Con las peores maneras, el gobierno de extrema derecha de Italia ha decidido declarar la guerra a las personas más vulnerables. A finales de julio, unos 169.000 hogares italianos recibieron un simple mensaje de texto del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) informándoles de que dejarían de recibir la "renta de ciudadanía", una medida introducida en 2019 que puede compararse aproximadamente con la renta de solidaridad activa (RSA) en vigor en Francia.

El 27 de julio, esas 169.000 familias italianas recibieron la última parte de este ingreso. Para algunas de ellas, será posible solicitar una prórroga hasta diciembre, siempre que puedan demostrar un "alto nivel de riesgo social". Para ello, no obstante, tendrán que dirigirse a los servicios sociales municipales, ya desbordados por las solicitudes y la falta de transmisión de datos del INPS.

Pero para al menos 88.000 hogares formados por personas consideradas "aptas para el trabajo", ya no será posible recibir esta ayuda. Entonces tendrán que recurrir a la "ayuda a la formación", que permitirá acceder a una ayuda mensual de 350 euros durante doce meses, siempre que sean "activos en proyectos en beneficio de la comunidad" o en proyectos de formación profesional. Para una persona sola, la renta de ciudadanía proporcionaría 500 euros al mes. Incluso en este caso, la web para presentar la solicitud no estará disponible hasta el 1 de septiembre.

En cualquier caso, el 1 de enero de 2024, la renta de ciudadanía dejará de existir y será sustituida por un "prestación de inclusión", que será mucho más difícil de obtener y ya no se aplicará a las personas consideradas "empleables".

La reforma fue anunciada por el partido de la Presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia (posfascistas), durante la campaña electoral del año pasado. Tras debatirse en el seno de la coalición con la derecha liberal de Forza Italia y la Liga de Matteo Salvini (que fue socio de coalición del Movimiento 5 Estrellas cuando este impulsó la renta de ciudadanía en 2019), un decreto concretó los detalles el 29 de junio. El objetivo declarado es ahorrar 3.000 millones de euros de los 8.000 que costará la medida.

En las elecciones de 2022, los Fratelli d'Italia se ganaron a gran parte de los votantes de derechas italianos con su planteamiento sin complejos respecto a los beneficiarios de prestaciones sociales. El término utilizado para desacreditar a estos últimos era "divanisti", literalmente los que están todo el día en el sofá mientras se aprovechan de la asistencia social. La idea era "volver a poner a Italia a trabajar", una vieja letanía de la derecha.

La presencia de la Liga en la coalición apenas cambió la situación, primero porque el partido de Matteo Salvini salió muy debilitado de las elecciones, y segundo porque solo aceptó la renta de ciudadanía en 2019 como parte de las negociaciones con el Movimiento 5 Estrellas (M5S), su aliado en aquel momento.

Por cierto, Matteo Salvini defendió sin ambages la supresión: "Se seguirá ayudando a quien no pueda trabajar, pero quien tenga 30 años, no tenga personas a su cargo discapacitadas o menores, ni problemas, pueda trabajar, y si se niega a trabajar, es justo que no sea sostenido por los contribuyentes italianos."

La decisión es violenta sobre todo porque la renta de ciudadanía no era más que una medida condicional, teóricamente limitada a dieciocho meses, muy lejos del proyecto inicial del M5S, que apuntaba más a una forma de renta básica universal, y que se inspiraba más en las reformas alemanas de Hartz que en la RSA francesa. En resumen, se trata de un gran paso atrás. 

Los beneficiarios de la renta de ciudadanía afectados por esta medida están en shock tras recibir ese fatídico SMS. En un correo electrónico enviado al diario Il Fatto Quotidiano (socio editorial de Mediapart), una estudiante de 24 años explica cómo la medida le ha permitido "estudiar con dignidad". Para ella, el sentimiento que prevalece ahora es que "en Italia, la pobreza es una falta". Para algunos, el anuncio ha provocado verdadera desesperación.

En Terrasini, en la provincia de Palermo, un parado de unos sesenta años que había recibido el famoso SMS irrumpió en el ayuntamiento con un bidón de gasolina y amenazó con "quemarlo todo". En Nápoles, se organizó una manifestación en defensa de la renta de ciudadanía, concentrándose frente a las oficinas del partido de Giorgia Meloni. El sur de Italia, asolado por la pobreza, se había beneficiado enormemente de la medida. Casi uno de cada cinco beneficiarios de la supresión de los SMS es siciliano.

En el Parlamento, la crudeza con que se envió el mensaje y la total desorganización de los servicios sociales para gestionar la transición han provocado contraataques de la oposición.

Lógicamente, los ataques más fuertes proceden del M5S. El líder del partido, Giuseppe Conte, Presidente del Consejo que introdujo la renta de ciudadanía, denunció enérgicamente las medidas del gobierno. "La decisión de cortar de la noche a la mañana las ayudas a la parte más desfavorecida de la población va a provocar un desastre previsible", dijo, antes de referirse a una "guerra contra los pobres más que contra la pobreza, que además está dañando la economía del país".

Por su parte, el Partido Democrático (PD), de centro-izquierda, se sitúa en una posición firme y compacta sobre el tema, oponiéndose a la eliminación de la renta de ciudadanía. Elly Schlein, nueva líder del partido, más a la izquierda que los anteriores, denunció el método de entrega de los SMS. El PD insistió especialmente en la falta de preparación del gobierno, que pone a los ciudadanos en riesgo de pobreza extrema, coincidiendo con Giuseppe Conte, que le dijo al gobierno: "¡Los vagos sois vosotros!"

Para intentar contrarrestar la política de represión social de la mayoría gubernamental, Elly Schlein ha decidido abrir un nuevo frente que no es ajeno a la renta de ciudadanía. El Partido Democrático ha presentado un proyecto de ley para introducir un salario mínimo en Italia, uno de los pocos países europeos sin un salario mínimo único. Esto pone en peligro a los excluidos de la renta de ciudadanía, que podrían verse obligados a aceptar salarios de miseria.

El líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), uno de los principales sindicatos del país, Maurizio Landini, advirtió contra la abolición de una renta mínima "en un país donde hay pobres que trabajan". Ese es el debate que Elly Schlein quería abrir, aunque el salario mínimo no tenga ninguna posibilidad de ser aprobado por una mayoría abrumadoramente de derechas. Pero lo importante aquí era abrir un debate y vincularlo a la supresión de la renta de ciudadanía.

Por ese motivo, el 2 de agosto,la mayoría (con el apoyo del grupo de Matteo Renzi) aplazó sesenta días el debate de la propuesta del PD. Elly Schlein no desaprovechó la ocasión para criticar la política social de Giorgia Meloni: "La mayoría huye, pero por desgracia para ustedes, no pueden huir de la realidad, no pueden huir de los tres millones y medio de trabajadores que son pobres aunque trabajen". Y añadió: "La pobreza no se va de vacaciones". En esta ocasión, el PD encontró de nuevo el apoyo del M5S, que habló de "vergüenza" por el despido.

Lo que llama la atención de la política social de Giorgia Meloni es su proximidad a la política francesa. En Francia, la lógica dominante de la política social es también presionar a los solicitantes de empleo, a los más pobres y a los trabajadores de más edad, con tres reformas: el seguro de desempleo, las pensiones y el proyecto de hacer obligatorio que los beneficiarios de la RSA trabajen.

En ambos casos, la lógica es estrictamente la misma: se trata de ejercer una presión añadida sobre los más vulnerables para obligarles a aceptar los empleos que ofrece el mercado, cualesquiera que sean sus condiciones. En el caso italiano, la ausencia de un salario mínimo hace que esta violencia social sea aún más despiadada, y es precisamente por esa razón por la que la oposición ha tratado de vincular ambas cuestiones.

En ambos casos, sin embargo, el empleo va aparentemente bastante bien tanto en Italia como en Francia. Las últimas cifras del instituto italiano de estadística ISTAT muestran un nuevo descenso de 0,2 puntos en junio en la tasa de paro, hasta el 7,4%, un nivel cercano al de Francia (7,1%). En ambos casos, el número de personas activas aumenta. Entonces, ¿por qué tanta presión?

En realidad, esto no tiene ningún misterio. La actividad es débil en Francia, pero en Italia se contrae. En el segundo trimestre de 2023, el PIB de la península se contrajo un 0,3% y sólo creció un 0,6% interanual. Para garantizar la creación de empleo con una actividad tan baja, no hay otra solución que reducir el coste de la mano de obra haciendo trabajar a personas que antes estaban inactivas. Tienen que evitar a toda costa devolver el poder de negociación a los asalariados. De ahí la presión sobre las prestaciones sociales mínimas.

Sin embargo, esta política no es nueva en Italia. Los salarios fueron la principal variable de ajuste entre 2010 y 2020, periodo durante el cual su valor real ya había caído casi un 10%. Después se vieron muy afectados por la ola inflacionista.

El Gobierno de Meloni pretende, por tanto, continuar con la política neoliberal que basa el débil crecimiento de Italia en la moderación salarial. Pero esto está teniendo terribles consecuencias para la población. Según Eurostat, la tasa de personas en riesgo de pobreza ha sido del 20,1% en 2022, frente al 19,5% en 2012. Se trata de un nivel muy elevado, ligeramente inferior al de España (20,4%), pero superior al de Grecia y a la media europea (16,8%). En 2019, este nivel había descendido ligeramente tras la introducción de la renta de ciudadanía.

La decisión de poner fin a esta ayuda plantea ahora un reto a la oposición. El PD y el M5S podrían ver en ello una oportunidad para construir una posición común y aprovechar el rechazo a esta reforma, sobre todo en el sur de Italia, para construir una alternativa política a una extrema derecha ahora hegemónica. Esto es lo que está tomando forma estos días en el Parlamento italiano, pero no es seguro que esta estrategia dure en un país que actualmente vota muy a la derecha. 

Traducción de Miguel López

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado a 627.957 hogares en los que viven 1.807.734 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) hasta finales de mayo. En un 67% de dichos hogares vive un menor (421.208) y un 43% de los beneficios son también menores (780.773), según informa Europa Press.

Según estos datos, en dos de cada tres hogares la titular de la prestación es una mujer y, si se tiene en cuenta el total de beneficiarios, el 54% son mujeres (978.964).

Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), son ya 368.560. El CAPI, que entró en vigor en enero de 2022, es una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

El bono de justicia energética que el Gobierno creó el pasado mes de octubre para cubrir el 40% de la factura eléctrica de los ciudadanos con menos ingresos apenas se ha concedido a 2.300 hogares, un raquítico 0,15% de los 1,5 millones de la previsión oficial. Mientras, 1,24 millones de ciudadanos percibieron el año pasado el llamado bono social eléctrico, incluidos unos cuantos –cargos políticos del PP, PSOE y Más Madrid– que no eran en absoluto pobres. Tampoco llegan a quienes están destinadas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV): lo cobran 611.029 hogares, aún lejos de los 850.000 para los que está diseñada, tres años después de crearse. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 400.000 familias que tienen derecho a recibir el IMV no lo han solicitado, el 57% de sus posibles beneficiarios. Y algo parecido ocurrió con los 20 céntimos de descuento en los carburantes que el Gobierno aplicó hasta el pasado diciembre. El Banco de España advirtió de que la medida beneficiaba a las rentas más altas e incluso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera aseguró que “lo justo y lo razonable” sería “centrar cuáles son las familias y cuáles los niveles de renta que merecen más apoyo”, mediante “un sistema parecido a una tarjeta para concentrar el esfuerzo fiscal en ayudarlas”. A estas críticas, el Ministerio de Hacienda respondió esgrimiendo la complejidad de hacer una discriminación por rentas a la hora de pagar en las gasolineras.

Y es que, pese a los cientos de datos que las administraciones poseen ya de los ciudadanos, éstas no son capaces de detectar a los realmente más vulnerables para proporcionarles las ayudas o servicios que necesitan. Ni de evitar que personas sin problemas para llegar a fin de mes se beneficien de prestaciones que no necesitan. Hasta ahora, su principal interés ha sido luchar contra el fraude. “Cuando las ayudas públicas son condicionadas, tienen unos controles que obligan al ciudadano a desnudarse ante la Administración, y cuando se les conceden, se les somete a controles rutinarios, que sólo terminan cuando el beneficiario deja de cumplir los requisitos”, resume Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor e investigador en Mondragón Unibertsitatea.

Todas las ayudas condicionadas tienen una tasa de no aceptación o brecha de cobertura –non take-up en inglés–, que de media en la Unión Europea se halla entre el 20% y el 60%, según el tipo de prestación; en la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco es del 30% y casi la dobla el Ingreso Mínimo Vital. Para reducirla, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha recurrido a la colaboración de Cruz Roja, Cáritas y otras organizaciones que atienden a los más precarios para que les informen y ayuden a tramitar el IMV. También ha empezado a utilizar un autobús para dar a conocer la ayuda y puso en marcha una campaña de envío masivo de SMS entre posibles perceptores.

Pero no parece suficiente. Ni muy sofisticado. Porque ya existen otras herramientas, incluidas las tecnológicas, para poner bajo el radar de las administraciones a quienes, por razones económicas, culturales o sociales, se quedan fuera de los registros. Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universitat Pompeu Fabra, cree que se podría utilizar el padrón municipal para localizar a los ciudadanos que no hacen la declaración del IRPF porque sus ingresos no alcanzan los 22.000 euros y, por tanto, son invisibles para la Agencia Tributaria. Julen Bollain apunta que se podría convertir en obligatoria la declaración de la renta, por poco que se ingresase, aunque reconoce el carácter “controvertido” de la medida.

