La desinformación dirigida a las zonas rurales y a los agricultores mantiene en guardia a la Comisión Europea (CE) y a los expertos en verificación en España, sobre todo cerca de las elecciones, y ante bulos sobre asuntos como Mercosur, el clima o la inmigración.

Hay indicios de una corriente de desinformación centrada en los habitantes rurales y en la agroalimentación, según fuentes del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier), de los servicios de la CE y de entidades vinculadas al desarrollo rural.

Rusia es un origen señalado, pero no el único -incluso la procedencia puede ser española-, pero es complejo determinar las razones.

En el proceso de aprobación del acuerdo comercial con Mercosur, los servicios de la CE han notado que existen campañas de desinformación centradas en zonas rurales, para desacreditar a la Unión Europea (UE).

En 2024, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, pidió al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, que combatiera la desinformación rural en la carta para esta legislatura.

La gerenta de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y vicepresidenta de la red europea ELARD, María José Murciano, ha confirmado a EFE que Bruselas les han pedido colaboración para luchar contra los bulos.

"Se puede advertir una deriva de la desinformación hacia el territorio rural" apunta a EFE el catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría, coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifier) -que integra a EFE Verifica y otros medios-.

Habla de dos vertientes en los países occidentales: la relacionada con la crisis climática y, menos frecuente, la asociación de la inmigración con las zonas rurales.

Respecto al cambio climático, la narrativa del negacionismo ha evolucionado hacia un cuestionamiento de las medidas que plantean los organismos internacionales para frenarlo.

Sobre el vínculo entre el rural y la inmigración, cita el ejemplo de Torre Pacheco (Murcia), donde un discurso de odio contra los migrantes inundó las redes el pasado verano y se materializó en altercados violentos; el vector es la idea de que la llegada de esos extranjeros "trastoca la paz o la armonía de esos lugares".

En la desinformación sobre agroalimentación, Salaverría distingue tres actores: grandes potencias con intereses geoestratégicos, organizaciones políticas o activistas y la "pura estafa" que puede tener detrás intereses empresariales.

Rusia está señalada como uno de los "grandes agentes de la injerencia y manipulación informativa internacional" y difusor de narrativas que afectan a la energía, inmigración o la alimentación, pero no es el único país de origen, según el experto.

Por otra parte, Salaverría cita los bulos de organizaciones políticas y activistas "de derecha y ultraizquierda", en un contexto polarizado, que también se da en España.

Respecto a los intereses empresariales, indica que las multinacionales y otros entes pueden recurrir a procedimientos "poco edificantes" para difundir narrativas y que el resultado favorezca a sus intereses, es decir, que se "desprestigien los productos de los (países) competidores".

Pero apunta que no se puede pensar que "las malas artes proceden solo de países terceros y que España es víctima", porque el origen de esos bulos puede ser español.

Según EFE Verifica, en el campo español Marruecos es relevante como diana de la manipulación.

Las elecciones son momentos muy críticos para la desinformación, de acuerdo con Iberifier, que pertenece a la red del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO, por sus siglas en inglés).

En las legislativas de Portugal los incendios fueron caldo de cultivo, por su componente emocional, extremo y con víctimas.

Algo comparable a la desinformación durante la dana de Valencia.

Considerar más vulnerables a los habitantes rurales o no requiere un análisis "cuidadoso" y "no presuntuoso", según Salaverría.

Menciona estudios que indican que los mayores de 65 años están más expuestos y en las zonas rurales la población está más envejecida, pero por otro lado, ve justificado que las organizaciones agrarias y los vecinos argumenten que las administraciones desconocen los problemas de sus territorios.

Opina que se combate con más información y que el mundo rural está más desatendido en cuanto a "informaciones bien respaldadas por evidencias científicas o estudios", por lo que hay margen de mejora.

Cuando el Gobierno presentó el anteproyecto de ley orgánica de protección del honor, la intimidad y la propia imagen —el texto que pretende derogar y actualizar la norma de 1982 para adaptarla a la era de los deepfakes, las plataformas digitales y la inteligencia artificial—, el pasado mes de enero, el foco informativo se centró, con razón, en las personas físicas: cómo proteger a ciudadanos de la difusión de imágenes manipuladas, cómo limitar el uso comercial de voces sintéticas, cómo blindar a los menores frente a contenidos generados sin su consentimiento.

Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador creado originalmente para velar por el buen funcionamiento de los mercados españoles, ha aprovechado que está obligado a pronunciarse sobre el anteproyecto para colarse en el debate con una recomendación que abre un melón jurídico y político de considerable tamaño: que la futura ley incluya una referencia expresa a la protección del honor de las personas jurídicas de derecho privado, es decir, de las empresas y otras entidades privadas.

La propuesta no es disparatada. Al contrario, cuenta con un respaldo jurisprudencial sólido. Pero plantea una paradoja: si se aprueba, una eléctrica podrá defender su honor ante los tribunales con el paraguas de una ley orgánica. El Ministerio para la Transición Ecológica que la regula, no. Un hospital privado, sí. Uno público, no. Antena 3, sí. RTVE, no.

Lo primero que llama la atención tiene que ver con el uso de las palabras. Las empresas no hablan de honor. Hablan de reputación, de imagen corporativa, de marca, de brand equity. Los departamentos de comunicación de las grandes compañías tienen manuales de gestión de crisis reputacional. Ninguno lleva por título: Cómo defender nuestro honor.

Y sin embargo, el derecho —que a menudo camina a ritmo distinto que el lenguaje cotidiano— lleva décadas reconociendo que detrás de esa diferencia semántica hay, en realidad, una misma necesidad de protección jurídica. El honor, en su sentido técnico-jurídico, no es solo el sentimiento íntimo de dignidad propia: es también la consideración que los demás tienen de una persona o entidad, su reputación externa, el crédito del que goza en la comunidad.

Desde esa perspectiva, la CNMC argumenta que el buen nombre de una empresa —su reputación comercial, su credibilidad ante clientes, proveedores e inversores— cumple exactamente la misma función social que el honor de un individuo. Y que cuando alguien difunde afirmaciones falsas o que desprestigian a una sociedad mercantil, el daño causado es análogo, aunque el afectado no tenga sentimientos ni dignidad en sentido estricto.

Lo que dice la jurisprudencia

La CNMC no inventa esta doctrina. Se apoya en una línea jurisprudencial consolidada que arranca en España del Tribunal Constitucional y que hunde sus raíces, en el plano europeo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La sentencia clave en el ordenamiento español es la STC 139/1995. El Tribunal Constitucional estableció en ella que las personas jurídicas de derecho privado —sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones— pueden ser titulares del derecho fundamental al honor reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución. La razón es que, aunque el honor sea un valor vinculado a la dignidad humana, las entidades privadas pueden ver dañada su reputación de una manera funcionalmente equivalente a como les ocurre a las personas físicas, con consecuencias económicas y sociales igualmente reales.

El Tribunal Supremo ha seguido y desarrollado esa doctrina. Hay sentencias que reconocen el derecho al honor a sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y, por supuesto, a todo tipo de sociedades mercantiles. La lógica es uniforme: lo que el ordenamiento protege no es una capacidad emocional —que las empresas no tienen— sino una posición social, un crédito, una consideración pública que puede ser atacada mediante afirmaciones falsas o vejatorias.

El informe de la CNMC detecta un problema concreto: el anteproyecto del Gobierno no menciona expresamente a las personas jurídicas entre los sujetos protegidos por la futura ley. Técnicamente, esa omisión no impide que los tribunales les apliquen la norma —la jurisprudencia ya lo avala—, pero genera inseguridad jurídica. La CNMC considera que, dado que el reconocimiento jurisprudencial existe, el texto legal debería recogerlo de forma explícita.

Pero la CNMC añade un argumento que es específicamente suyo, propio de un organismo regulador de la competencia: la protección del honor empresarial no es solo una cuestión de justicia privada. Tiene, dice, un efecto general positivo sobre la competencia. Si las empresas no pueden defenderse eficazmente de informaciones falsas o que afectan a su prestigio —especialmente en el entorno digital, donde un bulo puede viralizarse en horas—, el mercado funciona peor. Los consumidores toman decisiones sobre la base de información distorsionada. El prestigio, que es un activo económico real, puede ser destruido por un actor malicioso sin coste ni sanción adecuados. La transparencia y la sana competencia requieren, en suma, según el criterio del regulador, que la reputación empresarial esté jurídicamente blindada.

Es un argumento pragmático y coherente con el mandato de un organismo como la CNMC. Pero abre la puerta a algo que el propio informe no explicita: si se consagra legalmente que las empresas tienen honor, ¿cómo se pondera ese honor frente a la libertad de expresión, la crítica legítima, el periodismo de investigación o la denuncia de consumidores?

Aquí es donde la propuesta se complica. La tutela civil del honor implica que quien se siente agraviado puede acudir a los tribunales y exigir el cese de la difusión del contenido lesivo, la publicación de una rectificación y una indemnización por daño moral. Los criterios que introduce el anteproyecto para cuantificar esa indemnización son amplios: difusión del contenido, repercusión social, duración, reincidencia del infractor. Y la norma prohíbe expresamente las indemnizaciones meramente simbólicas.

Extender ese régimen a las grandes corporaciones genera una tensión evidente. Una empresa con recursos puede usar la amenaza de una demanda por vulneración del honor como herramienta de presión frente a periodistas, activistas, consumidores o competidores. El fenómeno se conoce internacionalmente como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation): demandas cuyo objetivo real no es ganar en los tribunales, sino disuadir a la parte contraria mediante el coste, el tiempo y el estrés del litigio.

La Unión Europea ha empezado a legislar contra las SLAPP —en una iniciativa que también se conoce como Ley Daphne, en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana, asesinada en 2017 y que fue víctima de este tipo de acciones judiciales— precisamente porque su efecto sobre la libertad de expresión y el periodismo de interés público es devastador. Pero España no lo ha hecho, a pesar de que el plazo límite acaba el próximo 7 de mayo.

El anteproyecto sobre el que se ha pronunciado la CNMC no aborda este riesgo de forma específica. Y su recomendación tampoco lo menciona. Que la ley acabe incluyendo a las empresas entre sus titulares protegidos sin introducir al mismo tiempo salvaguardas reforzadas para la crítica de interés público, el periodismo de investigación o la denuncia de prácticas empresariales irregulares es una posibilidad que amenaza de forma muy concreta el derecho a la información.

La propuesta de la CNMC tiene, además, otra consecuencia. Consagra legalmente una asimetría que ya existe en la jurisprudencia pero que, al positivizarse en una ley orgánica, adquiere una visibilidad y una rigidez nuevas.

La línea que traza el derecho español —con respaldo del Tribunal Constitucional y doctrina explícita del Tribunal Supremo— es la siguiente: las personas jurídicas de derecho privado pueden ser titulares del derecho fundamental al honor. Las personas jurídicas de derecho público —ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos— no.

La razón esgrimida por la jurisprudencia española tiene que ver con la propia arquitectura de los derechos fundamentales. El artículo 18.1 de la Constitución protege el honor como un derecho de los individuos —y, por extensión, de las entidades privadas—. Los derechos fundamentales nacen históricamente como instrumentos de defensa de los ciudadanos frente al poder público y resultaría contradictorio, de acuerdo con la interpretación del Constitucional y del Supremo, que el propio poder público pudiera invocar ese derecho como escudo frente a la crítica de los ciudadanos.

El Tribunal Supremo lo ha dicho con toda claridad: las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho al honor del artículo 18.1 CE. Para ellas, lo procedente es hablar de prestigio institucional, autoridad moral o dignidad de la función, conceptos que pueden protegerse por otras vías —responsabilidad civil, tipos penales específicos— pero no a través de la invocación directa del derecho fundamental al honor.

Las consecuencias prácticas de esta distinción son llamativas. Telefónica, que fue empresa pública y hoy es una sociedad anónima cotizada, podría acogerse a la futura ley de protección del honor. Correos, que sigue siendo una sociedad anónima estatal con capital íntegramente público, también podría acogerse, porque su forma jurídica es la de una sociedad mercantil de derecho privado, aunque su capital pertenezca al Estado. RTVE, en cambio, es un ente público sometido al derecho público, y por tanto quedaría fuera. Un hospital concertado gestionado por una empresa privada, dentro. Un hospital universitario de gestión directa, fuera. Iberdrola, dentro. El Ministerio para la Transición Ecológica que toma decisiones sobre los precios que puede cobrar Iberdrola, fuera.

La paradoja tiene una lógica jurídica interna coherente, pero su efecto político es difícil de ignorar. En la práctica, quienes más poder tienen en la economía —las grandes corporaciones— adquirirían un nuevo instrumento jurídico para proteger su imagen pública. Quienes representan el interés general —las instituciones democráticas— seguirán excluidos de ese instrumento.

Es una ecuación complicada: cómo proteger el honor de las empresas sin crear un arma legal contra quienes las critican, investigan o denuncian; cómo consagrar ese derecho sin cerrar la brecha que lo separa de la reputación institucional del Estado; y cómo evitar que una ley pensada para proteger a las personas acabe siendo, sobre todo, útil para las corporaciones.

El melón está abierto. Ahora le toca al legislador decidir qué hace con él.

Medicina sí o medicina no. Ciencia sí o ciencia no. Vacunas sí o vacunas no. Parecían debates ya superados, pertenecientes al siglo pasado y que nadie en su sano juicio cuestionaría, hasta que llegó la pandemia. La desinformación sobre las vacunas se abrió paso entre el miedo y la incertidumbre hasta llegar a este momento, algo peligroso no solo para quienes no quieren escuchar, sino para todos. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha organizado el foro Salud frente al bulo con el apoyo del Ministerio de Sanidad. 

Con el covid-19, fueron muchos los que se aprovecharon del miedo colectivo y alimentaron la histeria con remedios tan milagrosos como beber desinfectante para librarte del virus o ir por la calle con bolsas en la cabeza. Todos ellos ignoraban la solución más clara: vacunarse. 

La vacunación contra el coronavirus salvó casi 20 millones de vidas. Sin embargo, lo que inauguraron personajes como Trump se ha trasladado en los últimos años a España, con distintos congresos antivacunas –el último en Ciudad Real, ante la protesta del Colegio de Médicos de Ciudad Real– y mensajes difundidos en foros ultraderechistas de Telegram que hablan del peligro de ellas. 

El foro ha comenzado con una entrevista de Virginia P. Alonso, directora de este periódico, y la ministra de Sanidad, Mónica García para desmontar todos los bulos en el ámbito sanitario, cómo impactan en la sociedad y qué se puede hacer para combatirlos.

“La desinformación con respecto a la salud ha estado siempre. Pero ahora estamos viendo cómo la desconfianza también llega a cuestiones de las que ya había un marco riguroso. Los bulos se cuelan entre los huecos. La ciencia tiene un método científico, pero este método no siempre tiene respuestas para todo”, ha apuntado la ministra. Es una escena ya habitual: al no obtener una respuesta, lo más sencillo es acudir a internet. Pero en la red, lo que gana no es lo más fiable sino lo más atractivo. Y aquí entran los intereses externos. 

Para ocupar los espacios que todavía no ha cubierto la ciencia “hay actores que buscan desinformar y generar miedo para, en cierto punto, beneficiarse de ese miedo”, asegura García, que también destaca una amenaza aún mayor (pero que vemos a diario). Cuando se cuestiona o se plantea que una certeza es mentira, todo tiene que serlo. 

“Un gran ejemplo es el cambio climático. Cuando ideológicamente estás en contra de las medidas para combatir el cambio climático pero te llegan las consecuencias de él, tienen que negar todo, el papel del Gobierno, de la ciencia. Es un efecto dominó de desconfianza”, ha explicado la ministra. 

“Cuando se da un discurso antipolítico no es solo dañino para la política, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía. Todo genera incertidumbre y hay intereses políticos e ideológicos que buscan generar una sensación de caos”, ha añadido. 

Esta sensación de caos no solo llega desde los espacios políticos o públicos sino que, desde hace ya bastante tiempo, se ha contagiado a las redes sociales. De hecho, en las redes, los bulos sobre salud mental van mucho más rápido que los hechos contrastados. En la pandemia, un 25% de los videos más vistos en YouTube sobre el covid incluían información falsa. 

“Las redes sociales son el lejano oeste donde todo vale y esos algoritmos, que hay que controlar, son capaces de llevarte a lugares donde nunca llegarías. No son neutrales”, ha declarado García. Para poder combatir ese caos de las redes sociales, la ministra también ha recalcado la necesidad de proporcionar el marco y las herramientas necesarias para paliar el riesgo. 

