La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes una nueva rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. En concreto, eleva la bonificación desde el 25% hasta el 50% y añade a esto otra bonificación del 100% en las donaciones de menos de mil euros. Es la segunda vez que reduce esta tasa desde 2022 y, con esta decisión, avanza en una estrategia política que gira en torno a pagar cada vez menos impuestos. De hecho, en cinco años la Comunidad ha acometido 31 bajadas, lo que supone 31.300 millones menos recaudados.

Las regiones en las que menos se paga por este tributo son aquellas que más bonifican a los descendientes, ascendientes y cónyuges. Madrid lidera este grupo, formado también por Andalucía, Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares, con bonificaciones del 99% para familiares directos. En el caso de familiares de segundo y tercer grado, Andalucía contempla una reducción de hasta 250.000 euros, Extremadura, Valencia y Murcia bonifican también hasta el 99% y Baleares llega, como Madrid ahora, al 50% de bonificación. Todas ellas gobernadas por el Partido Popular.

Rebajar la fiscalidad es, en principio, una estrategia popular entre los ciudadanos, pero tiene un gran problema, y es que cuando estas bajadas empiezan a comprometer los servicios públicos, el porcentaje de personas a favor de reducir las tasas gubernamentales cae también. De hecho, un estudio de las universidades de Viena y Zurich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae hasta 10 puntos. Así, el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o más deuda. Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que en Madrid ha aumentado un 125% la tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una primera consulta en hospitales. También, si se compromete la viabilidad de la universidad pública, cuyos rectores advertían el año pasado que ni siquiera podían cubrir los gastos de personal con el presupuesto que recibían y que su financiación era un 15% inferior a la de 2010.

La teoría dice que las rebajas de impuestos pueden compensarse por su capacidad para atraer capital, pero también comprometen la capacidad de invertir en lo que es de todos. De hecho, las bajadas de tasas en Madrid y Andalucía habrían reducido su capacidad de gasto (entre ellos el gasto social) en cerca de 1.000 millones en 2023, según el Informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gastos del ejercicio 2023, publicado por el Ministerio de Hacienda.

Otro debate que surge a este respecto es la competencia desleal entre comunidades, también conocida como "dumping fiscal". Este concepto hace referencia a reducir impuestos de forma agresiva, por debajo de los niveles habituales y con la intención de atraer empresas y contribuyentes desde otras regiones. Además, este modelo se podría traducir en pérdidas para otras comunidades que no se puedan permitir las rebajas o en una espiral impositiva a la baja que dañaría las prestaciones públicas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, en un lustro acumula 31 bajadas de impuestos, algo más llamativo aún si se considera que esta política de fiscalidad a la baja tiene recorrido desde la época de Esperanza Aguirre, que entre 2003 y 2012 siguió las misma dinámica. De hecho, la propia administración informa que desde hace 20 años el impuesto de sucesiones se ha ido modificando a la baja, con una merma en la recaudación que llega a los 55.000 millones de euros.

Subir los impuestos es una medida antipática, pero "no es conveniente entenderlos como una competición a la baja para ver quién es el que atrae al mayor número de clientela", afirmaba en 2021 el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, cuando le preguntaban por la política fiscal madrileña. De hecho, este organismo internacional llegó a calificar a Madrid en 2021 como un “paraíso fiscal interno” por, entre otras medidas, aplicar una tasa del 0% en el impuesto de patrimonio, disparando con ello un 10% en cinco años el número de personas ricas con respecto a otras comunidades.

Por otro lado, en Madrid el tipo impositivo más bajo de toda la escala lo paga el centil más rico, con solo un 26,9% de su renta dedicado al pago de impuestos, tal como detalla el Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, publicado en febrero por Fedea. En porcentaje, le sigue el quintil con menos poder adquisitivo, que paga un 27,7%, mientras que los tramos intermedios se mueven entre el 31% y el 38%.

Sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales y juego son los cuatro tributos que las comunidades tienen cedidos y sobre los que pueden aplicar alzas o rebajas. Los últimos datos del Ministerio de Hacienda, relativos a 2021, señalan que la recaudación total por ellos ascendió a un total nacional 15.700 millones, pero Ayuso siempre ha insistido en reducirlos. "Madrid emplea su autonomía y capacidad normativa, recogida en la Constitución, para definir su política de impuestos y ser más competitivos, como pueden hacer en cualquier otra región de España" señalaba la presidenta en el comunicado.

En la nota de prensa hecha pública por la Administración madrileña, señalan que la aprobación de la rebaja fiscal, que se hará efectiva este miércoles 19 en el Consejo de Gobierno regional, podría aplicarse a unas 14.000 personas, con un coste anual de 140 millones de euros. En los ejemplos que se ponen, dos hermanos que hereden de otro hermano fallecido, sin descendientes, ascendientes ni cónyuge, una casa valorada en 200.000 euros y unos ahorros de 100.000, evitarán el pago de más de 15.600 euros cada uno sobre la cuota sin bonificar. En el caso de cuatro sobrinos que hereden de un tío una vivienda por valor de 250.000 euros y unos ahorros de 100.000, cada uno dejaría de pagar unos 7.200 euros sobre la cuota sin bonificar. Tal como informa EFE, la justificación desde el Gobierno regional es que las clases medias y bajas "no estén asfixiadas", una afirmación que contrasta con el hecho de que el 1% más rico pague en la comunidad un tipo impositivo inferior al quintil más pobre.

“No existe tal cosa como un buen impuesto”, dicen que dijo el primer ministro británico Winston Churchill. A nadie le gusta pagar impuestos, ese mal necesario –también lo dijo Churchill– que no sólo es la fuente principal de ingresos de los Estados sino además materia habitual de violenta controversia política. Véase si no cómo, en un último intento desesperado por evitar la derrota que anticipaban todas las encuestas, Rishi Sunak recurría al miedo a los impuestos que los laboristas supuestamente iban a subir en cuanto entraran en Downing Street.

Tras aumentar en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y recortarse desde la década de los 80 con el ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en EEUU y Reino Unido, las políticas de austeridad utilizadas como cura para la Gran Recesión pusieron de nuevo la política fiscal en el centro del debate político. A los recortes en el Estado del Bienestar desde 2008 les sucedió una lluvia europea de fondos públicos para sostener la economía tras el parón del covid. Y las llamadas de los organizaciones internacionales para tapar los agujeros que los paraísos fiscales perforan en las maltrechas arcas de los Estados y para aplicar tipos impositivos mínimos tanto a las multinacionales como a los milmillionarios.

Un estudio de dos investigadores de las universidades de Viena y Zurich, Björn Bremer y Reto Bürgisser, confirman que, en efecto, los impuestos no son muy populares: hasta un 65% de los europeos apoyan las bajadas fiscales. Al menos los españoles, alemanes, británicos e italianos. Una encuesta a 1.200 contribuyentes de esos cuatro países en 2018 arrojó una respuesta que no sorprende a nadie. Pero Bremer y Bürgisser fueron un poco más allá en sus preguntas. Primero, quisieron saber si estaban a favor de que les bajaran el impuesto sobre la renta, el tipo máximo a los que más ingresan y el IVA. Después indagaron si creían que el Gobierno debería reducir esos impuestos aunque esa medida implicara un recorte del gasto público o un aumento de la deuda pública.

La respuesta fue que el apoyo a una rebaja de impuestos, cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias y se les enfrenta a lo que los autores llaman “disyuntivas fiscales”, disminuye de forma significativa. Hasta 15 puntos porcentuales.

En el caso de los españoles, pasa del 65% inicial al 54% si la rebaja fiscal en el IRPF se traduce en un recorte del gasto público, al 45% si resulta en un aumento de la deuda pública y cae hasta el 40% si va a suponer un alza del IVA. Cuando se les plantea un recorte del IVA, el 70% inicial que se muestra a favor cae hasta el 45% si va a suponer menos gasto público y al 49% si aumenta la deuda del Estado.

Porque subir los impuestos es una medida antipática, pero el Estado del bienestar incluye beneficios también muy valorados por la ciudadanía. Incluso en Estados Unidos, recuerdan los autores, las encuestas señalan que los ciudadanos se muestran “orgullosos de cumplir con sus obligaciones fiscales, que perciben como un deber moral y una responsabilidad cívica”, y en Reino Unido respaldan aumentos de su factura fiscal de hasta un 7% para sostener el gasto gubernamental. En otro estudio, Bremer y Bürgisser subrayan que los ciudadanos quieren que los gobiernos “proporcionen una red de seguridad a las personas cuando enferman, envejecen o se quedan sin empleo”, también que las apoyen para conseguir una mejor educación y un puesto de trabajo si pierden el suyo. Esa “inversión social”, dicen, atrae a “una amplia coalición de votantes de clase media con un buen nivel educativo”, además de estar muy bien valorada.

Y, para hacer todo eso, son necesarios los impuestos.

En los cuatro países analizados, el 63% apoya que se baje el IRPF, y aún más, el 67%, que se reduzca el IVA. Pero sólo un 20% quiere que se recorte el tipo máximo de la renta; el respaldo a que paguen menos impuestos los más ricos se ve como un cambio regresivo y es mínimo. Ahí no hay grandes diferencias entre unos países y otros. Sí son un poco más pronunciadas respecto al IRPF y al IVA. Los italianos son los que más apoyan los recortes fiscales: un 83% está a favor de que se baje el impuesto sobre la renta y un 80% el IVA. Los británicos, que tienen impuestos relativamente más bajos que el resto, son los menos entusiastas de las reducciones, sólo el 48% se muestra a favor de que se recorte el IRPF y el 58% de que se suavice el IVA. Si aumentara la deuda pública, sólo el 42% de los alemanes aceptaría una bajada del IRPF y únicamente el 40% la del IVA.

Es decir, cuando se les pregunta a todos ellos si les parecerían bien esas mermas de la factura fiscal aun cuando implicaran un recorte del gasto público, un aumento de la deuda del Estado o una subida de otros impuestos, el respaldo ciudadano cae por debajo del 50% en todos los países. En el caso del Reino Unido, apenas supera el 30% si la bajada del IRPF o del IVA se convierte en más deuda pública o tiene que compensarse con la subida de otro impuesto.

Bremer y Bürgisser también han analizado el papel que tienen el interés propio y la ideología en la escala de prioridades fiscales de los europeos. Y concluyen que la segunda predomina sobre el interés material, al menos entre los contribuyentes de izquierdas.

Aun así, destacan que los individuos con más ingresos son “ligeramente más partidarios” de las rebajas fiscales “regresivas” que los menos pudientes. Y los contribuyentes de derechas y los de ingresos más bajos –tanto de derechas como de izquierdas– son menos partidarios de rebajas en el IRPF si la contrapartida es una subida del IVA –un impuesto indirecto cuyo aumento se considera regresivo pues se aplica a todos los consumidores independientemente de su renta– o un aumento de la deuda pública. En Italia, Alemania y Reino Unido a los ciudadanos más pobres no les importa que les suban el IRPF si les bajan el IVA, pero en España no quieren ni oír hablar de más impuestos sobre la renta por mucho IVA que les perdonen.

Cruzando ideología y renta personal, los autores han descubierto también que los encuestados de izquierda con altos ingresos son más partidarios de subir los impuestos –o al menos de no recortarlos– que los encuestados de izquierda más pobres.

A juicio de Bremer y Bürgisser, estas sorpresas se explican por cómo los ciudadanos perciben subjetivamente los efectos distributivos de los impuestos y en qué medida están alineados con sus efectos distributivos objetivos. “El apoyo a impuestos más bajos es condicional y no absoluto”, concluyen.

A su juicio, estudiar cómo interpretan los contribuyentes los efectos distributivos de los impuestos, así como las disyuntivas fiscales, servirán para conseguir los recursos necesarios con los que abordar el cambio climático y las desigualdades, el próximo –y costoso– reto.

Las cifras de recaudación fiscal de 2022 confirman que, en contra de lo que debería demostrar la famosa curva de Laffer, las rebajas de impuestos no mejoran los ingresos tributarios. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León, abanderadas de las bajadas de impuestos como fórmula de estímulo fiscal, aumentaron menos su recaudación que el resto de las comunidades autónomas el año pasado. Los ingresos tributarios totales crecieron de media un espectacular 14,4% en 2022, sólo siete décimas menos que el ejercicio precedente, como efecto de la recuperación económica tras el confinamiento pandémico. Pero en Andalucía la mejora de la recaudación –12,2%– fue dos puntos inferior a la media nacional, en Castilla y León –9,7%– se quedó 4,7 puntos por debajo, en Galicia –12,2%– la distancia fue de 2,2 puntos, y en Murcia –3,1%, donde menos creció– nada menos que de 11,3 puntos. Sólo en Madrid los ingresos fueron superiores a la media nacional, aunque apenas una décima.

Por el contrario, las que más subieron su recaudación fueron Cantabria –48,3%–, Baleares –un 47,5%–, Canarias –el 36,6%–, La Rioja –23,2%– y Asturias –19,8%–.

Esas cifras se refieren a los ingresos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales, que gestiona la Agencia Tributaria. Pero si la lupa se pone sobre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas –Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Matriculación y Juego– también se observa la misma brecha.

De esas cinco comunidades autónomas, Andalucía es la que peor se ha comportado tanto en los impuestos estatales como en los de gestión autonómica. La recaudación del IVA creció en 2022 un 7,3% respecto al año anterior, la mitad de la media nacional y ocho puntos por debajo de lo que mejoró el ejercicio precedente. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades subieron un 8,4%, mientras que la media nacional alcanzó el 20,8%. La tasa de variación de 2022 se quedó, además, 20,3 puntos por debajo de la que se registró en 2021. Los Impuestos Especiales –hidrocarburos, tabaco, alcohol– se hundieron, con un recorte del 26,4%, mientras el alza nacional fue del 2,5% de media. Sólo la recaudación del IRPF, con un crecimiento del 20,4%, superó la media española, situada en el 15,8%. “Pero eso es algo que lleva ocurriendo desde 2015, no es un fenómeno que pueda atribuirse a las últimas bajadas de impuestos en Andalucía, donde, además, como las rentas están por debajo de la media nacional, la recaudación tiene más recorrido”, precisa Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), la recaudación en Andalucía aumentó un 10,03%, tres puntos y medio por debajo de la media española y hasta siete, 12 y 17 puntos por debajo de los crecimientos de Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. En Sucesiones, los ingresos cayeron un 17,64%, por sólo un 3,89% en el resto de España, mientras que en Patrimonio el alza del 6,93% se quedó a la mitad del 14,75% en que subió de media lo recaudado en las otras comunidades autónomas. Lo mismo ocurrió con el Impuesto de Matriculación, cuyos ingresos mejoraron cuatro puntos menos en Andalucía que en el resto del país. Tampoco el juego recaudó por encima de la media nacional, que mejoró un 19,5%.