Helder Ferreira, coordinador de un proyecto piloto sobre el IMV que está elaborando la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), precisa que la casuística de la tasa de no aceptación de las ayudas públicas es muy amplia. Así, entre quienes quedan fuera del sistema se incluyen “los que nunca se han acercado a él, porque no conocen las medidas, no las comprenden o no saben cómo tramitarlas”, pero también quienes las solicitan y no las consiguen y quienes un año no tuvieron derecho a ella por no cumplir los requisitos pero, tras un cambio legislativo, sí lo tienen pero no lo ejercen.

Carles Ramió plantea algo tan simple como que las administraciones crucen los múltiples datos que ya tienen. “La Agencia Tributaria cede los suyos a quienes se lo soliciten”, apunta. Pero Helder Ferreira replica que se trata de un “esfuerzo enorme” –menciona los datos de vivienda y patrimonio, por ejemplo– y prefiere que se den “respuestas diferentes para cada tipo de non take-up”.

Lluís Torrens Mèlich, economista y secretario de Asuntos Sociales y Familiares de la Generalitat, está de acuerdo en que hace falta un esfuerzo muy grande para detectar qué familias necesitan servicios sociales. Y lo ha hecho. Al frente del departamento de Innovación Social del Ayuntamiento de Barcelona desde 2015, llevó a cabo un “barrido de todas las ayudas” existentes para realizar un enorme cruce de datos que permitió tomar una “foto de 360 grados” de las necesidades sociales en la sexta área metropolitana de la Unión Europea. Datos sobre las prestaciones de la Seguridad Social, las del SEPE, la renta mínima autonómica, las ayudas a la vivienda, las ayudas de emergencia… fueron combinados con los obtenidos en una consulta masiva a la Agencia Tributaria y utilizados sobre la base de las 200.000 personas que recibían servicios sociales municipales y tenían un expediente activo. También hicieron una Encuesta Sociodemográfica de 4.500 hogares y 10.400 individuos, añadieron indicadores de pobreza y privación material a la Encuesta de Salud de Barcelona y elaboraron un censo de los pisos vacíos de la ciudad.

El resultado es un big data social, “centenares de miles de registros de personas y hogares vulnerables”, que deben servir para diseñar políticas sociales, explica Lluís Torrens. “Así supimos el grado de pobreza en los 40 grandes barrios de Barcelona y pudimos compararlo con los datos de quienes pedían ayudas”, añade. Y descubrieron, por ejemplo, que la probabilidad de que una familia pobre con niños pidiera la ayuda del Fondo de Infancia 0-16 –600 euros para cubrir las necesidades de menores hasta 16 años– era del 100% si residía en un barrio pobre, pero sólo del 5% si vivía en uno rico.

Porque también se reveló que un centenar de familias residentes en una sección censal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, el más rico de Barcelona, tenían menos renta que parte de los de Ciutat Vella y Nou Barris, los más pobres. En 2016, 41.000 hogares no podían llegar a fin de mes en Barcelona, excluyendo el coste de la vivienda. Si se incluye, la cifra se eleva a 100.000, según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, 37.000 hogares cumplían los criterios de ingresos para recibir la Renta Garantía de Ciudadanía. Pero esa cifra aumentaba hasta 51.000 si la cuenta se hacía con los registros de servicios sociales del ayuntamiento.

La diferencia, unas 14.000 personas, se debe, apunta Lluís Torrens, a que “las encuestas oficiales no captan bien la población con recursos insuficientes y subestiman el número total porque son personas reticentes a ser entrevistadas, con mayor movilidad o que viven situaciones complicadas”. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, 103.000 personas se encontraban ese año por debajo del umbral de riesgo de pobreza, que en la Ciudad Condal es de 933 euros al mes para un adulto, el 60% de los ingresos medios.

“Hay que ir a buscar a los usuarios de los servicios sociales”, reclama Torrens Mèlich. Como hizo Portugal, que, con los datos tributarios en la mano, ofreció el bono eléctrico a los ciudadanos por debajo de un determinado nivel de ingresos. Y luego desarrollar acciones específicas para llegar a esas familias invisibles para el sistema. Hay “pobres en ingresos, pero no en recursos”, clases medias empobrecidas que no acuden a los servicios sociales por el “estigma” o mayores que sufren pobreza energética pero, por el estigma o por desconocimiento, no se acogen a las medidas para evitar que les corten el suministro, detalla el economista.

De las necesidades sociales en una ciudad, en principio rica, como Barcelona da buena cuenta también el simulador de ayudas de que dispone el ayuntamiento en su página web: tiene 10.000 visitas al mes. Permite introducir los datos de ingresos y otros de forma anónima, sólo indicando el distrito postal, pero a su vez sirve a los servicios municipales como una “macroencuesta”. Y sobre sus resultados se está trabajando ya con inteligencia artificial, asegura Lluís Torrens. “Antes los servicios sociales se limitaban a hacer una entrevista al ciudadano que acudía a ellos, ahora con la información que se obtiene se pueden utilizar sistemas de machine-learning, con palabras clave, y elaborar un análisis de la demanda –por qué se acude a los servicios sociales–, hacer un diagnóstico del problema y dar una respuesta, qué recursos se pueden asignar”.

El machine-learning, o aprendizaje automático, permite a los ordenadores realizar tareas sin ser programados, porque “aprenden” identificando patrones en datos masivos y pueden hacer predicciones. Es a lo que se dedica el ahora famoso ChatGPT. También la Generalitat ha empezado a usar la inteligencia artificial para el mismo fin, apunta Lluís Torrens. Pero nadie más ha hecho un cruce masivo de datos con el volumen del ejecutado por el Ayuntamiento de Barcelona, añade su antiguo responsable de Innovación, quien no obstante cree perfectamente extrapolable el modelo a administraciones de mayor tamaño.

No deja de ser paradójico que la inteligencia artificial se dé la mano en el campo de los servicios sociales precisamente con el sector de la población donde la brecha digital es quizá más ancha. La falta de competencias digitales o de una buena conexión a internet son dos de las razones por las que pedir el IMV, que tiene una tramitación especialmente compleja, se convierte en un imposible para muchas personas. Sin embargo, Torrens Mèlich precisa que el 99% de quienes necesitan ayudas públicas tienen un smartphone y el 90%, acceso a internet a través de un móvil. Aunque sólo el 30% o 40% cuenta con internet fija en el domicilio. Incluso los sintecho tienen un móvil, asegura. “El verdadero problema son los inmigrantes irregulares”, concede el economista, “cuyo número ha aumentado en las grandes ciudades y no tienen acceso a la renta garantizada, ni al IMV ni a la vivienda: son un non take-up forzado por la propia ley”.

Cuestión bien distinta es lo que ocurre cuando el ciudadano se dirige a una Administración que se ha “digitalizado demasiado deprisa”, se queja Carles Ramió, y en la que con frecuencia es imposible recibir atención telefónica. España es el país número 17 del mundo por su administración digital, pero la atención que ésta presta ahora al ciudadano “está peor que nunca”, protesta. Sin ir más lejos, resulta muy complicado renovar presencialmente el carné de familia numerosa, pero imposible hacerlo digitalmente, critica el catedrático.

Para evitar tanta complejidad y tanto esfuerzo, Torrens y Bollain coinciden en una solución alternativa: la renta básica universal. “Si el sistema no es universal, se complica tanto que acaba siendo injusto”, advierte el secretario de Asuntos Sociales de la Generalitat. Es el mismo concepto que a nadie extraña cuando se aplica a la sanidad o la educación –“No estamos inventando nada”–. Y que el presidente –republicano– Richard Nixon ya propuso en 1969 y aprobó la Cámara de Representantes pero fue rechazado en el Senado, recuerda Julen Bollain, quien además enumera: el PSOE y Unidas Podemos llevaron la iniciativa en sus respectivos programas electorales, al igual que Los Verdes en Alemania, y hay cerca de 200 programas pilotos en todo el mundo.

“No se trata sólo de tener derechos, sino de poder ejercerlos, y que la Administración ponga los medios para ello”, concluye Lluís Torrens.

¿Se imagina usted recibir mensualmente una prestación económica sin tener que hacer nada a cambio? Nada de nada. De forma incondicional. Sin tener que seguir ningún cursillo de formación, sin importar con quien conviva o los números de su cuenta bancaria. Por descabellada que le pueda parecer, esta es la idea de la Renta Básica (RB) y cada día cosecha más adhesiones.

¡Incluso el Financial Times la baraja como una propuesta a considerar seriamente! —para los más escépticos, ya adelantamos que es totalmente financiable. Otra cosa es que políticamente se quiera, pero eso ya es harina de otro costal—. Y no, la RB no es tan descabellada como puede parecer. Piénselo. Actualmente disponemos (afortunadamente) del derecho a la asistencia sanitaria y a la educación pública. Son derechos universales e incondicionales, de los cuales disfrutamos todas y todos sin tener que acreditar ninguna situación especial, sin tener que cumplir ningún requisito y de los cuales sería difícil excluir a alguien por su situación laboral, su cuenta bancaria o los impuestos que haya pagado. Asumimos que la sanidad, como la educación, son derechos básicos e irrenunciables de una sociedad desarrollada como la nuestra. Luego, ¿por qué no debería ser igual con el derecho a la existencia, por definición, el primer derecho de todos?

Piénselo al revés, ¿hasta qué punto el derecho a la educación no cae en saco roto y no se convierte en papel mojado si no disponemos de las condiciones materiales y económicas necesarias para formarnos adecuadamente (una vivienda en condiciones, una alimentación suficiente y de calidad, desplazarnos a un precio asequible, una buena conexión a internet o del material informático necesario, o acceder a recursos culturales, como libros o exposiciones, por ejemplo)? La RB es una asignación económica, usualmente mensual, que el Estado pagaría universalmente (a toda la ciudadanía o residentes acreditados del país), de forma individual (a las personas y no a sus hogares o familias) e incondicional (sin atender a condición particular alguna ni exigir ningún requisito como contrapartida). Esto quiere decir que usted, igual que nosotros y el resto de habitantes de este país, independientemente de estar trabajando o en paro o de ser rico o pobre, recibiríamos una prestación económica durante toda nuestra vida.

Obviamente, aunque todo el mundo la recibiese, sería el 20% de la población con mayores ingresos quienes a final de año financiarían la mayor parte de esta política, según varios modelos de financiación. Lo importante es que, más allá de su modo de financiación, todas y todos tendríamos nuestra existencia material garantizada mediante unos ingresos monetarios suficientes, regulares e incondicionales.

Ahora podría usted tener la tentación de pensar que “tener la existencia material garantizada” es sinónimo de holgazanería, el mejor resorte del zanganismo y, en definitiva, el sueño húmedo de todo nini. ¿Está usted seguro? Pongamos que esta RB fuera de 700 euros, un valor cercano al umbral de pobreza para el 2018. ¿Podría usted permitirse el lujo de adoptar una postura horizontal y mimetizarse con su sofá de forma permanentemente? ¿Sin hacer nada? ¿Para siempre? La evidencia empírica acumulada hasta la fecha demuestra que, en realidad, la gente que recibe un pago incondicional no acostumbra a convertirse al alcoholismo de forma repentina ni a derrochar su dinero en una mala racha en el casino, sino que prioriza el pago del alquiler o de su hipoteca, tratar de cancela sus deudas familiares, reforzar o completar su formación, consumir más alimentos de calidad, seguir tratamientos médicos, impulsar proyectos empresariales, sociales o culturales, etc. Pues eso. El mito de la “tendencia natural al ninismo” es esto, un mito basado en una muy peyorativamente sesgada visión antropológica sobre la naturaleza humana alimentada por estereotipos clasistas y preconcepciones aporofóbicas que la evidencia científica seria y contrastada no corrobora.

El potencial de la RB no se encuentra en convertirnos automáticamente en parásitos sociales, sino en garantizar nuestra existencia material más básica para, a partir de allí, brindarnos la posibilidad de construir unas vidas más seguras, más plenas y, en definitiva, más nuestras. Es justamente la incondicionalidad de esta propuesta la que nos permite no tener que ir pidiendo limosna ni permiso a los demás para vivir y ponernos así en pie de igualdad para con los demás. Nos permite, en otras palabras, poder sostener la mirada y carearnos con quien, por disponer de más recursos y poder de influencia, pretenda imponernos su criterio y sus intereses de modo arbitrario. La RB se vuelve así una propuesta con un nada desdeñable potencial liberador. Sea en el hogar frente a un marido opresor, en el trabajo ante un empleador déspota o frente a unas instituciones públicas rehenes de los intereses financieros y energéticos, la RB nos permitiría poder ir aflojando estas relaciones de dominación que tan habitualmente abundan en nuestras vidas.

Sin embargo, existe todavía poca evidencia empírica que nos permita prever con mayor solidez cuales podrían ser los efectos reales de una RB. En este sentido, países como Namibia, Finlandia, Países Bajos, Canadá, Kenia, India, Irán, Corea del Sur, Macao en China, varias ciudades de los EEUU, o la Ciudad de Barcelona han puesto en marcha varios programes experimentales o proyectos piloto de RB en los últimos años. Ahora, como respuesta a les deficiencias estructurales de nuestro estado de bienestar y con la necesidad de hallar soluciones a las crecientes tasas de pobreza y desigualdad, el gobierno de Cataluña decidió implementar su propio Plan Piloto para el periodo 2022-2025. El caso catalán es significativo por cuanto supondrá el mayor experimento de RB realizado hasta la fecha (con permiso del de Kenia, aunque aquél es muy distinto). En él participarán 5.000 personas que se beneficiarán de entre 700 y 900 euros mensuales (unos 300 euros para los menores de edad), con lo que se pretende acercarse al umbral de la pobreza.