“El 100% de alfabetización no llegará nunca, pero tenemos que seguir construyendo el ecosistema. Tiene que ser transversal, la vía de acceso de información sobre la salud no tiene que llegar solo a través de los hospitales, también puede ser a través de los coles”, ha señalado. La ministra ha explicado que es precisamente por esto por lo que las derechas quieren controlar esos espacios. 

“Por eso la derecha puso el PIN Parental, para que los jóvenes no recibieran información sobre salud sexual. Nos lo jugamos con el terreno. Tenemos que aprender a alfabetizar y a dar las informaciones veraces”, ha denunciado. 

Tras la conversación con la ministra, Marta Gesto, directora general de infoLibre, ha moderado una mesa redonda para desentrañar las causas y consecuencias de este auge de la desinformación sobre salud. La han acompañado expertos y expertas en la materia, que conocen de primera mano a qué nos enfrentamos: Aser García Rada, pediatra y doctor en Medicina (UCM) y autor de la newsletter Cuídate; Graziella Almendral, secretaria General de ANIS; Araceli Rivera, enfermera de Familia en Semap; y Pampa García Molina, coordinadora del Science Media Centre España (FECYT). 

“¿En quién confío?”, esa es la pregunta principal que se hacen ahora los pacientes. Con el auge de los bulos y el desprestigio de las instituciones y los medios de comunicación, los ciudadanos se encuentran sin certezas absolutas y en una posición vulnerable en la que se impone la emoción.

“La clave está en la emoción, prestamos más atención a aquello que nos toca. Cuando nos toca algo de la salud, ya no vamos a preguntar a nuestro médico, simplemente buscamos en Google, pero internet no muestra la información veraz o más contrastada sino que enseña las noticias más impactantes, que confirmen lo que tú ya temías”, ha explicado Araceli Rivera. 

“La gente se fía de su personal sanitario, pero muchas veces no saben muy bien que les han dicho y ahí es cuando se van a redes, donde puede haber información veraz pero también información falsa. Si no tienen respuestas y son gente vulnerable, esto puede ser muy grave”, ha asegurado Graziella Almendral. 

“La desinformación está muy bien hecha y llega a todos los sectores. Tenemos que clasificar los bulos como un riesgo para la salud pública y articular acciones concretas”, ha añadido. 

Cuando se trata de salud, es normal tener dudas. Por eso, los expertos han coincidido en que no se debe generalizar. “No me gusta hablar de antivacunas porque eso implica que están en oposición a algo. Es más acertado hablar de reticencias. Hay que contar todo el proceso, escuchar y entender que una reticencia puede surgir ante la duda”, ha reclamado Araceli Rivera. 

“No hay que llamar a la gente antivacunas por tener dudas legítimas. Se vio con el covid. En ese momento le vimos las costuras a la ciencia y se comprendió que es necesario tener toda la información para poder tomar decisiones”, ha añadido Pampa García Molina. 

Precisamente en la pandemia los medios de comunicación aumentaron sus espacios para la información de sanidad y dieron espacio a expertos para poder aliviar la incertidumbre que trajo el covid. Incluso, Aser García ha contado cómo durante el covid, cuando trabajaba en pediatría, recurría a los medios de comunicación para informarse sobre los avances médicos que estaban surgiendo. 

Ahora, la cosa ha cambiado. “Se han reducido los espacios sobre salud en los medios, en el covid estos contenidos aumentaron su presencia pero ahora hemos vuelto a lo de antes. Solo nos llaman cuando hay una amenaza”, ha denunciado Graziella Almendral. Ese hueco lo están ocupando quienes buscan, como decía la ministra, el “caos”. 

Por ello, es importante saber en quién confiar. “Hay que hacer ver a la ciudadanía que es normal tener dudas, que es legítimo. Pero tienen que buscar en quien confiar: busca a quien te cuida, a quien está pensando en informarte aunque sea difícil. Busca a quien te de una mano”, ha zanjado Pampa García. 

Hay un experimento clásico en psicología cognitiva que debería colgar enmarcado en la sede del Partido Popular y en la de Vox. En 1977, la psicóloga Lynn Hasher demostró en laboratorio lo que la propaganda política había intuido desde mucho antes: cuando una afirmación falsa se repite suficientes veces, el cerebro humano comienza a procesarla como verdadera.

No porque la persona sea estúpida. Sino porque la familiaridad con un enunciado genera una sensación de fluidez mental que el cerebro interpreta, de forma automática, como veracidad. Lo llamaron “efecto de la verdad ilusoria”. Estudios posteriores han demostrado algo aún más inquietante: el efecto funciona incluso cuando la persona sabe de antemano que la afirmación es falsa. Y también con personas de alto nivel educativo y capacidad analítica.

PP y Vox lo saben. No necesariamente porque hayan leído a Hasher, sino porque llevan años aplicando el principio con disciplina y coordinación: repetir, repetir y repetir, con independencia de lo que digan los datos, los jueces, los científicos o las estadísticas oficiales. Lo que la filósofa Hannah Arendt llamó, con precisión quirúrgica, “defactualización”: la destrucción sistemática de la capacidad colectiva de distinguir hechos de opiniones.

Lo explicó hace unas semanas, con otras palabras, la excongresista MAGA Marjorie Taylor Greene: “Donald Trump ha entrenado a nuestro bando para no disculparse nunca y no admitir sus errores”. La consigna es: “Simplemente sigue machacando a tus enemigos, pase lo que pase”.

La estrategia no persigue el debate racional. Quien la entiende como tal ya ha perdido. Su objetivo no es que el ciudadano le dé la razón, sino que acabe dudando de la realidad. Que ante dos versiones opuestas —una respaldada por estadísticas oficiales, sentencias judiciales o datos científicos, la otra repetida hasta el agotamiento por líderes con alta visibilidad mediática— el receptor no sepa a qué atenerse. En ese estado de confusión, el sesgo de confirmación hace el resto: cada persona tiende a quedarse con la versión que encaja con sus emociones previas.

La técnica tiene cuatro patas que se sostienen mutuamente. La primera es la afirmación sin pruebas presentada como evidencia. No se dice "creemos que" o "hay indicios de que", sino certezas rotundas, sin matices, expresadas con la solemnidad de quien tiene documentos sobre la mesa aunque no los enseñe nunca. Sobre corrupción, sobre prostitución, sobre enfermedades, sobre la autoría de los atentados del 11M, sobre cualquier asunto que implique poner bajo sospecha al Gobierno.

Se escuchan cada semana en las ruedas de prensa e intervenciones públicas de los principales dirigentes de la derecha: Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Esther Muñoz (la portavoz que hace ahora un año aseguró que no necesitaba pruebas “absolutamente de nada” para hacer acusaciones gravísimas), Santiago Abascal, José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso. En ruedas de prensa y en el Pleno del Congreso, en particular en las sesiones de control, que aseguran visibilidad en todos los informativos.

La segunda es la repetición milimétrica: el mismo dato falso, el mismo encuadre ("lo sabía y lo tapó", por ejemplo, sin una sola prueba que lo sustente), el mismo adjetivo, semana tras semana, en rueda de prensa, en mitin, en debate parlamentario, en entrevista de radio.

La tercera es la inmunización al desmentido: cuando un verificador, un juez o la institución competente desmiente la afirmación, la respuesta no es retractarse sino atacar la fuente —"el Gobierno manipula los datos" o "los medios están al servicio de Sánchez"—.

La cuarta es el ecosistema amplificador: una cadena de medios afines, cuentas de redes sociales coordinadas e influencers y youtubers que repiten el mensaje hasta que la mentira ocupa el espacio que debería ocupar la realidad.

El estratega político de la posverdad no quiere que podamos estar en desacuerdo sobre los hechos, sino con ellos mismos, como si nos enzarzáramos en una lucha a brazo partido contra los hechos. Esa es la meta: no ganar el argumento, sino hacer que el argumento sea imposible.

Los ejemplos son tan abundantes que el verdadero problema para quien quiera analizarlos es la selección. Veamos algunos de los más persistentes.

Las violaciones. Quizá uno de los casos más documentados de manipulación estadística deliberada. Tanto PP como Vox han repetido en numerosas ocasiones que el número de violaciones en España ha aumentado más de un 200% desde 2018, cuando Sánchez asumió la presidencia. En julio de 2023, Abascal aseguró que habían aumentado un 250%; el candidato de Vox en Extremadura llegó a decir que el incremento fue del 460% en un debate electoral de diciembre.

Por su parte, Feijóo dijo en septiembre que habían crecido un 231%; el 3 de diciembre aseguró que el aumento había sido del 217% y, al día siguiente, que era del 227%. La variación en las propias cifras —que van del 217% al 460% según el día o el orador— revela que no se trata de un error de cálculo sino de una cifra elegida para impactar, no para informar.

La coartada argumental es comparar datos de 2018 con los actuales sin tener en cuenta el cambio normativo introducido en 2022, cuando agresiones y abusos sexuales comenzaron a contabilizarse de forma unificada. En otras palabras: no hay más violaciones. Hay más hechos que ahora se cuentan donde antes no se contaban. Es una distinción metodológica básica. Y se ignora por sistema.

La inmigración y la delincuencia. Es el gran vector de desinformación de la derecha española, y el que más consecuencias reales tiene sobre personas concretas y vulnerables. El binomio migrante-delincuente se construye a base de casos individuales elevados a categoría de tendencia, de estadísticas de fuentes no oficiales presentadas como si lo fueran, y de silencios estratégicos sobre los datos que contradicen el relato.

Los datos oficiales desmienten que España sea hoy un país más peligroso que cuando tenía menos inmigración: la tasa de criminalidad es de 40,6 delitos por mil habitantes en el primer trimestre de 2025, la más baja de la serie histórica según el Ministerio del Interior, mientras que en 2005 —cuando la población extranjera era menos de la mitad de la actual— era de 49,4 infracciones penales por cada mil habitantes. Es decir: mientras la inmigración se ha multiplicado, la criminalidad ha descendido. No hay correlación; hay correlación inversa.

Según cifras del INE correspondientes a 2024, el 71% de las personas adultas condenadas en España tiene nacionalidad española. Y los extranjeros que sí aparecen en estadísticas de condenados lo hacen en mayor proporción que su peso poblacional no porque sean más propensos al delito, sino por factores socioeconómicos y porque el sistema penal actúa con mayor dureza sobre quien carece de redes de apoyo jurídico y económico. Del total de delitos registrados en España en 2023, el 72,2% fueron cometidos por españoles.

Nada de esto ha detenido el discurso. Según un análisis de mensajes difundidos en redes entre abril y junio de 2024, la mitad de las publicaciones relacionadas con personas migrantes contienen información falsa, tergiversada o manipulada, y el 45% de las menciones engañosas se alinean con postulados de extrema derecha. La maquinaria funciona.

Lo más revelador del efecto práctico de este discurso lo ofrece un dato que conocen bien los sociólogos. Cuando el asunto desaparece de la agenda mediática o deja de ser usado como conflicto entre instituciones, la preocupación de los ciudadanos desciende de forma muy marcada. La preocupación no refleja una realidad objetiva cambiante. Refleja el volumen del altavoz.

La economía y el paro. Feijóo y Abascal han descrito durante años una España en descomposición económica, con cifras de pobreza extrema y desempleo catastrófico, mientras los datos del INE, la Seguridad Social y Eurostat pintaban un cuadro sustancialmente distinto. Cuando el Gobierno aprobó la reforma laboral, auguraron una destrucción masiva de empleo. Cuando se subió el Salario Mínimo Interprofesional, pronosticaron una catástrofe. Los datos no les dieron la razón en ninguno de los dos casos, pero las predicciones apocalípticas no se retiraron ni se reconoció el error: simplemente se sustituyeron por nuevas predicciones calamitosas basadas en afirmaciones sin pruebas que se repiten una y otra vez ("el Gobierno maquilla los datos del paro"). La técnica no necesita acertar. Necesita ocupar el espacio.

El 11-M y la memoria histórica. La teoría de que el atentado del 11 de marzo de 2004 fue obra de ETA ha sido descartada por la instrucción judicial, por el juicio oral, por la sentencia de la Audiencia Nacional y por los hechos conocidos. No existe ninguna resolución judicial, ningún informe policial, ninguna investigación periodística rigurosa que apoye esa tesis. Sin embargo, ha sobrevivido durante dos décadas en el ecosistema mediático de la derecha española como verdad alternativa, resucitada periódicamente cuando la actualidad política lo hace conveniente. Hasta el punto de que esta misma semana ha sido objeto de la presentación de un libro, firmado por el exministro Jaime Mayor Oreja, plagado de mentiras y especulaciones disparatadas.

Sánchez y Maduro. La narrativa sobre una supuesta amistad o connivencia del presidente del Gobierno con el régimen venezolano ha funcionado durante años como acusación política con vida propia, resistente a cualquier desmentido. Feijóo y Abascal han señalado a Sánchez y Zapatero como aliados del régimen de Maduro. La acusación no requiere pruebas porque no pretende demostrar nada en el sentido clásico del término: pretende instalar una asociación emocional. Sánchez = Maduro = dictadura. La repetición hace el resto.

"No soy presidente porque no quiero". Este bulo destaca por su audacia. Feijóo ganó las elecciones generales de julio de 2023 en votos pero no logró la mayoría necesaria para ser investido. Y afirma que no gobierna porque no quiso pactar con Junts, tratando de ocultar que, de haberlo hecho, no habría contado con el apoyo de Vox. El discurso del bloque de derechas trata de cuestionar la investidura alternativa de Sánchez, que fue el resultado de una aritmética parlamentaria absolutamente reglada y legal.

La narrativa de la derecha, sin embargo, instaló la idea de que Feijóo "no quiso" ser presidente, o de que el cargo le fue "robado". No existe ningún mecanismo constitucional, ningún precepto legal, ningún precedente democrático que avale esa lectura. Pero se repite con tal insistencia que una parte significativa del electorado de derechas la asumió como verdad establecida.

Lo que ocurre en España no es un fenómeno aislado. Es la versión local de una tendencia que ha transformado el ecosistema democrático occidental. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, los impulsores del Brexit en Reino Unido: todos han aplicado variantes del mismo método con resultados electorales, en algunos casos, notables. Los hechos alternativos tienen detrás un potente aparato mediático y propagandístico que los respalda y que hará todo lo posible por hacer que esas falsedades parezcan explicar la realidad o, al menos, que no parezcan mentiras.

Lo específico del caso español es la asimetría entre la intensidad del discurso y la realidad que pretende describir. España es una de las economías con mayor crecimiento de la UE. Tiene la tasa de criminalidad más baja de su historia. Acoge a millones de migrantes que cotizan a la Seguridad Social y sostienen en parte el sistema de pensiones. Ninguno de estos hechos ha conseguido desactivar una narrativa que describe un país en colapso, invadido, inseguro y gobernado por una especie de conspiración bolivariana. La distancia entre el relato y los datos es, en el caso español, excepcionalmente grande.

Entender por qué este método funciona exige abandonar la creencia de que solo afecta a personas poco informadas o poco inteligentes. Los estudios sobre el efecto de la verdad ilusoria son categóricos: el mero hecho de repetir mentiras obvias cinco veces permite aumentar su "verosimilitud percibida", y la inteligencia o la capacidad analítica no inmuniza contra este efecto.

El mecanismo se articula además con otro fenómeno bien documentado: la disonancia cognitiva. El deseo de tener certezas y asideros a los que aferrarnos en situaciones de incertidumbre se convierte en el caldo de cultivo idóneo para que crezcan los hechos alternativos.

Esas falsedades cumplen una función: nos hacen sentir cómodos, nos brindan seguridad, eliminan las disonancias. En épocas de cambio acelerado, de inseguridad laboral, de transformación demográfica, hay un mercado emocional para explicaciones simples que señalen a un culpable claro. Los migrantes, Sánchez, Maduro: la narrativa de la derecha española ofrece siempre un responsable preciso para angustias difusas y estructurales.

A esto se añade lo que los analistas llaman el “efecto rebote”: cuando alguien ya ha integrado una creencia falsa en su identidad política, presentarle datos que la contradicen no le hace cambiar de opinión. Le hace reafirmarse. El desmentido se convierte en prueba de la conspiración. Quien desmiente es el enemigo.

El método de los hechos alternativos pone a los medios de comunicación y a los políticos que intentan huir de esta pauta ante un dilema sin salida fácil. Desmentir la mentira la amplifica. No desmentirla, la deja correr. El fact-checking es necesario, pero insuficiente: llega a quien ya tiene dudas, rara vez a quien ya creyó. Y el formato clásico del debate político —dos versiones enfrentadas con idéntica visibilidad— iguala artificialmente el peso de las afirmaciones verificadas y las inventadas.