Las cifras, por tanto, “contradicen los argumentos usados por el Gobierno andaluz”, asegura Diego Martínez, para defender las rebajas fiscales aprobadas, seis desde 2018 si se cuentan las de septiembre de 2022: desde una bonificación del 99% en Sucesiones y más deducciones en el Transmisiones Patrimoniales hasta una rebaja del 4,3% en el IRPF en los tres primeros tramos, la supresión de Patrimonio y hasta el canon del agua. “Su tesis es que las bajadas fiscales en esos impuestos permitirían recuperar las bases imponibles de otros, como el IVA, el Impuesto sobre Sucesiones o el IRPF”, abunda el profesor de la Pablo Olavide. Pero eso es algo que desmienten las cifras de recaudación de 2022.

Y no sólo para Andalucía. En Madrid, que lidera la ola de rebajas fiscales imitada por otras comunidades gobernadas por el PP, los ingresos del IRPF crecieron en 2022 un 14,7%, un punto por debajo de la media nacional y en los de Sociedades la distancia fue aún mayor, 4,5 puntos. Aun así, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar una nueva bajada, medio punto en todos los tramos del IRPF, si gana las elecciones del próximo 28 de mayo. En cambio, sí mejoró Madrid los resultados del resto de las comunidades la recaudación del IVA –cinco puntos– y los Impuestos Especiales –un punto–. También subió con brío en Madrid en 2022 el cobro del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, un 91,8%, 30 puntos por encima de la media española. Lo mismo sucede en Castilla y León –15 puntos–, pero no en Galicia, Murcia y Andalucía. Diego Martínez lo atribuye al “boom” de la inversión extranjera directa en España en los últimos tiempos, “sobre todo en Madrid”. Se trata, explica, del impuesto que pagan personas físicas asociadas a estas inversiones y que, con el tiempo, debería convertirse en impuesto sobre la renta de residentes.

En Madrid la recaudación de Transmisiones Patrimoniales creció un punto y medio por debajo de la media española, mientras que el Impuesto sobre el Patrimonio es inexistente desde 2009 y los tributos sobre el juego mejoraron sólo un 2,39%, 17 puntos por debajo de lo que lo hicieron de media en el resto del país. Por el contrario, el cobro del Impuesto de Matriculación creció ocho puntos más. También aumentaron los ingresos de Sucesiones y Donaciones, un 6,6% –la recaudación nacional se redujo casi un 3,89%– “muy apoyados en el impuesto sobre los grupos de parentesco 3 y 4”, apunta Diego Martínez: hermanos, sobrinos, tíos, primos. El pasado mes de octubre, la Comunidad aumentó al 25% las bonificaciones para el tercer grado de parentesco.

En Galicia crecieron por encima de la media nacional igualmente los ingresos de Sucesiones y Patrimonio, pero se redujeron los de Transmisiones Patrimoniales, así como los del IRPF, el IVA –nada menos que 11 puntos de caída– y los Impuestos Especiales, cuya recaudación se hundió un 15,7%. Por el contrario, mejoró Sociedades seis puntos por encima de la media española.

Sin embargo, el impuesto que grava los beneficios de las empresas se desplomó en Castilla y León, cuyo cobro cayó un 10,3% en 2022 respecto al ejercicio anterior, mientras que la media nacional disfrutó de un alza del 20,8%. En Murcia la mejora se quedó a 7,5 puntos de esa cifra. En Castilla y León, además, sólo creció la recaudación del Impuesto de Patrimonio entre los tributos cedidos. Y entre los estatales, mejoró únicamente el IRPF –2,8 puntos–respecto de la media española, pero se comportaron peor, aparte de Sociedades, también el IVA y los Especiales, cuya recaudación se desplomó un 41,3%. En Murcia evolucionaron peor que la media nacional tanto el IRPF –7,3 puntos por debajo– como el IVA, que se redujo un 21,2% respecto a 2021.

Las pérdidas de recaudación repercuten en la capacidad de las administraciones para gastar. Pero también tienen otros efectos menos visibles. Es lo que ha pasado con Andalucía, según destaca el profesor Diego Martínez. Sus ingresos tributarios se han quedado por debajo de la recaudación normativa del Sistema de Financiación Autonómica, la cantidad que cada comunidad debe aportar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, fijado en un 75% de lo que recolectan por los impuestos cedidos.

Pues bien, debido a los recortes fiscales practicados, la recaudación real de algunas comunidades es inferior a esa aportación a la que están obligadas. Por tanto, contribuyen más de lo que recaudan, y son cientos de millones de euros, advierte Diego Martínez. También le ocurre a la Comunidad de Madrid. En el IRPF, las cantidades fijadas para la recaudación normativa de las comunidades autónomas son correctas. No así las de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones, objeta, que están “muy mal calculadas, a partir de valores históricos que se actualizan según unos índices de referencia”. En todos los casos, critica el profesor de la Pablo de Olavide, aportar más de lo que se recauda se convierte en un “mal negocio” para las comunidades autónomas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2019 a favor de la Comunidad de Madrid y en contra de cuatro de los cinco hermanos Del Pino, los principales accionistas de Ferrovial, en un pleito sobre el Impuesto de Sucesiones que el Gobierno regional reclamaba por la herencia del fundador de la constructora, fallecido el 14 de junio de 2008. En cuatro sentencias, los jueces establecen que Rafael, Joaquín, María y Leopoldo del Pino no tenían derecho a aplicarse la bonificación del 95% que la ley concede a las transmisiones de empresa familiar mortis causa. De ese modo, su factura fiscal por este concepto aumentó considerablemente, aunque tampoco demasiado. Contaban aún con la reducción del 99% que permite la Comunidad de Madrid.

Según los cálculos que ha realizado infoLibre con la ayuda del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) a partir de la información revelada en las sentencias del TSJM, de haber aplicado el 95% de descuento que pedían, los cuatro hermanos Del Pino –falta un quinto, Fernando–, habrían pagado solo 199.544,41 euros en el Impuesto de Sucesiones por las acciones heredadas de su padre, valoradas en 1.047,06 millones de euros en 2008. Es decir, apenas el 0,019% de esa cantidad. Pero como el TSJM no se lo permitió, debieron pagar 4,05 millones de euros a Hacienda, lo que equivale al 0,39% de la herencia en acciones.

La cuenta se refiere únicamente a las participaciones –ni inmuebles ni otro tipo de patrimonio– que dejó a sus hijos Rafael del Pino y Moreno, un total de 59.130 títulos de la sociedad Karlovy SL –con la que controlaba Ferrovial a través de otra sociedad, Portman Baela–, que en 2008 fueron valorados en 17.705,34 euros cada uno. No se han incluido en el cálculo ninguna carga o deuda deducibles. Los hermanos eran entonces dueños del 44% del grupo; hoy controlan el 35,3%. Ese enorme paquete de acciones les permite figurar cada año en la lista de los más ricos de España. De hecho, si al patrimonio del actual presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, se le unen los de sus cuatro hermanos, superan el de Sandra Ortega, la hija del dueño de Inditex, la segunda persona más adinerada del país. Al menos según la lista que elabora la revista Forbes y que atribuye a los Del Pino una fortuna de 9.050 millones de euros, solo por debajo, por tanto, de los 53.500 millones de Amancio Ortega. Para medir el patrimonio de los superricos, la revista se basa en el porcentaje de capital que poseen en empresas cotizadas y sicavs, a partir de la información proporcionada por la CNMV y el Registro Mercantil. Pero también recoge datos de activos inmobiliarios.

En las sentencias, el TSJM establece que los hermanos Del Pino diseñaron una operación “compleja” para venderse a sí mismos –cada uno de ellos a una sociedad instrumental– parte de las acciones heredadas. En el caso de Rafael del Pino, fueron traspasados todos los títulos. E hicieron coincidir esa venta con la caída de las acciones de Ferrovial por culpa de la crisis inmobiliaria en 2009. Según los jueces, se “aprovecharon” de ese momento para compensar en el IRPF con la pérdida de valor de esas participaciones –más de la mitad de su precio– las ganancias patrimoniales que habían obtenido en esas mismas fechas en otras operaciones.

El TSJM dictamina que los Del Pino perdieron el derecho a beneficiarse del 95% de bonificación por transmisión de empresa familiar mortis causa porque vendieron las acciones heredadas antes de los cinco años en que la ley madrileña obliga a mantener –10 años la ley estatal– su número o su valor. Los hermanos, en cambio, defendieron ante los jueces que la pérdida de valor de sus acciones no era imputable a su voluntad, sino por efecto de la crisis. Por el contrario, las sentencias dejan claro que la venta de los títulos “carece de toda explicación razonable” que no sea la de “sortear los efectos fiscales” de las ganancias patrimoniales de los herederos, que “decidieron a su conveniencia determinada fecha para realizar la operación”.

Rafael del Pino se encuentra en el centro de la atención pública desde que Ferrovial anunció el traslado de su sede social a Países Bajos. El Gobierno sostiene que tras la decisión se encuentran los intereses personales tributarios de su presidente y principal accionista. La constructora, por el contrario, aduce motivos de seguridad jurídica y su deseo de cotizar en la Bolsa de EEUU.

De acuerdo con las estimaciones basadas en las acciones que figuran en las sentencias, Rafael del Pino debió de pagar a Hacienda 1,66 millones de euros en el impuesto de sucesiones por las 23.043 acciones heredadas, que vendió en su integridad a la sociedad de su propiedad Lester-Loriner SL. Si hubiera accedido al 95% de bonificación estatal, no habría ingresado en Hacienda más que 82.298 euros por los 407,98 millones en acciones recibidas de su padre.

María del Pino debió de pagar 1,06 millones por los 311,79 millones de euros heredados en títulos de Karlovy SL. La factura se habría reducido a solo 52.230 euros de haber conseguido la bonificación que le negó el TSJM. Leopoldo del Pino heredó 191,07 millones en acciones, que le supusieron una tributación de 776.265 euros, pero que podrían haberse quedado en 38.158 euros si hubiera podido acogerse al descuento del 95%. Joaquín del Pino tuvo que abonar 554.796 euros por la herencia de 136,2 millones, un ingreso que se habría reducido a 26.857 euros si hubiera disfrutado de la bonificación perdida.

La Comunidad de Madrid hace gala de las exenciones que aplica a los impuestos de sucesiones y patrimonio, que de hecho casi los suprime. Sin embargo, en el caso de los dueños de Ferrovial, peleó en los tribunales por el 1% que aún cobra en ese tributo tras aprobar hasta cinco bonificaciones en los últimos años. “No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo”, llegó a declarar su presidenta, Isabel Díaz Ayuso en abril de 2021. La Comunidad de Madrid deja de ingresar unos 2.663 millones de euros al año por esos múltiples descuentos que aplica al Impuesto de Sucesiones, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Pero la bonificación de la que quisieron beneficiarse los Del Pino tiene carácter estatal y se establece en la Ley General de Tributos. Sin embargo, los jueces les privaron de ella acudiendo no solo a la letra de la ley, sino también al “fundamento básico” del descuento para los casos en que se hereda una empresa familiar: “garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo”; en concreto, de las pequeñas y medianas, evitando que los impuestos que gravan la sucesión y la donación las pongan en peligro. Así lo recoge la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 1994 que fue trasladada a la legislación española en un Real Decreto-Ley de 1996. En cambio, en el caso de la herencia de Ferrovial, la bonificación del 95% pudo terminar sirviendo a un fin para el que no estaba pensada: reducir al mínimo la contribución fiscal de una de las mayores compañías españolas y de la segunda familia más rica del país.

Rafael del Pino y Moreno, el fundador de Ferrovial, recibió la Medalla de Oro del Colegio de Ingenieros de Caminos con un discurso en el que recordó sus comienzos profesionales en un piso del barrio de los Jerónimos de Madrid. Tras explicar al director de una de sus primeras obras las dificultades por las que atravesaba para sacar adelante la empresa, éste le preguntó: “Ah, ¿pero no tienes ningún modificado?”. Del Pino admitió ante su audiencia que no sabía lo que era un “modificado” y tuvo que preguntárselo al director de la obra: los cambios –injustificados– que se hacen en un contrato ya adjudicado y que terminan inflando el coste de un proyecto, una de las viejas malas costumbres de las licitaciones en España. “Fue entonces cuando me hice rico”, les confesó a sus colegas.

En efecto, Ferrovial nació en 1952 y creció a buen ritmo durante el franquismo a golpe de adjudicación pública, sobre todo ferroviaria, como indica su propio nombre. Su primera adjudicación consistió en un contrato para hacer agujeros en las traviesas de madera donde se encajan los raíles de las vías. Después, construyó los enlaces ferroviarios de Madrid, una obra pagada con dinero del Gobierno de EEUU: hizo 30 kilómetros de vías en 30 días, según rememora el periodista Fernando González Urbaneja, autor de Ferrovial. Un viaje sin fronteras, publicado en 2013.

En los años 60 Ferrovial ya contaba con más de 500 empleados. Había pasado de los trabajos ferroviarios a las obras hidráulicas y las carreteras. En 1972, Rafael del Pino se convirtió en el primer presidente de la recién nacida Enagás, propiedad por entonces del Instituto Nacional de Industria (INI). Ese mismo año construyó la autopista Bilbao-Behobia, la actual AP-8. Mucho después llegarían el AVE a Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, el Guggenheim de Bilbao, el viaducto de Montabliz (Cantabria), la radial 4 de Madrid, la terminal 3 del aeropuerto de Málaga… “Se trata de una empresa que debe todo a España”, ha sido el reproche del Ministerio de Economía a la empresa, después de que anunciara este martes el traslado de su sede social a Países Bajos.

A finales de la década de los 70, cuando no atravesaba sus mejores momentos, Ferrovial dio un primer salto fuera de España. Así, en 1979 aterrizó en Libia para construir 700 kilómetros de carreteras. Y cruzó el Atlántico hasta México, Brasil y Paraguay, según constata en su página web. Ya en los 90 compró Agromán, que tenía una buena cartera en Latinoamérica. En 1999 salió a Bolsa. El mismo año en que se hizo con el contrato de construcción de la autopista 407 ETR en Toronto (Canadá). Una vía que, además, gestiona con una concesión de 99 años y supuso el empujón definitivo hacia el futuro. Porque en 2000 tomó las riendas de Ferrovial Rafael del Pino Calvo-Sotelo, ingeniero de Caminos como su padre y quien ha pilotado la internacionalización de la compañía hasta hoy. Compró la principal constructora de Polonia, Budimex, la empresa de servicios Amey y el operador portuario BAA en Reino Unido, entre otros negocios. Ahora el 82% de sus ingresos proceden del extranjero. Sobre todo, de EEUU, Canadá y Reino Unido. Y la construcción ha dejado de ser su área principal de negocio. Las concesiones de autopistas y la gestión de aeropuertos han pasado a ser el cuerno de la abundancia para Ferrovial. España, por el contrario, representa sólo una cuota minoritaria de su actividad.