Los experimentos realizados hasta la fecha han demostrado que, por lo general, la individualidad y la incondicionalidad asociadas a la RB comportan resultados positivos (reducción de la pobreza y del estrés, mejora de la alimentación, la escolarización y los tratamientos médicos, el aumento de bienestar subjetivo, la felicidad y la confianza, el refuerzo de los lazos comunitarios, etc.). Más allá de emular esta individualidad e incondicionalidad de la RB, la metodología empleada en el caso catalán será particularmente innovadora puesto que tratará de testear su universalidad durante 24 meses. Esto es, tratará de replicar un escenario en el cual toda la población recibiera esta renta. Es para ello que se seleccionaran aleatoriamente 5 o 6 poblaciones, de las cuales, 2 o 3 se convertirán en las poblaciones de tratamiento (las que recibirán la renta), y 2 o 3 más que servirán de grupo de control (que no percibirán la renta) contra el cual comparar los resultados obtenidos. De este modo, y de forma análoga a cómo funciona un experimento clínico, se podrá determinar qué cambios actitudinales, de comportamiento o institucionales se deben a la renta y en qué medida. 

Somos conscientes de que los experimentos sociales tienen limitaciones y que sus resultados deben analizarse con suma cautela. Este proyecto piloto no será una excepción. Sin embargo, testear una política antes de implementarla aporta información que, aunque limitada, siempre será útil para evaluar los potenciales impactos para refinar al máximo tanto su diseño como su estrategia de implementación. Además, los proyectos pilotos o experimentos como este siempre espolean el debate sobre los sistemas de bienestar y sobre las políticas sociales que tenemos y, sobre todo, las que queremos tener. Necesitamos un cambio de paradigma que substituya las viejas soluciones que se han demostrado fallidas. Responder a los desafíos del siglo XXI requiere dejar paso a políticas que, como la Renta Básica, puedan demostrarse más eficaces, más eficientes y, sobre todo, más justas.

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Bru Laín es profesor de sociología en la Universitat de Barcelona y asesor de la Oficina del Plan Piloto de Renta Básica Universal de Cataluña y Sergi Raventós es director de la Oficina del Plan Piloto de Renta Básica Universal de Cataluña

Si caen con una fuerza X el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y el empleo, sube la pobreza con una fuerza mayor que X. Así lo dicen los datos. Entonces, si se recuperan el PIB y el empleo, ¿la pobreza cae en igual medida? La respuesta también está en los datos: no. Destruir es más fácil que crear, diga lo que diga el dogma del crecimiento económico.

Así lo pone de relieve el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que concluye que "las estrategias tradicionales de protección y lucha contra la pobreza se muestran insuficientes". "Los incrementos del PIB, del empleo y del nivel educativo no generan, cada uno de ellos por sí solo, una reducción de la pobreza y vulnerabilidad y deben ir acompañados de políticas redistributivas", señala el informe [ver aquí un resumen y aquí completo], que desvela que entre 2013 y 2019, mientras el desempleo bajaba 12 puntos, la tasa de pobreza subió. Incluso en los años en se concentró el máximo incremento de la pobreza (2013-2016), el PIB per cápita crecía.

El empleo no es suficiente

El estudio, dirigido por Juan Carlos Llano y que fue presentado la semana pasada, enfatiza la crítica a la estrategia de salida de la Gran Recesión, basada en los recortes en el gasto público y pilotada en España por el PP, convencido del poder de arrastre del crecimiento cuantitativo del empleo. El informe cuestiona una idea de la recuperación basada "en la creación de empleo, de cualquier empleo, sin importar las condiciones, y en el incremento del PIB". Tras la anterior crisis, "el éxito proclamado en la lucha contra el desempleo fue [...] relativo pues sólo consiguió una mejora muy limitada en las condiciones de vida de las personas", señala el informe de la Red, que se apoya en un análisis de la evolución de distintas variables entre 2008 y 2020.

Evolución de las tasas de riesgo de exclusión social (Arope), pobreza, privación material severa (PMS), baja intensidad de empleo por hogar (BITH) y paro.

La fotografía da pie a dos conclusiones, tomadas del informe:

1. "La destrucción de empleo genera pérdida de bienestar social, pero la recuperación del empleo no es suficiente para reconstruir todo el daño". Es una conclusión en línea con el estudio Vulneración de derechos: trabajo decente, de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) de Cáritas, que ya alertaba de que “el empleo ha perdido su relevante rol de garantizador de la inclusión social”.

2. "Es más fácil caer en la pobreza y vulnerabilidad que salir luego de ella".

El informe compara la evolución de las cifras de paro y de pobreza, cuyas últimas tasas analizadas son del 15,5% y el 21%. En el periodo 2013-2019 se produjo una reducción de 12 puntos del desempleo, cerca de la mitad, mientras la tasa de pobreza subía del 20,4% al 20,7%. La tasa de pobreza severa –que no aparece en el gráfico– se mantuvo casi igual, con una caída de sólo 2 décimas. El resto de las tasas disminuyeron, pero con poca intensidad relativa. Y todo ello mientras el desempleo caía con fuerza.

Evolución de la tasa de pobreza.

"Una fuerte reducción en la tasa de desempleo no produjo mejoras comparables en las principales tasas de pobreza y exclusión", ni menos aún devolvió los indicadores al estado previo a la Gran Recesión, señala el informe. Entre 2015 y 2020, hizo falta bajar el paro en 6,6 puntos para reducir la tasa de riesgo de pobreza en un punto. En la privación material severa se comprueba una evolución parecida. Entre 2014 y 2019 bajó 2,4 puntos porcentuales mientras la tasa de paro bajaba 12 puntos porcentuales. Dicho de otro modo: la privación material severa se redujo un punto por cada 5 puntos de disminución del paro. Sin embargo, su incremento había sido más acelerado durante el periodo de crisis, cuando sólo se necesitaron 3,8 puntos de incremento en el desempleo por cada punto de crecimiento de la privación material severa.

Sube el PIB... y la pobreza

El informe resalta que esta "incapacidad de recuperar las condiciones de vida anteriores a la crisis" se manifiesta "en un contexto de mejora macroeconómica, incluso con cifras del PIB nominalmente por encima de las registradas en 2008". Al detalle. Como hemos visto antes, entre 2013 y 2019 la tasa de pobreza pasó del 20,4% al 20,7%. Es decir, subió. ¿Qué hacía mientras el PIB per cápita? Crecer de forma "ininterrumpida y acelerada", pasando de 21.899 a 26.426 euros (+20,67%). Es, como dice el sociólogo Daniel Sorando, un resultado "contraintuitivo". Pero igualmente cierto. "PIB y empleo, entonces, son condiciones necesarias, pero no suficientes en la lucha contra la pobreza y la exclusión", señala el estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que aglutina a más de 8.000 entidades sociales sólo en España.

La tasa de riesgo de pobreza se mantiene todavía 1,2 puntos por encima de la registrada antes de la Gran Recesión, lo que se traduce en 880.000 personas que pasaron a ser pobres durante la crisis económica y no recobraron su condición previa con la recuperación posterior. "Los años de bonanza económica no trajeron como consecuencia una reducción de las tasas de pobreza, pues se mantuvieron en torno al 20% entre 2004 y 2008, a pesar de un incremento del PIB per cápita de casi 5.000 euros (25%) en el periodo correspondiente [2003-2007]", señala el informe. Sin embargo, la llegada de la crisis sí había impulsado antes una "elevación sustancial" de las tasas de pobreza, resaltan los investigadores Juan Carlos Llano, Aitana Alguacil, Encina Díaz, Natalia Jiménez, Juan Carlos Llano y Débora Quiroga.

Evolución del PIB per cápita.

Incluso en los años en se concentró el máximo incremento de la pobreza (2013-2016), el PIB per cápita creció en 2.080 euros (+9,5%). Sólo a partir de entonces, la pobreza comenzó un periodo de mejora –con una interrupción– que supuso una reducción total de 1,3 puntos, hasta llegar al 21% en 2020. "Sólo después de tres años de intenso crecimiento del PIB comenzaron a trasladarse los resultados macroeconómicos a la tasa de pobreza", recoge el informe. Y además, tímidamente. Hizo falta un crecimiento del PIB del 11,2% (2.447 euros entre 2016 y 2019) para conseguir una reducción de la tasa de pobreza del 7%.

El informe escudriña en la brecha de pobreza, es decir, un indicador que mide el dinero que necesita ingresar un pobre para dejar de serlo. Así se calcula: en 2020 el umbral de pobreza se fija 9.626 euros; si una persona ingresa sólo 6.798 le faltan 2.828 para dejar de ser pobre, con lo que su brecha de pobreza es el 29,4%. Ese mismo porcentaje puede obtenerse en términos agregados, es decir, no con individuos sino con poblaciones, una forma de Eurostat de medir la desigualdad.

Evolución de la brecha de pobreza.

En la salida de la crisis, el cierre de la brecha de pobreza fue "mucho más lento que su deterioro previo", recoge el informe, que basa la afirmación en el hecho de que en los cinco últimos años de crisis, la brecha se incrementó desde el 26,8% hasta el 33,8%, 7 puntos porcentuales, mientras en los primeros cinco años de recuperación la brecha sólo se redujo 4,4 puntos.

"Es mucho más sencillo entrar en la pobreza que salir de ella", señala el estudio, que añade un dato: aunque con poca intensidad, la brecha de pobreza subió en 2018 y 2019 a pesar subir el PIB per cápita de 24.969 a 26.426 euros (+5,8%).

Medidas "redistributivas"

El sociólogo Daniel Sorando, profesor en la Universidad de Zaragoza, señala que el hecho de que el crecimiento del PIB y el empleo no conduce directamente a una rebaja de la pobreza y la desigualdad, mucho menos de carácter simétrico, sólo resulta "contraintuitivo" por el "machacón" discurso a favor del llamado "efecto derrame" o "efecto goteo". Según esta visión de la economía, las políticas centradas en incrementar el PIB, a menudo a través de ventajas fiscales para los inversores, acaban beneficiando a los de abajo. Se trata, afirma, de una idea seriamente cuestionada en el ámbito académico.

"A partir de un determinado nivel de PIB, el aumento del mismo no supone un aumento del bienestar colectivo medido en sus principales indicadores", señala Sorando, que sí recalca que es necesario pasar un determinado umbral de PIB para que dicha afirmación sea cierta. "Es decir –ejemplifica el autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades–, no es lo mismo ser Angola que España". Pero España, en cualquier caso, ya habría superado ese umbral a partir del cual "lo que realmente aumenta el bienestar social es la igualdad", en palabras de Sorando.

"Es paradigmático el caso de Estados Unidos, con un PIB muy alto y una desigualdad muy alta, con índices peores que los países europeos", expone el investigador, que cita el ensayo Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva, de Richard Wilkinson y Kate Pickett, fundamental en el cuestionamiento de la "correlación entre crecimiento y bienestar colectivo".

"Es necesario crear empleo, por supuesto, pero no es la solución al problema, sobre todo si es precario", resume Aitana Alguacil, profesora en la Universidad Carlos III y una de las autoras del informe de la Red contra la Pobreza. Sorando coincide. Y cita un sector concreto como ejemplo: el turismo: "Siempre oímos que hay que facilitar la inversión para fomentar el turismo, pero al analizar este sector económico en concreto, observamos que la distribución de los beneficios que acaba generando la actividad es muy desigual. Por un lado, están las multinacionales hoteleras, fondos y plataformas como Airbnb, que se llevan gran parte del pastel. Por otro, está el resto de la población, que apenas se beneficia, porque los contratos son parciales y los salarios bajos. Es decir, el PIB crece, pero no llega a todo el mundo. Esto es producto del precariado y el fenómeno de los trabajadores pobres".

"La relación entre crecimiento y bajada de la riqueza tiende a ser magnificada por grupos de interés, pero la realidad dice otra cosa. Sólo hay que recordar los años anteriores a la crisis [de 2008], cuando hubo un gran crecimiento con la pobreza en torno al 19%. La tasa de pobreza es muy inelástica con respecto al crecimiento, pero elástica respecto al decrecimiento", explica Juan Carlos Llano, director del informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que añade que en España se habla mucho más de "creación de empleo" que de "condiciones del empleo", lo cual dificulta encarar el problema de la precariedad. Al igual que Sorando, pone el ejemplo en el turismo. Y concluye: "La mejor política contra la pobreza es multiplicar el número de inspectores de Trabajo".

El IMV y sus lagunas

A la hora de afrontar el problema de la pobreza, la Red Europea pone el énfasis en la necesidad de una "fiscalidad justa" [ver aquí informe en detalle] y en "políticas redistributivas", en especial el Ingreso Mínimo Vital (IMV) [ver aquí informe en detalle]. "El Escudo Social [...] está contribuyendo a que las consecuencias de la pandemia para los hogares en pobreza severa se hayan visto disminuidas [...]. Sin embargo, hay que mantenerse alerta", señala la Red en su informe El mapa de la pobreza severa en España, que añade: "Hay estrategia; otra cosa es que marche bien. El consenso sobre la necesidad de aplicar políticas de protección social es amplio y las medidas económicas, laborales y sociales implementadas (ERTE, IMV, medidas para autónomos y otras) limitan las consecuencias de la pandemia [...]. Sin embargo, en general, el sistema actual de rentas mínimas es complejo, con escasa cobertura e insuficiente cuantía [...] Además, se verifican grandes disparidades territoriales". 

