuatro de esos contratos, adjudicados en 2021 y 2022, son suministros de todo tipo para las fragatas de la serie F-110 que el astillero público construye para la Armada española. En total, 20 millones de euros. En todo caso, los dos más voluminosos suscritos con Navantia son los que permitirán a Amper construir parte de las estructuras eólicas marinas que se instalarán luego en dos parques franceses: Saint Brieuc, en Bretaña, y Le Tréport, en Normandía. El primer contrato, concedido en 2020, tiene un importe de 100,7 millones de euros. El segundo, del pasado mes de junio, ha sido anunciado por Amper como el mayor jamás conseguido por la empresa de Morenés, con un valor superior a los 100 millones, pero sin precisar la cifra exacta. En total, más de 220 millones de euros.

Pedro Morenés, que precisamente comenzó su carrera profesional en Astilleros Españoles, como se llamaba entonces el constructor naval público, y después fue director comercial de la División de Construcción Naval del INI –la antigua SEPI–, tuvo una polémica relación con Navantia mientras fue ministro de Defensa.

En 2018, la oposición en el Parlamento gallego le acusó de “corrupción institucional” por haber forzado un retraso de dos años en la construcción de las fragatas F-110 para adaptarlas a los misiles que fabrica MBDA, la empresa europea de la que fue presidente en España hasta su llegada al ministerio. Navantia consideraba que el sistema de misiles debía seguir siendo el que ya le había suministrado antes la estadounidense Raytheon, pero Defensa impuso como opción prioritaria el que vendía MBDA, según publicó eldiario.es. La insistencia de la Dirección General de Armamento, bajo control de Morenés, incluso provocó un enfrentamiento con la cúpula de la Armada que bloqueó durante dos años la elaboración del proyecto técnico necesario para comenzar a construir las fragatas en el astillero de Navantia en Ferrol.

Morenés tuvo otro pinchazo, que además compartió con Serra: Arabia Saudí. No en vano el régimen de Riad es el mayor comprador de armas de la industria española. NTGS, filial de la empresa de Eduardo Serra, vendió los morteros Alakran a Arabia Saudí en 2018, que fueron usados en la guerra de Yemen pese a la prohibición internacional de suministrar armamento a los países en conflicto. Morenés, en este caso en su calidad de ministro de Defensa, vendió en 2015 a Arabia Saudí 400 bombas del stock del Ejército del Aire, que éste tuvo que volver a comprar para completar su arsenal. “Son bombas que no sobraban”, explicó la ministra Margarita Robles cuando se hizo cargo de Defensa tres años después.

La industria de la defensa se ha convertido en uno de los sectores donde más se recurre a las puertas giratorias. De hecho, Pedro Morenés no es el único ex alto cargo que se sienta en el consejo de Amper. También la ex secretaria de Estado de Comercio y expresidenta del ICEX María Luis Poncela figura como consejera independiente desde mayo de 2021. Pilar Platero, expresidenta de la SEPI, la acompaña desde marzo de ese año.

En el consejo de Everis, además de Eduardo Serra, se sientan el exministro de Economía chileno Alejandro Ferreiro y el exconsejero de Economía del Gobierno vasco Pedro Luis Uriarte. Entre 2017 y 2019 también fue consejera la exministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia. Antes, de su consejo asesor fueron miembros los expresidentes de México Ernesto Cedillo y de Colombia Álvaro Uribe. Además, el ex segundo jefe de Estado Mayor de la Armada José Luis Urcelay trabajó de asesor de Everis Aeroespacial y Defensa. Finalmente, en la patronal tecnológica DigitalES que preside Eduardo Serra, ejerce como director general Víctor Calvo-Sotelo, quien fue secretario de Estado de Telecomunicaciones.

A la vista del abultado currículo profesional de Eduardo Serra, el paso por la Administración pública le ha resultado muy rentable. Tras su primer paso por la Secretaría de Estado de Defensa entre 1984 y 1987, fue nombrado presidente de Telettra Española (1988-1991, Cubiertas MZOV (1989-995), Peugeot-Talbot España (1992-1996) y Airtel (1994-1996). Entre 1996 y 2000 fue ministro de Defensa y, al dejar el Gobierno, presidió UBS España hasta 2006. Desde 2005, cuando se le puso al frente de la Fundación Everis, ha permanecido en esa tecnológica, pero al mismo tiempo, ha sido consejero de Deutsche Bank (2015-2017), consejero de PharMamar (desde 2021 hasta hoy) y de la gallega Ecoener –junto con la exministra de Exteriores Ana Palacio y la exconselleira de Facenda y ex secretaria de Estado de Presupuestos Marta Fernández Currás–, además de presidir la Fundación Ortega-Marañón, la Fundación Transforma España y la Fundación España Constitucional. Como se ha dicho más arriba, es presidente de la patronal DigitalES, pero también de la Asociación Española del Análisis de Valor (AEV) y lo fue del consejo del periódico digital El Independiente. Además, tiene su propia consultora, Eduardo Serra y Asociados. La lista de cargos es abrumadora, pero no exhaustiva.

Gerardo Martínez Tristán, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2013 a propuesta del PP y magistrado en ejercicio de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, actuó como ponente de un auto que en septiembre de 2020 dejó en suspenso un multazo tributario de 733.293 euros impuesto a la empresa Ibervalles. Como publicó infoLibre este martes, desde 2019 y hasta este verano, uno de los miembros del consejo de administración de Ibervalles fue el hoy presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, también incorporado al órgano de gobierno de los jueces como vocal en 2013 a propuesta del PP. Congelar como medida cautelar la orden del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), integrado en el Ministerio de Hacienda, contra Ibervalles por el impuesto de sociedades de 2007 ha librado a la compañía de hacer una provisión de fondos hasta que haya sentencia.

Tres años después de aquel auto capitaneado por Martínez Tristán, tal sentencia sigue sin existir aún, tal como ha confirmado Ibervalles a este diario. Martínez Tristán sostiene que no tenía ni idea de la relación de Guilarte con Ibervalles. Y Guilarte, a quien este medio preguntó si se había planteado dimitir como consejero de Ibervalles al saber que Martínez Tristán participaría en la confección del auto, asegura que tampoco tenía el menor dato sobre la existencia del procedimiento judicial. De tal procedimiento “ha tenido noticia por primera vez por la llamada de infoLibre”, asegura.

La rúbrica de quien desde julio ostenta la presidencia del CGPJ de forma interina pero sin fecha de caducidad en tanto prosiga el bloqueo a su renovación aplicado por el PP desde 2018, esa firma junto a su nombre y apellidos –Vicente Guilarte– consta en las cuentas aprobadas por Ibervalles desde su entrada en el consejo de administración, en octubre de 2019. Y por tanto, figura como signatario en las del trienio transcurrido desde la emisión del auto judicial que suspendió el pago de los más de 700.000 euros: 2020, 2021 y 2022.

En las tres, la memoria de gestión de Ibervalles incorpora un párrafo que refleja la decisión del TEAC, la interposición de un recurso judicial por parte de la empresa y el hecho de que, al estar la liquidación final sujeta a una “decisión judicial”, ni la sociedad ni sus asesores fiscales consideran necesaria la “provisión” del dinero reclamado. infoLibre informó a los intermediarios de Guilarte sobre la existencia de tal párrafo. No hubo cambio en su respuesta.

Según Ibervalles, Guilarte era consejero independiente de la sociedad, lo que se traduce –continúa la empresa– en que no tenía “ninguna función ejecutiva”. El asunto del TEAC –agrega el texto enviado a infoLibre– “nunca se trató en el ámbito del consejo al ser responsabilidad de los consejeros ejecutivos” de la compañía. El párrafo acaba así: “Ni a Vicente Guilarte se le puso en conocimiento de este asunto ni los directivos de Ibervalles sabían de la pertenencia al Consejo General del Poder Judicial del juez encargado de resolver”.

En efecto, en todos los documentos consultados consta Guilarte como consejero independiente de Ibervalles, una socimi –sociedad cotizada cuyo objetivo es el arrendamiento de inmuebles– propiedad de la familia Isidro, una de las más ricas del país y epicentro de una respetable constelación de filiales y vinculadas. La colaboración profesional del abogado y catedrático Guilarte con los propietarios de Ibervalles viene de lejos: un documento remitido en 2011 a la CNMV por otra empresa con presencia de los Isidro –Papeles y Cartones Europa SA– corrobora que Guilarte pertenecía a su consejo de administración desde 1998.

Cuando el lunes infoLibre preguntó al Poder Judicial por la sanción que la CNMV impuso a Ibervalles en 2021 por infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al ocultar información sobre sus movimientos respecto a una segunda compañía –Cartera Industrial Rea SA–, Guilarte respondió a través de su portavoz que “nunca ha tenido relación" con esa sociedad. Como persona jurídica y mediante un representante, Cartera Industrial Real SA ocupaba un asiento en el consejo de administración de Papeles y Cartones Europa SA [pincha aquí para acceder al folleto oficial donde así consta] al mismo tiempo que Guilarte.

Según el CGPJ, también la ignorancia de Martínez Tristán era absoluta, aseguran sus portavoces en un correo electrónico remitido a infoLibre. El magistrado y vocal del Poder Judicial “desconocía en la fecha de tramitación de la pieza separada de medidas cautelares [la solicitud de suspensión del pago de los 733.293] la existencia de cualquier relación entre la empresa Ibervalles SL [ya en esa fecha, SA] y Vicente Guilarte”.

Lo desconocía –subrayan los portavoces– porque Guilarte “no intervino en modo alguno y en ningún momento en el procedimiento, en el que la parte personada era la persona jurídica y no sus consejeros”; y además, en la causa –revisada ahora por Tristán– "no figura el nombre de Vicente Guilarte". La anterior es la respuesta facilitada a la pregunta de si el magistrado no considera óbice para su intervención en el proceso de Ibervalles el hecho de que compartiera con uno de los consejeros de la compañía el cargo de vocal del CGPJ.