Las managed lanes, o autopistas gestionadas, donde se añaden carriles opcionales de peaje variable, según el tráfico y la hora del día, para aliviar la congestión de vehículos, son otro de sus éxitos: se ha hecho con cinco, tres de ellas en Texas, una en Carolina del Norte y otra en Virginia –esta última una concesión por 50 años–. En Reino Unido Ferrovial posee los aeropuertos de Aberdeen y Glasgow, en Escocia, y el de Southampton. También tiene el 25% del de Heathrow, en Londres. Participa en el proyecto de nueva terminal del Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy en Nueva York. Ha construido autopistas en Australia y un tramo del AVE en California. Además, ha ganado concursos lo mismo en Londres y Bratislava que en Chile y Colombia. Y está interesada en la energía eólica marina. Acaba de aliarse con la alemana RWE para desarrollar proyectos eólicos flotantes, en aguas profundas, una actividad para la que aún no existe tecnología. Por eso está ensayando un prototipo de flotadores de hormigón en Santander.

Es en este amplio mapa internacional donde sitúa Ferrovial los motivos para mudar su sede social a Países Bajos. La empresa de Rafael del Pino cree que “relocalizarse” allí aumentará “la notoriedad de su marca tanto en Europa como en el resto del mundo”. “Se trata de una jurisdicción con calificación crediticia AAA, un entorno favorable para negocios e inversores, un ordenamiento jurídico confiable y un sólido marco de gobierno corporativo”, elogia en las 90 páginas del Proyecto común de fusión transfronteriza que ha colgado en su página web. Esas condiciones, subraya la compañía, le permitirán “acceder a una base de inversores más amplia”. También conseguirán reducir los costes de financiación de sus emisiones de deuda “y, a la larga, también en mejoras en el coste total de capital”. Finalmente, los Países Bajos es la plataforma idónea para negociar simultáneamente sus acciones en España, los Países Bajos “y, llegado el momento, también en los Estados Unidos”. Nada se dice sobre ventajas fiscales, una de las razones por las que Países Bajos se ha convertido en un destino popular para empresas y particulares.

Según un análisis elaborado por el Banco Sabadell, Ferrovial puede ahorrarse hasta 40 millones de euros con el cambio de sede social. No la fiscal, que seguirá situada en España, según se ha ocupado de destacar la propia empresa. Se trata de las retenciones que debería hacer por los dividendos de sus filiales en el extranjero, que en España están bonificadas al 95% y en Países Bajos al 100%.

Sin embargo, un portavoz de Ferrovial asegura a infoLibre que esa cifra se aleja de la real. “Ese análisis se basa en un valor de los dividendos superior al que realmente se ha repartido este año, no tiene en cuenta las compensaciones de bases imponibles negativas de otros años y se ha hecho calculando que el 100% de los dividendos son tributables, cuando son sólo el 25%”, explica. “Los motivos [del traslado a Países Bajos] no son fiscales, sino facilitar la salida a Bolsa en Países Bajos y EEUU, y abrirnos a inversores en esos países con interés en infraestructuras”. Añade. Pero en España, donde dice haber pagado en impuestos el año pasado 282 millones de euros, seguirá “pagando igual el IVA, el IAE, las cotizaciones a la Seguridad Social…”. Tras lamentar la mudanza de Ferrovial a Países Bajos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado que la compañía de Del Pino ya no tributaba por ese 80% de beneficios que obtiene fuera de España. “El porcentaje restante es el que permanece en España y, según ha declarado la propia empresa, seguirá estando en nuestro país. Es decir, no hay ningún riesgo de que la parte de la inversión que ya estaba aquí se vaya a desplazar y, por tanto, tributará en el país”, indicó.

Además, el Sabadell ha cifrado en 20 millones de euros el coste del traslado de la sede social, una cantidad que el portavoz de Ferrovial admite como más acertado. Toda la operación se prolongará a lo largo de este año para quedar concluida hacia el tercer trimestre, asegura.

A González Urbaneja, el cambio de sede social no le pilla de sorpresa. Le parece una decisión lógica teniendo en cuenta la evolución de la empresa y que España, a su juicio, ha dejado de ser “un país amable con el mundo de los negocios” con las últimas medidas y declaraciones del Gobierno. Pero también asegura que España es un mercado que se le ha quedado “pequeño” a Ferrovial. De hecho, tras el Brexit, la empresa de Del Pino, que tenía en las islas una de sus principales fuentes de ingresos, ya trasladó de Londres a Países Bajos la cabecera de sus sociedades internacionales.

Como se sabe, no fue la única. La acompañaron desde Coca-Cola European Partners, la embotelladora que preside Sol Daurella, hasta las japonesas Sony y Panasonic, las americanas Bloomberg y Discovery Channel, Viacom International y Warner Media, entre otras. Es más, la deslocalización es un fenómeno habitual entre las multinacionales. Dyson, el fabricante de aspiradoras británico –cuyo dueño es un ferviente defensor del Brexit— trasladó la sede de su empresa a Singapur. También con mucho drama se recibió en Italia en 2014 la noticia de la mudanza de Fiat desde Turín hasta Países Bajos. Aunque también se ha dado el movimiento contrario: la petrolera angloholandesa Shell decidió en 2021 fijar su residencia fiscal en Reino Unido, donde ya tenía la social, y abandonar Países Bajos. En 2020 fue la agencia de viajes online eDreams la que cambió su sede social en Luxemburgo por Madrid, alegando “eficiencias organizativas y de costes”.

Pero puede calificarse de pioneros en la deslocalización al grupo irlandés U2, que ya en 2006 decidió desplazar a tierras neerlandesas su multimillonario emporio, para pagar menos impuestos. Pese a que Irlanda tiene ya de por sí un régimen fiscal bastante laxo. Según informó la prensa local, en realidad los U2 iban a utilizar en los Países Bajos la misma empresa a la que habían recurrido los Rolling Stones para beneficiarse de la exención fiscal de la que disfrutan los royalties allí.

Pese a las advertencias del PP sobre un posible efecto contagio a otras empresas del ejemplo Ferrovial, el consejero delegado de Cellnex, Tobias Martínez lo ha descartado: “No nos planteamos un cambio de sede a otro país”. También el presidente del grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, fue preguntado este miércoles por la decisión de la histórica constructora, que calificó de “sorpresa”. “Hay que tratar que no sea un precedente”, zanjó.

En cualquier caso, la alarma ha saltado. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido a Ferrovial que reconsidere su decisión, mientras que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y otros miembros de Podemos han cuestionado el “patriotismo” de la empresa. Por el contrario, PP, Ciudadanos y Vox han cargado contra el Gobierno, a quien acusan de ser el culpable del traslado de la constructora. De momento, habrá que esperar a la aprobación de la junta general de accionistas. La mudanza sólo saldrá adelante si la oposición a la medida no supera el 2,57% del capital social. Como quienes la rechacen tienen derecho a recibir una contraprestación por sus acciones, ésta no podrá exceder en total de 500 millones de euros para que la operación se materialice. El accionariado de Ferrovial está en manos de Rafael del Pino Calvo-Sotelo con un 20,4%, su hermana María con un 8,2%, y su hermano Leopoldo con un 4,15%, así como de los fondos Blackrock –un 3,18%–, TCI –un 6,4%– y Lazard –un 3%–. El 67% restante es capital flotante, propiedad de minoritarios. Por el momento, el fondo TCI ya ha dado su visto bueno al cambio de sede social.

El año pasado, Ferrovial ganó 186 millones de euros, un 84% menos que el ejercicio anterior porque los resultados extraordinarios fueron mucho menores. Pero ingresó 7.551 millones, un 4% más que en 2021. Su resultado bruto de explotación también creció, un 7,7%, hasta alcanzar los 728 millones de euros. Sólo la autopista canadiense le proporcionó 237 millones de dólares canadienses en dividendos. Las autopistas de Texas le brindaron otros 123 millones de euros. Y la cartera de construcción fue la más alta de su historia, según ha subrayado la propia empresa: 14.743 millones de euros. Rafael del Pino, uno de los hombres más ricos de España, habitual en la lista Forbes todos los años, ganó el año pasado 5,2 millones de euros, un 16% más que en 2021.

Vuelve a la palestra el debate del sistema de financiación autonómica, como cada vez que una comunidad toma una decisión sobre los impuestos que descoloca al resto. En este caso, el anuncio del presidente andaluz, Juanma Moreno, de suprimir el impuesto del patrimonio (que grava al 0,2% más rico de la población andaluza y que le resta unos 120 millones de euros de sus previsiones de ingresos) y la deflactación de los tres primeros tramos del IRPF. A este anuncio se le ha sumado Murcia, con una rebaja también del impuesto sobre las rentas. 

Las comunidades autónomas tienen cedida la gestión de un abanico de tributos nacionales. Las decisiones que los políticos toman sobre varios son las que hacen aflorar cada cierto tiempo un intenso debate público, como la tarifa autonómica del IRPF, el impuesto del patrimonio y el que grava de sucesiones y donaciones. Las regiones también gestionan el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el que afecta a las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el impuesto especial sobre determinados medios de transportes, así como los tributos sobre el juego y las tasas que afectan a los servicios transferidos. A estos se añaden los tributos propios que tienen las regiones, que afectan a emisiones contaminantes, vertidos, depósitos de residuos peligrosos, etc. 

En una comparación de los tramos autonómicos del IRPF, tras los últimos cambios en la Comunidad de Madrid y Andalucía aplicables para el ejercicio de 2022, las diferencias con otras grandes regiones, como Cataluña, cada vez son mayores. Las dos comunidades gobernadas por el PP mantienen cinco tramos, mientras que la región catalana registra siete. El tipo autonómico que se aplica, por ejemplo, a rentas de 60.000 euros es del 20,5% en la Comunidad de Madrid, del 22,% en Andalucía y del 21,5% en Cataluña. No obstante, en esta última región hay tres tramos más: a partir de 90.000 euros (23,5%), de 120.000 (24,5%) y de 175.000 (25,5%).

“Creo que las comunidades autónomas tienen un margen bastante amplio para establecer tributos propios. La mayoría han mantenido estos tributos hasta que a partir de un determinado momento se acuñó dentro de las propuestas electorales la oferta de bajar impuestos”, explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). “Por ejemplo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó el impuesto sobre el patrimonio en 2008 y lo tuvo que recuperar en 2011. Ahí, la Comunidad de Madrid aprovechó para establecer su bonificación autonómica del 100%. Desde entonces lo que ha hecho es proseguir en las siguientes campañas con las propuestas electorales de bajar impuestos, bonificaciones, etc”, explica el experto en materia fiscal.

“El sistema tributario ha evolucionado desde 1980, son más de 40 años de cambios” apunta Luis Manuel Alonso, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Barcelona. “Lo que se pedía era que las comunidades autónomas pudieran decidir, no solo sobre el gasto, sino también sobre los ingresos. Yo creo que es un sistema bastante aceptable, partiendo de que todo es mejorable, pero las cuestiones mejorables son más bien de detalle, no de funcionamiento general”, apunta el académico. El catedrático es crítico con la propuesta que defienden los técnicos de Hacienda, así como el Gobierno y algunos de sus socios, como Esquerra Republicana: “Lo de armonizar, como dice la señora ministra, habría que decir que es regresivo, volver a los años 80. Es contradictorio con un sistema que ha viajado hacia el federalismo fiscal”, defiende Alonso.  

Mollinedo, portavoz de la asociación que reúne a técnicos de Hacienda, es defensor de la propuesta: “Es necesario que el modelo sea reformulado. Hay comunidades autónomas que están infrafinanciadas, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía… también Madrid, en menor intensidad. El comité de expertos que nombró Cristóbal Montoro en 2015 ya concluyó que hacían falta unas horquillas mínimas y máximas, para que las comunidades autónomas tuvieran posibilidades de gestionar sus tributos, pero con unos límites, para evitar la competencia fiscal a la baja”, explica el secretario general de Gestha. 

Este punto sobre la competencia fiscal a la baja es una de las principales críticas de los contrarios a la armonización: “Armonizar, según la propuesta de María Jesús Montero, quiere decir subir impuestos. Es un término que siempre sale cuando una comunidad autónoma anuncia una rebaja fiscal”, critica el catedrático. “Cuando se menciona el compromiso de solidaridad, habría que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Madrid, que es la principal aportante. Luego van Cataluña y Baleares, pero la mayoría de comunidades son receptoras del excedente de recaudación de las primeras. Habría que hilar un poco más fino en este debate”, apunta el profesor.  

“Lógicamente desde la perspectiva de las comunidades que han bonificado el 100% de determinados impuestos la armonización supone una subida”, responde el portavoz de Gestha, que añade: “Pero ‘armonización’ significa establecer un umbral mínimo, y también un máximo. Eso quiere decir que en aquellas comunidades con tipos más altos podrían bajar. Es una cuestión que va más allá de ideologías, en los comités de expertos hay técnicos que cubren todo el espectro de pensamiento académico, es análisis técnico”, defiende José María Mollinedo. 

Es en este punto cuando el debate ha encallado históricamente. Tanto el secretario general de Gestha como el catedrático de Derecho Tributario coinciden en un punto: “Es un debate extremadamente politizado”, señalan. Por un lado, la principal razón que esgrime José María Mollinedo es que la “competencia fiscal a la baja” de comunidades como Madrid y Andalucía hacen daño a la conciencia fiscal de los españoles: “Es como el día sin IVA. Esto de luchar políticamente por a ver quién baja más impuestos es malo. España no tiene una gran presión fiscal, estamos muy por debajo en recaudación tributaria en comparación con Europa. En datos de 2019, porque la pandemia ha distorsionado los datos, España recaudó un valor equivalente al 34,7% del PIB. La media ponderada de la UE es de 5,3 puntos más, y en eurozona, de 5,7 puntos”, critica Mollinedo.

Por otro lado, el catedrático Luis Manuel Alonso critica que el principal problema de las cuentas españolas no es de recaudación, sino de gasto: “Este debate se usa como arma arrojadiza entre los políticos. Pero hay estudios que señalan que si España racionalizara el gasto ahorraríamos mucho, estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. Una racionalización del gasto público y una mejora de la eficiencia de nuestros recursos nos haría más ricos que los alemanes”, ironiza el académico.

 ¿Cómo acercar posturas para encontrar un punto de consenso? José María Mollinedo recurre a un ejemplo del pasado: “No es fácil. Pedro Solbes lo calificó de sudoku presupuestario. Cada comunidad defiende sus particularidades: la insularidad, la dispersión geográfica, la ultraperificidad, la proporción de personas mayores, el peso de la deuda histórica, la afluencia masiva de turistas de otras regiones…”, enumera Mollinedo. El catedrático Alonso no considera que el debate vaya a aflojar: “Siempre resurgirá cuando interesa más a una parte o a otra. No hay que ser ingenuo, supongo que al PP le conviene hacerlo ahora, que vienen tiempos electorales. Que lo hagan ahora no creo que sea casualidad”, apunta el profesor. 

La gestión de Alberto Núñez Feijóo en materia de ingresos y gastos durante sus trece años de mandato en Galicia revela una política dirigida a favorecer, sobre todo, a las rentas más altas y una contradicción: redujo la capacidad de Galicia de generar fondos propios mientras reclamaba más dinero al Gobierno central porque el que tenía no era suficiente para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales que necesitaban los gallegos.