Lo que sí funciona, según la literatura académica disponible, es vacunar antes de que la mentira llegue: explicar el mecanismo antes de que se aplique. No decir “esto es falso” sino “esto es verdadero”, “van a intentar convencerte de lo contrario” y “así es como funciona el truco”. Es lo que los investigadores llaman prebunking o inoculación informativa. Requiere una ciudadanía con educación mediática y un periodismo que abandone la falsa neutralidad y ejerza la verificación como norma, no como una sección especial o algo que hacen organizaciones especializadas.

La pregunta ya no es si PP y Vox mienten. Es otra más incómoda: ¿por qué una democracia madura, con instituciones sólidas, con datos públicos accesibles y con un periodismo relativamente activo, no ha encontrado aún el antídoto eficaz contra una estrategia cuyo manual de instrucciones lleva décadas sobre la mesa?

La respuesta exige mirarse también hacia dentro. La posverdad no es solo un problema de quienes la producen. Es un problema de las condiciones —económicas, emocionales, institucionales— que hacen que una parte de la ciudadanía la encuentre más satisfactoria que la verdad. Mientras esas condiciones existan, el negocio de los hechos alternativos seguirá siendo rentable.

Hay un dato que lo resume casi todo: para sentarse en el mismo palco que los ponentes del Madrid Economic Forum y cenar con ellos en la afterparty VIP, hay que desembolsar 2.500 euros. Para escucharlos desde la platea general, basta con 49. Entre esos dos extremos, un sistema escalonado de entradas Gold a 299 euros que promete “acceso preferente al networking” —un espacio con acceso directo a redes de contacto— y visibilidad ante los líderes del pensamiento liberal hispano. El evento es, en su propio diseño de precios, una metáfora del mundo que predica: el mercado estratifica, y quien más paga, más accede.

El Palacio de Vistalegre, ese recinto de Carabanchel construido sobre el solar de una antigua plaza de toros, se ha convertido en algo más que un espacio de eventos. En dos meses, habrá acogido dos de las convocatorias más reveladoras del momento político y cultural español. El 17 de enero, más de 6.000 jóvenes apagaron sus teléfonos durante cuatro horas para escuchar a Juan Manuel de Prada, Ana Iris Simón, Juan Soto Ivars o Jano García hablar de precariedad, sentido y trascendencia en lo que sus organizadores llamaron El Despertar. El 14 de marzo le toca al Madrid Economic Forum (MEF26), que promete traducir ese despertar emocional en claves de emprendimiento, desregulación y libertad económica.

Los dos eventos comparten algunos ponentes, el recinto y, sobre todo, la misma intuición estratégica: en España hay un mercado ideológico desatendido, joven, frustrado y dispuesto a pagar por sentir que pertenece a algo distinto.

Las empresas detrás del Madrid Economic Forum no son think tanks ni fundaciones ideológicas. Son dos firmas andorranas: Abast, dedicada al asesoramiento fiscal, y Racks Labs, consultora de “inteligencia de negocio”, que viene a ser una combinación de IA, chatbots y soluciones digitales para el manejo de datos (este grupo empresarial fue cofundado por Víctor Domínguez, un agitador conocido en redes como Wall Street Wolverine señalado por difundir desinformación). 

Su trayectoria empresarial, antes de saltar a Madrid, consistía en organizar el Andorra Economic Forum —un evento más íntimo, de unos mil asistentes, con todas las entradas vendidas— para clientes interesados en la optimización fiscal y la planificación patrimonial en el Principado. El salto a Vistalegre en junio de 2025 fue, en términos de negocio, un éxito rotundo: 7.500 asistentes, cobertura en grandes medios, clausura de Javier Milei y confirmación de una segunda edición para 2026.

Lo que los organizadores han descubierto —y aquí reside la clave de su modelo— es que la batalla cultural puede ser un producto. No en sentido peyorativo, sino literal: un producto con costes de producción, márgenes de beneficio y distintos segmentos de mercado. La entrada estándar cubre la experiencia masiva; la Gold añade encuentros profesionales cuidadosamente seleccionados; la Diamond entrega acceso directo a los ponentes. Las empresas pueden convertirse en partners —colaboradores— por menos de 1.500 euros y obtener visibilidad de marca ante un público de emprendedores, inversores y profesionales liberales. El discurso antiEstado y promercado no solo se pronuncia desde el escenario: también se practica en el modelo de negocio.

Los patrocinadores del MEF26 son, en sí mismos, un retrato sociológico del ecosistema. Economía Para Adultos y Hespérides, dos proyectos de formación con orientación liberal; marcas de fitness, oratoria e idiomas; consultoras digitales y empresas de nutrición. Es el universo aspiracional de una derecha joven que mezcla libertad económica con optimización corporal, emprendimiento con masculinidad productiva, crítica al Estado con coaching personal.

El núcleo duro del MEF26 lo forman los economistas vinculados al Instituto Juan de Mariana: Juan Ramón Rallo, Miguel Anxo Bastos y Manuel Llamas, director del propio Instituto. No es casual. El Juan de Mariana es el think tank ultraliberal de referencia en España, un laboratorio de ideas que lleva dos décadas elaborando el sustrato intelectual que ahora se despliega en eventos masivos. Su presencia en el foro es a la vez una señal de supuesta legitimidad académica y un indicador de hasta dónde ha llegado la influencia de ese pensamiento fuera de los círculos especializados.

Junto a ellos, Daniel Lacalle —economista mediático, gestor de inversiones, voz habitual en los circuitos de la ortodoxia fiscal que predica disciplina, estabilidad y sostenibilidad— y una constelación de comunicadores de la derecha digital: Jano García, que ha construido su carrera sobre la crítica a lo que llama el “consenso progresista"; Vito Quiles, el agitador más conocido del ecosistema ultra en redes sociales; Pedro Herrero, especialista en narrativas culturales conservadoras; o Juan Soto Ivars, escritor y periodista, en estos momentos en Abc, que ha sabido navegar entre espacios heterogéneos agitando la bandera de la libertad de expresión y hace tiempo que desempeña del rol de cronista oficial de la guerra cultura de la derecha. Su voz también estuvo presente en el acto de El Despertar del mes de enero.

En cartel, al que cada día se van sumando nuevos nombres, siguiendo la lógica de algunos festivales, también figura Roberto Vaquero, el líder de Frente Obrero. Es una organización que, a pesar de ser muy minoritaria y declararse de inspiración marxista-leninista, ha logrado captar la atención de la derecha gracias a sus postulados identitarios y antiinmigración.

Su inclusión no es un gesto de pluralismo ingenuo. En el lenguaje de estos eventos, cumplirá una función precisa: permitirá que el foro se autopresente como un espacio de debate supuestamente libre de prejuicios, donde incluso la izquierda tiene voz, lo que otorgaría legitimidad democrática a una convocatoria cuya matriz ideológica es en realidad inequívocamente libertaria (e iliberal).

Para entender la dimensión estratégica de lo que está ocurriendo, conviene recordar que Vistalegre fue, durante años, el escenario de los grandes actos de Podemos. Las imágenes de Pablo Iglesias ante un pabellón abarrotado definieron una época. Que ahora ese mismo recinto acoja, en el plazo de dos meses, un evento de espiritualidad conservadora y un foro de economía libertaria no es una ironía caprichosa del calendario: es el resultado de una disputa consciente por los espacios simbólicos de la política española.

La nueva derecha cultural ha comprendido —antes, en muchos casos, que la izquierda— que los formatos importan tanto como los contenidos. Que la política ya no se hace solo en los parlamentos ni en los periódicos, sino en los eventos experienciales, en los podcasts, en las comunidades de Discord que han sustituido a los antiguos foros de internet, en los grupos de Telegram. Que un joven de veintitantos años dispuesto a pagar 49 euros para escuchar a Rallo o a Bastos hablar de libertad económica no es solo un consumidor político: es alguien que quiere pertenecer, que busca tribu, que necesita que su descontento tenga nombre y argumento.

El Despertar fue explícito en esto: sus organizadores, el movimiento cultural It's Time To Think, pidieron a los asistentes que apagaran los teléfonos no por razones de cortesía, sino para crear una experiencia de “conexión real” en contraposición al mundo digital. La liturgia del evento —silencio, diálogo, salto, fiesta— era deliberadamente comunitaria, casi religiosa. Varios ponentes invocaron a dios sin ambages. El sacerdote Jacques Philippe habló de “encontrarnos con un amor infinito”. Jano García, ponente también en el MEF26, instó a abrazar “los valores cristianos como marco ético”. El evento se cerraba con una fiesta. El itinerario emocional iba del recogimiento a la euforia colectiva, con escala en la crítica al nihilismo y el individualismo modernos.

Un mes y medio después, el Madrid Economic Forum propone la segunda etapa del mismo viaje: si El Despertar ofreció identidad y propósito, el MEF promete las herramientas prácticas para actuar en consecuencia. Emprendimiento, inversión, networking, desregulación. La narrativa es coherente: primero te despiertas, luego construyes.

La web del MEF26 no oculta sus ambiciones. Entre los temas del foro figura “la batalla cultural” como uno de sus ejes explícitos, junto a la inteligencia artificial y la comunicación. No es habitual que un evento que se presenta como foro económico emplee esa expresión con tanta naturalidad. Su uso revela que los organizadores no se conciben únicamente como promotores de un debate sobre fiscalidad o emprendimiento, sino como actores en una disputa por la hegemonía cultural y política.

Es una controversia que tiene raíces internacionales. La primera edición del MEF cerró con Milei, el presidente argentino que ha convertido el libertarismo en espectáculo de masas. También estuvieron Alex Bruesewitz, asesor de comunicación de Donald Trump, y el argentino Agustín Laje, uno de los principales teóricos de la nueva derecha latinoamericana. El MEF se inscribe conscientemente en ese circuito global donde el libertarismo económico, la crítica a la supuesta “corrección política” de la izquierda y la reivindicación de la libertad de expresión forman un relato único, exportable y perfectamente empaquetado para su consumo.

Lo que distingue el modelo español de sus referentes anglosajones o latinoamericanos es su sofisticación empresarial. No hay aquí, aparentemente, un millonario que financia la operación desde la sombra, ni un partido que moviliza bases. Hay dos empresas andorranas especializadas en optimización fiscal que han identificado un nicho, han probado el formato en Andorra, lo han escalado a Madrid y están construyendo una marca. El discurso antiimpuestos y promercado no solo se predica: también se practica, con una base fiscal en el paraíso fiscal por excelencia de los Pirineos.

El MEF26 promete ser "el evento que dará un giro a los grandes desafíos de España". Es una afirmación grandiosa para una jornada de conferencias en un pabellón de Carabanchel. Pero esa grandilocuencia es parte del producto: los asistentes no pagan solo por escuchar ponencias, pagan por sentir que están en el centro de algo importante, que participan en el cambio, que su presencia tiene consecuencias históricas. Es el mismo resorte emocional que movía a los jóvenes de El Despertar.

Lo que el espectáculo no dice es que el pensamiento que promueve, pese a su retórica rebelde y antiestablishment, tiende a beneficiar a quienes ya tienen capital —económico, cultural o social— para moverse en sus coordenadas. La desregulación que predica Lacalle, la reducción del Estado que propone Rallo, la crítica a la “carga fiscal” que articula el Instituto Juan de Mariana: son propuestas con ganadores y perdedores concretos, y los organizadores del foro —empresas andorranas de asesoramiento fiscal— pertenecen a los primeros.

Tampoco dice que la sala de networking Blackbox, organizada por franjas temáticas —marketing y marca personal, inversión y activos digitales, startups y venture capital—, tiene más de feria de servicios que de ágora democrática. Que los ponentes cobran por aparecer. Que las marcas de fitness y oratoria que patrocinan el evento venden un sueño de éxito individual construido sobre la premisa de que el sistema es justo y el problema eres tú si no prosperas.

Hay algo en la elección del recinto que también merece atención. El Palacio de Vistalegre está en Carabanchel, un barrio de clase trabajadora con una tradición de izquierda robusta y una memoria histórica vinculada a la cárcel del mismo nombre, donde la dictadura franquista encerró a miles de presos políticos. Que los eventos de la nueva derecha cultural elijan este espacio puede leerse como provocación o como indiferencia, pero difícilmente como casualidad. El territorio simbólico también está en disputa.

Lo que está construyendo en Vistalegre la constelación que forman El Despertar y el Madrid Economic Forum no es solo una agenda de eventos. Es una infraestructura de ideas, de comunidad, de marca, de negocio. Una infraestructura que se financia sola —con entradas, VIP, partners y patrocinadores— y que no necesita del favor del Estado ni de los partidos para existir. Que puede escalar, replicarse, franquiciarse. Que tiene ya su versión latinoamericana y su circuito internacional.

En el nuevo ecosistema de la derecha cultural, la ideología y el mercado han dejado de ser categorías separadas. Son, simplemente, el mismo producto.

Imagine a un ciudadano que recibe en su teléfono un vídeo que afirma que una vacuna provoca esterilidad. Lo mira con escepticismo, teclea el titular en Google, lee dos resultados, habla del tema con su cuñado esa tarde y llega a una conclusión: probablemente es falso, aunque algo de verdad tendrá. Ha hecho, cree él, “su propia investigación”. Y esa convicción, según un exhaustivo informe que acaba de publicar el Pew Research Center, es compartida por el 82% de los adultos estadounidenses.

El estudio, basado en una encuesta a 3.560 adultos realizada en diciembre de 2025 y complementada con nueve grupos focales, ofrece un retrato inquietante de la relación de los estadounidenses con la información. No tanto por lo que revela sobre sus hábitos de consumo —la fatiga, el desenganche progresivo, la sensación de saturación—, sino por lo que descubre sobre su confianza en sí mismos: la certeza de que, en un ecosistema informativo cada vez más contaminado por actores que difunden falsedades de manera sofisticada y deliberada, ellos son suficientemente capaces de navegar solos.

Esa confianza, que a primera vista podría parecer una virtud cívica, esconde una paradoja que los propios datos del informe evidencian: cuanto más se cree alguien capaz de detectar la desinformación por sus propios medios, menos probable es que busque ayuda, contraste fuentes con rigor o confíe en las instituciones encargadas de verificar los hechos. Y en el momento en que eso ocurre, las campañas de desinformación más sofisticadas ya han ganado la partida.

El dato más revelador del informe de Pew no es el de cuántos estadounidenses dicen verificar la información. Es la diferencia abismal entre lo que piensan de sí mismos y lo que piensan de los demás. El 79% de los encuestados se declara al menos “algo seguro” de saber qué pasos dar para comprobar la exactitud de una noticia. Pero solo un 25% extiende esa misma confianza al resto de sus conciudadanos.

Esa brecha entre el yo y el nosotros no es una anomalía estadística. Es un patrón cognitivo bien documentado en psicología social: el llamado “efecto del mejor que la media” o ilusión de superioridad, por el cual los individuos tienden sistemáticamente a sobrestimar sus propias capacidades en comparación con las del grupo. 

En condiciones normales, el fenómeno produce pocos daños graves. Pero en un entorno donde agentes estatales, grupos extremistas y redes de desinformación coordinada generan contenido falso diseñado específicamente para eludir los filtros del pensamiento crítico, esa ilusión se convierte en una vulnerabilidad de primer orden.

El informe también documenta que el 94% de los encuestados considera al menos “algo importante” que la gente haga su propia investigación para verificar la exactitud de las noticias. Dos tercios lo consideran “extremadamente o muy importante”. Y el 82% afirma hacerlo al menos de vez en cuando. Sería tranquilizador si no fuera por la pregunta que el propio Pew introduce a continuación: ¿qué entienden exactamente por “hacer su propia investigación”?

El 84% de los encuestados asocia el concepto con algo razonable: comparar la información entre varias fuentes. El 77% lo vincula a leer estudios científicos o académicos, y el 72%, a usar Google u otros buscadores. Hasta aquí, nada que objetar. El problema aparece cuando se desciende al resto de la lista.

Alrededor del 70% de los estadounidenses —siete de cada diez— considera que “hacer su propia investigación” incluye cuestionar lo que dicen los grandes medios de comunicación. Otro 70% añade a esa categoría poner en duda lo que afirman las fuentes oficiales y gubernamentales. El 63% incluye buscar testimonios de primera mano e historias personales. Y el 38% llega a considerar que hablar con amigos o familiares es también una forma válida de verificar la exactitud de una noticia.

El escepticismo ante el poder mediático e institucional no es intrínsecamente malo. Tiene una larga y respetable tradición en el periodismo de investigación y en la filosofía política. El problema surge cuando ese escepticismo deja de ser una herramienta analítica y se convierte en un sustituto de ella. Cuando “cuestionar a los medios” no significa contrastar sus afirmaciones con otras fuentes fiables, sino simplemente rechazarlas porque proceden de una institución que el ciudadano ha decidido, de antemano, que es corrupta o parcial.

