La población migrante juega un papel fundamental el mercado laboral. Hasta junio ya son tres millones de cotizantes a la Seguridad Social, un hito que se traduce en que uno de cada siete afiliados es de origen extranjero. Esto, puntualizó este lunes la ministra Elma Sainz, “nos dice que el crecimiento de nuestro país se construye con la contribución y el esfuerzo del conjunto de los trabajadores, sin distinción de la nacionalidad”.

En el mes de julio, cuando el empleo suele despegar de la mano de la hostelería y con el tirón del turismo, un tercio del empleo creado (25.184 personas) se ha cubierto con trabajadores procedentes de otros países. Los datos chocan con los discursos de odio y desmontan el relato interesado que partidos ultras como Vox lanzan para justificar sus propuestas de deportaciones masivas. 

El presidente de Vox en la Región de Murcia decía el 12 de julio en Torre Pacheco (Murcia): "Les vamos a deportar a todos: no va a quedar ni uno. En España se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror". Las últimas cifras parecen dejar claro que, efectivamente, los ciudadanos de otros países que pueden desarrollarse profesionalmente en España, lo hacen. Y que ese es el objetivo de la inmensa mayoría de ellos, aunque el grueso acabe desempeñando trabajos precarios.

Así lo apunta apunta Sofía Castrillo, secretaria de Migraciones de Comisiones Obreras: “No hay que olvidar que estas personas en su mayoría cubren espacios de trabajo donde hay déficit de mano de obra nacional como son cuidadoras, agricultura, hostelería… donde casualmente las condiciones de trabajo suelen ser bastante más precarias que otros sectores donde se cubre con personal nacional”.

“La propuesta es delirante —y Vox lo sabe— porque es ilegal, toda vez que propone quebrar el marco jurídico vigente tanto en España como en el ámbito internacional, y además es inviable desde un punto de vista funcional”, señalan desde Comisiones Obreras. Y es que más allá de los delitos de odio que estos discursos suscitan y del daño para la convivencia de muchas personas, la importancia de quienes vienen a trabajar a España en el buen comportamiento del mercado laboral es evidente. “Dado el envejecimiento de la población en nuestro país, las personas migrantes son una pieza fundamental de nuestra sociedad y para la economía”, insiste la responsable sindical.

En los últimos datos publicados por el ministerio, los extranjeros suponen el 41,8% de la fuerza laboral en el sector del hogar, son el 38,6% de todos los empleados del sector agrario, el 29,3% en hostelería o el 22,2% en la construcción. Por otro lado —y rompiendo con otro estereotipo clásico—, aumenta su presencia en actividades de alto valor añadido, como las financieras y la de los seguros (crece su presencia un 8,3% en un año) o en actividades científicas y técnicas, con un aumento de más de seis puntos porcentuales en un año. Así, en total los migrantes ocupan un 12% de los puestos en comunicaciones, un 10% en ciencia, un 17% en actividades administrativas o un 14% en el sector inmobiliario. Sin embargo, para Castrillo aún hay factores como la difícil convalidación de los estudios o las dificultades para acceder a formación, que exponen más a quienes llegan a la precariedad.

Si bien sobre el total de trabajadores españoles (21,7 millones) la población migrante alcanza el 14,2% de los cotizantes, hay comunidades en las se hacen casi imprescindibles. En Baleares el porcentaje de extranjeros sobre el total de afiliados es del 24,4%, en Aragón del 18,5%, en Cataluña del 18,3% y en Murcia del 16,5%. En esta última comunidad es precisamente donde se encadena la tercera noche de disturbios tras el llamamiento de grupos ultra a realizar una “cacería” contra vecinos de origen magrebí. Esto se produjo después de que la semana pasada se convocara una manifestación pacífica para condenar una agresión (aún sin esclarecer) contra un anciano.

En las comunidades con menor proporción están Extremadura (4,7%), Galicia y Asturias (en torno a un 7%), y Cantabria, País Vasco y Castilla y León, que se sitúan en un rango entre el 8% y el 10%. En estas cifras no están quienes trabajan sin contrato, que engrosarían los datos aún más. “Dependiendo de su situación administrativa y de su país de origen, hay regularizaciones que tardan hasta tres años y las personas que se encuentran en esa circunstancia no tienen más remedio que trabajar sin contrato”, explica Sofía Castrillo.

Hasta marzo, cuando el ministerio publicó la evaluación del empleo en el primer trimestre de 2025, Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia y Venezuela fueron, por ese orden, los principales países de origen de las personas que llegaban a España buscando un empleo. Si se toma el desglose de las cifras por género, ellas siguen siendo minoría, ya que representan el 43,3% del total (1,3 millones), pero su presencia ha ido aumentando ligeramente desde el 40% que suponían en 2008. La nota negativa es que las trabajadoras extranjeras lo tienen más difícil para romper los roles de género. Se siguen empleando mayoritariamente en el régimen especial de trabajadoras de hogar y en el cuidado.

Sobre los discursos de odio y los intentos de los grupos ultra para generar rechazo hacia los extranjeros, prevalece el hecho de que España vive un momento de transformación demográfica. La llegada a la jubilación de la numerosa generación del baby boom, la baja natalidad y el tirón de un mercado laboral que reclama trabajadores se ven aliviados por los flujos migratorios. Algo que ha respaldado el propio Banco de España, cuando hace un año señaló que, para mantener una proporción adecuada entre jubilados y trabajadores activos, España necesitaría 24 millones de inmigrantes en las próximas tres décadas. “Diversos estudios demuestran que la inmigración genera más ingresos al Estado que gastos”, concluye la responsable de Comisiones, que insiste en que los discursos de odio señalan a personas que “hoy por hoy, son imprescindibles en nuestra sociedad”.

El presidente del Consell de la Información de Catalunya (CIC), Josep Carles Rius (Valls, Tarragona, 1956), acumula años de experiencia y de debates sobre la salud de periodismo y la necesidad de regular una profesión en horas bajas. También en la universidad y en el Col.legi de Periodistas de Catalunya, el más antiguo de España y la principal referencia para los que han venido después.

Rius, que acaba de publicar Periodismo y democracia en la era de las emociones (Universitat de Barcelona, 2024) un ensayo en el que reivindica un periodismo responsable, honesto y comprometido, porque la información veraz e imparcial es la mejor salvaguarda de la libertad y la justicia y sin él la democracia no es viable, conversa con infoLibre acerca del periodismo en España y los pseudomedios, así como sobre las herramientas capaces de dibujar una frontera nítida entre ambos.

¿Cuál es la experiencia del Consell de la Información de Catalunya?

Nació muy influenciado por la generación de periodistas que vivió y ejerció la profesión durante la época de Franco. Habían vivido el franquismo y insistían mucho en la autorregulación porque cualquier regulación que viniese por parte del Estado la veían con preocupación. De ahí que tanto el Col.legi de Periodistas de Catalunya como el CIC tengan en su ADN una autorregulación que no deja la decisiones sólo en manos de los periodista, sino que incorpora a la sociedad civil para evitar que sea una organización gremial. Es una entidad creada para defender a la sociedad de las malas prácticas del periodismo. 

¿Qué ha pasado desde entonces?

Ha habido cambios muy importantes. Sobre todo en la última época, con todo el nuevo ecosistema digital y una cierta degradación política y mediática. Y eso hace que tengamos que volver a repensar si con la autorregulación es suficiente. 

Si lo que dijo el presidente del Gobierno de la necesidad de regeneración democrática va en serio, hay que ponerse las pilas. El Parlamento Europeo ha aprobado una ley, la Ley de Libertad de Medios, que es muy interesante. Pues vamos a aplicarla aquí. ¿Por qué no legislamos para desarrollar en España la Ley de Libertad de Medios que tenemos en el marco europeo? 

Lo que no puede ser es que nadie sepa ni cómo se financian ni quién está detrás de todos estos medios. Una ley de transparencia muy rigurosa sería importante. Y esa otra ley que se quedó en el tintero en la anterior legislatura, que era la que desarrollaba la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Esa ley decía que “se entiende por medio de comunicación todos aquellos canales que difundan información veraz y que estén sustentados en una sociedad editora o persona física propietaria comprometida con las buenas prácticas y códigos deontológicos que rigen el periodismo”. Y esto es poner en el centro de la labor de un medio de comunicación el cumplimiento de la ética. Yo creo que esto es básico: si queremos regeneración democrática, lo que hay que hacer es sacar esta ley del armario y aprobarla. Porque, al final, lo que define a un medio de comunicación es que esté comprometido con la veracidad y con la deontología. Eso es lo principal. 

¿Qué otras medidas se pueden impulsar?

En Cataluña, durante los gobiernos de Maragall y de Montilla, cuando yo era decano del Col.legi de Periodistes, conseguimos que para dar subvenciones públicas fuese un requisito tener el aval del Consell de la Informació de Cataluña. Esto yo creo que es súper importante. Es regular las ayudas, el dinero público que va a los medios. Conseguimos que fuesen transparentes y que no se recibiera dinero público si no se cumple el código deontológico. 

Pero no duró. A los medios les sentó fatal. Hicieron lobby, hicieron presión y cuando llegó el Gobierno de Artur Mas se cargaron la normativa. Dejó de ser un requisito imprescindible contar con el sello del CIC para conseguir subvenciones. Con la transparencia de los medios y con la transparencia y control del dinero público que va a los medios ya tendríamos un gran avance. 

En España ni siquiera existe un Consejo Audiovisual, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

En Cataluña lo tenemos y funciona con muchos problemas. Está muy politizado. Pero, ¿por qué no hay un Consejo de Audiovisual en España? ¿Por qué Telecinco y Antena 3 pueden hacer lo que les dé la gana mientras ocupan un espacio radioeléctrico que es de todos?

Se supone que la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) hace esa labor de supervisión.

En la práctica no lo hace. Porque no entra en valorar el factor del servicio público. Si tienes una televisión, ocupas un espacio que es de todos y tienes que tener una serie de requisitos de servicio público. No puede ser lo de llenar horas y horas de televisión basura o tertulias con discurso de odio. 

Otra cosa es el problema de la supervisión de los medios escritos.

Existe el Consell de la Informació de Cataluña, también en Andalucía, y está la Comisión de Quejas de la FAPE, que no equivale a un Press Council como los que hay en Europa. En España no hay un Press Council con atribuciones.

Y luego tenemos el problema de los medios públicos.

Esa es la tercera cuestión. Al final, la mejor forma de luchar por que se dignifique la televisión en España es tener unos medios públicos potentes y sobre todo creíbles y gestionados desde un punto de vista ético. Que saquen los colores al resto de medios audiovisuales haciendo un trabajo mucho más responsable. Hace falta blindar la televisión pública y que, sobre todo, esté en manos de profesionales responsables y que hayan demostrado que están comprometidos con el servicio público a lo largo de su trayectoria profesional. Es decir, que yo creo que, sin entrar en una regulación estricta por parte de las administraciones, tenemos un gran campo para trabajar.

¿Hay que regular a las plataformas digitales? 

Todo este periodismo basura se canaliza a través de las plataformas, a las que hay que pedirles responsabilidad. Porque si una plataforma multiplica un bulo, se tiene que hacer responsable de ese bulo. Con esto en Europa se ha puesto las pilas y yo creo que están haciendo avances.

Hay muchos campos sobre los que actuar.

Es un problema tan transversal, tan diverso, tan complejo, que hay que pensar un conjunto de medidas preservando, evidentemente, la libertad de información. Y la libre concurrencia, porque estos medios hipersubvencionados con intereses inconfesables, están compitiendo con medios que sí que hacen su trabajo. Es una competencia desleal. 

Nosotros hemos hecho en Cataluña varios comunicados conjuntos con las once universidades que tienen algún tipo de estudios de periodismo en Cataluña diciendo que se está pagando con dinero público el periodismo basura. La audiencia no es un criterio objetivo, porque si tú incumples el código deontológico y haces un clickbait bestial, engañas y potencias el discurso de odio que tienen mucha difusión en la red, puedes conseguir audiencias muy altas. Y encima, estas audiencias te las financian con dinero público. Es un círculo vicioso absolutamente perverso. Nos ha pasado en Cataluña, está pasando en la Comunidad de Madrid y está pasando en muchas comunidades. Esto hay que denunciarlo.

¿Ayudará la Ley Europea de Libertad de Medios?

Yo creo que sí. Porque se han creado monstruos con este sistema que hace que una comunidad autónoma genere a base de dinero público un ecosistema mediático absolutamente artificial que compite de manera desleal con los medios que cumplen los criterios éticos y que nunca harán estas prácticas. Un ecosistema que contamina absolutamente la opinión pública, porque está introduciendo mensajes vinculados al odio absolutamente antidemocráticos. 

Si no es la audiencia, ¿qué criterio debería regir el reparto de publicidad o de dinero público?

Aquí es donde tendría que intervenir el Press Council, este sello que nosotros tuvimos aquí en Cataluña durante el tripartito: que la administración tenga un dictamen acerca del servicio público que hace cada medio. Tiene que haber criterios cualitativos, porque puede haber medios pequeños con audiencias modestas, pero que son muy importantes socialmente. La prensa local, un medio de una comarca, por ejemplo, es importantísimo porque cohesiona una comunidad que está despoblándose. No va a tener las audiencias de Foro Coches, pero en cambio es importantísimo allí. Tiene que haber criterios cualitativos, no cuantitativos, porque si no lo que haces es fomentar el periodismo basura. 

¿Y quién vigila? ¿Debe haber capacidad para sancionar?

Yo en lo que creo es en la autoridad moral, porque no tenemos otra. En el CIC no ponemos sanciones, hacemos dictámenes que sacan los colores a los periodistas y a los medios. La autoridad moral nos la hemos ganado en 30 años de historia. Yo defiendo un Press Council de ámbito español que sea confederal, que esté formado por los Press Councils de las diferentes comunidades, porque cada comunidad tiene su propio ecosistema mediático.

No parece fácil.

Tal como está la profesión en España, es difícil tener un Press Council de consenso. Pero hay que intentarlo. Y que, sobre todo, sea percibido por la sociedad no como un organismo gremial de los periodistas, sino como una entidad que vela por la calidad democrática y en favor de la sociedad. La profesión tiene suficientes periodistas serios, con grandes trayectorias, como para poder formar un Press Council a escala española que pueda hacer esta función. 

Defiendes la definición legal de un medio como aquel que se compromete a cumplir el código deontológico. Pero los pseudomedios dicen que lo cumplen, así que el problema es quién supervisa.

Cumplir el código debe ser un criterio, por ejemplo, para decidir quién puede optar a publicidad institucional. Ellos pueden decir: “Cumplo el código deontológico”, pero un Press Council, con autoridad moral, puede decir: “Pues no”. A través de las quejas que recibimos de la gente, nosotros hacemos dictámenes y detectamos que existen medios en los que la práctica habitual es el incumplimiento del código. Con clickbaits brutales, con noticias no confirmadas. Estos medios, que ya los tenemos localizados en nuestro ámbito, que reciben quejas de los ciudadanos, a los que nosotros hacemos dictámenes en contra y no cumplen el código, la Generalitat debería preguntarnos antes de de conceder las ayudas para poder decirle que quien incumple sistemáticamente el código no tiene derecho a ayudas públicas. Y creo también en un Press Council que pueda decir qué empresas del IBEX, por ejemplo, están financiando medios que deterioran la convivencia.

¿Qué opinas sobre la discusión, que siempre vuelve, en torno a quién puede ejercer el periodismo?

Es un debate eterno. Tenemos ejemplos de gente que ha ejercido el periodismo de forma excelente y que no tenían el título. Y gente que tiene el título y hace barbaridades. Yo con esto creo que hay que tener una mirada amplia. A mí no me preocupa si una persona ejerce el periodismo de forma honesta y no tiene título. 

Cuando Alberto Núñez Feijóo confeccionó las candidaturas del Partido Popular para las elecciones generales, situó en puestos de salida a su núcleo duro de confianza. Un grupo de políticos de absoluta confianza con los que llevaba años trabajando en Galicia. Entre ellos estaba Pedro Puy, el que hasta ese momento había sido el portavoz de su grupo en el Parlamento de Galicia. Un hombre apreciado en su partido y fuera de él, en las formaciones de la oposición, al que supuestamente Feijóo planeaba situar al mando del PP en el Congreso para el caso de llegar a la Moncloa. Él era la cara amable.

No se estrenó. El líder conservador se quedó corto en las urnas y vio cómo Pedro Sánchez reunía una nueva mayoría para ser investido presidente. Así que hubo cambio de planes: adiós al tono conciliador; bienvenida la crispación. La nueva estrategia requería un especialista en la bronca permanente, y ahí Miguel Tellado tiene pocos rivales.

El portavoz del PP en el Congreso ha demostrado desde entonces sus cualidades. Es uno de los más duros en la sesión de control de los miércoles. Se extiende en descalificaciones en las ruedas de prensa que convoca los martes. Somete a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a un cuestionamiento permanente en todas las sesiones a puerta cerrada que celebran semanalmente la mesa y la junta de portavoces. Y exprime sin pudor su fundamentalismo ideológico a través de redes sociales, sobre todo en X en la que hace gala de su preferencia por los medios de la extrema derecha.

Un vistazo a su historial confirma su debilidad por El Debate, el periódico digital que dirige Bieito Rubido, exdirector de Abc y de La Voz de Galicia, históricamente dos grandes aliados mediáticos del PP. El Debate, financiado por la conservadora y religiosa Asociación Católica de Propagandistas, recuperó esta cabecera en octubre de 2021.

Este mismo jueves, tuiteaba una pieza de este periódico como fuente de autoridad para relacionar, sin ninguna prueba, el incidente de la vicepresidenta venezolana en Barajas, que la justicia española ya investigó y archivó después de constatar que no conllevó delito ni irregularidad alguna, con un hermano del presidente Pedro Sánchez. 

La estructura del tuit es muy ilustrativa porque sigue la pauta que el PP utiliza cada vez que trata de implicar al PSOE y al Gobierno con casos de corrupción: sacar conclusiones a partir de las insinuaciones de determinados medios y plantear preguntas que en sí mismas constituyen una acusación para la que la única prueba que tienen, dicen cuando se les pregunta, es que los han publicado los medios.

El Debate es, con diferencia, la cabecera preferida de Tellado. En las últimas semanas, ha recurrido a sus publicaciones para denunciar el supuesto acoso del presidente del gobierno a la prensa libre y un presunto bloqueo de la tramitación de ley en el Congreso. 

También para afirmar, de nuevo sin ninguna prueba, con el único soporte de una captura de El Debate y otra del diario Vozpópuli, que “Sánchez adjudicó dinero público para ‘los proyectos’ de su mujer” y que el hermano del presidente “tiene un inexplicable patrimonio de más de 2 millones de euros”.

El Debate es el favorito, pero no es el único. El segundo medio del que más echa mano el portavoz del PP para agitar a sus seguidores en redes sociales es The Objective, uno de los digitales preferidos por la extrema derecha. En los últimos meses, lo ha citado varias veces. Para arremeter contra Armengol, que ni siquiera está citada a declarar, y mucho menos imputada, en ningún procedimiento, diciendo que “adquirió material innecesario y pagó de más por transportarlo”.

No faltan tampoco las citas a OkDiario, el medio que dirige Eduardo Inda, al que citó para pedir la dimisión de Armengol basándose en una publicación en torno a la imputación de un ex alto cargo de Puertos de Balears por un caso que, en realidad, estalló hace cuatro años.

En sus redes sociales, Tellado da muestras de su talante conciliador. Apoyándose en otro titular, esta vez del diario El Mundo, llamó “plañideras” a los manifestantes a favor de Sánchez frente a la sede de Ferraz, se refirió al presidente como “ ll Divo” y calificó al ministro de Transportes, Óscar Puente, de “hooligan número uno del Gobierno, pandillero, macarra y pelota”.

El portavoz del PP habla también de “repugnancia” y de “náuseas” cuando se refiere al Gobierno. Llama a Sánchez “bolivariano” y tacha a Armengol de “cínica” y “victimista”. Hace pocos días, en un acto público, se refirió al presidente y a su mujer como “los Kirchner de España”. Habló de un “Gobierno salvaje” y “sectario” en cuyos planes, sugirió en otro tuit, está “liberar a los presos de ETA”. 

El post en el que acusó solemnemente al Gobierno de adjudicar dinero a una empresa de la que supuestamente era accionista la esposa del presidente (el medio que lo publicó confundió la identidad de Begoña Gómez con otra persona que se llamaba igual) sigue formando parte de su historial en X:

Los ejemplos se suceden en sus publicaciones de redes sociales a partir de noticias difundidas también por medios como Abc, la cadena COPE, propiedad de los obispos católicos españoles, o El Español, que dirige Pedro J. Ramírez. Y todo esto en apenas dos meses de anotaciones.