El relevo de Pablo Casado al frente del PP ha cambiado parcialmente las formas y ha abierto la puerta a negociaciones que su antecesor mantenía bloqueadas, pero el nuevo líder no suelta la bandera de la bajada de impuestos como eje central de la propuesta económica del Partido Popular. La estrategia de Feijóo, en plena crisis de precios alimentada por la invasión rusa de Ucrania, pasa por poner en el centro del debate la pérdida de poder adquisitivo de los españoles y justificar así una rebaja del IRPF que compense la inflación.

Durante la gira que protagonizó por las 17 Comunidades Autónomas en busca del apoyo de los militantes a su candidatura y en sus intervenciones en el congreso extraordinario de Sevilla, el nuevo líder del PP incluyó entre los méritos que había acumulado como presidente de la Xunta haber reducido en 1.200 millones de euros los impuestos que pagan los gallegos.

¿De qué ha servido esa rebaja de impuestos? Desde luego no para mejorar el crecimiento de la economía gallega ni para atraer inversión. El ultimo año antes de la pandemia Galicia creció un 2,2% en proporción a su PIB, dos puntos por detrás de España. Y las previsiones para los años 2022 y 2023, según BBVA Research, son que seguirá pediendo posiciones respecto al conjunto del país a un ritmo de tres décimas el primer año y nueve el segundo. La rebaja fiscal de Feijóo tampoco ha sido capaz de acabar con su limitada capacidad de atracción de inversiones privadas, según la Fundacion BBVA.

Para colmo, el conselleiro gallego de Facenda, Miguel Corgos, sostiene que Galicia “recibe del actual modelo de financiación 800 millones de euros anuales menos de lo que le cuesta a la Xunta financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”. La cifra forma parte de las alegaciones que el Gobierno de Feijóo trasladó a Hacienda el pasado mes de enero para pedir a la ministra María Jesús Montero una modificación de la propuesta de cálculo de la población ajustada, el criterio clave para regular la financiación de las comunidades autónomas. La Xunta sostiene que sólo el factor dispersión de la población representa un sobrecoste de 500 millones de euros.

La paradoja es que, mientras Feijóo reclama más dinero al Gobierno central para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, presume de haber renunciado a recaudar entre 400 y 500 millones de euros anuales mediante reducciones de impuestos. 

Galicia es una de las Comunidades Autónomas más dependientes de la financiación del Estado, muy por encima de territorios económicamente mucho más activos como Madrid o Cataluña. Sus ingresos propios, que apenas cubren el 20% del presupuesto de la Xunta, proceden de tributos cedidos al 100% en los que la gestión corresponde íntegramente a la comunidad gallega (los impuestos de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre el patrimonio y del juego) también aquellos cedidos pero que no gestiona la Xunta, aunque sí ejerce competencias (los tramos autonómicos del IRPF y del impuesto sobre los hidrocarburos).

Las reducciones aprobadas por Feijóo en el impuesto sobre el patrimonio, presentadas como una política destinada a “facilitar llegar a fin de mes” a las familias gallegas y compensar lo que la Xunta califica como “una subida indiscriminada de impuestos”, favorecen sin embargo a las rentas medias y altas y a los contribuyentes con patrimonios más elevados. Aunque para las rentas más altas el impuesto se mantuvo o se incrementó un punto.

Quienes más van a notar este año la rebaja en Galicia son los que tienen un patrimonio notable porque van a disfrutar de una bonificación del 25% con un mínimo exento de 700.000 euros. También los que presenten declaraciones de la renta en los tramos que van de 27.700 a 35.200 euros y en el de 47.600 a 60.000 de base liquidable, con rebajas superiores a las de los tramos más bajos.

El impuesto sobre las transmisiones patrimoniales ha bajado también en 2022 del 10 al 9%, ampliando las rebajas que se venían aplicando cuando el tributo afectaba a la compra de vivienda habitual o cuando esta estaba en zonas poco pobladas. Aunque en este último supuesto la Xunta incluye municipios turísticos y situados en las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo, las ciudades más pobladas de Galicia.

El impuesto sobre el patrimonio rebajado por Feijóo afecta en Galicia a unas 8.000 personas que poseen en torno a 50.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria de antes de la pandemia. El grueso de estas fortunas, según la misma fuente, son acciones en empresas que no cotizan en bolsa y que no están afectadas por el tributo (más de 32.000 millones) y bienes inmuebles (4.300 millones). Es a estos propietarios a quienes el actual presidente del PP rebajó, sólo en 2021, un total de 183,09 millones de euros, según estimaciones de la Xunta. La previsión para 2022, según los Presupuestos Generales aprobados en el Parlamento de Galicia, alcanza los 136,9 millones.

En relación con el impuesto de sucesiones, a Feijóo no le pareció suficiente excluir del pago a las herencias por encima de 400.000 euros sin contar la vivienda habitual por un valor de hasta 300.000 euros. Así que en 2019 decidió ampliar la exención a quienes hereden hasta 1.000.000 de euros, si bien incluso estas herencias sólo tributan por la cantidad que exceda de esa cifra.

Las rebajas fiscales de 2021 se reparten del siguiente modo: 183,09 millones en favor de quienes más patrimonio tienen, 177,55 del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, 158,97 se sucesiones y donaciones y apenas 27,74 de IRPF.

No son estas las únicas rebajas de impuestos aprobadas por el Gobierno gallego. En 2020 el ejecutivo presidido por Feijóo decidió aprobar una rebaja de impuestos extraordinaria, durante un año, para compensar al sector del juego de las consecuencias de la crisis de actividad causada por el coronavirus. Por este concepto, las finanzas gallegas dejaron de ingresar 3,67 millones de euros, resultado de perdonar un 20% del pago que tendrían que haber hecho casinos y bingos y un 30% por máquinas de juego y azar. Es algo que Feijóo ya había hecho en 2012, también por un año pero entonces sin pandemia, con un coste para las arcas públicas de 3,8 millones.

La Ley de Defensa de la Autonomía Fiscal, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en su pugna permanente con Moncloa, se tambalea en la Asamblea de Madrid. El texto, con el que en teoría se busca blindar a la región ante una posible armonización fiscal impulsada desde el Gobierno central, se ha encontrado de frente en la Cámara regional con sendas enmiendas a la totalidad. Entre ellas, la de Vox. Una iniciativa que la oposición se abre a apoyar para hacer caer el proyecto salido de la Puerta del Sol. "Como no va acompañado de texto alternativo, votando su enmienda lo único que hacemos es conseguir que el proyecto se devuelva al Gobierno", señalan desde las filas socialistas. De suceder esto, sería la primera derrota parlamentaria de Ayuso desde los comicios del 4M.

El Gobierno madrileño siempre ha dado a esta norma una relevancia mayúscula. Tanto, que se vendió como uno de los grandes anuncios de Ayuso durante su investidura. "Para evitar la inseguridad jurídica, les anuncio que traeremos a esta Cámara una ley de defensa de nuestra autonomía financiera. Pero voy más allá: cada vez que alguien nos hable de dumping fiscal, de efecto capitalidad, de efecto aspiradora o ataque de alguna manera a los intereses de los madrileños, le recordaremos que somos la región más solidaria con el resto del país y que, si nos va mal a nosotros, le va mal a toda España", se encargó de resaltar, entre aplausos, la presidenta regional durante su discurso.

Solo tres meses después, el Ejecutivo autonómico abría a consulta pública la iniciativa. Y el pasado enero, anunciaba a bombo y platillo la aprobación del proyecto. El texto en sí no es excesivamente extenso. Apenas cuenta con diecisiete artículos con los que el Gobierno regional pretende blindar a la región con los impuestos más bajos frente a un Ejecutivo central que estudia una reforma que avance hacia una armonización fiscal tan reclamada desde algunos territorios. "Cualquier ley, disposición normativa y acto del Estado con fuerza de ley que infrinja la autonomía financiera (...) será objeto de recurso de inconstitucionalidad", recoge el proyecto.

La norma se encuentra ahora mismo en la Asamblea de Madrid a la espera de que sea activada su tramitación parlamentaria. Algo que, por el momento, no ha sucedido. El texto se ha encontrado con enmiendas a la totalidad de todos los grupos parlamentarios. También de Vox. La ultraderecha registró la suya en un contexto muy concreto. Lo hizo tras el choque con Ayuso por el señalamiento a los menores extranjeros no acompañados. Y apenas unas horas después de las elecciones en Castilla y León, de las que el PP salió sin la deseada mayoría absoluta y barajando abiertamente la posibilidad de buscar un Gobierno del que la extrema derecha no formara parte.

La formación ultra rechaza el texto al considerar que hace una "encencida y marcada defensa del modelo autonómico". "La iniciativa del Ejecutivo regional entiende que la autonomía está por encima del principio de unidad al pretender que ninguna norma estatal pueda afectarla, predetermina el contenido político de la actuación de cualquier futuro Gobierno nacional y convierte un conflicto político con Pedro Sánchez en un conflicto institucional con el Estado", resaltó el partido en un duro comunicado, en el que insistió en que el proyecto "agrava las diferencias e injusticias entre españoles" y pretende "petrificar el modelo fiscal autonómico" y "enfrentar a las regiones y las autonomías con el Estado".

Pero de esa valoración no hay ni rastro en la enmienda a la totalidad. Al fin y al cabo, no es más que un párrafo genérico sin valoración política de ningún tipo. De ahí, que el bloque de izquierdas haya decidido abrir la puerta a utilizar este rechazo de los ultras para hacer caer la iniciativa de Ayuso. Desde Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no se ve con malos ojos dejar de lado sus textos y votar a favor de la enmienda de la formación liderada por Rocío Monasterio, lo que permitiría que el proyecto normativo fuera devuelto directamente al Ejecutivo madrileño –el PP tiene 68 diputados, frente a los 71 que suman el resto de grupos parlamentarios–.

"El objetivo es que no salga adelante. Y, en este caso, no hay contexto alternativo", reconocen fuentes de Más Madrid. Una línea en la que abundan desde las filas socialistas. "Si la enmienda fuera con texto alternativo, tendríamos que analizar qué es lo que estaríamos votando. Sin embargo, en este caso a lo que estaríamos dando nuestro apoyo sería a una enmienda a la totalidad exactamente igual a la nuestra. Por tanto, votando a favor de la iniciativa de Vox lo que hacemos es, simplemente, devolver el texto al Gobierno", explica alguien de peso del grupo parlamentario. "Nosotros no tendríamos, por tanto, que explicar nada, eso sería un problema para Vox", coinciden desde las filas moradas.

El abrazo planteado desde la izquierda parlamentaria pone en una posición complicada a la formación ultra, que sabe que pesca en el mismo caladero de votos que los conservadores y, al mismo tiempo, que esos electores no comprenderían que ambos grupos no se entendieran en la Cámara autonómica. Si Vox decide no moverse, provocará la primera derrota política de Ayuso desde los comicios autonómicos del 4-M. Y si apuesta por dar un giro de timón y retirar la enmienda, estaría aceptando un proyecto que "defiende el modelo autonómico vigente", algo que, según dicen, es "incompatible" con esa Agenda España que ellos mismos pusieron sobre la mesa y que "defiende la unidad y la igualdad entre todos los españoles".

De todos modos, desde la oposición no descartan absolutamente nada. Ni, mucho menos, dan por hecho el éxito de su movimiento. Siempre puede haber, por ejemplo, un acuerdo entre ambos grupos para desbloquear el trámite a cambio de llegar a acuerdos en el marco de las enmiendas parciales. "Viendo cómo ha funcionado Vox en lo que llevamos de legislatura, no nos extrañaría nada que al final se moviesen para permitir la tramitación del proyecto de ley y no molestar al PP", conceden desde la oposición.

Al fin y al cabo, abundan, la formación conservadora lleva toda la legislatura utilizando a la ultraderecha como su "felpudo". Con más escaños que toda la izquierda parlamentaria junta, a los de Ayuso les vale para sacar adelante sus iniciativas con cuatro abstenciones de Vox, que la única alternativa que tiene para bloquearlas es votar junto a las fuerzas progresistas. Y los de Monasterio, en lo que va de legislatura, no han hecho otra cosa que seguidismo. Así, por ejemplo, ayudaron a bloquear la reapertura de la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia. O permitieron, poniéndose de perfil, que se tumbase hace solo unos meses a la dirección de Telemadrid.

Ahora, con la ley estrella en materia fiscal en la cuerda floja, el Ejecutivo madrileño ha decidido redoblar la presión sobre sus socios parlamentarios. Este miércoles, el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, ha querido remarcar que "es incongruente" el hecho de que la ultraderecha exija una reducción impositiva al tiempo que trata de impedir que la región goce de una "autonomía financiera" que el Ejecutivo central pretende "restringir". Hasta ahora, ambas formaciones han aprobado de la mano la rebaja de medio punto del tramo autonómico del IRPF y la eliminación de los impuestos propios.

España volverá en 2022 a pasar el examen del Código de Conducta de la UE, cinco años después de la última vez que debió someter unos de sus regímenes fiscales al escrutinio del órgano que vigila la competencia tributaria leal dentro de las fronteras europeas. El proyecto de Ley del Ecosistema de Empresas Emergentes, que pretende incentivar el desarrollo de start-ups, configura un régimen especial del tipo que los Estados miembros están obligados a notificar al Código de Conducta, un grupo creado en el seno del Consejo de la UE que evalúa si estos esquemas respetan o no las normas del juego limpio fiscal. Con el recién aprobado, el Gobierno quiere rebajar hasta el 15% el tipo del impuesto de sociedades para las nuevas empresas, cuando el general alcanza el 25%. Entre otras ventajas fiscales incluidas en la norma.

Así lo ha confirmado un portavoz del Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 10 y ahora comenzará su tramitación parlamentaria, por lo que no se espera que entre en vigor hasta finales del año próximo. También deberá pasar el escrutinio de la Comisión Europea, que dilucidará si las ventajas fiscales que la norma concede a las empresas constituyen ayudas de Estado ilegales.

Pero ambos procedimientos de examen son independientes y distintos. Si la Comisión considera que el esquema puede ser ilegal, entonces el Código de Conducta interrumpirá su evaluación, a la espera de que el Ejecutivo europeo se pronuncie. Pero podría ser el caso de que uno de los órganos dictaminara que la ley es adecuada y el otro le contradijera. Ha ocurrido unas cuantas veces en los 24 años de historia del Código Conducta, como han puesto de relieve infoLibre y los medios de la red de investigación EIC. Tras tener acceso a miles de documentos internos del Código de Conducta, desde actas e informes hasta correos electrónicos, han quedado al descubierto los fallos más notorios del vigilante fiscal de la UE.

Creado en 1997, el Código de Conducta era un grupo casi desconocido para la opinión pública europea hasta la publicación de los Luxleaks en 2014. Entonces se supo que Luxemburgo mantenía hasta 343 acuerdos fiscales muy ventajosos con otras tantas grandes multinacionales. Conocidos en inglés como tax rulings, son uno de los mecanismos que los gobiernos utilizan para atraer a las empresas a sus territorios. El problema es que ese trato preferente a ciertos negocios puede ser considerado una competencia desleal para el resto de los socios comunitarios. Los técnicos del grupo examinan cada régimen preferencial a la luz de cinco criterios. Con sólo que se incumpla uno de ellos, el trato preferencial se considera “pernicioso” para la competencia fiscal leal en la UE y el Estado miembro que lo ha creado debe modificarlo o derogarlo.