Este medio carece de datos sobre la relación y el grado de proximidad entre Martínez Tristán y Guilarte, más allá de que ambos comparten mesa en el pleno del CGPJ desde 2013, al que accedieron a propuesta del PP. O de que ambos tienen una estrecha relación con Valladolid, provincia en la que nació Tristán y de cuya universidad es catedrático Guilarte. O de que ambos fueron en 2007 coautores de un volumen titulado La revisión judicial de la calificación registral, financiado ya entonces por el CGPJ.

Respecto a la pertinencia de la suspensión del pago de las cantidades exigidas por el Tribunal Económico Administrativo, Ibervalles entiende que el tribunal hizo lo adecuado. “En la medida en que esté correctamente afianzada [la solicitud de suspensión] no cabe la denegación por parte del juez encargado de resolver”. “Es un tema irrelevante –añade su respuesta– pues el régimen para la adopción de la medida cautelar pasa por que se aporte una garantía suficiente para suspender la deuda en periodo voluntario”. El auto de la Audiencia ratifica que Ibervalles aportó tal garantía.

Un repaso a diversos autos de la Audiencia Nacional en casos donde empresas o personas físicas han pedido la suspensión cautelar de un pago tributario hasta que haya una resolución firme corrobora que, en efecto, no constituye una excepción concederla. Pero distintos tribunales han argumentado en procedimientos de este tipo que quien reclama la suspensión cautelar del pago debe acreditar “siquiera indiciariamente” que abonar de inmediato la cantidad señalada puede causarle perjuicios de imposible o difícil reparación. Y acreditar por tanto que tales perjuicios convierten en inútil el recurso judicial pendiente por el tiempo de espera a que está obligado quien lo interpone.

El auto relativo a Ibervalles no hace ninguna mención a si la sociedad adujo que le causaría daños muy graves negarle la suspensión del abono de los 523.334,81 euros fijados por la liquidación del impuesto de sociedades de 2007 y de los 209.959,71 establecidos en concepto de sanción. Antes de anunciar que suspende cautelarmente la orden del Tribunal Económico, el texto del que Martínez Tristán fue ponente arranca así el último párrafo: “En el supuesto examinado, la Sala considera que concurría una duda razonable en orden a la valoración de los hechos”.

En su web, Ibervalles cifra en 260 millones el valor bruto de su cartera inmobiliaria. Y en sus cuentas de 2022 anuncia que prevé “incorporar a la cartera inmobiliaria activos por el valor de aproximadamente 60 millones de euros” con el foco puesto en Madrid y Lisboa.

Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde julio y cuya fama ha ganado enteros al entrar de lleno en el debate sobre una futura amnistía para los involucrados en el procés –sería "ajena al interés general", sostiene–, perteneció hasta este verano al consejo de administración de una empresa a la que la CNMV sancionó en 2021 por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores.

Abogado, catedrático de derecho civil y vocal del órgano de gobierno de los jueces desde hace 10 años a propuesta del PP, partido que mantiene bloqueada la renovación del CGPJ desde 2018, Guilarte fue fichado al año siguiente por Ibervalles: se incorporó a su consejo de administración el 14 de octubre de 2019, el mismo día en que se publicó que la empresa había pasado de ser una sociedad limitada a una anónima. A partir de ese momento, su firma aparece en las cuentas aprobadas por la compañía en cada ejercicio.

Dedicada al alquiler de bienes inmuebles y propiedad de la familia Isidro, una de las más ricas del país según el ranking anual del diario El Mundo, Ibervalles recibió la sanción –60.000 euros– por “haber incumplido los deberes de información a la CNMV”, es decir, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Respecto a qué? “En relación con la comunicación de participaciones significativas sobre acciones de la sociedad cotizada Cartera Industrial Rea, SA”. Así consta en la resolución de la CNMV, adoptada el 26 de enero de 2021 y que adquirió firmeza el 17 de junio una vez transcurrido el plazo para un eventual recurso ante la vía judicial. Puedes ver el anuncio del BOE pinchando aquí.

En su página web, la empresa –una socimi, es decir, una sociedad cotizada que centra su actividad en adquirir, promover y rehabilitar inmuebles para su posterior arrendamiento– cifra en 260 millones el valor bruto de su cartera inmobiliaria. En sus cuentas de 2022, la compañía anuncia que prevé “incorporar a la cartera inmobiliaria activos por el valor de aproximadamente 60 millones de euros” con el foco puesto en Madrid y Lisboa.

A preguntas de infoLibre, un portavoz del CGPJ respondió así en nombre del presidente del órgano de gobierno judicial, interino por su condición de suplente dado el bloqueo pero sin fecha de cese por delante: “Vicente Guilarte nunca ha sido socio de Ibervalles ni ha desempeñado funciones ejecutivas en la empresa, limitándose su relación con la misma a ser miembro de su Consejo de Administración entre el 21 de octubre de 2019 y el 26 de julio de 2023, fecha en la que comunicó su renuncia voluntaria al cargo y el citado órgano tomó conocimiento de la misma y aceptó su dimisión”.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó el cese de Guilarte el pasado día 21. Es decir, la semana pasada. Entre paréntesis, se adjunta otra fecha: 14/09/2023. Salvo los miembros de la comisión permanente –y el presidente es quien la encabeza–, los vocales del CGPJ tienen libertad plena para compaginar su puesto institucional con cualquier actividad privada. Y no están obligados a presentar una declaración de bienes y actividades.

Sobre la sanción impuesta por la CNMV, el CGPJ optó por una respuesta lacónica: “No hay comentarios. Vicente Guilarte nunca ha tenido relación con la sociedad cotizada Cartera Industrial Rea, SA”.

Este diario también contactó con Ibervalles, a cuyos portavoces preguntó qué información es la que, dada su pertenencia al consejo de administración de Cartera Industrial Rea SA hasta julio de 2018 no facilitó a la CNMV en relación a esa segunda sociedad. “Ibervalles –contestó la compañía a través de un correo electrónico– ostentaba más de un 5% de participación en la sociedad Cartera Industrial Rea y así estaba comunicado como es preceptivo. Habiendo iniciado Cartera Industrial Rea el proceso de liquidación, Ibervalles procedió a vender a sus socios la participación que ostentaba sobre dicha sociedad. De esta forma, Ibervalles debió haber comunicado la pérdida del umbral del 5%. Este último trámite no se comunicó a la CNMV por simple olvido, lo que propició la calificación de falta muy grave”.

Ni la empresa ni el CGPJ han facilitado la fecha en que se produjo tal vulneración de la Ley del Mercado de Valores. El documento de la CNMV tampoco lo precisa.

En la entrevista publicada por El Mundo el pasado domingo, aquella donde afirmó que la amnistía “no es de interés general”, el nuevo presidente del órgano de gobierno del tercer poder del Estado expresó su malestar con que a través del Congreso y el Senado los partidos elijan quiénes han de sentarse en el CGPJ: “Es necesario cambiar el sistema para que pierdan su nocivo protagonismo, aunque la alternativa corporativa entiendo que tampoco solucionaría el problema”.

Guilarte se ha situado en la cúspide del órgano de gobierno de los jueces tras la dimisión de Carlos Lesmes y la jubilación de quien le sucedió, Rafael Mozo. Amigo de la familia Rajoy, como publicó eldiario.es, su primera decisión como presidente del CGPJ fue cambiar la composición de todas las comisiones del consejo. Y entre esos cambios se incluye el de quiénes forman parte de la comisión permanente. La permanente, que en la práctica actúa como el órgano ejecutivo, es la que adopta las decisiones más relevantes. Sus miembros cobran más de 130.000 euros al año.

El Instituto Social de la Marina (ISM) decidió en 2015 nombrar un inspector de flota, un puesto de nueva creación que debía encargarse de planificar y supervisar tanto los suministros como el mantenimiento de los dos barcos hospital que posee el organismo: el Esperanza del Mar y el Juan de la Cosa. Ambos asisten en alta mar a las tripulaciones de pesqueros, mercantes y barcos de recreo en caso de enfermedad o accidente. Desde entonces hasta su jubilación, en febrero de 2021, el cargo fue ocupado por José Ramón de la Fuente Arteagabeitia, quien entre 2018 y 2019 lo había compaginado con el de director provincial del ISM en Las Palmas.

Sólo unos días antes de ser efectiva su jubilación, el ISM publicó un concurso público para contratar un “servicio técnico de asesoramiento técnico como Inspección de Flota”. Es decir, decidió externalizar las tareas con un contrato de 816.000 euros sin IVA y hasta un máximo de cinco años de duración, con prórrogas incluidas. Para ello adujo que carecía de “medios personales cualificados propios necesarios” para la realización de esa tarea. “En el momento actual”, argumentaba, “de entre la plantilla propia del Instituto Social de la Marina no se dispone de personal con el perfil adecuado para estas funciones, ni figura entre la RPT [Relación de Puestos de Trabajo] del organismo ningún puesto reservado para la Inspección de Flota”.

Sólo se presentó una oferta, la firmada por De la Fuente Arteagabeitia. La mesa de contratación advirtió de que podía producirse un conflicto de interés. “El licitador ha prestado sus servicios a este organismo [el ISM] como inspector de flota en los últimos años y participado directamente en la elaboración de pliegos de contrataciones precedentes, lo cual le hace perfecto conocedor de las necesidades y exigencias administrativas, y puede suponer que parta de una posición de ventaja respecto de otros licitadores”, explica la mesa en el acta de resolución del 23 de marzo de 2021. José Ramón de la Fuente fue excluido y el concurso quedó desierto, según puede comprobarse en los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

De la Fuente, que se jubiló a los 70 años, tras haber sido director provincial del ISM en Vizcaya de 2004 a 2009 y presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao entre 2009 y 2013, recurrió la decisión de la mesa ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC). En julio, este tribunal administrativo, dependiente del Ministerio de Hacienda, ratificó el conflicto de interés y la exclusión del ex inspector de flota del concurso. El TARC no sólo consideró que la “objetividad e imparcialidad” del órgano de contratación podía verse “seriamente comprometida” por la participación de un funcionario jubilado que prestó antes las mismas funciones que demandaba el contrato, sino que, además, dictaminaba que esa situación ya había “afectado de manera significativa” a la redacción de los pliegos de condiciones del concurso.