Los datos del informe apuntan en esa dirección cuando se desglosan por ideología política. Los republicanos conservadores son significativamente más propensos a incluir el cuestionamiento de los grandes medios y de las fuentes gubernamentales dentro de su definición de “investigación”. No como punto de partida crítico, sino como práctica definitoria. El efecto es paradójico: cuanto mayor es la desconfianza en las instituciones de verificación, mayor es también la confianza en la propia capacidad para verificar sin ellas.

Para entender por qué esta actitud resulta especialmente peligrosa en el momento actual, conviene recordar cómo ha evolucionado la desinformación en la última década. Lo que en los años noventa o dos mil era principalmente propaganda política torpe —el bulo chapucero, el rumor de bar amplificado por un correo en cadena— se ha transformado en operaciones coordinadas de alta precisión, diseñadas por equipos profesionales, financiadas en ocasiones por Estados, y calibradas mediante análisis de datos para maximizar su impacto emocional y su viralidad.

Estas campañas no aspiran ya a convencer a todo el mundo de una mentira burda. Su objetivo es más sofisticado: sembrar la duda, erosionar la confianza en cualquier fuente de autoridad, crear la sensación de que la realidad es inaccesible y de que todo está manipulado. En ese terreno, el ciudadano que desconfía sistemáticamente de los medios, del Gobierno y de los expertos, y que confía a cambio en su propio juicio y en el relato de sus allegados, no es un obstáculo para la desinformación. Es su objetivo ideal.

Los grupos focales recogidos en el informe de Pew ofrecen testimonios que iluminan esa contradicción desde dentro. Algunos participantes reconocen que “hacer tu propia investigación” requiere habilidades que no todo el mundo posee: saber evaluar la credibilidad de una fuente, identificar sesgos, entender el contexto de un dato estadístico, distinguir entre una publicación científica revisada por pares y una web de apariencia científica financiada por grupos de interés. Y sin embargo, incluso quienes verbalizan esa complejidad terminan defendiendo que la responsabilidad última recae en el individuo.

El 44% de los encuestados señala a los propios individuos como los principales responsables de comprobar la exactitud de las noticias. Solo el 22% señala a los medios de comunicación, el 9% a las escuelas y los docentes, y el 9% al Gobierno. Las empresas tecnológicas y las redes sociales, pese a ser los canales por los que circula la inmensa mayoría de la desinformación, reciben apenas un 4% o 5% de esa responsabilidad percibida.

El escenario se complica cuando se añade otro elemento central del informe: la fatiga informativa. El 52% de los encuestados se declara agotado por la cantidad de noticias que recibe. El 48% considera que la mayor parte de esas noticias no es relevante para su vida. Dos tercios han dejado de usar alguna fuente concreta de noticias en algún momento, y seis de cada diez han reducido su consumo general.

La combinación resulta tóxica: ciudadanos que creen en su capacidad para verificar la información, pero que al mismo tiempo están saturados y han reducido su exposición a fuentes diversas, limitándola a menudo a aquellas que ya confirman sus creencias previas. El contraste de versiones que ayudaría genuinamente a detectar falsedades queda reemplazado por el confort de la cámara de eco.

La brecha generacional añade otra capa de complejidad. Los menores de 30 años tienden masivamente a “encontrarse” las noticias —el 73% de ellos— en lugar de buscarlas activamente, mientras que el 73% de los mayores de 65 las busca de forma deliberada. Solo el 35% de los jóvenes considera que seguir las noticias regularmente es una parte muy importante de ser un buen miembro de la sociedad, frente al 65% de los mayores de 65. Y una quinta parte de los menores de 30 reconoce que a veces le cuesta entender las noticias que recibe.

Los jóvenes no están necesariamente menos informados que sus mayores; tienen acceso a información por otros canales y con otros formatos. Pero la idea de que “la noticia te encuentra” —que el algoritmo te traerá lo que necesitas saber— entrega el control de la agenda informativa a plataformas cuyo interés no es la calidad periodística, sino el tiempo de pantalla. Y en ese terreno, el contenido emocional, polarizador y frecuentemente inexacto viaja más rápido y más lejos que el riguroso.

Hay un detalle en el informe que sintetiza con crueldad la contradicción de fondo. Solo el 8% de los encuestados cree que los ciudadanos tienen la responsabilidad de pagar por las noticias. Únicamente el 16% ha pagado por alguna suscripción, membresía o donación a un medio en el último año. Y, sin embargo, el 80% considera que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estar informados cuando votan.

El periodismo independiente —el que verifica, el que contrasta, el que tiene redactores especializados capaces de leer un estudio científico y explicar sus limitaciones— tiene costes. Su financiación a través de la publicidad lleva décadas en declive estructural. No obstante, el 45% de los estadounidenses considera que los medios deberían financiarse principalmente mediante publicidad y patrocinios, y solo alrededor de un 10% u 11% menciona las suscripciones o la financiación pública como vía principal.

La paradoja es perfecta: la misma ciudadanía que reclama para sí la responsabilidad de verificar la información —y que se muestra escéptica ante los medios profesionales— no está dispuesta a financiar las instituciones que podrían hacerlo con mayor rigor y recursos. Cerca de tres cuartas partes de los encuestados creen que los medios están al menos “algo bien” financieramente, una percepción que el propio Pew señala como un factor que probablemente reduce la urgencia percibida de contribuir económicamente.

Volvamos al ciudadano del principio, con su teléfono y el vídeo sobre la vacuna. Es posible que llegue a la conclusión correcta. Es posible incluso que sus dos búsquedas de Google y su conversación con el cuñado le sirvan para descartarlo. La desinformación no siempre gana la batalla individual. Lo que hace, con una eficacia mucho mayor, es ganar la guerra de la confianza: convencer a millones de personas de que el sistema de verificación profesional —el periodismo, la ciencia, las instituciones— está tan corrompido que más vale fiarse del propio instinto.

El informe del Pew Research Center no dice que los ciudadanos estadounidenses sean crédulos o estúpidos. Dice algo más matizado y, en cierto sentido, más preocupante: que son personas razonables atrapadas en un ecosistema diseñado para sobrecargarlas, desorientarlas y hacerles creer que pueden prescindir de los mediadores institucionales del conocimiento. Y que esa creencia —la de la autosuficiencia informativa— es precisamente el vector que las campañas de desinformación más avanzadas explotan con mayor eficacia.

Verificar información en el siglo XXI no es navegar por Google durante diez minutos. Es una práctica que requiere formación, tiempo, acceso a fuentes especializadas y, sobre todo, la humildad de reconocer que uno puede equivocarse. El 79% de los estadounidenses cree tener esa capacidad. Solo el 25% cree que la tienen sus vecinos. En algún punto entre esas dos cifras vive la ilusión más peligrosa de la era de la desinformación: la de que uno, personalmente, es inmune a ella.

Hay una cifra que resume décadas de promiscuidad entre el poder y la prensa en España: el porcentaje de ingresos que algunos medios obtienen de las administraciones públicas. No es un dato fácil de conocer, porque nunca nadie ha estado obligado a publicarla.

La nueva Ley de Publicidad del Sector Público, cuyo anteproyecto está a punto de llegar al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre, cambia eso. Y va más allá: fija un techo del 35% de la facturación anual por encima del cual ningún medio podrá recibir publicidad de la Administración central. Quien supere ese umbral, quedará fuera del circuito.

Es, si sale adelante en estos términos, la reforma más ambiciosa en este ámbito desde que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley 29/2005, una norma que el tiempo convirtió en papel mojado con mayor rapidez de lo que sus impulsores están dispuestos a admitir.

El anteproyecto no ha llegado de la nada. Es una pieza del Plan de Acción para la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024 y, sobre todo, es la traducción al ordenamiento español del Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como Reglamento Europeo de Libertad de Medios o EMFA, por sus siglas en inglés.

Bruselas lleva años alertando de que la publicidad institucional se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces para doblegar la independencia editorial sin necesidad de teléfonos, ni presiones directas, ni grandes escándalos. Basta con repartir el dinero con inteligencia: más para los amigos, menos para los críticos, nada para los incómodos. El mercado hace el resto.

El texto que está previsto que llegue al Consejo de Ministros deroga la ley de 2005 y construye sobre sus ruinas un régimen nuevo, más amplio y con mayor vocación de eficacia. El primer cambio es semántico, pero no menor: se abandona el término "publicidad institucional" y se adopta el más comprensivo de "publicidad del sector público".

La diferencia no es retórica. La vieja categoría solo cubría las campañas de imagen y comunicación de la Administración. La nueva abraza también la publicidad industrial, comercial o mercantil promovida por el sector público estatal: los anuncios de empresas públicas, las promociones de marcas bajo tutela estatal, los patrocinios vinculados a campañas. Todo entra en el mismo saco regulatorio. Todo queda sujeto a los mismos criterios de transparencia y a los mismos límites de dependencia.

No obstante, la medida que tiene potencialmente más posibilidades de cambiar el ecosistema mediático, si se aplica con rigor, es ese tope del 35%. El anteproyecto dice que "no podrán recibir publicidad del sector público estatal los medios de comunicación y las plataformas en línea cuyos ingresos por publicidad procedente del conjunto del sector público superen" ese porcentaje "del importe neto de su cifra de negocio".

Es decir: un medio cuyos ingresos dependan del sector público (lo que incluye a la Administración local y autonómica) por encima del 35% no podrá recibir más publicidad del Estado. Lo cual no impide, tal y como ha sido redactada la ley, que pueda seguir superando ese porcentaje si el dinero llega de comunidades, ayuntamientos o diputaciones. E incluso llegar al 100%.

La justificación declarada es impecable: se trata de evitar la existencia de medios privados esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas. En otras palabras, el Estado no quiere pagar para que un medio le deba la vida.

El problema es que, aparentemente, no cierra la puerta a esa dependencia por parte de otras administraciones públicas. Algunas de ellas, como es público y notorio, están en el centro del problema porque son las que financian y sostienen a buena parte del ecosistema informativo que difunde desinformación y garantiza el funcionamiento eficaz del ciclo del bulo.

No es esta la única vía de escape al control. El borrador del anteproyecto de ley establece otra excepción que importa tanto como la regla. Quedan exentos del límite del 35% los medios con facturación anual inferior a dos millones de euros y con audiencia concentrada en una, dos o tres comunidades autónomas limítrofes. Quienes cumplan simultáneamente estas dos condiciones podrán financiarse sin límites del dinero público, también del que maneja la Administración central.

El anteproyecto, a partir de las obligaciones que impone la EMFA, construye además toda una arquitectura de transparencia destinada a hacer visible, por primera vez de forma sistemática, el flujo completo del dinero público hacia los medios.

Para empezar, los medios que quieran publicidad estatal deberán estar inscritos en el registro estatal o autonómico de medios previsto en el reglamento europeo y que, en España, todavía no se ha creado. Esa inscripción no es un mero trámite burocrático: implica haber publicado quiénes son los propietarios del medio, cuál es la estructura de control y cuánta financiación pública recibe. Sin esa transparencia previa, el grifo de la publicidad estatal permanecerá cerrado.

Hay más capas. Los medios deberán facilitar a la Comisión de Publicidad y Comunicación sus tarifas de mercado para los formatos y espacios susceptibles de ser contratados en el marco del plan anual de publicidad y comunicación institucional, y esas tarifas funcionarán como precios máximos en la contratación pública. No habrá descuentos opacos, ni contraprestaciones en especie, ni bonificaciones cruzadas entre los medios y las agencias que gestionan fondos públicos. Se trata de iluminar un circuito que durante años ha funcionado en penumbra, donde el valor real de los contratos publicitarios era casi imposible de conocer desde fuera.

El engranaje de control se completará, siempre que la ley supere el largo camino que tiene por delante, con dos piezas institucionales que el anteproyecto remodela en profundidad. Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá la función de seguimiento del gasto en publicidad del sector público estatal a medios y plataformas, recopilará información de los reguladores autonómicos y elaborará los informes anuales que exige Bruselas. En las comunidades que no cuenten con una autoridad independiente, no podrán escapar: la CNMC recabará los datos directamente de las administraciones autonómicas y locales.

Por otro lado, la antigua Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional se transforma en una Comisión de Publicidad y Comunicación de mayor alcance, con competencias ampliadas al terreno industrial y mercantil y con apoyo técnico de la Secretaría de Estado de Comunicación.

El texto presta también atención, por primera vez, a la eficacia de la inversión publicitaria pública, no solo a su control. Las entidades del sector público estatal deberán exigir a los medios y plataformas que participen en sus campañas el uso de sistemas de medición de audiencia conformes con la EMFA, con acceso a su metodología y a sus resultados. Y se establece que la publicidad estatal se difundirá preferentemente a través de medios de carácter informativo, un criterio que no es neutral en un ecosistema donde proliferan los soportes que se presentan como medios sin tener la función informativa como núcleo de su actividad.

La principal limitación estructural del anteproyecto, que ninguna redacción cuidadosa puede ocultar, es que el límite del 35% se aplica exclusivamente a la publicidad del sector público estatal. El dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos queda fuera, pendiente de que decidan autolimitarse o seguir como hasta ahora.

Y es precisamente ahí, en ese territorio autonómico, provincial y local, donde se concentra la mayor parte del problema. Las relaciones de dependencia más estrechas entre medios y poder político en España se tejen en las capitales autonómicas, en las ciudades medias, en los municipios con presupuesto suficiente para comprar cobertura favorable o castigar la crítica con el silencio publicitario.

El anteproyecto lo sabe, y por eso establece que los principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia y no discriminación en la asignación de fondos se convierten en normativa básica aplicable a todas las administraciones, no solo a la estatal.

Eso significa que comunidades autónomas y entidades locales quedan obligadas a respetar ese marco general de criterios, tal y como, por otra parte, ordena la EMFA. Pero el límite cuantitativo, el techo del 35%, no es básico: cada comunidad podrá decidir si lo replica en su propia legislación o si prefiere no ponerse ese tipo de corsé.

Con todo, veinte años de experiencia con la ley de 2005 enseñan que las normas sobre publicidad institucional tienen una tendencia particular a perder eficacia entre su aprobación y su aplicación. Los criterios objetivos se vuelven subjetivos cuando quien los aplica tiene intereses en el resultado. Los registros de transparencia se llenan de información que nadie cruza o que no se contrasta. Los informes anuales se publican con retraso y se leen poco. La CNMC puede hacer mucho, pero solo si tiene recursos, voluntad política y capacidad para actuar sin que cada expediente desemboque en un largo contencioso.

Un amplio grupo de periodistas, escritores, magistrados, catedráticos, artistas y activistas ha lanzado el manifiesto “Por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio” para alertar del clima de intimidación que se está instalando en el debate público español. Impulsado por ACO, CTXT y la Fundación Contexto y Acción junto a medios como infoLibre, Público, Canal Red, Luzes, El Salto o La Marea, el texto sostiene que “el miedo es la antesala del silencio” y denuncia la existencia de redes coordinadas que utilizan la desinformación, el señalamiento y las amenazas para amedrentar a voces críticas con la extrema derecha.

Los firmantes —entre ellos directores de medios, magistrados eméritos, catedráticos, artistas y activistas— reclaman al Gobierno y a los grupos parlamentarios progresistas reformas legales que permitan sancionar y retirar financiación pública a quienes difundan de forma organizada odio y mentiras, así como más medios y formación para Fiscalía, jueces y fuerzas de seguridad. El objetivo es alcanzar al menos 50.000 firmas antes de trasladar formalmente el llamamiento a las instituciones, en una apelación directa a la sociedad civil para defender la democracia frente a lo que describen como un intento de imponer el miedo como mecanismo de silenciamiento.

Si deseas unirte a este manifiesto, puedes hacerlo desde la página web de la Plataforma de Acción contra el Odio (ACO) en este enlace.

Europa ha conseguido doblegar el subidón de casos de sarampión que registró en 2024, pero el número de positivos de 2025 fue aun así muy superior a las medias del histórico, e incluso en algunos países como España, el número de infecciones continuó creciendo, por lo que la preocupación está lejos de disiparse. Este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado los datos sobre la evolución del sarampión y los ha acompañado de un mensaje contra los bulos sobre las vacunas, el fenómeno que explica este pico.

"En el entorno actual, en el que abundan las noticias falsas, es fundamental que las personas confíen en información sanitaria verificada procedente de fuentes fiables, como la OMS, Unicef y las agencias nacionales de salud", ha afirmado en un comunicado Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. En este continente se han registrado más de 200.000 casos de sarampión en los últimos tres años.

"Hasta que todos los niños sean vacunados y se aborde la reticencia alimentada por la difusión de desinformación, los niños seguirán corriendo el riesgo de morir o enfermar gravemente", ha comentado también Regina De Dominicis, directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central.