Es lo que ha ocurrido hasta ahora con nueve regímenes fiscales españoles, de un total de 23 que pasaron el examen desde 1997. Los últimos que fueron evaluados por el Código de Conducta fueron los llamados patent boxes, los sistemas especiales de incentivos a la propiedad intelectual aprobados tanto por el Gobierno central como por las haciendas forales vascas y navarra. Todos ellos fueron declarados perjudiciales en 2009 y modificados. Aunque de forma muy poco diligente. De hecho, España tardó cuatro años en suprimir las ventajas tributarias para patentes. Los regímenes fueron reevaluados en 2016. Y deberían haber sido suprimidos al año siguiente. Pero en noviembre de 2018, el Código de Conducta aún se quejaba de que España había seguido permitiendo que nuevas empresas se acogieran a los incentivos por más tiempo del que se había comprometido: hasta julio de ese año no adaptó el régimen de patentes a las normas de la OCDE y de la UE en la Ley de Presupuestos. Las modificaciones de los esquemas vascos no se produjeron tampoco hasta marzo y mayo de 2018. Las del navarro tuvieron que esperar a octubre. 

Ese es precisamente uno de los problemas del Código de Conducta. Al tratarse de un grupo de carácter político, no tiene forma de obligar a los Estados miembros a ejecutar sus decisiones, que no son vinculantes. Tampoco puede sancionarlos si las incumplen. Y ni siquiera los señala públicamente por su desobediencia. Otro de sus defectos más destacados es la falta de transparencia. Amparado en la confidencialidad de sus debates y en el carácter sensible de los asuntos fiscales, ha mantenido ocultos hasta ahora su funcionamiento y decisiones.

Además, los documentos publicados por infoLibre y la red EIC han desvelado que los gobiernos soslayaban con habilidad los dictámenes del grupo que estaban obligados a cumplir. Cuando el Código de Conducta decidía cerrar el régimen fiscal de un país que concedía ventajas excesivas a las empresas, con tipos impositivos más bajos que en el resto de la UE o incluso con un tipo cero, ese mismo gobierno u otro creaba un nuevo régimen similar que permitía continuar con esos o parecidos beneficios tributarios.

De ahí que la Comisión Europea haya emprendido una reforma del Código de Conducta que deberá impulsar la Presidencia francesa el próximo año. Pero que, de momento, se encuentra bloqueada por el rechazo de Hungría y Letonia.

En ese entorno incierto será examinado el año próximo el “ecosistema de empresas emergentes” que ha diseñado el Gobierno español. A expensas de que sea modificado en el Congreso, el nuevo régimen no sólo rebaja 10 puntos el tipo del impuesto de sociedades durante cuatro cuatro años a las start-ups, sino que también aumenta del 30% al 40% las deducciones por inversión, aumentando la base máxima de 60.000 a 100.000 euros y el tiempo durante el cual se considera a una empresa “de reciente creación”: de tres a cinco años, pero hasta siete años si pertenecen a los sectores de biotecnología, energía e industrial. Además, se les permitirá aplazar sus deudas con Hacienda durante los dos primeros años de actividad.

También se eleva el mínimo exento, de 12.000 a 45.000 euros, de las stock options –opciones sobre acciones, una manera de gratificar a los empleados–. Y se facilita el acceso al Impuesto sobre la Renta de los no Residentes. El objetivo es atraer empresas a territorio español y atraer “talento”, trabajadores altamente cualificados. Así que se les permite tributar en ese régimen durante 10 años –el resto sólo puede hacerlo durante cinco años— y también que lo puedan utilizar el cónyuge, el progenitor de los hijos del trabajador, los hijos menores de 25 años y los hijos discapacitados.

El Código de Conducta sólo evalúa impuestos corporativos, no los que gravan los ingresos personales. Aunque ésa es una de las reformas que el Parlamento Europeo e incluso la propia Comisión quieren llevar a cabo. Sólo si se finalmente se aprueba, el grupo también podrá examinar estos incentivos personales de la Ley de Start-Ups española.

Con este conjunto de beneficios fiscales, el Gobierno calcula que dejará de ingresar unos 2.300 millones de euros al año tras favorecer con ellos a cerca de 5.000 empresas emergentes, con una facturación de dos millones de euros. Cuando alcancen unos ingresos de cinco millones, no podrán seguir recibiendo las ayudas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no dudó en calificar de "muy favorable" el régimen fiscal diseñado para este tipo de negocios.

En cualquier caso, no es ésta la primera vez que un régimen para impulsar la creación y desarrollo de empresas emergentes se somete a la revisión del vigilante fiscal de la UE. En 1999 pasaron bajo su lupa los incentivos aprobados por las haciendas forales del País Vasco y Navarra. Estaban incluidos en la norma del impuesto sobre sociedades que aprobaron en 1996. Se las bautizó como las “minivacaciones fiscales vascas” y acompañaron a las famosas y polémicas “vacaciones”: una bonificación del 45% de las inversiones acometidas por las empresas siempre que éstas superaran los 15 millones de euros. En concreto, las ayudas fiscales a las empresas nuevas se beneficiaban de reducciones de la base imponible de entre el 25% y el 99% durante sus cuatro primeros años de vida. Para ello, debían haber desembolsado un capital mínimo de 120.000 euros, invertir más de 480.000 euros y crear al menos 10 puestos de trabajo.

Ese esquema de ventajas tributarias mereció la aprobación del Código de Conducta en 1999 pero, junto con el resto de las vacaciones fiscales vascas, acabó en la Comisión Europea, que en julio de 2001 determinó su carácter de ayuda de estado ilegal.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Europea, los incentivos para las start-ups vascas y navarras favorecían “a algunas empresas, falseaban la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre Estados miembros”. Así que fueron suprimidas, pese a haber pasado el filtro del Código de Conducta.

Este órgano también ha examinado ayudas a empresas de nueva creación creadas por otros Estados miembros. En 1999 aprobó las ayudas que Francia concedía para estimular a los empleados de las start-ups a crear sus propias empresas mediante préstamos en condiciones ventajosas. También pasó ese año el examen un régimen creado por Países Bajos para nuevos negocios en las Antillas Holandesas. Pero fue dictaminado como perjudicial para la competencia otro del mismo país que incluía exenciones vacaciones fiscales para empresas nuevas en Aruba. El mismo suspenso recibió el esquema aprobado por San Marino para start-ups de alta tecnología en 2017. El que diseñó Luxemburgo con vacaciones fiscales para este tipo de compañías en 1999 fue autorizado. Otro similar creado en Letonia en 2017 no llegó a ser evaluado.

¿Qué requisitos deberá cumplir la Ley de Start-Ups española para superar la prueba del Código de Conducta? Primero, el órgano determinará si ese régimen especial es potencialmente pernicioso para el juego limpio fiscal europeo. Para ello estudiará si concede un nivel de imposición efectivo significativamente inferior al normal: esos 10 puntos menos del impuesto de sociedades. Hay que recordar que el Código de Conducta echó abajo el régimen fiscal de Gibraltar para determinadas empresas porque pagaban el 10% en sociedades cuando el tipo general se elevaba al 20%.

Después, dilucidará si, además, es pernicioso de hecho porque las ventajas fiscales sólo benefician a no residentes y no recortan la base imponible española. También estudiará si las empresas beneficiadas tienen actividad económica real y presencia sustantiva en España. Finalmente, la ley debe cumplir las normas fiscales internacionales –las de la OCDE– y ser transparente; es decir, que sus detalles hayan sido publicados y su aplicación no esté sujeta a la discreción de las administraciones.

Una vez haya sido examinado a la luz de todos estos criterios, el Código de Conducta establecerá si el nuevo régimen, aun siendo perjudicial para la competencia, está justificado por razones de mercado, de competitividad o porque exista un precedente. Ha sido el caso de algunos regímenes especiales para territorios de ultramar o periféricos –como Nueva Caledonia, Malvinas, Canarias o Madeira– que aprobaron el examen porque se consideraron necesarios para el desarrollo de estas zonas perjudicadas por la distancia.

Martijn Nouwen libró durante años una tenaz batalla con la maquinaria burocrática de la UE para descubrir los entresijos del Código de Conducta, uno de los órganos más herméticos –y polémicos— del Ejecutivo comunitario. Profesor de Derecho Fiscal Internacional y de la UE en la Universidad de Leiden (Países Bajos), los miles de documentos así obtenidos le sirvieron para elaborar su trabajo de doctorado. Y para convertirse en el mayor experto sobre el órgano que vigila, con dudoso acierto, el juego limpio fiscal en la UE. Ahora ha puesto en manos de la revista alemana Der Spiegel y de la red de medios EIC, de la que forma parte infoLibre, toda la información que durante años el Código de Conducta ha hurtado a la opinión pública. Nouwen, investigador sobre paraísos offshore, transparencia y evasión de impuestos, ha asesorado en materia tributaria al Parlamento de su país, uno de los mayores defensores y practicantes en Europa de la relajación fiscal.

PREGUNTA: La UE lleva un cuarto de siglo intentando frenar el negocio de paraísos fiscales europeos como Luxemburgo, Chipre o los Países Bajos. ¿Por qué el éxito ha sido hasta ahora modesto y por qué decidió investigar el trabajo del Código de Conducta?

RESPUESTA: Ante todo, hay una falta de transparencia. Las deliberaciones del Grupo Código de Conducta, que la Unión Europea creó para ese propósito, se desarrollan a puerta cerrada. Sus documentos y actas son confidenciales. Se sabía que este órgano tenía una función importante, pero hasta ahora se desconocía en gran medida cómo funciona y si es eficaz para atajar las prácticas fiscales perjudiciales de los países. El objetivo de mi trabajo era, sobre todo, arrojar más luz sobre esta oscuridad.

P: Usted ha analizado unos 2.500 documentos internos del grupo. ¿Cuál es su conclusión?

R: Los resultados son contradictorios. El grupo ha alcanzado resultados impresionantes y la competencia fiscal se ha convertido en un juego mucho más transparente y regulado. Se han modificado o eliminado muchos regímenes fiscales perjudiciales. Pero, al mismo tiempo, cuando se tapaba una laguna fiscal se creaba otra nueva que era explotada por los Estados miembros. Por ejemplo, la evasión fiscal con modelos de negocio fiscalmente agresivos, las empresas buzón y los tax rulings [acuerdos fiscales con grandes empresas] siguen sin abordarse adecuadamente. Tanto los Estados miembros pequeños como los grandes siguen frustrando el desarrollo de soluciones eficaces para estos problemas.

P: El objetivo de los gobiernos siempre ha sido atraer a las empresas a sus propios países ofreciendo ventajas fiscales. De este modo, querían asegurarse ingresos adicionales a costa de sus países vecinos. ¿Cómo se formaban los frentes en esta guerra?

R: Por un lado están los sospechosos habituales. Pequeños países de la UE como Chipre y Malta, pero también los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Bloquearon el trabajo del grupo en muchos ámbitos siempre que pudieron. Especialmente durante los primeros 15 años de existencia del Código de Conducta. Pero los grandes países también se mostraron a menudo reticentes. Alemania, por ejemplo, sigue bloqueando un acuerdo sobre la publicación de los tax rulings concedidos por las autoridades fiscales a las multinacionales, porque quiere preservar las competencias de sus länder. Gran Bretaña, por su parte, tenía en mente los intereses de sus islas de baja tributación, como Jersey o Guernsey. Estas resistencias dificultaron aún más el trabajo del grupo.

P: ¿Qué papel desempeñaron los ministros de Economía europeos?

R: Habían creado el grupo para frenar las prácticas fiscales perjudiciales y evitar que la Comisión Europea utilizara el arma legal de las ayudas de Estado. Al limpiar sus propios sistemas de impuesto de sociedades en el seno del grupo, los Estados miembros conservaban su tan apreciada soberanía fiscal, mientras ahorraban a la Comisión considerables esfuerzos de investigación en ayudas estatales. Sin embargo, curiosamente, los ministros se alegraron de tener poco que ver con el Código de Conducta una vez finalizado el primer ejercicio de limpieza en 2003. Desde entonces, se limitan a aprobar los informes semestrales de progreso del grupo sin ningún debate. Ni siquiera si los Estados miembros incumplen su compromiso de derogar un régimen, o bloquean o frustran soluciones en asuntos importantes de evasión fiscal.

P: ¿A qué se debe esa actitud?

R: Por un lado, los problemas de evasión fiscal suelen ser tan complicados que los ministros de Finanzas y sus asistentes técnicos a menudo no podían entenderlos. Por otro, los gobiernos querían evitar disputas. Al fin y al cabo, había otras cuestiones políticas, a menudo más importantes, en Europa. Tenían que elegir sus batallas, y la lucha contra la evasión fiscal no era una de ellas.

P: ¿Cree que es posible una reforma del grupo?

R: Sí, y se necesita urgentemente. Hay que tomar medidas para aumentar la transparencia y la legitimidad democrática del Código de Conducta. El grupo necesita una presidencia política con un liderazgo de alto nivel para reforzar el vínculo con los ministros de Finanzas en el Ecofin, y con organizaciones internacionales como la OCDE. En la actualidad, esto no existe. También sería útil que el presidente estuviera presente en las deliberaciones de los ministros de Finanzas; eso le daría mayor relevancia al tema. Es importante que los ministros de finanzas discutan realmente la competencia fiscal perjudicial y también que señalen y denuncien a los [Estados] problemáticos del grupo. Lo que falta sobre todo es transparencia.

P: ¿Y eso cómo se podría conseguir?

R: Hay propuestas sensatas sobre la mesa. Por ejemplo, el Gobierno holandés ha sugerido recientemente que se publique un informe detallado con las posiciones de los Estados miembros después de cada reunión del grupo. Ese sería un paso en la dirección correcta, pero lamentablemente varios Estados miembros, entre ellos Alemania, rechazaron la propuesta. Lo que no aumenta la credibilidad, sino que crea más desconfianza.

P: Si usted fuera el próximo presidente del Código de Conducta, ¿qué haría?

R: Hacer todo lo posible para abrir el grupo a la ciudadanía, investigar los regímenes de baja tributación para los contribuyentes más adinerados y hacer frente a los modelos de negocio fiscalmente agresivos que utilizan las empresas multinacionales.

P: Tras la publicación de los Papeles de Pandora, se discute si estas filtraciones tienen consecuencias reales en lasPapeles de Pandora políticas fiscales. ¿En qué medida cree que el trabajo del Código de Conducta se ha visto afectado por las filtraciones periodísticas sobre temas fiscales?