Los datos del impacto de la pandemia sobre la pobreza y la desigualdad se suceden. Un informe de Oxfam Intermón de enero desveló que el número de personas que viven con menos de 16 euros al día se ha incrementado en casi 790.000. La pobreza severa en España afecta ya a más de 5 millones. La crisis del covid-19 ha dejado a 750.000 más en lo que se conoce como zona de "riesgo de pobreza o exclusión”, según un estudio de Caixabank. Sí, es una situación excepcional. Y claro, por supuesto que hay "colas del hambre", uno de los asuntos estrella del debate electoral madrileño de la noche del miércoles. Pero, aunque los informes con sello reciente puedan generar otra impresión, las colas no han venido con el virus. Estaban ahí antes, porque sus causas son profundas. Y, a menudo, inadvertidas.

Entre esas causas destaca un subdesarrollo del gasto social en España que los datos ponen de manifiesto clamorosamente. ¿Ejemplos? España gasta en políticas contra la exclusión un 0,2% del PIB, frente a un 0,6% en la UE-27. Son 59,5 frente a 183,2 euros por habitante al año. El atraso en gasto social se extiende a las partidas para familia, infancia y vivienda. Dentro de España, pese a que la Comunidad de Madrid tiene el mayor PIB per cápita, existen seis comunidades con menor tasa de riesgo de pobreza, según el INE. Además, es la quinta que menos gasta en servicios sociales por habitante.

El epidemiólogo Manuel Franco, estudioso del origen y las implicaciones de la desigualdad y referente en este campo, afirma que España sufre "un déficit claro" de políticas sociales, que cabe conectar con el fenómeno de las llamadas "colas del hambre". "Como buen país católico, lo fiamos todo o casi todo al apoyo familiar. El Estado cubre lo mínimo. En el caso de las colas del hambre, además, han tomado la iniciativa especialmente organizaciones, no el Estado. Por un lado, organizaciones de caridad cristiana, con un histórico papel en España; por otro, ONG y las asociaciones vecinales con mayor fuerza social. Ha sido la iniciativa comunitaria la que ha funcionado ahí, más que el Estado", señala, subrayando el sinsentido que supone considerar "mantenidos", como ha hecho la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los que se ven abocados a esas colas.

Un sinsentido porque los datos muestran precisamente una falta de mantenimiento social del Estado.

España, lejos de la ue

Las tablas de Eurostat, cuyos datos vienen del European System of Integrated Social Protection Statistics (Esspros), son elocuentes [se puede acceder a los datos aquí, en Population and social conditions, concretamente en Social protection].

España gastó en 2018, último año actualizado con datos de todos los países, 5.948 euros por habitante en lo que Eurostat llama "protección social". ¿Qué hay bajo ese epígrafe? Las principales políticas del Estado del bienestar, excluyendo la educación. Es decir, sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión.

Esta partida supuso un 23,1% del PIB. El conjunto de la UE-27 estuvo en 8.076,4, un 26,7% del PIB, 3,6 puntos más que España. Francia (31,4% del PIB), Alemania (28,4%), Italia (27,9%) y Holanda (27,1%), entre otros, quedan por delante de España. No es sólo que, como puede entenderse, países más ricos que España gasten más en bruto en protección social, sino que lo hacen además en mayor proporción en relación a su riqueza nacional.

El amplio concepto de "protección social" ofrece una perspectiva del déficit histórico de gasto social, pero no se ciñe estrictamente al problema de las llamadas "colas del hambre". Se puede afinar. ¿Cómo? Mirando el gasto contra la exclusión social, expresión superior de la precariedad y la falta de recursos. Aquí España también falla, se queda corta. La Comisión Europea ha llegado reclamar a España que haga un esfuerzo en este punto. El Gobierno lo está intentando con medidas como el Ingreso Mínimo Vital, cuyo posible impacto –menor del previsto– aún no se refleja en Eurostat, que llega hasta 2018. De momento, lo que se ve es sombrío: el gasto en políticas para la inclusión alcanza los 59,5 euros por persona al año (2018) en España, un 0,2% del PIB. En Europa son 183,2 euros y el 0,6%. En Francia, 356,7 euros y el 1%. España se queda a cuatro décimas de la UE-27. Destaca el esfuerzo contra la exclusión social de Dinamarca, que pese a que tiene un problema menor en este campo, dedica un 1,5% del PIB, casi 800 euros por persona al año. Estamos a años luz.

El porcentaje de PIB dedicado por el Estado español a políticas contra la exclusión social no se ha incrementado ni una décima desde 2009. Está fijo en el 0,2%.

Hay otras áreas consideradas muy sensibles en el combate contra la pobreza en las que España también palidece. En el apartado de "Familia e infancia", España gasta 326,9 euros por habitante al año y un 1,3% del PIB (2018). Se queda lejos del conjunto de la UE-27: 672,1 euros y 2,2%.

Y la vivienda, por supuesto. España, a la cola en alquiler social entre los principales países europeos, gasta en políticas públicas de vivienda 27,3 euros por habitante al año y un 0,1% del PIB, frente 115 euros y un 0,4% de la UE-27, siempre con datos de 2018. La UE cuadruplica a España.

Un problema se añade a los datos fríos: el gasto social en España no alcanza en el grado suficiente a las capas más bajas de la sociedad. Así lo ha declarado incluso el Fondo Monetario Internacional, que señaló en enero de 2020 que las prestaciones familiares en efectivo que se destinan a los hogares con menor renta apenas superan el 30%, por debajo de la UE.

España

Dentro de España también es posible realizar comparaciones. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con datos cerrados de 2019, ha establecido una clasificación de gasto por habitante específicamente en "servicios sociales" por comunidades. Las tres que más gastan son Navarra (694,3 euros), Asturias (451,1) y Extremadura (446,4). Las tres que menos, Baleares (151,74), Canarias (217,5) y Murcia (251,5). Madrid, la comunidad con mayor PIB per cápita, es quinta por la cola, con 277,84 euros, casi 22 por debajo del conjunto de España (299,78). Madrid no recuperó hasta 2019 el gasto por habitante de 2012.

Evolución del gasto por habitante en servicios sociales en España y Madrid (2007-2009). Fuente: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca cómo Madrid, incluyendo educación, sanidad y servicios sociales, es la segunda comunidad con menos inversión por habitante, sólo por delante de Cataluña. Por cada madrileño se invierten 2.222,61 euros, casi 276 euros menos que en el conjunto de España (2.498,54).

Hay un área de gasto especialmente significativa a la hora de evitar esas "colas del hambre" que tanto preocupan en campaña: las rentas mínimas de inserción. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha comprobado que en España sólo perciben rentas mínimas el 7,97% de las personas en riesgo de pobreza. Las diferencias entre comunidades son abismales. La que mayor porcentaje cubre es Navarra (70,35%), por delante del País Vasco (63,03%) y a una distancia sideral Cantabria (18,43%). En la parte baja están Canarias (1,5%), Castilla La Mancha (2,01%) y Andalucía (3,19%). Madrid está en el 9,36%.

La posición de Madrid está lejos de corresponderse con su PIB per cápita, el mayor de España con 35.913 en 2019, según el INE. Las otras dos únicas comunidades que están por encima de 30.000 euros son País Vasco y Navarra, con fiscalidades propias, que son las que tienen con mucha diferencia mayor cobertura. Otro dato: Madrid es la séptima región por la cola en tasa de riesgo de pobreza, según la última estadística del INE, anterior a la pandemia. Madrid tiene una tasa del 15%, mayor que Navarra (7,7%), País Vasco (10%), Baleares (12%), La Rioja (12,3%), Castilla y León (12,9%), Cataluña (13,9%).

El Ingreso Mínimo Vital no ha solucionado el problema de la insuficiente cobertura en toda España. De momento, la prestación del Gobierno llega a menos gente que las rentas de inserción de las comunidades, como ha publicado este periódico. Hay 565.195 beneficiarios del IMV frente a 697.124 de las rentas de inserción, que existen desde hace tres décadas. Únicamente el 6,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital. Las comunidades con una mayor cobertura son Navarra (14,2%) y Aragón (12,2%). Y las que menos Baleares (3,5%), Cataluña (4,2%) y Castilla La Mancha (4,2%).

¿Qué está pasando con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas estrella del Gobierno de coalición? Diez meses después de su implantación, a finales de mayo del año pasado y en plena pandemia, el balance que hacen tanto el Ministerio de Seguridad Social como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales -el colectivo de referencia en el sector- puede calificarse de cualquier manera menos de éxito. 

Primero, porque solo uno de cada cuatro solicitantes termina percibiendo el IMV. Segundo, porque hay menos personas beneficiadas ahora, tras un año de pandemia cuyos efectos han sido devastadores sobre la economía, que los que antes de su creación recibían alguna de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) gestionadas por las Comunidades Autónomas (y además también obtienen menor cuantía). Tercero, porque solo el 30% de los 3.000 millones apalabrados por el ministro José Luis Escrivá han sido utilizados para abonar prestaciones en estos 10 meses. Y cuarto y último, por el mayor aforo que registran las denominadas colas del hambre. 

Esto último lo recoge sin ambages el comunicado de la asociación de directoras de Servicios Sociales: "Las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantescolas del hambre y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el Ingreso Mínimo Vital", destaca la asociación.

Qué dicen las cifras

Es conocida la baja cobertura que tiene el Ingreso Mínimo desde su implantación por culpa de la madeja burocrática que diseñó Seguridad Social: obligación de que todos los miembros de un hogar estén inscritos en el Sepe (requisito ya eliminado), no haber obtenido el año anterior ingresos equivalentes al 50% del IMV (puesto que la renta es distinta por cada hogar, en algunos casos bastaba con haber ingresado 3.000 euros durante los 12 meses de 2019 para no percibir el Ingreso Mínimo) o que no haya cambios en el hogar (mismas personas, algo que en el argot burocrático se denomina "unidades de convivencia"). 

Así pues, los resultados son un poco desoladores, según se puede ver en la propia nota de prensa que presentó la semana pasada el ministerio y que ha desgranado la asociación: se han logrado resuelto 811.859 expedientes, de los que solo 203.000 hogares han sido agraciados con el IMV. Pero es que además hay otros 347.645 expedientes por resolver, lo que da un total de 1.159.504 solicitantes. Menos de uno de cada cuatro tienen suerte.

Esos 200.000 hogares suponen unas 565.195 personas beneficiarias (el Ingreso Mínimo sigue unos requisitos basados en los convivientes del hogar y sus ingresos). Con las antiguas RMI había 697.124 personas que percibían algún tipo de subsidio, esto es, unas 130.000 más. "Es verdad que el IMV lleva 10 meses implantado y las RMI tres décadas", concede José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación de Directoras y Gerentes. "Pero la pandemia es una situación excepcional, y todo este problema de la escasa cobertura podría haberse resuelto en gran parte con la implantación de pasarelas automáticas". 

Las pasarelas automáticas son mecanismos que permiten que los perceptores de las RMI pasasen a cobrar el IMV de manera directa. "Nos habríamos ahorrado listas de espera", dice Ramírez Navarro. En el ministerio responden que "los requisitos de las rentas de inserción y del Ingreso Mínimo no son exactamente los mismos" por lo que hay que pasar una especie de filtro o criba. Portavoces de Escrivá defienden que la pasarela ya existe con Aragón y que se acaba de actualizar con Navarra. Otras fuentes señalan que la pasarela aragonesa "no está funcionando como debería". 

Pero el dato clave que demuestra que España está lejos de cumplir sus objetivos es la ejecución presupuestaria del IMV. Escrivá, aparte de prometer que el IMV supondría "la práctica erradicación de la pobreza extrema" (algo que no se ha producido), también garantizó que "el presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año". La última nota del ministerio a este respecto augura que no se alcanzará ese compromiso. "El abono de unos 152 millones de euros correspondientes a la nómina de marzo", rezaba la nota, "eleva a más de 920 millones el total desembolsado por la Seguridad Social en estos nueves meses".

Los 920 millones de euros son exactamente el 30,6% del presupuesto. La asociación de Directoras y Gerentes ha sido generosa a la hora de calcular el desembolso: "A pesar de la crisis social, el IMV no ejecuta más que el 40% del presupuesto anual". Puesto que quedan aún los meses de abril y mayo hasta completar un año, es probable que se llegue como máximo a ese 40% de desembolso, algo más de 1.000 millones. Pero muy lejos de los 3.000. 

Ni la cuarta parte del objetivo

En Seguridad Social rebaten esta versión. "Hacienda nos dio 500 millones para poner en marcha el Ingreso Mínimo, algo que se hizo vía Real Decreto", señalan portavoces. Y aseguran que habrá que ver si se cumpla el gasto comprometido cuando llegue diciembre, vinculándolo a los Presupuestos Generales del Estado. Ramírez Navarro rechaza este argumento y asegura que el compromiso del ministro era destinar esa cuantía cada año y que el IMV se sacó adelante sin PGE.

"El Gobierno no ha cumplido ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país", sentencia la asociación.

El 96,4% de las familias atendidas por Cáritas no ha recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y 4 de cada 10 familias han dejado de percibir la renta mínima autonómica, según ha informado Cáritas Española.

"El IMV a día de hoy solamente alcanza al 3,6% de las familias a las que acompañamos desde Cáritas, el dato es ese, no hay ningún error, surge de un estudio realizado en enero. A pesar de todos los meses transcurridos, el IMV no ha conseguido llegar a más personas", ha indicado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, este martes en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

Asimismo, ha advertido de que a un 12,8% de las personas acompañadas por Cáritas les ha sido denegada esta prestación con la "dificultad" que esto supone para que "salgan adelante". Flores ha puntualizado que han tenido dificultades para saber los motivos de denegación y no han dispuesto de la suficiente información para reclamar.