Según el nuevo análisis de la OMS, en Europa y Asia Central se registraron el año pasado 33.998 casos de sarampión, una rebaja de casi el 75% en comparación con los 127.412 de 2024. Aun así, insiste el organismo dependiente de Naciones Unidas, el número es superior a la media de los últimos 25 años y hace falta continuar con campañas de vacunación. Parte del descenso se explica también porque comunidades no protegidas están adquiriendo inmunidad tras contagiarse en los últimos años.

Los datos encajan con otro informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en inglés) publicado la semana pasada, que cuenta 7.655 casos solo en los 30 países de la UE y del Espacio Económico Europeo durante el año pasado. Solo Rumanía representó 2.971, seguido de Francia (774) e Italia (497).

España también es víctima de esta subida de la incidencia. El ECDC calcula 217 contagios en 2025, cifra inferior a la reportada por el Instituto de Salud Carlos III, que recoge 397 casos confirmados, frente a 215 en 2024. De todos ellos, la mitad son directamente importados de otros países o contagiados por algún foráneo, mientras que 194 positivos están siendo estudiados. No se ha reportado por ahora ningún caso endémico.

La noticia llega apenas después de que la OMS haya retirado a España el estatus de país libre de la enfermedad, un sello que también han perdido recientemente otros países como Austria o Reino Unido. En 2025, se ha incrementado de 12 a 19 el número de países europeos en los que el virus circula de manera endémica.

A diferencia de en Europa, los expertos no creen que en España estén haciendo mella los bulos. Valentí Pineda, vocal del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, no cree que haya en España una subida del negacionismo hacia las vacunas, ni hacia la del sarampión en particular, y que el rechazo medio es de entre el 3% y el 5%.

"Quizás el del sarampión sea algo superior porque hubo un estudio que relacionaba la vacuna triple vírica con el autismo, pero fue completamente desmentido porque estaba basado en datos falsos. Incluso fue retirado de la revista donde se publicó. Pero siempre hay gente que se queda con la idea", valora. "Pero no, no hay un aumento de la reticencia", subraya.

Josefa Masa Calles, investigadora de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en el Instituto de Salud Carlos III, atribuye el incremento de contagios en la península a la ola que viene de Europa. "Hemos tenido muchos casos importados y por eso ha habido más casos en 2025", afirma a través de Science Media Centre España. También advierte de que 2026 ha comenzado con más positivos, pero que caerán a mediados de primavera.

Los expertos reclaman aun así que se incremente todavía más la vacunación en España, pese a que es elevada. Según la Sociedad Española de Inmunología, la tasa de vacunación del sarampión alcanza el 97,3% para la primera dosis y el 93,8% para la segunda. La cifra relevante es la última, ya que la dosis recomendada son dos inyecciones, y está ligeramente por debajo del 95% de cobertura, el umbral óptimo para frenar el avance de la enfermedad.

"A menos que todas las comunidades alcancen una cobertura de vacunación del 95%, cierren las brechas de inmunidad en todas las edades, refuercen la vigilancia de la enfermedad y garanticen una respuesta oportuna ante los brotes, este virus altamente contagioso seguirá propagándose", advirtió este martes también Henri P. Kluge, de la OMS.

Cuando un 84% de los ciudadanos de un país se declara “muy preocupado” por los conflictos armados en el entorno europeo —la cifra más alta de toda la Unión—, lo lógico sería esperar que ese mismo país reclamara inversión en defensa, blindaje militar, presupuestos para seguridad. Pero España, una vez más, desafía la lógica convencional. Mientras lidera el ranking del miedo a la guerra junto a Italia, relega la defensa al vagón de cola de sus prioridades políticas: solo un 15% de los españoles considera que el Parlamento Europeo debería centrarse en este asunto, frente al 34% de la media comunitaria. ¿Contradicción? No exactamente. Más bien, una forma distinta de entender la protección en tiempos turbulentos.

El Eurobarómetro del Parlamento Europeo de otoño de 2025 recién publicado, dibuja el retrato de una ciudadanía europea atrapada en lo que ya se denomina con naturalidad "policrisis": tensiones geopolíticas, cambio climático acelerado, desinformación galopante y una sensación generalizada de que el mundo se ha vuelto un lugar más hostil. Pero dentro de ese retrato colectivo, España emerge con rasgos propios, casi únicos. Es el país que más teme la información falsa (85%, frente al 69% europeo), que más se alarma ante las amenazas a la libertad de expresión (85% versus 67%), que más desconfía del entorno digital. Y, sin embargo, cuando llega el momento de establecer prioridades, lo que reclama no son batallones ni escudos antimisiles, sino médicos y empleo.

La explicación de esta aparente paradoja atraviesa el documento de cabo a rabo: los españoles no entienden la seguridad como una cuestión exclusivamente militar, sino como un concepto más amplio que incluye —y prioriza— el bienestar cotidiano. Para el ciudadano medio español, la mayor amenaza a su estabilidad no es una invasión física, sino el deterioro de la sanidad pública o la precariedad laboral. Por eso, aunque el 84% se declara muy preocupado por las guerras cercanas y el 80% por el terrorismo, el 56% exige que el Parlamento Europeo se centre en la salud pública como asunto prioritario (y no en los dos anteriores). Solo Portugal, con un 68%, supera esa cifra. En el conjunto de la UE, la salud ocupa un discreto cuarto lugar, con apenas un 32%.

Esta jerarquía de miedos y prioridades no es estática. Entre mayo y noviembre de 2025, el interés de los españoles por que el Parlamento Europeo priorice la defensa y seguridad cayó siete puntos (del 22% al 15%). En ese mismo periodo, la preocupación por la sanidad pública creció trece puntos (del 43% al 56%) y la referida a economía y empleo subió doce (del 38% al 50%). Es decir: cuanto más hostil se percibe el mundo exterior, más se refugia el ciudadano español en la reclamación de servicios públicos sólidos y empleo estable.

Pero esta aparente contradicción esconde algo más profundo: una confianza inusualmente alta en la Unión Europea como escudo protector. El 79% de los españoles —frente al 66% de la media comunitaria— desea que la UE juegue un papel más importante en la protección frente a crisis mundiales. Solo Chipre (90%), Luxemburgo (83%) y Malta (81%) —tres países minúsculos— superan esa cifra. Y un apabullante 93% de los españoles considera que los Estados miembros deben estar más unidos para afrontar los retos globales, cuatro puntos por encima de la media europea (89%).

La interpretación es clara: los españoles delegan la seguridad en la arquitectura colectiva de la Unión, no en el músculo militar de cada Estado. Prefieren una Europa cohesionada, solidaria y fuerte institucionalmente antes que una carrera armamentística fragmentada. Cuando se les pregunta en qué áreas debe centrarse la UE para ser más fuerte globalmente, los españoles optan por "Educación e investigación" (43%) como primera opción, relegando la defensa a un modesto 27%, trece puntos por debajo de la media europea (40%).

Este europeísmo pragmático no es nuevo, pero sí se ha intensificado. El 72% de los españoles considera que formar parte de la UE es "algo bueno", superando el 62% de la media europea y creciendo tres puntos desde la primavera de 2024. Y aunque la imagen general de la Unión ha sufrido un ligero retroceso —del 52% al 49% de valoración positiva entre mayo y noviembre de 2025—, en España se mantiene en ese 49%, igualando la media comunitaria. Más significativo aún: el 59% de los españoles afirma que se sentiría "más preocupado" si España no fuera miembro de la UE para afrontar retos globales, frente al 55% de la media europea.

Porque si algo caracteriza a España en este barómetro es la intensidad de su ansiedad. El informe señala explícitamente a Italia, España, Chipre, Portugal, Polonia y Malta como los países con los porcentajes más altos de ciudadanos "muy preocupados" en casi todos los tipos de amenazas analizadas. Y los datos son elocuentes.

Además del ya mencionado 84% de preocupación por conflictos armados y el 80% por terrorismo, España registra un 79% de inquietud extrema ante catástrofes naturales y cambio climático, trece puntos por encima de la media europea (66%). Solo Portugal (91%), Grecia e Italia (ambos con 83%) muestran niveles superiores. En ciberataques, el 75% de los españoles está muy preocupado, frente al 66% de la UE. Y en cuanto a dependencias estratégicas, la inquietud española vuelve a destacar: 75% versus 62% en dependencia energética, y 71% versus 59% en dependencia militar de terceros países.

Pero si hay un campo donde España no solo lidera el ranking europeo de la ansiedad, sino que lo hace con distancia, es en la desconfianza hacia el ecosistema informativo. El 85% de los españoles se declara "muy preocupado" por la información falsa o engañosa, la cifra más alta de toda la Unión Europea, dieciséis puntos por encima de la media comunitaria (69%). 

Ni siquiera Chipre (82%) o Italia (80%), países que comparten con España muchos de los temores registrados en el barómetro, alcanzan ese nivel de alarma. En el extremo opuesto, apenas el 45% de los checos manifiesta esa inquietud. Pero lo relevante no es solo el dato aislado, sino que la desconfianza informativa en España es sistémica: el país también lidera la preocupación por las amenazas a la libertad de expresión (85%, frente al 67% europeo) y comparte con Chipre el primer puesto la alerta por la protección de datos personales en internet (82%, frente al 68% de la UE). 

Mientras que Italia supera a España en temores relacionados con la seguridad física —terrorismo (83% versus 80%)—, es en la dimensión digital y de integridad de la información donde la sociedad española se revela como la más vulnerable y alarmada de toda Europa. Para los españoles, la desinformación no es un riesgo secundario: es la amenaza central a la cohesión social, el espacio público y, en última instancia, a la propia democracia.

Esta desconfianza hacia el espacio informativo no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza directamente con otra de las grandes fracturas que atraviesan la sociedad española: la polarización. El 73% de los españoles se declara “muy preocupado” por el aumento de la división entre los distintos grupos de la sociedad, diez puntos por encima de la media europea (63%) y solo superado por Italia (76%). Si se suman quienes manifiestan una preocupación moderada, el porcentaje total de españoles inquietos por la fractura social alcanza el 93%, frente al 86% de la UE.

Es significativo que los países mediterráneos —Chipre y Grecia, ambos con un 72%— compartan con España e Italia este sentimiento de fragmentación interna, mientras que en el norte de Europa la alarma es notablemente menor: apenas un 44% en Dinamarca, un 46% en Lituania y un 47% en Estonia.

Los datos sugieren que la ciudadanía española establece una conexión causal entre ambos fenómenos: el entorno digital degradado —alimentado por bulos, discursos de odio y manipulación algorítmica— estaría actuando como combustible de la división social.

No es casual que España lidere simultáneamente la preocupación por la desinformación (85%), las amenazas a la libertad de expresión (85%) y la polarización (73%). Son tres caras de una misma crisis: la percepción de que el espacio público compartido se ha roto, y de que esa ruptura tiene origen, en buena medida, en la contaminación informativa que erosiona la posibilidad misma del diálogo democrático.

Sin embargo, esta sensación de vulnerabilidad convive con una curiosa resiliencia personal. El 81% de los españoles se declara optimista sobre su futuro personal y familiar, cinco puntos por encima de la media europea (76%). Pero esa confianza se desploma cuando la mirada se aleja del ámbito privado: solo el 50% es optimista sobre el futuro de España, siete puntos por debajo de la media de la UE (57%). Y respecto al futuro del mundo, la cifra española (44%) se alinea con el pesimismo generalizado en Europa.

Es la brecha entre el “yo” y el “nosotros”, entre la capacidad de agencia individual y la impotencia ante las dinámicas globales. Los europeos —y los españoles en particular— se sienten capaces de construir una vida digna para los suyos, pero desconfían de que el sistema global vaya a acompañarlos en ese empeño. De ahí que el optimismo sobre el futuro de la Unión Europea haya caído del 66% en mayo de 2025 al 57% en noviembre. En España, ese optimismo se sitúa en el 56%, prácticamente en línea con la media comunitaria, pero lejos del entusiasmo estructural que el país suele mostrar hacia el proyecto europeo.

Así pues, la singularidad española no reside en una negación del peligro —los datos demuestran que es uno de los países más alarmados de la Unión—, sino en cómo entiende la respuesta a ese peligro. Mientras los países del norte y del este de Europa (Países Bajos 58%, Dinamarca 57%, Finlandia 56%) sitúan la defensa como prioridad absoluta, España apuesta por un modelo de protección distinto: sanidad universal, empleo de calidad, educación robusta, investigación competitiva. 

No es que los españoles no quieran sentirse seguros. Es que interpretan la seguridad como la capacidad de vivir sin miedo a perder el acceso a un médico, a un trabajo o a una pensión digna. Y confían en que sea la Unión Europea, actuando de forma cohesionada, quien garantice ese blindaje social, mientras gestiona de manera colectiva las amenazas militares externas.

En un mundo que perciben cada vez más peligroso y desinformado, los españoles se aferran con más fuerza a la Unión Europea. Pero no le piden arsenales. Le piden que no olvide que la seguridad también se mide en camas de hospital, contratos indefinidos y salarios dignos. 

Casi el 20% de las publicaciones en X contienen algún tipo de desinformación y la inmigración es la temática más afectada por la manipulación de información, ya que la mitad de los mensajes que se escriben sobre migrantes son desinformadores, según informa EFE. 

Estos son dos de los principales hallazgos del estudio Entre el ruido y los datos, presentado este jueves por Fad Juventud en Madrid con motivo del Día de la Internet Segura y cuyo objetivo es analizar la desinformación en la red social X (antes Twitter) a partir de una muestra representativa de publicaciones de entre abril y junio de 2024. 

El investigador responsable de la investigación, Xavier Moraño, ha explicado que de cada 1.000 publicaciones lanzadas en X, alrededor de 200 contienen desinformación (un 18,5%), principalmente en forma de engaño (el 60%), pero también de descontextualización y otro tipo de desinformación que puede llevar a error, como la exageración o la broma. La temática en la que se registra mayor desinformación es la inmigración: de cada dos publicaciones, uno la contiene, "un 50% es un porcentaje muy preocupante". 

"Se genera rechazo o alarma social generalizando hechos aislados, tergiversando estadísticas, vinculando sin pruebas a inmigrantes con delitos y fomentando temores sobre una amenaza cultural. Usa datos desactualizados o inventados para reforzar prejuicios", precisa el estudio. También la justicia, la religión, los conflictos bélicos, la política, los medios de comunicación, la sanidad y el género son ámbitos afectados por la desinformación. 

Según el estudio, tres de cada cuatro menciones desinformadoras tienen un tono negativo destinado a generar desconfianza o rechazo hacia personas, colectivos e instituciones. Pretenden dañar o insultar. Esas publicaciones atacan más a políticos, periodistas y jueces. El responsable de la investigación ha señalado que esa desinformación hace desconfiar de estas figuras y debilita la credibilidad de las instituciones, "lo que pone en entredicho la propia democracia". 

Al analizar la orientación política de esta desinformación, el estudio ha detectado que el 45% de las menciones desinformadoras están alineadas con la extrema derecha. "Son perfiles críticos hacia la inmigración y el multiculturalismo, con exaltación nacionalista y religiosa, rechazo a políticas progresistas y defensa del revisionismo histórico conservador". 

Además, un 11% presenta una orientación de extrema izquierda; un 20%, de izquierda; un 14% carece de orientación política; y un 8% se vincula a la derecha. 

Los perfiles que aparecen como los principales altavoces de la desinformación son los creadores de contenido, que utilizan la polarización y la confrontación como estrategias habituales y llegan a ser superdesinformadores. De hecho, los cien mayores altavoces de la desinformación son capaces de movilizar 11 millones de publicaciones en un solo mes. 

Desde Fad Juventud consideran que estos "resultados permiten dimensionar el fenómeno y evidencian que el ruido no es marginal, sino una presencia constante integrada en el debate cotidiano en redes sociales".  

En el marco de la jornada De la incertidumbre a la confianza, educar en entornos digitales, celebrada con motivo del Día de la Internet Segura, Fad Juventud ha querido abordar los retos de la seguidad digital en la infancia, en un momento en el que el Gobierno ha anunciado que se va a limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. 

La directora general Fad Juventud, Beatriz Martín, ha subrayado la necesidad de crear un entorno de convivencia en la red "más saludable, más ética, mejor" y ha explicado que para ello es necesario pedir responsabilidades y avances a la industria, pero también avanzar en el desarrollo de la ciudadanía digital, la alfabetización digital y mediática y combatir la desinformación. 

Martín considera útil asimismo que la UE armonice un mecanismo de verificación de edad común para los distintos países y ha precisado que la desinformación no sólo afecta a la forma de pensar, sino de actuar, y a la seguridad ciudadana, la polarización, la radicalización y los discursos de odio.  