R: Las filtraciones fiscales, como LuxLeaks, los Papeles de Panamá y ahora los Papeles de Pandora, son muy importantes para crear un impulso en la lucha contra los precios fiscales perjudiciales que son explotados por las empresas multinacionales. Permítame poner un ejemplo. Antes del escándalo de los tax rulings de Luxleaks, en 2014, los Estados miembros, tanto los pequeños como los grandes, incumplieron las declaraciones políticas que ellos mismos habían hecho en el Código de Conducta a favor de intercambiar información sobre sus tax rulings. La Comisión condenó este incumplimiento durante más de 10 años. Pero no pasó nada. El escándalo de los Luxleaks puso en el punto de mira los tax rulings que firmaban los Estados miembros. Este proyecto periodístico, combinado con la presión política y social, creó un impulso para que la Comisión convirtiera un acuerdo político no respetado sobre tax rulings en una ley comunitaria jurídicamente vinculante.

P: El Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución en la que reclama una reforma urgente del Código de Conducta, que debería incluir la ampliación del mandato del grupo a los impuestos sobre la renta de las personas físicas. ¿Cree que es posible incluirlos en el ámbito de análisis del Código? El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, abrió esa posibilidad en su discurso en el Parlamento Europeo, pero también dijo que algunos países se resistían a los cambios y estaban retrasando las decisiones. ¿Sabe cuáles son esos países? ¿Cree que existe un “patrón de obstrucción sistemática” por parte de algunos Estados miembros en el Código de Conducta, tal y como denunció el Parlamento Europeo?

R: Esperemos que los Papeles de Pandora, que pusieron el foco en los asuntos fiscales de políticos y de algunas de las personas más ricas de Europa, creen un estado de opinión a favor de que el Código de Conducta comience a investigar los acuerdos fiscales especiales para expatriados y personas adineradas. Mis investigaciones revelan que varios Estados miembros, en particular Portugal y Alemania, así como la Comisión Europea, presionan cada vez más para empezar a trabajar en los regímenes tributarios de las personas físicas. Pero este enfoque siempre se ha visto bloqueado por otros Estados miembros, en particular Irlanda y los Países Bajos, que argumentan que debatir sobre impuestos personales supondría una invasión inaceptable de su soberanía en materia de fiscalidad directa. En mi opinión, la competencia fiscal perjudicial a través de regímenes fiscales preferenciales para expatriados y empleados debe tratarse en el Código de Conducta, preferiblemente hoy y no mañana.

P: A partir de ahora, con el Reino Unido fuera de la UE, ¿hay alguna forma de negociar con los británicos no sólo sobre Gibraltar sino también sobre sus territorios de ultramar cuando surja una cuestión fiscal? ¿Se seguirá el mismo procedimiento con el Reino Unido que con países vecinos como Liechtenstein o Suiza, por ejemplo?

R: El Código de Conducta ha tenido bastante éxito a la hora de promocionar los principios de fiscalidad justa de la UE en sus relaciones con terceros países, como Suiza y Liechtenstein. Al incorporar estos principios en la elaboración de la lista negra de paraísos fiscales de la UE, el resto del mundo, incluida Gran Bretaña y sus territorios de ultramar, tendrá que abstenerse de introducir regímenes fiscales perjudiciales. Será difícil para Reino Unido seguir frustrando la toma de decisiones en el Código de Conducta. En caso de que Londres decidiera ignorar la declaración de un régimen como perjudicial, los Estados miembros podrían activar un arsenal de medidas defensivas fiscales y no fiscales frente al Reino Unido.

P: ¿Sabe en qué está trabajando ahora el Código de Conducta? ¿Ha disminuido la actividad del grupo en los últimos años? ¿Es cada vez menos operativo? A partir de 2018, sólo ha evaluado algunos regímenes fiscales en Polonia, Grecia, Estonia, Croacia, Malta y Luxemburgo.

R: Un tema importante y muy sensible en el que el Código de Conducta sigue trabajando actualmente es: ¿deberían publicarse en la página web de las autoridades fiscales nacionales los tax rulings concedidos a las multinacionales? Los debates en el grupo muestran que especialmente Alemania y Francia están frustrando el trabajo en esta área. Francia no quiere que el grupo se centre en los tax rulings nacionales. Y Alemania no quiere que se publiquen en la página web de las autoridades fiscales nacionales. Mientras que varios países, como Bélgica, los Países Bajos e Italia, han creado bases de datos online con muchos tax rulings internacionales, Alemania y Francia no han dado ningún paso en este tema tan importante. No siempre son los sospechosos habituales los que frenan el progreso en temas importantes de evasión fiscal. Al no dar ejemplo, estos dos grandes Estados miembros ponen en peligro la credibilidad del grupo. Actualmente, el Código también mantiene conversaciones con terceros países como Australia, Jordania, Maldivas y Turquía, para que cumplan los principios de fiscalidad justa de la UE.

Además, el Código de Conducta también está discutiendo ahora sobre su futuro. Necesita urgentemente una reforma: hay que tomar medidas para aumentar la transparencia y la legitimidad democrática del grupo.

_______________

Traducción: Begoña P. Ramírez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que cuando les empiezan a ir "peor las cosas" les miran "con envidia" y les critican "con agravio".

Así le ha respondido a la preocupación expresada por Urkullu ante el "dumping fiscal" que plantea, a su parecer, la Comunidad de Madrid con las rebajas de impuestos y porque "determinadas comunidades" se puedan convertir "en paraísos fiscales", según informa Europa Press. 

"Hoy decía el lehendakari Urkullu que nosotros hacíamos 'dumping fiscal', no hay comentario al respecto teniendo en cuenta que es una comunidad autónoma (País Vasco) que tiene un régimen fiscal a la carta, con toda suerte de privilegios", ha declarado en un acto con alcaldes y portavoces del PP de los municipios de la Zona 10 de la Comunidad.

"Cuando empiezan a irles las cosas peor, porque con políticas autoritarias no se crece, dunos miran con envidia y nos critican con agravio", ha señalado. Según la presidenta, "eso ya está inventado, se llama nacionalismo y allá donde se aplica empobrece a la gente".

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado negociar los Presupuestos Regionales para 2022 con el PSOE porque los madrileños no la han votado "para aplicar políticas socialistas que van en la dirección contraria a la prosperidad en Madrid", informa Europa Press.

Así ha contestado la dirigente madrileña, en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos, a la carta que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, le ha enviado, donde le pedía que retirase las cuentas y acordase otras con el resto de grupos.

Para la líder del Ejecutivo madrileño, "no tiene sentido" pactar los Presupuestos de todos los madrileños "con personas que dicen que hay que subir los impuestos en la Comunidad, que están pactando con el brazo político de ETA, que dicen que Madrid hace dumping fiscal", que dicen que son "una comunidad vírica", que habría que "descentralizar" o que España es "una nación de naciones".

"No tenemos nada que ver en Madrid el socialismo y el Gobierno de la Comunidad, que somos liberales en lo económico y que estamos pendientes de cómo crear prosperidad para que nadie se quede atrás. Son políticas tan distintas las que tenemos los socialistas y los representantes de este Gobierno que creo que es muy difícil llegar a pactar los Presupuestos de los madrileños", ha dicho, aunque ha renglón seguido ha trasladado que sí estarán ahí para cuestiones en las que puedan entenderse.

Concretar propuestas con Vox

Respecto a las negociaciones con Vox, ha indicado que aún están hablando con este partido y buscando "un mayor entendimiento". "Es cierto que por ahora vamos conociendo sus propuestas por los medios de comunicación y nos gustaría ir concretándolo porque ya los plazos son cada vez más cortos", ha dicho.

Con respecto a la modificación de las leyes LGTBI, que pide el partido de Rocío Monasterio, Ayuso ha repetido que desde el Gobierno regional no están a favor de derogarlas pero sí de "buscar aquello que las pueda mejorar".

En este punto, ha indicado que no tiene "líneas rojas" en la negociación pero que tiene claro que no va a hacer nada "que vaya contra el interés general de los madrileños". Ayuso ha reconocido que están "en pleno análisis de estas leyes" pero todo lo que tengan que modificar de las mismas se hará "con sumo respeto, con cuidado y nunca utilizando como moneda de cambio los intereses y las preocupaciones de nadie en la Comunidad de Madrid".

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha insistido en que "no cabe un impuesto especial" para una parte de España y que habría que "dar las gracias a los madrileños" por financiar servicios públicos "de muchos otros españoles".

En una entrevista con Telecinco, recogida por Europa Press, López ha indicado que no entiende por qué "la culpa" la acaba teniendo siempre la Comunidad de Madrid y piensa que deben ser "más serios" cuando se hacen propuestas como la de subir impuestos a la región.

"No cabe un impuesto especial para una parte de España, cuando la Comunidad aporta casi el 70% del fondo de solidaridad interterritorial. Como mínimo, creo que habría que darles las gracias a los madrileños por este esfuerzo que están haciendo para financiar servicios públicos de muchos otros españoles, de lo que nos sentimos muy orgullosos; pero qué mínimo que den las gracias y no demonicen a la Comunidad de Madrid desde el punto de vista fiscal", ha trasladado el consejero.

Así, ha avisado de que utilizarán todos los instrumentos jurídicos que tengan a su alcance para poder evitarlo, ya que "Madrid tiene autonomía fiscal como cualquier otra comunidad autónoma". "Que respete nuestra autonomía, Madrid es una Comunidad, no un distrito federal (...) Vamos a dejar de mentir a la sociedad española", ha zanjado López

En pleno debate sobre un impuesto a las rentas altas de Madrid por el denominado "efecto de capitalidad", los datos de la Agencia Tributaria (AEAT por sus siglas) no engañan: los españoles con mayor patrimonio se concentran en la región madrileña. Y cuanto más ricos, más hay. Así, el 66% de las grandes fortunas en España con 30 o más millones de euros en su haber viven en esta comunidad. También el 50% de los que poseen entre 6 y 30 millones de euros.  

Así lo arroja el resultado de la última declaración del Impuesto de Patrimonio relativa a 2018 -la de 2019 está pendiente de aparecer- cruzada con la bonificación autonómica: Madrid es la única comunidad que actualmente bonifica al 100% este tributo, de recaudación estatal pero de gestión autonómica. De acuerdo con la Agencia Tributaria, 406 de las 608 grandes fortunas en España que declaran en el último tramo están exentas por residir en un territorio que exime de abonar el impuesto. Son dos de cada tres. El margen de error en estos cálculos es muy bajo porque en 2018 solo La Rioja bonificaba una parte de Patrimonio, una medida posteriormente suprimida. 

Los 202 restantes con más de 30 millones que sí tuvieron que declarar a la AEAT dejaron a las arcas estatales 135,2 millones. El problema es lo que se dejó de ingresar en Madrid: 307,6 millones de euros. De 2011 a 2018, el número de grandes fortunas en Madrid ha pasado de 179 a 406, un 127% más. Se toma 2011 como referencia porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suprimió este impuesto en 2008 -formó parte de la campaña electoral-, que fue reestablecido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy nada más llegar al poder, entre las medidas entonces adoptadas para contentar a la Troika. La Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora Isabel Díaz Ayuso nunca ha dejado de bonificarlo. De hecho, los cálculos que se extraen de la AEAT arrojan que esta autonomía ha perdido 6.000 millones de 2011 a 2018 por las bonificaciones. Solo en 2018 fueron 905 millones. 

Se trata de la mayor concentración (66%) y crecimiento en siete años (127%) de cualquier tramo del impuesto en una sola autonomía. Y curiosamente, es el más alto, el de los ultrarricos. Una concentración que pierde fuelle en orden descendente: para el siguiente tramo (entre 6 y 30 millones), los residentes en la comunidad son 3.260 contribuyentes sobre un total de 6.465 (algo más del 50%). Las personas con un patrimonio comprendido entre 6 y 30 millones habría crecido un 53% desde 2011: 2.119 hace una década y 3.260 en 2018. 

A partir de ahí, comienza un descenso en picado. Los contribuyentes con un patrimonio entre 1,5 y 6 millones que viven en Madrid son un 20% del total: 11.520 sobre 53.671 en toda España. Y finalmente, del tramo más bajo, entre 300.000 euros y 1,5 millones, en la Comunidad de Madrid solo vive el 5,6%: 7.980 residentes fiscales madrileños frente a 140.353 en todo el país.  

La conclusión es unívoca: cuanto mayor son las ganancias patrimoniales de los españoles, más posibilidades de residir en Madrid. 

La polémica está servida por la propuesta de nueva fiscalidad para Madrid, defendida por el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y avalada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. "La propuesta de Ximo Puig se basa en la baja fiscalidad de la que se benefician los contribuyentes con mayor capacidad económica en Madrid", señala Carlos Cruzado, portavoz de Gestha. Cruzado agrega que esa baja fiscalidad se percibe no solo en Patrimonio sino también "en la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones a los parientes más cercanos, etcétera". Este técnico de Hacienda aboga por la "armonización de los impuestos cedidos" a las autonomías, un debate que está en el centro del grupo de expertos convocado por Hacienda. "Pero no solo los expertos actuales sino el informe Lagares del año 2014 y otros comités posteriores, en los que se ha hablado siempre de establecer unos mínimos en el Impuesto de Sucesiones. De actuar así, se estaría solucionando o paliando los problemas del efecto de capitalidad".  

Madrid, "diferente a las demás"

Las autonomías nunca aplican las rebajas fiscales de Madrid, principalmente porque la mayoría no solo no cuenta con un nutrido grupo de decenas de miles de empleados públicos estatales que general valor añadido (desde los ministerios hasta las oficinas centrales de las empresas públicas como Renfe o Adif). Sino también porque alegan que, al haber menos densidad poblacional (Madrid ha superado los 6,5 millones de habitantes y subiendo), cuesta más prestar los servicios públicos. 

Últimamente, no pocos organismos e instituciones apuntan a este supuesto dumping fiscal y al efecto de capitalidad. Según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a partir de datos de la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda y la Estadística del Padrón continuo del INE, las deducciones fiscales de Madrid causaron en 2018 una merma recaudatoria de 4.111 millones al año. 

"Madrid es la que se comporta de forma muy diferente a las demás, perdiendo más de 4.100 millones de recaudación, un 25,1% de los ingresos no financieros homogéneos que realmente obtiene", reza el IVIE. "Si Madrid no hubiese utilizado su capacidad para disminuir impuestos, sus ingresos no financieros homogéneos per cápita habrían ascendido a 3.147 euros, pasando de estar en la peor situación relativa de todas las CC. AA. a situarse por encima de la media", continúa el informe del IvieMadrid: Capitalidad, Economía del Conocimiento y la Competencia Fiscal. "En resumen, Madrid tiene unos ingresos homogéneos per cápita de 2.515 euros, que la sitúan a la cola de España. Estos ingresos tan reducidos no se deben al Sistema de Financiación Autonómica, que deja a Madrid en una situación relativa prácticamente idéntica a la media, sino al ejercicio a la baja de su autonomía tributaria".

Durante los últimos años resultan bastante habituales las acusaciones por delitos fiscales en el mundo del fútbol, donde llueven millones y millones de euros. Es, por ejemplo, el caso del nuevo entrenador blanco, a quien Hacienda acusa de ocultar sus ingresos por derechos de imagen en 2014 y 2015 tras una compleja estructura fiscal.