Estos, explica la resolución del tribunal, establecían unas cláusulas que ya habían “tenido en cuenta que dicha persona iba a presentar una oferta en el procedimiento”. En concreto alude al requisito de que la persona encargada del contrato tenga entre sus titulaciones la de capitán de la Marina Mercante y haya prestado labores como inspector de flota “durante al menos 10 años”, y las haya realizado durante “cinco años, en los últimos siete concluidos”. También se exige que tenga experiencia en inspección de buques y en tramitar expedientes para la contratación administrativa y redactar pliegos técnicos de contratos de mantenimiento de buques. De la Fuente, además de funcionario del Cuerpo Técnico Superior del Ministerio de Fomento, es capitán de la Marina Mercante y trabajó durante los siete años inmediatamente anteriores como inspector de flota.

El ISM no volvió a sacar a concurso la Inspección de Flota. Por esas mismas fechas, se producía un cambio en la cúpula del organismo: a finales de marzo, la subdirectora, Elena Martínez Carqués, fue nombrada directora, en sustitución de Luis Casqueiro, que había fallecido en febrero por el covid. Antes de que acabara 2021, el ISM licitó tres contratos menores, que son aquellos por debajo de 15.000 euros si son de servicios –40.000 si son de obra–, y se los adjudicó a una empresa, Ship’s & Ports Management, de la que figura como apoderado José Ramón de la Fuente. Antes había sido también su administrador, al igual que su esposa y su hija.

Para estos contratos no hace falta convocar un concurso, se conceden a dedo. A dos de ellos sólo se presentó Ship’s & Ports Management. Al tercero se presentaron tres ofertas, pero sólo la de esta empresa era inferior a 15.000 euros, el límite legal: 14.999 euros. Se trata de tres servicios de “responsable de contrato”, una figura creada en la Ley de Contratos del Sector Público, que desde 2017 es obligatorio crear para controlar el cumplimiento de los contratos y solucionar las posibles incidencias que surjan durante su ejecución. Esa es precisamente una de las tareas incluidas en las competencias del inspector de flota. En los pliegos del contrato que fue suspendido se enumeran cuáles son esas labores y entre ellas se citan el “seguimiento del desarrollo y ejecución de la contratación administrativa”, así como “proponer la conformidad de la ejecución de los contratos, certificando su realización satisfactoria y conforme”. La supervisión del resto de los contratos de ambos buques hospital fueron asumidos por el propio ISM: cuatro por la propia Dirección del organismo, cuatro más por la Dirección Provincial de Las Palmas –donde tiene su base el Esperanza del Mar– y otros cuatro por la Dirección Provincial de Cantabria –el Juan de la Cosa tiene su base en el puerto de Santander–.

El importe total de los tres contratos asciende a 28.500 euros sin IVA.

“Vendí la empresa hace algunos años y ya no tengo nada que ver con ella”, responde el ex inspector de flota a preguntas de infoLibre. Aun así, admite también que presta “servicios profesionales” a Ship’s & Ports Management. “Me requieren esporádicamente por mis conocimientos sobre el sector”, asegura. Cuando hay una avería grande o hace falta alguna relación con el extranjero, precisa: “Es difícil encontrar a gente capaz de hacer este tipo de trabajos, el ISM carece de personal cualificado para verificar los contratos”.

La empresa tiene su dirección en las oficinas de una asesoría de empresas de Bilbao, Asesoría Lorda de los Ríos. Su actual administrador es Francisco Lorda de los Ríos, quien corrobora que compró a De la Fuente la empresa hace años y que éste ahora realiza alguna “asesoría técnica puntual” no retribuida para él. Ship’s & Ports Management tiene como objeto social el “alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia” y carece de trabajadores. Lorda de los Ríos dice que él es su única plantilla y que es él mismo quien lleva a cabo las tareas de control de los contratos de mantenimiento de grúas y pescantes, motores principales y auxiliares del Juan de la Cosa, sustitución de un panel de control de la aleta estabilizadora del mismo buque, y de los suministros de motores auxiliares, pintura, ingeniería naval y mantenimiento de los equipos del puente de los dos barcos del ISM.

“Revisamos la documentación y damos los conformes”, detalla Francisco Javier Lorda. De la Fuente añade que a veces tienen que llamar por teléfono a algún profesional específico para ciertas tareas. “Se les paga y punto”, zanja. El ex inspector de flota aclara que la empresa “no puede tener plantilla porque no tiene tanto negocio”. Lorda de los Ríos indica, de hecho, que sus únicos contratos son los tres que le ha adjudicado el ISM. Dos de ellos tienen fecha de finalización en noviembre de este año.

Lorda de los Ríos también dice que los poderes otorgados a De la Fuente fueron revocados. También que el objeto social de la empresa fue ampliado. Pero ninguna de esas dos decisiones han sido inscritas en el Registro Mercantil, al contrario que el otorgamiento de poderes al ex inspector y antiguo propietario, que fue publicado en el BORME en enero de este mismo año.

José Ramón de la Fuente menciona un informe que el ISM pidió a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, pero que ésta no emitió a tiempo para que fuera incluido en el procedimiento seguido en el TARC, según explica éste en su resolución. “Con ese informe habría ganado [el recurso]”, asegura el ex inspector de flota. No obstante, la Junta Consultiva de Contratación aclara que no puede emitir informes sobre “expedientes concretos”, sólo señala “el criterio jurídico de carácter general” que debe aplicarse “sin entrar a valorar, en ningún momento, el supuesto de hecho concreto que se plantea”.

La Junta Consultiva sostiene que “el mero hecho de que un licitador haya prestado en el órgano de contratación, en algún momento anterior, servicios similares a aquellos que son objeto del contrato […] no justifica, sin más, su exclusión del procedimiento”, pero que, en casos como éste, el poder adjudicador –el ISM— debe “arbitrar cuantos medios considere pertinentes para comprobar la existencia real de eventuales conflictos de interés y adoptar medidas proporcionadas para ponerles remedio”. En concreto, “cuantas medidas de control se consideren procedentes”. El motivo de esta precaución no es otro que “evitar que puedan permanecer ocultas circunstancias que comprometan la transparencia” de los concursos públicos. También recuerda el informe que el ISM debe tener en cuenta si el posible adjudicador fue “alto cargo” mientras trabajó para el organismo. Este sostuvo ante el TARC que De la Fuente no fue “alto cargo”, pese a haber ejercido como director provincial en Las Palmas hasta 2019.

infoLibre ha intentado de forma reiterada recabar información del ISM sobre estos contratos, pero el organismo se ha negado a contestar a las preguntas de este periódico, que se detallan a continuación.

El nombramiento como consejeros independientes de Enagás de los exministros socialistas José Montilla y José Blanco, así como de Cristóbal Gallego, miembro del Observatorio Crítico de la Energía y afín a Unidas Podemos, ha recuperado la atención pública para las puertas giratorias, una práctica inveterada de políticos y grandes empresas. Enagás, propiedad en un 5% del Estado a través de la SEPI, no ha hecho más que reincidir en una vieja costumbre. Ya en 2014 metió en su consejo de administración de una tacada a dos exministras del PP, Isabel Tocino y Ana Palacio, al ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, al ex director general de Industria del Gobierno de Mariano Rajoy Luis Valero y al expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana, luego miembro de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro. Entonces gobernaba el Partido Popular. Hoy, con el PSOE al mando, Enagás ha optado por dar otro color a su consejo utilizando idéntico método que hace seis años, convertir a expolíticos en consejeros independientes. Y en ambos casos asegura que para seleccionarlos ha recurrido a los servicios de una empresa externa.

La lista de políticos y empresas enredadas en las puertas giratorias es larga y está repleta de nombres de primera línea. Desde Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (Endesa) hasta Rodrigo Rato (Telefónica, Santander), Ángel Acebes (Bankia, Iberdrola), Elena Salgado (Endesa), Josep Borrell (Abengoa), Luis de Guindos (Endesa), Miguel Boyer (CLH, Red Eléctrica), Rodolfo Martín Villa (Endesa), Nicolás Redondo (FCC)...

Pese a los cambios normativos y a la cada vez mayor sensibilidad pública hacia los comportamientos corporativos tras la última crisis, las grandes empresas siguen sentando a ex altos cargos en sus máximos órganos de dirección, independientemente de su valía técnica, mientras los políticos parecen incapaces de resistirse a la llamada de los gigantes del ÍBEX 35. No importa el partido.

Cuando el pasado martes los periodistas le preguntaron al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, por los nombramientos en Enagás, se limitó a apelar a la “responsabilidad” del consejo de administración, la junta de accionistas y la comisión de nombramientos de las empresas, y dejó el juicio sobre su idoneidad en manos del mercado. “Nosotros respetamos lo que hacen esos órganos y el mercado tiene en cuenta el tipo de gobierno corporativo de las compañías a la hora de valorarlas”, resumió.

Como, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó los nombramientos por el hecho de que hubieran sido propuestos por uno de los principales accionistas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Albella se remitió también a la Guía Técnica sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, publicada por la CNMV el año pasado. “La guía tiene un apartado en la que se admite como algo aceptable o incluso natural que los consejeros dominicales [designados por los accionistas] o los accionistas significativos propongan nombres de consejeros”. Aunque esa guía también advierte de que en esos casos debe “extremarse la cautela”, matizó a continuación.