La habilitación para el ejercicio del periodismo en Europa está lejos de ser homogénea. Los modelos de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal siguen filosofías contrapuestas en términos de regulación y de sanción de las conductas contrarias a la deontología periodística.

Los más parecidos a la situación en España —acceso libre a la profesión sin restricciones y ausencia total de sanciones por incumplimiento de las normas de conducta profesional, más allá de la posibilidad una reprobación sin consecuencias por parte de una comisión dependiente de la FAPE— son Alemania, Francia y Reino Unido. Y los más distantes, Italia y Portugal. 

El periodismo alemán, sin apenas regulación, ocupa el puesto décimo en la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). El portugués, uno de los más supervisados, está en el séptimo lugar.

infoLibre repasa a continuación, uno a uno, los sistemas que rigen en estos cinco países.

La situación del periodismo alemán es muy parecida a la que rige en España. Cualquiera puede autoproclamarse periodista y trabajar como tal. No hay restricciones.

Desde 2018 existe un un carné de prensa, para acreditarse en eventos o identificarse ante la policía en manifestaciones o escenas de accidentes que es emitido por las cuatro principales asociaciones de editores y sindicatos de periodistas y que lleva la firma del primer ministro del respectivo estado federal. 

“Es una tarjeta que solo se otorga a periodistas que pueden demostrar que obtienen sus ingresos a través del periodismo como trabajo a tiempo completo”, puntualiza a infoLIbre Sonja Volkmann-Schluck, Asesora de Relaciones Públicas del Deutcher Presserat (Consejo Alemán de Prensa), creado en 1956 y formado por las principales asociaciones alemanas de editores y periodistas. 

El Deutcher Presserat (DP) se ocupa sólo de la prensa tradicional y de las publicaciones online. Para la radiodifusión hay otras autoridades responsables (Landesmedienanstalten para la privada; Rundfunkrat para la pública). 

“Alrededor del 95% de los grandes editores son miembros de las dos organizaciones de editores BDZV y MVFP” y “reconocen nuestra autoridad comprometiéndose con el código de prensa”, explica Volkmann-Schluck. Desde 2020, los medios nativos digitales están regulados por los Landesmedienanstalten si no están regulados por el DP.

 El Consejo Alemán de Prensa se ocupa, entre otras cosas, de examinar las quejas de lectores y usuarios, pero la sanción más dura es la amonestación pública. Eso sí, con obligación de imprimirse en el medio afectado, lo que ya marca una diferencia con el sistema español.

Entre las sanciones publicadas en lo que va de año por el Deutcher Presserat hay reproches a la mezcla de contenidos comercial en un editorial, a llamar “asesino” a una persona todavía no condenada o a la presentación de meras acusaciones como hechos comprobados.

Para ejercer el periodismo en Italia solo hay que estar en plena posesión de los derechos políticos y civiles, tener un diploma de secundaria —hay una propuesta de reforma para exigir, al menos, una licenciatura universitaria— y elegir una de las dos vías para la inscripción al Ordine dei Giornalisti (Colegio Nacional de Periodistas). 

La primera vía es para ejercer como periodista profesional. La segunda, da derecho a a ejercer de forma ocasional y no exclusiva (da cobertura a los colaboradores que no tienen el periodismo como ocupación principal, pero también a los fotógrafos).

Los dos caminos conllevan la inscripción en un registro (el de periodistas profesionales y el de colaboradores) que “es obligatoria para ejercer la profesión”, explica la periodista italiana Paola del Vecchio, presidenta del Círculo de Corresponsales Extranjeros en España.

Para conseguir la inscripción como periodista profesional es necesario acreditar una práctica de al menos 18 meses como periodista en una redacción y cursos de formación profesional organizados por el Ordine dei Giornalisti, después de lo cual hay que superar superar un examen final de idoneidad profesional. O, en su caso, completar dos años de estudios en alguna de las 11 escuelas de periodismo reconocidas por el colegio nacional de periodistas en todo el país.

El examen comienza con una prueba escrita con preguntas sobre el papel y la función del periodista, la deontología y la ética profesional y cultura general, así como técnicas y prácticas de los distintos medios e historia del periodismo.

Una vez superada la prueba escrita, se accede a la oral delante de una comisión nacional de siete miembros, presidida por un magistrado de Corte de Apelación de Tribunal, otro magistrado y cinco periodistas profesionales con al menos 10 anos de experiencia. 

Los colaboradores se pueden inscribir como tales si acreditan haber desarrollado actividad periodística retribuida y continuada durante por los menos dos anos. No tienen que hacer el examen final ni la práctica de 18 meses, pero queda a criterio del Ordine dei Gornalisti aceptar la solicitud o rechazarla. 

El periodismo italiano no sólo tiene regulado el acceso a la profesión sino las sanciones que conlleva incumplir el Código Deontológico. Una norma aprobada en 1963 establece incluso la posibilidad de perder la inscripción en el registro y con ella el derecho a ejercer el periodismo. 

El periodista italiano Mauro Aurelio Bafile cita dos ejemplos en conversación con infoLibre. El de Sergio Versicchio, expulsado por repetidos insultos sexistas contra una árbitra durante una crónica radiofónica., y el del subdirector de Libero expulsado por haber colaborado con los Servicios Secretos italiano y por haber publicado noticias a cambio de dinero.

En Francia no existe “absolutamente ningún requisito” para ejercer como periodista, confirma Yann Philippin, miembros de la redacción de Mediapart, socio editorial de infoLibre. “No necesitas un diploma específico”. Lo que hace a alguien periodista “es la publicación en un medio”. 

El Código del Trabajo francés define al periodista profesional como “cualquier persona que tenga como actividad principal, regular y remunerada, el ejercicio de su profesión en una o más empresas de prensa, publicaciones diarias y periódicas o agencias de noticias y que obtenga de ellas lo más importante de sus recursos”. 

De esa norma, del año 1935, se deriva la existencia de una tarjeta de prensa, que se obtiene acreditando que más de la mitad de los ingresos tienen origen en medios de comunicación y en ningún caso del sector de las relaciones públicas, pero no es necesario tenerla para ser considerado periodista. La otorga la Commision de la Carta d’Identité des Journalistes Professionels (CCIJP)

Como resultado, tampoco existen sanciones. Desde el año 2019 existe un organismo, el Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation (CDJM), del que forman parte organizaciones de periodistas, medios y representantes de otras entidades, al que es posible presentar quejas. 

El CDJM instruye el caso y determina si el artículo respetó o no la ética periodística, pero sus resoluciones no son vinculantes. Cuando se considera que una información ha cometido una infracción ética, no hay obligación de corregirlo ni de retirarlo. Ni siquiera es obligatorio como sucede en Alemania, publicar la resolución.

Un ejemplo de un caso que cualquiera puede reconocer en España: en octubre pasado, el CDJM consideró fundada una queja contra Le Journal du Dimanche por atribuir sin ninguna base “apoyo a Hamás” a una diputada de Francia Insumisa. El periódico hizo caso omiso, como se puede comprobar aquí.

Para ejercer el periodismo en Portugal hace falta tener el carné de prensa que emite la Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ). “Sin él no puedes ejercer”, explica a infoLibre la periodista Joana Rei. 

LA CCPJ considera periodista a “aquel que ejerce, como ocupación principal, permanente y remunerada, con capacidad editorial, funciones de investigación, recopilación, selección y tratamiento de hechos, noticias o opiniones, a través de texto, imagen o sonido, destinados a la divulgación, con fines informativos, a través de la prensa, agencias de noticias, radio, televisión o por cualquier otro medio electrónico de difusión”. La profesión de periodista comienza con una pasantía obligatoria con una duración de 12 meses, en caso de licenciatura en el área de los medios de comunicación o de habilitación con curso equivalente, o de 18 meses en los demás casos. 

“Ninguna empresa con actividad en el ámbito de la comunicación social puede admitir o mantener en su servicio, como periodista profesional, a ningún individuo que no esté habilitado” por la CCPJ, según el Estatuto Profesional del Periodista que rige esta actividad en el país.

El incumplimiento de las normas puede ser sancionado por la CCPJ, incluso con la pérdida del carné. Es el caso, por ejemplo, de cualquier periodista que intente compatibilizar su profesión con la publicidad.

En su sus procesos disciplinarios se juzgan desde casos relacionados con la supuesta formulación de “acusaciones sin pruebas” que no respetaban la presunción de inocencia hasta “tratar discriminatoriamente a las personas por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, educación, situación económica, condición social u orientación sexual”.

En el Reino Unido tampoco está regulado el acceso a la profesión, como sucede en España. Cualquiera puede ejercerla. Y el modelo de autorregulación apenas tiene repercusión práctica a pesar de que la supuesta credibilidad del sistema británico saltó por lo aires en 2012 tras el escándalo de escuchas telefónicas ilegales llevadas a cabo por tabloide sensacionalista News of the World.

Un informe redactado por una comisión especial liderada por el juez Brian Leveson evaluó entonces la ética de los medios de comunicación británicos y concluyó la necesidad de imponer una mayor autorregulación, pero todavía hoy sigue sin existir una solución que satisfaga a todas las partes y, sobre todo, que implique a todos los medios.

Leveson descartó someter al sector al control de organismos públicos como Ofcom, la autoridad que regula las cadenas comerciales de televisión. Y certificó el fracaso de la Comisión de Quejas de la Prensa (Press Complaints Commission), el ente supervisor creado precisamente a resultas del anterior informe oficial sobre la prensa (ha habido siete en los últimos 80 años, lo que da idea de lo recurrente que es este debate en el Reino Unido).

El informe propuso una nueva entidad que debía cumplir dos funciones: “Promover altos estándares de periodismo y proteger los derechos de los individuos” para ganarse “la confianza del público”.

La mayoría de los grupos de prensa —desde los editores del Daily Mail, The Sun, Daily Telegraph y Daily Mirror a los de Hello!, Vogue y muchos más— se adhirieron a la Independent Press Standards Organisation (IPSO), heredera del PCC y creada en 2014, que sólo puede actuar sobre sus miembros y, en la práctica, tiene una fuerte dependencia de las empresas. 

Varios periódicos, incluidos el Financial Times, The Independent y The Guardian, se negaron a entrar en la IPSO y en cualquier otro órgsano regulador. Y la principal organización sindical de periodistas, la National Union of Journalists (NUJ), asegura que “la IPSO no es independiente de la industria y su código deontológico es deficiente”. 

Existe, además, otro regulador, el Independent Monitor for the Press (Impress), que sí cumple las recomendaciones del informe Leveson pero del que no forma parte ninguno de los grades medios.

El debate en torno a la autorregulación del periodismo en España empieza a toma cuerpo. Y, a medida que avanza, estimulado por la denuncia pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en contra de los pseudomedios, se reabre una discusión añeja. ¿A quién interpela la autorregulación? ¿A los medios, que son los que difunden la información? ¿A los periodistas, que son los profesionales encargados de atender el derecho a la información?

Colegios profesionales, asociaciones, sindicatos, supervisores y medios están de acuerdo a la hora de rechazar cualquier intento de control gubernamental sobre el sector. Pero hasta ahí llega el consenso.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas defiende que la autorregulación de la profesión periodística debe ser liderada por los periodistas y no por las empresas. Así lo hizo saber este miércoles a través de un comunicado firmado por nueve de ellos, los de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.

“Si bien en algunos temas profesionales y empresas comparten objetivos comunes”, admite la Red, “en el asunto clave de la autorregulación deben ser los periodistas quienes acuerden las líneas estratégicas a seguir para la defensa de la profesión”. Y para conseguirlo es “imprescindible la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas”. Una entidad que los partidos no se deciden a crear a pesar de que están obligados a ello en aplicación de la legislación básica en materia de colegios profesionales.

La aprobación en el Congreso de la ley de creación de este órgano, sostiene la Red, “facilitaría la puesta en marcha de medidas que son cruciales para el correcto desarrollo de la profesión, como el control y regulación del reparto de la publicidad institucional, con transparencia y criterios técnicos, o la puesta en marcha de un estatuto específico para la profesión periodística”. 

La regulación del sector es necesaria, destacan, pero también que esta regulación la lleve a cabo “la propia profesión a través de los colegios profesionales y del Consejo General, sus representantes oficiales”, subraya la Red. Los periodistas “tienen que ser los responsables de acordar las medidas que permitan proteger al periodismo del intrusismo y de la mala praxis” y de proteger “a la ciudadanía de los bulos y de la desinformación”.

En esa línea se sitúa también el Col.legi de Periodistas de Catalunya (CPC), el más antiguo de España, que la semana pasada recordaba que una de las conclusiones del estudio de 2023 del Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional es la necesidad de “reivindicar la figura del periodista profesional como un agente acreditado para asumir una responsabilidad de atender el deber de informar a la ciudadanía desde la ética y el compromiso con la calidad, la veracidad y la diligencia profesional: contraste de las fuentes, separación entre hechos y opiniones, objetividad/imparcialidad, etc. No es ajeno al auge de la desinformación el hecho de haberse ‘diluido’ la figura de ese mediador”.

En la misma línea, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), el único que existe en España, consideró hace pocos días que “es urgente una regulación que haga posible la distinción entre los medios que practican un periodismo honesto y veraz de quienes responden a otros propósitos”.

“Es urgente clarificar el ecosistema informativo para poder diferenciar los medios que practican un periodismo responsable de quienes responden a otros intereses, muchas veces inconfesables”, defiende el CIC. “El cumplimiento del código deontológico profesional es ahora más necesario que nunca. Y lo será también la aplicación de la ley aprobada en el Parlamento Europeo el pasado 13 de marzo que exige la transparencia sobre la propiedad, el control y la financiación de los medios”. 

Una norma que exige garantizar que “los ciudadanos tengan acceso a medios de comunicación de calidad, que hayan sido producidos por periodistas y editores de forma independiente y de acuerdo con los estándares periodísticos y que por tanto, proporcionen información fiable. Estos medios de calidad son también un antídoto contra la desinformación”.

El reto, reconoce el Consell, es “averiguar cómo convertir estos marcos legales en iniciativas que permitan a los ciudadanos identificar los medios que ofrecen un periodismo ético y de calidad, frente a los que contribuyen a la desinformación bajo la apariencia del periodismo”. 

¿Y qué dicen los dueños de las empresas informativas? La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal de los principales medios de comunicación escritos, en papel y digitales, todavía no se ha pronunciado. Esta organización no atendió las preguntas de infoLibre, pero fuentes citadas por El País después de hablar con su directora general, Irene Lanzaco, aseguran que AMI se dispone a anunciar “pronto” su propia propuesta autorregulatoria.

A la espera de conocer su contenido, nadie en el sector espera otra cosa que un modelo muy parecido a la que existe en la actualidad: una comisión de quejas, gestionada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) como ocurre en la actualidad o conjuntamente por esta organización privada y la AMI. Y sin capacidad de obligar a nadie a cumplir las normas de deontología profesional.

De hecho, FAPE no ha anunciado ninguna propuesta. En su reciente asamblea general, celebrada en Talavera de la Reina (Toledo) aprobó una declaración que, entre otras cosas, da por bueno el sistema actual (una comisión de quejas sin poder real para hacer que los medios y los periodistas cumplan el código deontológico) y considera suficiente la aplicación del Código Penal.

“Los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley”. Y “cualquier vulneración de derechos que se registre en una información o cualquier exceso realizado en aras de la libertad de expresión pueden ser llevados a los tribunales”, sostiene la FAPE. 

En este debate ha entrado también la Agrupación de Periodistas de UGT, que no sólo quiere estar presente en él, sino que ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones de profesionales del sector para sentarse “a negociar un acuerdo con el objetivo de autorregular la práctica del periodismo en nuestro país”. LA AGP-UGT se refiere a sindicatos, asociaciones de la prensa y colegios profesionales y no hace mención alguna a la patronal. 

 “Ha llegado el momento de que los periodistas asumamos nuestra responsabilidad y lideremos la autorregulación de la profesión periodística sin injerencias de ningún tipo” y sobre la base del “derecho constitucional que tienen los ciudadanos a recibir una información veraz”, sostiene el sindicato.

AGP-UGT se suma así las voces que defienden “la transparencia económica en los medios de comunicación”, desde la identidad de los accionistas de las empresas como hasta el dinero que reciben, por cualquier vía, de las Administraciones públicas. 

Pero, a partir de aquí, su propuesta se separa de las de los colegios profesionales y defiende “la creación de un organismo independiente” que “represente a toda la profesión” y que “debería estar compuesto por periodistas y profesores universitarios de reconocido prestigio elegidos por todas las organizaciones de periodistas” cuya primera misión sería redactar un código deontológico y de ética profesional común a todas ellas.

La Agrupación de Periodistas de UGT propone que ese organismo actúen como garante del código, pero actuando siempre a petición de parte y no de oficio. “Sus resoluciones no serían vinculantes, pero tendría una gran autoridad moral, pues tendría el apoyo de toda la profesión representada en las organizaciones de periodistas”, asegura este sindicato. Una idea que no encaja con la de los colegios profesionales, partidarios de que el código sea de obligado cumplimiento como sucede con los médicos o los abogados.

Entretanto, en las instituciones empiezan a materializarse las primeras iniciativas. Sumar convocó la semana pasada un debate para elaborar propuestas del que salieron, entre otras, las siguientes: constituir un Consejo Estatal de Medios, independiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV); crear en el Congreso una comisión del derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía; plantear propuestas para hacer frente a la desinformación, los bulos y las malas prácticas periodísticas y convocar un Foro Ciudadano por el Derecho a la Comunicación.

Podemos, más resolutivo, ya planteado dos iniciativas. La primera, en el ámbito de Castilla y León, para reformar de la Ley de Publicidad Institucional para incluir un nuevo apartado prohibiendo la contratación de cualquier tipo de campaña con medios que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio.

La segunda la registró esta semana en el Congreso. Una nueva ley para crear un registro público de intereses obligatorio para los titulares de licencias de televisión y radio, las sociedades que produzcan o elaboren programas para estos medios, las sociedades o personas físicas que sean titulares de al menos un 10% de la propiedad de medios de prensa escrita o digitales de información general e incluso los presentadores o conductores de programas informativos o que traten de actualidad política.

El Gobierno, por su parte, superados los cinco días de reflexión de su presidente, no parece tener prisa. Su intención es no entrar en materia hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio según fuentes de fuentes de Moncloa, aunque algunos medios afirman que ya han iniciado contactos con el sector. 

El Ejecutivo no ha concretado qué iniciativas piensa impulsar y se limita a señalar que se trata de una “gran causa nacional” que no afecta solo al Gobierno sino también a los partidos políticos, el Parlamento y los propios medios de comunicación y que, por tanto, todos deben contribuir. 

El Media Pluralism Monitor Report (MPM) de 2023 deja en mal lugar la transparencia de la propiedad de los medios en España en comparación con otros países del continente. El informe, financiado por la Unión Europea y obra del Centre for Media Pluralism and Media del Centro Robert Schuman para Estudios Avanzados, es una herramienta diseñada con el objetivo de identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros y en países candidatos a ingresar en la Unión Europea.

En el apartado sobre transparencia en la propiedad de los medios, si 0 expresa la situación ideal, la transparencia total, y 100 la opacidad máxima, el MPM sitúa España en un 79, sólo por debajo de Chipre (81) y Hungría (83), dos de los países de la UE donde más difícil es ejercer el periodismo en estos momentos. 

España se queda muy lejos de los países mejor situados en este indicador, sobre el que la Unión Europa acaba de legislar. Los mejores son Eslovaquia (8), Portugal (19), Alemania y Lituania (25), Letonia y Bulgaria (29). 

En el área de Protección Fundamental, una de las que componen el informe, España obtuvo una puntuación total del 42%, considerado Riesgo Medio, pero ligeramente superior a la última edición del MPM (40%). Pero también es, comparativamente, una cifra elevada, en comparación con otros países: dentro de la UE sólo nos superan Eslovenia (44), Bulgaria (46), Polonia (50), Grecia (52) y Hungría (54). 

Esto se debe a que la mayoría de las principales deficiencias detectadas en años anteriores continúan existiendo, sin signos claros o intención de mejora por parte de las autoridades públicas. Las restricciones al derecho a la información y a la libertad de expresión persisten a pesar de los llamamientos nacionales e internacionales para modificar el Código Penal y la Ley Mordaza.

Aunque el gobierno actual prometió actuar en este asunto, la legislación cuestionada permaneció inalterada en las fechas en las que se redactó el informe y continúa en vigor en estos momentos. De manera similar, otros problemas relevantes, como las malas condiciones económicas en general de la profesión periodística y la falta de protección frente a presiones políticas, persisten, según el MPM.

Los indicadores del área de Protección Fundamental representan la columna vertebral regulatoria del sector de los medios en cualquier democracia contemporánea. Miden varias áreas potenciales de riesgo, incluida la existencia y efectividad de la implementación de salvaguardas regulatorias para la libertad de expresión y el derecho a la información; la situación de los periodistas en cada país, incluida su protección y su capacidad para trabajar; la independencia y la eficacia de los organismos reguladores nacionales que tienen competencia para regular el sector de los medios; y el alcance de los medios tradicionales y el acceso a Internet.

De acuerdo con los resultados obtenidos el año pasado, entre las diferentes categorías, el derecho a la información sigue siendo el que enfrenta los mayores riesgos en España (71%). La profesión periodística, sus estándares y protección (48%) y la libertad de expresión (42%) enfrentan riesgos medios, mientras que la independencia y eficacia de la autoridad de los medios (28%) y el alcance universal de los medios tradicionales y el acceso a Internet (21%) enfrentan riesgos bajos.

En cambio, la protección de la libertad de expresión ha mejorado ligeramente (riesgo medio: 46% a 42%) en 2022 como consecuencia de la decisión 1.231/2022 del Tribunal Supremo de octubre de 2022, que impide que la administración pública cierre o bloquee sitios web en línea antes de una decisión judicial. 

La decisión dejó claro que la administración solo puede ordenar el cierre de secciones de los sitios web que compartan contenidos y/o que ofrezcan productos y servicios considerados ilegales según la ley española, pero no el cierre del sitio web completo. “Este es un paso muy importante para evitar que la administración pública cierre arbitrariamente y niegue el acceso al contenido en línea”, sostiene el informe.

Entre las principales amenazas a la libertad de expresión, el MPM menciona que sigan en vigor los artículos del Código Penal en materia de difamación, así como los que criminalizan las calumnias e insultos al monarca o a miembros de la familia real, a pesar de que en 2021 la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mitjatovic, envió una carta al entonces ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, expresando su preocupación por su pervivencia. 

En el capítulo sobre Pluralidad del Mercado, España obtiene un riesgo del 69%, Riesgo Alto, ligeramente superior al del año pasado (67%). La culpa la tiene la ya citada “situación difícil en cuanto a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y la transparencia financiera, así como en la concentración de los medios de comunicación”. La evolución reciente del marco regulatorio aún no resuelve la opacidad y falta de datos confiables sobre la concentración empresarial en los mercados digitales. 

En cuanto a la viabilidad de los medios, señala el informe, a pesar de algunos indicios de un aumento de las suscripciones, los medios siguen luchando entre modelos de negocio en colapso y la falta de claridad sobre cómo garantizar ingresos provenientes de modelos digitales.

En cuanto al área de Independencia Política, España obtiene un riesgo del 50%, Riesgo Medio, la misma categoría que en la implementación anterior del MPM. La falta de autonomía editorial y salvaguardias para la independencia política de los medios, tanto públicos como privados, continúa poniendo en peligro el pluralismo de los medios en España, según el documento. “Vale la pena mencionar aquí la situación de los radiodifusores de servicio público, que todavía son impotentes para detener la interferencia partidista en su cobertura y el nombramiento de cargos directivos y editoriales”.

En el área de Inclusión Social, otro de los aspectos en los que se fija el Media Pluralism Monitor, nuestro país obtiene un riesgo del 54%, menor que en ediciones anteriores, pero principalmente debido a cambios metodológicos. La peor situación en este indicador se refiere a la igualdad de género en los medios, con un menor número de mujeres en puestos de alto nivel, así como una brecha salarial relevante entre mujeres y hombres. Al igual que en años anteriores, la representación de las minorías en los medios y la falta de regulación y ayuda estatal para los comunitarios siguen siendo deficiencias relevantes en esta área.

Los resultados para el entorno digital son similares a los de otras dimensiones del análisis. Existe una situación de riesgo medio en todas las áreas, excepto en Pluralidad del Mercado, que obtiene un riesgo alto. 

En este ámbito, la principal preocupación es la falta de datos confiables en todo lo relacionado con los medios digitales. Por ejemplo, “no hay datos disponibles sobre el grado de concentración empresarial en los medios digitales. La medición de audiencia también está atravesando un período de transición hacia métricas confiables y aceptadas por toda la industria”.

En relación con la Independencia Política (que obtiene un 60% en el entorno digital), el MPM destaca que la legislación actual “no establece límites a la publicidad política en línea ni obliga a los partidos políticos a revelar los gastos publicitarios”. Además, no limita la recopilación de datos personales por parte de los partidos políticos, lo que permite prácticas como el microtargeting, que el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) quiere prohibir.

El informe reconoce que en España existen muchas iniciativas nacionales diferentes para combatir la desinformación y el discurso de odio en línea, tanto en el ámbito gubernamental como en el de la sociedad civil o académico. Sin embargo, señala, todo el mundo admite “que estas amenazas son relevantes y persistentes, a pesar de la falta de acuerdo sobre su verdadera difusión e impacto”.

El MPM pone así el foco sobre uno de los asuntos que ha impulsado la aprobación en Europa de la European Media Fredom Act. Una ley que, como señala Elena Herrero-Braumont, abogada y periodista especializada en ética y buen gobierno, “busca proteger la libertad de información a través de la implementación obligatoria por parte de las compañías de medios de ciertos estándares” entre los que está la transparencia en la propiedad. 

A partir del MPM y de otros siete indicadores comunes a otras tantas iniciativas de autorregulación privadas, las más relevantes en el sector de los medios, Herrero-Beaumont analizó y comparó el “riesgo agregado a la libertad de prensa” en seis grandes países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Italia y España. Sus conclusiones son también esclarecedoras: el país con el riesgo agregado más bajo es Alemania y el país con el riesgo agregado más alto es España. 

 “Los principales medios de comunicación carecen de un grado de transparencia óptimo”, subraya esta investigadora. “La transparencia existente se limita casi exclusivamente a la que, por motivos legales, se ven obligados los grupos cotizados y el sector audiovisual. Los medios escritos, tanto la prensa papel como online, registran un alto grado de opacidad, siendo prácticamente inexistente la disponibilidad de información sobre sus estructuras de propiedad”.

Esta falta de transparencia, añade Herrero-Braumont, “contribuye al descrédito que atraviesa la profesión y el sector en España”. “Existen claras presiones sobre la independencia editorial provenientes del entorno político, pero sobre todo económico y financiero”, lo que señala la necesidad, apunta, de “crear mecanismos efectivos para garantizar la independencia editorial, sobre todo en lo relativo al proceso de nombramiento de los directores de las principales redacciones del país”.

No son los únicos problemas que detecta en el caso español. Destaca también, entre otras cosas, que “los códigos deontológicos suelen carecer de órganos o mecanismos que supervisan su cumplimiento efectivo” y que “no existen políticas claras y transparentes con respecto a los contenidos patrocinados”, también conocidos como branded content.

Mucha gente no lo sabe, pero en España cualquiera puede ser periodista. Tenga una licenciatura en Comunicación, un título de doctor en Física o un curso de fontanería por correspondencia. Cualquiera puede, por ejemplo, dar de alta un sitio web, autodenominarse periodista y empezar a publicar noticias en nombre de la libertad de expresión. 

Y nadie puede discutírselo, como tampoco negarle el derecho a recibir dinero público o privado a través de publicidad o de cualquiera de los mecanismos más o menos opacos que las instituciones y las empresas utilizan para dar a conocer su trabajo o sus productos (y para financiar los altavoces que más les interesan).

La consecuencia es evidente: como no hay reglas para decidir qué es un periodista y qué no lo es, tampoco hay mecanismos para sancionar a quienes incumplen las normas y los códigos deontológicos en los que debe apoyarse la práctica profesional. 

Lo más parecido que hay en España a un órgano de control es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, participada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Un organismo que desde 2019 ha emitido una media de ocho resoluciones al año, siempre a petición de parte y con la condición de que el contencioso no esté judicializado, pero que carece de capacidad sancionadora. Entre tanto, el Estado dedica millones de euros cada año a la formación de periodistas y comunicadores audiovisuales en universidades de todo el país, cuyos títulos no tienen ningún valor para ejercer la profesión.

La última vez que en España se abrió el debate para intentar cambiar esta situación fue exactamente hace 20 años a instancias del Foro de Organizaciones de Periodistas, una coalición integrada por agrupaciones de periodistas de Comisiones Obreras y UGT, por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y por los colegios de periodistas de Galicia (CXPG) y Cataluña (CPC), los únicos que existían en aquel momento.

El objetivo era la aprobación por ley de un Estatuto del Periodista Profesional que, por primera vez en España, hubiese definido qué es un periodista: “Se considera como tal a todo aquel que tiene por ocupación principal y remunerada la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones o asociaciones”. 

Aquella propuesta dejaba en manos de un Consejo Estatal de la Información, un órgano muy similar a los que existen en otros países de Europa y que debería ser creado por ley, la capacidad de acreditar esa condición mediante un carné profesional. Y establecía sanciones que iban desde la amonestación pública, en el caso de las violaciones leves del Código Deontológico, hasta la retirada del carné profesional para los periodistas o el pago de cuantiosas multas para los medios en el supuesto de incumplimientos graves.

Aquella propuesta no se quedaba ahí. Definía la composición del Consejo de la Información, ordenaba la creación de Comités de Redacción en los medios y regulaba el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Pero nunca se aprobó. Murió con la legislatura, enterrada en un cajón por la acción combinada de las grandes empresas de comunicación y la FAPE, contrarias a la regulación de la profesión.

La FAPE sostenía que dejar en las manos del Consejo de la Información, formado mayoritariamente por periodistas, pero también por juristas y representantes de organizaciones sociales, la llave para ejercer el periodismo era incompatible con una profesión que, según esta organización, es un asunto individual. Porque sólo “es mejorable desde la exigencia personal y profesional de cada uno, y cada uno según su responsabilidad”. Entonces lideraba la FAPE Fernando González-Urbaneja, después al frente de la Comisión de Arbitraje.

También se opusieron los periódicos más representativos de la época (El País, Abc, El Mundo, La Razón y La Vanguardia). Ninguno de ellos estaba dispuesto a renunciar a su capacidad de decidir a quién consideraba periodisra y a quién no. 

Aquel Estatuto no salió adelante. Corría el año 2004 y la toxicidad que ha contaminado la información en España estaba todavía en pañales.

Lo más parecido, y mucho menos ambicioso, que ha llegado desde entonces al Congreso es el proyecto de ley del Secreto Profesional, que el Gobierno envió a la Cámara Baja el año pasado, pero que acabó decayendo con la convocatoria de elecciones del mes de julio.

Aquella iniciativa no articulaba ninguna manera de sancionar el incumplimiento del Código Deontológico, pero sí, al menos, trataba de establecer qué es un periodista. Su artículo 2.b decía: “Se entiende por ‘periodista’ a los y las profesionales que se dedican a comunicar información veraz a la ciudadanía por cualquier medio de comunicación, cuya principal misión sea hacer realidad el derecho a la información que tiene la sociedad”.

Y el 2.c añadía otra definición que hubiese sido muy relevante en estos momentos para distinguir entre medios y pseudomedios: “Se entiende por ‘medio de comunicación’ a todos aquellos canales (prensa, radio, televisión, digital) que difunden informaciones verdaderas y están sustentados en una sociedad editora o persona física propietaria (pública o privada) comprometida con las buenas prácticas y códigos deontológicos que rigen el periodismo”.

En medio del debate sobre la regulación de la profesión periodística en España, algunos periódicos están alzando la voz con el argumento de que ya existe suficiente legislación para proteger a los ciudadanos de la desinformación y de los bulos. “El Código Civil y el Código Penal regulan desde hace décadas la actuación de los medios de comunicación y los jueces pueden incluso inhabilitar a periodistas para ejercer la profesión”, señalaban esta semana El Confidencial.

Lo que no decía es que la ley lo que castiga son delitos, no el incumplimiento de las normas deontológicas. También abogados y médicos, por citar dos ejemplos de profesiones reguladas, están sujetos al Código Civil y al Código Penal, pero eso no les impide sancionar a los profesionales de la medicina o del derecho que incumplen las normas deontológicas.

Hay, además, muchos ejemplos de que la legislación está muy lejos de resolver el problema. Uno de los más recientes lo protagonizó el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid el pasado 30 de abril. Ese día entendió que el locutor Federico Jiménez Losantos, concesionario además de licencias radiofónicas de titularidad pública y propietario de una emisora de radio y un periódico digital, además de columnista del diario El Mundo, puede mentir e insultar en el ejercicio de su labor de informador y en el ejercicio de su derecho a comunicar información veraz.

El fallo dejó sin castigo que Losantos acusase a un policía de “ocultar la prueba fundamental (de los atentados del 11M) durante tres años”, de “ser una pieza en la trama dedicada a crear pruebas falsas” o de “encubrir las pistas que pudieran llevar al esclarecimiento de la masacre, tapando todo lo que pudiera llevar a ETA e inventándose la pista islámica”, afirmaciones que quedaron absolutamente desmontadas con la sentencia de los atentados del 11M en Madrid.

Juan Carlos Gil, profesor de Periodismo de la Universidad de Sevilla, no tiene dudas. “Una de las cosas que explico en mis clases es que estamos totalmente desprotegidos porque no tenemos un Estatuto Profesional del Periodismo”.

“Que nadie diga realmente quién puede ser profesional, cuál es la responsabilidad que asume y qué pasa si incumple, me parece un flaco favor al periodismo y a la sociedad en general”, porque “el periodismo es una tarea importante en una sociedad democrática”.

La expresión “sin periodismo no hay democracia” está “muy bien”, recuerda, “pero se vacía de contenido si al periodismo puede acceder cualquiera, de cualquier manera y sin control”.

Gil desmonta incluso el argumento más habitual cuando se trata de justificar que el periodismo no goce de la misma regulación que la medicina o el derecho. “Cuando el artículo 21d de la Constitución dice ‘se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz’, quiere decir que “cuando alguien tiene el derecho a recibir libremente información veraz será porque alguien está obligado a darla”. Del mismo que si “tengo derecho a la salud será porque alguien tiene que ofrecer ese derecho a la salud”.

Lo que protege la Constitución, explica, es la información veraz y eso “exige inversión en profesionales, inversión en medios y una constancia en el tiempo”. “Que este derecho sea para todo el mundo no quiere decir que todo el mundo lo pueda ejercer profesionalmente”. El mismo artículo 20, recuerda, “habla de la libertad de cátedra y de que todo el mundo puede ejercer la libertad de cátedra, pero primero tendrás que ser profesor para poder ejercerla”.

El debate sobre el acceso a la profesión y el establecimiento de mecanismos de sanción para quienes incumplan el Código Deontológico ha vuelto estos días a la actualidad de la mano de la ofensiva del presidente del Gobierno contra los bulos y quienes se hacen pasar por periodistas para difundirlos. Esta vez también tiene en contra a los grupos más poderosos del sector de la comunicación y a la FAPE. Pero se han multiplicado las voces de quienes están a favor, en particular los colegios profesionales de periodistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.

Durante décadas, los medios han zanjado la discusión con una máxima muy del gusto del liberalismo anglosajón: “La mejor ley de prensa es la que no existe”. Ahora, a la vista de la creciente manipulación de los ecosistemas informativos a través de herramientas digitales gobernadas por algoritmos opacos y de la proliferación sin control de la desinformación, hasta la Unión Europea ha aprobado la suya.

En el PSOE respiran ahora aliviados. Han sido días de máxima tensión. Imprevista. Y durante estas jornadas los socialistas han visto un precipicio que no estaba puesto en primera plana: la sucesión de Pedro Sánchez. Nadie se había movido hasta ahora, nadie quería hablar, era un tema para un horizonte muy lejano. Pero ese vértigo se instaló durante este periodo de reflexión del secretario general.

Los socialistas realizaron un ejercicio de movilización interna sin precedentes para convencer a Sánchez de que se quedara. De hecho, como ha confesado el propio presidente, las imágenes de miles de simpatizantes el sábado en las puertas de la sede de Ferraz fueron decisivas para que anunciara que se quedaba. Fue en esa noche de transición hacia el domingo, con esas instantáneas en su mente y el apoyo de esa esposa, cuando decantó la balanza.

En el PSOE celebran ahora la decisión. El lunes hubo abrazos, gritos y hasta lágrimas de emoción en los despachos de La Moncloa, de la sede de Ferraz y de muchos cuarteles generales autonómicos y locales. Y una de las realidades que muchos asumieron, según reconocen diversas voces del partido, es que habrá un día en el que ya no esté Pedro Sánchez y el partido tiene que estar preparado. Ha sido una terapia de shock.

Este fin de semana ha supuesto un antes y un después. Pedro Sánchez ha mostrado su lado más humano y las dudas que pueden surgir en un líder. Ahora el presidente del Gobierno dice que está fuerte y que quiere abrir una nueva etapa, que estará dominada por un impulso para la regeneración democrática. Y en su entrevista en la Cadena Ser durante este martes también quiso marcar el debate sobre su futuro, señalando que quiere aguantar toda la legislatura y que abre la puerta a repetir incluso en las próximas elecciones.

Pero lo que ha comprobado el partido en sus propias carnes durante estos días es que no hay un plan sucesorio definido y que depende totalmente del actual líder, un hombre que ha protagonizado un manual de resistencia que ha servido también a la vez para hacer que el PSOE volviera a La Moncloa en 2018 tras años de travesía en el desierto. Incluso sus más críticos le han reconocido en los últimos años que su olfato y su riesgo político le han hecho salvar pelotas de partido que nadie sería capaz de superar. Pero, a la vez, el PSOE y Sánchez son una simbiosis.

Durante las horas de incertidumbre, el nombre que sonó con más fuerza para coger las riendas fue el de María Jesús Montero, ella sería en estos momentos su sucesora natural en virtud de las jerarquías. Además, atesora un poder inmenso al ser a la vez vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del partido. Como relata un dirigente: “Siempre se dijo que Soraya Sáenz de Santamaría ha sido la vicepresidenta más poderosa de la historia de España. Pero no, ella nunca tuvo la llave de su partido.En cambio, Montero sí”.

Montero ha confesado en todo momento durante estos días que nunca se puso en la pantalla de suceder a Sánchez y que estaba concentrada en hacer que el secretario general se mantuviera en su cargo. Fue la encargada de dar el discurso central del pasado Comité Federal y la primera en salir a la calle a fundirse con los concentrados al grito de “fuerza, fuerza”. Al marcharse de Ferraz hizo un gesto muy elocuente: cruzó los dedos en señal de que esperaba que el presidente siguiera en su puesto. 

Su nombre fue el que circuló con más fuerza entre los socialistas en caso de que Sánchez dimitiese el lunes. Sólo otra figura apareció entre los cargos del PSOE: Pilar Alegría. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación es una dirigente cada día más alza dentro del partido y cuenta con muchas simpatías en los territorios, según confiesan varias fuentes del PSOE. El otro nombre que también salió de algunos miembros del partido fue el de Óscar Puente, que tiene un gran predicamento en las bases del partido y que volvió a la primera línea gracias principalmente al discurso que hizo durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo: “De ganador a ganador”.

Este 1 de mayo, un editorial de El País aseguró que "el PSOE, como pieza clave en el sistema político de España, debería empezar también a reflexionar de forma colectiva sobre cómo garantizar la continuidad del proyecto político más allá de la personalidad y el carisma de su líder". Preguntados por ese debate, dirigentes de peso rechazaron que haya movimientos o un proceso en ciernes.

El propio Puente aprovechó la reaparición, por sorpresa, del líder socialista en la caseta del PSC de la Feria de Abril de Barcelona. "Ahora toca decir que ha empezado el post sanchismo. Llevan matándole 10 años y siguen sin aprender", tuiteó junto a un vídeo de Sánchez saludando a militantes.

Preguntado en público por si hay un 'plan b' a Sánchez, Puente fue claro. ""No, hay un 'plan A', que es sacar adelante este país". "Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, el secretario general del PSOE y lo va a seguir siendo por mucho tiempo", en palabra de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Según los dirigentes socialistas preguntados por los medios este miércoles, el debate no es la sucesión de Sánchez sino la regeneración y la política limpia.

En cualquier caso, la sucesión de los líderes de todos los partidos es una conversación recurrente en casi todos ellos. Y en el PSOE circula desde hace tiempo la idea de que debería ser una mujer la que cogiera la Secretaría General del partido una vez Sánchez deje el cargo. Para muchos, es hora de que una fémina se coloque como líder del PSOE tras más de 140 años de historia y siendo un partido que abandera con fuerza el feminismo.

Lo que sí explican los cargos del PSOE es que se ha evidenciado más que nunca esa dependencia actual de Sánchez. Así lo indica un dirigente del partido: “Pedro es el mejor valor que tiene el partido como se ha demostrado estos días, el que mejor sabe entender la sociedad actual. Ha dicho, además, que tiene ganas de seguir y que está a disposición del partido”. “Cuando se abra el debate, para el que queda mucho, el PSOE tendrá muchos recambios, con garantías como ha pasado a lo largo de nuestra historia”, apostilla.

Ese debate no lo ven en el partido ya con este vértigo de corto plazo, pero sí ha servido para muchos como un baño de realidad que tendrá que llegar. Pero como señala otro dirigente: “Mira lo que había en las puertas de Ferraz. Miles de personas. Ese es el verdadero legado que dejará Sánchez en el PSOE: un partido de la militancia. Por lo tanto, no sirve hacer ningún tipo de conjeturas sobre nombres a futuro”. Esta idea la repite otro cargo territorial: “Esto no será una decisión sobre alguien que hagan cuatro personas en La Moncloa o en Ferraz. Todos querremos votar. Habrá que ir a unas primarias”.

Esta idea está totalmente extendida, ya que fue el propio Sánchez el que rompió el histórico y férreo sistema de elección en base a los designios de los grandes barones del partido. Además, como indican varios socialistas, al partido le va bien precisamente cuando saca su lado de “ascensor social” y de sorpresa frente a los grandes poderes, su lado más proclive a la izquierda. Esos aspirantes a los que nadie conoce y que representan ese espíritu socialista frente a la estructura como pasó con José Luis Rodríguez Zapatero en su día o con Pedro Sánchez. En cambio, no fueron buenos candidatos en las generales aquellos que venían directamente del poder como Joaquín Almunia o Alfredo Pérez Rubalcaba.

El periodo de reflexión de Sánchez lleva a una nueva etapa política, como ha reconocido el propio presidente, que quiere hacer un “punto y aparte” abanderando el discurso de la regeneración democrática en un momento de total crispación y con un trepidante ciclo electoral con las catalanas del día 12 y las europeas del próximo 9 de junio. Los socialistas dicen que van con más fuerza después de estos días de incertidumbre pero también muchos en el partido dicen que ahora hay que dar “cauce” a este sentimiento y llenar de contenido con medidas el espíritu que ha salido de este 29 de abril. Todos están con Sánchez, pero ahora ya han comprobado que un día no estará.

“He decidido seguir y seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo”. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, busca abrir un nuevo tiempo de legislatura tras sus cinco días de reflexión y poner sobre la mesa un profundo debate público sobre la regeneración democrática en plena crispación política y con el horizonte marcado por las elecciones catalanas y europeas.

Pedro Sánchez rompió su silencio este lunes y desde la escalinata del Palacio de La Moncloa anunció que se mantiene al frente del Gobierno. Todo ello tras meditar en la más estricta intimidad junto a su familia sobre su futuro en plena campaña de “acoso y derribo”, como él define, contra su esposa, Begoña Gómez, sobre la que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias a raíz de una querella de la organización ultra Manos Limpias.

El presidente mantuvo en vilo a su equipo hasta muy poco antes de su comparecencia. Casi todos se fueron a dormir sin saber qué diría el jefe del Ejecutivo, que quiso comunicarle en persona a primera hora su decisión al rey en el Palacio de la Zarzuela. Y en La Moncloa se reunió poco antes de dirigirse al país junto a sus más cercanos: María Jesús Montero (vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE), Félix Bolaños (ministro de la Presidencia, de Justicia y de las Relaciones con las Cortes) y Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE).

El movimiento del presidente supone abrir de facto una nueva etapa política, en la que interpela directamente a la sociedad y quiere abanderar un profundo proceso de regeneración democrática. Por el momento, el jefe del Ejecutivo no ha puesto letra concreta a la música que sonó durante la comparecencia y para muchos dentro del partido ese será el principal reto: “Dar cauce a ese sentimiento”. Ni en La Moncloa ni en Ferraz dan pistas y ponen el foco en el “fondo” del asunto que se ha abierto paso en el debate público. “El discurso es una continuación de la carta y debe servir también como una brújula”, apuntan desde la sede presidencial.

En una entrevista por la noche en TVE, Sánchez apuntó a que el Gobierno tomará medidas y que el debate también se instalará en el Parlamento. Entre otros asuntos, apeló a que los partidos acaben con los insultos. También señaló a la necesidad de renovar el Consejo General Poder Judicial, abriéndose a estudiar fórmulas para cambiar el sistema de elección si el Partido Popular sigue negándose a pactar.

En lo que todos coinciden en el Gobierno y en el PSOE es que se abre esa nueva etapa. “El presidente no cede ante la presión, los bulos y el acoso. Trabajará con más fuerza por un país mejor. Ojalá todo el mundo reflexione. Se lo deben y se lo debemos a España. Merece la pena”, explican en Ferraz. El socialismo pone el foco también en la reacción del Partido Popular, de quien quiere saber si quiere hablar “de todo con calma”. La máxima que impera ahora en Ferraz es: “Que la discrepancia sea lo normal y no el acoso”.

La decisión que ha tomado Sánchez ha hecho que vuelva a respirar el PSOE. El partido estaba totalmente tensionado y la incertidumbre reinaba ante el vértigo de que el presidente se apartara de su puesto. El partido no había encauzado hasta ahora una posible sucesión del secretario general, un tema que no estaba sobre la mesa y que muchos creen que ahora sí habrá que ir abordando de manera progresiva. Durante estas horas todas las miradas estaban puestas en María Jesús Montero, que fue la encargada de poner voz al “Pedro, quédate” durante el Comité Federal y que es la primera en los boxes de manera más real desde la semana pasada.

El presidente estaba abatido el pasado miércoles cuando decidió escribir en soledad su carta a la ciudadanía. Durante estos días no ha mostrado ninguna señal que diera pistas, aunque contestaba cariñosamente algunos de los mensajes que llegaban vía Whatsapp. En su reflexión ha tenido mucha importancia, como reconoció él mismo durante su discurso en La Moncloa, la señal de apoyo que le lanzó su partido el pasado sábado. Las imágenes de miles de personas en las puertas de Ferraz manifestándose a su favor supuso un aliento para el jefe del Ejecutivo, que llevaba mucho tiempo tocado y que se hundió en el momento en el que se conoció que se admitía a trámite la denuncia por supuesto tráfico de influencias contra su esposa. Uno de los factores principales para seguir fue que en esas conversaciones su mujer le trasladó fortaleza para aguantar. El propio presidente reconoció en TVE que Begoña Gómez le pidió que no dimitiera.

“Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente, me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión”, compartió el presidente en su intervención en La Moncloa.

Este lunes, horas después de la comparecencia, también se conoció una novedad judicial: el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó por segunda vez una petición para que Begoña Gómez sea citada como testigo. En su auto, el juez del caso Koldo suscribe: “Los datos que se ofrecen son meras informaciones periodísticas no contrastadas, que de las investigaciones realizadas por la Unidad Policial actuante y de la documentación obrante en la causa no aparece ningún dato o elemento que revele la existencia de conocimiento o intervención de la señora Gómez Fernández con los hechos objeto de investigación”.

Sumar celebró también con alivio la decisión del presidente del Gobierno, pero entiende, como indican fuentes del partido, que ahora hay que dar contenido a ese discurso. “Es un cascarón vacío”, resaltan en el núcleo duro de Yolanda Díaz. La propia vicepresidenta segunda apeló a gobernar “más y mejor” a partir de ahora. Los cambios que este partido cree que debe abanderar Sánchez pasan por la derogación de la conocida como ley mordaza y reformas en el ámbito de Justicia encaminadas, por ejemplo, al sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En el PP ahora, en cambio, quieren aprovechar la decisión del líder socialista para reforzar una imagen de presidente sin palabra. Y no dan muestras de rebajar el tono a pesar de que Sánchez ha hecho un llamamiento a calmar el debate público. Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien contestó alertando de que el PSOE pretende un “cambio de régimen por la puerta de atrás”, siguiendo las tesis más duras de José María Aznar y de Isabel Díaz Ayuso. Incluso Génova 13 trató de inmiscuir a Felipe VI dentro de la crítica al acusar a Sánchez de “haber llegado a usar al rey como actor secundario en su última película”.

La decisión de Sánchez irrumpe de lleno en la campaña catalana. Uno de los más activos en pedir que el presidente no cediera era el líder del PSC, Salvador Illa. De hecho, este jueves reaparecerá el secretario general del PSOE en un acto de cara al 12 de mayo. Esto ha supuesto que los independentistas haya subido el tono contra el socialista en un momento donde peligra su mayoría y en el que son conscientes del tirón que tiene el jefe del Ejecutivo en Cataluña (el pasado 23 de julio ganó de calle el socialismo en la comunidad con más diputados que todas las fuerzas soberanistas). Pero, además, su continuidad supone un revulsivo para el PSOE de cara a la cita de las europeas del próximo 9 de junio, cuya plancha encabezará la actual vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, una persona de la máxima confianza del presidente.

La democracia española tiene muchos deberes pendientes en materia de regeneración democrática. Los expertos en ciencia política llevan años llamando la atención sobre este problema, que vuelve a la actualidad cada vez que se hacen visibles las costuras del sistema.

Eso es lo que acaba de pasar con la decisión del presidente Pedro Sánchez de abrir una reflexión en torno a la situación que atraviesan él y su familia como consecuencia de acusaciones, de momentos infundadas, que ya tramitan los juzgados y que a diario utiliza la oposición en el debate político a partir de la desinformación que difunden pseudomedios financiados por la derecha. 

Sánchez no detalló este lunes qué se propone hacer, pero sí señaló varias preocupaciones centrales. La primera es impedir que “los bulos deliberados dirijan el debate político”, porque “confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias”. La segunda, acabar con una situación en la que las “víctimas de esas mentiras“ tengan que “demostrar su inocencia”. Y la tercera, no permitir “que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido”. 

¿Qué hacer, entonces? En el debate público ya hay iniciativas muy concretas y detalladas. Hugo Cuello, experto en Políticas Públicas, hace suya la propuesta que estos días ha defendido la abogada española Miriam González, especialista en derecho comunitario y esposa del exlíder de los liberales británicos Nick Clegg: una Oficina de Ética Pública semejante a la que funciona en el Reino Unido.

“En España”, dice González, “no existe un sistema eficaz para abordar los conflictos de intereses de las familias y cónyuges de los políticos. Por lo tanto, es inevitable que esta cuestión acabe debatiéndose en la arena política y los tribunales. Si (Begoña) Gómez fuera la esposa de un primer ministro británico, las acusaciones habrían sido resueltas fácilmente por la Oficina de Propiedad y Ética según el código de ética ministerial del Reino Unido. La Oficina de Propiedad habría garantizado que existiera un sistema preventivo para inhibir al primer ministro de cualquier decisión que pudiera relacionarse directa o indirectamente con el trabajo de su esposa. En respuesta a las acusaciones” contra la esposa de Sánchez, “se habría emitido un comunicado claro garantizando que no había ocurrido ningún conflicto” y ahí habría acabado todo, asegura.

Pero “no tenemos una Oficina de Propiedad y Ética con credibilidad y fuerza. En cambio, tenemos una Oficina de Conflictos obsoleta cuya falta de independencia y autonomía es criticada por la UE y el Consejo de Europa año tras año”, se lamenta.

Tampoco existe en España “un código ético ministerial” como el del Reino Unido que imponga la “obligación de no mentir conscientemente en el Parlamento”. Ni una forma de “comprobar que los ministros no inunden la administración con asesores políticos” o de limitar “el uso de casas ministeriales o aviones oficiales. No tenemos legislación sobre lobbies. No tenemos reglas sobre la presencia de funcionarios públicos en las reuniones de ministros donde se discuten asuntos gubernamentales. Y, por supuesto, no contamos con un asesor de ética independiente, como ocurre en el sistema británico”.

Hugo Cuello subraya que esta idea le “parece esencial para poder empezar con toda la transformación que se supone que trae la regeneración democrática. Y debería haber venido por parte del Gobierno”, subraya.

La politóloga y experta en calidad democrática Cristina Monge apunta a tres necesidades, sobre las que ya escribió este lunes en infoLibre. La primera sería acabar con “la clamorosa ausencia de rendición de cuentas por parte de jueces y fiscales”. El legislador no lo previó, “pero seguro que António Costa, Mònica Oltra, Vicky Rosell y tantos otros se lo han preguntado en más de una ocasión”, ironiza.

La segunda sería hallar el modo de combatir a las “pseudocabeceras (digitales) que alimentan el odio, llenan sus páginas de bulos que no tardan en desvelarse como tales, y envenenan el debate público sembrando dudas sobre los adversarios y provocando el consabido ‘todos son iguales”. Hacen falta medidas “para garantizar que los medios de comunicación cumplan con su auténtico deber democrático, que no es otro que articular una conversación pública de calidad”. ”Habrá que regular exactamente qué es un medio, qué no es un medio y qué hace falta tener para acceder ruedas de prensa o conseguir financiación”.

Y, en tercer lugar, Monge señala la relevancia de profundizar en la democracia desarrollando mecanismos que hagan a los ciudadanos partícipes del proceso deliberativo más allá de ir a votar cada cuatro años, porque una de las urgencias que enfrentamos “es la recuperación de la confianza en las instituciones”.

La lista de Pablo Simón, politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid, es más larga. Entre las reformas pendientes incluye una que le afecta personalmente —es especialista en sistemas electorales y participación política—, como despolitizar el CIS. Pero también “endurecer el régimen de incompatibilidades de cargos públicos con respecto a las puertas giratorias —en particular entre la justicia y la política— y, si es preciso, establecer una restricción específica para las parejas de los primeros ministros, de los presidentes del gobierno y los presidentes autonómicos”.

En su opinión se debería reforzar la independencia de la administración pública perfeccionando el sistema de alerta temprana de denunciantes para el control de la corrupción, generalizar las oficinas de fiscalización y lucha contra la corrupción dependientes de los parlamentos y restringir la figura de la acusación popular, “que muchas veces es instrumentalizada para a través de organizaciones pantalla construir casos que tienen que ver con intereses políticos”.

También, apunta, sería necesario “restringir el acceso a publicidad institucional, de tal manera que los medios de comunicación no fueran dependientes de subvenciones públicas de gobiernos municipales, autonómicos o nacionales”. Y granizar que la concesión de licencias de emisión de televisión y radio no puedan ser utilizadas para presionar a medios de comunicación.

El profesor de la UC3M no se queda ahí. Hace falta, subraya, “revisar la financiación de los partidos”, sobre todo en lo que afecta a sus fundaciones, y reformar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas para dotarle de más medios”.

¿Y cómo resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial? Simón ausenta por “algún tipo de mecanismo de sorteo” con el fin de“cortar la conexión directa entre mayorías parlamentarias” y el órgano de gobierno de los jueces. Un sorteo, por ejemplo, a partir de una lista de candidatos que propongan las Cortes.

De que la regeneración es un objetivo en el que los expertos llevan muchos años trabajando da idea también la completa lista de ideas que aporta Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago. Empieza haciendo referencia la necesidad de reformar el Senado para deje de ser una Cámara de segunda lectura y de bloqueo de lo que decide el Congreso (ocurre en materia de regla de gasto presupuestario) y un cambio en su modelo de representación con el fin de que no pueda ser usada como “contrapoder” de la Cámara Baja.

Propone también una reforma del CGPJ para que sus miembros cesen con su mandato. “Y eso evita el bloqueo, esa capacidad de atarse a las sillas y quedarse ahí”, explica. En su opinión, habría que aprovechar esa modificación para acabar con el sistema de elección de las salas de gobierno del Supremo en el que participan la mayoría de las asociaciones conservadoras, o actualizar el voto telemático para impedir la frecuente delegación de voto en los tribunales multipersonales.

Nogueira incluye en su lista de regeneración una reforma de la Ley Electoral para “repensar el voto de los residentes ausentes cuando esa ausencia se prolonga en el tiempo o cuando nunca vivieron” en el lugar en el que votan. “No es democrático que no tengan derecho a participar los inmigrantes que trabajan aquí” y que sí puedan hacerlo personas nunca han vivido en el país pero tienen un abuelo que era originario de España. O para que el porcentaje mínimo que permite acceder a los parlamentos sea el mismo en todas partes, y no diferente entre territorios.

La regeneración debería, asegura, acabar también con los límites establecidos para vetar determinados debates en las Cámaras —en ellas se debe poder “hablar de todo, sin limitación de debates democráticos—. Y reabrir las encuestas del CIS a la evaluación de la Corona, porque es la Jefatura del Estado, así como acabar con Madrid como “centro de todas las sedes de los órganos centrales del Estado”, algo que ya sucede en países como Alemania. “Tiene que correr un poco el aire ”, dice con ironía.

También propone darle “una vuelta” a las incompatibilidades de los cuerpos superiores de la administración para impedir que abogados del Estado e inspectores de Hacienda puedan dedicarse con total normalidad a trabajar en el sector privado precisamente contra los intereses del Estado“.

La catedrática compostelana defiende mejorar la transparencia para que la administración no pueda negar información, una reforma audiovisual que garantice la independencia de los medios públicos en todo el territorio, normas para hacer visible la propiedad de los medios de comunicación y sus fuentes de ingresos y debates electorales regulados por ley. 

También incluye en su lista eliminar todos los tipos penales que afectan a la libertad de expresión, como los que castigan las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos. Sin olvidar la derogación parcial de la llamada Ley Mordaza. 

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la Pompeu Fabra, coincide en la necesidad de llevar a cabo “reformas importantes” que pueden llegar también gracias a “un estado de opinión” como el que puede haber facilitado el período de reflexión de Pedro Sánchez. “A menudo la política necesita también de cierto estado de ánimo”, señala.

A su juicio, como en el de la mayoría de expertos consultados por infoLibre, la reforma del CGPJ es una de mas medidas imprescindibles. “Todo el mundo es consciente de que hay un sistema judicial que tiene un poder” sobre el que hay “poca capacidad de revisión”. “Se tendría que avanzar hacia un sistema mixto de autorregulación mayor del poder judicial”, pero con participación del poder legislativo. Al mismo tiempo, explica, habría que avanzar en una reforma judicial para acelerar los procesos e impedir que los imputados estén bajo sospecha durante largos periodos de tiempo.

Aira menciona también el problema de la desinformación. Y, en particular, el “pozo sin fondo” de dinero que las administraciones gastan cada vez más para tratar de combatirla. “Ahí algo se tiene que hacer también, pero eso reclama también una mayoría muy cualificada y unos consensos muy amplios. Y claro, mi duda es hasta qué punto pasa solo por los legisladores y no pasa también por los colegios profesionales y las universidades”.

¿Es imposible avanzar en estas medidas en el ambiente de polarización que vive España? Cristina Monge dice que no. Es verdad, admite, que “si hay que esperar a la derecha” para avanzar, “todavía estaríamos sin legalizar el divorcio”. A veces “tienes que tirar para adelante” a la espera de que acaben sumándose. Y una buena manera de hacerlo es comprender que los actores políticos no son solo los partidos. Para construir un sistema de rendición de cuentas en la justicia, apunta, hay que buscar el acuerdo con las asociaciones judiciales. Y para controlar qué es un medio y qué no, hay que hacer lo mismo con las organizaciones de periodistas.  “Ahora es un momento de dar especial relevancia a la sociedad civil", sostiene.

Por si las propuestas de los expertos no fueran suficientes para que la mayoría del Congreso se pudiese manos a la obra, PSOE y Sumar se presentaron a las elecciones con numerosas ideas en materia de regeneración.

Los socialistas, por ejemplo, prometieron mejorar la Ley de Transparencia para incluir, entre otras cosas, las agendas de los altos cargos, el gasto de los viajes y viviendas oficiales, la declaración completa de bienes y actividades y sus peticiones y denegaciones de compatibilidad. “Igualmente, avanzaremos en la información sobre el personal eventual, la publicidad institucional, los contratos públicos y los procesos selectivos”, señala el programa con el que se presentaron a las elecciones el año pasado.

“Aprobaremos las leyes de transparencia de grupos de interés y de prevención de conflictos de intereses del personal empleado público. Reforzando la actividad y la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para la comprobación del patrimonio y la actividad de los máximos responsables públicos, dotándole además de facultades para detectar posibles casos del nuevo delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos” y “defenderemos la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en los casos ajenos al ejercicio de la actividad propia de su cargo”.

El PSOE también se comprometió a hacer obligatorios los debates electorales, a reformar el Pacto Antitransfuguismo y a asegurar la transparencia y publicidad de las relaciones de diputados y senadores con los grupos de interés”.

Sumar dedicó un gran apartado a la democracia de calidad en su propio programa. En él proponen una ley de participación ciudadana, la revisión de la ILP, la actualización de la Ley Electoral o la ampliación del número de diputados y diputadas para mejorar su capacidad de representación, “fomentar la formación democrática en las diferentes etapas educativas” y, en materia de libertad de expresión, actuar “contra el uso fraudulento de la información”. 

“Proponemos una regulación soft”, dice el programa. "Es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes”. Pero también “explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas”.

¿Y qué propone el PP? Su programa de regeneración democrática fue presentado por el propio Feijóo en enero de 2023. Incluye propuestas bien conocidas, como la que plantea reformar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para privar al Congreso y al Senado de su participación en el proceso y dejar la selección exclusivamente en manos de los jueces, o la que propone deshacer la reciente reforma del Código Penal en relación con la sedición y la malversación. O las que tratan de limitar quién puede formar parte de diferentes órganos del Estado, desde el Constitucional a la Fiscalía General, pasando por el Consejo de Estado, el o la presidencia de organismos públicos como el CIS o el CNI.

En realidad, buena parte de las ideas que Feijóo prometió impulsar tratan de recortar la capacidad de decisión del ejecutivo y de legislativo. El PP quiere limitar, por ejemplo, el uso que el Gobierno puede hacer del real decreto ley, una fórmula que Pedro Sánchez ha utilizado con frecuencia durante toda la legislatura y que permite al Ejecutivo, en nombre de la urgencia, que sus medidas entren en vigor sin esperar a un largo trámite en el Congreso. Los reales decretos ley, sin embargo, no escapan al control legislativo, aunque este sea más corto: tienen que ser aprobados por la Cámara en las semanas siguientes a su entrada en vigor y, de no conseguir el apoyo de la mayoría, son anulados.

También propone que el presidente esté obligado anualmente a comparecer en un debate sobre el estado de la nación (desde que se utilizó por primera vez, en 1983, esta fórmula es potestativa, depende de la voluntad del Gobierno) y que su Ejecutivo esté también obligado a dar cuenta del grado de cumplimiento de las mociones y proposiciones no de ley (las iniciativas de impulso que aprueba el Congreso y que los ministerios no están obligados a hacer realidad).

Feijóo quiere dar más poder sobre lo que hace el legislativo a los organismos de control como el Consejo de Estado o a los que representan a otros poderes, como el CGPJ. Y quiere crear otros nuevos, como una Oficina de Calidad Legislativa con capacidad no sólo de asesorar a los diputados sino de hacer propuestas. El líder del PP quiere además “informes técnicos” también sobre las leyes que propone la oposición y limitar las enmiendas que se pueden presentar a las leyes.

El PP propone también reformar la ley electoral para reducir las competencias de los plenos municipales y proclamar automáticamente alcalde al cabeza de la lista más votada. 

Las propuestas de Feijóo persiguen, además, una reforma para obligar al presidente a informar al jefe de la oposición tras la celebración de cumbres internacionales en materia de política exterior y defensa o en relación con asuntos como el pacto antiterrorista o el pacto de estado contra la violencia de género. Y limitar “por ley” el número de ministerios, altos cargos, asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno —otra medida que no adoptó cuando gobernaba en Galicia y tuvo oportunidad de hacerla realidad— y recortar el uso de los medios aéreos y terrestres que desde hace décadas utilizan el presidente y los ministros para sus desplazamientos, incluyendo el número de miembros de las comitivas oficiales.

El suspense es total. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia este lunes si sigue al frente del Palacio de La Moncloa o da un paso al lado. Este movimiento, sea el que sea, marcará un antes y un después en la política nacional después de los cinco días que se ha tomado para meditar una decisión por la situación en la que se encuentra por el “acoso y derribo” que ha denunciado contra su entorno personal.

El presidente no ha emitido ninguna señal pública después de la movilización multitudinaria de su partido para arroparle y pedirle que continúe al frente del partido y la Presidencia. Nadie se atreve a hacer un vaticinio sobre lo que sucederá con la esperanza final de los miembros del PSOE de que aguante frente a los ataques de la derechas y abra una nueva etapa.

“Sólo lo sabe él”, repiten en su entorno después de estos días en los que Sánchez ha estado encerrado en el complejo presidencial junto a su familia y en los que ha intentado instalar un debate público sobre el actual escenario de crispación y los límites trazados para el ejercicio de la actividad política con la premisa de “no todo vale”.

Durante estas horas en el PSOE se ha instalado la sensación de marcha de Sánchez tras años de presión, pero, como reconocen los suyos, “nunca se sabe con él”. La decisión, entienden todos, la tomará desde lo “más profundo”. Los socialistas cruzan los dedos para que su secretario general siga en el cargo. Lo que reconocen todos es que no se imaginan en el caso de que diga que se mantiene que no anuncie algo más allá y de impacto con la vista puesta en una gran regeneración democrática tras meses de máxima polarización en el Parlamento.

En caso de que se mantenga en el puesto, una de las opciones podría pasar por presentarse a una cuestión de confianza en el Congreso, aunque muchos dentro del partido creen que no sería la solución porque no contextualiza el problema que ha denunciado. Incluso algunos de sus socios, como ERC, lo rechazan en estos momentos, como ha declarado el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

En el PSOE no quieren imaginar el escenario de su renuncia, aunque muchos creen en estos momentos que tiene altas posibilidades. Y si lo hace, se abren varios escenarios. El propio jefe del Ejecutivo señaló a la Casa Real este periodo de reflexión para que Zarzuela estuviera preparada. Una de las pantallas podría pasar por su dimisión y una posterior investidura de otro candidato socialista a La Moncloa. En este punto las miradas están puestas en la vicepresidenta primar y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Ella ha rechazado en todo momento que esté pensando en esa sucesión y ha afirmado públicamente que está concentrada con todas sus fuerzas en que Sánchez se mantenga en sus actuales competencias.

Montero sería la aspirante natural a hacerse con el puesto al ser tanto la número dos del Gobierno como la siguiente persona con más poder dentro del partido tras Sánchez. Ella cuenta con un gran aura dentro del socialismo, y sólo aparece otro nombre entre algunos socialistas en esta terna: Pilar Alegría. Pero nadie quiere ponerse en estos momentos a hablar de operaciones de sucesión. No obstante, como reconocen muchos dirigentes socialistas, esto marca también un punto de inflexión en el partido y supone abrir un melón que para muchos todavía estaba inmaduro: el camino para relevar al presidente del Gobierno en el partido.

Otra de las vías que se manejan en estos momentos es que el presidente del Gobierno decida que España vaya de nuevo a las urnas, aunque la mayoría de fuentes consultadas no ven con claridad que pueda ser efectiva. Para materializar esa posibilidad habría que esperar, pues no se puede convocar hasta un año después de la disolución de la Cortes y esto se produjo el 29 de mayo después de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Pero muchos socialistas no ven con claridad este posibilidad porque creen que puede suponer enfrentarse a un precipicio muy peligroso de perder después de haber salvado in extremis el 23J.

La decisión de Sánchez se emite en mitad de un agitado ciclo electoral con la campaña catalana en plena ebullición y con Salvador Illa como aspirante del PSC en primera posición en todos los sondeos. El político catalán, una persona de confianza del presidente, volvió a lanzarle un mensaje este domingo: “Es tiempo de resistir y de decir sí a la nobleza de la política”. Además, están a la vuelta de la esquina los comicios europeos. La vicepresidenta tercer y número uno del PSOE para esa cita, Teresa Ribera, declaró en una entrevista en El País: “Sánchez está abatido, pero la rabia del PSOE es un elemento de fortaleza”.

El PSOE vive unos momentos de absoluta incertidumbre y confía en última instancia que Sánchez atienda a la petición de manera masiva que hizo el partido este sábado durante una reunión sin precedentes del Comité Federal, en la que se hizo un llamamiento de manera unánime al líder del partido para su permanencia. María Jesús Montero puso voz al partido y en su discurso apeló directamente a Sánchez con el mensaje de que merece la pena continuar para que “ganen los buenos”. Además, se mostró el respaldo absoluto a su esposa: “Begoña, compañera, estamos todas contigo”. Esta frase hizo que todos los dirigentes se pusieran en pie y aplaudieran.

El PP aguarda la declaración de Sánchez con la idea de que será un “farol”. Los populares han redoblado su ofensiva contra el Gobierno durante estas horas. El líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, expresó en un acto: “Diga lo que diga, representa al pasado”. Dentro del partido existen la sensación también de que esto abre un nuevo escenario que quieren aprovechar al máximo pase  lo que pase. Desde Vox, Santiago Abascal apuntó: “No queremos que se vaya de rositas, queremos que pague responsabilidades”.

Los sindicatos y el mundo de la cultura se movieron este domingo, en cambio, para denunciar la situación que está viendo España y celebraron un acto “por la legitimidad democrática, el respeto y la convivencia” con la idea de advertir sobre el “odio, el impudor y la mentira”. El manifiesto suscrito denuncia una “interesada política de la crispación” provocada por sectores “que no aceptan los resultados electorales” y que “confunden la oposición con la degradación institucional y el debate político con el insulto y el escándalo perpetuo”.

“Esto es como con una pareja. Sabe que la quieres. Pero hay veces que lo tienes que decir”. Así resume una de las personas con más poder del PSOE lo que pasó este sábado en la calle Ferraz, donde todo el partido unido (con su cúpula y más de diez mil simpatizantes) mandó un mensaje sin precedentes y multitudinario a su secretario general: “Quédate”. Con palabras y hasta bailes con Quevedo de fondo.

Los socialistas confían en que esta movilización histórica sirva para que Sánchez incline la balanza hacia el ‘sí’ después de estos días de reflexión. El presidente no emite señales, ni conversa con nadie. Sigue encerrado junto a su esposa. En el partido todos son conscientes de que la decisión que anunciará este lunes será tomada desde el lado más profundo y humano de Pedro Sánchez. 

El PSOE está sumido en la total incertidumbre, nadie se atreve a hacer un pronóstico. “La decisión la tomará él junto a su mujer, solo ellos lo sabrán”, comenta una fuente del Consejo de Ministros. Por eso todo el partido se afana en evidenciar el total respaldo y se lanzan mensajes de que merece la pena: “No pueden ganar los malos”. El PSOE aguanta la respiración en su interior y como señala una de las personas del núcleo duro del presidente: “Crucemos los dedos”.

Nadie quiere imaginarse el escenario de una renuncia y se rechaza que se esté diseñando un plan B por si hay que organizar una sucesión exprés. “Esa sería otra pantalla, no estamos en eso, confiamos en que siga”, resumen en la dirección del partido. La reunión del Comité Federal del sábado sirvió precisamente para hacer ese ejercicio de fortaleza socialista con la idea de tocar esa tecla para que Sánchez se quede. Siempre, como dicen, con el respeto personal por delante.

El partido vivió una movilización que ni en las noches electorales con más de diez mil personas en los aledaños de la calle de Ferraz. Allí se bailó al ritmo del remix de Pedro, Pedro de Raffaela Carrá o de Perra de Rigoberta Bandini, todo sazonado con cánticos como “Pedro valiente, Pedro presidente”, “Ista, ista, España es socialista” o “Fascismo no, democracia sí”. De hecho, de forma simbólica la reunión terminó sobre las 12.15 horas y los dirigentes del partido y del Gobierno salieron a la calle para fundirse con los simpatizantes. Siempre con la cabeza visible de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y vicesecretaria general del partido, que gritó con los desplazados hasta allí “fuerza, fuerza”. Muchas miradas están puestas en ella si Sánchez da un paso al lado. Ella dice que tiene toda su energía concentrada en hacer que el presidenta resista.

Sánchez sigue en soledad, junto a su familia, estas horas de convulsión. No habla con nadie y sólo ha despachado asuntos de trabajo con su director de gabinete, Óscar López. Ni siquiera se ha comunicado el formato ni cuándo ni dónde hará pública su decisión este lunes. La sensación en el Comité Federal a ratos tenía aires de funeral y en otros momentos se elevaba a terapia y euforia colectiva, una inestabilidad como el propio cielo de Madrid que a veces empapaba a los concentrados y otras les acariciaba con el sol de primavera.

Por eso, muchos dentro del partido esperan que este último cartucho de movilización, de respuesta multitudinaria a la carta, sirva para un nuevo “renacimiento” del líder del PSOE, que nunca había desnudado sus sentimientos de esta manera. “Es que él es persona, a mucha gente se le había olvidado o ha querido que se olvidara”, comentaba otro de los miembros del Comité y uno de los que estuvo junto a él cuando cogió el coche en aquella imposible carrera de las primarias contra Susana Díaz.

Y la voz del partido la puso principalmente María Jesús Montero, que arrancó el Comité Federal con la idea de que “merece la pena”. "Basta de mentiras, de bulos de violencia verbal, presidente estamos contigo", señaló ante la cúpula del partido, donde muchos dirigentes no pudieron esconder las lágrimas como Pilar Alegría, Patxi López, Iratxe García y Pedro Casares. “Merece la pena que ganen los buenos”, clamó la también ministra de Hacienda. Pero, además, ese apoyo lo quiso materializar en la esposa de Sánchez: “Begoña, compañera, estamos todas contigo”. Esto provocó que todos los asistentes se pusieran en pie,

Para lanzar además Montero esta reflexión: "Las mujeres de este país sabemos lo que cuesta desarrollar una carrera. Sabemos las renuncias que hacemos en nuestra vida familiar cuando tenemos una responsabilidad. Sabemos que se nos mira siempre con lupa y que se nos exige siempre más. No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas. No queremos que se nos anule profesionalmente. No queremos que se nos utilice como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad".

El Comité Federal sirvió para poner también sobre la mesa una profunda reflexión sobre lo que significa la democracia y el clima de crispación que se vive, a juicio de los socialistas, por la oposición del Partido Popular y de Vox. Por eso, los integrantes del órgano durante sus intervenciones trasladaron la idea de que no está en juego sólo el PSOE, sino la propia democracia, como indicó el presidente de Asturias, Adrián Barbón.

Además, los socialistas pusieron sobre la mesa la propia historia del partido para apelar a Sánchez para que siga. El “¡No pasarán!” fue un grito que se escuchó durante toda la mañana del sábado en la calle Ferraz. Además, por ejemplo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los hombres con más tirón en el partido, apeló al espíritu de su abuelo Antonio, que estuvo preso durante el franquismo y al que apaleaban a diario en la cárcel en Valladolid. 

Muy directo fue el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, que acaba de aumentar en dos escaños la representación en el Parlamento vasco. Le recordó al presidente la historia del partido y de lucha: “Tienes que pensar en la gente que murió en las cunetas, en las tapias de los cementerios, en los que sufrieron el exilio, la represión, la prisión. En esos viejos socialistas que iban a votar vestidos con sus mejores galas porque sabían que en el voto se les iba la vida. En los socialistas que teníamos que mirar debajo de los coches y mirábamos atrás a nuestros familiares porque no sabíamos si los íbamos a volver a ver. Piensa en todos ellos, en el país, en la democracia, en lo que queda por hacer. Vas a seguir y vamos a seguir todos contigo”.

Otro de los mensajes más esperados llegó por parte del líder del PSC, Salvador Illa, quien compartió con el presidente los días más duros durante la pandemia. Volvió a Madrid para el Comité a pesar de estar de campaña en Cataluña: “Nada me hará más ilusión, Pedro, que contar con tu presencia, lo antes que sea posible”. Hasta el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acudió a la reunión para expresar desde la tribuna que comparte el dolor de Sánchez. El PSOE nunca antes había estado tan unido. Y ahora cruza los dedos.

La “máquina del fango”, descrita por Umberto Eco y citada por Pedro Sánchez en su Carta a la Ciudadanía, se financia en España con dinero público. Es un negocio muy rentable cimentado en fondos recaudados a través de impuestos que se canaliza sobre todo a través de los presupuestos de las comunidades autónomas. Otras fuentes de financiación de carácter privado son difíciles de evaluar dado el nivel de opacidad en la gestión de esos medios o pseudomedios.

La difusión de información negativa sobre una persona con el fin de desprestigiarla ante la opinión pública es un mecanismo sencillo y eficaz. La máquina del fango opera a través de la propagación sistemática de rumores, insinuaciones y acusaciones, muchas veces infundadas o exageradas, muchas de ellos de naturaleza supuestamente personal, que se diseminan a través de los medios. El objetivo es crear una nube de duda y desconfianza alrededor del objetivo y destruir su credibilidad. 

La idea es saturar el espacio mediático con mensajes negativos, haciendo casi imposible que la persona afectada pueda limpiar su nombre o contraatacar de manera efectiva. La repetición constante de las acusaciones sirve para fijarlas en la mente del público, independientemente de su veracidad.

El soporte del fango en España ha sido, en los últimos años, una constelación de diarios digitales que cumplen a duras penas con las mínimas normas de la profesión. Más allá de su línea ideológica (la inmensa mayoría son muy conservadores, cuando no reaccionarios y directamente defensores de postulados de extrema derecha), todos tienen características similares: financiación opaca y dudosa, pocos remilgos con los bulos y números de audiencia difíciles de creer.

Destacan algunos muy asentados, como Okdiario, del tertuliano y ex alto cargo de El Mundo Eduardo Inda. Pero hay muchos más, desde The Objective de Álvaro Nieto (durante un breve período de tiempo redactor jefe de El País) hasta El Debate (órgano de la Asociación Católica de Propagandistas que dirige Bieito Rubido, exdirector de Abc), pasando por el VozPópuli de Jesús Cacho, hasta llegar a instrumentos de agitación como Libertad Digital o EdaTV, los dos controlados por antiguos periodistas de El Mundo reconvertidos en activistas de ultraderecha.

Pero hay más: Diario Crítico, Diario Ya, Dirigentes, Elcierredigital, El Economista, El Independiente, El Liberal, El confidencialdigital, ElToroTV, La Lupa, Madriddiario, Merca2, Moncloa.com, Nuevo Imparcial, PeriodistaDigital o Preferente.

Un rasgo común a todos ellos, y a otros como El Español de Pedro J. Ramírez, antiguo director de El Mundo, es cómo distorsionan sus cifras de audiencia, como demostró recientemente un análisis publicado por la revista TintaLibre. Lo que no les ha impedido recibir sumas desproporcionadas de dinero de instituciones públicas que, no por causalidad, tienen gobiernos del Partido Popular. Se puede conocer en detalle leyendo esta investigación publicada por la misma revista, que editan conjuntamente infoLibre y el diario El País.

Los efectos dañinos de esta situación están bien documentados. Un grupo de especialistas en comunicación de varias universidades españolas llegó a pedir a los grupos parlamentarios, en octubre de 2022, una reforma de la legislación para evitar que la publicidad institucional y otras formas de transferencia de fondos públicos a medios privados dejen de ser una herramienta de influencia y control de los medios de comunicación al servicio del poder político. Pero nadie les hizo caso.

La petición tenía su origen en una investigación realizada por profesores de las universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Castilla-La Mancha, y sus conclusiones ponían el foco en “la falta de transparencia del proceso de planificación y contratación de la publicidad institucional por parte de las diferentes administraciones” y su impacto sobre el pluralismo. 

Los académicos responsables de aquel estudio verificaron “la pertinencia de las reivindicaciones de quienes vienen denunciando cómo gobiernos de diferente signo benefician económicamente a empresas mediáticas afines”. Los anuncios correspondientes a las campañas institucionales “no siempre responden a criterios fácilmente comprensibles”, como serían las cuantías y los perfiles de las audiencias. 

La tentación de los administraciones públicas a la hora de utilizar la publicidad institucional en interés de quien gobierna es general, pero no homogénea. Destaca el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como ha demostrado el estudio La publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. Evolución de su transparencia y rendición de cuentas publicado por Raúl Magallón (UC3M) en 2022. Entre las conclusiones de esta investigación, destaca una: “Parece evidente que un reparto opaco de la publicidad institucional es fundamental para entender también la desconfianza creciente de la ciudadanía hacia los medios de comunicación. Sin una publicidad institucional transparente los medios de comunicación son menos libres y menos plurales”.

Ayuso gastó 41,5 millones de euros en publicidad institucional entre 2022 y 2023, según una investigación publicada por la revista digital Ctxt el pasado mes de marzo. El mismo medio se tomó la molestia de destripar el reparto de 2022 y averiguó que de los al menos 9,1 millones de euros de dinero público destinados en 2022 por la Comunidad de Madrid a inserciones en medios digitales, Ayuso entregó 7,42 millones a diarios afines o neutros y 1,67 millones a medios más críticos, dejando fuera a los medios más progresistas. Es una desproporción de 7 a 1.

El Mundo lideró la tabla con 56 campañas y 699.436 euros, seguido del gratuito 20 Minutos (Grupo Henneo) y de Abc, ambos por encima del medio millón de euros. La Razón, del Grupo Planeta, se llevó 69 campañas y más de 423.000 euros. OkDiario, el portal de Inda, recibió 24 campañas y se embolsó más de 372.000 euros. Y El Confidencial, el digital conservador que lleva semanas publicando informaciones para sugerir que Sánchez favoreció a su esposa (el núcleo de la denuncia presentada contra ella) se hizo nada menos que con 312.262,39 euros.

En lo que se refiere a los medios online de radio y televisión, la desproporción también es la regla. Entre la COPE (Conferencia Episcopal), el Grupo Planeta (Onda Cero), y Telemadrid y Onda Madrid (Ayuso) se llevaron casi toda la inversión. De un total de 2,89 millones gastados, 2,2 millones fueron destinados a diez medios afines y apenas quedaron 681.000 euros para los no afines. EdaTV, un pseudomedio de agitación ultra, recibió 26.500 euros. Jiménez Losantos (Esradio) cobró 242.415,35 euros. Sumados a los 213.170,05 euros que recibió como medio escrito en Libertad Digital, uno de los más entusiastas partidarios de Ayuso se embolsó al menos 475.585,40 euros de dinero público de la Comunidad en publicidad directa en 2022. 

Imposible conocer cifras completas (una parte del dinero se distribuye de forma también opaca a través de empresas públicas, como el Canal de Isabel II) ni su evolución a lo largo de los años. Pero los ejemplos que sí se conocen son esclarecedores acerca de quién está pagando la factura del fango y engrosando la cuenta de resultados de los medios de la derecha y los pseudomedios de la ultraderecha. Los mismos que después el PP cita como argumento de autoridad para proclamar a los cuatro vientos sus acusaciones contra el presidente, el Gobierno de coalición y el PSOE.

El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, según datos adelantados por El Salto y que se exponen anualmente en el Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, certifica que los medios afines a la derecha reciben mucho más dinero en campañas de publicidad de las arcas públicas que los medios progresistas.

La cifra más alta se la ha llevado El Mundo con 474.881 con IVA incluido, seguido de 20 Minutos con 369.134 y La Razón con 223.000 euros. Federico Jiménez Losantos consiguió 187.892 euros en publicidad institucional entre su emisora EsRadio y su medio digital Libertad Digital. La radio se ha llevado más de 136.224 euros en 33 campañas diferentes, mientras que el digital ha recibido 51.668 euros. Pero también están Okdiario (166.684 euros repartidos en 22 campañas) y Abc, El Español o El Economista, con 158.582 euros, 105.647 euros y 70.000 euros recibidos respectivamente.

El Debate (67.442 euros), The Objective (66.523), Voz Pópuli (63.416), Periodista Digital (39.062), El Imparcial (20.453) o EdaTV (17.153) son otros medios que también han recibido partidas de dinero público por parte del ayuntamiento de Martínez Almeida. 

De lo que no hay duda es de que existen “graves problemas de transparencia en cuanto a los procedimientos de planificación y contratación, y en cuanto a los datos específicos sobre transferencias de fondos públicos a los medios concretos”, según los académicos que llevaron a cabo el estudio sobre publicidad institucional en toda España. Con frecuencia “solo se publican cifras globales” de inversión total en las campañas (creatividad y planificación) y por sectores (prensa, radio, televisión, internet…). Y eso a pesar de “las contundentes resoluciones sobre la materia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, subrayan los autores del estudio. “Incluso hemos apreciado que diferentes ejecutivos, en respuestas parlamentarias escritas, no ofrecen la información que les requieren grupos de oposición sobre inversiones públicas en publicidad institucional”, denuncian.

Las irregularidades en los procedimientos han sido motivo de advertencia por parte de organismos como el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o el Tribunal de Cuentas. Todos ellos exigen que la planificación obedezca “a criterios objetivables”, que se eviten los “acuerdos abusivos” entre las grandes agencias de medios y que se hagan “evaluaciones a posteriori sobre la eficacia de las campañas”. Pero nadie hace caso. Tampoco la izquierda cuando gobierna.

Los autores del estudio piden a los políticos la reforma de la vigente Ley 29/2005 de publicidad y comunicación institucional para convertirla en una verdadera norma básica sobre la materia. Esa nueva ley, aseguran, debe comenzar por definir claramente los conceptos, cosa que ahora no ocurre con “publicidad institucional”, “comunicación institucional” y “publicidad comercial”. “En todo caso, no es admisible que la denominada publicidad comercial quede en una especie de limbo legal, pese a que los presupuestos que se le han asignado han sido hasta hace poco bastante más cuantiosos que los relativos a la publicidad institucional de la Administración General del Estado”, apuntan. 

Cuando la Unión Europea impulsó y aprobó la Ley de Libertad de Medios, que acaba de ser publicada y entrará en vigor progresivamente a lo largo de los próximos años, sabía que la democracia estaba amenazada. Por las presiones que sufren los periodistas, por la falta de independencia de los medios públicos, por la opacidad de la propiedad de periódicos, radios y televisiones y por el reparto de la publicidad institucional.

Este último ha pasado a ser un problema de primer orden, porque permite sostener plataformas construidas sin audiencias y a menudo sin periodistas con el único objetivo de difundir desinformación fabricada para servir a los intereses del que paga, normalmente tratando de desacreditar y destruir a los adversarios.

Bruselas ha tomado conciencia de que la publicidad estatal (es decir, los fondos públicos asignados a mensajes promocionales o de autopromoción, anuncios públicos o campañas de información por parte de autoridades o entidades públicas) es una fuente de ingresos importante en el sector de los medios de comunicación, y los actores del mercado deben beneficiarse de la igualdad de oportunidades para acceder a ella.

La Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación requiere que los criterios y procedimientos para la asignación de dicha publicidad estatal a proveedores de servicios de medios y plataformas en línea (y contratos de suministro o servicio con ellos) cumplan con principios como la proporcionalidad y la no discriminación.

Además, las autoridades o entidades públicas tendrán que publicar información anual sobre sus gastos publicitarios asignados a los proveedores de servicios de medios y plataformas en línea, incluidos los nombres de los proveedores a los que se compraron los servicios de publicidad y las cantidades gastadas.

El objetivo es, en primer lugar, minimizar los riesgos de que los fondos públicos y otros recursos estatales se aprovechen para servir a los intereses partidistas y, en segundo lugar, promover la competencia leal en el mercado interno de los medios de comunicación.

Sobre el papel, los fondos públicos para los medios de comunicación o las plataformas en línea tendrán que asignarse a través de criterios conocidos, proporcionados y no discriminatorios. La información sobre el gasto público en publicidad del Estado tendrá que ser obligatoriamente transparente, incluida la cantidad total anual y la cantidad por punto de venta. 

¿Quién se encargará de que esas normas se cumplan en España? En teoría, la asignación de publicidad estatal será supervisada por las autoridades u organismos reguladores nacionales u otras autoridades u organismos independientes competentes de los Estados miembros, lo que en el caso de España señala a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), cuyo papel como supervisor del sector audivisual abona el escepticismo de quienes creen en la necesidad de acabar con la financiación de la "máquina del fango".

Aquí puedes ver todas las imágenes de la manifestación de este sábado en Ferraz:

Andalucía es el corazón del socialismo. Es la federación más grande del PSOE, con más de 44.000 afiliados. Y las riendas las tiene ahora Juan Espadas, el hombre al que Pedro Sánchez también ha confiado la Portavocía del Senado. Y en estas horas de incertidumbre el exalcalde de Sevilla pone voz a los militantes del sur y le pide directamente al presidente del Gobierno que aguante en La Moncloa y como líder del partido.

Espadas confiesa en esta entrevista que comprende personalmente la situación que está viviendo el presidente del Gobierno y denuncia la atmósfera “irrespirable” que han creado la derecha y la extrema derecha. “El PP es un partido antisistema”, lamenta. Se ha intercambiado mensajes con el jefe del Ejecutivo, confiesa, y le ha trasladado ese “caudal de cariño” de los militantes. Está concentrado en intentar que el líder se quede. No contempla otro escenario. “Debemos reaccionar, y no permitir que se salgan con la suya”, lanza el líder del PSOE andaluz.

¿Qué le pasa por la cabeza en estos momentos con su partido sin saber si va a dimitir el presidente del Gobierno?

El presidente ha apelado en una carta abierta a la ciudadanía a la reflexión colectiva en un momento de polarización, de acoso y de persecución a personas de su entorno. Es algo profundo y sincero, humaniza a un responsable político. Quizás hemos normalizado con demasiada ligereza lo que no debería pasar en democracia como que denuncias falsas e informaciones no contrastadas acaben construyendo relatos que para la opinión pública puede convertirse en una verdad. Esto es muy grave porque ataca a personas públicas y personas que no son públicas, que deben ser respetadas y tienen unos derechos. El presidente ha decidido parar y llamar a esta reflexión.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él o se han mandado mensajes?

Nos hemos intercambiado mensajes. Los secretarios generales hemos hecho declaraciones y hay mensajes en las redes sociales de apoyo. Yo también le he trasladado esa idea de aliento y he recibido su agradecimiento. Sé que siente el calor y el apoyo de sus compañeros.

En el PSOE están concentrados en estos momentos en intentar que el jefe del Ejecutivo se quede.

Sin duda.

¿Qué quiere que pase? ¿Y qué cree que pasará el lunes?

Entiendo el interés de los medios porque es una situación inédita que ha causado estupor y sorpresa. También indignación porque hay mucha gente de a pie que ve injustificable que el presidente se vea abocado a esta situación y tenga que hacer un llamamiento público porque no puede seguir en estas condiciones. Y los que tenemos una responsabilidad política y orgánica en el PSOE en estos momentos estamos concentrados en estos momentos en recoger ese caudal de cariño y trasladarlo para que la reciba. Y de forma espontánea mucha gente lo está expresando. Y lo que queremos trasladar colectivamente, poniendo voz a la militancia socialista andaluza, es que le pedimos a Pedro Sánchez que continúe al frente del PSOE y del Gobierno. Merece la pena seguir trabajando por nuestro país y una democracia más fuerte. 

Tenemos una derecha y una ultraderecha que demuestran que les da todo igual y que deslegitiman cuando no tiene el poder. Violentan y llevan al límite al Gobierno socialista, algo que hicieron antes con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Es inaceptable en democracia que la derecha entienda que o gobierna o es algo ilegítimo. Debemos reaccionar, y no permitir que se salgan con la suya. Así de claro.

Usted es el portavoz del PSOE en el Senado. Precisamente el presidente cita en su carta la “instrumentalización” del PP de la Cámara Alta con su mayoría para crear la comisión de investigación. ¿Cómo cree que han usado los populares esta institución?

No es casualidad que el presidente del Gobierno se refiera al Senado porque en esta legislatura se ha alcanzado un punto de no retorno. Es el ejemplo más grave de utilización partidaria de una institución sin rubor. Han cambiado el reglamento de forma unilateral sin ni siquiera buscar el consenso y han establecido de manera partidista un pulso con el Congreso. Su fin no es conseguir una mejor aportación a la tarea legislativa. Al contrario, lo que hacen es plantear un conflicto permanente con el Gobierno y con las funciones de la otra Cámara con el fin de que la legislatura termine. Desde el PSOE hemos alzado la voz. El PP está haciendo del Senado una Cámara de combate y de tortura del Ejecutivo.

El PP habla de “farol” de Sánchez, ¿qué le parece la respuesta de Génova 13 a la decisión de Sánchez?

La palabra que se me ocurre es miserable. Pero es desgraciadamente coherente con su línea y su relato en esta legislatura. El Partido Popular no está dispuesto, ni siquiera en una situación excepcional como esta, a modificar un ápice su guión, que sigue siendo hacer lo que haga falta como dijo Aznar para que esta legislatura termine cuanto antes y se saque fuera al Gobierno legítimo de este país. Son posiciones antisistema. El PP ya no es un partido de Estado, sino que pone las instituciones al servicio de un fin: volver gobernar el país. 

Tiene una responsabilidad ahora enorme al ser el líder de la federación con más militantes del PSOE. ¿Está preparado el socialismo andaluz para cualquier escenario pase lo que pase el lunes?

No tenga la menor duda. Ha estado, está y lo estará siempre. El PSOE-A tiene más de 44.000 militantes. Ha tenido responsabilidades importantes en momentos críticos y difíciles. Siempre vamos a estar ahí. El PSOE tiene en su ADN el compromiso con la igualdad, la libertad y la dignidad de los pueblos. En Andalucía nos ha costado mucho que en la historia democrática de nuestro país podamos competir en igualdad de oportunidades con otros territorios. Sabemos que en la gobernabilidad de España está también el éxito y el futuro de los andaluces. Nunca vamos a eludir nuestra responsabilidad con un PSOE fuerte. Por eso el mensaje unido y colectivo de los socialista andaluces es que hay que continuar y tenemos que ser más fuertes porque la democracia española nos necesita.

Hay un nombre en primera fila: María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE. Es una persona muy cercana a usted políticamente. Si Sánchez renuncia, ¿la ve dirigiendo este país?

Es una cuestión de respeto personal al presidente, que ha pedido tiempo para reflexionar. Nosotros le pedimos que ese periodo culmine con un “sí, adelante, merece la pena y vamos a cambiar esta atmósfera irrespirable”. No voy a hacer especulaciones, y menos con la persona que es la mano derecha del presidente. Y espero que el escenario del lunes no pase por otra cosa que no sea la reafirmación de Sánchez al frente del partido y del Gobierno.

Como abogado, ¿qué le pareció esa querella de Manos Limpias basándose en ocho enunciados? ¿Y qué opinión tiene de que un país esté a merced de querellas de este tipo de organizaciones?

Es una de las lecciones que nos dejará la reflexión del presidente del Gobierno. Debemos tomarnos más en serio que no podemos continuar con un Consejo General del Poder Judicial desacreditado. El PP no puede seguir siendo un partido que vulnere la Constitución cada día. La doctrina del Constitucional y del Supremo dice claramente en qué condiciones se pueden plantear y admitir a trámite determinado tipo de denuncias. Se requiere de manera clara y evidente que haya elementos probatorios mínimos. Las investigaciones judiciales no se inician para prospectar si hay elementos o no de responsabilidad penal. No pueden comenzarse por informaciones de pseudomedios pensados por la extrema derecha para eso. No podemos permanecer impasibles ante ese abuso del Estado de Derecho y del poder judicial que están haciendo determinadas instancias a través de medios que no lo son. Ni comunican ni informan, son elementos de la extrema derecha para romper el sistema y la democracia.

Del presidente del Gobierno se ha dibujado muchas veces una imagen carente de sentimientos y robótica, ¿comprende personalmente lo que está pasando Sánchez?

Sí, perfectamente. He vivido situaciones también de hostigamiento y persecución en los mismos términos. He sentido la impotencia y el silencio de mucha gente que no manifestaba lo que estoy defendiendo ahora: estamos en un Estado de Derecho y las personas merecen ser protegidas. La declaración de Sánchez demuestra que es persona, más allá de su capacidad política, y que piensa en su familia. Esto le honra. Se ha dibujado ese perfil a sabiendas para deshumanizar a un personaje político. Es el primer paso de la extrema derecha para tratar de romper a un partido, está en los manuales desgraciadamente de la peor condición humana.

Los adjetivos se acumulan por toneladas en torno al movimiento realizado por Pedro Sánchez el miércoles, tomándose cinco días para decidir si dimite o no. Antes de anunciar el lunes su decisión tiene que "reflexionar" si "merece" la pena ser presidente del Gobierno, duda que le surge después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias de investigación –tras una denuncia por corrupción del grupo ultraderechista Manos Limpias– contra su esposa, Begoña Gómez, acontecimiento que hay que insertar en el contexto de una campaña contra Sánchez del PP, Vox y medios afines que cada vez más recurre a su entorno familiar. Estamos ante un arranque "valiente" y "digno" del presidente, para sus defensores; un capricho "victimista" y "egoísta", para sus detractores; y una maniobra "sorprendente" y "desconcertante" para casi todo el país.

Pero, adjetivos al margen, el giro de Sánchez invita a reflexiones sobre al menos cinco temas de fondo, cinco asuntos de gran calado en una democracia.

Aquí es donde pone el énfasis el PSOE: el acoso de la derecha sería de tal nivel que llega a justificar incluso una quiebra emocional con consecuencias políticas. Esa es la reflexión a la que quiere convocar el presiente: sobre la limpieza de la oposición y los límites de la crítica, especialmente cuando se adentra en la familia.

Proporcionalidad de la reacción de Sánchez al margen, lo indudable es que existe una campaña de gran dureza contra él. Viene de atrás. No sólo ha habido un cuestionamiento de la legitimidad de sus gobiernos desde 2018 –discurso de la oposición que marcó la pasada legislatura–, sino que se ha producido –en esta, la presente legislatura– un ataque a la familia. Y aunque la política ha tenido picos de virulencia extrema en España, desde la última etapa de Felipe González hasta la primera de José Luis Rodríguez Zapatero, es difícil encontrar antecedentes a algunos de los ataques sufridos por el presidente.

"Una carta como la que hemos conocido solo resulta concebible en un sistema político tóxico, viciado al extremo", escribe en El País Ignacio Sánchez-Cuenca, director de Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales. ¿En qué se observa esta toxicidad? Hay ejemplos para elegir. El PP ha validado al máximo nivel expresiones como "me gusta la fruta" –una fórmula que remite al "hijo de puta" que se leyó en los labios, referido al presidente, a Isabel Díaz Ayuso en el Congreso– y "que te vote Txapote". Al uso rutinario de estas expresiones se suma el ataque al presidente por actividades de familiares. La principal diana ha sido Begoña Gómez, pero no la única.

El PP ya había ampliado el radio. "Tenemos a su suegro que se enriquece con esas saunas, todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero ["saunas gays" sobre las que han publicado medios como EsDiario, EDATV, El Debate y Libertad Digital]; a su padre, que se enriquece con fondos Next Generation; a su hermano, que curiosamente ha mudado su domicilio a Portugal para no pagar impuestos en España", recitó precisamente el miércoles, horas antes de la carta, la dirigente del PP Ester Muñoz. No hay ningún procedimiento judicial abierto por ninguno de estos temas.

Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, cree que la carta de Sánchez, "por el tono, la forma y la propia redacción desde las tripas", evidencia que el presidente en efecto está bajo un fuerte "impacto emocional" por los ataques a los suyos. Y cree que está servida en bandeja la oportunidad de preguntarse qué clase de política lleva a un presidente a un "extremo" así. Además, añade, lo ocurrido interroga sobre "hasta qué punto del entorno" de un responsable político puede llegar la crítica de sus adversarios. "Yo me acordé [tras leer la carta] de las hijas de Zapatero, a las que se machacó por vestir con estilo gótico", cuenta. Precisamente el expresidente socialista salió este miércoles a la arena pública a reforzar un mensaje: "Hay un límite en el que uno, aunque sea un político consistente y duro, sufre mucho, y ese límite es tu familia".

Carmen Lumbierres, profesora de Ciencia política de la UNED, cree evidente que hay "una parte de crisis personal" de Sánchez, pero está "teatralizada" con fines políticos. "El juego sucio de la oposición y los ataques a la familia son un tema importante, pero no son el tema aquí. No creo que [Sánchez] esté enarbolando una bandera ética, sino haciendo una llamada a que lo defiendan –y no sólo los suyos [el PSOE], sino también sus socios– ante una campaña de ataques frente a la que ya no puede más".

Va en relación con lo anterior, y también se incluye en el haz de discusiones que quiere abrir el PSOE. Ya lo dijo, refiriéndose a los ritmos y a la beligerancia de la vida política, el exdirigente andaluz de IU Antonio Maíllo al anunciar su vuelta al instituto en 2019: "Esto es incompatible con la vida". No es ahora la primera vez que se abre este debate. También apareció con fuerza cuando dimitió el año pasado la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacind Ardern, declarándose "sin energía" para seguir.

Habla Cristina Monge: "Hemos convertido al político en el muñeco para el pimpampum con el que desahogar nuestras iras. Se le exige dedicación exclusiva, pero se le paga poco y a la vez se lo somete al escrutinio total de toda su vida. Y encima, el ataque a la familia. En una conferencia hace poco, les pregunté a los asistentes: 'Si usted tiene un hijo con una carrera profesional –en el derecho, en la medicina, en la enseñanza– y de repente le dice que quiere ser concejal, ¿qué le diría?' Que no lo hiciera, respondían, claro. Justo cuando necesitamos a los mejores, cuando necesitamos el prestigio de la política, más se machaca a la política, al político y a sus familiares".

Coincide aquí Carmen Lumbierres: "La política es vista como una actividad infame y además condiciona no sólo tu vida, sino la de quienes están a tu alrededor. Se pide ejemplaridad cristiana hasta límites que no nos exigimos a nosotros mismos", señala la profesora de la Unidad, que recalca cómo a las trabas que a menudo afectan a quienes se dedican a la política para trabajar después en el sector privado se suman cada vez más las trabas a sus familiares para desempeñar cualquier tarea –por limpia que sea– que los ponga en relación con las Administraciones públicas. "Así, ¿quién va a querer dedicarse a la política?", pregunta retóricamente.

Responde Xavier Coller, catedrático de Ciencia Política en la UNED, con vasta experiencia en el estudio de los mecanismos de selección de élites en los partidos. Ante un ambiente "crispado" y con la certeza de que entrar en política es "malo profesionalmente y duro para la familia", se agudizará la tendencia a que se sientan atraídos por esta actividad "los más fieles, los más hooligans", algo que a su vez agravará el problema. "Es un caso claro de selección adversa", señala.

Sánchez no apunta sólo contra el PP y Vox –"derecha y la ultraderecha"–, también contra la "galaxia digital", un espacio en el que han prosperado las informaciones a las que les dan pábulo. Esta alusión lleva la mirada a los medios que publican falsedades y manipulaciones. El asesor de comunicación Antonio Gutiérrez-Rubí incluso cree que el formato de la misiva está pensado para iluminar –por contraste– ese punto: "En tiempos de bulos, intoxicaciones y deep fakes… Sánchez elige armas: una carta tradicional, en papel (en soporte pdf), analógica y sin membrete. Es un recurso clásico en sociedades hipertecnológicas. Apuesta por el texto, el sentido de la palabra y la narrativa discursiva frente a la ráfaga digital, el mundo troll y la fachosfera".

Lumbierres cree que aquí llegamos a un punto fundamental. La profundidad del fangal político sería imposible, señala, sin "pseudomedios" que "reciben financiación de administraciones del PP y viven en campaña electoral constante, generando contenido que se viraliza y es utilizado por ese mismo partido para apoyar sus denuncias, que a su vez son recogidas por otros medios". "Los pseudomedios, porque me niego a llamarlos medios, son fundamentales para llevar la política al barro. Lo hemos visto en Estados Unidos con el trumpismo y ahora pasa en toda Europa", añade. Este mismo jueves, la dirigente del PP Ester Muñoz, preguntada en TVE por las pruebas de sus manifestaciones contra el hermano, el suegro y el padre de Sánchez, afirmó: "Yo he hecho referencia a cuestiones que conoce todo el mundo y que están publicadas".

En el caso de la apertura de diligencias contra Begoña Gómez, la denuncia de Manos Limpias se basa en recortes de prensa, entre ellos una información falsa de The Objective que fue difundida –y después rectificada– por Telemadrid, con lo que "se cierra el círculo del bulo", apunta Lumbierres. Se pregunta Monge, con la vista en Manos Limpias: "¿Hasta dónde podemos y debemos admitir que una entidad legal, este pseudosindicato, mantenga este tipo de actividad?".

Un responsable de una formación en el espacio de Sumar señala que el debate sobre los medios es uno de los que permite "ir al fondo" en un asunto clave y evitar que toda la discusión se desarrolle en torno a "emociones" y "personalismos". "Sánchez no se puede limitar a quejarse sin hacer nada. Vivimos en una bulocracia. El poder mediático no es que mande, es que condiciona toda la vida democrática con estrategias absolutamente antidemocráticas. Y nadie hace nada. Es más, los medios que participan de esta estrategia reciben financiación pública", señala.

El mismo dirigente señala que otro ámbito en el que hay que "pasar a la acción" es la justicia. "Sánchez –señala– abre el debate de la justicia, pero al mismo tiempo deja que la renovación del CGPJ se pudra en Europa. No, no. Esto no es personal, es político, porque es la máxima expresión de una constante en España: cuando gobierna la izquierda, los poderes fácticos se revuelven. Hay que hacer cambios y no gestos. ¿O qué va a hacer [Sánchez] si no? ¿Dimitir y dejarnos el problema a los que nos quedemos, con la misma justicia politizada, sesgada e impune?". Desde Podemos son múltiples los mensajes que, mientras muestran apoyo al presidente, le recuerdan también que la formación morada ha sufrido "lawfare" y acusan a Sánchez de no haber actuado en su defensa.

En su carta, el presidente no acusa de nada al titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que ha abierto la investigación contra su esposa. No obstante, han cundido las interpretaciones que sitúan a la justicia como uno de los destinatarios del mensaje, más aún cuando por la mañana en el Congreso había dicho que seguía creyendo en ella "a pesar" de haber conocido dicha apertura de diligencias.

Las valoraciones jurídicas desde la apertura de las diligencias apuntan mayoritariamente a dos conclusiones. La primera, que no hay elementos –al menos, conocidos– para sostener un caso penal contra Gómez. La segunda, que la apertura de una investigación secreta contra Gómez basándose en la denuncia de Manos Limpias y sin consultar a la Fiscalía es como poco cuestionable. Así lo expresaba el catedrático de derecho procesal Jordi Nieva-Fenoll: "Leída la denuncia de Manos Limpias. Imposible entender que un juez haya podido admitir a trámite semejante escrito".

Cristina Monge cree que, más que en el "lawfare", aquí lo relevante estriba en la "absoluta falta de vías para la "rendición de cuentas" de la justicia. "Que jueces y fiscales no tengan mecanismo de este tipo los hace impunes ante todo. El poder legislativo tiene rendición de cuentas, que son las elecciones; el poder ejecutivo rinde cuentas [ante las Cortes]. Además, a estos dos poderes les exigimos cada vez más. Con la justicia no hay", señala Monge, que amplía el arco de su reflexión: "La conclusión fundamental es que en democracia todos los actores políticos y sociales, todos, tenemos un papel que cumplir y cuando uno o varios no lo cumplimos con diligencia, decimos eso de 'así mueren las democracias'".

Los críticos con Sánchez se centran en otro aspecto. A su juicio, la carta responde a un movimiento calculado y electoralista del presidente, que trata de aferrarse al poder convocando a un plebiscito emocional donde hay que elegir entre un nosotros, o más bien un yo virtuoso, y un ellos malvado. Asistimos a un "espectáculo de adolescente", resume el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien Sánchez sólo pretende "victimizarse" y "polarizar". Ahí es donde ven la gran cuestión democrática abierta.

Xavier Coller, autor de La teatralización de la política en España, Broncas, trifulcas, algaradas, no cree que el gesto del presidente haya llevado las dinámicas de polarización y crispación que dominan la vida pública a ninguna cota nueva, pero sí que no ha aprovechado la oportunidad de marcar un punto de inflexión. Y eso que, al principio, se lo pareció.

El académico leyó dos veces la carta de Sánchez. La primera le dejó buen sabor de boca. Entonces sí le pareció un "basta ya", un "no puedo más con este ambiente", un "hasta aquí hemos llegado". A su juicio –y así lo recoge en su libro–, para salir de la actual dinámica de polarización tiene que haber una figura del tablero político que rompa la inercia y "levante el teléfono" para decirle al adversario: "Por aquí no vamos bien, ¿hablamos?". Y la primera impresión de Coller es que la carta de Sánchez podía ser esa llamada. Pero la segunda lectura, más atenta, disipó esa esperanza. "Hay [en la carta] mucha insistencia en la derecha y la ultraderecha, en señalar al culpable. Si señalas así a aquel con el que quieres hablar, ¿de qué vas a hablar?". No obstante, Coller mantiene que el gesto del presidente –al margen de la decisión que anuncie el lunes– tiene el "efecto positivo" de haber conducido la atención pública a los riesgos de un tipo de política "que nos lleva por muy mal camino".

El economista y sociólogo Andrés Villena considera la carta un síntoma de un nivel tal de "disfuncionalidad" de la política en España que ha llevado "al límite" a uno de sus principales protagonistas. "En España se da un equilibrio entre élites polarizadas que a base de gritarse mantienen la estabilidad", señala Villena, para quien el gesto de Sánchez ahora tiene más de "intento de interrumpir" esta dinámica que de profundización en la misma.

Lumbierres cree que el movimiento de Sánchez se inserta en una lógica política cada vez más marcada por el espectáculo y la emocionalidad, pero señala que "lo más grave" de su movimiento, es el "hiperliderazgo personalista" que destila y que cada vez más se apodera de los partidos, influidos por Estados Unidos. "Aunque pueda haber una crisis personal, una decisión así no se debería tomar sin tener en cuenta a tu partido, en este caso el PSOE, que está gobernando en muchas instituciones. Si de verdad hay que reprobar algo a Sánchez, es actuar al margen de su partido", afirma.

“No existe un ciclón que pueda expresar esa inseguridad parcial, esa oscuridad/ Más bien tempestad, es donde el huracán contra vendaval / Es posible soportar, no desfallecer y continuar / No es todo al fin, bajo presión / Podrás alcanzar anticiclón / Serás feliz… sin temor”. Así arranca Huracán, de Lori Meyers, todo un himno indie y la primera canción de la lista de Spotify que creó Pedro Sánchez para coger fuerzas durante los trayectos en la campaña de las primarias de 2017. Y esa letra resuena con más decibelios que nunca en este abril de 2024 en el PSOE.

El PSOE redobla durante estas horas sus movimientos para que Pedro Sánchez decida seguir en el Palacio de La Moncloa. El presidente sigue encerrado en el complejo madrileño, trabaja en su despacho y sólo tiene contacto con su jefe de gabinete, Óscar López. El resto del día lo pasa junto a su familia, con quien tomará la decisión final que comunicará a todos los españoles el lunes.

Ese apoyo máximo se visualiza este sábado en la reunión del Comité Federal en la calle Ferraz, una reunión prevista antes del anuncio de Sánchez de meditar su futuro. Y la dirección del partido la ha organizado a lo grande y con elementos nunca vistos en el partido: se dará en abierto y de manera íntegra, además de retransmitirse en pantallas en la calle ante los concentrados llegados desde todos los puntos de España.

Muchos socialistas señalan que no recuerdan esta sensación de apoyo total a Sánchez desde aquellas primarias de 2017, lo que se denominó como el espíritu de Xirivella. Un movimiento que se basó en la militancia de base, en las agrupaciones de barrio, en las casas del pueblo. Y eso es lo que se está volviendo a repetir en la familia socialista. Como señala un secretario regional: los afiliados llaman para decir cómo pueden ayudar para que se quede el secretario general.

Pero a la vez que sigue in crescendo dentro del partido ese intento de que se quede, también se extienden las dudas de lo que hará el presidente. Lo que todos tienen claro es que el lunes no dirá que sigue en su puesto sin más, pero todos confían en que aguante. “Vamos a hacer todo lo posible para que siga”, lanzaba el portavoz parlamentario, Patxi López, en rueda de prensa para fijar su postura. Y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, remarcó ese mensaje: “Estamos concentrados en que la decisión del presidente sea continuar”.

La mayoría de cargos del partido y miembros del Consejo de Ministros reiteran frases como “ni idea”, “es una decisión muy personal”, “hay que dejarle tiempo”, “hay que respetar lo que haga, sea lo que sea”, “es muy duro lo que está viviendo, lleva así años”... La comprensión es total, e incluso no quieren pensar en lo que puede ser el precipicio de tener que organizar una sucesión exprés. “Es una decisión tan personal, tan de las tripas, que nadie puede imaginar qué hará”, sostiene una de las personas de su confianza. Otra de las personas que mejor lo conoce desde hace años explica al hilo: “La decisión la tomará el Pedro hombre, y lo hablará con Begoña”.

Esa presión para que se quede se evidenció también en un manifiesto firmado por más de 2.500 alcaldes progresistas de toda España abogando por la “concordia y la convivencia”: “La deriva de los discursos y las campañas de los últimos años promovida por parte de la extrema derecha y la derecha extrema son incompatibles con los regidores con valores democráticos y suponen un peligro para la convivencia”. Una misiva en la que están Inés Rey (A Coruña), Jaume Collboni (Barcelona), Carolina Darias (Las Palmas), Javier Ayala (Fuenlabrada), Abel Caballero (Vigo), Maider Etxebarria (Vitoria) y Antonio Rodríguez Osuna (Mérida), entre otros.

El escenario total de incertidumbre ha hecho que la reunión de la comisión de listas, que debe ratificar la plancha para las europeas del 9 de junio, se haya postergado al próximo martes. Esto supuso en un primer momento otro espacio de sombras al poder ser una vía para que Sánchez se fuera a Europa, pero fuentes de la dirección sostiene que es algo “normal” porque la reunión del Federal va a atender a otro temas más importante: “Teresa Ribera será número uno”.

El PSOE quiere que Pedro Sánchez sienta todo el cariño, el máximo apoyo. Pero también creen que sería muy importante para el presidente, según fuentes socialistas, comprobar la reacción social, ver cómo piensa la sociedad, esa “centralidad” que no está en las redes o en los medios. Como señala un importante dirigente: “Eso sería vital para que Sánchez decida quedarse”. En definitiva: ver que ese debate público que ha abierto ha calado, que se quiere acabar con este clima.

No obstante, en el PSOE no ven que al PP le haya afectado lo más mínimo y hay una profunda decepción también entre los dirigentes sobre la actitud de los populares. La ‘número dos’ de los populares, Cuca Gamarra, subrayó: “La carta de Sánchez es el último capítulo de una telenovela que él teledirige y protagoniza, y en la que la que los ciudadanos somos meros figurantes. Basta de victimización y de criminalización a los jueces, a los medios y a la oposición. Exigimos que rinda cuentas”.

Sectores externos a la política se están moviendo también para exigir el fin del acoso y derribo y reivindicar el espíritu de convivencia. El próximo domingo el mundo de la cultura clamará en un acto en el Auditorio Marcelino Camacho, en Madrid, que no se puede ser indiferentes a la degradación democrática. Se leerá un manifiesto con ideas como: “Sufrimos desde hace tiempo una interesada política de la crispación por sectores políticos que no aceptan los resultados electorales”.

Asimismo, se ha lanzado otro manifiesto en el que han firmado más de tres mil periodistas para acabar “con la máquina de fango” y el “golpismo”. En el texto se recoge: “El ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del Gobiernos un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas por medios ilícitos”. Estos textos están siendo objeto también de boicoteo por parte las terminales de las derechas en las redes sociales.

Durante el viernes también quisieron mandarle apoyo a Sánchez líderes internacionales a través de las redes sociales. El comisario europeo y candidato socialdemócrata a las elecciones del 9J, Nicolas Schmit, escribió en X: “Pedro ha sido víctima de viles ataques de la ultra derecha desde hace mucho tiempo. Estoy con Begoña, Pedro y toda su familia”. El brasileño Lula da Silva desveló que había hablado con el propio Sánchez para mostrarle su solidaridad y reivindicar su papel en España, Europa y el mundo. Desde Colombia, Gustavo Petro decía: “La máquina de fango impulsada por la extrema derecha ha buscado a destruir a la familia de Pedro Sánchez para detener las políticas progresistas”.

En esta ola de apoyos también se han situado un grupo de expolíticos que dominó La Moncloa durante la época de Felipe González y que hoy firman el texto Un momento inquietante en el diario El País. Entre sus reflexiones: “Resulta imposible encontrar razones que justifiquen la estrategia de máxima crispación llevada a cabo por la simbiosis política de la derecha y la extrema derecha”. “Los ataques a Pedro Sánchez han superado cualquier límite”, expresan Enrique Barón, José María Maravall, Fernando Ledesma, Carmen Martínez Ten y Ángeles Amador, entre otros.

¿Se puede poner freno a la toxicidad de la desinformación que fabrican supuestos medios informativos financiados, en su mayor parte, con fondos públicos distribuidos a dedo? Cada vez hay más voces que responden afirmativamente. Y que subrayan la importancia de de afrontar cuanto antes un problema que afecta a a la médula del sistema democrático.

Este asunto acaba de replantearlo el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), uno de los que cuanta con mayor número de miembros junto a los de Cataluña y Galicia, al hilo del debate abierto por Pedro Sánchez. Su Junta de Gobierno publicó este viernes una carta dirigida al presidente en la que asegura que desde hace meses recibe, de forma directa o indirecta, una especie de "llamada de auxilio" del PSOE y del Ejecutivo “para luchar contra los "pseudomedios" y "pseudoperiodistas" que de forma recurrente "boicotean" las ruedas de prensa del Gobierno o luego tergiversan la información, creando falsas realidades y manipulando a la opinión pública, en pro de una posición ideológica u otra”.

El CPPA aprovecha la misiva para trasladar a Sánchez su “honda y profunda preocupación por la lamentable e indigna situación que atraviesa el periodismo en nuestro país y pedirle expresamente al presidente que no utilice la palabra “periodista” para referirse a quienes difunden informaciones falsas y a los que a menudo se llama "pseudomedios" y "pseudoperiodistas". 

Pero la carta no se limita a quejarse. Hace propuestas. Es necesario, sostiene el Colegio de Periodistas de Andalucía, iniciar el proceso para la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas porque “sin este instrumento difícilmente podremos revertir la situación y recuperar el periodismo en nuestro país y la garantía que supone para toda la ciudadanía”. En ese Consejo se darían cita los 11 colegios profesionales que ya existen hay algunos mnás en en gestación) y que cuentan con la condición de corporaciones de derecho público y el respaldo de una ley de creación: Andalucía (da cobertura a Ceuta y Melilla), Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia y Navarra. Son ellos, sostienen, quienes “tienen la competencia y la capacidad para paliar esta situación”.

Efectivamente, los colegios de periodistas (de adscripción voluntaria, a diferencia de lo que sucede con los de médicos o de abogados, a pesar de que su tarea es decisiva para la buena salud de la democracia), tienen encomendada por ley la tarea de defender “la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, esto es, el conjunto de normas específicas de la profesión”, y para así dar “un mejor servicio a la ciudadanía en general, en un mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales”.

“Las falsas noticias”, recuerda el CPPA, “no son noticias, simplemente son mentiras”. Y “no todas las publicaciones digitales son medios periodísticos”. De ahí que en Andalucía, y en otras comunidades, como Galicia o Castilla y León, se haya creado un registro oficial con criterios muy específicos para distinguir medios de pseudomedios que las administración pueden utilizar para negar publicidad y otras formas de financiación a quienes no cumplen las condiciones mínimas.

Los códigos deontológicos existen, el problema es que los legisladores no acaban de dar el paso de otorgar al Consejo de Colegios de Periodistas la capacidad de sancionar. “La libertad de expresión no es lo mismo que el derecho a la información, no están reñidos, pero no debemos confundirla”, subraya el colegio andaluz. “El periodismo es un servicio público esencial para la democracia, pero para que esto continúe siendo así, los periodistas necesitamos instrumentos para hacer valer los principios que nos definen y garantizar un derecho que nos pertenece a toda la ciudadania”.

El CPPA no está sólo en esa propuesta: el resto de los colegios de periodistas de España llevan años apoyando también la puesta en marcha de ese marco sin que los partidos hayan pasado nunca de las buenas palabras a los hechos. “Estamos de acuerdo, como hemos manifestado en muchas ocasiones, en la necesidad de mecanismos que contribuyan al cumplimiento de los principios deontológicos en la actividad periodística”, aseguran a infoLibre fuentes de la Junta de Gobierno del Colexio de Xornalistas de Galicia (CPXG).

“No toda persona que ejerce la libertad de expresión es periodista ni todo lo que se publica en internet es un medio de comunicación”, asegura José Barrera, el decano de Colegio de Andalucía. La función de estas entidades, recuerda, no es otra que trabajar para para garantizar “el derecho a la información de la ciudadanía. No tenemos otra misión, y por ello la acción conjunta a nivel estatal y el respaldo de la instituciones a nuestra labor y el reconocimiento como interlocutores del conjunto de la profesión con las administraciones públicas, nos permitirá desarrollar plenamente y a nivel del conjunto del Estado todas nuestras funciones”. 

Una de las iniciativas del CPPA se dirige precisamente a este objetivo: la puesta en marcha del Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía, una manera de separar el grano de las paja, lo que son medios y periodistas reales, que cumplen las normas, de los que no lo son. “Es un recurso para la ciudadanía, que pueda reconocer, al visitar un medio digital, que hemos comprobado que reúne una serie de requisitos”. Pero también es útil para las administraciones, que sin él no saben cómo discriminar entre medios y pseudomedios: “Algunas entidades locales están requiriendo la inscripción en el ROMDA para poder optar a contratos públicos o para que el medio pueda acceder y se acredite en determinados eventos.” 

El debate abierto replantea, de algún modo, una pregunta delicada: ¿España debería ir más allá y regular el ejercicio de la profesión para que sólo los licenciados y los colegiados puedan ejercerla y se les pueda sancionar si no cumplen las reglas deontológicas? José Barrera cree que sí: “La información es un recurso que nadie hoy puede negar que tiene un valor incalculable, puede derribar gobiernos o encumbrarlos”.

Si otras profesiones están reguladas, pregunta, “¿por qué no en la de la información? Somos una profesión de servicio público que responde a uno de los derechos de la ciudadanía reconocidos en el artículo 20 de la Constitución española”, que además tiene reconocido por Naciones Unidas, La Unión Europea y la Unesco un “papel esencial como cimiento de la democracia”, sobre todo ante el riesgo, cada vez mayor, “que supone la manipulación de la información”.

Sin embargo, lamenta el decano de los periodistas andaluces, “la ausencia de una regulación clara de la profesión, unida a la proliferación de canales de difusión globales faltos de transparencia y ajenos a los principios de la ética y la deontología que sí rigen el periodismo, lejos de contribuir a mejorar el acceso a la información fomentan la desinformación, la confusión y la polarización de la sociedad”.

Lo hemos visto, recuerda, en algunos procesos electorales de países de nuestro entorno. Y así consta en las propuestas de la sociedad civil incorporadas al documentos Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional elaborado en el marco de los trabajos emprendidos por el Gobierno de España dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. En él queda claro que, sin la participación de los periodistas, que sólo puede vehiculizarse a través de organizaciones reconocidas por ley, no será posible afrontar el problema. 

“Hay que comenzar garantizando la protección y defensa del periodismo ético en contra de la desinformación partiendo de la defensa del periodismo como profesión, garantizando su preparación profesional en el ámbito universitario. Debe partirse del protagonismo de los periodistas y medios de comunicación como principales emisores de la información pública, que además del cumplimiento de sus obligaciones jurídicas deben cumplir con principios éticos que se garanticen por Códigos de buenas prácticas y autorregulación”, señala el citado informe.

La creación del Consejo de Colegios de España debe ser, en opinión de Barrera, “el primer paso para, por ejemplo, garantizar que en todos los estudios de periodismo impartidos por las Facultades de comunicación de este país la asignatura de ética y deontología sea un contenido básico y obligatorio. Nuestros colegiados firman un compromiso de cumplimiento del código deontológico y su incumplimiento puede suponer la expulsión de la corporación”.

Una parte del sector ha puesto sus esperanzas en la aplicación de la European Media Freedom Act (EMFA) recientemente aprobada en la UE para, entre otras cosas, dar transparencia a la propiedad de los medios, avanzar en la definición de lo que es un medio y lo que no lo es y regular la distribución de dinero público, en particular la publicidad y otras formas opacas de financiación indirecta de los medios. 

Pero el decano de los periodistas andaluces es, al respecto, relativamente escéptico: “Algunas de estas cuestiones ya están recogidas en leyes sectoriales, como la Ley General Audiovisual, y sin embargo son pocos los medios audiovisuales transparentes. Las leyes que regulan la publicidad institucional son muy claras, pero no existen realmente instrumentos de control”.

El debate, en cualquier caso, ya está abierto. Más Madrid acaba de proponer una ley para regular la publicidad institucional que reparte discrecionalmente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los medios de comunicación para que su concesión esté directamente vinculada al cumplimiento de unos ciertos estándares profesionales y poder así negársela “a los que de forma reiterada publiquen noticias sin contrastar y sin verificar”. Y ya hay voces que reclaman la prohibición de entregar fondos públicos a medios que hayan sido condenados por mentir.

La conciencia del problema se extiende. Este viernes un manifiesto alcanzó en pocos horas miles de de firmas ciudadanos y de cientos de periodistas, entre ellos algunos de los más prestigiosos del país, como Miguel Mora, Pilar del Río, Rosa María Artal, Maruja Torres, Xosé Manuel Pereiro, Javier Valenzuela, Silvia Intxaurrondo, Manuel Rivas, Cristina Fallarás Sánchez o el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

"La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria". Centenares de periodistas han firmado ya un manifiesto para animar a la sociedad civil a movilizarse en las redes sociales y en las calles contra "este atropello antidemocrático" de la derecha y la ultraderecha tras la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su decisión de suspender su agenda hasta este próximo lunes y plantearse su continuidad.

“Conmoción”. Con esta palabra describe una persona con despacho en el Palacio de La Moncloa lo que se está viviendo ahora mismo en el complejo presidencial y en la calle Ferraz. Los socialistas siguen en shock. El mutismo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es total. Está en su despacho, pero no ha comunicado ni a sus colaboradores más cercanos qué piensa hacer el lunes: “Sólo está en su cabeza”.

Ni estrategia planificada ni golpe de efecto. Nadie lo sabía, él escribió en soledad su carta y entregó por sorpresa la misiva a su gabinete poco antes de que se lanzara a la ciudadanía. Todos los dirigentes comprenden la situación de Sánchez, entienden esa línea roja que se ha cruzado con la esposa del presidente, respetan absolutamente ese plazo que se ha dado.

Y en la cúpula socialista y entre los principales barones dominan varias sensaciones, según distintas fuentes consultadas por infoLibre. La primera: hay una posibilidad muy real de que Sánchez pueda dejar la Presidencia. Está harto, no es un enfado pasajero, no es una llamada de atención. ¿Cómo está la situación? “Mal”, contesta un miembro del Consejo de Ministros ante la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo se aparte ante el “acoso y derribo” que vive su familia. Por lo tanto, es una posibilidad muy real que barajan entre miembros del Gobierno y de la Ejecutiva del partido.

Pero eso lleva a otra línea de actuación: hay que convencerlo. Sánchez es el principal activo del PSOE, el hombre que lleva todas las riendas, una figura difícil de recambiar ahora mismo. Un político con control total sobre el partido, pero, sobre todo, con un ascendente moral sin parangón en el partido. “Sólo él pudo conseguir lo que pasó el 23 de julio”, señalan fuentes socialistas. Nadie quiere hablar de sucesión, nadie se mueve para planificar otro horizonte.

Ahora mismo los referentes del partido se mueven entre el respeto a la decisión que se tome y palabras de apoyo y señales de que quieren que continúe. Esa sensación se verá plasmada de manera total en la reunión del próximo sábado del Comité Federal del PSOE en Madrid. Esa cita estaba diseñada para aprobar la lista de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, que estará liderada por Teresa Ribera, celebrar los resultados del 21-A por el ascenso del PSE-EE y, sobre todo, dar un impulso caluroso a Salvador Illa y al PSC de cara al 12 de mayo.

Pero el guion se ha cambiado totalmente y los principales dirigentes del partido quieren mostrar su apoyo a Sánchez para que se quede en La Moncloa. Él no participará al cancelar su agenda pública, por lo que no habrá el tradicional discurso en abierto del líder. Se ha replanteado el formato y será la ‘número dos’ del partido, María Jesús Montero, la que haga la principal intervención, según fuentes socialistas, y tomarán la palabra también Eneko Andueza (PSE-EE) y Salvador Illa.

Aunque los dirigentes no llaman oficialmente a la movilización, las agrupaciones de toda España bullen en estos momentos. Hay llamadas de militantes rasos a sus federaciones y a las casas del pueblo que quieren evidenciar su apoyo total al secretario general y pidiendo hacer algo. Los grupos de Whatsapp echan chispas a lo largo y ancho de toda España. Las federaciones están fletando autobuses para ir el sábado a la calle Ferraz para exhibir el respaldo a Sánchez y para pedirle de esta manera que siga al frente del partido a pesar de los momentos duros familiares y personales. Se están citando a las 11 de la mañana frente a la sede, que fue la casa del fundador Pablo Iglesias. 

Muchas federaciones están comunicando a Ferraz el traslado de militantes. Y fuentes socialistas explican que ante esta situación se han tomado varias decisiones: se pondrá una pantalla gigante a las puertas para que los congregados puedan seguir en directo la reunión del Comité Federal, el máximo órgano entre congresos. Además, se ha decidido que se emitirá en directo toda la reunión, algo que nunca ha sucedido porque sólo era público el discurso del secretario general y luego el resto de intervenciones eran a puerta cerrada.

De esta manera se plasmará un apoyo cerrado y sentido de todo el partido. La voz que está liderando ese respaldo a Sánchez como gran referente moral del PSOE es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en una entrevista en la Cadena Ser este jueves pidió la movilización de las bases: “Tenemos que reaccionar democráticamente. Todos los que queremos al PSOE y a la democracia hagamos de aquí al lunes, que se imponga la democracia al odio”.

“Hay que comprender y respetar al presidente, pero a los compañeros y compañeras, a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia y el respeto en favor de la justicia y de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle y arroparle”, lanzó Zapatero, cuyas palabras siempre remueven al partido. Pero, además, alertó de que hay que evitar que suceda como en Portugal: “No puede pasar aquí, no nos podemos quedar quietos ni callados”.

También se escucharon con especial atención las palabras de María Jesús Montero. Ella es la vicepresidenta primera del Gobierno y la vicesecretaria general del PSOE, la persona con más poder después del presidente y a la que todos señalan como posible sucesora. Su mensaje fue claro y directo: “Estamos centrados en mandarle energías positivas. Lo necesitamos para que España siga avanzando”. 

Y también llegaron unas declaraciones muy especiales por parte de Salvador Illa, el candidato del PSC en el arranque de la campaña. Es una persona con conexión directa con Sánchez, con quien convivió en La Moncloa durante la pandemia. El respeto político, intelectual y personal es máximo entre los dos. El exministro de Sanidad, en el acto en Sabadell donde debía haber estado el jefe del Ejecutivo, clamó: “Vamos a levantar una resistencia colectiva ante este tipo de políticas. Una resistencia que dice ‘no’ a la destrucción del adversario y ‘no’ al insulto y que dice ‘sí’ a la política noble”. “Y te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. El PSC está contigo”, impulsó.

El apoyo también ha llegado hasta de los sectores más alejados a Sánchez dentro del partido como Javier Lambán (Aragón) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha). El primero no podrá acudir el sábado por problemas de salud, pero el segundo, que ha evitado ir en las últimas reuniones, sí se desplazará hasta Madrid.

Este respaldo también en forma de movilización “política y ciudadana” está siendo planteado por los propios socios de Sumar. El portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón, hizo esta llamada al entender que es la propia democracia la que está en juego en estos momentos. También partidos del bloque de investidura como ERC y EH Bildu han dejado claro que no dejarán la puerta abierta a que la derecha se haga con La Moncloa, mientras que el PNV apremia a que Sánchez anuncie ya su decisión. Las mayores dudas en estos momentos vienen por parte de Junts, aunque Carles Puigdemont apuntó en X a la vía de una moción de confianza.

Una querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias ha generado un terremoto político en Españas cuyas consecuencias son aún inciertas, ya que podría acabar con la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El socialista se ha dado unos días para reflexionar después de que el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abriera diligencias de investigación secretas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, basándose en una denuncia de la organización ultra que –en siete folios y grandes caracteres para llenar los espacios en blanco– la acusa de tráfico de influencias y de corrupción.

En su misiva a la ciudadanía, Sánchez lamenta la cacería contra su esposa por un supuesto tráfico de influencias por el rescate de Air Europa y un intento de relacionarla con la trama de Koldo García. Todo auspiciado por la derecha. "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa". Y pone nombres y apellidos a esos intentos: "Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó 'la máquina del fango'. Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".

La carta de Sánchez, que pilló por sorpresa hasta a sus colaboradores más cercanos, generó rápidamente una oleada de solidaridad por parte de dirigentes de su partido pero también de otras formaciones de izquierdas como Podemos, Sumar, Esquerra, EH Bildu o Compromís. Con todo, algunos de ellos también le recordaron al presidente del Gobierno que, en su momento, ya advirtieron de las consecuencias del lawfare, es decir,  la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político.

"Hemos llegado hasta aquí porque cuando la ofensiva reaccionaria empezó contra el Gobierno, se guardó silencio y se decía que hacíamos ruido cuando denunciábamos el lawfare", asegura la exministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, a infoLibre. "Se nos ha llenado la democracia de jueces que encarcelan titiriteros, raperos, manifestantes, huelguistas o artistas. Y que han intentado hacerlo desde hace diez años con Podemos", valora, por su parte, el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero. Y añade: "Siempre que aparece algún defecto de nuestra democracia, aparece la transición. Jueces, policías, políticos, reyes que se acostaron franquistas amanecieron demócratas".

El propio Manos Limpias también denunció al actual portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y en su momento dirigente de Podemos, por delitos de estafa y contra la seguridad social en relación con su contrato como investigador en la Universidad de Málaga y también, junto a Pablo Iglesias, por el Informe PISA. Ambas fueron archivadas pero sirvieron para engrosar muchos titulares. "Por desgracia, algunos sabemos lo que es el sindicato ultraderechista Manos Limpias y cómo actúa. En política sabes que vas a recibir ataques, pero también debería de haber líneas rojas y hace años que algunos se las han saltado", asegura Errejón, que confiesa que "se pasa mal y se sufre" porque afecta a sus seres queridos: "Esto es parte del daño que buscan", subraya.

Al igual que le sucedió a la magistrada Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que se vio obligada a dimitir tras la denuncia del exministro José Manuel Soria presunto caso de prevaricación y cohecho. Un caso de lawfare de libro que se acabó destapando. En una entrevista reciente con infoLibre, Rosell confesaba que también utilizaron a su familia: "Si no pueden acabar contigo porque eres una persona íntegra, van a por tu familia. Y entonces te lo piensas. Te lo reconozco, entonces sí que flaqueas", aseguraba. Todo ello ocurrió antes de que Sánchez llegara a la Moncloa, pero con él al frente del Ejecutivo su izquierda ha sufrido ese tipo de ataques.

En estos últimos seis años los tribunales se han utilizado como campos de batalla política. Pasó con el llamado caso Neurona. La derecha mediática y política no dudó en venderlo como el gran caso de corrupción, la “Gürtel de Podemos”. En periódicos y tertulias se habló de manera profusa de una supuesta caja B, de sobrecostes en la reforma de la sede del partido, de financiación irregular, de facturas falsas, de comisiones, de sobresueldos y hasta de quién cuidaba a los hijos de la exministra de Igualdad Irene Montero. Y el PP, por supuesto, no dudaba en utilizarlo en la pugna política. "En Neurona hay mucho que afecta a la corrupción de Podemos", decía a comienzos de 2021 la entonces portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Montero todavía recuerda la reacción de Sánchez a ese caso, cuando dijo que 'confiaba en la acción de la justicia' y que no 'comentaba casos en curso'. "Tristemente, no solo no se lo tomaron en serio sino que muchas veces miraron para otro lado, pensaron que si nos golpeaban a nosotros eso les podía beneficiar a ellos electoralmente, muchas veces no nos defendieron y llegaron a cuestionar que nosotras sí denunciásemos la guerra judicial y mediática", lamenta la candidata de la formación morada a las elecciones europeas.

El procedimiento de Neurona arrancó en el Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid tras una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente. A pesar de que parte de su declaración ante el juez José Manuel Escalonilla se sostenía sobre rumores o sospechas, esta acabó derivando en una decena de líneas de investigación. Una macrocausa que ha perseguido a la formación morada durante prácticamente toda la pasada legislatura. Y a la que se le acabó dando carpetazo en diciembre del pasado año al no apreciarse indicios de delito en la última rama del procedimiento que aún quedaba viva.

Para Montero lo que la izquierda debe hacer en este tipo de casos es "nunca ponerse de perfil," ni "mirar para otro lado, guardar silencio cómplice o ceder ante las ofensivas reaccionarias pensando que si cedes te van a perdonar": "A ver si aprendemos de una vez a no volver a decir 'algo habrá hecho' o 'esperemos a ver qué dicen los jueces' cuando a una compañera le abren un proceso judicial falso", resume. "El lawfare es una cuestión política aunque ataquen a personas concretas. A los reaccionarios se les para avanzando en derechos", zanja.

Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país". Con esas palabras la exvicepresidenta del Govern valenciano y una de las caras más visibles de Compromís, Mónica Oltra, se despedía de la política institucional en junio de 2022, tras ser imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Tras cinco días de presiones, Oltra dejaba todos sus cargos "con la cabeza bien alta y con los dientes apretados": "Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país", sentenciaba casi entre lágrimas.

No han sido veinte, sino veintidós meses después cuando el el magistrado Vicente Ríos ha dado recientemente carpetazo al asunto al entender que los indicios que fundamentaron las imputaciones "se han desvanecido por completo". Sin embargo, en su momento, la propia Oltra se vio forzada a dimitir por las presiones que llegaron por todos los frentes. Por parte de la derecha, de su socio de Gobierno —el PSPV— y también desde su propia formación. Detrás de aquellos multitudinarios silencios se escondía la creencia casi unánime de que lo mejor que podía hacer era dimitir —así lo decidió la Ejecutiva de Compromís— y mejor cuanto antes. "Se ha generado un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión", lamentaba entonces la dirigente valenciana, que todavía no se ha pronunciado sobre si volverá a la política.

Para el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, la clave para evitar casos como el de Oltra se sustenta en dos patas: cambiar el poder judicial y tener presencia en todas las tertulias. A su juicio, se deben "dignificar dos poderes absolutamente fagocitados por la derecha en este país" como son el judicial y el mediático: "No para que entre gente de izquierdas o de derechas, sino para que entre gente decente". Bajando al detalle, aboga por ayudar o becar la carrera judicial ya que "el 90% de la familias de este país no pueden permitirse cuatro años de estudios-oposición de ese calibre" y "potenciar el periodismo y no el servilismo" con un "servicio in situ de fact check en las tertulias indicando quién mienta en datos o afirmaciones".

Monedero, al igual que Rufián, también cree que se debería "facilitar y democratizar los estudios de judicatura" y añade que se deberían "incorporar enseñanzas de feminismo, ecologismo, derechos humanos". Además, considera que el PSOE debería haber reformado el Consejo General del Poder Judicial "buscando una mayoría  simple  para evitar el veto del PP pero reforzada con, al menos, cinco grupos parlamentarios".

El Gobierno local de Ada Colau llegó a acumular durante su mandato cerca de una veintena de querellas y denuncias de fondos, empresas, hoteles o rivales políticos. Quince de ellas ya han sido archivadas. A dos meses de las elecciones, Colau tuvo que ir a declarar en medio de un enorme revuelo mediático. Todo por una ofensiva judicial que el fondo emprendió, según la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, "simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda" que la exalcaldesa de Barcelona “propició durante su mandato”.

Este frente judicial tenía como epicentro el Bloc Llavors, propiedad de Vauras Investments. El ayuntamiento abrió un proceso sancionador contra el fondo por incumplir la normativa catalana de vivienda. Y éste último interpuso una querella contra los dirigentes políticos. La jueza la inadmitió por falta de indicios. Pero la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona corrigió esta decisión y ordenó abrir causa por coacciones y prevaricación administrativa.

Errejón también recuerda que, casos como el del gobierno municipal de Barcelona en Comú, al igual que el de Mónica Oltra o los que han sufrido Iglesias y Montero, plantean un debate de fondo sobre la democracia. "Aquí lo que está en juego es una pregunta sobre la democracia española. ¿Tiene la izquierda derecho a gobernar en España o cuando gobierna la izquierda en España todo vale para que se haga el clima irrespirable y la gente ya no pueda más?", lanza.

Montero se muestra convencida de que quienes realizan la guerra judicial y mediática buscan "que te canses y que no te merezca la pena": "Es evidente que nos van a hacer pagar un alto coste político por transformar, ojalá el presidente, que ahora empieza a sufrir el lawfare en primera persona, nunca llegue a pasar por lo que hemos pasado nosotros", asegura. Así, confiesa que ella se ha rodeado de compañeras que le han transmitido el mensaje de que "no estaba sola".