Por estos hechos, la Fiscalía le acusa de dos delitos. De considerarse agravados, si la cuantía defraudada supera los 600.000 euros, podrían conllevar penas de entre los 2 y los 6 años; o de entre 1 y 5 años si no conllevaran tal consideración.

Sin embargo, hay que recordar que en muchos de estos casos, a pesar de tener, en principio, acusaciones que pueden conllevar penas superiores a los dos años -umbral a partir del que normalmente se entra en prisión en España si no se tienen antecedentes penales-, resulta frecuente llegar a acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. De esta forma, las penas acaban siendo inferiores a los dos años, pero teniendo en cuenta una atenuante muy cualificada de reparación del daño. La mayoría de los acusados acaban pagando las cantidades adeudadas a Hacienda antes de llegar a ese momento.

Las estrellas del fútbol acuden, en muchas ocasiones, a prácticas de elusión fiscal que son planificadas por sus asesores. Alguna vez, dado que la línea que la diferencia de la evasión es muy fina, estos colaboradores incurren directamente en fraude fiscal y en delitos fiscales por las elevadas cuantías de dinero que se manejan. En estos casos, tratan de abaratar al máximo su factura fiscal.

Hemos visto durante tiempo que los asesores fiscales, consultores o abogados que ayudan a planificar estas operaciones de “ingeniería fiscal”, que a veces son entramados ilícitos, no han sido acusados por los tribunales. Es más, incluso en ocasiones ni tan siquiera son perseguidos por Hacienda.

Es verdad que Messi pudo marcar un punto de inflexión. Y es que si bien sus asesores y consultores no fueron denunciados, la sentencia del Tribunal Supremo echa en cara a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía no haberlos puesto ante la justicia, ya que, en muchos casos, estos expertos deberían ser considerados cooperadores necesarios en los delitos cometidos por los jugadores. Desde entonces ha habido cierto cambio que se ha podido ver en algunos casos que han salido a la luz, como el de Shakira, en el que tanto ella como su asesor en EEUU han sido acusados de delitos fiscales.

Sin generalizar, lo cierto es que estas personas difícilmente pueden llegar a planificar su fiscalidad de esta manera, ni elaborar esos entramados societarios (muchas veces con ramificaciones en paraísos fiscales) sin contar con la ayuda de expertos. Por tanto, desde el punto de vista del derecho penal, estos asesores deben ser, cuando así se demuestre, considerados como cooperadores necesarios en el delito. Son personas sin las cuales no se hubieran podido cometer a pesar de que en los tribunales intenten rehuir de sus posibles responsabilidades.

Ojalá, a la vista de la sentencia del Supremo en el caso Messi, la situación vaya cambiando para saber quiénes son realmente todos los culpables de los delitos fiscales que se cometen en el mundo del fútbol.

___________________

Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)Carlos Cruzado

Celebro que Biden haya impulsado una de las revoluciones pendientes: subir los impuestos a los ricos e imponer una tasa global para las grandes empresas. Si lo logra, la recaudación servirá para financiar parte del billón de dólares de gasto social destinado a ayudar a la maternidad, reducir la pobreza infantil, comprar alimentos para las personas que no llegan a fin de mes, sufragar la sanidad y las instituciones educativas. Sin duda todo un acto revolucionario destinado a reforzar el Estado de bienestar, un giro absoluto a la política fiscal estadounidense, que siempre ha gravado más las rentas del trabajo que las del capital. Contra todo pronóstico, el presidente de los Estados Unidos resucita la propuesta de un impuesto mundial común, que dio por muerto su retrógrado antecesor Donald Trump. Quizá, en su momento, tomase buena nota del insólito manifiesto dirigido a los entonces candidatos a la Presidencia, en el que dieciocho multimillonarios estadounidenses, encabezados por Warren Buffet y Bill Gates, se ofrecían a pagar más impuestos. Sucedió poco antes de comenzar la pandemia y fue en respuesta al plan que propuso Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, de aplicar un gravamen especial a las fortunas con activos valorados en más de cincuenta millones de dólares.

Ahora más que nunca, frente a la crisis avivada por la pandemia, el mayor esfuerzo fiscal debe recaer sobre las rentas más altas y las grandes corporaciones. Se necesita más y mejor recaudación. Cuando compareció ante el Congreso, Biden señaló que cincuenta y cinco de las mayores compañías estadounidenses, a pesar de que habían tenido beneficios de cuarenta mil millones de dólares, no pagaron impuestos el año pasado. Es injusto, añadió, que paguen menos por sus ingresos que los trabajadores de la clase media. “Ironías de la vida: las propuestas económicas que antes eran de Podemos, ahora son de Biden”, tuiteaba Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno y secretario de Economía de Podemos, a propósito del radical cambio político que se ha producido en la Casa Blanca.

Lo mejor es que Joe Biden y su brazo ejecutor, la secretaria del tesoro Janet Yellen, crean tendencia y están acelerando proyectos paralizados por culpa de los fuerzas conservadoras que se resisten al menor cambio y defienden sus intereses con uñas y dientes. De momento, se han desbloqueado las negociaciones de la OCDE, organismo encargado de coordinar internacionalmente las políticas económicas y sociales, para establecer una tasa, aunque de momento sea mínima, a los beneficios de las empresas y conseguir que las multinacionales tributen donde hacen sus negocios y no a través de los paraísos fiscales.

Tan buenas expectativas internacionales coinciden con la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que, entre otras cosas, prohíbe las amnistías fiscales, actualiza la lista de paraísos fiscales y refuerza los poderes a los inspectores de Hacienda para combatir con mayor eficacia la economía sumergida y la evasión de impuestos. Se calcula que, por culpa de los defraudadores, España pierde a través del fraude, la evasión y la elusión en torno a setenta mil millones de euros, cantidad con la que se podría cubrir el presupuesto sanitario durante varios años.

Delante de mi borrador de la Renta, cuando se aproxima la fecha para presentar mi declaración anual, confieso que mis ánimos se resienten, una vez más, al saber que el setenta por ciento del fraude lo cometen las grandes fortunas o las grandes empresas. Solo ellas se pueden permitir el lujo de contratar excelentes asesores de los bufetes más importantes del mundo para eludir, con artimañas legales, la acción de la justicia o dilatar los procedimientos judiciales y, en caso de ser condenados, atenuar las sanciones. Imposible no citar el desastroso ejemplo del rey Juan Carlos I, residente desde hace un año en Abu Dabi. Sin embargo, las pequeñas irregularidades de los contribuyentes más modestos no tienen escapatoria.

Me recuerdan que la mayor parte de los ingresos de las arcas públicas depende del esfuerzo tributario de las rentas medias, y que de poco vale apretar las tuercas a los ricos porque son menos y, además, siempre tienen la posibilidad de trasladar su negocio o depositar legalmente su dinero en cualquier lugar donde les ofrezcan mejores condiciones. Ojalá las cosas cambien. Me consuelo pensando que la balanza se empieza a inclinar a favor de conseguir cierta equidad contributiva, pero aún estamos demasiado lejos de que se cumpla el principio constitucional según el cual cada ciudadano debe pagar en función de su capacidad económica. Para cumplir de buen grado con mis obligaciones tributarias, y no solo por temor a la sanción, necesito saber que hago un enorme esfuerzo a cambio de que mi país cuente con una buena sanidad, educación, seguridad y protección social. Pero también confiar en que haya una cierta justicia contributiva, en resumen, que pague más el que más tiene.

Existe una medida para aumentar la conciencia fiscal de los humildes asalariados y autónomos. Consiste en crear un sistema de recompensas a los que mejor cumplan con sus obligaciones tributarias. En algunos países a los que exigen facturas se les da una pequeña compensación económica. Ignoro por qué no se generalizan este tipo de estímulos para favorecer el comportamiento cívico, como sucede con las vacunas. En la ciudad de Detroit, en Michigan, pagan cincuenta dólares a los conductores que llevan a un ciudadano a vacunarse contra el covid y algunos empresarios ofrecen dinero o tiempo libre a sus empleados como incentivo para que se vacunen. En España tenemos poca conciencia fiscal y la fórmula de la recompensa a quienes voluntariamente abandonen el pequeño fraude sería la mejor manera de estimularla y el método más eficaz de acabar con la desdichada expresión ¿con IVA o sin IVA?

______________________

Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, galardonadas con algunos de los principales premios literarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves la Estrategia España 2050, un documento "abierto" que se someterá a un "debate nacional" en el que ha invitado a participar a todos los españoles, también a los partidos políticos, las comunidades autónomas y los municipios, de cara a decidir "el país que queremos dentro de 30 años", según recoge Europa Press.

El documento, que analiza los nueve grandes desafíos a los que se enfrenta España y se marca 50 objetivos, no está "cerrado, es un documento vivo" y una "primera propuesta" que servirá de base para "un gran diálogo nacional" que se celebrará en los próximos meses.

Será, ha asegurado Sánchez, "un diálogo de abajo a arriba" y "abierto a todos" porque de lo que se trata, ha subrayado es de "alcanzar esa visión compartida de una nueva España hacia la que queremos caminar juntos".

La meta que se ha marcado el Gobierno con esta estrategia es situar a España en el grupo de los países más avanzados de Europa, que actualmente componen Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia.

Nuestro país, ha dicho Sánchez, tiene muchas "asignaturas pendientes" y nos enfrentamos a "retos importantísimos, formidables" pero, ha sostenido, "desde 1977 España no ha hecho más que progresar y así va a seguir haciéndolo"

¿Es Madrid un paraíso fiscal? La respuesta es unívoca: no. Los madrileños pagan impuestos (IRPF) y las empresas también (Sociedades) al mismo nivel que las demás regiones: en IRPF en la Comunidad de Madrid se paga un poco menos y en Sociedades se tributa en toda España al 25% frente al 28% que recaudan las haciendas forales de Navarra y Euskadi. Ahora, ¿se pagan los mismos impuestos en Madrid que en el resto del país? Tampoco: los grandes patrimonios pagan mucho menos de lo que lo harían en otras autonomías al bonificar la comunidad desde 2008 el Impuesto sobre la Riqueza o sobre el Patrimonio (100%) y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (al 99%). En definitiva, Madrid podría recaudar entre 5.000 y 6.000 millones de euros más anuales a costa de los ricos. 

Esto explica que los ultrarricos, los patrimonios con más de 30 millones de euros, hayan crecido un 125% de 2011 a 2018 en la región mientras los servicios públicos llevan una década de via crucis: la comunidad que menos gasta en Educación por habitante, la segunda que menos en Sanidad por persona o la que tiene los peores servicios sociales. Madrid es un oasis fiscal en España que no tiene parangón ni siquiera en los sistemas más descentralizados y federales de la UE, Alemania y Bélgica. Y todo ello en medio de una estrategia de la Comisión Europea lanzada en 2016 que pasa por armonizar algunos de los principales impuestos entre los Veintisiete. A esta última estrategia se agarra el Gobierno desde la semana pasada para armonizar Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD). 

A todo esto, ¿qué ocurre en la UE?

En Alemania, un país federal desde que se promulgara la Ley Fundamental de 1949, el 95% de los impuestos emanan del Gobierno central (Bund). Es un sistema cooperativo: todas las tasas "fiscalmente importantes" corresponden a la hacienda federal, y después se "redistribuyen horizantal y verticalmente vía transferencias para mitigar los desequilibrios fiscales entre las regiones (Länder)", según resumen en esta síntesis publicada en 2013 los economistas y profesores universitarios Timm Bönke, Beate Jochimsen y Carsten Schröder. 

En Alemania funciona un sistema de pagos por compensación (Länderfinanzausgleich) por el cual las tres regiones más ricas, Baden-Württemberg, Baviera y Hesse, contribuyen a financiar a las regiones fiscalmente más débiles, fundamentalmente las de la antigua Alemania Oriental o RDA y especialmente Berlín, una región pobre a pesar de ostentar la capitalidad. Otras como Sarre, Renania-Palatinado o la norteña Schleswig-Holstein mantienen un equilibrio fiscal según los últimos datos. 

Los Länder gestionan desde 2007 el impuesto sobre las ventas de propiedad. En el sistema de pagos por compensación, hasta un 25% del IVA recaudado en las regiones con superávit fiscal se destina a aquellos Länder con más desequilibrios. Asimismo, dentro de las regiones hay sistemas fiscales diferenciados según el grado de riqueza de los municipios, de forma que las localidades más ricas tienen que contribuir más a la igualdad. Este sistema por supuesto no está exento de tensiones entre las regiones ricas y pobres, pero un caso como la Comunidad de Madrid sería impensable en la primera potencia de la UE. 

En Bélgica, el país más descentralizado de la Unión Europea y con problemas históricos con el nacionalismo flamenco (la región más poblada vota mayoritariamente a partidos independentistas), hay pocas cosas que unan al país: el chocolate, el fútbol, los trenes... y el Fisco. El Servicio Público Federal de Finanzas (SPF) gestiona las contribuciones e impuestos directos, los impuestos aduaneros y especiales, el IVA o Sociedades, entre otros tributos. 

Hasta el punto de que el nacionalismo flamenco más ultramontano (la extrema derecha del Vlaams Belang, pero también la derecha radical del N-VA) airea fake news como que Flandes paga el 70% de los impuestos de la región valona (de idioma francófono). 

Desde la quinta reforma de la Constitución en 2001 se contempla cierta transferencia de impuestos, e incluso tributos propios para las regiones (son tres: Flandes, Valonia y Bruselas) siempre que se trate de materias que no fiscaliza el Estado. Exactamente lo mismo que España con los tributos propios: Madrid apenas tiene tres impuestos propios frente a 15 Cataluña (como es el caso de las bebidas azucaradas).

En muchos sentidos, Bélgica es considerado muchas veces un paraíso fiscal por el bajo nivel al que tributan las grandes compañías y por la ausencia de impuestos en determinados aspectos, como las ganancias del capital por la venta de acciones o participaciones. Al igual que Países Bajos, ha recibido numerosas multas de la Comisión Europea. En enero de 2016, la Comisión Europea reclamó también a Bélgica querecuperase cerca de 700 millones en ayudas públicas ilegales concedidas a 35 multinacionales durante los últimos 10 años. Lo hizo a través de un sistema que permitió a las compañías deducirse de la base del impuesto de sociedades determinados beneficios. 

Otro país federal europeo, Austria, es la antítesis de la descentralización fiscal: los impuestos los recauda el Estado a pesar de la federalidad. 

Italia tiene regiones especiales (cinco) con sistemas de financiación en teoría mejorados: Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta y Trentino-Alto Adigio (desde 1948) y desde 1972 Friul - Venecia Julia. Las cinco tienen privilegios en sus finanzas autonómicas que, a la larga, han beneficiado la renta per cápita de sus habitantes, especialmente las regiones norteñas que lindan con Austria o Suiza. Sin embargo, la mayoría del sistema tributario parte de la estatal Agenzia delle Entrate y después se distribuye de manera más onerosa entre las regiones con estatuto especial. Desde la reforma constitucional de 2001, esta financiación se ha extendido a regiones sin ese estatus especial. 

Según el economista Germà Bel, el espejo de Madrid en Europa está en Londres o París, ciudades extractoras de recursos que cuentan con el efecto capitalidad (grandes empresas, edificios y funcionarios del estado). Dentro de Londres, los estándares internacionales consideran cada vez más al barrio financiero de la City como un paraíso fiscal en toda regla, al igual que la ciudad de Dublín. 

El oasis fiscal madrileño en el fondo parte del Estado: es gracias a la cesión de esos tributos como Patrimonio o Suceciones y Donaciones que la Comunidad de Madrid se permite bonificarlos, en detrimento de los servicios públicos. 

La Comunidad de Madrid dejó de ingresar entre 2011 y 2018 casi 6.000 millones de euros (5.950 millones) al perdonar a las grandes fortunas el Impuesto sobre el Patrimonio, una cantidad que se aproximará a los 7.000 millones de euros cuando el Ministerio de Hacienda publique el resultado de la declaración relativa a 2019 en su Estadística de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio. 

La merma recaudatoria se debe a la bonificación del 100% de este impuesto a la riqueza, una exoneración que Esperanza Aguirre introdujo en 2008 en la región pero que se quedó sin efecto al suprimir directamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el impuesto en 2008. Aquella promesa electoral del PSOE –formulada en 2007– se reveló errónea, y Patrimonio fue rescatado nada más llegar Mariano Rajoy a La Moncloa a finales de 2011. Sin embargo, Aguirre continuó bonificándolo hasta la actualidad, al igual que sus sucesores Ignacio González, Cristina Cifuentes o Isabel Díaz Ayuso. 

En Madrid en 2011 declararon por patrimonio –posteriormente bonificado– 14.520 personas y en 2018 lo hicieron 17.298 contribuyentes. Esto es, casi 3.000 más en siete años. 404 de ellos reúnen las mayores fortunas: patrimonios de más de 30 millones. 

Así pues, entre 2011 y 2018 el número de ultrarricos (declarantes a partir de 30 millones de euros) en la comunidad ha pasado de 179 a 404 personasultrarricos , siempre según las estadísticas de Hacienda calculados a partir de los importes de bonificación autonómicos. Un espectacular crecimiento del 125%. 

Varias fuentes apuntan a que las cifras de ricos (técnicamente los patrimonios entre 1,5 y 6 millones) y superricos residentes en Madridpodrían variar sensiblemente por dos razones: La Rioja ha bonificado parcialmente este tributo en los últimos años (desde 2015 al 50% y desde 2018 al 75%), lo que dificulta los cálculos al dejar de ser Madrid la única en bonificar; y, por otro lado, se producen continuamente cambios ficticios de domicilio fiscal que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y sus homólogas autonómicas solo detectan años después y tras una ardua investigación. Un ejemplo: las 73 personas sancionadas esta semana por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), en una operación que ha permitido recuperar 55 millones de euros a las arcas autonómicas. 

Con todo, el cuadro de que Madrid es un foco que atrae grandes fortunas es un hecho aceptado. La región deja de recaudar más de 5.000 millones al año por sus rebajas fiscales, que además del Patrimonio afectan a Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP / AJD). El número de ultrarricos en España es de 608 en 2018 (últimos datos actualizados), de los cuales 404 residen en suelo madrileño, es decir, el 66% de las fortunas mayores de 30 millones. Una concentración sin paliativos que no se corresponde con el número de habitantes (6,6 millones. 14,7% del total nacional). 

Armonización fiscal

Esta falta de capacidad recaudatoria genera tensiones con otras comunidades autónomas -que no pueden bajar impuestos tan fácilmente como Madrid al no contar con el efecto capitalidad- es lo que ha movido al Gobierno a pactar con ERC una armonización fiscal en Sucesiones y Donaciones, Patrimonio e ITP/AJD. A pesar de las críticas del PP, el Ejecutivo central fundamenta su decisión en la comisión de expertos encargada por el equipo de Rajoy en 2017, cuyo documento llevaba por título Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica. También se basa en el denominado Informe Lagares, remitido igualmente al Gobierno de Rajoy por otra comisión de sabios en 2014. En ambos casos se reclamaba mayor armonía fiscal. 

Según el consejero de Hacienda madrileño Javier Fernández-Lasquetty, la medida del Gobierno central afloraría 5.900 millones de euros en la región correspondientes a 2019, algo que varios medios afines han traducido en que cada madrileño deberá pagar una media de 2.000 euros. Una división falaz, porque el grueso de la recaudación madrileña gravitaría alrededor de las grandes fortunas. 

"Madrid concentra más del 60% de los patrimonios más adinerados y el 50% de los patrimonios con más de cinco millones de euros", critica el portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Carlos Cruzado. "Es una situación que ataca directamente al artículo 31 de la Constitución Española, que apela a un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Para otras comunidades autónomas que no tengan el efecto capitalidad de Madrid, una rebaja fiscal similar tendría consecuencias muy agresivas". 

Golpe a los servicios públicos

El oasis fiscal madrileño golpea principalmente a los servicios públicos: Madrid es la región con el segundo menor gasto público en Sanidad por habitante, la que menos gasta en Educación y la que tiene peores servicios sociales, de acuerdo con diferentes informes relativos al estado del bienestar autonómico. Pero cuenta con decenas de miles de funcionarios estatales, las principales empresas del país y un consumo más elevado que la media para sostener su modelo. 

El Impuesto sobre Patrimonio lo declaran aquellos contribuyentes cuya base imponible rebase los 700.000 euros, teniendo en cuenta el valor de sus bienes y excluyendo por ello el valor de la vivienda habitual hasta un importe de 300.000 euros. Entre los declarantes de esta clase de tributo también hay clases, siendo los más adinerados los que más pagan. 

La recaudación que la región deja de ingresar ha ido en aumento a medida que se dejaba atrás la anterior crisis financiera (2008-2014). En 2011 Madrid perdonó a los ricos 534 millones; en 2012 casi 602 millones; 612 millones en 2013, 660 en 2014, casi 797 millones en 2015, 815 millones en 2016, 995 millones en 2017 y 905 millones en 2018. En total, casi 6.000 millones.  

Paradójicamente, la deuda pública de la Comunidad de Madrid está desbocada: si en 2010 ésta era de 14.323 millones de euros, en el segundo trimestre de este año ascendía a 35.646 millones según el Banco de España.

El anuncio que hizo esta semana Esquerra Republicana de un acuerdo con el Gobierno para acabar con la competencia desleal que Madrid práctica desde hace años en materia fiscal puso este jueves a los barones territoriales del PP con responsabilidades de Gobierno en el brete de tener que elegir entre defender los intereses de sus comunidades o cerrar filas con Pablo Casado y su compromiso con el derecho de Isabel Díaz Ayuso a seguir practicando una política que claramente les perjudica, tal y como algunos de ellos han admitido en el pasado.

Para salir del embrollo, los dirigentes territoriales del PP no tuvieron más remedio que aceptar la propuesta del Gobierno. eso sí, poniendo una condición: que la armonización fiscal para evitar la competencia desleal se haga rebajando los impuestos.

Como telón de fondo está el problema pendiente de la revisión del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas del régimen común —todas menos el País Vasco y Navarra, a las que la Constitución reserva un sistema propio—. Y es precisamente en ese contexto donde el Gobierno de Pedro Sánchez ya puso encima de la mesa en los primeros meses del año el problema de la competencia fiscal desleal —dumping en inglés— entre comunidades autónomas, que el Ministerio de Hacienda planea incluir en el orden del día de la negociación de la nueva financiación autonómica que debe discutirse y aprobarse en esta legislatura y que tiene por delante la difícil área de poner remedio a los agravios económicos entre unos territorios y otros.

El problema no es exclusivo de España. Bruselas lleva tiempo intentando encontrar una fórmula para hacer a escala de la Unión lo que el gobierno de Pedro Sánchez se propone llevar a cabo aquí. La armonización fiscal de los países de la Unión Europea se ha convertido en uno de lo los grandes debates en el seno de Europa, una discusión que ha puesto la lupa sobre países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo o Malta, que se benefician de esas prácticas en perjuicio del resto de países miembros.

El líder del PP, Pablo Casado, volcado en su campaña contra la reforma educativa, se vio obligado a cambiar sobre la marcha de guion. En un vídeo difundido por el partido, el líder conservador cerró filas con la política fiscal de Madrid y con su presidenta y se comprometió a dar la batalla contra una armonización que considera “lesiva” y que, aseguró, persigue incrementar los impuestos cedidos a las comunidades.

En una defensa inédita del Estado autonómico —la segunda en una semana en la que también ha anunciado su intención de boicotear la reforma educativa en las comunidades donde gobierna el PP—, Casado declaró: “Vamos a dar esta batalla, vamos a seguir bajando impuestos y no vamos a tolerar que Sánchez intente obligarnos a subirlos allí donde gobernamos”, anticipó. “Vamos a dejar muy claro que es la política económica que funciona”.

Casado obvió el efecto que la capital tiene en favor de Madrid y que le permite compensar sus reducciones fiscales y mantuvo que bajar impuestos permite en todos los casos crear más empleo, recaudar más, tener mejores colegios y hospitales y “más servicios sociales”. “Es el círculo virtuoso de la economía que siempre ha puesto en marcha el PP”, resumió.

Sus barones defendieron esa bajada de impuestos, pero evitaron cuidadosamente rechazar el plan del Gobierno de llevar a cabo una armonización fiscal. Su posición es complicada, porque ellos mismos o sus partidos se han quejado en el pasado del efecto negativo que tiene para sus comunidades la política fiscal de otros territorios. Aceptan, de hecho, una armonización fiscal si es para bajar impuestos. En ese caso, paradójicamente, no lo considerarían una imposición a las comunidades que no son partidarias de prescindir de ingresos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo defendió que él no se opone a la armonización fiscal y, de hecho, esgrimió que le parece "bien" que haya "una horquilla de mínimos y máximos". Eso sí, matizó que dicha armonización debería ser "a la baja".

“No hay autonomía política sin autonomía financiera”, recordó, —algo que en paridad sólo tiene en la actualidad el País Vasco y Navarra— y reclamó el establecimiento de “determinados grados de autonomía fiscal” en función de si las comunidades cumplen con sus objetivos el déficit público y el resto de las reglas de gasto. “No tiene sentido impedir” que las autonomías “más austeras” bajen los impuestos.

Feijóo está entre los barones del PP que en el pasado han defendido la necesidad de una armonización fiscal. Así que para mantener ese principio sin desairar a Casado ni a Ayuso, defendió que “si se quiere hablar de armonización fiscal” se haga “una armonización a la baja”. Porque “una armonización al alza es una subida de impuestos”.

Lo que no explicó el presidente de la Xunta es cómo piensa compensar la pérdida de ingresos que supondría para Galicia una armonización fiscal a la baja. Y ese es, según el Ministerio de Hacienda, el verdadero debate: no tiene sentido que una comunidad reduzca impuestos y, a renglón seguido, pide más dinero al Estado para financiar los servicios públicos que tiene la obligación de prestar.

“Armonizar no tiene por qué ser subir”, insistió Feijóo. “Armonizar con una horquilla de impuestos para bajar, a nosotros nos interesa”, defendió obviando el hecho de que, si quiere reducir impuestos, ya puede hacerlo. “Pero si armonizar consiste en no poder mantener rebajas fiscales y hacerlo como diga ERC, mi posicionamiento es claramente contrario”, remarcó.

Su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue por la misma línea. Hasta “mil veces”, dijo, ha defendido a título personal y ahora como máximo responsable del Gobierno regional su apuesta por una armonización fiscal pero “a la baja”.

Las ventajas de la capitalidad

Lo cierto es que su antecesor en el cargo, el expresidente Juan Vicente Herrera, también del PP, era mucho más claro al respecto. Herrera denunció repetidamente la repercusión que tiene sobre los servicios públicos la falta de armonización fiscal entre autonomías. “Entre los vecinos de arriba y los de abajo”, señaló en su día en referencia tanto al País Vasco como a Madrid, dejan a Castilla y León “sin recursos”.

En su día Herrera elogió que Madrid tenga unas “haciendas saneadas”, pero dejó claro que eso no es producto de su política fiscal sino del efecto capitalidad. En concreto, de la ubicación allí de sedes sociales de empresas que producen en otros puntos del país, como Castilla y León. Eso y no otra cosa, decía el antecesor de Mañueco, lo que permite a Madrid disponer de recursos que le sirven para “eliminar prácticamente” impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones.

En contra de los planes del Gobierno también se pronunció el presidente andaluz, Juanma Moreno, para quien es un “disparate colosal” la posibilidad de que el Gobierno quiera “subir los impuestos a los andaluces”. “Si se quiere equiparar, que se equipare por abajo, que bajen los impuestos en Cataluña, reclamó, admitiendo que lo que le preocupa no es la armonización, sino que suponga un aumento de la presión fiscal en su comunidad.

De lo que Moreno no habló es de lo que defendía cuando estaba en la oposición. Hace apenas dos años se sumó a PSOE, Podemos e IU cuando el Parlamento de Andalucía votó un dictamen sobre la financiación autonómica andaluza que defiende “la necesaria armonización fiscal de impuestos”, lo que implica “fijar unos patrones mínimos de regulación que eliminen la posibilidad de dumping fiscal”. dumpingUna armonización, puntualizaba aquel documento que entonces, estando en la oposición, Moreno no tuvo inconveniente en respaldar, que “no significa en modo alguno una limitación de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas”.

En una línea parecida se manifestó el presidente de Murcia, Fernando López Miras, cuya comunidad la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llegado a poner como ejemplo de territorio perjudicado por la política fiscal madrileña. En una entrevista concedida a Tele 5, López Miras también defendió que, de haber una armonización, debería ser para bajar impuestos.

Los planes del Gobierno, que el acuerdo con ERC han vuelto a poner de actualidad, también ponen en una situación incomoda a Ciudadanos, que comparte responsabilidades en cuatro de las cinco comunidades con presidente del PP. No en vano los naranjas siempre han defendido la igualdad de todos los españoles con independencia del territorio en el que estén domiciliados, también en el terreno fiscal. De hecho, es la base de las críticas que siempre han dirigido al régimen foral de Navarra y Euskadi y el origen de todos sus reproches al cupo vasco.

En línea con ese planteamiento, el programa de Ciudadanos incluye promover una reforma en la Unión Europea que armonice las bases imponibles del impuesto de sociedades para “evitar que la regulación laxa de algunos países sirva para erosionar el Estado del Bienestar del resto”.

De hecho, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, que forma parte de la dirección de Inés Arrimadas, apoyó este jueves la idea de la armonización fiscal “si fuera acompañada de una reforma de la financiación autonómica también, porque, si no, lo que está creando es mucha más desigualdad entre las 17 comunidades autónomas de ese país”.

“Si al final todos pagamos lo mismo, pero todos no ingresamos lo mismo, en este caso Andalucía se vería seriamente perjudicada”, argumentó Marín. “No existe una armonización fiscal real si no hay un sistema de financiación que también sea igual para todos los españoles”.