El director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, Julio Albalad, ha destacado que el uso que los menores dan a las tecnologías puede ser dañino e incorrecto, si bien ha defendido que la escuela puede ser un lugar para mejorar las competencias digitales y que pueden acceder a una relación sana con las tecnologías.

Apenas unas horas después de replicar, en persona, al dueño de X, el oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk, por el uso de su plataforma para difundir bulos sobre la regularización de inmigrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un paquete de medidas sin precedentes para regular las plataformas digitales en España.

Hace un año, el presidente ya había acusado a la "tecnocasta" de tratar de utilizar su poder "omnímodo" para controlar el debate público y la acción gubernamental en todo Occidente y había llamado a Europa a rebelarse y defender la democracia.

No se trata de recomendaciones ni de códigos de buenas prácticas: Sánchez ha puesto sobre la mesa reformas legales que incluyen responsabilidad penal para los directivos de las grandes tecnológicas, la tipificación de nuevos delitos relacionados con la manipulación algorítmica y la prohibición expresa del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Con esta última medida enmienda además la plana a la reforma legal impulsada por su propio Gobierno —y que está atascada en el Congreso de los Diputados—, que era mucho menos ambiciosa, porque planteaba que los menores de entre 14 y 16 años pudiesen seguir usando redes sociales si tenían el consentimiento de sus padres (en la actualidad, si los progenitores consienten, pueden acceder aunque tengan menos de 14).

En un contexto de creciente preocupación sobre los daños que las redes sociales causan a sus usuarios, en particular a los más jóvenes, a los procesos electorales y a la salud de las democracias en general, el Gobierno pasa de la retórica a la legislación y lo hace poniéndose a la cabeza de los países de nuestro entorno.

La medida más contundente de todas las propuestas por el presidente es la reforma del Código Penal para establecer la responsabilidad penal directa de los ejecutivos de plataformas digitales. Hasta ahora, las sanciones recaían sobre las corporaciones, diluidas en multas que apenas arañaban sus astronómicas cuentas de resultados.

El Ejecutivo quiere cambiar las reglas: si un alto directivo ignora deliberadamente una orden judicial de retirada de contenidos ilícitos, podrá responder penalmente en persona. La norma, que se tramitará mediante un Proyecto de Ley Orgánica, pondrá fin —si llega a aprobarse en el Congreso— a la impunidad derivada de la opacidad corporativa. Ya no bastará con escudarse en la complejidad de los algoritmos o en la imposibilidad material de controlar millones de publicaciones.

Pero la iniciativa no se queda ahí. La segunda gran novedad es la tipificación penal de la manipulación algorítmica. Con su propuesta, Sánchez reconoce explícitamente lo que hasta ahora solo han establecido los académicos: los contenidos tóxicos no surgen de forma espontánea en Internet, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar el beneficio económico.

La reforma del Código Penal convertirá en delito la manipulación de algoritmos que facilite deliberadamente la amplificación de contenidos ilegales, así como la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Francia ya introdujo delitos similares en 2023, y España toma nota. La idea de que estas tecnologías son neutrales quedaría definitivamente sepultada.

La tercera medida es la más innovadora, aunque también la más difícil de implementar y, previsiblemente, la más polémica: la creación de la “huella de odio y polarización”. Se trataría de un sistema destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo cada plataforma fomenta la polarización social y amplifica el odio.

El objetivo declarado es transformar un fenómeno opaco en algo cuantificable y evaluable, generando un ranking que señale públicamente a las peores plataformas. No es solo una herramienta técnica: es un mecanismo de presión social y reputacional. Si funciona, el Gobierno espera que obligue a las empresas a competir no solo por usuarios, sino por no aparecer en lo más alto de una lista que nadie querrá encabezar.

En el terreno de la protección de menores, el Gobierno da un paso que otros países europeos ya han comenzado a explorar: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida se incluirá en el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en Entornos Digitales que se tramita en el Congreso, y obligará a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad que vayan más allá de la simple casilla de “acepto que soy mayor de edad”. El Gobierno quiere controles reales y eficaces, amparado en el artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales europea y en las directrices publicadas por la Comisión.

La quinta medida adopta un tono de ultimátum: tolerancia cero frente a las infracciones vinculadas a contenido sexualizado de menores. El Gobierno apunta directamente a plataformas como Grok o TikTok, y anuncia que trabajará conjuntamente con el Ministerio Fiscal para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia. No es una advertencia genérica: es un aviso con nombres propios. Las investigaciones ya están en marcha en Europa, y España se suma a la ofensiva.

El anuncio de Sánchez coloca a España en la vanguardia regulatoria europea, junto a Francia y Reino Unido. Pero la distancia entre el anuncio y la realidad legislativa puede ser larga. Los proyectos de ley deberán tramitarse en las Cortes, donde el Gobierno no tiene mayoría absoluta y donde los lobbies tecnológicos ejercerán toda la presión posible, como ya están haciendo con el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad.

La implementación técnica de algunas medidas, como la verificación de edad o la huella de odio, planteará desafíos considerables. Y nadie en el sector espera que las plataformas, acostumbradas a operar con impunidad, se queden quietas, especialmente cuando cuentan como aliado con el presidente de EEUU, Donald Trump, que ya en el pasado ha amenazado con aprobar aranceles contra cualquiera que legisle sobre las actividades de sus aliados tecnológicos.

En cualquier caso, el debate sobre la regulación de las plataformas digitales ha dejado de ser teórico. Y no solo en España. Varios países han comenzado ya a implementar medidas que, aunque parciales, marcan el camino de lo que podría convertirse en un nuevo paradigma de control sobre las grandes tecnológicas.

Reino Unido ya había dado el paso más audaz en materia de responsabilidad directiva. Su Online Safety Act, aprobada en 2023, contempla penas de cárcel para los ejecutivos de empresas tecnológicas que incumplan de forma reiterada las órdenes de protección de menores o destruyan pruebas. Es una legislación sin precedentes que traslada la responsabilidad de la corporación al individuo, señalando con nombre y apellidos a quienes toman las decisiones. Y que va más lejos de lo que ha implementado la Unión Europea, que ha optado por la vía de las sanciones económicas: la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) impone multas de hasta el 6% de la facturación global, aunque la responsabilidad penal individual solo se activa si se demuestra un delito ordinario.

En el terreno de la manipulación algorítmica, la DSA no tipifica como delito la programación de algoritmos manipulativos, pero obliga a las plataformas a auditar y mitigar los “riesgos sistémicos” —desinformación, polarización, manipulación del discurso público— bajo amenaza de sanciones millonarias. Brasil sí ha intentado ir más allá con su proyecto de ley contra las fake news, que busca criminalizar directamente la difusión masiva automatizada de desinformación, aunque el texto sigue atascado en un debate legislativo intenso.

La propuesta española de crear una “huella de odio y polarización” —un sistema de trazabilidad del impacto de cada plataforma en la degradación del debate público— no tiene parangón internacional. Es una terminología nacida del informe del Comité de Expertos presentado en 2024, y supone una novedad radical en el enfoque regulatorio. Lo más similar en Europa es el sistema de monitorización de la Comisión sobre desinformación, pero se trata de análisis estadístico agregado, no de un rastreo individualizado.

El Gobierno ha dejado claro que no está solo en esta ofensiva contra las grandes tecnológicas. Ha presentado sus propuestas en el marco de lo que ya se conoce como la Coalición de los Dispuestos Digitales: un bloque de seis países europeos que han decidido dejar de esperar al consenso lento de los 27 miembros de la Unión Europea para actuar de inmediato. Junto a España se sitúan Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Alemania. Un Gobierno socialdemócrata y cinco de derechas. No es una alianza simbólica: representa a más de 170 millones de ciudadanos y a las economías más fuertes del continente. Y su objetivo es crear un estándar de oro regulatorio que las plataformas no puedan ignorar ni esquivar.

Es, en el fondo, un mensaje de soberanía dirigido directamente a Silicon Valley: si quieren operar en los mercados europeos, las reglas las ponen los Estados, no sus términos y condiciones. Al actuar de forma coordinada, la coalición minimiza la amenaza que algunas plataformas han utilizado en el pasado: la de abandonar un país si la regulación les resulta incómoda. X lo intentó en Australia y lo ha insinuado en otros territorios. Pero no pueden permitirse cerrar el grifo en los seis mercados más potentes de Europa a la vez.

En pleno 2026, la idea de que un debate en redes sociales pueda estar manipulado no es una sorpresa para nadie. Pero lo que hoy emerge sobrepasa con mucho los bots clásicos o las cuentas falsas que inundaban Twitter hace apenas unos años. Se trata de enjambres de inteligencia artificial (IA), sistemas diseñados para operar de forma coordinada, infiltrarse en el tejido social, mimetizarse con humanos y secuestrar el debate público. Lo que antes parecía ficción distópica ahora es una amenaza tangible.

La voz de alarma la ha dado un estudio coordinado por el investigador alemán Daniel Thilo Schroeder, del departamento de Tecnologías de Comunicación Sostenibles SINTEF Digital de Oslo (Noruega) y publicado por la revista Science. Un trabajo en el que han colaborado 22 expertos de todo el mundo en IA, redes sociales, psicología, ciencia de datos y periodismo. 

¿Qué es un enjambre de IA maliciosa? Para entender la magnitud del peligro, primero hay que comprender sus capacidades técnicas. Los enjambres de IA no son simples programas que repiten mensajes; son sistemas inteligentes capaces de razonamiento estratégico y coordinación masiva. 

Los avances en ingeniería de prompts (la redacción de instrucciones dirigidas a la IA), especialmente a través de técnicas como la llamada “cadena de pensamiento”, permiten que estos modelos aborden tareas de influencia complejas manteniendo coherencia y adaptabilidad.

La clave que define a un enjambre no es solo su inteligencia individual, sino su coordinación colectiva. Sistemas como MetaGPT permiten que cientos o miles de agentes autónomos trabajen en equipo, programándose a sí mismos para crear interacciones creíbles. 

Imaginemos un escenario: hay un debate en Twitter (ahora llamado X) sobre si una ciudad debería aumentar el transporte público o gastar en nuevas carreteras. Un enjambre de IA malicioso quiere convencer a la gente de que el gasto en carreteras es la mejor opción, aunque los datos indiquen lo contrario.

Para conseguirlo, cada “agente” del enjambre analiza la conversación actual: qué hashtags se usan, cuáles son los mensajes más compartidos, qué usuarios tienen más influencia y cuáles son los temas que generan más emociones. Esto es la IA “pensando paso a paso” antes de actuar. No lanza mensajes al azar, sino que estudia el terreno.

Gracias a la “cadena de pensamiento”, la IA crea varios mensajes distintos que, al mismo tiempo, refuerzan la misma narrativa, en este ejemplo, a favor de las carreteras. Antes de publicarlos, evalúa cada uno de ellos: ¿qué tono generará más compartidos? ¿Cuál provocará más discusión?

El enjambre no actúa solo. Cada mensaje se publica desde distintas cuentas falsas que interactúan entre sí: se retuitean, comentan, crean hilos de discusión, responden a críticos con argumentos aparentemente convincentes. Todo esto ocurre en tiempo real, adaptándose a cómo la audiencia reacciona.

El objetivo no es convencer a todos, sino crear la ilusión de consenso. La cadena de pensamiento permite a cada agente del enjambre evaluar la reacción de los humanos y ajustar la estrategia: si un mensaje genera pocas interacciones, se modifica y se publica de otra manera. Así, la narrativa falsa termina pareciendo “opinión mayoritaria”, aunque sea una manipulación.

Además, mediante técnicas de inundación asistida por IA, los mensajes del enjambre quedan registrados en la web, foros y comentarios. Esto significa que futuras IA, que entrenen sobre textos reales de Internet, absorberán estas narrativas como si fueran información legítima, perpetuando la manipulación en nuevos debates.

A este fenómeno se suman otras ventajas de la IA a la hora de desinformar. Un hallazgo inquietante de estudios recientes es que los perfiles con rostros generados por IA a menudo se perciben como más confiables que los reales. Esta “superioridad estética” facilita que los enjambres construyan credibilidad antes de lanzar ataques coordinados de desinformación. No hablamos de simples memes o noticias falsas; hablamos de manipulación emocional y estratégica a escala industrial.

La aparición de estos enjambres no surge de la nada. Su diseño, según la citada investigación, se alimenta de un historial de manipulación organizada en redes sociales que ha escalado en alcance y sofisticación. Entre 2017 y hoy, los estudios documentan que las operaciones de desinformación digital se expandieron de 28 países a más de 70, afectando desde elecciones democráticas hasta conflictos armados. Hay ejemplos con bots tradicionales en la última década en Brasil, Filipinas, Estados Unidos o Myanmar que han tenido éxito a la hora de manipular a la opinión pública. Incluso para provocar revueltas violentas.

¿Cómo logran estos enjambres doblegar la percepción social? Los estudios identifican varios caminos, pero dos destacan por su eficacia y sofisticación.

El primero es la creación de lo que los investigadores denominan cascadas de consenso sintético. Mediante la amplificación masiva de una narrativa, el enjambre genera la ilusión de que todo el mundo piensa igual. 

El ser humano, instintivamente social, se deja influir por la “prueba social”: si parece que todos coinciden en algo, dudamos de nuestro propio juicio. Incluso políticos reales pueden modificar su discurso al percibir un falso entusiasmo generalizado. Es manipulación emocional en directo, con efecto multiplicador.

El segundo mecanismo es más sutil y peligroso: se inunda la web con contenido duplicado o falso, de modo que los rastreadores que alimentan los modelos de IA lo incorporen en futuros entrenamientos. En otras palabras, se está contaminando la base de conocimiento de la inteligencia artificial que todos utilizaremos mañana. No se trata solo de desinformación: es un envenenamiento del pozo del conocimiento humano a escala tecnológica.

El impacto de estos mecanismos no se limita a la opinión pública; afecta directamente a la acción social. Narrativas inflamatorias contra minorías, ideologías extremistas o falsos consensos políticos pueden abonar violencia real y movilizar masas, erosionando las normas democráticas de manera sistemática y silenciosa.

Frente a este panorama, ¿qué puede hacerse? Los investigadores proponen un abanico de medidas que van desde la regulación hasta la innovación tecnológica.

En materia de gobernanza, la Unión Europea ya ha dado pasos con el Acta de Inteligencia Artificial, que prohíbe sistemas capaces de manipular subliminalmente el comportamiento humano. Pero el desafío es global: se requieren normas internacionales equivalentes a las que existen para ciberataques o armas químicas.

Una estrategia técnica innovadora sería, proponen, la “inmunización de modelos”. Similar a una vacuna, implica entrenar proactivamente a los sistemas de IA para reconocer y resistir la generación o amplificación de contenido dañino mediante ejemplos adversarios y objetivos de seguridad específicos. En paralelo, se pueden introducir bots “benévolos” que actúen como contrapeso: mediadores de información verificada y promotores de cooperación en línea, reduciendo el efecto de los enjambres maliciosos.

El rediseño de plataformas también es clave. Las arquitecturas prosociales buscan distinguir humanos de bots mediante verificación descentralizada, limitar el anonimato malicioso y recompensar discursos constructivos en lugar de contenido diseñado solo para generar indignación o polarización.

El enjambre ya está aquí. Y su mayor victoria sería que nunca nos diéramos cuenta de que el perfil con el que discutimos en pantalla no es humano, sino un producto de la ingeniería estratégica.

Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revela que, mientras las administraciones inyectan cientos de millones de euros en planes para combatir la desinformación, la gran mayoría de los agentes que ejecutan el gasto admite que no evalúa si estas medidas sirven para algo.

El diagnóstico unánime para salvar la democracia en la era de la desinformación es que hay que enseñar al ciudadano a distinguir un hecho de un bulo. Sin embargo, el último Informe sobre medidas de alfabetización mediática desarrolladas en España (2023-2025), elaborado y publicado por la CNMC, arroja serias dudas acerca de la estrategia que se ha generalizado en España para conseguir ese objetivo y si está teniendo éxito.

La alfabetización mediática debe servir, básicamente, para aprender a no creerse todo lo que circula: saber de dónde sale una información, quién la firma, qué intereses puede haber detrás y si está apoyada en hechos o en opiniones disfrazadas de datos.

En una época en la que cualquier mentira puede viajar más rápido que una noticia contrastada, esta capacidad se ha vuelto clave para la vida democrática. Sin ella, los ciudadanos quedan a merced de la propaganda, la manipulación emocional y la mentira organizada. Por eso, la alfabetización mediática se ha abierto paso en los últimos años como una herramienta de defensa cívica frente a la desinformación.