Por otro lado, desde Cáritas Española también señalan que hay personas que han solicitado la prestación y aún están "esperando respuesta" porque desde la administración "no están siendo ágiles".

Igualmente, otro de los motivos de este bajo porcentaje, según Cáritas, es "la desinformación" que han tenido las familias vulnerables sobre cómo proceder y sobre los criterios y condiciones que tenían que cumplir para solicitarlo.

"Afortunadamente, las últimas reformas han creado condiciones más comprensivas pero aun así hay muchas personas que quedan fuera para ser perceptores del IMV", ha avisado Flores.

Además, según los datos de la organización, 4 de cada 10 familias a las que acompaña han dejado de cobrar la renta autonómica que percibían por diferentes motivos, entre ellos, la "descoordinación" ante la llegada del IMV estatal.

También se suman otras causas: multiplicidad, familias que dejan de cumplir las condiciones o rentas autonómicas que pasado un tiempo se suspenden "aunque la vulnerabilidad se mantenga". De esta forma, según ha indicado Flores, se han generado situaciones de "clara desprotección, muy graves".

Medio millón de personas han acudido por primera vez o después de mucho tiempo a Cáritas durante la pandemia

En torno a 500.000 personas han acudido a Cáritas por primera vez o después de mucho tiempo, durante la pandemia de covid-19, según un informe con datos sobre las acciones desarrolladas desde marzo de 2020 en todo el país.

Una de cada tres personas (33%) de las que han acudido a Cáritas durante este año de pandemia, es nueva o hacía más de un año que no acudía buscando ayuda.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha explicado que solo en los primeros meses de la pandemia las demandas de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se incrementaron un 57% y hubo periodos y determinados espacios territoriales en los que muchas Cáritas vieron cómo "se triplicaban las solicitudes de ayuda".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes ampliar plazos y eliminar trámites para "agilizar" las concesiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras las críticas por la lentitud de la Administración en esta materia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado que estas medidas se han incorporado dentro del decreto sobre teletrabajo, que el Ejecutivo ha tratado en la reunión.

Montero ha indicado que, tras los primeros meses de vigencia del IMV, que ha calificado "como una de las normas más importantes de la legislatura", se han incorporado a la medida "algunos aspectos de mejora que permiten dar respuesta en un menor plazo de tiempo que el que actualmente" se había "planteado" el Ejecutivo.

Entre ellas, la ministra ha destacado la extensión del periodo de retroactividad del 15 de septiembre al 31 de diciembre, "para que las solicitudes que se presenten hasta finales de año tengan efectos económicos desde el día 1 de junio", o una ampliación del plazo para resolver y notificar estas solicitudes hasta 6 meses, "garantizando la tramitación de todas las peticiones recibidas hasta la actualidad".

Más medidas en las próximas semanas 

El Ejecutivo ha aprobado también eliminar el requisito previo de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo y transforma esta obligación en un procedimiento que "se podrá cumplimentar en los seis meses posteriores al reconocimiento de la prestación".

Del mismo modo, se facilitará el cruce de datos por parte de la Administración con los beneficiarios que están en poder del padrón para obtener una información automática y eliminar un tramite, y se favorecerá que los beneficiarios actuales de las rentas básicas propias de las autonomías pasen a serlo también del IMV, reconociendo, así, las resoluciones de los funcionarios que trabajan a ese nivel.

Montero ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando en este paquete de medidas para agilizar esta prestación y ha indicado que se irá ampliando "en las próximas semanas" en los siguientes Consejos de Ministros.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este lunes que entre un 20% y un 30% de las solicitudes presentadas para el ingreso mínimo vital (IMV) son denegadas, por lo que ha insistido en la complejidad de la tramitación de los expedientes ante las críticas por los retrasos acumulados.

"Si corremos pasa lo siguiente: sabemos que del 20% al 30% por ciento de personas no tienen derecho, sobre todo por criterio de renta, patrimonio o de edad; si hubiésemos seguido algunas recomendaciones de pagar a todo el mundo que dice que cumple los requisitos y que lo han solicitado de buena fe pero que no tienen derecho, ahora mismo les tendríamos que pedir el reintegro", ha explicado Escrivá en una entrevista en la Sexta recogida por Europa Press.

El titular de Seguridad Social respondía así a las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que pedía "correr" en la tramitación de la prestación y planteó la posibilidad de aprobar el ingreso mínimo con una declaración jurada del solicitante.

Para Escrivá, es necesario buscar "el equilibrio ante una situación enormemente complicada, pero por primera vez tenemos un ingreso para dar respuesta a muchos miles de hogares muy vulnerables". "Si se lo damos a quienes no tienen derecho", ha añadido, "se va a generar un efecto sobre a prestación que nos va a perseguir mucho tiempo".

El ministro ha admitido, no obstante, la necesidad de introducir cambios en la normativa que permita agilizar la tramitación de las más de 900.000 solicitudes que han sido presentadas desde principios de junio.

"Tenemos un sistema de información finísimo que nos permite reajustar la norma y nos hemos dado cuenta de que podríamos ser más ágiles si hacemos un ajuste normativo", ha explicado Escrivá. El titular de Seguridad Social se ha referido a un cambio "sencillo" para poder denegar solicitudes con el incumplimiento de un solo criterio, sin tener que comprobar el resto.

Escrivá, ha reconocido que el volumen de peticiones ha "desbordado" sus previsiones, pero ha pedido a los posibles beneficiarios que tengan paciencia y no realicen las solicitudes por duplicado para evitar ralentizar la tramitación. "Hay personas que lo han pedido muchas veces", ha asegurado el ministro quien ha garantizado que todas la solicitudes que sean presentadas antes del 31 de diciembre recibirán la prestación con fecha 1 de junio.

Asimismo, ha resaltado la importancia del cruce de datos para poder asumir "en bloque" las rentas que están pagando las comunidades autónomas, ha cifrado en 90.000 el número de hogares que cobran ya la prestación y ha pedido de plazo hasta finales de septiembre para hacer una evaluación.

Sobre las bajas para padres con hijos en cuarentena preventiva, se ha remitido al acuerdo con los agentes sociales. "Vamos a ver cómo discurre el diálogo social y cómo evoluciona todo esto, no le puedo dar un tiempo", ha reiterado al ser preguntado por un plazo para tomar una decisión. "Cada vez nos sorprende una cosa nueva, hay que estar muy ágil pero tampoco precipitarse", ha concluido el ministro.

Alemania ha puesto en marcha esta misma semana un proyecto piloto de renta básica e incondicional que sus promotores consideran el primero a largo plazo y que pretende desterrar los clichés que, dicen, dominan hasta ahora el debate mundial sobre este tipo de sistemas. Durante tres años, 120 personas recibirán 1.200 euros al mes, independientemente de su renta. No tienen por qué ser pobres. Al mismo seguimiento se someterá a otros 1.380 ciudadanos, que no percibirán ninguna cantidad y actuarán como grupo de control. Un millón de candidatos se han presentado al proyecto, de los que han sido preseleccionados 20.000. De ahí saldrán los 1.500 que finalmente se convertirán en los conejillos de Indias de este experimento social. La iniciativa corre a cargo del Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Instituto Alemán para la Investigación Económica) junto con la asociación Mein Grundeinkommen (Mi Ingreso Básico), en colaboración con investigadores de la Universidad de Colonia y del Instituto Max Planck. Para financiarlo han acudido a 140.000 donantes, que han puesto el dinero con que se pagará a los sujetos del estudio.

Tras las pruebas piloto llevadas a cabo en Finlandia y Berlín –y los tres millones de dólares que uno de los dueños de Twitter, Jack Dorsey, se va a gastar en proporcionar una renta básica garantizada a siete millones de estadounidenses en 14 ciudades–, la controversia en torno a estos modelos de seguridad social está lejos de decaer. Entretanto, en España, los primeros y problemáticos pasos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han dejado atrás el debate teórico para sacar a la luz las dificultades de su puesta en marcha. El IMV y la renta básica universal no son lo mismo, aunque ambos tengan como objetivo la lucha contra la pobreza, además de la cohesión social.

Mientras que la segunda no se ha llevado a la práctica aún en ningún país, la primera es una política en funcionamiento desde hace años en buena parte de los países europeos. Y que había comenzado a implantarse en España como rentas mínimas en las comunidades autónomas. La Comisión Europea lleva tiempo criticando la ausencia de ayudas para las personas con rentas más bajas. Incluso en sus recomendaciones del pasado mayo Bruselas destaca que España es el país europeo con el menor promedio de prestaciones por hijo y recuerda que las rentas mínimas autonómicas sólo llegan al 20% de sus posibles beneficiarios.

Ese hueco es el que está llamado a llenar el IMV, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado 15 de junio. Aprobado por un real decreto-ley de 29 de mayo, su tramitación como proyecto de ley se abre la próxima semana. Este miércoles 2 de septiembre se cierra el plazo para la presentación de enmiendas. Después se debatirán en la Comisión de Trabajo del Congreso. Como se tramitará por el procedimiento de urgencia, su paso por las Cortes debería durar la mitad que en un caso ordinario. Según las fuentes parlamentarias consultadas, los trabajos podrían prolongarse durante tres meses.

Al mismo tiempo que se desarrolla y corrige la norma en el Congreso, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social estará embarcado en una primera evaluación de cómo está gestionando la ayuda. Como prometió el ministro José Luis Escrivá, el 15 de septiembre se abrirá una segunda fase en la que deberían rectificarse los múltiples fallos cometidos en la primera: el déficit crónico de personal en la Seguridad Social, la complejidad de los requisitos exigidos a los posibles beneficiarios, la brecha digital que impide a muchos de ellos completar con éxito las solicitudes, los numerosos huecos que impiden a quienes lo necesitan acceder a la prestación...

Burocracia y brecha digital

“[Las ONG] estamos todas volcadas en ayudar a los que piden el Ingreso Mínimo Vital, por eso hay tantas solicitudes”, razona Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Según el ministerio, 750.000 personas han pedido el IMV, casi el mismo número de las que iban a beneficiarse de la prestación de acuerdo con los cálculos del departamento de Escrivá, 850.000. Con EAPN coinciden Cáritas y Cruz Roja. Forma parte de su trabajo diario asistir a los potenciales beneficiarios. Pese a que no hay “un acuerdo formal” con el ministerio, explica un portavoz de la organización diocesana, lo mismo se asesora en la pelea burocrática con el IMV que en la elección entre éste y las rentas mínimas autonómicas, que en algunas comunidades son incompatibles y en otras complementarias. Cruz Roja explica que ha llamado a más de 60.000 beneficiarios de sus propios programas para informarles de que también podían solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Y ofrece información sobre la ayuda en sus 1.400 oficinas.

La Seguridad Social pretende, además, que sean los trabajadores sociales de los ayuntamientos quienes terminen encargándose de ayudar a los interesados en pedir el IMV, al que le llueven críticas por sus espesez burocrática. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha pedido que se incluya en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley una dotación económica dotación económicaque permita a los consistorios formar y emplear a los trabajadores necesarios para gestionar la nueva ayuda.

También las ONG citadas han presentado sus propias enmiendas a los grupos parlamentarios, en un intento por solventar las múltiples incidencias de estos primeros meses y tapar las enormes lagunas que advierten en el decreto-ley. Para empezar, tanto EAPN como Cáritas piden que se sustituyan muchos de los requisitos por una declaración responsable del solicitante cuya comprobación se realice con posterioridad. “Los casos de fraude van a ser ínfimos”, recalca el portavoz de Cáritas. Ahora ya se exige la declaración responsable pero sólo de los ingresos y patrimonio. También hay que presentar el certificado del empadronamiento, el libro de familia, el documento de la demanda de empleo y la acreditación de que se reside legalmente en España –inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la UE o autorización de residencia–.

Y aquí es donde se abre la terrible brecha digital y formativa que ha revelado el IMV. “Las personas sin ingresos y en situación de pobreza a las que pretende proteger el Ingreso Mínimo Vital no sólo carecen de acceso a internet, sino también de nociones básicas de gestión y de habilidades digitales”, critica Graciela Malgesini. Para hacer los trámites necesitan, además de un ordenador y de una conexión a la Red, un certificado digital: “Los documentos deben llevar su firma digital, no la que se escribe en un papel”. Una dificultad a la que suele añadirse la exclusión financiera: muchos ni pueden abrir una cuenta bancaria, donde se les pueda hacer el ingreso, “porque no tienen un mínimo que ingresar o les falta documentación”, continúa la responsable de EAPN. Tampoco son los clientes que buscan los bancos con más ansia, ironiza.

El ministro Escrivá cifró en 143.000 las solicitudes tramitadas hasta el 17 de agosto, el 19% de las recibidas. A la vista de todo lo anterior, no es de extrañar que el 7,5% de ellas se hubieran mandado por duplicado y al 40% les faltara documentación. A un total de 28.500 la Seguridad Social les ha requerido el envío de más papeles.

Los agujeros del decreto-ley

Más allá de las ayudas solicitadas, las ONG alertan de los que ya han quedado excluidos por el diseño, a su juicio deficiente, de la prestación. La lista de agujeros por los que escapan potenciales beneficiarios es larga. Todos ellos han sido detectados por quienes están “en el día a día” de la atención a las capas más necesitadas de la sociedad. E introducidos en las enmiendas al proyecto de ley.

“Si decimos que el IMV es un derecho subjetivo de la ciudadanía y definimos la ciudadanía a la que se dirige la ayuda como la que se encuentra en situación de pobreza, luego no podemos añadirle todo un conjunto de requisitos, como que posea una vivienda, que esté afiliado a la Seguridad Social, que sea demandante de empleo o tenga un determinado número de años de residencia, porque excluyen a los que están peor”, detalla Malgesini. De esa manera, por ejemplo, no entran en el IMV las personas sin hogar, precisamente los más excluidos socialmente, subraya.

Pero hay muchos más que quedan fuera. Los hijos menores de padres que se encuentran en España en situación irregular, quienes comparten vivienda con más de dos familias –“es una estrategia de supervivencia de muchas personas”, advierte Cáritas–, las parejas de hecho no registradas, quienes residen en pisos tutelados o centros públicos de inclusión social, los que acaban de salir de la cárcel, las familias monoparentales que viven en la casa de los abuelos... Si se está pendiente de conseguir el estatuto de refugiado tampoco se puede recibir el IMV. Otro tanto ocurre con los jóvenes emancipados menores de 23 años, de los que hay unos 3.000, calcula Graciela Malgesini, y de ellos el 80% está en riesgo de pobreza. Con 23 años se puede percibir el IMV sólo si se ha vivido de forma independiente durante los tres años anteriores, una posibilidad bastante complicada en la España actual, donde los jóvenes no abandonan la casa paterna hasta los 32 años por culpa del abuso del empleo temporal y los elevados alquileres. “Los importes por hijo se han calculado sólo hasta el cuarto”, explica, “¿el quinto se queda fuera?”. Según dice, hay 110.000 familias con más de cuatro hijos en España, de las que el 58% están en riesgo de pobreza.

Uno de los fallos más criticados por las ONG es la vinculación de la ayuda con el empleo. Por un lado, destaca Cáritas, se excluye así a quienes padecen enfermedades crónicas y tienen dificultades para encontrar un trabajo. Además, tampoco se precisa en el decreto-ley qué importe se les reducirá de la prestación a quienes tengan un empleo. “Su determinación se deja a los reglamentos que desarrollen la ley”, indica Malgesini, al igual que muchos otros aspectos “importantes”, añade el portavoz de Cáritas. Lo que temen que se traduzca en un mayor retraso si cabe en la afinación de la ayuda.

La responsable de EAPN también tacha de “disparate” que se exija haber solicitado todas las prestaciones a las que se puede tener derecho antes de pedir el Ingreso Mínimo Vital, cuando no existe siquiera una catálogo –contributivas, no contributivas, municipales, autonómicas...– que las enumere.

Encaje autonómico

Finalmente, queda pendiente el encaje del IMV y las rentas mínimas autonómicas. El portavoz de Cáritas asegura que algunas comunidades están trabajando “a toda prisa” para cambiar sus leyes y hacer compatibles ambas ayudas. Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña, dice, ya lo han hecho. Porque algunos beneficiarios de estas rentas mínimas ya están recibiendo cartas donde se les informa de que pueden tener derecho al IMV. “En la Comunidad de Madrid te dan un plazo de 10 días para que les comuniques si renuncias a su renta mínima porque vas a solicitar el Ingreso Mínimo Vital”, asegura Graciela Malgesini. En Madrid la renta mínima es una de las más bajas de España, entre 400 y 735,9 euros, mientras el IMV puede quedar entre 461,5 y 1.015,3 euros. Si se renuncia a la autonómica en busca del IMV, se corre el riesgo de quedarse sin nada en caso de que este último no se conceda. Y con la lentitud con que se están resolviendo las solicitudes, la respuesta del ministerio puede demorarse meses. En otras comunidades, la renta mínima es muy superior al IMV, como en Navarra –entre 610,8 y 1.221 euros–, Cataluña –de 604 a 1.122 euros– y País Vasco –entre 644,49 y 915,47 euros–.

Al menos siete comunidades autónomas han pedido ya al Gobierno que les deje gestionar el IMV: Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria. El País Vasco y Navarra ya han negociado el traspaso. Cataluña

Lo que no hay aún, pese a que figura en el decreto-ley, es un consejo consultivo con el tercer sector –las ONG y organizaciones de la economía social– que debería asesorar al ministerio en materia de políticas de inclusión y hacerle propuestas legales sobre el IMV. “No hay un espacio formal de interlocución”, admite el portavoz de Cáritas, “pero sí que ha recibido [la Seguridad Social] todas las dudas, zonas grises y problemas que hemos detectado”.

Hasta el 17 de agosto, el ministerio sólo había sido capaz de aprobar 8.841 solicitudes –otras 75.000 fueron concedidas de oficio a personas que ya percibían la ayudas por menor a cargo–, un número mínimo. Afortunados de los que, además, no se sabe cuántos han cobrado ya. También ha denegado 36.800, cuatro veces más. El ministro de Inclusión ya advirtió de que la mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitosla mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitos. Una mala noticia para quienes afrontan en peor situación de partida la inesperada crisis provocada por el coronavirus. Según el último informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas, en 2018, tras años de recuperación económica, las rentas mínimas autonómicas no alcanzaban ni al 33% de las personas que sufrían pobreza severa en España, quienes viven con menos del 30% de la mediana de ingresos, 370 euros al mes. Son 2,6 millones de personas. De ellas, hasta ahora, sólo recibían una ayuda, y ésta era autonómica, 679.000.

Ése es el ámbito en que debería desplegar su manto protector el IMV. Graciela Malgesini cree que habrá que esperar hasta 2021 para que la ayuda esté plenamente implantada y ver si lo consigue. El problema es que, a la espera de que el ministerio evalúe su gestión inicial, el Congreso tramite el proyecto de ley y se elaboren sus reglamentos, los ciudadanos no pueden comer “con carácter retroactivo”, como recordó hace sólo unos días el líder de UGT, Pepe Álvarez.

Las rentas mínimas de inserción son los distintos programas con los que cuentan las comunidades autónomas, ayudas dirigidas a "personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas" y que generalmente van acompañadas de un proceso de intervención social. Cada comunidad cuenta con su propio modelo, todos atravesados por una estructura similar en lo esencial. Ahora, las rentas tendrán que coexistir con el ingreso estatal, con el reto de no dejar a nadie atrás.

La publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) que consolida la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital abre la puerta a su compatibilidad con las prestaciones autonómicas. "En el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas", de manera que el ingreso "se configura como una prestación suelo que se hace compatible con las prestaciones autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas". La ayuda, por tanto, permite a las comunidades "modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo que preserva su papel como última red de protección asistencial".

Andalucía saltó esta semana a los titulares tras sus últimos cambios de dirección. Tal y como desveló infoLibre, la Junta de Andalucía incluyó entre sus planes paralizar la tramitación de su renta básica, la Renta Mínima de Inserción Social, por la entrada en vigor del ingreso estatal, según un documento oficial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El Gobierno autonómico argumentaba que la prestación andaluza tiene "carácter subsidiario" y que fija la obligación de sus beneficiarios de "solicitar las prestaciones" que pudieran corresponderles para "incrementar sus recursos económicos". De este modo, según la Junta de Andalucía, es necesario que antes de pedir la renta básica andaluza se solicite el IMV. La ayuda autonómica, según esta explicación, sólo se tramitaría para las solicitudes de los que tuvieran resolución denegatoria o no estuvieran cubiertos por la prestación estatal. Tan sólo un día después, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno rectificó y aclaró que "no se suspende", sino que se informará al que la pida de dicho "carácter subsidiario".

La renta andaluza se entreteje como una ayuda mensual del 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de manera que supone 419 euros. Esta ayuda puede incrementarse un 10% del IPREM por cada integrante de la unidad familiar distinto del solicitante. Cuando fue aprobada, la cuantía máxima, para familias de ocho o más personas, era de 779 euros. En mayo se beneficiaron 14.615 familias, su récord histórico, con un gasto de 11,3 millones, la nómina más elevada desde su implantación. El número de perceptores ha subido un 76% desde el inicio de la crisis del coronavirus.

Sustitución de las rentas autonómicas

No es Andalucía la única comunidad que alude al "carácter subsidiario" de la ayuda autonómica. En el año 2007, el Gobierno de Cantabria puso en marcha su Renta Social Básica, una ayuda mensual que busca garantizar unos ingresos del 80% del IPREM para el solicitante, con un techo límite del 125% del IPREM. El año pasado la cuantía máxima ascendía a 672 euros y actualmente llega a más de 5.800 personas, según el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga.

Fuentes del Gobierno cántabro explican a este diario que se están determinando los mecanismos para que no se cobren ambas rentas y evitar así duplicidades. Percibir las dos prestaciones "iría contra la normativa", señalan. Desde la comunidad se está "facilitando la comunicación entre los técnicos de la Seguridad Social y los servicios sociales de los ayuntamientos, que entendemos que es a donde acudirán muchos ciudadanos interesados en esta nueva prestación". En este sentido, apuntan, "se han organizado sesiones informativas para que los trabajadores sociales conozcan de primera mano cómo será la gestión del IMV y puedan resolver las dudas que tengan". La Renta Social Básica, regulada en la Ley de Servicios Sociales de Cantabria, "tiene carácter subsidiario, de tal modo que aquellas personas que pasen a cobrar el Ingreso Mínimo Vital dejarían de percibir la prestación autonómica". No obstante, matizan las mismas fuentes, la renta autonómica "va a permanecer, porque el trasvase de una prestación a otra no es automático, salvo para quienes perciban la prestación por hijo a cargo". Los fondos que se ahorren, ha señalado el vicepresidente de la región, irán destinados al desarrollo de políticas sociales.

Algo similar ocurre en Castilla y León, que cuenta con una Renta Garantizada de Ciudadanía, al 80% del IPREM como mínimo y al 130% como máximo, lo que se traduce en una cuantía mínima de 430 euros y otra máxima de 699 euros. El pasado mes de abril, la ayuda autonómica llegó a 9.300 hogares y 21.816 perceptores. "La gente que percibe la renta tiene que solicitar el IMV", explican desde la comunidad. "Nosotro mientras tanto seguiremos pagando la renta", aclaran, pero en el momento en que el perceptor "empiece a cobrar" el ingreso estatal, el autonómico "se paraliza". En esa tarea, el Gobierno de Castilla y León "les mandará una carta diciéndoles que tienen que solicitar a la Seguridad Social" la ayuda estatal.

En Galicia, la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) asciende al 75% del IPREM, con una cuantía de 403 euros en su mínimo y de 726 en su extremo más alto. La Xunta de Galicia, sostiene un portavoz autorizado de la Consellería de Política Social, "mantuvo una primera toma de contacto con el Gobierno central con el objetivo de que los perceptores" de la ayuda autonómica "que así lo desearan se puedan acoger de oficio" al subsidio estatal, "con todas las garantías legales y respetando todos los derechos de estas personas".

El interés de la Xunta de Galicia, insisten, es que las ayudas de inclusión social "se pongan a disposición de los hogares de manera eficaz y sin solapamientos", motivo por el que "en repetidas ocasiones se solicitó que fuesen las comunidades autónomas las encargadas de gestionar directamente el IMV y evitar así duplicidades". La Ley 10/2013, de inclusión social de Galicia establece que la recepción de la ayuda no es compatible con las pensiones no contributivas ni con otra prestación que suponga un ingreso igual o superior. "El Gobierno que salga de las urnas deberá en la próxima legislatura abordar la reforma de la ley para adaptarla al nuevo panorama que se ha abierto", dicen las mismas fuentes.

Complementar las ayudas

Illes Balears acaba de aprobar un decreto este mismo viernes para "adaptar las prestaciones". En las islas cuentan con una Renta Social Garantizada, regulada mediante el Decreto 117/2001, con una cuantía de entre 459 euros y 826 de máximo. "Lo que se hace es equiparar los perfiles" de los perceptores a aquellos que optan por el Ingreso Mínimo Vital, de manera que quienes reúnan los requisitos "siempre tendrán que solicitar" la ayuda estatal. "Si no te lo conceden, todos estos casos sobrevenidos los asumirá la comunidad a través de la renta social", explican fuentes del Gobierno de Francina Armengol. Si bien es cierto que se prevé un ahorro, las mismas fuentes indican que se trabajará por "una redistribución" de la renta autonómica para "adaptarla a la nueva situación", por lo que "la renta social llegará a gente a la que no llegaba antes" y también se "incrementará la renta de emancipación", una ayuda para la autonomía de los extutelados.

En Cataluña, sostienen desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, "desde el principio se ha hablado de complementariedad" y en este caso ha habido "un buen diálogo y se ha estado en contacto" con el Gobierno de Pedro Sánchez "desde el primer momento". La idea, confirman, es que "entre una y otra se pueda llegar al máximo de personas". La Renda Garantida de Ciutadania ha dejado, a abril del presente año, un mínimo de 664 euros y un máximo de 1.208 al mes para 81.636 expedientes que corresponden a 127.711 beneficiarios. Desde la Generalitat piden una gestión propia "por cercanía con la ciudadanía".

En Extremadura, explican a este periódico, el Ingreso Mínimo Vital "es compatible y complementario" a la Renta Extremeña Garantizada. "Si el ingreso mínimo refleja una diferencia con la renta extremeña, se complementa esa diferencia". A día de hoy, un total de 7.107 extremeños reciben el ingreso autonómico, con una cuantía igual al 100% del IPREM mensual vigente y no superior al 160%, lo que se traduce en al menos 537 euros mensuales. La previsión es que "el IMV al menos llegará a 30.000 personas en Extremadura"

El objetivo en la Comunidad de Madrid es "no dejar a nadie atrás y que la Renta Mínima de Inserción sea un vehículo de inclusión social, llegando a todas aquellas personas que lo necesitan". En ese sentido, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirma estar "diseñando un modelo" de renta autonómica que "identifique las lagunas de atención que deja la prestación estatal para darle cobertura" con la renta propia. La comunidad también propondrá un "modelo de complementariedad que logre un mayor impacto en la reducción de la tasa AROPE en la Comunidad de Madrid", explican fuentes de la Consejería de Políticas Sociales. Igualmente, la región prevé "reforzar las políticas de inclusión social con la participación de los servicios sociales municipales" y vincularlos "con intinerarios de inclusión". La directora general de Servicios Sociales e Innovación Social ha solicitado una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como con el resto de comunidades, para "conocer y facilitar el intercambio de información". La Renta Mínima de Inserción, regulada en la Ley 15/2001, prevé una cuantía de 400 euros al mes como mínimo y 950 euros como máximo.

En Asturias, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, se reunió este viernes con los grupos parlamentarios para resolver todas las dudas pendientes respecto a la coexistencia de las dos rentas. Fuentes de la consejería subrayan que para "minimizar la carga burocrática durante el proceso de trasvase de datos" se ha propuesto un sistema, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, basado en que "todas aquellas personas que son beneficiarias del salario social, a través de la firma de un consentimiento expreso, puedan derivar sus datos al ministerio sin tener que llevar a cabo más trámites". De esta manera, el Salario Social Básico, vigente en el Principado de Asturias desde el año 2005, "convivirá con el ingreso mínimo" porque existen casos que "seguirán bajo la protección" del ingreso autonómico. Actualmente, 22.338 personas reciben esta renta en el territorio, que oscila entre los 442 euros y los 730 mensuales.

La renta propia de La Rioja, detallan desde la Consejería de Servicios Sociales, seguirá vigente, aunque es inferior a la contemplada por el ingreso estatal. La propia consejera, Ana Santos, ha recordado que el ingreso vital "dignifica el importe de la Renta de Ciudadanía porque el de esta última oscila entre los 430 y los 672 euros mientras que la del Ingreso Mínimo Vital se incrementa hasta entre los 463 y los 1.015 euros para el caso de un hogar con tres o más menores". Santos ha confirmado en reiteradas ocasiones que la renta autonómica "tendrá que seguir existiendo para cubrir las necesidades de aquellas unidades de convivencia que no pueden acceder" a la ayuda central. El ahorro que previsiblemente se producirá con el trasvase, apuntan desde la consejería, se destinará a "asuntos sociales y a colectivos desfavorecidos", aunque los detalles están por concretar. Actualmente, 2.413 hogares en La Rioja están percibiendo la Renta de Ciudadanía y otros tres centenares la han solicitado durante la crisis del covid-19.

Decretos, estudios e informes jurídicos

Por la complementación apuesta Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunitat Valenciana. La Renta Valenciana de Inclusión está cubierta actualmente por un presupuesto de 229,2 millones de euros y su cuantía va de los 630 euros a los 990 mensuales. Este viernes, la vicepresidenta anunció estar ultimando un decreto ley con el propósito de "encajar y armonizar" ambas figuras. El objetivo, esquivar posibles duplicidades, pero también evitar que cualquier ciudadano quede sin protección.

En Aragón también "se van a poner en relación las dos figuras, de manera que ningún tramo de la población quede desatendido o en situación desfavorable". Por el momento, sin embargo, las fórmulas están siendo objeto de estudio de cara a una futura concreción. En la comunidad existe el llamado Ingreso Aragonés de Inserción, una ayuda que llega a cerca de ocho mil personas, con una cuantía mensual de entre 491 y 736 euros.

En Murcia, por su parte, el Gobierno ha encargado un "informe jurídico para ver cómo afecta el Ingreso Mínimo Vital a la Renta Básica de Inserción", pero todavía no han alcanzado ninguna conclusión. En el mes de mayo, un total de 6.591 personas se beneficiaron de la renta autonómica, que cuesta a las arcas de la región 1,7 millones de euros. Los ingresos que contempla van de los 430 a los 806 euros.

Igualmente, Castilla-La Mancha estudia la gestión entre el Ingreso Mínimo de Solidaridad de la comunidad, las ayudas de emergencia con motivo de la crisis del coronavirus y la nueva ayuda estatal, aunque la idea es que los subsidios sean capaces de complementarse. En el territorio, la cuantía mínima de la prestación se sitúa en 525 euros, después de que la Junta desligara el cálculo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Finalmente, Canarias trabaja en dos frentes: por un lado sustituir su actual Prestación Canaria de Inserción por una Renta Ciudadana y por otro lado hacer de esta última un complemento para el Ingreso Mínimo Vital. El pasado mes de abril, 6.340 unidades familiares recibieron la ayuda propia de las islas, lo que costó 3,7 millones a las arcas. En 2020, el importe mensual de la renta canaria va de los 489 euros a los 682 de máximo.

El caso de Navarra y Euskadi

El decreto que pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital concede la gestión de la ayuda a dos comunidades: País Vasco y Navarra. Será, en todo caso, a partir del próximo 31 de octubre. Entretanto, ambos territorios trabajan por consensuar la mejor convivencia entre sus propias prestaciones y la estatal. "El traspaso de competencias se hará a partir del 31 de octubre y hasta entonces estamos negociando una encomienda de gestión por parte de la Seguridad Social a nuestro Gobierno". Lo explican fuentes del Ejecutivo de Navarra. Los términos del acuerdo, aún sin concretar, versarán sobre la manera idónea para complementar ambas rentas y alcanzar el máximo, hasta ahora determinado por la renta autonómica. "Como la cobertura de nuestra renta es algo superior, estamos definiendo qué unidades familiares cuentan con los requisitos para optar al IMV y sumarles el complemento que corresponda".

El mismo procedimiento se seguirá en Euskadi, tal y como detallan desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. La Renta de Garantía de Ingresos está gestionada a través del Lanbide (Servicio Vasco de Empleo), en base a la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. La ayuda está "vinculada a la búsqueda activa de empleo y las personas que la cobran firman un compromiso para participar en acciones que pueden mejorar su empleabilidad", aunque con algunas excepciones, dado que la prestación también complementa "las pensiones más bajas" para en torno a "un cuarto de las 53.000 personas perceptoras".

El periodo de transición hasta el 31 de octubre lo van a cubrir en territorio vasco mediante una complementación del ingreso estatal con la renta autonómica, igual que ocurre en la comunidad foral vecina. "Las personas que estén cobrando la Renta de Garantía de Ingresos no tendrán que hacer el trámite, lo va a gestionar la administración directamente" y la idea es que si el Estado aporta una cantidad, el País Vasco la complemente hasta el máximo regulado hasta ahora, porque "en casi todos los supuestos la Renta de Garantía de Ingresos paga un poco más". El mínimo de la ayuda vasca se instala en los 693 euros y el máximo se eleva hasta los 985 euros.

La Junta de Andalucía, tras la publicación de su previsión de suspender la tramitación de la renta básica andaluza cuando se pueda pedir el Ingreso Mínimo Vital, ha rectificado su decisión. Ahora se limitará a "informar debidamente a la ciudadanía del actual carácter subsidiario de esta prestación" mientras "trabaja en la armonización de ambas prestaciones". La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Cs) confirmó a este periódico que quedaba sin vigencia la paralización de las tramitaciones, publicada este miércoles por infoLibre [ver aquí]. A partir del lunes se verá en qué se plasma definitivamente la posición de la Junta.

En una primera comunicación dirigida a los ayuntamientos, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Cs) afirmaba: "Desde las delegaciones territoriales [provinciales] de esta consejería, a partir del [lunes] día 15 de junio, en que se puede solicitar el IMV, en tanto que no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar no se podrán iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía" [ver aquí el documento]. En las delegaciones provinciales de la consejería, explicaba la Junta, "no se podrían iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía" a partir del día 15 de junio, cuando ya se puede solicitar el IMV, "mientras no se tenga constancia de resolución del IMV por parte de las personas integrantes de la unidad familiar".

Esta suspensión levantó críticas de PSOE, Adelante Andalucía y organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Barrios Ignorados. El PSOE advirtió incluso de problemas legales si se paralizaba la tramitación de una prestación con cobertura legal. Más tarde, Igualdad elaboró una breve segunda instrucción, firmada por el mismo alto cargo, Francisco Vidal, director general de Servicios Sociales, y también dirigida a las entidades locales. Dice lo siguiente [ver aquí]:

"Ante las dudas surgidas por el comunicado remitido con fecha de 10 de junio a las entidades locales, la Dirección General de Servicios Sociales aclara [...]:

1.- La renta mínima de inserción social de Andalucía no se suspende, debiéndose informar debidamente a la ciudadanía del actual carácter subsidiario de esta prestación conforme al art.5.c del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.

2.- Actualmente desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por medio de la Dirección General de Servicios Sociales se trabaja en la armonización de ambas prestaciones".

La segunda comunicación no afecta a otros aspectos relevantes de la primera, como la indicación a los ayuntamientos de que no asuman la gestión del IMV. La consejería señala que "el IMV no requiere una valoración social de los profesionales, por lo que se considera que no sería conveniente, ni justificado destinar el personal de los servicios sociales comunitarios a desempeñar tareas que vayan más allá de la información básica a la ciudadanía [...]". También se "obliga" a solicitar el IMV antes que la renta andaluza.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una "paguita clientelar" que "cronifica la pobreza". Urge "fiscalizar" la "tarjeta monedero" andaluza, de entre 150 y 250 euros, concebida para que unas 20.000 familias vulnerables puedan comprar alimentos, no sea que llegue a quien no debe o se produzca "fraude". Y también hay que reformular el subsidio agrario, el conocido popularmente como PER, para "mejorar el control" de los fondos, debido al –supuesto– descontrol de las ayudas que llegan a los jornaleros con escasez de peonadas. Como afirma el juez Francisco Serrano, presidente de Vox en Andalucía, indoblegable garante del correcto uso de las prestaciones públicas: "Ayudas para el que no tiene recursos y se esfuerza, claro que sí. Pero café para todos, con independencia de esos dos requisitos, no".

Se diría con todo esto que Vox es un partido contrario a las ayudas públicas. Pero, ojo, sólo de algunas. ¿Ayudas a sectores empresariales, asociaciones antiaboristas, mundo del toro o andaluces en Cataluña para luchar contra la inmersión lingüística? Eso es otra cosa. La parte estrecha del embudo es para trabajadores pobres. Además de para feministas y asociaciones de memoria, meros "chiringuitos ideológicos". El examen de la trayectoria real de Vox –lo que hace, lo que realmente hace– muestra a las claras que sí está a favor de las ayudas públicas. No de todas. No del subsidio agrario para los jornaleros sin tierra con su diseño actual, ni del IMV. Sí de otras, que no serían "paguitas", sino ayuda, promoción, fomento...

El contraste se ha hecho evidente con el IMV. Vox ha tenido altibajos en su posición sobre la prestación aprobada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá (PSOE). Empezó fuerte en abril, antes de su aprobación, moviendo desde su cuenta de Twitter el hashtag #paguita, oponiéndola a la verdadera "justicia social". El Gobierno, sostenía el partido de Santiago Abascal, iba a dar una "paguita clientelar" en forma de "renta básica socialcomunista". El dirigente Jorge Buxadé proclamaba a mediados de abril que era una "solución venezolana", parte de la "agenda chavista" del vicepresidente Pablo Iglesias (Unidas Podemos). Más tarde Vox moduló, mostrándose abierto a su implantación ante la emergencia del covid-19, aunque con escepticismo y siempre evitando su alargamiento en el tiempo. Pero finalmente ha vuelto al origen, una vez aprobado el IMV, y con más fuerza todavía. Se trata, según Buxadé, de una "cartilla de racionamiento" que "cronifica la pobreza".

Aunque Vox complementa este rechazo al IMV con una pátina de "chovinismo del bienestar", con ecos de Reagrupamiento Nacional en Francia o la Liga en Italia, alertando del riesgo de que los inmigrantes se queden con las ayudas, lo cierto es que la decisión consagra el escaso peso que a la hora de la verdad tienen las posiciones proteccionistas en la ultraderecha española. No es la primera vez que ocurre. El alma menos ultraliberal de Vox ya ha ensayado antes notas de discurso obrerista. De hecho, no son raras sus proclamas contra el "globalismo" y los "multimillonarios progres". Vox reivindica el "producto nacional" y la "industria nacional". Pero, de momento, es un alma que se queda en amagos. Palabras y hechos distan entre sí. No sólo por las posiciones fiscales neoliberales. Rocío Monasterio hizo un vídeo contra la presencia masiva de casas de apuestas en barrios obreros, pero en Andalucía Vox ha votado en contra de limitar su presencia cerca de colegios y contra la prohibición de que las empresas de juegos de azar se promocionen en eventos deportivos o equipos de categorías inferiores.

"Cuando se anuncia el Ingreso Mínimo Vital, en lugar de verlo primariamente desde una óptica social-chovinista, lo interpretan con el fantasma de Chávez-Maduro y con la óptica del clientelismo, la perpetuación en el poder..", señala el sociólogo Guillermo Fernández, autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa. El caso del Frente Nacional (Contextos, 2019) que en este artículo en la revista La U detalla el triunfo de las posiciones más neocón y tremendistas. Fernández señala que Vox tiene "una pequeña parte proteccionista", pero en un grado mucho menor que los lepenistas franceses, con fuerte tradición "estatalista". En realidad, añade, en Vox estos son discursos casi "en miniatura". Y hechos, más en miniatura aún. El partido de "la España que madruga", como le gusta decir a Abascal, acredita en realidad una defensa de los intereses de sectores acomodados o ideológicamente afines, que contrasta con el puño de hierro con las políticas de apoyo a las capas más pobres. Es fácil verlo a través de las "paguitas" que defiende.

Educación y medicina privada, Iglesia

Un ejemplo como punto de partida: educación. El rastro de las prioridades de reparto de fondos públicos de Vox se observa desde antes de su irrupción en las instituciones, vía Andalucía, a finales de 2018. En lo que fue su carta de prestación programática, las 100 medidas para la España Viva, las ayudas sociales parecen tener escaso protagonismo. Están ahí sobre todo en sentido negativo. Por ejemplo, en la oposición a las "subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico". Una generalidad. También hay otra proclamación sobre las becas: "Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos".

¿Es coherente esta posición con los hechos? Vox ha votado en el Parlamento de Andalucía contra la bonificación al 99% del precio de las matrículas universitarias y contra la bonificación de la matrícula de las enseñanzas artísticas superiores, medidas apoyadas incluso por PP y Cs. El partido de Abascal tampoco ha mostrado apoyo ahora a la reforma de las becas impulsada por el Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá. infoLibre ha preguntado a Vox qué propuestas ha realizado para dar concreción a su idea genérica sobre becas. No ha habido respuesta.

Al final, ¿qué ayudas públicas defiende Vox en la educación? Respuesta fácil: las ayudas públicas a la educación privada, tanto la netamente privada como la privada concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia católica. Defiende esta posición a través de su propuesta de "cheque escolar", idea consistente en dar dinero público a las familias para que matriculen a sus hijos en colegios privados. Vox lo llama "devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio". La Asamblea de Madrid aprobó en diciembre, con el apoyo de PP y Cs, una iniciativa de Vox para impulsar la implantación del "cheque escolar". El partido ultraderechista también ha impulsado una insistente campaña por el "cheque escolar" en la Comunidad Valenciana.

Vox también apoya las iniciativas para destinar más dinero público a la educación privada a través de conciertos, una partida que supera los 6.000 millones al año, más del doble que lo previsto para IMV. El partido de Abascal es partidario hasta el extremo de la "libertad de elección" de los padres, proponiendo incluso la supresión por completo de las áreas educativas, tal y como acordó con el PP en Andalucía en el pacto de investidura, que no se ha cumplido en este punto. Vox empuja la política de facilitación de elección de centros concertados en Andalucía, un asunto que estaba en el candelero político antes que el coronavirus lo dejara todo en suspenso [ver aquí y aquí]. Además, promueve la extensión de los conciertos más allá de la educación obligatoria, es decir, al bachillerato.

También en Andalucía, Vox aprobó la derivación de pacientes a la sanidad privada para reducir las listas de espera, dedicando a los centros privados 15,5 de los 25,4 millones de un plan de choque impulsado el año pasado. También tiene acordado con el Gobierno andaluz un incremento de la remuneración pública de los médicos que, al mismo tiempo, trabajan en la privada. La "libre elección de especialista", una vía de desarrollo de la sanidad concertada –que consumió más de 8.000 millones públicos en 2018–, cuenta con el pleno respaldo de Vox.

Ni memoria ni feminismo

Varias características hacen de Andalucía el enclave político óptimo para evaluar las posiciones de Vox. En primer lugar, es en el Parlamento andaluz donde primero obtuvo representación y ha negociado ya con papeles firmados una investidura y dos presupuestos. Sus empeños ideológicos han dado ya el salto el papel oficial. A esto se suma que Andalucía suele ser el lugar de puesta en escena de los discursos contra las "paguitas". El presidente del grupo de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha abanderado la causa desde los inicios de su carrera. "Ayudas para el que no tiene recursos y se esfuerza", prometía ya en 2015. Otro de sus mensajes: "En la Andalucía de las paguitas, del fraude de subvenciones y prebendas, ¿quién estará dispuesto a romper tan mafiosa práctica?". Y más: "La Andalucía de las subvenciones y las paguitas ha de desaparecer".

¿En qué se han traducido estos propósitos una vez que Vox es decisivo en Andalucía? El acuerdo de investidura entre el PP y Vox, que sirvió para hacer presidente a Juanma Moreno, recoge en su punto número 9: "Eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social". Otra vez la generalidad suena bien. Pero la concreción ha tenido un doble sesgo: de orientación ideológica y social.

Vox ha puesto en el punto de mira una serie de ayudas. En su acuerdo presupuestario con PP y Cs, arrancó una medida contra las asociaciones de memoria. El Gobierno de Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) se comprometió a que la orden de subvenciones a estas asociaciones establecerá que nunca más de un 20% del total "venga a financiar gastos estructurales de la asociación". Se trata de una medida que parte de la presunción de Vox de que las asociaciones memorialistas son "chiringuitos cazasubvenciones". La Junta no ha detallado ni un caso de irregularidades de estas asociaciones que justifique el cambio.

Otra causa de Serrano ha sido la denuncia de los "chiringuitos" feministas. En palabras del juez en excedencia: "Lo que pedimos es que [...] se acaben las subvenciones millonarias a asociaciones que fomentan el feminismo supremacista y las imposiciones ideológicas de la izquierda". A El Mundo declaró: "No se pueden destinar ayudas a cien maltratadas, cuando sólo tres son reales". La presión de Vox para suprimir ayudas a asociaciones feministas es incesante. Por eso causó gran revuelo que la Consejería de Igualdad (Cs) dejara sin financiación 241 proyectos, como desveló Público en enero. La Junta lo achacó a un problema técnico y no a una voluntad política. Lo cierto es que Vox ha conseguido poner bajo sospecha toda la política de igualdad del Gobierno andaluz. La obsesión contras las ayudas al feminismo está en tuétano de Vox. Llega al programa básico del partido: "Supresión de organismos feministas radicales subvencionados".

Antiguo PER

Con menos énfasis público, pero llevándolo al papel de sus acuerdos con PP y Cs, el partido de Abascal ha logrado poner también bajo sospecha el antiguo Plan de Empleo Rural (PER), actualmente el subsidio agrario, una ayuda de 400 euros un máximo de seis meses que cobran los trabajadores agrarios que hacen al año un mínimo de peonadas, que suelen ser 35 aunque bajan a 20 en los años de poca faena. Fue una ayuda implantada en 1984 como paliativo de la miseria del campo meridional ante la siempre pospuesta reforma agraria. Sus defensores arguyen que ha logrado retener población en el entorno rural y ofrecido un alivio a los jornaleros sin tierra. Desde la izquierda, esta ayuda ha recibido críticas por mantener a los trabajadores en el límite de la subsistencia, a merced de abusos y presos de la dependencia. Desde la derecha, lo ha sido por dejar margen para el fraude con la compatibilidad de chapuzas en B o manipulación de las cartillas de peonadas.

Hacia esta ayuda ha dirigido Vox su dedo acusador. Lo ha hecho con el mismo método que con las ayudas a las asociaciones memorialistas. Obligando a PP y Cs a firmar un pacto que implícitamente supone aceptar que hay malas prácticas. El acuerdo de presupuestos andaluces de 2019 entre PP, Cs y Vox recoge la "reformulación del programa" para "mejorar el control de los fondos". Esto responde a una preocupación constante de Vox: el supuesto descontrol de las ayudas del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), el antiguo PER. Es una preocupación acentuada en Serrano, que ha puesto por escrito su visión del asunto: "Ayudas para el que no tiene recursos y se esfuerza, claro que sí. Pero café para todos, con independencia de esos dos requisitos no. Sería injusto, perjudicaría al que lo necesita y sería contrario a una igualdad equitativa y solidaria". Vox no se opone formalmente al PFEA, pero sí insiste en que es necesario "mayor control". Genéricamente ha hecho referencia a ayudas para "trabajadores", junto a "autónomos y pymes", pero no les ha dado concreción. 

Diferencias según origen y cotización

Serrano ya no es tan locuaz como antes, sobre todo a raíz de que la Fiscalía le abriera una investigación por supuesto fraude de subvenciones por unas revelaciones de infoLibre [ver aquí el dosier del caso]. Pero su partido no ha abandonado el empeño de poner la lupa de la fiscalización a las ayudas... que no les gustan. Y lo hacen con un discurso incriminatorio, que se ha agudizado con el IMV.

Andalucía es una región de la que previsiblemente saldrán numerosas solicitudes y beneficiarios del IMV. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha cifrado en más de 200.000 las familias andaluzas potencialmente beneficiarias, superando el 25% del total. La comunidad destaca en los listados de pobreza y paro, como ha puesto de relieve el reciente informe Urban Audit. Es un tema candente en la comunidad del sur.

Vox ya ha movido ficha tras la aprobación del ingreso. Mientras a nivel estatal señala que "cronifica la pobreza" y provoca "efecto llamada de inmigrantes", en Andalucía ha puesto sobre la mesa una propuesta, a través de la parlamentaria Ángela Mulas. Se trata de que "ser español no puntúe menos que ser extranjero" y de que, ya dentro de los españoles, "gente que no ha aportado ni ha cotizado" no "quede por delante de gente que ha trabajado". El doble rasero sobre la confianza depositada por Vox en las ayudas se hace evidente cuando también esta misma semana la parlamentaria Mulas ha exigido a la Consejería de Empleo "estímulos directos y reales para el sector productivo", con "fondos no reembolsables para autónomos y pymes". En este caso, ni una palabra sobre requisitos ni fiscalización.

"Tarjetas monedero"

También esta semana, Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento, ha puesto bajo el foco una línea de ayudas de la Junta. “Deben llegar a quien realmente lo necesita”, señala Hernández. Por supuesto, se trata de una ayuda para familias más vulnerables, las conocidas como "tarjetas monedero" del "programa de garantía alimentaria". Su cuantía es de 150 euros en el caso de una persona solicitante; 200 para familias de dos y tres miembros; y 250 en el caso de cuatro o más.

A Hernández le preocupa su puesta en marcha. "Corre el peligro de convertirse en una medida ineficaz. Se habla nada más y nada menos de 17 millones de euros, que en esta crisis no es una cantidad baladí". El portavoz pide "fiscalización" para "evitar el fraude" o que "haya personas que se queden sin atender".

La "utilidad pública" según Vox

Está bien claro para Vox qué ayudas hay que fiscalizar, reformular, vigilar: rentas mínimas, subsidio agrario, tarjeta monedero. Vox pone el énfasis en el riesgo de fraude y cronificación de la pobreza. También es obvio qué subvenciones deben desaparecer: las dedicadas a asociaciones memorialistas y feministas. Se trata de "chiringuitos" sin "utilidad pública". El partido de Abascal tiene su propia noción de "utilidad pública". Un repaso. Vox ha apoyado ayudas para la Feria de Abril en Sevilla, las hermandades y cofradías –que cuentan gracias al Gobierno de PP y Cs apoyado por Vox en Andalucía con una nueva línea de subvenciones–, las asociaciones de andaluces en el exterior para paliar los efectos de la inmersión lingüística... Esta última línea de ayudas, que incluye la subvención de "juegos tradicionales andaluces" y es una exigencia de Vox para apoyar los presupuestos, especifica: "No se exige que, junto a la solicitud de la subvención, las entidades interesadas aporten ningún otro documento, sin perjuicio de su presentación posterior". Hay un contraste con lo acordado por PP, Cs y Vox para las organizaciones memorialistas, que especifica que sólo recibirán ayudas "para realizar actuaciones de recuperación en fosas, investigación y localización de fosas, y banco de ADN, sin que "más del 20% del total de la subvención venga a financiar gastos estructurales de la asociación". La Junta no ha sido capaz de detallar ningún caso en que eso hubiera ocurrido. El Gobierno andaluz ha negado que exista una discriminación en el trato a las asociaciones memorialistas.

También lleva la impronta de Vox una línea de subvenciones, todavía en preparación, para "entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de apoyo y atención social a la mujer gestante en situación de vulnerabilidad". Es de suponer que dichas entidades privadas, obviamente, no serán en ningún caso a juicio de Vox "chiringuitos cazasubvenciones". El partido ultraderechista denuncia que es la izquierda la que da subvenciones con criterio ideológico.

Ayudas sectoriales

Además de mayor cantidad de dinero público para la escuela privada y la medicina privada, y de mayores recursos públicos para colectivos que Vox considera de "utilidad pública", la tercera fuerza política en el Congreso es una insistente defensora de ayudas para distintos sectores privados. Hay múltiples ejemplos: sector pesquero, agrícola, ganadero, comercial... Con motivo del estado de alarma, Vox ha pedido ayudas públicas para los sectores del toro y del vino a nivel estatal.

Las posiciones ideológicas de Vox se observan también en materia fiscal. Vox fue clave para aprobar en Andalucía la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que beneficia a los que hereden más de 1 millón. También apoyó la rebaja del IRPF, en la que los más beneficiados, con 3 puntos de rebaja, son los que ganan más de 120.000 euros al año. Vox se opuso en cambio a una proposición no de ley (PNL) de Adelante Andalucía para imponer un impuesto a la banca. En el curso del debate, el parlamentario Rodrigo Alonso decía así: "Olvídense de los ricos, los ricos son ricos por naturaleza. Y contra los ricos no podemos hacer nada [...]".

Este periódico ha preguntado a Vox por los argumentos para defender su posición sobre ayudas públicas según el destinatario, sin respuesta.