Un artículo sobre el que no tiene competencias

Lo cierto es que desde que la nueva Ley de Sociedades de Capital, tras su reforma en 2014, estableció los requisitos para ser consejero independiente, el campo que tienen las empresas para sentar en sus consejos a personas inadecuadas debería haberse restringido. Deben ser designados “en atención a sus condiciones personales y profesionales” y ser capaces de “desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La ley obliga a empleados o consejeros ejecutivos de la propia empresa a esperar tres y cinco años, respectivamente, para optar a esos puestos. Tampoco pueden acceder como independientes si perciben “cualquier cantidad o beneficio” de la empresa, “salvo que no sea significativa”. No precisa qué entiende como significativa. Además, excluye de esos pagos los dividendos y complementos de pensiones. Si han sido socios del auditor externo de la compañía o consejeros o altos directivos de una tercera empresa donde se sienten otros consejeros o altos directivos de la suya, no pueden ser nombrados consejeros independientes. Lo mismo si han sido proveedores, asesores o consultores de la sociedad durante el último año o han trabajado para una entidad que haya recibido donaciones de la empresa, aunque se lo permite a los patronos de las fundaciones. La ley excluye igualmente a cónyuges y parientes hasta el segundo grado de cualquier consejero ejecutivo o alto directivo. Y no pueden permanecer en el puesto durante más de 12 años.

Todas ellas, por tanto, condiciones lógicas y que no incumplen los políticos nombrados en Enagás, sin ir más lejos.

En cualquier caso, ese precepto no se encuentra entre los artículos que quedan bajo supervisión de la CNMV, tal y como establece la propia Ley de Sociedades de Capital en su disposición adicional séptima. El regulador bursátil sólo tiene competencias sobre el contenido del informe anual de gobierno corporativo, regulado en otro artículo de la misma ley. Es decir, únicamente puede actuar en caso de que haya “errores u omisiones” en ese documento que las empresas cotizadas están obligadas a enviar cada año a la CNMV. Entonces, no obstante, se limita a “solicitar información adicional” a las compañías. Aunque, si encuentra “omisiones o datos falsos o engañosos”, puede imponer a la sociedad un sanción por infracción grave, explica a infoLibre un portavoz del organismo.

“Debería ser más proactiva y hacer más controles”“Debería ser más proactiva y hacer más controles

La Guía Técnica de 2019 a la que se refirió Sebastián Albella describe los criterios de la CNMV sobre cómo deben actuar las comisiones de nombramientos. Por ejemplo, recomienda recurrir a una empresa externa para elegir a los candidatos a consejeros independientes, lo que hizo Enagás, como queda dicho más arriba. También invita a la comisión a recabar información “de manera periódica y al menos anualmente” sobre las actividades y “potenciales conflictos de interés” no sólo del candidato sino también del consejero una vez nombrado.

Es más, el regulador deja en manos de la comisión de nombramientos –aconseja que tenga una mayoría de consejeros independientes– la tarea de verificar “en general” si el candidato va a desempeñar sus funciones “sin verse condicionado por sus relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La pregunta en este punto es si los ex políticos del PP nombrados en 2014 en Enagás y los del PSOE y Unidas Podemos nombrados ahora hicieron y harán su trabajo con independencia de los gobiernos que marcan las directrices de la SEPI, el accionista que los propuso.

Precisamente, la guía insta a la comisión a “extremar la cautela” cuando el candidato a consejero independiente lo proponga un accionista significativo, un consejero dominical o uno ejecutivo, y reclame “cuanta información considere oportuna” para asegurarse de que el aspirante “no tiene vinculaciones que pudieran condicionar su independencia”. En general, la CNMV pide a los miembros de esta comisión que actúen “con una actitud crítica y de escepticismo, sin dar por buenas sin más las propuestas e informes de personas ajenas a la comisión, en particular los de ejecutivos y altos directivos de la entidad”. Una actitud que considera “especialmente necesaria” cuando tienen que evaluar a los candidatos a consejeros independientes propuestos por consejeros ejecutivos o dominicales.

¿Es suficiente, pues, la vigilancia que ejerce la CNMV sobre las puertas giratorias? Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom) y socio del despacho Écija Abogados, cree que no. “Debería ser más proactiva y hacer más controles”, apunta. A su juicio, esa mayor supevisión “no iría en detrimento sino en beneficio de las empresas, porque haría más transparente y seguro el mercado”. Hurtado Bueno reclama además que la CNMV no haga sólo controles exante exante–previos al nombramiento de un consejero– sino también expost;expost es decir, que vigile las operaciones aprobadas por la empresa “de forma permanente, pero sin paralizar el mercado”.

Sólo el 14% eran realmente independientes

Un estudio realizado por los profesores de la Universitat de les Illes Balears Rafel Crespí-Cladera y Bartomeu Pascual-Fuster sobre las empresas cotizadas españolas entre 2004 y 2009 reveló que el 56,3% de los consejeros clasificados como independientes en realidad no lo eran tanto: incumplían al menos uno de los ocho criterios que habían establecido ambos expertos para determinar su independencia. Mientras que las 135 sociedades que cotizaban en Bolsa en esos años declaraban contar con un 32,5% de independientes en sus consejos, el filtrado que hicieron Crespí-Cladera y Pascual-Fuster los reducía hasta el 14,2%.

Al aplicar los mismos criterios a las comisiones de auditoría, el estudio descubrió que, mientras que las empresas declaraban un 49,4% de independientes, sólo el 21,2% aprobaban el cribado más estricto. En el caso de las comisiones de nombramientos y remuneraciones, el 50,4% de independientes reconocidos por las compañías se recortaba hasta un 24,1% si se les aplicaban los nuevos criterios. Lo mismo ocurría cuando eran independientes quienes presidían los comités: según las empresas, la mitad de ellas contaba con uno al frente de ambos órganos, pero el filtrado los reducía a un tercio.

Según los autores del estudio, el porcentaje de consejeros erróneamente clasificados como independientes se redujo con el tiempo, sobre todo a partir de 2007, cuando entró en vigor el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo o Código Conthe, bautizado así por Manuel Conthe, el presidente de la CNMV entonces. Aun así, en 2009 el número de consejeros que aprobaban el cribado estricto de Crespí-Cladera y Pascual-Fuster no superaba el 50% ni el 33% en los comités de auditoría y nombramientos. Los consejeros que presidían ambos órganos tampoco eran realmente independientes en el 16% de las empresas analizadas.

Siete de los ocho criterios formulados por los profesores de la universidad balear coinciden con los incorporados cinco años después en la Ley de Sociedades de Capitales, pero también incluían uno nuevo: que no representen a una persona jurídica. Se trata, explican, de criterios estandarizados, equivalentes a los que rigen en Estados Unidos, la Unión Europea o Reino Unido.

En un estudio posterior, Crespí-Cladera y Pascual-Fuster analizaron los informes anuales de gobierno corporativo que las empresas enviaron a la CNMV entre 2004 y 2012, y los cruzaron con las listas de altos cargos de los gobiernos y parlamentos autonómicos, estatales y europeos. El 4,5% de los consejeros resultaron ser expolíticos, una proporción que se elevaba al 6,6% en las empresas de mayor tamaño y descendía al 2,2% en las más pequeñas. De esos 551 políticos devenidos en consejeros, el 56,5% habían sido nombrados como independientes, pero también había un 27,8% de dominicales y un 11,9% de ejecutivos.

No obstante, los autores aseguran que sólo han encontrado “alguna evidencia de deterioro del gobierno corporativo” cuando los expolíticos actúan como consejeros dominicales o ejecutivos, no cuando funcionan como independientes. “No encontramos que la incorporación de expolíticos a los consejos de administración genere efectos negativos sobre los intereses de los accionistas de forma sistemática, sobre todo si actúan como independientes”, explica a infoLibre Bartomeu Pascual-Fuster, “un asunto distinto es su efecto sobre la economía en general, si se daña la competencia y una empresa obtiene favores respecto a otras pese a ofrecer peor calidad y a precios más altos”.

Consejos de administración poco profesionales

A juicio del profesor balear, los expolíticos aportan a la empresa su conocimiento de la esfera pública y, aunque no sepan de negocios sí pueden tener experiencia en gestión. “Eso no está reñido con que cumplan su obligación de controlar y supervisar el trabajo de los altos directivos de la empresa para proteger a los accionistas”, defiende. Pero considera escandaloso que un porcentaje tan alto de independientes no cumplan los requisitos. “Que no nos vendan como independiente un consejero que es dominical”, protesta.

“Aún en 2007 no era infrecuente que los consejeros, todos señores mayores, se pasaran el tiempo leyendo el periódico mientras tú presentabas un informe”, recuerda Gloria Hernández, socia de finReg 360. El cambio, subraya, ha sido “brutal”: “Ahora los consejeros te preguntan y te repreguntan, y se nota la diversidad: son más jóvenes, vienen de distintas procedencias y hay mujeres”. Deja claro que se ha avanzado mucho en una profesionalización de los consejos que era necesaria. El nivel de exigencia ha aumentado desde aquellos consejos de administración que se presentaban como “regalos al final de las carreras profesionales de muchos”. “Ahora la comisión de nombramientos debe analizar si los candidatos saben de leyes y entienden de números para supervisar la labor de los altos ejecutivos y darse cuenta de que el director financiero lo está haciendo bien o mal, por ejemplo”, detalla la abogada. Pero al tiempo reconoce que una persona con “contactos” también “aporta” a la empresa.

Alonso Hurtado advierte, no obstante, de que “aún queda mucho camino” que recorrer en la profesionalización de los consejos. “Hay que reconocer que venimos de la nada”, resalta. El vicepresidente de Ascom sostiene en cualquier caso que los consejeros independientes han ayudado mucho en ese cambio –“meten presión al resto”–, y critica los nombramientos de expolíticos en Enagás precisamente porque “van en detrimento” de esa profesionalización. También por las “formas”: “Demasiado evidente; no es lo mismo un político profesional que un técnico magnífico que se mete en política”, concluye.

Una Oficina de Conflictos de Intereses que no funciona

Gloria Hernández Aler considera que la CNMV “lo está haciendo bien, el camino de la regulación es acertado... pero largo”. Y que también hay que poner el foco en la otra parte del conflicto: las incompatibilidades de los políticoslas incompatibilidades de los políticos. La también vocal de Ascom echa en falta “algún tipo de restricción, mediante una ley o un código” que regule la salida de los altos cargos públicos. Alonso Hurtado acusa a la Oficina de Conflictos de Intereses de no ser independiente. “Está adscrita al Ministerio de Función Pública, cuando debería depender del Congreso”, reclama. “No conozco ningún caso en que la Oficina de Conflictos de Intereses haya paralizado un nombramiento”, denuncia.

En 2016 el Tribunal de Cuentas desveló que, al menos entre 2012 y 2014, la oficina no verificaba las declaraciones de bienes e intereses que los altos cargos están obligados a presentar antes y después de ejercer sus responsabilidades. Sólo solicitaba aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecieron en la prensa. Tampoco analizaba la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporaba a la función pública, a un organismo internacional o se empleaba en una empresa. De hecho, desde que se creó, en 2006, y hasta febrero de 2018, la oficina sólo vetó el 1,98% de las solicitudes de altos cargos, nueve de 453 presentadas. La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha tenido una responsable desde su fundación, Flor María López Laguna, toda una superviviente que ha sido refrendada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y continúa con el de Pedro Sánchez.

Gloria Hernández pone en valor que la CNMV pida información a las empresas cuando surgen dudas sobre la independencia de los consejeros y que les exija que corrijan el nombramiento si los han “clasificado inadecuadamente” o si alguno de ellos ha superado los 12 años en el puesto –en Reino Unido son menos: nueve años–. Pero Alonso Hurtado destaca que no se hagan públicos los casos en que la CNMV ha dado esos “toques de atención” a alguna compañía por haber incumplido los requisitos de independencia. Gloria Hernández califica de “razonables” los límites impuestos por la ley, pero también los considera “ficciones jurídicas”. Un consejero delegado, añade, “no se vuelve independiente al cabo de tres años”, el plazo fijado para que un ejecutivo pueda ser nombrado consejero independiente. Y lo mismo ocurre con los políticos, que deben dejar pasar dos años antes de emplearse en una empresa de un sector sobre el que hayan tenido competencias durante el ejercicio de un cargo público. “Nadie se libra de sus contactos en dos o tres años”, objeta la abogada.

A juicio del vicepresidente de Ascom, la selección de los consejeros independientes debería imitar los sistemas de compliance,compliance de cumplimiento normativo. Es decir, “que las empresas demuestren que han sido diligentes”. También la CNMV debería concretar sus recomendaciones. Y si las compañías cotizadas no cumplen, debería aplicarles un régimen sancionador, “apartando al consejero o incluso anulando las operaciones en las que estuvo implicado”. Esas recomendaciones más detalladas, reclama Alonso Hurtado, tendrían que ser como las de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que conjugan flexibilidad y contundencia. Aunque no son de obligado cumplimiento, recuerda, no hay banco que se atreva a ignorarlas.

Más de 90 organizaciones han reclamado a la Comisión Europea (CE) la cancelación del contrato de asesoramiento con Blackrock sobre normas medioambientales para la banca.

Blackrock está considerado uno de los mayores gestores de fondos del mundo, con una poderosa presencia en el IBEX 35. "Esta empresa ha sido seleccionada para proporcionar asesoramiento clave a la Comisión sobre la integración de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza [ESG, por sus siglas en inglés] en las normas bancarias de la UE [...]", señalan los 92 firmantes de una carta abierta, que lleva el encabezado de la coalición de organizaciones Change Finance y va dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a los vicepresidentes Valdis Dombrovskis y Frans Timmermans.

"La selección de Blackrock envía un mensaje extremadamente dañino, que socava la credibilidad y la reputación del Acuerdo Verde Europeo y la política de finanzas sostenibles antes de que haya empezado", afirma la carta, que señala que Blackrock "tiene numerosos intereses creados en esta área, y por lo tanto no está en posición de ofrecer ningún tipo de asesoramiento experto neutral con credibilidad". El "riesgo" de "descarrilamiento" de las medidas bancarias es "extremadamente alto", según los firmantes, porque "Blackrock tiene un serio y tangible conflicto de intereses en el área de la regulación medioambiental, social y de gobernanza", lo cual "socava su credibilidad como asesor neutral".

El plan de transición ecológica de la UE supondrá inversiones de 260.000 millones al año. "Es crucial que la UE desaliente la préstamos e inversiones sucias que perpetúan el cambio climático", señala la carta abierta, que considera un "grave error" pedir para ello asesoramiento a Blackrock. La empresa "no puede ser neutral", señalan los firmantes, entre los que están Attac, Corporate Europe Observatory, Facing Finance, Debt Observatory in Globalisation, Fondazione Finanza Etica, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) [ver aquí el listado completo].

Blackrock tiene miles de millones de euros invertidos en empresas españolas como el Santander, BBVA, Caixabank, Repsol, Ferrovial o Iberdrola [ver aquí una información en detalle sobre su actividad]. La carta explica que la compañía es miembro de organizaciones como el Institute of International Finance (IIF) y la Association for Financial Markets in Europe (AFME), con intereses muy marcados. "Somos conscientes de que la Comisión está buscando asesoramiento sobre la banca, y de que Blackrock no es en sí mismo un banco. Por lo tanto, se podría argumentar que la empresa no tiene interés en estas cuestiones. Sin embargo, este argumento simplemente no puede sostenerse, dados los numerosos y graves conflictos de intereses de Blackrock", apunta la misiva.

Estos son algunos de estos "conflictos", siempre según los firmantes de la carta:

– Blackrock es "un importante accionista de la mayoría de los grandes bancos europeos", incluyendo el Santander, el Deutsche Bank, BNP Paribas, ING y Crédit Agricole, "todos los cuales invierten fuertemente en proyectos y empresas de combustibles fósiles".

– La compañía tiene una gran participación en "muchos bancos globales, incluyendo una participación del 6,77% de JP Morgan Chase, un banco conocido por financiar combustibles fósiles".

– También posee "una gran participación en las empresas de carbón (87.300 millones de dólares), petróleo y gas, como Total (6,3%), RWE (7%) y Shell (6,5%)".

"Cualquier estrategia para evitar un cambio climático catastrófico" estaría "en grave peligro" si la Comisión permite que "empresas financieras con intereses creados en el petróleo, el gas y el carbón ejerzan una vez más una influencia indebida", señala la carta. Por ello, las más de 90 organizaciones firmantes reclaman la cancelación del contrato con Blackrock Investment Management (UK). Y concluyen: "Esperamos una clara señal de la Comisión de que no se permitirá al sector financiero ejercer influencia indebida en la integración de los criterios del ESG [environmental, social and governance] en las evaluaciones de riesgos y las estrategias de inversión de las empresas financieras en la UE. La cancelación del contrato con Blackrock un primer paso apropiado".

Cumplimiento legal

Antes de conocer la elaboración de esta carta, infoLibre preguntó a la Comisión por el contrato con Blackrock, que ha provocado numerosas críticas desde su adjudicación. Un portavoz de la Comisión explicó que el contrato fue adjudicado cumpliendo las normas de contratación de la UE, "incluidas las relativas a la elegibilidad de los licitadores y la prevención de cualquier posible conflicto de intereses". "El proceso de selección se realizó sobre la base de un conjunto de criterios normalizados que incluían la calidad de la oferta, la capacidad de hacer aportaciones sobre los elementos incluidos en la licitación, la experiencia técnica y profesional y la capacidad de llevar a cabo un amplio estudio de las mejores prácticas en la UE. La propuesta de Blackrock fue la mejor oferta comparada con las otras licitaciones, tanto técnica como financieramente", añade el portavoz.

"El estudio que Blackrock realizará como contratista externo de la Comisión –añade– será sólo uno de los muchos informes y consultas que servirán como información para la política de la Comisión sobre la financiación sostenible". El Gobierno europeo tomará su decisión "de manera independiente", aclara el mismo portavoz, atendiendo "los intercambios y las aportaciones de las partes interesadas". "Como es habitual, también llevaremos a cabo evaluaciones exhaustivas de impacto, de conformidad con nuestros principios de 'legislar mejor'", añade.

Ya ha habido voces en España que vienen advirtiendo del posible "conflicto de intereses" de Blackrock. Por ejemplo, el consultor Rubén Martínez, de La Hidra, que declaró recientemente a infoLibre: "Para explicar el contrato con la UE, no sólo tenemos que pensar en una política de greenwashing. Blackrock controla acciones en compañías de combustibles fósiles por valor de 87.300 millones de dólares. También está en primeras posiciones como inversor en las ocho compañías petroleras más grandes del mundo y entre los principales financieros mundiales de la industria de armas. El conflicto de intereses de Blackrock es evidente, pero no parece importar demasiado".

Change Finance

Change Finance, la marca que encabeza la iniciativa, se definie como "una coalición de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos que hace campaña por las reformas del sector financiero". Ha participado en la defensa de la independencia de los reguladores financieros de la UE. Como resultado de una campaña de Change Finance durante las elecciones de la UE de 2019, 78 miembros del Parlamento Europeo firmaron un compromiso para hacer frente al poder del lobby financiero, explica la organización. También instó a los eurodiputados a rechazar el nombramiento de Gerry Cross para el puesto de director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea, por su pasado en el sector financiero. El Parlamento Europeo tomó medidas y, por primera vez, bloqueó a un candidato para un puesto de regulación financiera, señala Change Finance.

Respuesta de Blackrock

Blackrock, tras la publicación de la carta abierta, afirmó en un escrito enviado a infoLibre que la empresa "apoya firmemente los objetivos generales de la Comisión de integrar con fuerza la sostenibilidad en el sistema financiero". "Nos honra que el asesor de Mercados Financieros de Blackrock haya sido seleccionado para realizar un estudio y análisis de mercado para informar el Plan de Acción de la Comisión Europea sobre finanzas sostenibles. Los mercados financieros son un negocio distinto dentro de Blackrock, con políticas y procedimientos establecidos para salvaguardar la naturaleza sensible de la información de nuestros clientes, y opera detrás de una rigurosa barrera de información", señala. Dicha "barrera", añade Blackrock, ha sido auditada por numerosos clientes, entre ellos "algunas de más grandes y sofisticadas instituciones oficiales del mundo". 

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, que fue número dos de Albert Rivera en las últimas elecciones generales por Madrid, se ha jactado en las redes sociales de las botellas de vino que le regalan y un diputado de Galicia en Común le ha replicado hablando de "sobornos" y de "prevaricación".

Marcos De Quinto, que fue vicepresidente mundial de Coca Cola y cuenta con el mayor patrimonio declarado en el Congreso, ya mencionó hace dos meses el vino portugués de Quinta do Vale Meao para responder a las críticas del exdiputado convergente Ignasi Guardans, que reprochaba a Ciudadanos su ruptura con Manuel Valls: "Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti", le soltó en Twitter.

Aquel comentario abrió una polémica y en las redes se puso de manifiesto la exclusividad de la bodega portuguesa y se recordó el elevado precio de ese vino, con botellas que pueden llegar a los 300 euros.

Unos cien euros por botella

El parlamentario de Ciudadanos, que entró en la dirección del partido tras la crisis abierta por la marcha de Toni Roldán, ha vuelto a sacar a la luz ese vino, esta vez para presumir de las botellas que le regalan, cada una de las cuales tiene un precio en el mercado que ronda o supera los cien euros.

"Muy agradecido a Quinta de Vale Meao por enviarme una botella de cada una de las últimas añadas de mi vino favorito... y de nuevo: gracias a mis 'haters' por ayudarme a promocionarlo", ha ironizado desde su cuenta de Twitter, donde ha publicado una fotografía en la que se ven seis botellas repartidas en dos cajas.

En la misma red social le ha contestado uno de los diputados de Galicia en Común y miembro del grupo de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, quien considera que la actitud de Marcos de Quinto es una muestra de "oligarquía grosera".

"Quien hace apología de un regalo empresarial vinculado a su cargo público sugiere como lógica la prevaricación, el soborno, el cohecho, la corrupción. Le parecen inherentes a su condición. Y en realidad, su condición, nos avergüenza como sociedad", sostiene el diputado gallego en el tuit recogido por Europa Press.

Los regalos no estaban expresamente prohibidos en el Congreso, pero, desde esta legislatura, los diputados están obligados a declararlos al entrar en vigor el nuevo Código Ético que se redactó en la etapa de Ana Pastor a instancias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Ese código establece que "los diputados se abstendrán de recibir obsequios o beneficios que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta". En el texto sólo son aceptables los regalos de mera cortesía o aquellos personales de amigos y familiares, y los que reciban en viajes oficiales quedarán en manos de la Cámara.

Evitar conflictos de interés

Según el texto de la norma, recogido por Europa Press, los diputados no sólo deben presentar las dos declaraciones que ya se exigen al acreditarse en el Congreso, una sobre bienes y patrimonio y otra de actividades, sino que tendrán que adjuntar una tercera declaración de "intereses económicos".

En ese escrito, que habrá de ser público en la web del Congreso al igual que las otras dos declaraciones, los diputados deberán detallar las actividades privadas que le han generado rendimiento económico en el pasado, incluyendo el periodo, el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado, así como las donaciones, obsequios no remunerados, incluyendo viajes e invitaciones a actividades deportivas y culturales, que pudieran reflejar algún tipo de interés económico.

Y es que se considera que "los diputados deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia de un conflicto de intereses" que pueda "poner en duda su objetividad e independencia". Es más, si no se puede resolver ese conflicto de interés, se deberá comunicar antes del debate y votación del punto que le afecte, lo que abre la puerta a su inhibición.

El Congreso debe crear un órgano de Vigilancia

El nuevo Congreso creará una Oficina de Conflicto de Intereses dirigida por un letrado para asesorar a sus señorías y a la Mesa de la Cámara sobre la aplicación del Código de Conducta y para hacer comprobaciones de las declaraciones presentadas por los parlamentarios.

Eso sí, este nuevo órgano no investigará a sus señorías, sino que esa labor seguirá estando residenciada en la Comisión del Estatuto del Diputado que contempla el Reglamento y de la que forman parte un miembro de cada grupo parlamentario. Esa investigación se iniciará por decisión del presidente del Congreso, motu proprio o a instancias de otro diputado.

El Código de Conducta no contempla expresamente sanciones para quienes lo incumplan, pero se remite a las previstas en el Reglamento del Congreso, que es la norma de rango superior.

El Consejo de Europa ha sacado a España de la lista de países que no cumplen satisfactoriamente sus recomendaciones para luchar contra la corrupción. Lo ha hecho en su último informe, aprobado en la reunión plenaria del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) celebrada entre el 17 y el 21 de este mismo mes, cuando analizó la más reciente evaluación sobre España y constató “avances” respecto al anterior, publicado en abril de 2018.

No obstante, ese análisis de las políticas para prevenir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales no se hará público hasta que las autoridades españolas lo autoricen. Tampoco se dará a conocer hasta que lo permita el Gobierno español un segundo informe sobre las políticas contra la corrupción entre los altos cargos de los gobiernos centrales y en los cuerpos de seguridad.

De forma que, mientras tanto, España sigue figurando en el último informe anual del Greco, publicado este martes y con datos hasta el 31 de diciembre de 2018, como uno de los 14 países –el Consejo de Europa lo integran 49 miembros– señalados por su “insatisfactorio” cumplimiento de las recomendaciones contra la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. Le corresponde compartir ese dudoso honor con Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Serbia y Turquía.

En ese momento de la evaluación, España no había aplicado la mitad de las recomendaciones sobre parlamentarios y la otra mitad, sólo parcialmente. Lo mismo que con los jueces. Respecto a los fiscales, había puesto en práctica todas las recomendaciones del Greco, pero sólo de forma parcial. Por el contrario, Finlandia ya había implementado completamente en 2017 el 100% de las recomendaciones para parlamentarios, jueces y fiscales. Suecia también ha cumplido al 100% todas las medidas contra la corrupción de jueces y fiscales y el 60% de las que se refieren a los parlamentarios. Reino Unido sólo falla en los jueces, para quienes ha aplicado completamente la mitad de las sugerencias del Greco. Junto con España, los más incumplidores resultan ser Turquía, Portugal y Serbia.

Con los jueces, menos cumplimiento

El informe anual del Greco lamenta que el ritmo de cumplimiento de sus recomendaciones se ralentizara en 2018: si en 2017 se aplicaron el 40,5% de ellas, un año después sólo se llega al 33,9%. La categoría de recomendaciones con menos éxito es la referida a los jueces –sólo se han puesto en práctica el 22,6%–, mientras que las más implementadas son las que protegen a los fiscales de la corrupción –el 45,2%–.

Para los parlamentarios, el Greco invita a los estados a conseguir que los proyectos de ley se tramiten “con la adecuada nivel de transparencia y consulta” y que los procedimientos de urgencia sean sólo excepcionales. También pide códigos éticos o de conducta para los diputados y procedimientos para gestionar los conflictos de interés. Además, los parlamentarios deberían publicar declaraciones de sus bienes, ingresos, intereses y deudas, así como los regalos, invitaciones y cualquier otro beneficio. Finalmente, el Consejo de Europa pide una regulación de las relaciones con los lobistas, y que la inmunidad parlamentaria no sea un impedimento para procesar a los diputados en casos de corrupción.

Catálogo de medidas

Para los jueces, el Greco reclama también códigos de conducta y mecanismos para gestionar los conflictos de interés pero, sobre todo, pide que todos los sectores de los gobiernos garanticen la independencia judicial. Que se prohíba que un juez pueda simultanear la toga con un escaño o una concejalía y se impida la recepción de favores, regalos o cualquier otro beneficio forma parte igualmente del catálogo de medidas necesarias según el Consejo de Europa. Así como la supervisión de la actividad de los jueces, definiendo con precisión las medidas disciplinarias en caso de mala praxis profesional.

Por último, para los fiscales el grupo exige mecanismos de selección “justos, transparentes y basados en el mérito”. E incluso sistemas para gestionar la asignación de casos a un fiscal así como su retirada.

La última ronda de evaluaciones puesta en marcha por el Greco insta a los gobiernos a aprobar códigos de conducta para ministros y altos cargos públicos, pero también a regular las “puertas giratorias”, a hacer públicas sus declaraciones de bienes y a regular las condiciones de inmunidad de los altos cargos. Con respecto a los cuerpos de seguridad, el Consejo de Estado cree que debería comprobarse de forma regular la promoción de los agentes y limitar los empleos a los que pueden acceder al dejar la policía, además de supervisar la mala praxis profesional de los agentes con investigaciones independientes, siempre con transparencia pública y protegiendo a los filtradores de corrupción.

Los diputados de la XIII Legislatura acuden al Congreso de los Diputados con una nueva obligación. Además de presentar una declaración de bienes y rentas y otra de actividades, deben cumplimentar un nuevo documento, una declaración de intereses económicos. Los parlamentarios tuvieron que entregarla en el momento de acreditarse. Pero, como ocurre con la de actividades, no será pública hasta que reciba el visto bueno de la Comisión del Estatuto de los Diputados, un órgano parlamentario que todavía no ha sido constituido.

La obligación que tienen sus señorías de presentar una declaración de intereses es una parte fundamental del Código de Conducta, aprobado el 28 de febrero de 2019 por un acuerdo de la Mesa del Congreso. La presidenta de la Cámara por aquellas fechas, Ana Pastor (PP), tomó la iniciativa después de que este trabajo, encargado a los grupos parlamentarios, no avanzase.

Otra de las novedades de este código es la de que incorpora una Oficina de Conflicto de Intereses, un órgano que tendrá por objeto resolver las dudas que genere la aplicación de las nuevas normas y comprobar la veracidad de las declaraciones que los diputados trasladen al registro de intereses. Una de las principales demandas de los trabajadores de la Cámara en materia de transparencia ha sido en los últimos años que ni había personal ni dotación presupuestaria para estas tareas. Y que siempre que estallaba un escándalo era a raíz de investigaciones de los medios de comunicación.

Toques de atención del Consejo de Europa

El Código, que según su preámbulo, "busca reforzar el buen nombre del Parlamento y la relación de confianza entre los ciudadanos y sus representantes, así como proporcionar mayor seguridad a los diputados en el ejercicio de sus funciones en sus relaciones con terceros y con la Cámara", pretende, además, dar respuesta a las demandas del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco). Hace más de cinco años que el organismo anticorrupción del Consejo de Europa venía reclamando a España mayor transparencia y controles para poner coto a la corrupción en el poder legislativo.

Para la redacción de este código, el Congreso recurrió como base a documentos similares que controlan los intereses de diputados del Parlamento Europeo.

El documento 

Las declaraciones de actividades y bienes y rentas del Congreso no cambiarán a partir de la XIII Legislatura. Los documentos a consignar por los parlamentarios son los mismos que los que han tenido que cumplimentar en los últimos años. Salvo que la Comisión del Estatuto del Diputado se ponga más seria y demande a los parlamentarios datos más precisos de los que facilitan el grueso de estos, seguirá siendo un secreto para qué empresas trabajan como abogados los que tienen autorizada esta segunda actividad o a quiénes prestan sus servicios de asesoría.

Pero la declaración de intereses económicos, si los diputados identifican a sus exempleadores concretos, sí puede ser un elemento a favor de la transparencia.

En este documento, se exige que los diputados detallen tres apartados. Uno: actividades que haya desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos. Se pide concretar año, empleador, sector y una breve descripción. Dos: donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos con anterioridad a la toma de posesión. Se pide concretar el objeto, la persona "benefactora" y una breve descripción en la que se incluya una "valoración aproximada". Y tres: otros intereses a declarar.

Conflicto de interés

El principal objeto del Código de Conducta es evitar que exista conflicto de interés. Y esto ocurre, según el propio documento, "cuando un diputado tenga un interés personal, tanto directo y propio como a través de una persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como parlamentario, de tal forma que pueda poner en duda la objetividad e independencia del diputado o que este no persiga la consecución del interés general".

Para evitar que se produzcan estas situaciones, los parlamentarios están obligados, por este código, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia de conflicto de intereses. "En el caso de que el conflicto no se pueda resolver, el parlamentario lo pondrá en conocimiento antes de que se inicie el debate del pinto de que se trate en la sesión del Pleno o de la Comisión, mediante escrito dirigido al presidente de la Cámara, en el primer caso, o de la Comisión correspondiente en el segundo".

Si hay duda sobre si un parlamentario podrá estar incurriendo en un conflicto de interés o sobre el alcance del mismo, el afectado podrá dirigirse a la Mesa de la Cámara. El órgano de Gobierno del Congreso, con carácter confidencial, resolverá lo que proceda. Y, si lo considera necesario, podrá solicitar previamente un informe al respecto a la Comisión del Estatuto del Diputado.

Los miembros del Consejo de Ministros se abstienen en aquellas deliberaciones en las que su votación podría suponer un conflicto de interés.

Por primera vez, se deja por escrito la prohibición de que los parlamentarios reciban "obsequios o beneficios similares que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta" como político. Y también la obligación de hacer pública su agenda institucional. Esta podrá ser consultada en el portal de transparencia de la institución.

Dentro de su agenda, también deberá precisar las reuniones que mantenga con representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés. El Reglamento del Congreso de los Diputados tiene pendiente una reforma en la que, entre otros asuntos, debe abordar una regulación de los lobbies.

Tras una XII Legislatura marcada por la polémica de los currículums falsos y estudios y tesis doctorales bajo sospecha, a partir de ahora quienes tienen escaño en la Carrera de San Jerónimo podrán colgar en la web institucional, en el apartado destinado a sus perfiles personales, los títulos, datos y archivos que considere relevantes.

¿Se impondrán sanciones?

¿Y qué pasa en el caso de que no se observen estos preceptos? El presidente de la Cámara, de oficio o a petición de otro diputado, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del Código por parte de un miembro de la Cámara, especialmente en el caso de conflicto de intereses, reza en el texto que se ha estrenado esta legislatura.

Debe ser la Comisión del Estatuto del Diputado la que elabore de un informe sobre la posible infracción. Este órgano escuchará al diputado afectado y podrá recabar un informe de la Oficina de Conflicto de Intereses. El informe de la Comisión deberá resolver si ha existido infracción y, en su caso, recomendar la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. De ahí, pasa a la Mesa.

Las sanciones en esta materia no son nada frecuentes.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destituido a Ignacio Fernández Zurita, gerente de la Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), la institución encargada de gestionar las ayudas a la formación de ocupados y desempleados. Como motivo alega la “pérdida de confianza” en el directivo, que no llevaba ni un año en el cargo. Director de Relaciones Institucionales de la patronal ConfemetalConfemetal durante 10 años, Fernández Zurita fue nombrado para el puesto por el anterior Gobierno, tras ser seleccionado mediante una convocatoria pública a la que se presentaron 41 candidatos.

Su designación fue aprobada el pasado 5 de abril por el patronato de la Fundae con las abstenciones de los representantes de CCOO y el sindicato gallego CIG, así como de las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Navarra. Mientras los sindicatos argumentaron que el nombramiento de un ejecutivo de la patronal ponía en duda la “independencia y neutralidad” de la fundación, las comunidades autónomas se quejaron de la falta de transparencia del procedimiento de selección.

Además de destituir al gerente, el Ministerio de Trabajo ya ha convocado un nuevo concurso para elegir a su sucesor. Lo ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ambos movimientos han despertado un “tremendo malestar” en la CEOE. “No tiene sentido que un Gobierno en funciones genere tanta inestabilidad en el sistema de formación para el empleo”, protesta el director de Formación de la patronal, Juan Carlos Tejeda. Según explica, la CEOE “se ha desayunado hoy [por el viernes] con el BOE”, cuando a su juicio la destitución del gerente de la Fundae debería haberse negociado tanto en la Mesa del Diálogo Social que discute sobre formación para el empleo como en la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde también se sientan sindicatos y patronal con la Administración. Tejada critica que nadie les ha explicado “por qué el SEPE ha perdido la confianza” en Fernández Zurita.

UGT y CCOO coinciden en que el gerente “no ha hecho gran cosa” en el año escaso que ha estado al frente de la Fundae. “No ha tenido mucho tiempo y, además, se le nombró en pleno cambio de Gobierno”, concede Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT. Lola Santillana, responsable de Empleo de CCOO, critica los cambios de estructura que el exgerente quiso llevar a cabo sin éxito. Pacheco, que niega la existencia de “problemas” en su gestión, le reconoce “la facultad de organizar su equipo” como quisiera. Otras fuentes al tanto del caso relacionan la destitución de Fernández Zurita con lo que califican como “injerencia” del SEPE en la gestión interna de la Fundae. El ministerio pretendía “negociar” la ampliación del organigrama que intentó ejecutar Fernández Zurita y que las fuentes consideran una competencia exclusiva del gerente.

Despolitizar la formación

El representante de la CEOE, por su parte, elogia la gestión de Fernández Zurita y niega que exista ningún motivo objetivo que justifique su cese. “Desbloqueó los pagos [de subvenciones] de la convocatoria de 2014, gestionó la convocatoria nefasta de 2016, resolvió las ayudas de la convocatoria TIC [para mejorar competencias en tecnologías de la información] y ha negociado la de 2018 que, por fin, tiene una gestión más lógica”, detalla. “Cuando empezábamos a ver la luz al final del túnel”, lamenta a continuación, “nos ponen este palo en las ruedas tan tremendo”. Tejeda se refiere a la reforma del sistema aprobada por el Gobierno del PP, que soliviantó tanto a los sindicatos como a la patronal tras ser apartados del órgano de gestión de los cursos, y que paralizó la formación para el empleo entre 2015 y 2017, después de que la Audiencia Nacional anulase dos convocatorias de subvenciones, precisamente a raíz de otras tantas demandas interpuestas por la CEOE y luego secundadas por UGT y CCOO.

La patronal también desaprueba que se haya destituido a un gerente que no era “un comisario político, sino un técnico”. “Hasta que se despolitice, el sistema de formación para el empleo no funcionará nunca”, advierte Juan Carlos Tejeda. Fernández Zurita fue el primer gerente de la Fundae que se eligió mediante una convocatoria pública. Ahora el Ministerio de Trabajo acaba de publicar la segunda, después de cambiar sustancialmente el perfil exigido a los candidatos. Y ha enfurecido aún más a la CEOE, que está estudiando con sus abogados la presentación de un recurso. Tejeda acusa al ministerio de “arbitrariedad” por limitar esta segunda convocatoria a funcionarios, según se desprende de los requisitos publicados. Por ejemplo, al menos 10 años de experiencia en el ámbito público de la formación para el empleo, que los candidatos hayan diseñado sistemas de información públicos en esta materia o que hayan gestionado subvenciones estatales de formación. El representante de los empresarios menciona que existen sentencias que consideran ilegal fijar requisitos muy definidos pensados para conceder puestos a una persona predeterminada.

Ésa fue también una de las suspicacias que despertó el gerente ahora destituido. Entonces la convocatoria pedía a los candidatos “cinco años en puestos de responsabilidad en organizaciones o entidades en el ámbito laboral” y experiencia en “procesos de negociación colectiva y diálogo social”. En Confemetal, Fernández Zúñiga formó parte de la comisión negociadora del convenio del sector del metal y, en representación de Cepyme, se sentaba en la Mesa de Diálogo Social sobre formación.

Conflicto de interés

Además, la procedencia del gerente resultaba problemática desde el punto de vista legal. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las “autoridades” y, en general, “el personal al servicio de las Administraciones” deben abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento cuando tengan “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto”, o le hayan “prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Es decir, el exgerente de la Fundae debería haberse abstenido cada vez que hubiera tratado cualquier asunto relacionado con su antiguo empleador, Confemetal.

Santillana mantiene las críticas que en su día vertió contra la “falta de objetividad” de Fernández Zurita, pero Pacheco rechaza que su trabajo en la patronal supusiera un conflicto de interés cuando pasó a la Fundae, una institución cuyo papel rebaja. “Ahora es un órgano meramente instrumental”, advierte, “lo que nos importa es la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, que sí es verdaderamente tripartita y la que debería gestionar la formación”. Juan Carlos Tejeda se basa en informes del abogado del Estado y de la asesoría jurídica de la propia fundación para negar cualquier incompatibilidad de Fernández Zurita. “En todo caso, debería haberse abstenido si hubiera tenido que decidir sobre Confemetal, pero Confemetal no puede pedir subvenciones”, explica. Sí que lo hace la Fundación Confemetal, que recibió 1,28 millones de euros en tres expedientes de la convocatoria de 2016, por ejemplo. “Es una entidad totalmente distinta”, precisa Juan Carlos Tejeda.

El responsable de la CEOE critica que se haya destituido al gerente de la Fundae cuando el próximo día 7 termina el plazo para solicitar las subvenciones de la convocatoria de 2018. “El cambio se producirá en mitad del proceso de valoración”, protesta. Fuentes del Ministerio de Trabajo indican a infoLibre que Fernández Zúñiga sigue en activo hasta que se convoque una reunión extraordinaria del patronato de la Fundae y ratifique su destitución. Si el cambio y la elección del sustituto se producirán antes de las elecciones del 28 de abril es una incógnita. El plazo para presentarse al concurso público termina el próximo día 15.

Sobre el cambio de requisitos del concurso público, Trabajo responde que están pensados para un perfil “más de gestor, más técnico” que el anterior. Y asegura que tanto la patronal como los sindicatos fueron informados “hace más de 15 días”. “Los sindicatos no pusieron objeciones, sólo la CEOE”, añade el ministerio, que cuenta con mayoría en el patronato de la Fundae.

La ONG Alboan ha lanzado una campaña para que los usuarios de dispositivos electrónicos pidan con sus firmas a los ayuntamientos que incorporen criterios de compra responsable en teléfonos móviles, tablets y ordenadores. Esta campaña tiene como objetivo no contribuir al conflicto en el este de la República Democrática del Congo que, según defiende la ONG, está relacionado con la extracción ilegal de estos minerales, informa Europa Press.

Esta petición, a la que se han sumado el Servicio Jesuita a Migrantes, exige a las administrafciones incorporar una "debida diligencia" que compruebe la procedencia de cuatro minerales: el estaño, el tungsteno (se extrae del wolframio), el tantalio (se extrae del coltán) y el oro, todos ellos utilizados en la fabricación de las nuevas tecnologías. La ONG ha abierto una recogida de firmas a través de su página web. Esta "debida diligencia" consiste en una compra pública ética que exija a las empresas que les suministran dispositivos electrónicos que comprueben que en su cadena de suministro no se realiza ninguna infracción.

Aunque la organización afirma que la extracción "no es necesariamente" la causa del conflicto, recuerda el informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, titulado From Conflict to Peacebuilding, que afirma que los recursos minerales como el cobre, el oro, los diamantes y el coltán desempeñaron "un papel importante en la economía de la guerra civil de la República Democrática del Congo (1998-2003), perpetuando el conflicto y financiando a grupos rebeldes". Este informe desvela que desde los años 90, al menos 18 conflictos violentos se han alimentado de la explotación de recursos naturales (diamantes, petróleo, oro, madera y minerales); y que cerca del 40% de todos los conflictos intraestatales de los últimos sesenta años pueden asociarse a las disputas por el control de estos recursos.

La violencia sexual como táctica de guerra 

República Democrática del Congo ha sido definida por Aministía Internacional como la "capital mundial de la violencia sexual" ya que son "constantes las violaciones a mujeres en manos de grupos armados" porque son usadas como tácticas de guerra. Cada año, 100.000 mujeres son violadas en este país, según Alboan. Para hacerse con el control de las minas, la ONG denuncia que los grupos armados toman los pueblos con recursos naturales y utilizan la violencia sexual para que las familias abandonen sus hogares.

Niveles de certificación de las minas

Existen tres niveles de certificación de las minas de las que se extraen estos minerales en la región este del Congo, supervisados por la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, que determinan la legalidad de los recursos extraídos: 1. Bandera verde: La mina cumple con todos los estándares (p. ej., no hay presencia armada ni explotación infantil), por lo tanto puede producir minerales para la exportación legal.

2. Bandera amarilla: hay infracciones de uno o más criterios importantes, el operador de la mina tiene seis meses para resolver la situación. La mina puede producir minerales para la exportación con ese compromiso.

3. Bandera roja: dadas las graves infracciones en uno o más criterios la mina tiene prohibido producir minerales por lo menos durante un mínimo de seis meses, hasta que la siguiente inspección certifique que se han resuelto las infracciones.

Según denuncia Alboan, muchas de las minas que reciben la calificación de 'Bandera roja' están tomadas por grupos armados que ganan millones de dólares al año vendiendo estos minerales de contrabando. A día de hoy es "muy difícil por no decir imposible" fabricar un dispositivo electrónico de última generación sin contar con minerales como el estaño, el tantalio, el tungsteno o el oro, tal y como afirma esta ONG. Por eso, remarca que "no se trata de evitar el uso de estos materiales" sino de "tomar las medidas necesarias para evitar que su actividad favorezca violaciones de los derechos humanos".

Compromisos de gobiernos y multinacionales

En Europa, el 1 de enero de 2021 entrará en vigor una ley aprobada en 2017 que exige a las empresas que importen estos cuatro minerales aplicar una "debida diligencia" mediante la que comprueben las condiciones en las que han sido extraídos. Esta normativa no se aplicará a las que introduzcan dispositivos electrónicos terminados (los que se venden al usuario).

Hay empresas que se declaran comprometidas con la 'tecnología libre de conflicto' como Fairphone, que fabrica teléfonos móviles con "un impacto social y ambiental positivo" que acabe con estos 'minerales en conflicto'. De esta manera, pretende demostrar que la industria minera necesita mejoras "desesperadamente" y que el cambio es posible, según sostiene este fabricante en su web. Para ello, indica que establece "buenas condiciones laborales" para sus trabajadores y la reutilización y reciclaje de los terminales para acabar con prácticas medioambientales nocivas, condiciones de trabajo peligrosas y explotación infantil.

Por su parte, Estados Undidos aprobó en 2010 la Ley Dodd-Frank que, en su sección 1502, obliga a las empresas a comprobar si sus productos cometen alguna infracción a lo largo de su cadena de suministro y a publicar un informe anual con los resultados. A raíz de esta normativa, algunas orgnaizaciones han elaborado rankings en los que analizan la actividad de estas empresas. Uno de ellos es el elaborado por Know The Chain, que evalúa y compara las prácticas corporativas actuales y suministra recursos que permitan a las empresas operar de manera más transparente y responsable. En el publicado en 2018, analiza la actividad global de 40 empresas del ámbito de la tecnología y la comunicación. El resultado de este análisis señala a Intel como líder postivo de referencia durante 2018 superando el liderazgo de años anteriores de HP y Apple, que se mantienen en segundo y tercer puesto, respectivamente. La organización señala que esto se debe a que Intel ha tomado medidas positivas como la introducción de auditorías no anunciadas y la transparencia en las tarifas de contratación de sus trabajadores y proveedores.

Este informe destaca el resultado de Amazon como algo "atípico" pues, aun siendo una de las tres empresas de refencia a nivel mundial, obtiene un 32 sobre 100 en su diligencia para evitar el uso de 'minerales en conflicto' (la máxima puntuación obtenida en este ranking es de 75 sobre 100). A pesar de estos resultados, la compañía defiende que actúa con la diligencia debida en las cadenas de suministro de sus marcas propias y de sus contratos de fabricación pues entiende que "es lo correcto para sus clientes". En cuanto a los compromisos de sus proveedores, Amazon espera que "apoyen estos esfuerzos para identificar el origen de los minerales utilizados en sus productos".

¿Qué puede hacer el consumidor?

Existen algunas recomendaciones para que los usuarios colaboren con una tecnología libre de conflicto: 1. Recicla tu teléfono móvil antiguo llevándolo a un punto verde cuando ya no funcione, si no conoces ninguno puedes llamar a tu ayuntamiento y te dirán dónde está.

2. Antes de renovar un aparato electrónico piensa si realmente lo necesitas o si puedes mantener el que tienes.

3. Consulta en internet el compromiso de cada empresa con los 'minerales en conflicto' antes de comprar algún dispositivo.