Sin embargo, la conclusión principal del informe de la CNMC es tan contundente como preocupante: estamos gastando más dinero que nunca, pero no tenemos ni la más remota idea de si está funcionando. Según admite el propio organismo regulador en la página 127 de su informe, “la gran mayoría de agentes manifestaron que no han realizado una evaluación del impacto de sus medidas”. Los motivos esgrimidos por quienes reciben o gestionan fondos públicos oscilan entre el “desconocimiento”, la “complejidad” y, el más revelador de todos, el “elevado coste que les suponía verificar la eficacia”.

La conclusión es que no sabemos si los más de 310 millones gastados entre 2022 y 2025, por encima del centenar al año de media (la mayor parte canalizados a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes), están sirviendo para algo.

El dinero para los programas desarrollados por este departamento sale de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y busca alcanzar a 700.000 docentes en 20.000 centros educativos. Es, con diferencia, la mayor partida de dinero público destinada a lo que el informe denomina “alfabetización mediática incluida en el currículum”.

Sin embargo, la CNMC no ha conseguido saber qué mecanismos de control existen para asegurar que esa “competencia digital” se traduce efectivamente en una mayor capacidad crítica del alumnado frente a la manipulación informativa, más allá de la mera adquisición de dispositivos o formación técnica del profesorado.

La Administración General del Estado no es la única que está gastando grandes sumas de dinero en nombre de la alfabetización mediática. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), aparece también en el informe como uno de los grandes actores financieros en este ecosistema. A través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, el Gobierno regional ha desplegado dos grandes líneas de ayudas destinadas a entidades del tercer sector para la “capacitación digital”: una dotada con 6.249.000 euros y otra de 1.940.000 euros, dirigida a la capacitación digital de personas mayores.

Estas ayudas, que suman más de 8 millones de euros, se entregan a ONG y asociaciones para que impartan talleres y cursos. No obstante, al cruzar estos datos con el capítulo de “Medidas y métodos de evaluación”, el informe de la CNMC es demoledor: en la mayoría de los casos, la metodología para verificar si un anciano o un joven madrileño es ahora más resistente a los bulos de WhatsApp tras estos talleres brilla por su ausencia.

La CNMC intentó recopilar información de los denominados usuarios de especial relevancia (UER) e influencers, a los que la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) obliga a poner en marcha medidas de alfabetización mediática. La respuesta fue un fracaso absoluto en términos de transparencia: solo 70 de ellos (apenas un 5%) reportaron algún tipo de medida.

La inmensa mayoría de los nuevos prescriptores que moldean la opinión de los menores en redes sociales ignoraron masivamente el requerimiento del regulador. Y los que sí respondieron —como algunos creadores de contenido vinculados a plataformas de vídeo— mencionan acciones genéricas como “etiquetado de contenido” o “guías de uso”, pero sin aportar datos sobre cómo estas acciones mitigan el efecto de la desinformación en sus comunidades.

En el ámbito de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal, el informe recoge 163 iniciativas desarrolladas por 65 agentes. RTVE, Mediaset y Atresmedia lideran este apartado, aunque su enfoque es más “amable” y menos “fiscalizable”.

La radiotelevisión pública destaca por proyectos como La tirita digital (en el canal Clan) o Aprende con RTVE, orientados a un público infantil y juvenil. Mediaset reportó sus campañas de 12 Meses, específicamente Señales y Adicciones digitales, que utilizan su músculo publicitario para concienciar sobre el uso responsable de la red. Y Atresmedia se centró en la formación a través de su Fundación, con el proyecto Efecto MIL (Media and Information Literacy), dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años para la creación de contenido útil contra los riesgos de internet.

A pesar de la vistosidad de estas campañas, la CNMC insiste en su propuesta de que los operadores deben pasar de la mera “exposición” a una “autoevaluación” real. El regulador ha tenido que lanzar una consulta pública para proponer una metodología de evaluación básica (objetivos, público, impacto real en focus groups) porque, hasta ahora, el éxito de una medida se medía por cuánta gente la veía, no por cuánto aprendía.

El análisis pormenorizado del informe revela una estructura burocrática donde el objetivo parece ser el cumplimiento normativo (reportar que se ha hecho algo) y no la eficacia social.

Dos de las reformas legislativas más importantes del plan antibulos que el presidente Pedro Sánchez ordenó poner en marcha en 2024, como reacción a las informaciones falsas que han sido utilizadas para imputar a su esposa, Begoña Gómez, dieron este martes un paso más en el Consejo de Ministros.

La modificación de la ley que regula desde 1984 el derecho de rectificación, con el objetivo de adaptarlo al ecosistema mediático actual de Internet, agilizar su tramitación y facilitar su ejercicio, será enviada en los próximos días al Congreso. Más retraso lleva la reforma de la ley de protección del derecho al honor y a la propia imagen, que data de 1982. Este martes ha pasado el primer filtro para convertirse en anteproyecto de ley y salir, en las próximas semanas, a información pública, por lo que no es probable que vuelva a la mesa del Consejo de Ministros a corto plazo. Esto demorará el inicio de su tramitación en la Cámara Baja como mínimo hasta otoño.

El Ministerio de Presidencia, responsable de ambas iniciativas, no facilitó a infoLibre el articulado de la doble reforma, de manera que resulta imposible examinar, de momento, cuál es su ambición real y hasta qué punto van a cambiar una regulación que se viene aplicando desde hace más de cuarenta años.

Según el titular de este departamento, Félix Bolaños, el objetivo de la primera reforma, la del derecho de rectificación, es ampliar su ejercicio a los entornos digitales cuando alguien se sienta afectado por la difusión de hechos que considere falsos. Si la ley consigue superar la tramitación en las Cortes, para lo cual deberá afrontar un largo debate, las plataformas digitales y los usuarios relevantes de redes sociales —aquellos que tengan más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las plataformas en las que estén presentes—, y no solo los medios de comunicación convencionales, tendrán que atender las solicitudes de rectificación que les sean presentadas, siempre y cuando admitan haber difundido hechos falsos o inexactos.

En caso contrario, como ya ocurre en la actualidad, los afectados podrán invocar la protección de los jueces, que seguirán siendo quienes decidan si procede o no difundir la rectificación. La novedad será que los llamados usuarios de redes sociales y plataformas con muchos seguidores —al igual que los medios digitales— deberán implementar un mecanismo gratuito, accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación.

El plazo para presentarla pasará a ser de diez días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales, o de veinte si ha sido difundida en medios digitales o en cuentas de influencers. Podrán ejercer este derecho los menores de edad que tengan “la necesaria madurez”, ha dicho el ministro, y, en todo caso, los mayores de 16 años. En el caso de personas fallecidas, podrán solicitarlo sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, o quienes hayan sido designados expresamente.

El Gobierno quiere que los medios digitales que rectifiquen a petición de los afectados o de los jueces estén obligados a crear un nuevo enlace a la información original, con relevancia semejante a la que tuvo la publicación inicial, y que las plataformas en línea la difundan en un lugar visible junto con la información original. Deberán hacerlo, según la propuesta, en el plazo de tres días, y no tendrán que incluir solo hechos, sino que será posible “incorporar opiniones o valoraciones que no resulten excesivas ni sean impertinentes en el objeto de la rectificación”.

La nueva ley simplifica el procedimiento judicial al que pueden acudir los ciudadanos a los que se les deniegue la rectificación, aunque se desconocen los mecanismos concretos a través de los cuales el Gobierno quiere conseguir este objetivo.

Bolaños, en cualquier caso, dio por seguro que, cuando la reforma sea aprobada y entre en vigor, los “desinformadores habituales dedicados al bulo de manera diaria” tendrán más difícil seguir haciendo su trabajo. “Se trata de que cualquier ciudadano esté protegido frente a injerencias, desinformaciones, falsedades, inexactitudes y mentiras que le afectan”, subrayó, y de que tenga, por tanto, “un derecho fácil, accesible, rápido y ágil para poder rectificar esa información”.

Más lenta va la preparación de la prometida reforma de la ley del derecho al honor y a la intimidad personal. Aunque en España ya se podía invocar esta norma para perseguir imágenes falsas susceptibles de dañar la propia imagen, Bolaños la ha presentado como una vía para perseguir los deepfakes: contenidos audiovisuales falsificados mediante técnicas de inteligencia artificial que permiten manipular o generar imágenes, vídeos o audios hiperrealistas en los que una persona parece decir o hacer algo que en realidad nunca ocurrió.

Para mejorar la persecución de este tipo de prácticas, que no existían cuando se promulgó la ley original en 1982, el borrador de la reforma plantea considerar ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares. Existe, no obstante, una salvedad: en el caso de personas con proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción, se podrá utilizar inteligencia artificial, siempre que se haga constar que se trata de imágenes falsas.

Lo único que ha trascendido del anteproyecto, que el Gobierno tampoco ha querido difundir, es que, en materia de consentimiento, se quiere impedir que compartir imágenes personales en una red social suponga que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.

Según Bolaños, el texto mejorará también la protección de los menores y establecerá en 16 años la edad a partir de la cual se podrá prestar consentimiento para facilitar la propia imagen.

Por primera vez, si la norma consigue ser aprobada, se regularán los casos de personas ya fallecidas, ampliando las personas que pueden ejercer el derecho en su nombre, incluyendo, por ejemplo, a las parejas de hecho o a quienes mantuvieran una relación de afectividad análoga a la matrimonial. También será posible que la persona afectada pueda, mediante testamento, prohibir la utilización de su imagen o de su voz para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga tras su fallecimiento.

A petición del Ministerio de Igualdad, que ya promovió una medida similar a través de un anteproyecto de ley sobre violencias vicaria pendiente todavía de examen en el Consejo de Ministros, Bolaños ha anunciado que, para proteger a las víctimas de delitos, se considerará un daño al honor que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico o proyección personal cuando alguien produzca un contenido audiovisual contando lo ocurrido.

Si la ley, que ahora es un mero borrador, llega algún día a entrar en vigor, los jueces dispondrán de criterios para calcular las indemnizaciones a partir de la gravedad de las intromisiones en el honor: repercusiones sociales, reincidencia, gravedad de las expresiones empleadas, etc. En ningún caso la indemnización podrá tener carácter simbólico.

Seguirán exceptuadas, en todo caso, las informaciones protegidas por el derecho a la información, como la difusión de comunicaciones privadas con contenido noticiable por referirse a asuntos de interés general.

Las leyes originales de 1982 y 1984 han sido sometidas en numerosas ocasiones a interpretación por parte del Tribunal Constitucional (TC), que ha sido clave en el desarrollo y aplicación de los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al derecho de rectificación en España, especialmente en su relación con la libertad de expresión y de información. Desde los años ochenta hasta hoy, su jurisprudencia ha definido límites, ponderaciones y garantías fundamentales.

El TC ha señalado que el derecho al honor no es absoluto: debe ponderarse con la libertad de expresión e información. Cuando la información versa sobre asuntos de interés general o personas públicas, el derecho a la información prevalece; pero si se invade el ámbito estrictamente privado sin relevancia pública, prevalece el derecho a la intimidad u honor.

Eso sí, la información debe ser veraz para estar protegida, lo que, en términos del TC, significa que debe ser producto “de una investigación diligente”; o, lo que es lo mismo, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información. A nadie se le exige una “verdad absoluta”, sino una “forma de proceder” en aras de la protección de los derechos del público a la formación de una opinión pública libre, basamento de la democracia.

La doctrina constitucional también establece limitaciones para los cargos públicos, que están obligados a soportar un nivel mayor de crítica que los ciudadanos en general.

Esta interpretación, claramente favorable a la buena praxis periodística, es muy diferente en el caso del derecho de rectificación, en el que el TC no requiere demostrar falsedad ni daño al honor para ejercerlo: basta con sostener que lo difundido es inexacto o perjudicial para el afectado. Algo que no cambiará con la reforma que promueve el Gobierno, que mantiene el derecho a ejercer la rectificación a criterio del solicitante, aunque los hechos difundidos sean ciertos. La redacción de la ley del derecho de rectificación, tal y como se aprobó en 1984 y que el Gobierno planea conservar, facilita rectificar informaciones falsas, pero también verdaderas. Lo que a menudo se ha traducido en abusos.

Lo habrán notado quienes todavía usen Instagram: el contenido generado por inteligencia artificial se está adueñando de las redes sociales. Mejor aún: muchos no se habrán dado cuenta porque, cada vez más, ese contenido es indistinguible de lo real.

Es en ese contexto en el que el director de esta red social, Adam Mosseri, ha llamado la atención de propios y extraños al advertir, nada más comenzar el año, de la realidad a la que nos enfrentamos. “Tendremos que cambiar el foco de qué se dice a quién lo dice”, escribió Mosseri en Threads, propiedad también de Meta, la multinacional creada por el oligarca tecnológico Mark Zuckerberg de la que también depende Facebook.

“Con el tiempo pasaremos de asumir por defecto que lo que vemos es real a partir de una postura inicial de escepticismo ante los medios, prestando mucha más atención a quién comparte algo y por qué podría estar compartiéndolo”, ha pronosticado el máximo responsable de Instagram.

“Esto va a resultar tremendamente incómodo para todos”, explica, “porque estamos genéticamente predispuestos a creer a nuestros ojos”. Citando a Malcolm Gladwell, en su libro Talking to Strangers, Mosseri recuerda que, “como especie, tendemos a asumir la verdad porque los beneficios evolutivos y sociales de una comunicación y cooperación eficientes superan con creces el coste ocasional de ser engañados”.

Para este alto ejecutivo, en el futuro inmediato las plataformas de redes sociales van a estar sometidas a una presión creciente para identificar y etiquetar el contenido generado por IA. Pero, según él, aunque todas las grandes plataformas harán “un buen trabajo” identificando contenido generado por inteligencia artificial, la batalla está perdida. “Con el tiempo lo harán peor, a medida que la IA mejore imitando la realidad”.

El problema es de tal magnitud que, recuerda en su anotación de comienzo de año, “ya hay un número creciente de personas que creen, como yo, que será más práctico poner una huella digital al contenido real que al falso”. ¿De qué manera? Los fabricantes de cámaras podrían, por ejemplo, firmar criptográficamente las imágenes en el momento de la captura, creando una cadena de custodia que garantice que son reales, propone.

Pero etiquetar el contenido como auténtico o generado por IA es solo parte de la solución, reconoce. “Como industria, vamos a necesitar mostrar mucho más contexto no solo sobre el contenido en nuestras plataformas, sino también sobre las cuentas que lo comparten, para que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre qué creer. ¿Dónde está la cuenta? ¿Cuándo se creó? ¿Qué más ha publicado?”

En una alusión directa a los medios de comunicación como prescriptores de lo real, Mosseri afirma que, “en un mundo de abundancia infinita y duda infinita, los creadores que consigan mantener la confianza y señalar autenticidad —siendo reales, transparentes y coherentes— destacarán”.

Para empezar, adelanta en su publicación, en Instagram van “a tener que evolucionar de muchas maneras, y rápido”. “Necesitamos etiquetar claramente el contenido generado por IA y trabajar con los fabricantes para verificar la autenticidad en el momento de la captura —poner huellas digitales al contenido real, no solo perseguir el falso—”. Hace falta, subraya, “mostrar señales de credibilidad sobre quién publica para que la gente pueda decidir en quién confiar. Y tendremos que seguir mejorando la clasificación para premiar la originalidad”.

La importancia de la opinión manifestada por Mosseri es directamente proporcional a la trascendencia de la red que dirige. Instagram, pese a la competencia de plataformas como TikTok o incluso YouTube, sigue teniendo un peso económico y una capacidad para moldear la circulación social de la información enormes. Con más de mil millones de usuarios activos en todo el mundo, la plataforma no es solo una red social: es un mercado publicitario global, un canal de distribución de contenidos y un intermediario clave entre audiencias, marcas, medios de comunicación y creadores. Su relevancia ya no se mide únicamente en términos de audiencia, sino de dependencia estructural.

Desde el punto de vista económico, Instagram continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos de Meta, gracias a un modelo publicitario basado en la segmentación extrema y en la explotación masiva de datos de comportamiento. Para miles de empresas, pequeñas y grandes, la plataforma se ha convertido en un canal imprescindible de visibilidad y venta, hasta el punto de que buena parte del comercio digital, la promoción cultural y la economía de los creadores gira hoy en torno a su algoritmo. Esta centralidad otorga a Instagram un poder significativo para decidir qué contenidos se ven, cuáles se ocultan y quién puede convertir la atención en ingresos.

El problema con el contenido falso es que, en el plano mediático, Instagram ha alterado profundamente las rutinas de consumo informativo. Para amplios sectores de la población, especialmente los más jóvenes, la plataforma funciona como puerta de entrada a la actualidad, desplazando a los medios tradicionales y diluyendo las fronteras entre información, opinión, entretenimiento y publicidad. Las decisiones editoriales ya no dependen solo de periodistas o redacciones, sino de criterios algorítmicos opacos que priorizan la viralidad, el impacto visual y la capacidad de retención frente al contexto o la verificación.

Esta doble condición —motor económico y actor mediático— convierte a Instagram en un agente con una influencia desproporcionada sobre el debate público. Su capacidad para amplificar narrativas, silenciar otras y redefinir los estándares de credibilidad plantea interrogantes centrales para la democracia y el periodismo. No se trata únicamente de una cuestión tecnológica, sino de poder: quién controla los flujos de atención, bajo qué reglas y con qué responsabilidades frente a la sociedad.

Paradójicamente, el director de la red social más y mejor especializada en filtrar la realidad para que todo parezca mejor de lo que es, aunque sea falso, hace un llamamiento a poner fin a la perfección. “En un mundo en el que todo puede perfeccionarse, la imperfección se convierte en una señal. La crudeza ya no es solo una preferencia estética: es una prueba. Es defensiva. Una forma de decir: esto es real porque es imperfecto”.

Imágenes de mujeres reales con escasa ropa, en lencería o directamente desnudas. Pero también de niñas. Eso es lo que, según altos funcionarios y medios de todo el mundo, está permitiendo Grok, la inteligencia artificial alojada en la red social X e impulsada por el oligarca tecnológico Elon Musk, uno de los hombres más ricos del planeta.

La indignación y las demandas de medidas contra esta red social se extienden por distintos países. El ministro de Medios alemán, Wolfram Weimer, instó el martes a la Comisión Europea a adoptar medidas legales para detener lo que calificó como la “industrialización del acoso sexual” llevada a cabo a través de Grok.

En Internet, Musk —que acusa de manera recurrente a los medios tradicionales de mentir— ha restado importancia a las preocupaciones generadas por la oleada de desnudez asociada a Grok, publicando emojis de risa en respuesta a algunas de estas imágenes.

Weimer confía en que la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea proporcione a Bruselas todas las herramientas necesarias para actuar contra X. “Cualquiera que cree o distribuya dichas imágenes sin consentimiento está cometiendo una grave violación de los derechos personales y puede ser objeto de procesamiento”, ha advertido el Ministerio Digital de Alemania.

La Comisión Europea asegura ser “muy consciente” de que Grok está siendo utilizado para generar “contenido sexual explícito con algunos resultados creados a partir de imágenes infantiles”, según declaró el portavoz comunitario Thomas Regnier. “Esto no es picante. Es ilegal. Es espantoso. Es repugnante. Así lo vemos nosotros, y esto no tiene cabida en Europa”, afirmó el lunes ante la prensa.

El regulador británico Ofcom exigió a X explicaciones sobre cómo Grok pudo producir este tipo de imágenes y preguntó a la compañía si estaba incumpliendo su obligación legal de proteger a los usuarios. También se han movilizado ministros franceses, que han puesto los hechos en conocimiento de la justicia, así como altos funcionarios de India, Malasia y Brasil. En Polonia, un legislador ha invocado este asunto como argumento para impulsar nuevas leyes de seguridad digital en el país.

La secretaria británica de Tecnología, Liz Kendall, calificó el contenido como “absolutamente espantoso e inaceptable en una sociedad decente”. “No podemos ni permitiremos la proliferación de estas imágenes degradantes y denigrantes, que están dirigidas de manera desproporcionada a mujeres y niñas”, afirmó.

Lo ocurrido pone en primer plano una de las pesadillas que se avecinan: el potencial de las aplicaciones de nudificación que utilizan inteligencia artificial para generar imágenes deepfake sexualmente explícitas.

El origen del problema se encuentra en la decisión de X de activar el año pasado Grok Imagine, un generador de imágenes basado en IA que permite a los usuarios crear vídeos e imágenes a partir de instrucciones de texto y que ahora incluye lo que la propia plataforma ha denominado un “modo picante”, capaz de generar contenido para adultos.

Aparentemente, a finales del mes pasado Grok empezó a aceptar un gran número de solicitudes para modificar imágenes publicadas por otros usuarios, permitiendo resultados a partir de instrucciones tan simples como: “Ponle un bikini transparente”.

Según informaciones publicadas por Bloomberg y CNBC, el abuso de la herramienta se intensificó durante la Nochevieja, cuando la distribución de imágenes explícitas se extendió de forma masiva por la plataforma, sin conocimiento ni consentimiento de las personas afectadas.

El uso de fotografías de menores agrava aún más el caso, ya que se trata de contenido expresamente prohibido tanto por la ley como por las propias políticas de uso aceptable de la inteligencia artificial, que vetan “la representación pornográfica de personas” y “la sexualización o explotación de niños”.

En una publicación en su cuenta de Seguridad citada por la agencia AP, X aseguró que toma medidas contra el contenido ilegal, incluido el material de abuso sexual infantil, “eliminándolo, suspendiendo permanentemente las cuentas y colaborando con los gobiernos locales y las fuerzas del orden según sea necesario”.

La plataforma citó también a Musk: “Cualquiera que use Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”.

Los especialistas recomiendan extremar las precauciones para reducir el riesgo de que Grok utilice imágenes personales sin consentimiento, como no publicar fotografías en abierto y configurar los perfiles en modo privado. Es una opción que se activa en X a través del menú “Configuración y privacidad”, “Privacidad y seguridad” y “Audiencia y etiquetado”, donde es necesario marcar la casilla “Proteger tus publicaciones”.

Los usuarios pueden limitar el uso de sus datos por parte de la inteligencia artificial deshabilitando las opciones que permiten a Grok entrenarse con información personal o utilizarla para personalizar la experiencia. Para ello, hay que acceder a “Configuración y privacidad”, “Privacidad y seguridad” y “Grok & Colaboradores externos”, dentro del apartado de intercambio de datos y personalización, y desmarcar las opciones disponibles. En el mismo menú también es posible desactivar la función que permite a la herramienta conservar el historial de conversaciones.

Imagine abrir una noticia, ver una fotografía o contemplar un vídeo y no poder distinguir si fue escrita, tomada o grabada por un periodista o por un algoritmo. Este escenario ya no es ciencia ficción: la inteligencia artificial está transformando el periodismo a una velocidad vertiginosa.

Lo que hace solo unos años parecía una herramienta auxiliar hoy plantea preguntas fundamentales sobre ética, credibilidad y sostenibilidad económica. El periodismo, como ejercicio profesional imprescindible para garantizar la salud social, se enfrenta a decisiones que marcarán la relevancia del oficio en la próxima década y, probablemente, la supervivencia del modelo democrático. Estas son algunas de las más relevantes.

Aunque la IA pueda generar borradores o resúmenes, no debería decidir qué historias importan ni valorar su impacto social. Los periodistas deben mantener el control de las piezas relevantes, firmarlas y supervisarlas, asegurando que la voz humana siga guiando la agenda informativa. Automatizar la rutina puede ahorrar tiempo, pero nunca puede reemplazar la responsabilidad editorial.

Sin embargo, ya hay medios que elaboran y publican textos completos sin participación humana que, en el mejor de los casos, pasan por una más que limitada supervisión. Hay páginas web construidas enteramente por herramientas de inteligencia artificial que tratan de pasar por medios reales con el único objetivo de captar tráfico y atraer ingresos publicitarios.

La IA permite automatizar tareas repetitivas —como transcribir entrevistas, subtitular vídeos, resumir documentos o clasificar grandes volúmenes de datos—, liberando tiempo para que los periodistas puedan investigar, contrastar fuentes y aportar contexto.

Además, facilita el análisis rápido de información compleja, ayuda a descubrir patrones ocultos en bases de datos difíciles de manejar, amplía la capacidad de verificación mediante herramientas de detección de manipulación audiovisual y permite personalizar la distribución de contenidos sin renunciar al criterio editorial.

Encontrar la forma de aprovechar estas ventajas sin perder de vista el papel de los periodistas como garantes finales de la calidad de la información es uno de los mayores desafíos de los próximos años.

La confianza del público es frágil. Por eso, los medios deben explicar cuándo y cómo se ha utilizado IA en la producción de contenido. Políticas visibles y avisos claros no solo fortalecen la credibilidad, sino que ayudan a diferenciar la intervención humana de la generación automática. La transparencia deja claro que la IA es una herramienta, no la voz decisiva.

Los medios —y los periodistas— que quieran sobrevivir a la era de la inteligencia artificial tendrán que apostar por la transparencia, demostrar que son ellos, y no las máquinas, quienes hacen el trabajo de selección, verificación y redacción de las noticias, y ganarse, como hasta ahora, la credibilidad que cada vez exigen más las audiencias.

Los códigos deontológicos tradicionales no contemplan algoritmos capaces de inventar datos o reproducir sesgos. Los medios necesitan responder: ¿quién corrige los errores de la IA? ¿Cómo se evita que un sesgo algorítmico comprometa la imparcialidad? Revisar y actualizar los principios éticos es esencial para mantener la responsabilidad y la rendición de cuentas frente a la sociedad.

Las organizaciones de periodistas, y en particular los consejos de la información en los que haya espacio para agentes sociales y representantes de la sociedad civil, están llamados a jugar un papel cada vez más relevante en la supervisión del trabajo profesional.

Textos, imágenes, audios y vídeos falsos se producen hoy a escala industrial gracias a la IA. Esto multiplica la desinformación, especialmente en contextos electorales o crisis sociales. Los medios deben fortalecer la verificación con herramientas avanzadas, protocolos más rigurosos y redes de fact-checking que permitan mantener la integridad de la información.

Poco a poco, a medida que las herramientas de inteligencia artificial se van perfeccionando, será más difícil distinguir lo que tiene apariencia de verdad de lo que es verdad. El compromiso ético de los profesionales cobra ahí un papel de especial relevancia, así como el rol que los medios deben jugar como espacios de confianza entre lectores y periodistas.

Los deepfakes hiperrealistas permiten negar pruebas auténticas, alimentando lo que se conoce como “el dividendo del mentiroso”: la ventaja que obtiene quien miente cuando, en un entorno donde ya no se distingue lo verdadero de lo falso, puede negar hechos comprobados alegando que todo es manipulable.

Verificar ya no es un acto final, sino un proceso narrativo: explicar cómo se confirmó la autenticidad de un contenido se vuelve parte de la noticia misma, devolviendo al lector la capacidad de confiar en lo que ve y lee. El periodismo deberá prestar atención no solo a los hechos, sino a la forma en que los profesionales tienen acceso a la verdad y la comprueban.

Los periodistas están obligados a aprender a leer la IA. En las redacciones surgen perfiles nuevos: editores de inteligencia artificial, auditores de algoritmos y especialistas en verificación digital. Pero la audiencia también tiene una responsabilidad, porque son muchos los ciudadanos que, inadvertidamente, contribuyen a difundir desinformación.

Aquí, la educación mediática es clave: entender cómo funcionan los contenidos sintéticos —y que existen medios que son espacios seguros contra la mentira— ayuda a discernir lo verdadero de lo falso en un mundo saturado de información. La alfabetización mediática en las escuelas debe no solo incrementarse, sino evolucionar para hacer frente a los riesgos de la IA.

Las grandes plataformas usan contenidos periodísticos para entrenar modelos de IA, mientras los usuarios obtienen información sin visitar las cabeceras originales. Esto amenaza la viabilidad económica de los medios, especialmente los independientes.

La lucha pasa por acuerdos de licencia, compensación justa y modelos que reconozcan el valor del trabajo periodístico frente al uso masivo de contenidos generados por algoritmos. Pero también exige una actitud activa por parte de los usuarios que creen en el valor del periodismo y una estrategia decidida por parte de los medios para construir comunidades que no pasen por los buscadores ni por las redes sociales y que estén blindadas frente a la desinformación.

La inteligencia artificial no es un enemigo, pero tampoco un socio pasivo: pone a prueba todo lo que distingue al periodismo de la simple generación de información. Automatiza tareas, multiplica riesgos y exige transparencia, pero también puede liberar tiempo para investigar, analizar y contextualizar. Los próximos años decidirán si la IA será una aliada que potencia el oficio o una fuerza que lo desdibuja.

Como asegura Hany Farid, autoridad mundial en deepfakes y profesor de la Universidad de Berkeley, “nuestra salud global, la salud de nuestro planeta y nuestras instituciones democráticas están bajo ataque debido a la desinformación desenfrenada, las conspiraciones y las mentiras”. 

El Gobierno alemán convocó este viernes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que los servicios secretos alemanes hayan atribuido claramente la responsabilidad de Rusia en un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024 y una campaña de desinformación en las fechas previas a los comicios generales de febrero pasado, según informa EFE.

Una de las meditaciones decisivas de la política se ha dirigido desde antiguo hacia la necesidad y los peligros de los secretos de Estado.  Se convirtió en un eje claro del pensamiento democrático, ya que el poder del pueblo exige transparencia, conocimiento y normas reguladas. Lo estamos viendo estos días en los debates sobre el poder judicial y su independencia. Hay quien piensa que un poder judicial independiente es el que puede hacer lo que le dé la gana, ya sea por el gremialismo soberbio de los que se consideran más allá del bien o del mal, ya sea por la afición vanidosa de los que quieren convertirse en noticia o ya sea por la militancia en unos intereses políticos determinados. Esa idea de la independencia tiene poco que ver con la aplicación transparente de unas normas reguladas por la voluntad popular o con la honestidad profesional que necesita defenderse de cualquier interferencia.

La importancia de la Justicia para una democracia se ha demostrado por las repercusiones negativas muy graves de la sentencia sobre el fiscal general. Vivimos en una sociedad del espectáculo, los presidentes de los Estados Unidos o de Argentina pueden comportarse como histriones en un circo, nos invaden los audios y las imágenes de comportamientos escandalosos, parece que nada tiene ya importancia, y, sin embargo, ni siquiera en medio de la desfachatez, la justicia de un país democrático puede permitirse una actitud tan impudorosa. La transparencia tiene que ver con las aplicaciones democráticas, no con el impudor.

Las discusiones vienen de lejos y forman parte de los principales debates sobre la democracia desde que fue necesario evaluar la razón de Estado. Maquiavelo sostuvo con convencimiento que si la patria está en juego no deben tenerse en cuenta las consideraciones sobre lo justo o lo injusto. La piedad y la crueldad debían someterse a los intereses de un Estado. Kant fue de los primeros en negarse a supeditar la ética a las razones de Estado. El respeto a los principios morales era indispensable para mantener una convivencia justa y una paz duradera en las relaciones internacionales.

Ahí se fijó el valor de la transparencia, una idea que ahora se envenena y salta por los aires cuando el impudor se apodera de la política y se hacen declaraciones públicas sobre las intenciones egoístas sin el más mínimo recato. La sociedad del espectáculo se ha convertido en un circo desquiciado, gracias a que la información rigurosa es superada por la comunicación de mentiras, insultos y desinformaciones impactantes. Esta dinámica, que Norberto Bobbio estudió en Democracia y secreto (20011), preocupado por las evoluciones de la política italiana, ha llegado a unos extremos vergonzosos.

No me atrevo aquí a hacer un análisis en profundidad de lo que está en juego, los intereses, las estrategias y el furor de las plataformas. Pero creo que conviene tener en cuenta dos detalles a la hora de calibrar las consecuencias de esta dinámica que hace ahora muy visible aquello que antes necesitaba invisibilizar el poder. Lo primero: el griterío, los excesos de visibilidad, el espectáculo sin pudor, puede ser un mecanismo de desvío y opacidad para ocultar aquello que interesa mantener en silencio. Lo segundo: convertido el mundo en un circo, resulta difícil que el público se tome en serio, con risas inocentes y lágrimas conmovidas, un espectáculo. Y lo primero se mezcla con lo segundo, porque el griterío invita a la ceguera y el impudor empuja al fanatismo más que a la conciencia.

El espectáculo atronador de escándalos invisibiliza la profundidad de lo que hay en juego a la hora de discutir sobre la sanidad pública y su privatización. Y si alguien protesta con razones serias, pues bienvenido al escándalo, porque todos somos iguales, todos mentimos, todos robamos, y la política, esa tarea colectiva que puede fijar una regulación seria sobre los impuestos y las leyes, no goza ya de ningún prestigio.

Alguien pudo pensar que, en un escandaloso espectáculo sobre las corrupciones del Gobierno y sus comportamientos dictatoriales, entre acusaciones sin pudor y mentiras crispadas, podía colar como justicia una sentencia sin pruebas, pies ni cabeza. Pero creo que, en esta estrategia, la sentencia sobre el fiscal general se ha pasado de la raya, ha sido demasiado transparente. Ha visibilizado más de la cuenta lo que no debería ser visible en este proceso calculado de degradación democrática. Sin una Justicia honesta, todo lo demás sobra, en lo visible y en lo invisible, en lo transparente y en la opacidad, en el amor y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe.