Al que fue juez estrella de Vox, al candidato con el que la ultraderecha regresó en 2018 a las instituciones en España, al recio conservador que iba a limpiar la política andaluza y a acabar con las "paguitas", al "hombre bueno" de Santiago Abascal le espera el banquillo de los acusados. Y precisamente por un posible fraude con una subvención pública. No eso que Vox llama una "paguita", sino una subvención millonaria.

Juan Gutiérrez, el instructor del caso de posible estafa y fraude de subvenciones de Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha acordado la apertura de juicio contra el propio Serrano y sus dos exsocios. A cada uno de ellos les impone más de 3,3 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias" derivadas del posible fraude. "De no prestarla [la fianza] se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma", señala un auto dictado el lunes. Serrano ya sufrió el embargo de bienes por parte de Hacienda a raíz de este caso, desvelado en 2019 por infoLibre, periódico al que denunció ante los tribunales –sin éxito– por revelación de secretos [ver aquí el dosier completo].

El juicio tendrá lugar en la Audiencia de Sevilla. Serrano, que dimitió como parlamentario y dejó Vox en 2020 acorralado por este caso, irá al banquillo por estafa y subsidiariamente por fraude de subvenciones. La Fiscalía pide hasta ocho años de prisión. Sus dos socios también serán juzgados: el ingeniero Enrique Pelegrín, como posible coautor de los mismos delitos; Francisco Javier López, que fue colaborador en el bufete de Serrano, como posible cooperador necesario.

El caso Serrano tiene su origen en 2016. Tras sus pésimos resultados como candidato de Vox en 2015 e inhabilitado como juez por prevaricación, Serrano decidió convertirse en un hombre de negocios mientras iba cultivando su imagen de referente conservador en Sevilla. Y eligió el sector del biocombustible a base de madera, los pellets. La idea: fundar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y Enrique Pelegrín constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas.

Los fundadores de la sociedad –Serrano y Pelegrín– le atribuyeron ante notario a esta sociedad una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Fue esa falsedad la que les permitió engañar al Ministerio de Industria y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública que, sin esos supuestos fondos propios, no hubieran podido obtener.

El dinero se concedió para una fábrica, que iba a estar en Niebla (Huelva), pero que no llegó nunca a estar ni siquiera próxima a culminarse. Los fondos, ingresados a la empresa en diciembre de 2016, no han sido devueltos a Industria. Eso es en síntesis el caso Serrano: dinero público obtenido mediante engaño que además se pierde.

Este periódico publicó las primeras informaciones sobre el caso en 2019, cuando Serrano había logrado ya asiento como parlamentario de Vox. La Policía Nacional empezó a investigar –a raíz de una denuncia de Rubén Sánchez, de Facua– y comprobó que había caso. El asunto pasó a la Fiscalía y de ahí al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que Serrano era aforado como parlamentario.

Lo dejó de ser en 2020, cuando dimitió y el caso pasó al juzgado de instrucción 16 de Sevilla. Desde entonces Serrano ha intentado sin éxito librarse de las imputaciones contra él alegando que fue engañado por sus dos colaboradores en el proyecto. Pero no lo ha conseguido.

Ni el juez de instrucción, Juan Gutiérrez, ni –cuando le han llegado sus recursos– la Audiencia de Sevilla lo han creído. Y lo cierto es que hay motivos para sostener que Serrano era más que un mero "socio capitalista", como sostiene su defensa. Su participación en el engaño a Hacienda está acreditada documentalmente, también su implicación en las empresas por las que circuló el dinero y sus gestiones directas en el proyecto una vez que ya era innegablemente conocedor de las irregularidades.

El último varapalo para Serrano antes de la apertura de juicio oral llegó con la decisión de la Audiencia, en un auto fechado en febrero, de desestimar sus alegaciones. La resolución golpea la base de la defensa de Serrano, según la cual era un simple "socio capitalista" y asesor del proyecto. Los magistrados de la Audiencia sostienen que las alegaciones de Serrano, según las cuales su "confianza ciega" se vio traicionada y él puso distancia con sus dos socios una vez conoció las irregularidades, no casan ni con su formación jurídica, ni con las evidencias sobre su papel empresarial y sus gestiones realizadas.

infoLibre, tras conocer el auto este miércoles, solicitó hablar con Francisco Serrano a través de su bufete de abogados, sin respuesta.

El juez Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, el hombre con el que en 2018 la ultraderecha regresó por la puerta grande a las instituciones españolas, fracasa en su último intento de evitar el banquillo de los acusados por fraude y estafa. La Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso contra el auto que puso fin a la instrucción por un caso de supuesta obtención irregular y desvío de fondos públicos desvelado por infoLibre en 2019 [ver aquí el dosier con toda la investigación]. La Fiscalía pide para Serrano hasta ocho años de cárcel.

La nueva resolución de la Audiencia golpea la base de la defensa de Serrano, según la cual era un simple "socio capitalista" y asesor en la empresa montada en Sevilla que obtuvo casi 2,5 millones públicos para construir una fábrica en Huelva que nunca fue culminada con un dinero que nunca fue devuelto. Los magistrados sostienen que las alegaciones de Serrano, según las cuales su "confianza ciega" se vio traicionada y él puso distancia con sus dos socios una vez conoció las irregularidades, no casan ni con su elevada formación jurídica, ni con su acreditada implicación en las empresas utilizadas para hacer circular los fondos recibidos y destinarlos a fines indebidos.

Serrano, que ha sufrido también el embargo de bienes por este caso, no respondió a las preguntas de infoLibre, periódico al que denunció ante los tribunales –sin éxito– por revelación de secretos por sus informaciones sobre este caso, en el que Rubén Sánchez (Facua) ejerce la acusación popular.

¿Qué es el caso Serrano? Hay que situarse a primeros de 2016. Tras sus pésimos resultados como candidato de Vox en 2015, Serrano acumula decepciones en lo político y lo profesional. Como juez, está inhabilitado por prevaricación, al haber favorecido injustamente al padre frente a la madre en un régimen de visitas para que el niño saliera como paje en la Semana Santa de Sevilla. Y como político es por entonces casi imposible prever que Vox se acabaría convirtiendo en tercera fuerza política en el Congreso y en pieza clave –con él al frente– para desalojar del poder al PSOE en Andalucía.

Ahora bien, Serrano sabe que tiene un nombre en la Sevilla más conservadora. Y que, lejos de empañar su fama en los círculos derechistas locales, la condena por prevaricación la ha reforzado. El juez se presenta como un mártir en la lucha contra la "ideología de género" y el "feminismo radical". Por eso lo había fichado Santiago Abascal. Así que, vetada la toga, se concentra en alimentar su perfil de héroe perseguido, para lo que llegará a montar un periódico, XYZ, las tres últimas letras del abecedario, en la extrema derecha según se lee, mientras que ABC son las tres primeras.

Además, se convierte en emprendedor. El juez por entonces inhabilitado tiene noticia de las posibilidades del negocio del biocombustible a base de madera, los pellets. Entra en contacto con el ingeniero técnico industrial Enrique Pelegrín. El tercer hombre en el proyecto es Javier López, colaborador del bufete de Serrano. La idea: fundar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y el ingeniero constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Y ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas.

Los fundadores de la sociedad –Serrano y Pelegrín– le atribuyeron ante notario a esta sociedad una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Fue esa falsedad la que les permitió engañar al Ministerio de Industria y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública que, sin esos supuestos fondos propios, no hubieran podido obtener. El dinero se concedió para una fábrica, que iba a estar en Niebla (Huelva), pero que no llegó nunca a estar ni siquiera próxima a culminarse. Los fondos, ingresados a la empresa en diciembre de 2016, no han sido devueltos a Industria. Eso es en síntesis el caso Serrano: dinero público obtenido mediante engaño que además se pierde.

Este periódico empezó a desvelar los hechos en 2019, cuando Serrano había logrado ya asiento como parlamentario de Vox, junto a otros once compañeros. Estas son las tres primeras noticias:

1) Un proyecto empresarial fallido del juez Serrano le cuesta al Estado 2,4 millones.

2) El juez Serrano obtuvo una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo.

3) El falseamiento del capital de la empresa de Serrano fue clave para apropiarse de la ayuda pública de 2,4 millones.

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional empezó a investigar –a raíz de estas informaciones– y comprobó que había caso. El asunto pasó a la Fiscalía y de ahí al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que Serrano era aforado como parlamentario. Lo dejó de ser en 2020, cuando dimitió acorralado y el caso pasó a un juzgado de instrucción, el 16. Desde entonces Serrano ha intentado sin éxito librarse de las imputaciones contra él alegando que fue engañado por sus dos colaboradores en el proyecto, el ingeniero técnico Enrique López y Javier López, que trabajó en su bufete.

No lo ha conseguido. Ni el juez de instrucción, Juan Gutiérrez, ni –cuando le han llegado sus recursos– la Audiencia de Sevilla lo han creído. Y lo cierto es que hay motivos para sostener que Serrano era más que un mero "socio capitalista". Su participación en el engaño a Hacienda está acreditada documentalmente, también su implicación en las empresas y sus gestiones directas en el proyecto una vez que ya era innegablemente conocedor de las irregularidades.

Por todo ello el juzgado de instrucción 16 envió a Serrano el banquillo en un auto de enero de 2023. Pero Serrano no se conformó y recurrió. El recurso del dos veces candidato de Vox alega que fue "víctima de las estrategias delictivas" de sus dos colaboradores, que le habían hecho creer que habían adquirido una maquinaria que no tenían, sin que él –sostiene– fuera consciente.

Serrano se presenta como mero "socio capitalista" y prestador de un "asesoramiento legal muy colateral", detalla el auto. Según el que fue portavoz y presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía, que ya no está en el partido y ahora se dedica a su despacho legal, su salida del proyecto subvencionado se produjo en cuanto se dio cuenta de que su "confianza ciega" había sido traicionada.

La Audiencia tumba este último intento del juez en excedencia de evitar el banquillo en un auto fechado el 29 de febrero. La resolución, que tiene como ponente al magistrado Enrique García por enfermedad de Mercedes Alaya, golpea a Serrano en un punto delicado de su línea de defensa. ¿Por qué? Porque afirma que todos los argumentos que tratan de avalar un supuesto desconocimiento de las irregularidades cometidas "se compadecen mal con la formación del apelante como jurista y con la circunstancia de compartir sede social las mercantiles involucradas" en el movimiento de los fondos después de que hiciera el ingreso el Ministerio de Industria.

El auto señala además que era Serrano quien "controlaba" tanto Biowood Niebla como el despacho de abogados a través del cual participaba en dicha compañía. O sea, la Audiencia le responde que su implicación está acreditada en los papeles y que no es creíble que un hombre con su formación no supiera lo que estaba ocurriendo.

La instrucción ha demostrado que la implicación directa de Serrano en Biowood Niebla es más que una hipótesis sustentada por la presunción de que un hombre con su formación no podía ignorar todas las irregularidades cometidas. La propia resolución de 29 de febrero recuerda el papel, es decir, la implicación directa de Serrano en la constitución de la sociedad pese a no tener la maquinaria, así como en la afirmaciones "indiciariamente inciertas" para obtener la ayuda. La UDEF, en un informe incorporado al sumario, ya desgranó todas las gestiones en las que el juez se implicó directamente.

Entre las operaciones bajo la lupa judicial está la aportación al notario ante el que se constituyó la compañía clave del caso, Biowood Niebla, de unas "facturas proforma" supuestamente acreditativas de la compra de la maquinaria. Esas facturas sirvieron para aparentar la existencia de maquinaria que permitió engordar artificialmente los fondos de la empresa y obtener la ayuda.

Ahora este auto sostiene que ya en marzo de 2016, cuando se monta la sociedad y se le imputan las máquinas mediante esas facturas, Serrano y Pelegrín sabían que las máquinas "no existían ni habían sido adquiridas por ninguno de ellos". "Es obvio", añade la resolución, que lo sabían también cuando recibieron el dinero, en diciembre de 2016.

Los magistrados señalan como indicio del conocimiento de Serrano de la irregularidad cometida para obtener la ayuda que tres meses después de recibir el dinero hicieron una reducción del capital de la empresa devolviendo a cada socio lo que supuestamente había aportado para la maquinaria.

El juicio del caso Serrano deberá dar respuesta a dos grandes preguntas. La primera, cómo se obtuvieron los fondos. La segunda, dónde fueron a parar. Tanto en una como en otra el auto apunta contra Serrano. En el primer caso, por las irregularidades cometidas para conseguir el dinero público. En el segundo, por el desvío del mismo a fines distintos a los debidos.

El auto se detiene en el recorrido del dinero. La "trazabilidad" de los fondos del préstamo, 2.489.000 euros, revela que, una vez ingresados en la cuenta de Biowood Niebla en Targo Bank en diciembre de 2016, más de 2 millones de euros salieron entre febrero y marzo de 2017 hacia otra cuenta de la mercantil. En junio, un millón de euros –siempre según el auto– tomó destino a Proyectos e Inversiones Serralba, empresa de la que Serrano era "socio único". Esa cantidad pasó después a Pellex Energía, también participada por el recurrente cuando ocurrieron los hechos bajo la lupa judicial.

Concluye el auto: "La mayor parte del dinero procedente del préstamo se habría destinado indiciariamente para fondos de inversión, para el proyecto de otra entidad en la nada despreciable suma de un millón de euros, y para otras finalidades desconocidas [...]. El proyecto para el que debía ser destinado el préstamo [la fábrica] contaba a 30/08/2022 con dos edificios comenzados –la nave donde se iban a fabricar y el edificio de servicios, oficina y administración– a los que restaba mucho para su completa ejecución, no habiéndose realizado nada de la urbanización exterior ni las instalaciones previstas para la depuradora, depósito y acumulador de agua, y centro de transformación".

Los magistrados señalan también que en octubre de 2017, cuando Serrano se desvincula del proyecto de fábrica de pellets y Pelegrín manifiesta por escrito que exime de "toda responsabilidad" al recurrente en el uso de los fondos, "ya se había dispuesto del dinero procedente del préstamo y se había destinado a fines distintos a la construcción de la fábrica", por lo que lo que cualquier posible delito ya estaría consumado. El acuerdo de salida de 2017 será previsiblemente una de las vigas de su defensa en el juicio por parte de Serrano, que –al igual que los otros dos acusados– siempre ha sostenido su inocencia y ha negado cualquier enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en el que reclama hasta ocho años de prisión para el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del partido en Andalucía, Francisco Serrano, procesado por un posible delito de fraude de subvenciones y otro presunto delito de estafa, con relación al destino de un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros, como desveló infoLibre.

En su escrito de acusación, emitido el pasado 12 de junio y recogido por Europa Press, la Fiscalía califica los hechos atribuidos a Serrano y los dos restantes acusados del caso, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, como un presunto delito de estafa, por el que reclama para cada uno de ellos seis años de prisión, así como sendas multas de 5.400 euros.

Como calificación subsidiaria, señala dos supuestos delitos de fraude de subvenciones, uno del artículo 308.1 del Código Penal y otro del artículo 308.2 del Código Penal, por los que reclama para cada uno de los acusados ocho años de cárcel, multas que suman casi 15 millones de euros y 12 años de pérdida del derecho a obtener ayudas públicas.

En materia de responsabilidad civil, solicita que los tres acusados, conjuntamente y con la sociedad Bio Wood Niebla como responsable civil subsidiaria, indemnicen con casi 2,49 millones de euros al Ministerio de Industria.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que ejerce la acusación popular, reclama de su lado para Francisco Serrano hasta nueve años de prisión susceptibles de ser incrementados a diez, en caso de no pagar una petición de multa que roza los diez millones de euros.

El auto de continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado detalla que en 2016, Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros "se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla", que era el objeto de los fondos solicitados.

El auto precisa que conscientes de "la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia" para captar sus préstamos, Serrano a través de su sociedad Serrano Abogados y Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una "maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad".

Según el auto, el Ministerio de Industria les concedió un préstamo por importe de 2.489.000 euros "con el compromiso de que de Biowood Niebla invierta, además, 1.027.125 euros, pesando "la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de la empresa", tras "aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida".

Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las "disposiciones" del dinero "para fines no comprendidos" en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a "un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos" estatales recibidos.

Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, "se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gomez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario".

Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la "constitución de un fondo de inversión", mientras además "se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowwod "avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus".

El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito "se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50%, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados".

El juez instructor Juan Gutiérrez Casillas señala igualmente "una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Francisco Serrano "que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus".

"Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción", resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

"En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros", remata el juez instructor, que aprecia "indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa", atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

Francisco Serrano, el juez que fue dos veces cabeza de cartel de Vox en las elecciones andaluzas, está procesado por estafa y fraude de subvenciones. El caso lo destapó Ángel Munárriz, periodista de infoLibre, en un trabajo meticuloso, basado en hechos y documentos. La investigación periodística dio pie a una judicial que no pinta nada bien para este magistrado ultra.

¿Qué hizo él? Acusar a Ángel y a infoLibre de un delito de revelación de secretos, que puede comportar hasta cinco años. Perdió, recurrió y ha vuelto a perder. De estas cosas hablamos poco, pero importan mucho. Porque cada vez más se utiliza la Justicia para amedrentar a los periodistas. Porque a veces, acaban pagando los periodistas que hacen su trabajo en vez de los corruptos y los delincuentes. Esta vez no ha sido así. El apoyo de las socias y socios nos ha permitido defenderlos… y lo vamos a contar. Es nuestro trabajo. Le pese a quien le pese.

El quinto párrafo es un podcast de infoLibre dirigido por Daniel Basteiro y hecho en Taller de Ideas.

Puedes encontrarlo en Spotify, iVoox y en Google Podcast.

Si quieres que sigamos investigando y haciendo podcast como este, suscríbete. La información que recibes depende de ti.

No es un cuento. Más bien es un símbolo de buena parte de lo que viene pasando en la política española. Francisco Serrano, exjuez que condujo a Vox a su primer gran éxito electoral y dio el poder al PP en Andalucía, acaba de ser procesado por los delitos de estafa y fraude en subvenciones. El señor de las paguitas, el mismo que enarboló precisamente el discurso de que Vox acabaría con “la Andalucía [y la España] de las subvenciones”, ese supuesto maná que alimentaba a feministas, abortistas, sindicatos, progres, inmigrantes y otras gentes de mal vivir, tendrá que responder ante la justicia por el aluvión de pruebas que indican que él y dos socios suyos obtuvieron mediante falsedades una ayuda de casi dos millones y medio de euros públicos que jamás han devuelto y que utilizaron para fines distintos (y muy distantes) a los legalmente exigidos (ver aquí).

Hasta este punto (jurídico y político) no se ha llegado fácilmente, sino con la resistencia y todo tipo de obstáculos por parte de los implicados, y muy especialmente del señor Serrano, el que vistió el doble traje de luchador anticorrupción y experimentado miembro de la judicatura, con ese aura de prestigio del que goza un jurista por prevaricador sentenciado que sea o por disparatados, negacionistas o iluminados que resulten ser los mensajes que lanza. Para hacerles el cuento corto: este individuo, con todo el aparato político de Vox detrás, usó una millonada de dinero público para sus intereses particulares y empresariales, y hasta es posible que a día de hoy siguiera compaginando ambas máscaras si no fuera por el trabajo periodístico de nuestro compañero Ángel Munárriz en infoLibre y por la denuncia judicial planteada en su día por la asociación Facua (ver aquí el dosier con las principales informaciones sobre el caso).

La osadía no tiene límites. Menos aún si uno cree moverse en la impunidad, siguiendo demasiados ejemplos de esa mala política que tanto desgasta los fundamentos de la democracia y de la que todos los Serranos se aprovechan. Así que, en lugar de responder a las constantes preguntas de infoLibre ante cada paso que avanzábamos en la investigación, el señor de las paguitas lleva casi siete años huyendo hacia adelante, atropellando todo lo que se le antojaba, interponiendo incluso una querella contra este periódico por “revelación de secretos”, cualquier cosa con tal de intimidar (¡oiga, que yo soy juez!) y desviar la atención. A finales del pasado septiembre tuvieron que acudir a declarar en un juzgado el periodista autor de la investigación, Ángel Munárriz, y nuestro director, Daniel Basteiro, como representante de infoLibre (ver aquí). ¿Revelación de secretos? ¡Pues claro! Si el secreto consiste en una posible estafa de dinero público, esa es una de las prioritarias obligaciones de nuestro oficio: informar de aquello que se pretende ocultar con fines espúreos, que tenga un interés público, que afecte al buen uso de los bienes comunes. 

Según el señor de las paguitas, infoLibre revela “secretos e información confidencial”, que afecta a su inmaculada imagen, por un único motivo: “odio ideológico”. Y aquí se toca una tecla con calado político y periodístico. Es una norma instalada en todos los dogmatismos y sectarismos que en el mundo han sido: creen que todos llevamos puesto su mismo chip. Si ellos odian, nosotros reaccionamos “por odio”. No les entra en la cabeza otra posibilidad. Por ejemplo la de la simple decencia o dignidad democrática: piense usted lo que quiera, está en su derecho, pero no invente, no manipule, no me ofenda con ese “todos somos iguales” con el que protege sus atropellos… No toque usted un solo euro de dinero público y pretenda que la denuncia de una estafa acabe debajo de la alfombra del “hoy por ti, mañana por mí”.  

Hay un hilo nada invisible que conecta la reacción que copia un Francisco Serrano de un López Miras o un García Egea. Lo trasladó con precisión una campaña internacional de Reporteros sin Fronteras (ver aquí) hace poco más de un mes: intentan amedrentar al periodismo libre con “demandas mordaza” que sólo pretenden intimidar: si Ángel Munárriz o su director, Daniel Basteiro, se ven forzados a pensárselo no una sino diez veces antes de escribir o publicar una información contrastada, ya se han apuntado un tanto los señores de las paguitas, o de los saltos en las listas de espera, o simplemente del castizo “¡no sabe usted con quién está hablando!”.

En el trasfondo ideológico del asunto, el calendario a veces hace coincidir la justicia política y la poética. Se cumple ahora una semana del provocador disparate anunciado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, un “irresponsable” según el nuevo portavoz “moderado” del PP, Borja Sémper. Cabe preguntarse con qué criterios de respeto al votante y a la democracia puede sostenerse la calificación de “irresponsable” a un dirigente político (ver aquí) y no destituirlo de inmediato si se tiene la capacidad de hacerlo. No es una cuestión de ser “radical” o “moderado”. Se trata simplemente de un mínimo respeto a la ciudadanía.

En lo que se refiere a la calidad democrática o al discurso antifeminista y antidemocrático, la línea que separa a los Serrano de los García Gallardo es tan fina como inapreciable. Sólo las aleja la posibilidad (muy fundada) de haber cometido delitos que ahora agobian al juez de las paguitas. Pero las acerca demasiado la reacción comprobada por parte de quien más tiene que ganar o perder en la disputa política del espacio de la derecha. Núñez Feijóo ha elegido reaccionar al inasumible dislate antidemocrático en Castilla y León asegurando que todo es un invento, una manipulación: nadie ha visto a un vicepresidente de la Junta, acompañado por el consejero de Presidencia del PP, anunciando dos medidas muy concretas que atropellan derechos fundamentales de las mujeres. Hay marcha atrás de Mañueco, y hay conformidad de Vox después de haber conseguido copar la conversación pública. Pero no pretendan hacernos comulgar con ruedas de molino: si no hay protocolo escrito es porque durante cinco días vieron las orejas al lobo.

El muy real cuento sobre el juez de las paguitas y su camino del banquillo confirma algo que venimos defendiendo desde hace casi diez años: no somos tan ilusos de pretender arreglar el mundo, pero sí defendemos la necesidad de que cada cual aporte su granito de arena (de información, de pruebas, de datos, de argumentos) para fortalecer la democracia en lugar de caer en la simplona y peligrosísima tarea de desgastarla. (Para provecho personal y colectivo de los profesionales de las paguitas convencidos de que todos somos como ellos).

P.D. Disculpen lo que quizás pueda interpretarse como una queja muy personalista o interesada. De verdad que no es así. En infoLibre llevamos casi diez años defendiendo, e intentando cumplir, unos rasgos mínimos pero irrenunciables que creemos que definen un periodismo decente. Hay uno muy sencillo: citar al medio que ha protagonizado una investigación que se demuestra rigurosa, fiable, contrastada… Ocultar la fuente sólo retrata a quien lo hace. El periodismo fiable depende de sus lectores comprometidos. Y esto no es un eslogan. Créanme.

Era el hombre de Santiago Abascal en Andalucía. Lo fue en 2015, cuando no logró entrar en el Parlamento como cabeza de cartel de Vox por primera vez. Y lo volvió a ser en 2018, cuando estuvo al frente de la candidatura con la que la ultraderecha regresó con fuerza a las instituciones, logrando 12 diputados imprescindibles para echar al PSOE del Palacio de San Telmo después de 37 años. El polémico juez Francisco de Asís Serrano Castro (Madrid, 1965) solía decir que había llegado a la política andaluza, entre otros motivos, para acabar con las "paguitas". Ponía el foco en el supuesto fraude con el PER y otros desmanes –decía– amparados por "la PSOE". Ahora Serrano va camino del banquillo de los acusados, precisamente, por fraude de subvenciones. También por estafa, pero es el delito de fraude de subvenciones el que más contrasta con su supuesta trayectoria de justiciero contra el mal uso de fondos públicos, fueran para jornaleros sin tierra o "chiringuitos feministas".

Juan Gutiérrez, el juez que lleva el caso Serrano, la investigación de los posibles delitos cometidos por el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía durante su etapa como emprendedor, ha colocado al también magistrado en excedencia a un paso del banquillo. Se enfrenta a un juicio por unos delitos que, si es condenado, lo podrían incluso llevar a prisión. Serrano se declara inocente, pero el auto de procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción supone un golpe a su coartada, según la cual fue engañado por sus exsocios y se apartó del proyecto en cuanto descubrió con escándalo las irregularidades. Tal cosa, dice el instructor, "carece de sustento". En un auto de 18 de enero, el juez Juan Gutiérrez, del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, procesa tanto a Serrano como a sus dos antiguos socios, con los que hoy está enfrentado, por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones.

El auto constituye una ratificación de la investigación publicada desde 2019 por este periódico, que desveló los hechos y dio origen a las pesquisas primero policiales y luego judiciales que han llevado al que fue juez estrella de Vox al fin de su carrera política, al embargo de sus bienes y a su procesamiento penal [ver aquí el dosier con las noticias publicadas].

infoLibre se dirigió este jueves a los tres procesados. Ni Serrano ni sus dos exsocios, Enrique Pelegrín y Javier López, quisieron hacer ningún comentario.

¿Qué es el caso Serrano? Hay que situarse. Primeros de 2016. Serrano, tras su fracaso como candidato de 2015, está inhabilitado como juez por prevaricación, al haber favorecido injustamente al padre frente a la madre en un régimen de visitas para que el niño saliera como paje en la Semana Santa de Sevilla. Lejos de empañar su fama en los círculos conservadores locales, esta condena la refuerza. Es un mártir de la lucha contra la "ideología de género" y el "feminismo radical". Por eso lo había fichado Abascal. Así que, vetada la toga, Serrano se concentra en alimentar su perfil de héroe perseguido, para lo que llegará a montar un periódico. Además, se convierte en hombre de negocios.

El juez por entonces inhabilitado tiene noticia de las posibilidades del negocio del biocombustible a base de madera, los pellets. Entra en contacto con el ingeniero técnico industrial Enrique Pelegrín. El tercer hombre en el proyecto es Javier López, colaborador del bufete de Serrano. La idea está clara: montar una empresa y conseguir una ayuda pública. Para ello el juez y el ingeniero constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Biowood Niebla. Pero ahí mismo, en el origen, empezaron las trampas.

Los fundadores de la sociedad –Serrano y Pelegrín– le atribuyeron ante notario una maquinaria que en realidad no tenían para engordar sus fondos propios. Y fue esa falsedad la que les permitió engañar al Ministerio de Industria y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública para la fábrica, que iba a estar en Niebla (Huelva), pero que no llegó a culminarse. El dinero, ingresado a la empresa en diciembre de 2016, no ha sido devuelto a Industria.

Eso es el caso Serrano: dinero público obtenido mediante engaño que además se pierde.

Este periódico empezó a desvelar los hechos en octubre de 2019, cuando Serrano era presidente del grupo parlamentario de Vox. La publicación de las irregularidades en la obtención de los fondos, sumada a la evidencia de que la fábrica ni estaba ni se la esperaba, movió a la apertura de una investigación a partir de una denuncia de Rubén Sánchez, de Facua.

Serrano terminó imputado penalmente, por lo que dimitió como parlamentario andaluz en septiembre de 2020, después de haber salido de Vox. El partido de ultraderecha, tras una tímida defensa inicial, le soltó la mano y le dio la espalda. Fue el adiós a su carrera política. Serrano también ha visto sus bienes embargados por Hacienda. Y sus problemas no acaban ahí. Ahora el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez, que ha investigado la forma de obtención del dinero y busca el destino final del mismo, procesa tanto al dos veces candidato de Vox como a Pelegrín y al segundo colaborador en el proyecto, el consultor Javier López, sin participación accionarial. Saca del caso al notario ante el que Serrano y Pelegrín montaron la empresa.

El auto que cierra la instrucción recoge con esmero una secuencia de hechos que arranca en aquel 2016 fatídico para Serrano. Según el instructor, el entonces juez inhabilitado, Pelegrín y López "se concertaron" para obtener, "sin tener la debida solvencia", un préstamo de 2,4 millones de euros de Industria que ha sido destinado a "fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets". De la prometida fábrica sólo se han ejecutado obras por algo más de 654.000 euros. No se ha comprado e instalado nada para aparatos y equipos de producción. Al ser el importe máximo del préstamo destinado a edificación de 544.316 euros, el instructor llega a esta conclusión: de los 2.489.000 euros abonados por Industria, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros. Un 21,86%.

En el reparto de roles, el auto sitúa a Serrano como "inversor y soporte jurídico" de un proyecto que nació marcado por el engaño. El instructor se detiene en la forma irregular en que Serrano y Pelegrín montaron la empresa. "Los investigados conocen de la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia porque así son informados por Ecobanca, asesor en el proceso. Por ello, constituyen la empresa no ajustándose a la realidad. La aportación a los fondos propios de la sociedad que realizan Serrano y Pelegrín, además de 7.000 euros, son respectivamente un secadero rotativo (que valoran en 742.800 euros) y tres granuladoras (que valoran en 495.200 euros). [...] Esta maquinaría nunca fue comprada [...], por lo que la declaración no era ajustada a la verdad".

Son hechos que desveló infoLibre en octubre de 2019 en una información titulada así: El juez Serrano obtuvo una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo. Además, son hechos fundamentales. Sin esos fondos propios –que en realidad eran falsos–, la empresa no hubiera podido obtener la ayuda pública de 2,4 millones. Y son hechos en los que estuvo directamente implicado Serrano.

Las "facturas proforma" que supuestamente acreditaban la compra de la maquinaria eran en realidad presupuestos encargados a otra empresa, pero la venta no se llegó a efectuar nunca. El ardid estaba destinado a "dar imagen de solvencia" y de "poseer unos fondos propios no reales" para conseguir la ayuda "de forma indebida", dice el instructor. Cosa que lograron, tras solicitarla a Industria en un expediente en el que Serrano tuvo un papel protagonista. Así lo constata el juez que lleva el caso, al subrayar que fue Serrano el que puso la "firma digital", de la que no disponía el otro administrador. El dato no es baladí. Serrano siempre se ha presentado como un inversor ajeno a la primera línea del proyecto. Está por ver qué se establece, cuando llegue, en el juicio oral. Lo seguro es que la instrucción concluye rechazando la base de la coartada de Serrano. Y no sólo en este punto. El exlíder andaluz de Vox ha tratado de sostener que fue engañado por sus socios, aunque lo cierto es que estuvo implicado en las gestiones cuando ya está acreditado que conocía las irregularidades cometidas.

En la solicitud de ayuda a Industria se indica que no es necesario comprar maquinaria porque la empresa ya la tiene, "lo que no se ajusta a la realidad", señala el juez. No es la única falsedad. También "se indica que el suelo donde se construirá la fábrica ha sido cedido por el Ayuntamiento de Niebla bajo una concesión [...] de 30 años", lo que también es falso, señala el juez.

Industria llegó a dirigirse a Biowood Niebla al tener dudas sobre la valoración de los fondos propios. ¿Qué hizo Serrano? Aportó una tasación pericial de la maquinaria inexistente, elaborada por una empresa que la hizo sin verla, claro. El instructor detalla cómo Serrano pelea para que le sean aceptadas como "fondos propios" las supuestas máquinas, al tener –al igual que Pelegrín– "pleno conocimiento de la trascendencia" de ello para conseguir la ayuda.

El dinero llegó a Biowood Niebla en diciembre de 2016: 2.489.000 euros. Debía haber servido para construir una fábrica de biocombustible en Niebla (Huelva), pero no ha sido así. Los fondos empiezan a destinarse a otros fines, como se detalla en el auto. Hay un préstamo al promotor moroso Manuel Gavira, cliente de Serrano. Aquí se detiene el instructor en su auto para implicar a los tres investigados, que "se reunieron en distintas ocasiones" con Gavira "y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario". Dicho dinero ha sido devuelto por Gavira, en un importe de 230.150 euros con los intereses.

Hay más dinero supuestamente salido de la ayuda pública que fue dedicado a fines ajenos a la fábrica de pellets, como los préstamos a empresas de Serrano, entre ellas su propio periódico, XYZ, todo ello según queda recogido en el auto. XYZ es el medio con el que Serrano había querido consolidarse como referencia conservadora en Sevilla. Si Abc, diario católico conservador líder en Sevilla, son las tres primeras líneas del abecedario, XYZ son las tres últimas. Las tres más a la derecha. Hoy ese periódico no existe.

En marzo de 2017, cuando ya había empezado a salir dinero de la ayuda para otros fines, se produjo una reducción de capital de Biowood Niebla con la devolución de la falsa maquinaria a los socios. Este movimiento, según Serrano, sería la prueba de que había perdido la "confianza" en sus socios al enterarse de que las máquinas no estaban. Esto es clave en la estrategia de defensa de Serrano, básico para su coartada. Es lo que dice desde que infoLibre publicó la primera información. Pero el juez instructor lo rechaza de plano: "Ello carece de sustento porque tras esa fecha se siguen realizando operaciones y creando empresas juntos por los investigados". Son hechos que también ha publicado este periódico, con información del Registro Mercantil. Por ejemplo, en esta noticia de noviembre de 2019: Una segunda empresa de Serrano montó una filial en Extremadura con un millón de euros cuyo origen se niega a desvelar.

Serrano se sale del proyecto en octubre de 2017. Sus planes resplandecían: a la política y la abogacía se sumaba la posibilidad de volver a la judicatura, porque un año atrás se había acortado su periodo de inhabilitación y podía volver a vestir la toga. Al frente del negocio se quedaba Pelegrín. El acuerdo de salida implicaba un reconocimiento de deudas con Serrano, que "son pagadas con cargo" al préstamo de Industria, y "un acuerdo de exoneración de responsabilidad [de Serrano] por la gestión" del dinero público recibido. Pese a este acuerdo de exoneración, el auto del juez Gutiérrez es la mejor prueba de que, al menos por ahora, Serrano no está libre de responsabilidades. Las irregularidades siguieron tras la salida de Serrano, como detalla el instructor. Por ejemplo, con la simulación ante Industria de avances en el proyecto.

El instructor aprecia "indicios racionales" de dos delitos: fraude de subvenciones, que supone penas de uno a cinco años en caso de condena, y estafa, de seis meses a tres años. Son procesados Serrano y sus dos antiguos socios. Todo ello lo establece el juez instructor en lo que se llama "auto de procedimiento abreviado", un paso previo al envío del caso a juicio, donde se decidirá sobre el fondo del asunto y se establecerán las posibles condenas o absoluciones. Los tres procesados se declaran inocentes.

Ahora el instructor da traslado de las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones, entre ellas la popular, que ejerce Rubén Sánchez, de Facua, que deberán formular escrito de acusación o pedir el sobreseimiento, circunstancia esta última improbable por la trayectoria que tienen desde el inicio del caso.

El juez instructor dicta el sobreseimiento y archivo parcial de la causa con respecto al notario Álvaro Sánchez, que estaba investigado por un posible delito de falsedad en documento público. Se trata del fedatario ante el cual Serrano y Pelegrín montaron Biowood Niebla, imputándole a la empresa unas máquinas que no existían. El auto señala que no resulta "debidamente justificada" su participación en ningún hecho delictivo.

"La inclusión de las facturas en la escritura pública fue iniciativa de Biowood Niebla, no de la notaría, porque en las sociedades limitadas no es requisito legal incorporar informe de valoración de las aportaciones de bienes muebles de los socios. Basta su declaración de ser propietarios del bien", señala el juez instructor, que no ve al notario implicado ni directamente "ni como colaborador necesario, ni como copartícipe inductor o encubridor". Y añade: "La configuración y la unión a la escritura de un presupuesto o factura proforma en lugar de factura abonada como mero error de hecho no tiene relevancia penal [...]".

El juez que investiga el caso Serrano, la investigación de los posibles delitos cometidos por el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta Francisco Serrano durante su etapa como empresario, ha colocado al también juez en excedencia a un paso del banquillo. En un auto de 18 de enero, el juez Juan Gutiérrez, del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, procesa tanto a Serrano como a dos antiguos socios por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones, ratificando la investigación realizada por este periódico, que desveló los hechos y dio origen al caso [ver aquí el dosier con las informaciones publicadas].

El auto detalla que en 2016 Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Javier López "se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets" en la localidad de Niebla (Huelva), que era el objeto de los fondos.

El auto del caso, derivado de la denuncia inicial ante la UDEF del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, precisa que, conscientes de "la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia" para captar sus préstamos, Serrano y el ingeniero técnico Enrique Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una "maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad".

Según el auto, el Ministerio de Industria les concedió un préstamo por importe de 2.489.000 euros con el compromiso de que de Biowood Niebla invirtiera, además, 1.027.125 euros, pesando "la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de la empresa", tras "aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida".

Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las "disposiciones" del dinero "para fines no comprendidos" en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a "un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quien Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos" estatales recibidos.

Dinero del préstamo para "pagar deudas de las empresas"

Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, "se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario".

Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la "constitución de un fondo de inversión", mientras además se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, y Biowwod "avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus", todo ello según el auto.

El instructor señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito "se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50%, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados".

El juez instructor Juan Gutiérrez señala igualmente "una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Serrano "que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus".

"Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción", resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

"En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros", remata el juez instructor, que aprecia "indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa", atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Javier López.

El juez acuerda finalmente el sobreseimiento parcial y archivo de las actuaciones respecto al notario Álvaro Sánchez Fernández al no considerar acreditado que "hubiese participado directamente, ni como colaborador necesario, ni como copartícipe inductor o encubridor de ninguno de los actos relacionados en el relato de hechos".

Serrano, cuyas irregularidades fueron desveladas por este periódico, se ha querellado contra infoLibre, contra su periodista Ángel Munárriz y contra Rubén Sánchez, de Facua, por una supuesta revelación de secretos y violación de secretos e información privilegiada en las informaciones publicadas sobre las irregularidades cometidas en su actividad empresarial. Los tres fueron citados por el primer delito y se encuentran a la espera de una decisión judicial.

El pasado 28 de septiembre Daniel Basteiro, director de infoLibre –en representación del medio–, Munárriz y Sánchez prestaron declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla. Basteiro y Munárriz defendieron el interés público de las informaciones, que afectan a una persona de incuestionable relieve político que se presentó ante el electorado andaluz como garante del buen uso de los caudales públicos. También defendieron la diligencia profesional seguida en la elaboración de las noticias, tanto por su soporte documental como por su exposición objetiva y por la oportunidad dada a los aludidos de ofrecer su versión. Munárriz se negó a desvelar la identidad de ninguna de sus fuentes.

En su querella, Serrano se presentó como víctima de un "juicio paralelo" en el que los denunciados, para desprestigiar su figura por un "odio manifiesto por razones ideológicas", habrían lesionado sus derechos fundamentales con la publicación de información incluida en el sumario.

Francisco Serrano, candidato de Vox a la presidencia de Andalucía en 2015 y 2018, se ha querellado contra infoLibre y contra su periodista Ángel Munárriz por una supuesta revelación de secretos en las informaciones publicadas sobre las irregularidades cometidas en su actividad empresarial, por las que está siendo investigado en un caso de posible fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros. El juez en excedencia, que se declara inocente, lleva así al terreno judicial su respuesta a las noticias publicadas por este diario desde 2019, que condujeron a la apertura de una instrucción penal actualmente en curso y provocaron su dimisión en 2020. Nunca Serrano –tampoco en su querella– ha desmentido las informaciones, apoyadas en documentación contrastada.

Serrano, que dejó su escaño de parlamentario andaluz como resultado de su imputación, se querella contra infoLibre como medio que publica las informaciones, contra Munárriz como autor de las mismas y también contra Rubén Sánchez, que ejerce la acusación popular en el caso que afecta al dos veces candidato de Vox. Los delitos que denuncia son dos: revelación de secretos y violación de secretos e información privilegiada. No obstante, los tres denunciados han sido citados sólo por el primer delito, el de revelación de secretos. Serrano se presenta en su querella como víctima de un "juicio paralelo" en el que los denunciados, para desprestigiar su figura por un "odio manifiesto por razones ideológicas", habrían lesionado sus derechos fundamentales con la publicación de información incluida en el sumario.

Daniel Basteiro, director de infoLibre –en representación del medio–, el periodista Ángel Munárriz y Rubén Sánchez, que ejerce la acusación popular, prestaron este martes declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla. Basteiro y Munárriz defendieron el interés público de las informaciones, que afectan a una persona de incuestionable relieve político que se presentó ante el electorado andaluz como garante del buen uso de los caudales públicos. También defendieron la diligencia profesional seguida en la elaboración de las noticias, tanto por su soporte documental como por su exposición objetiva y por la oportunidad dada a los aludidos de ofrecer su versión. Munárriz se negó a desvelar la identidad de ninguna de sus fuentes.

Este miércoles este diario se puso en contacto con Serrano para recabar su versión de los hechos, los motivos que le han llevado a la presentación de la denuncia o cualquier otro comentario que quisiera hacer sobre las diferentes informaciones publicadas. "No puedo facilitar ninguna información de las diligencias practicadas en una instrucción dado su carácter reservado", se ha limitado a contestar.

Para entender la querella hay que conocer el caso desvelado por este periódico. Francisco Serrano y un socio, Enrique Pelegrín, constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Bio Wood Niebla, atribuyéndole ante un notario de Sevilla una maquinaria que en realidad no tenían. Ese es el origen del caso. Esta falsedad les permitió obtener 2,4 millones de euros de una ayuda pública supuestamente destinada a una fábrica de biomasa en Niebla (Huelva) que no llegó a culminarse ni a funcionar. El dinero, que fue ingresado a la empresa en diciembre de 2016, tampoco fue devuelto a Industria.

infoLibre destapó estos hechos en octubre de 2019. La Policía Nacional, tras una denuncia de Rubén Sánchez, abrió una investigación, que tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –en la etapa de aforado de Serrano– acabó en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla a raíz de la dimisión del dos veces candidato de Vox. Actualmente, dicho juzgado investiga tanto la forma en que se obtuvo el dinero como el destino de los fondos. El caso ha provocado el embargo de bienes de Serrano. Hay tres investigados: Serrano, Pelegrín y un tercer colaborador en el proyecto, Javier López.

infoLibre, tras desvelar los hechos, ha hecho seguimiento del caso tanto antes como después de la apertura del sumario judicial, con informaciones como estas: "Una segunda empresa de Serrano montó una filial en Extremadura con un millón de euros cuyo origen se niega a desvelar" (7 de noviembre de 2019), "El documento oficial que demuestra que el juez Serrano participó en el engaño para obtener una ayuda pública de 2,4 millones" (27 de julio de 2020) o "La Policía pide el bloqueo de un fondo de inversión en busca de dinero de la ayuda de 2,4 millones concedida al juez Serrano" (9 de febrero de 2021). Aquí puede leerse el dosier completo con las noticias publicadas por este periódico, que no sólo dieron a conocer hechos que la investigación primero policial y luego judicial han venido ratificando, sino que han encontrado amplio eco en otros medios de prensa, radio y televisión.

Ni Serrano ni ningún otro aludido –tampoco los otros dos investigados en el caso– han solicitado al periódico en ningún momento la rectificación de ningún dato. Serrano ha ignorado las reiteradas solicitudes para que ofrezca su versión que este periódico le ha trasladado antes de publicar las diferentes informaciones que le afectaban. Sólo atendió a infoLibre una vez, antes de la primera información. Desde entonces, no había vuelto a responder hasta este miércoles, cuando rechazó hacer ninguna valoración.

El 16 de diciembre de 2021 Serrano presentó al juzgado de Sevilla que por turno correspondiera su denuncia contra infoLibre, Ángel Munárriz y Rubén Sánchez. Según el texto, de 15 páginas más once anexos, Munárriz ha difundido a través de este diario "información reservada y de naturaleza confidencial" pese a "tener conocimiento de su origen ilícito". Sin aportar prueba alguna, Serrano sugiere que la información que forma parte del sumario y fue publicada por infoLibre le fue entregada por la acusación popular. Además, acusa a Munárriz de haber difundido información de forma "sectaria e inveraz", aunque no detalla dónde residirían ese sectarismo y falta de veracidad.

El juez en excedencia, que se dedica ahora a la abogacía en Sevilla, afirma en la querella haber sido víctima de un "juicio paralelo mediático" que tenía como fin "desprestigiar" a su persona. Según Serrano, el periodista y la acusación popular han actuado guiados por la búsqueda de "rentabilidad económica" y la "creación de opinión pública para perjudicar y deteriorar" la imagen del ahora denunciante. "Concurren manifiestas y no veladas razones e intereses particulares de represalia política e ideológica, dirigida contra quien se considera ha tenido un papel relevante en una formación política [Vox] que es contraria a la propia ideología de los denunciados", recoge la denuncia. La querella añade que "ni la libertad de información [...] ni la libertad de expresión" amparan la conducta de los denunciados. El denunciante sostiene que las revelaciones de infoLibre afectan a su derecho a una defensa, a su presunción de inocencia, a su honor y a su intimidad.

Tanto Basteiro como Munárriz comparecieron por separado este martes, acompañados de su abogado, en el Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla, donde habían sido citados como resultado de la querella de Serrano. Aunque la denuncia fue por dos delitos, en las citaciones judiciales –de 3 de junio de 2022– figuraba sólo uno, revelación de secretos, tipificado en el artículo 199 del Código Penal y que prevé hasta cuatro años de prisión.

Los dos periodistas reafirmaron durante sus declaraciones el interés público de las informaciones publicadas, que afectan al que fue candidato de un partido, Vox, cuya irrupción en Andalucía en 2018 fue crucial para quebrar una mayoría encabezada por el PSOE que duraba ya casi 37 años. Serrano se había presentado en la campaña y luego como parlamentario como un garante de la limpieza en la gestión y el buen uso de los fondos públicos, lo que incrementa el interés público de unas informaciones que precisamente tratan sobre caudales del Estado.

Ambos destacaron también la diligencia profesional y el escrúpulo deontológico en la elaboración de las noticias, apoyadas en documentación contrastada y publicadas después de dar a los afectados la oportunidad de ofrecer su versión, sin incluir en ningún caso datos personales o sin relevancia desde el punto de vista del interés público. Basteiro y Munárriz negaron en el juzgado haber actuado por animadversión, de raíz ideológica o de cualquier otra, hacia Serrano o hacia ningún otro afectado por su investigación, así como haber publicado información con origen ilícito.

Rubén Sánchez, a preguntas de este periódico, explica que en su declaración negó las acusaciones de Serrano y rechazó haber hecho cualquier uso ilícito de la información integrada en el sumario a la que tiene acceso como acusación popular. Como parte del proceso, el también denunciante del caso ante la Policía Nacional se ha limitado a hacer públicas algunas diligencias que solicita al juez instructor, cosa a la que tiene perfecto derecho, sin comprometer en ningún caso información reservada, explica. 

El secretario general de Facua, que ya fue denunciado por calumnias por Serrano –denuncia que fue archivada–, afirma que la querella es una "instrumentalización de la justicia impropia de alguien que ha sido juez" y que sólo pretende su expulsión del procedimiento. "Pero no porque su principal preocupación sea que trasciendan datos de la investigación, sino porque la actuación de mi abogado está haciendo surgir nuevas pruebas que lo incriminan", señala.

Pese a que Serrano ha ignorado los múltiples ofrecimientos de dar su versión de los hechos desvelados por este periódico, infoLibre ha incorporado su posición en sus informaciones tomándola de manifestaciones públicas realizadas por él mismo o, una vez abierto el sumario, de escritos presentados por su defensa, entre otras fuentes.

La querella de Serrano, que incluye la acusación de revelación de secretos, se suma a otra anterior por el mismo delito presentada contra infoLibre y contra su periodista Alicia Gutiérrez por parte de Fernando López Miras y Teodoro García Egea a raíz de la publicación de una información, en junio de 2021, que desvelaba que el presidente de la Región de Murcia había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del entonces secretario general del PP. 

El juzgado de instrucción que llevó el caso lo archivó, decisión avalada por la Audiencia Provincial de Madrid, que le dio carpetazo definitivo en julio de 2022.

La jueza Mercedes Alaya, que fue el azote del PSOE por su instrucción del caso ERE, complica ahora la defensa en los tribunales del juez Francisco Serrano, el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, que llegó a la política prometiendo limpiar de la historia la corrupción socialista.

Así de retorcidos son a veces los giros de la política.

En un auto de 13 de junio de la sección séptima de la Audiencia Provincia de Sevilla, dentro del caso de posible fraude de subvenciones en el que Serrano está siendo investigado, Alaya incluye una afirmación que constituye un ataque en toda regla a su coartada, según la cual fue víctima de un engaño de sus exsocios y no tardó en marcharse tras descubrirlo.

La resolución de la que Alaya es ponente recoge que "existen indicios relevantes" de que "a finales de 2016", es decir, más de nueve meses antes de abandonar la empresa subvencionada, Serrano ya sabía que el préstamo de 2,4 millones concedido por el Ministerio de Industria "no se iba a destinar al fin previsto", una fábrica de biomasa en Niebla (Huelva), y "no se iba a poder devolver".

infoLibre solicitó a Serrano su versión de los hechos, sin respuesta.

Serrano y un socio constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Bio Wood Niebla, atribuyéndole ante notario una maquinaria que en realidad no tenían. Esta falsedad les permitió engañar a Hacienda y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública para la fábrica, que no llegó a culminarse ni a funcionar. El dinero, que fue ingresado a la empresa en diciembre de 2016, tampoco ha sido devuelto a Industria.

Este periódico desveló los hechos en octubre de 2019, lo que llevó a la apertura de una investigación en la que Serrano terminó imputado penalmente, por lo que dimitió como parlamentario en septiembre de 2020. También ha visto sus bienes embargados. Ahora el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, investiga tanto el modo en que Serrano, su exsocio y otro colaborador consiguieron el dinero como el destino final del mismo. Todos los investigados defienden su inocencia [ver aquí el dosier del caso].

La sección séptima de la Audiencia Provincial es la encargada de resolver los recursos del caso, por lo que cayó en sus manos uno presentado por Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación popular. Entre otras diligencias, Sánchez solicitaba la declaración en calidad de investigado del notario ante el que Serrano y su socio constituyeron la empresa, cosa que la Audiencia aceptó, y la imputación del exparlamentario de Vox por insolvencia punible. La Audiencia, en un auto con Alaya como ponente, rechaza esta solicitud de la acusación popular, pero en su explicación introduce una afirmación que ataca la base de la coartada de Serrano.

El auto de la Audiencia señala que "existen indicios relevantes de que fue a finales de 2016 cuando Francisco Serrano tomaría conciencia de que el préstamo concedido por el Ministerio de Industria no se iba a destinar al fin previsto y no se iba a poder devolver". ¿Por qué? Porque el 30 de diciembre de 2016 la sociedad adoptó el acuerdo de reducir el capital de la sociedad en la suma de 1.238.000 euros "con la finalidad de restituir aportaciones a los socios dejando fijado el capital en 7.000 euros", transmitiéndose a Serrano el secadero y a su socio las tres granuladoras. "Maquinarias –añade el auto– que nunca llegaron a adquirir y que fueron reflejadas en la escritura de constitución como aportaciones no dinerarias, documentándose en dicha escritura una de ellas con lo que se decía que era una factura, que tampoco lo era, y que sirvió para justificar el umbral de viabilidad económica y financiera para la solicitud y posterior concesión de la ayuda".

Es decir, Alaya señala cómo Serrano participó el 30 de diciembre de 2016 en una operación incompatible con el desconocimiento de las irregularidades.

Para entender la importancia de las referencias de Alaya a la maquinaria hay que ir nueve meses atrás, al 30 de marzo de 2016, cuando nace Bio Wood Niebla. La pretensión de los fundadores de la empresa era obtener una ayuda del Ministerio de Industria. Lo lograron. Fueron 2,48 millones, concedidos en noviembre de 2016 e ingresados en diciembre. Dicha ayuda fue sólo posible porque Bio Wood Niebla declaraba tener un capital social de 1.245.000 euros. De otro modo, hubiera sido imposible, dado que la orden de los préstamos de Industria impedía que las empresas nuevas recibiesen más del triple de sus fondos propios. Es decir, con 1,24 millones era posible recibir 2,48, como así ocurrió. Pero no hubiera sido posible si la empresa hubiera tenido, digamos, sólo 7.000 euros.

Pero eso era, 7.000 euros, lo que en rigor tenía la empresa. Veamos por qué, poniendo la lupa en la información del Registro Mercantil. Los fundadores de la sociedad fueron: 1) Serrano Abogados de Familia, Sociedad Limitada Profesional, representada en el acto de otorgamiento de escritura pública por el propio Serrano, su administrador único; y 2) Enrique Pelegrín, socio de Serrano. El capital social inicial era de 1.245.000 euros, dividido en igual número de participaciones, repartidas en una proporción de 60%-40%, correspondiéndole a Serrano la parte mayor a través de su despacho.

Pelegrín se quedó con 498.000 participaciones (40%), a las que accedió mediante la aportación de tres granuladoras para la fabricación de pellets valoradas en 495.200 euros y otros 2.800 euros en efectivo. La aportación del despacho de Serrano combinó 4.200 euros en efectivo y un "secadero rotativo [...] con caldera de biomasa" valorado en 742.800 euros. En total, 747.000 participaciones (60%). El propio Serrano como representante de su bufete manifestó en escritura pública que había adquirido dicha maquina "por justo y legítimo título, no adeudando nada por su adquisición".

Pero no era cierto, a tenor de la información en el Registro Mercantil.

La maquinaria, que era todo lo que tenía la empresa salvo 7.000 euros, en realidad no existía. De modo que el proyecto echó a andar con una falsedad de origen que afectaba al capital de la empresa. Tras la falsedad, llegó el dinero. El 24 de noviembre de 2016 el Ministerio de Industria concedió a la empresa 2,48 millones para la construcción de la fábrica de pellets en Niebla (Huelva), tras dar por bueno que la sociedad tenía una maquinaria que en realidad no tenía. El 22 de diciembre de 2016 Industria ingresó el dinero a la empresa en una cuenta de Targo Bank.

Y llegamos al 30 de diciembre de 2016, la fecha en la que pone la lupa Alaya. Una vez cobrado el dinero, la empresa Bio Wood Niebla adopta ese día el acuerdo de realizar una reducción de capital. Con dicha reducción, el despacho de Serrano recuperó el secadero y Pelegrín recuperó las tres granuladoras. En realidad, la recuperación no era tal, porque no había ni secadero ni granuladoras que recuperar. Los bienes aparentemente devueltos a los socios fundadores sumaban el 99,43% del valor de la empresa. Tras quedarse en el 0,57% de lo que era al nacer, Bio Wood Niebla cerró el año al día siguiente, 31 de diciembre, con un patrimonio neto de 6.994,9 euros. Son números propios de una micropyme. Una micropyme, eso sí, que había ingresado casi 2,5 millones de una ayuda pública que no podría haber ingresado sin haberse atribuido un valor muy superior al real.

Ahí es donde cobra relevancia la afirmación del auto de la Audiencia, que explicita que el 30 de diciembre de 2016 la sociedad adoptó el acuerdo de reducir el capital mediante la devolución de una maquinaria que nunca llegó a adquirir, que documentó mediante una factura que tampoco lo era, que permitió fingir una viabilidad inexistente y así lograr una ayuda a la que con los números rectos la empresa no hubiera podido optar. Y que apunta claramente a una conclusión: Serrano tenía que estar al tanto y saber, a finales de 2016, que el dinero no iba a ir a la fábrica ni tampoco iba a volver a las arcas del Estado.

Esta apreciación, realizada por la sección responsable de resolver los recursos del caso, choca con la línea de defensa de Serrano, que sostiene que fue víctima de un engaño y salió al descubrir las irregularidades. Sus diferentes manifestaciones, tanto públicas como en sede judicial, sobre la fecha en que supo que el proyecto estaba basado en un engaño ofrecen diferentes interpretaciones. Su versión más concreta fue expresada el 2 de junio de 2020 en la Fiscalía de Sevilla, donde aseguró que "en marzo de 2017, y después de mucho insistir", logró que su socio le reconociera que no tenía la famosa maquinaria que el propio Serrano había asegurado ante notario tener "por justo y legítimo título".

La apreciación del auto de la Audiencia sigue la misma línea que distintas averiguaciones policiales, que han concluido no sólo que Serrano participó en el engaño a Industria, sino también que siguió implicado en la gestión del proyecto al menos hasta finales de julio de 2017, cuando a todas luces era ya consciente de irregularidades. El 28 de julio de aquel año Serrano firmó una carta dirigida a un ingeniero con detalles del proyecto que demostraba su implicación en la gestión. No salió de Bio Wood Niebla hasta octubre de 2017. Poco más de un año después, en diciembre de 2018, lideraba la candidatura de Vox que irrumpió con 12 escaños en el Parlamento prometiendo limpiar Andalucía.

La Audiencia de Sevilla pone el foco en el origen mismo del caso Serrano, la investigación penal sobre el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía Francisco Serrano por un supuesto fraude de subvenciones [ver aquí el dosier del caso, desvelado por infoLibre]. La sección séptima de la Audiencia, en un auto de 13 de junio firmado por tres magistrados con la jueza Mercedes Alaya como ponente, ha ordenado que se cite para declarar, en calidad de investigado por un posible delito de falsedad en documento público, al notario Álvaro Sánchez. Se trata del fedatario ante el cual Serrano y un socio constituyeron en 2016 la empresa Bio Wood Niebla, atribuyéndole una maquinaria que en realidad no existía y que permitió a la sociedad obtener una ayuda pública del Ministerio de Industria de 2,4 millones para una fábrica de biomasa. Dicha factoría no fue culminada y el dinero no fue devuelto. La Justicia investiga ahora cómo se obtuvo y dónde está el dinero, en un caso que ha llevado incluso al embargo de bienes de Serrano, quien tuvo que dimitir como parlamentario por el escándalo.

El notario ante el que Serrano constituyó la empresa con la que engañó a Industria para obtener el dinero declina realizar ningún comentario sobre los hechos. "Ya se me preguntó en sede judicial, donde di las explicaciones pertinentes", afirma, en referencia a su declaración en calidad de testigo a lo largo del proceso de instrucción. Asegura que aún no ha recibido ninguna notificación, lo cual es lógico, ya que deberá ser en todo caso el juez que instruye el caso, Juan Gutiérrez Casillas, quien lo cite.

En cuanto a Serrano, infoLibre ha tratado en múltiples ocasiones de recabar sus explicaciones, sin éxito. Tampoco respondió este miércoles a las preguntas planteadas sobre la orden para que el notario ante el que constituyó la sociedad declare como investigado. Este periódico trató también de obtener la versión de Enrique Pelegrín, socio de Serrano, sin respuesta.

El auto es fruto de un recurso de Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación popular en la instrucción contra el juez Francisco Serrano y dos exsocios que se sigue en el juzgado 16 de Sevilla. Sánchez solicitó ante la Audiencia la citación en calidad de investigado del notario, dado que "recogió en la escritura de 30 de marzo de 2016 de constitución de la sociedad Bio Wood Niebla SL [...] que se habían aportado facturas, y no facturas proforma, para la constitución de la sociedad, no habiéndose aportado el documento justificativo del desembolso del capital social". La sala estima esa parte del recurso y acepta la solicitud.

La Audiencia afirma en su resolución: "Debe citarse en calidad investigado al notario Álvaro Sánchez [...] por presunto delito de falsedad en documento público ya que en la escritura de constitución de dicha sociedad de 30 de marzo de 2016 pudo faltar a la verdad en la narración de los hechos al afirmar que de la aportación no dineraria realizada por la entidad Serrano Abogados de Familia SLP consistente en un secadero rotativo valorado en 742.800 euros se aportaba factura unida a esta matriz, cuando lo cierto es que no se trataba de una factura, sino de un mero presupuesto o vulgarmente llamado factura proforma, que carece de validez legal, y tampoco estaba unida a la escritura matriz". El auto añade que "dicha mención en la escritura tuvo decisiva importancia para la tramitación y posterior otorgamiento del préstamo" al "reflejar" una "solvencia" de la empresa de la que en realidad "carecía".

Para entender la importancia de la escritura de constitución de la sociedad a la que se refiere Alaya en el auto hay que ir a ese 30 de marzo de 2016 en que nace Bio Wood Niebla. La idea de los fundadores de la empresa, finalmente materializada, era solicitar y obtener una ayuda pública del Ministerio de Industria. Lo lograron. Fueron 2,48 millones, concedidos en noviembre de 2016 e ingresados en diciembre. Dicha ayuda fue sólo posible porque Bio Wood Niebla declaraba tener un capital social de 1.245.000 euros. De otro modo, hubiera sido imposible, dado que la orden de los préstamos de Industria impedía que las empresas nuevas recibiesen más del triple de sus fondos propios. Es decir, con 1,24 millones era posible recibir 2,48 millones, como así ocurrió. Pero no hubiera sido posible si la empresa hubiera tenido como fondos propios, digamos, 7.000 euros.

Pero eso era, 7.000 euros, lo que en rigor tenía la empresa. Veamos por qué, poniendo la lupa en la información del Registro Mercantil. Los socios fundadores de la sociedad fueron: 1) Serrano Abogados de Familia, Sociedad Limitada Profesional, representada en el acto de otorgamiento de escritura pública por el propio Serrano, su administrador único; y 2) Enrique Pelegrín, socio de Serrano. El capital social inicial era de 1.245.000 euros, dividido en igual número de participaciones, cada una con un valor nominal de un euro. El capital se repartía en una proporción de 60%-40%, correspondiéndole a Serrano la parte mayor a través de su despacho, Serrano Abogados de Familia SLP.

Pelegrín se quedó con 498.000 participaciones (40%), a las que accedió mediante la supuesta aportación de tres granuladoras para la fabricación de pellets valoradas en 495.200 euros y otros 2.800 euros en efectivo. La aportación del despacho de Serrano combinó 4.200 euros en efectivo y un bien industrial, concretamente un "secadero rotativo LN 10.000 con caldera de biomasa" valorado en 742.800 euros. En total, 747.000 participaciones (60%).

Todo ello figura en la información del Registro Mercantil consultada por este periódico y cuya primera hoja se reproduce en la imagen que ilustra esta información. El propio Serrano como representante de su bufete manifestó en escritura pública que había adquirido dicha maquina "por justo y legítimo título, no adeudando nada por su adquisición".

Pero no era cierto. La maquinaria, que era todo lo que tenía la empresa salvo 7.000 euros, en realidad no existía. La constitución de la empresa, con la declaración de Serrano, se produjo en la notaría de Álvaro Sánchez Fernández, en Sevilla. Ahora, con el auto de la Audiencia de Sevilla de 13 de junio, se confirma que las explicaciones en calidad de investigado no las tendrán que dar sólo Serrano y su socio –más un tercer colaborador en el proyecto, que no forma parte de la sociedad–, sino previsiblemente también el notario que dio por buena la aportación de la maquinaria en realidad inexistente.

De modo que el proyecto echó a andar con una falsedad de origen que afectaba al capital de la empresa. Tras la falsedad, llegó el dinero. El 24 de noviembre de 2016 el Ministerio de Industria concedió a Bio Wood Niebla SL 2,48 millones para la construcción de la fábrica de pellets, es decir, de combustible a base de madera, en Niebla (Huelva). El 22 de diciembre de 2016 Industria ingresó el dinero a la empresa en una cuenta de Targo Bank. Los investigadores continúan a fecha de hoy buscando ese dinero. De los pellets no hay noticia.

La investigación por posible fraude de subvenciones contra Francisco Serrano, el que fue dos veces candidato de Vox en Andalucía, ha destapado el posible desvío de fondos públicos provenientes de una subvención del Ministerio de Industria a XYZ, un periódico derechista que el juez tuvo en Sevilla y funcionó al menos hasta 2017. Según investigaciones de la UDEF y la Agencia Tributaria y según la información aportada al caso por el que fue consejero delegado de XYZ, el periódico del que Serrano era máximo accionista se financió gracias a dinero salido de Bio Wood Niebla, una empresa que había recibido una ayuda pública de 2,48 millones de euros para una fábrica de biomasa que no llegó a culminarse [ver aquí el dosier del caso].

Serrano, cuya estrategia de defensa en el caso se ha visto complicada por el archivo provisional de una denuncia contra sus exsocios en el proyecto investigado por presunto fraude, no responde al requerimiento de su versión solicitado por infoLibre.

XYZ echó a andar en 2015. Hay constancia de informaciones del periódico al menos desde el verano de aquel año. La empresa XYZ Comunicación SL, la sociedad que sostenía al digital, fue constituida en junio por 18 particulares y una empresa, Serrano Abogados de Familia SLP, de Francisco Serrano. Desde el punto de vista económico, era un proyecto pequeño. Nació con un capital social de 6.700 euros, de los que Serrano puso inicialmente 300 mediante la aportación de un ordenador personal, todo ello según la información mercantil a la que ha tenido acceso este periódico.

Ahora bien, políticamente era un proyecto de cierta ambición. Y Serrano acabó siendo su socio mayoritario.

Las fechas son importantes. Serrano llevaba desde 2011 inhabilitado como juez por prevaricación, al haber favorecido injustamente al padre frente a la madre en un régimen de visitas para que el niño saliera como paje en la Semana Santa de Sevilla de 2010. El juez siempre defendió su inocencia y se presentó como una víctima de la ideología de género. Poco a poco, su voz de mártir conservador se consolidó en esa Sevilla que unos llaman profunda, otros tradicional y otros rancia. Cuando Santiago Abascal fue a buscar candidato para las autonómicas andaluzas de marzo de 2015, allí estaba Serrano. El juez aceptó la propuesta. Vox obtuvo algo más de 18.000 votos, un 0,45%. "No le fue bien, pero le gustó la experiencia y se quedó con ganas de más", señala un excolaborador.

Tras la aventura política, vino la aventura mediática. El mismo excolaborador atribuye al periodista Eusebio Pérez, que había sido director de informativos de la Cope en Andalucía e iba en busca de proyecto tras su salida de la emisora, la iniciativa del periódico. Pérez, director de XYZ hasta julio de 2017, tenía una relación personal con Serrano. El nombre del medio salió solo. Si ABC, diario católico conservador líder en Sevilla, son las tres primeras líneas del abecedario, XYZ son las tres últimas. Las tres más a la derecha.

El medio nació con el impulso de La Revuelta, un espacio de debate cultural y político de corte tradicionalista. Serrano, además de accionista, era uno de los columnistas. Y por supuesto era un referente para el medio, que le servía como plataforma política y vía de expresión de ideas contra el aborto, la ideología de género y los enemigos de la unidad de España, las tres líneas sagradas de la línea editorial, según un conocedor del medio.

En diciembre de 2015, Serrano amplió su implicación en el periódico, según la información mercantil consultada. Su despacho de abogados aportó casi 25.000 euros a XYZ, que aspiraba a hacerse un hueco con su contundente línea editorial a la derecha de ABC. No era fácil. XYZ dio desde el principio problemas económicos. Las pérdidas entre 2015 y 2016 superaron los 20.000 euros, según las cuentas de la sociedad. Pérez, en conversación con este periódico, afirma que XYZ fue un periódico modesto, en el que él mismo era director, redactor principal y comercial publicitario. El resto eran colaboradores que escribían opinión o sobre deportes, añade. Sólo poco antes de su despido, afirma, se incorporaron dos periodistas más. El que fuera director afirma desconocer las cuentas del periódico, cuyos principales gastos –asegura– eran su propio sueldo y un alquiler en la céntrica Avenida de la Constitución.

En paralelo a su empeño mediático, Serrano tomó en 2016 la decisión que lo cambió todo. El juez montó en marzo junto a otro socio, Enrique Pelegrín, una nueva empresa, Bio Wood Niebla, para la construcción de una planta de pellets, combustible a base de madera, en Niebla (Huelva). Serrano salía así de sus ámbitos naturales: el derecho, la política, los medios... Se convertía en un hombre de negocios. Lo primero que hizo la empresa fue pedir una ayuda pública. Es el origen del caso Serrano. La empresa logró un crédito público de casi 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria, cantidad que obtuvo mediante un engaño, como ha acreditado documentalmente infoLibre y ha concluido durante su investigación la Policía Nacional.

El dinero público entró en Bio Wood Niebla en diciembre de 2016, pero la fábrica de pellets no llegó a culminarse y el dinero no fue devuelto a Industria. El caso fue destapado por este periódico en octubre de 2019, cuando Serrano era ya parlamentario por Vox. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, denunció los hechos ante la Policía Nacional, que abrió una investigación. Serrano terminó imputado y tuvo que dejar Vox y dimitir como parlamentario en 2020. El juez que instruye el caso trata ahora de esclarecer quién fue responsable de la obtención irregular del dinero y cuál fue su destino. Serrano ha sufrido ya el embargo de bienes por parte de Hacienda.

Serrano, que una y otra vez no responde a los ofrecimientos de infoLibre para ofrecer su versión, siempre ha negado su implicación en cualquier fraude. Afirma que salió de Bio Wood Niebla en octubre de 2017 tras conocer las irregularidades en la obtención de los fondos. No obstante, la constitución ante notario en 2016 de Bio Wood Niebla demuestra que Serrano declaró en falso ser dueño "por justo y legítimo título" de una maquinaria que nunca tuvo, declaración que le sirvió para obtener una subvención que de otro modo no hubiera podido lograr. Además, un testigo lo ha implicado en el envío de dinero de Industria a un fondo de inversión. Una carta del propio Serrano en el verano de 2017 evidencia que estaba implicado en la gestión una vez conocidas las irregularidades. Sobre nada de esto Serrano responde a este medio.

Lo anterior afecta a la gestión durante 2016 y 2017 de Bio Wood Niebla, la empresa investigada por el posible fraude de subvenciones. Pero, ¿qué ocurría mientras tanto en el periódico? Ocurría que las cosas se torcían.

A la limitada repercusión y las pérdidas económicas, se sumaron las diputas internas, que acabaron con la salida en julio de 2017 de Eusebio Pérez, hoy responsable de prensa en Vox. A raíz de este cambio, Serrano, socio mayoritario, acogió con escepticismo lo que entendió una como una alteración en la línea editorial, señala un conocedor de las interioridades de XYZ. No obstante, en septiembre de 2017 pareció hacer un último esfuerzo por el periódico. Su despacho se convirtió en administrador único de la sociedad y el propio juez en representante de dicha entidad. Pero la cuesta abajo del periódico era ya imparable.

En octubre de 2017 la junta de la empresa XYZ acordó su disolución. Serrano empezaba a dar carpetazo así a su aventura mediática, tras apartarse de Bio Wood Niebla. Terminado su periodo de inhabilitación, el futuro le ofrecía un amplio campo de posibilidades: la abogacía, la judicatura, la política...

El problema es que sus andanzas empresariales lo iban a perseguir.

Serrano sabía que se habían producido irregularidades en Bio Wood Niebla. ¿Qué hizo el candidato de Vox? Presentó una denuncia contra Pelegrín, su socio en aquella empresa, y contra Javier López, que había sido consejero delegado de XYZ. La denuncia incluye los supuestos delitos de estafa, extorsión, apropiación indebida, coacciones y administración desleal. López, que venía de ostentar un cargo de gestión en el club de fútbol Xerez Deportivo, es identificado por Serrano como un socio en la sombra de Bio Wood Niebla, un impulsor del proyecto sin presencia en la sociedad. Según la denuncia de Serrano, fechada en junio de 2018, ambos –Pelegrín y López– se aprovecharon de él y cometieron las irregularidades a sus espaldas. Lo engañaron, sostiene el exlíder andaluz de Vox. Serrano, según su relato, no sabía que realmente las máquinas que Bio Wood Niebla afirmaba tener no iban a ser aportadas. Y además, sus dos exsocios –siempre según su denuncia– vivieron a su costa durante más de un año entre 2016 y 2017.

Cuando infoLibre publicó la primera noticia sobre el caso en octubre de 2019, Serrano se defendió públicamente con el argumento de que había denunciado a sus exsocios, alertando ya de posibles irregularidades con la ayuda pública. Cuando la Fiscalía de Sevilla abrió una investigación, Serrano llevó la denuncia para tratar de desmarcarse. El problema para Serrano es que la Policía Nacional, en un informe incorporado al sumario, cuestiona radicalmente la credibilidad de la denuncia de Serrano, al que implica con documentos en todo el proceso de obtención irregular de la ayuda.

Aquí hay que anotar un acontecimiento relevante. En octubre de 2016, mientras Bio Wood esperaba la ayuda de Industria, el Tribunal Constitucional decidió recortar de diez a dos años la inhabilitación de Serrano. Aunque no quedaba anulada su condena por prevaricación, lo cierto es que el juez-político consiguió presentar la sentencia como una rehabilitación. Serrano tenía vía libre para ponerse la toga y veía consolidado su perfil de víctima de una injusticia.

Un atestado policial incorporado al sumario conecta estas boyantes perspectivas de Serrano con la denuncia contra sus exsocios, que sólo pretende –según la Policía– "despejar posibles problemas del fraude cometido de forma consciente". Dice el atestado: "Una vez obtuvo la rehabilitación en la carrera judicial y se abría camino la posibilidad de obtener un cargo político, necesitó desvincularse de los negocios fraudulentos en que participó mientras estaba inhabilitado en la carrera judicial y antes de iniciar su carrera política”. Con "su carrera política", la UDEF se refiere a la segunda intentona de Serrano como candidato de Vox, en diciembre de 2018, esta vez con éxito.

¿Qué ha sido finalmente de la denuncia contra los exsocios? Aquí ha habido recientes novedades. Son malas noticias para Serrano. En un auto de diciembre, la jueza que lleva el caso –distinta del juez que instruye la causa por el posible fraude de subvenciones– ha decretado el archivo y sobreseimiento provisional. Y lo ha hecho con dureza contra Serrano: "Aunque en su denuncia trate de presentarse como una víctima inocente de las maquinaciones urdidas en su contra, no podemos entender que existan indicios de que las desconociera".

El auto pone el foco en un préstamo concedido por Ibercaja a XYZ en julio de 2017, con el periódico en caída libre. Se trata de un préstamo del que era avalista Bio Wood Niebla, la empresa que había recibido la ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria, según datos de la investigación policial incorporados al sumario. ¿Qué dice la jueza en su auto de archivo sobre este préstamo? Si bien su cometido no es el posible fraude con la ayuda pública, que se lleva en el juzgado 16 y está todavía en fase de instrucción, la magistrada del juzgado 1 sí apunta a una posible responsabilidad, o al menos conocimiento, de Serrano: "De ese crédito es avalista Bio Wood, que pertenece a Serralba, empresa de la que también es partícipe Francisco Serrano. Tampoco se ha podido verificar que Francisco Serrano desconociera este contrato".

Según uno de los exsocios de Serrano, Javier López, que fue consejero delegado del periódico, el préstamo de 50.000 euros avalado por Bio Wood no fue amortizado, luego la deuda acabó recayendo en la empresa de biomasa. Es decir, en la empresa que había recibido el dinero público. En dos escritos presentados por su defensa en el juzgado que instruye el caso de posible fraude, Javier López, que fue consejero delegado de XYZ, señala que el periódico de Serrano fue beneficiario directo de los fondos del Ministerio de Industria. Y culpa a Serrano. "El 11 de julio de 2017 se firmó por indicación de Serrano una póliza por parte de XYZ afianzada por Bio Wood, con fondos adquiridos en Ibercaja, con cargo a los fondos Reindus [...]. Serrano nunca tuvo intención de devolver un céntimo, sino [de] recuperar para él con cargo al Reindus las cantidades que había prestado a su periódico, pagar a empleados, proveedores y posteriormente dejar la deuda a Bio Wood y que le ejecutaran los fondos. Todos los pagos de la póliza se dedicaron a deudas de XYZ con terceros", señala uno de los escritos.

Según la versión de López, investigado también junto a Serrano y Pelegrín en el caso de posible fraude, el candidato de Vox se valió así de los fondos Reindus para cerrar el periódico con el menor coste posible. "Ante las demandas laborales de los trabajadores de XYZ, a quienes no pagaba, Serrano lleva a liquidación a XYZ, pretendiendo evitar la reclamación de Bio Wood por los fondos pignorados en beneficio del propio Serrano", señala el escrito. Y añade algo más: "Tras venderse los fondos de Bio Wood y hacerlos líquidos, quedó además un remanente de 5.075,75 euros que Serrano hizo suyo". López declina hablar con infoLibre para este artículo por estar el caso bajo investigación judicial.

La UDEF señala además, en un atestado incorporado al sumario, que Bio Wood Niebla, tras cobrar el dinero público para la fábrica, prestó en mayo de 2017 7.000 euros a XYZ. La Agencia Tributaria, en un expediente abierto contra Serrano, también detecta este préstamo de 7.000 euros (mayo de 2017), además de otro anterior de 6.000 (abril), si bien el expediente recoge que hubo una devolución de 13.000 euros. Hay que resaltar que Bio Wood Niebla era una empresa cuyos fondos provenían del préstamo del Ministerio de Industria. Es decir, si salía dinero de la misma, era dinero proveniente del erario público para la construcción de la fábrica, no para financiar un medio de comunicación.

infoLibre trató de recabar la versión de Serrano sobre los hechos recogidos por esta información y otros elementos de su participación en Bio Wood Niebla y XYZ, sin éxito. En un escrito presentado en el juzgado, del que informó Diario de Sevilla, el candidato de Vox afirma que desconocía que XYZ hubiese recibido 50.000 euros de un préstamo de Ibercaja avalado por Bio Wood Niebla. Además, ha negado reiteradamente su participación en cualquier irregularidad. Eusebio Pérez, el que fuera director del periódico, en línea con Serrano, afirma que las decisiones del día a día económico del periódico las tomaba Javier López. Pérez asegura no haber tenido conocimiento de ningún ingreso proveniente de la empresa Bio Wood Niebla en XYZ.

En busca de respuestas sobre el destino del dinero público bajo sospecha, el juez Juan Gutiérrez Casillas, que instruye el caso por supuesto fraude de subvenciones contra Francisco Serrano, quiere escuchar el testimonio de Manuel Gavira Gómez. ¿Quién es? Se trata de un promotor al que una empresa del dos veces candidato de Vox en Andalucía prestó 200.000 euros tras cobrar una ayuda del Ministerio de Industria de casi 2,5 millones, según el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cuyos investigadores están convencidos de que esos fondos entregados a Gavira tienen su origen en la bolsa pública.

La investigación profundiza así en una de sus líneas fundamentales: aclarar dónde acabó el dinero pagado por Industria, que ni sirvió para completar la fábrica de biocombustible para la que fue concedido ni fue devuelto al ministerio. El caso, destapado por infoLibre, provocó la dimisión de Serrano y el embargo de bienes de su propiedad por Hacienda [ver aquí el dosier de la investigación].

El exlíder andaluz de Vox no respondió a la solicitud de su versión sobre los hechos realizada por este periódico. Gavira asegura que "no sabía nada de que ese dinero podía provenir de una ayuda pública", que devolvió el préstamo "el mismo año 2017" en que lo recibió y que ha pagado "intereses".

La citación de Gavira está incluida en un auto de 8 de septiembre del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, en el que el magistrado ordena a la UDEF que localice y convoque como testigo a Gavira para el 20 de enero de 2022. El instructor sigue una línea abierta por la UDEF, que en un informe incluido en el sumario, el atestado 116/220, concluyó que Serrano dedicó fondos públicos concedidos a una de sus empresas, Bio Wood Niebla, a prestar dinero a Gavira, un empresario de la construcción endeudado.

Dicho atestado motivó que la Fiscalía solicitase en julio de este año al juez que instruye el caso la declaración de Gavira "a fin de que aclare el concepto y vicisitudes" de los 200.000 euros que la empresa de Serrano le entregó. La respuesta del magistrado ha sido afirmativa. El juez quiere corroborar si, como considera la Policía Nacional, ese dinero prestado a Gavira sale de una ayuda pública de Industria.

La obtención y el destino de la ayuda pública

El origen del caso se remonta a marzo de 2016, cuando Serrano y un socio, Enrique Pelegrín, constituyeron Bio Wood Niebla en una notaría de Sevilla, inflando su capital social mediante la fingida aportación de una supuesta maquinaria industrial que en realidad nunca fue adquirida. Bio Wood Niebla solicitó en mayo de ese mismo año una ayuda pública a Industria asegurando contar con un capital social de 1,24 millones, cuando en realidad lo único realmente aportado por los socios eran 7.000 euros. No había máquinas.

El engaño a Industria para conseguir la ayuda, en el que participó Serrano con su firma, permitió a Bio Wood Niebla obtener un préstamo público de 2,48 millones para una fábrica que no llegó a culminarse. El dinero no fue devuelto. En octubre de 2019 infoLibre empezó a destapar los hechos, denunciados ante la Policía por el vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez, que ahora ejerce la acusación popular.

El caso se judicializó, Serrano fue imputado y se produjo el fin de su carrera política.

La investigación ha ido avanzando en dos ramas: una, sobre la forma en que se obtuvo el dinero; dos, sobre el destino que se le dio al mismo. En esta segunda pata entra el interés por escuchar como testigo a Gavira.

El entregado al promotor no es el único dinero bajo bajo sospecha de uso ajeno a los fines legítimos de la ayuda. La Policía ha detectado envíos de fondos de Serrano a sus propias empresas tras recibir el dinero de Industria. Serrano siempre ha negado haberse lucrado con el proyecto. El que fuera juez estrella de Vox desoye las múltiples solicitudes de información y versión sobre los hechos realizadas por este periódico desde octubre de 2019.

El préstamo a un promotor

Las fechas son importantes para entender el préstamo a Gavira. Los 2,48 millones públicos destinados Bio Wood Niebla fueron ingresados por Industria el 22 de diciembre de 2016 en una cuenta de Targobank. Casi tres meses más tarde, el 20 de marzo de 2017, la cuenta de Targobank fue cancelada, tras llevar más de 2 millones a dos cuentas de Ibercaja. "El dinero restante (438.000) del préstamo fue empleado por los querellados en diversas operaciones (préstamos a terceros; retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios; etc), ninguna de ellas relacionada con la finalidad para el que fue concedido", según concluyó la Fiscalía. Ahí es donde, según la UDEF, entra supuestamente el préstamo a Gavira, realizado "con los fondos recibidos del Programa Reindus" de Industria y que tuvo lugar el 23 de enero de 2017. Es decir, un mes y un día después de cobrada la ayuda.

Gavira, nacido en La Línea de la Concepción (Cádiz) en 1946, es identificado en el atestado como administrador único de una sociedad dedicada a la compraventa de inmuebles, Promaga. Se trata de un promotor que ya había sido detenido dos veces –una por blanqueo y otra por falsedad documental– cuando le fue concedido el préstamo y que en 2019 fue condenado por el Supremo por delito contra la Hacienda Pública, todo ello según el informe policial. La pena de cárcel impuesta fue sustituida por servicios a la comunidad, según publicó El País en junio de 2020. Promaga llegó a tener una orden de búsqueda internacional emitida por un juzgado de Ecuador por una deuda de 8 millones de dólares con el Banco Ecuatoriano de Vivienda, según el atestado. La sociedad llegó a figurar en el listado de morosos de Hacienda publicado en 2016 como deudora de más de 70 millones. Gavira asegura que aún porfía en saldar dicha deuda con el fisco.

Bio Wood le entregó el dinero a Gavira a pesar de que en su objeto social no se recogía ninguna actividad relacionada con préstamos financieros. El préstamo se elevó a público ante un notario de Sevilla, formalizándose mediante un cheque de 117.500 euros y una transferencia de 82.500. En total, 200.000 euros. Según la declaración que hizo en enero de 2020 en comisaría Javier López, uno de los impulsores del proyecto de Bio Wood Niebla aunque sin participación en la sociedad, Gavira era un cliente del despacho de Serrano que él mismo –López– le había presentado. El informe policial detecta que los destinatarios finales del dinero entregado a Gavira fueron una persona física y una empresa con las que el promotor tenía contraídas deudas. "El único beneficiado en la transacción es Manuel Gavira [...] Esta instrucción sólo puede concluir que el préstamo fue concedido a Gavira para que este dispusiera del importe de 200.000 euros a su conveniencia", señala el atestado.

Serrano y Gavira

Durante la fase de instrucción, Serrano ha tratado de desvincularse de todo el supuesto fraude, mostrándose como un administrador de derecho, no de hecho, que fue engañado por sus exsocios. Sobre el préstamo a Gavira, el exlíder andaluz de Vox sostiene que el dinero fue entregado a sus "espaldas", como ha hecho constar en las alegaciones de un expediente que sigue contra él por el mismo caso la Agencia Tributaria.

Ni López ni Pelegrín responden a infoLibre para este artículo.

Gavira, por su parte, afirma que el préstamo se lo concedió López, colaborador del despacho de Serrano, dado que lo conocía –a López– por el negocio de la construcción. Ni siquiera sabía –asegura– que el préstamo lo estaba concediendo Bio Wood Niebla, aunque sí asegura que lo ha devuelto a esta sociedad.

En conversación con este periódico en septiembre del año pasado, el promotor explicó que "nunca" ha sido "cliente del bufete de Serrano", al que asegura que sólo conoce de un encuentro. El préstamo recibido de Bio Wood Niebla fue, aseguraba, un "favor" que le hizo López y le permitó salvar sus dificultades de acceso al crédito en la banca española. Gavira atribuye el préstamo a López, no a Bio Wood Niebla, versión en la que se reafirma ahora. Pero, como ha acreditado la UDEF, no fue López el que prestó el dinero, sino Bio Wood Niebla, la empresa de Serrano, que no salió de la compañía hasta octubre de 2017.

El juez Serrano regresa este lunes a los tribunales, pero no como suelen ir los jueces a los tribunales. Es decir, no en calidad de juez.

El dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, el hombre que protagonizó la espectacular irrupción de Vox en las instituciones en 2018, vuelve a acaparar la atención, pero ya no por su fulgurante trayectoria política, sostenida sobre la denuncia de los chiringuitos, las paguitas y las denuncias falsas. Francisco de Asís Serrano Castro, el que fue juez estrella de Vox, está citado este lunes para declarar como investigado ante el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, del juzgado 16 de Sevilla, que instruye el caso de posible fraude de subvenciones destapado por infoLibre [ver aquí el dosier].

La investigación, abierta a raíz de las informaciones de este periódico, desplegada por la Policía Nacional tras una denuncia de Rubén Sánchez (Facua), avalada por la Fiscalía y ahora liderada por Gutiérrez Casillas, se dirige al esclarecimiento de dos extremos. El primero, cómo Serrano y dos compañeros de proyecto empresarial, Enrique Pelegrín y Javier López, lograron en 2016 una ayuda de 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de biocombustible en Niebla (Huelva) que jamás llegó a culminarse. El segundo, dónde acabó ese dinero, que nunca fue devuelto a Industria.

Serrano tuvo que dimitir el verano pasado acorralado por el escándalo y ha sufrido el embargo de sus bienes por parte de Hacienda. Ahí no acaban sus problemas. De lo que averigüe el instructor y, eventualmente, de lo que se establezca en un posible juicio, dependerá que haya o no consecuencias penales, tanto para Serrano como para sus ya exsocios, también citados a declarar este lunes como investigados.

Ninguno de los tres ha atendido a la solicitud de información realizada por este periódico para este artículo. Ninguno de los tres ha tenido hasta ahora la oportunidad de sentarse ante el juez de instrucción para dar su versión de los hechos. infoLibre, que lleva desde octubre de 2019 tratando de que Serrano ofrezca respuesta a los múltiples interrogantes planteados, desgrana el caso a través de tres preguntas para el candidato de Vox.

1) ¿Cómo justifica el engaño a Industria?

Serrano y Pelegrín constituyeron la empresa Bio Wood Niebla el 30 de marzo de 2016 ante el notario de Sevilla Álvaro Sánchez Fernández. Los dos emprendedores, que tenían la vista puesta en la solicitud de un crédito de Industria de la línea Reindus, falsearon el capital de la empresa mediante la atribución a la sociedad de una maquinaria que en realidad no estaba en su posesión. Esa es la base de todo.

La orden de los préstamos de Industria impedía que las empresas nuevas recibiesen más del triple de sus fondos propios. Es decir, no hubiera sido posible recibir 2,48 millones si la empresa hubiera tenido como fondos propios, digamos, 7.000 euros. Pero eso era, 7.000 euros, lo que tenía en realidad la sociedad.

Para entenderlo hay que explicar cómo se constituyó Bio Wood Niebla. Los socios fundadores fueron:

1) Serrano Abogados de Familia, Sociedad Limitada Profesional, representada en el acto de otorgamiento de escritura publica por el propio Francisco Serrano, su administrador único.

2) Enrique Pelegrín. El capital social inicial era de 1.245.000 euros, dividido en igual número de participaciones, cada una con un valor de un euro.

El capital se repartía en una proporción de 60%-40%, correspondiéndole a Serrano la parte mayor a través de su despacho, Serrano Abogados de Familia SLP. Pelegrín se quedó con 498.000 participaciones (40%), a las que accedió mediante la supuesta aportación de tres granuladoras para la fabricación de pellets valoradas en 495.200 euros y otros 2.800 euros en efectivo. La aportación del despacho de Serrano combinó 4.200 euros en efectivo y un bien industrial, un "secadero rotativo LN 10.000 con caldera de biomasa" valorado en 742.800 euros. Si le añadimos su aportación en efectivo, 4.200 euros, Serrano sumó 747.000 participaciones (60%). Dicho de otro modo: la empresa era básicamente la maquinaria. Ese era su gran activo. Una maquinaria que en realidad no existía y que se acreditaba únicamente con unas facturas proforma.

Todo ello se desprende de la documentación del Registro Mercantil desvelada por este periódico. El propio Serrano como representante de su bufete –Serrano Abogados de Familia SLP– manifestó en escritura pública que había adquirido dicha máquina "por justo y legítimo título, no adeudando nada por su adquisición". Tal cosa era falsa. Nunca ha habido tal maquinaria. Bio Wood Niebla obtuvo los 2,48 millones de euros atribuyendo a la compañía una maquinaria que no existía. Una vez cobrada la ayuda, que no hubiera sido posible con un capital social de 7.000 euros, los socios hicieron una reducción de capital, devolviéndose a sí mismos la supuesta maquinaria.

El posible engaño a Industria no se quedó ahí. La solicitud a Industria, firmada por Serrano, aportaba documentación para aparentar dos falsedades, según la investigación de la Policía Nacional: que la empresa tenía maquinaria y que tenía suelo para construir la fábrica. Cuando el ministerio pidió detalle sobre las máquinas, Bio Wood Niebla encargó un "supuesto peritaje" a un ingeniero que era "parte interesada" para "mantener el engaño", según el atestado policial clave del caso. "Todos los documentos [de la solicitud del dinero] llevan la firma electrónica de Francisco Serrano", algunos incluso con "firma manuscrita, señala un informe policial incorporado al sumario. La Policía Nacional considera inverosímil la idea defendida por Serrano de que "nada tuvo que ver en la falsa aportación de capital a Bio Wood Niebla".

2) ¿Dónde fue a parar el dinero?

El Ministerio de Industria pagó los 2,48 millones a Bio Wood Niebla en diciembre de 2016, según el expediente de la ayuda. El dinero debía servir para construir una fábrica de pellets, combustible a base de madera, en Niebla (Huelva). Pero la fábrica está lejos de estar culminada, como ha comprobado este periódico.

Se impone una pregunta: ¿dónde ha terminado el dinero?

La investigación del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en la mesa del instructor significativos avances, aunque no todo está aún esclarecido y falta escuchar a los investigados en sede judicial. La instrucción tratará de aclarar si, como está convencida la Policía Nacional, el millón de euros con el que Serrano montó una empresa en Extremadura en junio de 2017 sale de la ayuda de Industria. La rama extremeña del árbol societario de Serrano fue desvelada por este periódico en noviembre de 2019 y recogida por los investigadores policiales en sus informes sobre el caso. La procedencia del dinero que llegó allí es un elemento clave.

La UDEF, en un informe de diciembre del año pasado, ha detectado además envíos de dinero cobrado por la empresa Serrano a otras sociedades de las que era accionista, como un periódico y un bufete de abogados. Además, la UDEF ha concluido que Serrano prestó dinero al promotor Manuel Gavira. Los agentes han detectado movimientos sospechosos de dinero que atribuyen a un intento deliberado de evitar su rastreo y su recuperación, según los informes que han ido incorporando a la causa. Además, han pedido al juez instructor que ordene el bloqueo de un "fondo de inversión" abierto en Ibercaja por Bio Wood Niebla en el que llegó a haber más de 1,5 millones de euros, según los investigadores. Creen que allí fue a parar una parte del dinero.

Un testigo ha implicado en la apertura de ese fondo a Serrano, la base de cuya defensa es asegurar que fue engañado por sus socios y que no se lucró. No obstante, una carta firmada por Serrano y localizada por la UDEF prueba la implicación del investigado en la gestión del proyecto bajo sospecha incluso después de conocer irregularidades, lo cual complica esta línea de defensa.

La Agencia Tributaria acusa a Serrano de haber provocado un menoscabo de 1,37 millones de euros de dinero público. Hacienda le reclama casi 850.000 euros, que es la cantidad en la que fija su responsabilidad solidaria. La Agencia Tributaria, coincidente en sus conclusiones con la UDEF, señala cómo “gran parte” del dinero de la ayuda pública acabó en envíos a las sociedades de Serrano, préstamos a terceros, fondos de inversión, pagos con tarjeta de comidas en restaurante y viajes y “demás liberalidades de socios y administradores”. Serrano ha negado reiteradamente todas las irregularidades y solicitado el archivo del procedimiento de Hacienda, que incluye un embargo. Las alegaciones de Serrano señalan que la Agencia Tributaria ha "construido" de forma "artificiosa" una responsabilidad del investigado, que se declara ajeno al quebranto de 1,37 millones que la atribuye Hacienda. No ha tenido –asegura– "ninguna intervención en la gestión, administración y disposición de los fondos percibidos por el Ministerio de Industria".

El investigado señala que su presencia en el proyecto fue "meramente formal" y que, "lejos de beneficiarse en modo alguno de cualquier cantidad económica" procedente del préstamo, financió con su trabajo los gastos generados por tal proyecto. Según sus alegaciones, "la mera posición como administrador en una sociedad no determina la existencia de responsabilidad". Además, afirma que "no puede considerarse que los traspasos" desde Bio Wood Niebla en favor de una segunda empresa de su titularidad, Proyectos e Inversiones Serralba, "fueran en beneficio" propio, ya que Serrano "se desvinculó de tales sociedades sin recibir compensación económica".

El dos veces candidato de Vox señala que, de los 2,48 millones a los que ascendía la ayuda de industria, "únicamente 61.968,40 euros se transfieren, supuestamente, al entorno" de Serrano. De esas cantidades, continúa, "únicamente" van a una segunda empresa, Proyectos e Inversiones Serralba, 34.000 euros procedentes de la ayuda pública.

Serrano señala que los gastos originados por el proyecto de Bio Wood para la sociedad Proyectos e Inversiones Serralba fueron superiores a esos 34.000 euros. Se trata, según Serrano, de disposiciones de dinero "ridículas" en comparación con el importe de la ayuda, de 2,48 millones, y de la responsabilidad exigida al político, que asegura que "perdió dinero". En cuanto al préstamo pagado, supuestamente con dinero de la ayuda pública, al promotor Manuel Gavira, Serrano alega que el mismo fue realizado "a espaldas" de él, responsabilizando a su exsocio Enrique Pelegrín, que no responde a las preguntas de este periódico.

Las alegaciones también se refieren al millón de euros enviado a Pellex Energía, otra empresa del grupo con sede en Extremadura. Dicha entidad, según Serrano, "había de ser instrumental respecto de la realización del proyecto objeto de la ayuda pública", por lo que el ingreso a la misma de dinero procedente de la ayuda "no sería causa de quebranto patrimonial alguno".

3) ¿Por qué siguió vinculado a la empresa tras conocer las irregularidades?

Serrano, desde octubre de 2019, ha afirmado en reiteradas ocasiones que fue engañado por sus dos socios, Enrique Pelegrín y Javier López (este último participaba en el proyecto sin protagonismo societario). Según las explicaciones ofrecidas por el exparlamentario de Vox, realizadas tanto a través de Twitter [ver aquí y aquí] como ante la Fiscalía, salió del proyecto al perder la confianza en el mismo una vez constató irregularidades. No obstante, hay preguntas pertinentes para el juez en excedencia. Por ejemplo, ¿cuándo conoció que la maquinaria en realidad no había sido aportada? El juez transmitió a la Fiscalía que Pelegrín sólo lo admitió en marzo de 2017, pero esto hace difícil entender por qué en diciembre de 2016 se hizo una reducción de capital que en la práctica deshacía la falsa aportación de maquinaria de marzo. En cualquier caso, lo seguro es que Serrano faltó a la verdad al asegurar ante notario, en la constitución de Bio Wood Niebla, que era propietario de maquinaria industrial "por justo y legítimo título".

Si desde marzo –tomando la opción más conveniente a Serrano– ya sabía que la maquinaria no existía, ¿por qué siguió vinculado al proyecto? Hasta octubre, Serrano no salió del entramado empresarial, como prueba la información mercantil en poder de este periódico. Antes, el 23 de de mayo, tuvo lugar la ratificación de Serrano como administrador único de Proyectos e Inversiones Serralba, a su vez accionista de Bio Wood Niebla. Más importante: el 21 de junio se produjo la inyección de un millón de euros de Proyectos e Inversiones Serralba a Pellex Energía, la empresa extremeña que recibió ese dinero que la Policía Nacional cree salido de la ayuda de Industria. Además, el 28 de julio Serrano se dirigió por carta al ingeniero que había elaborado el "supuesto peritaje", una misiva que prueba su implicación directa en el proyecto.

Una de los elementos sobre los que Serrano ha sostenido su defensa es que denunció a sus exsocios en junio de 2018. La UDEF, en un atestado incorporado al sumario del caso, desconfía de los fines de dicha denuncia. “No se entiende cómo la denuncia interpuesta el 29 de junio de 2018 […] pretende hacer creer a la autoridad judicial que nada tuvo que ver en la falsa aportación de capital a Bio Wood Niebla y que en cuanto tuvo conocimiento instó a su socio a una reducción de capital, que, por otra parte, era igualmente falsa”.

Los agentes que elaboran el informe afirman que “tampoco se entiende que [Serrano] manifieste no tener nada que ver con las estafas investigadas y no conocer el destino dado a los fondos Reindus”, ya que él mismo constituyó Pellex Energía con un millón de euros. “No se entiende […] que manifieste en su denuncia haber sido engañado por sus socios y desconocer el fin dado a los fondos del Reindus cuando él mismo firmaba estas operaciones ante notario”, agrega el informe, que apunta a una dura conclusión en la página 121 de su atestado: “Parece, por tanto, que la denuncia y el pacto de venta anterior [por el que Serrano acuerda su salida] pretenden tan sólo despejar posibles problemas del fraude cometido de forma consciente. Una vez obtuvo la rehabilitación en la carrera judicial y se abría camino la posibilidad de obtener un cargo político, necesitó desvincularse de los negocios fraudulentos en que participó mientras estaba inhabilitado en la carrera judicial y antes de iniciar su carrera política”. Serrano ha negado públicamente esta interpretación.

El 2 de diciembre de 2018, Serrano, candidato de Vox a la presidencia de la Junta, era elegido parlamentario junto a otros 11 compañeros de Vox en las autonómicas de Andalucía. Santiago Abascal levantó su brazo aquella noche de euforia. La opinión pública, la sociedad que lo eligió, ignoraba sus andanzas empresariales. Ahora la opinión pública sí las conoce, así como el juez instructor. Serrano está fuera de la política, sus bienes han sido embargados. Le toca volver a los tribunales.

La Agencia Tributaria ha acordado el embargo de dinero en cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y participaciones sociales a Francisco Serrano para intentar la recuperación de dinero de una ayuda pública de 2,48 millones de euros. Los fondos que persigue Hacienda salieron de un préstamo reintegrable por el que el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía está investigado por posible fraude de subvenciones.

La medida cautelar, que fue adoptada el 17 de septiembre de 2020 y a la que Serrano se opone, supone el “embargo preventivo y limitado a 1.017.748,33 euros” de saldos en cuentas, participaciones sociales, fincas urbanas y rendimientos percibidos por el exparlamentario andaluz. Esa cantidad es resultado de sumar la responsabilidad atribuida por Hacienda a Serrano, 848.123,61, más un recargo de 169.624,72. La medida no garantiza la obtención de los 1.017.748,33 euros pretendidos, ya que el actual valor de lo embargado es mucho menor. 

Serrano, por su parte, niega cualquier irregularidad y reclama el fin de la actuación dado que los hechos están bajo investigación judicial [ver aquí el dosier completo del caso, desvelado por infoLibre].

Los bienes encontrados

El embargo, sobre el que ni la Agencia Tributaria ni Serrano aclaran a este periódico si sigue vigente a día de hoy, tiene su origen en la responsabilidad atribuida por Hacienda al político por la deuda de la empresa Bio Wood Niebla con el Estado, ya que dicha empresa cobró un préstamo de 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria en 2016 que no ha devuelto ni ha servido para la construcción de la fábrica de biocombustible en Niebla (Huelva) para la que fue concedida.

Con el fin de cubrir parte de la deuda generada, la Agencia Tributaria lleva a cabo un análisis de la "situación patrimonial" de Serrano, al que en 2019 le atribuye unas retribuciones de 73.485,55 euros, provenientes casi en un 100% del Parlamento de Andalucía. El dato de 2020 no aparece.

¿Qué le ha encontrado Hacienda a Serrano? La Delegación Especial de Andalucía responsable de la investigación le detecta un 89,07% del capital de la sociedad Despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos, de la que Serrano tiene 5.344 participaciones –con un valor de 5.344 euros– y que en 2019 tuvo una cifra de negocios declarada de 186.423,14 euros. El porcentaje restante del despacho es de su hija, según recoge el acuerdo de la Agencia Tributaria.

Serrano figura igualmente como titular de dos cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2019. El saldo al cierre de aquel ejercicio era de 28.782,08 euros, según figura en el acuerdo de medidas cautelares. Tampoco aparece el dato actualizado. 

El dos veces candidato de Vox consta además como titular del 50% de dos bienes inmuebles, concretamente dos fincas urbanas, una residencial en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con un valor catastral de 55.729,12 euros y un valor de mercado de 139.378,07, y una "planta sótano" en Sevilla, cuyo valor catastral o de mercado no figuran especificados en el documento. A Serrano le corresponde la mitad del valor del bien inmueble de Sanlúcar, 27.864,56 euros, y la mitad también del situado en Sevilla. La finca urbana situada en Sanlúcar está gravada con una hipoteca en garantía de un préstamo de 65.000 euros.

Además, Serrano liquidó en marzo de 2017 el régimen económico matrimonial, con lo que pasaron a ser titularidad privativa de su esposa otros dos inmuebles, uno en Sanlúcar con un valor catastral de 42.791,13 euros y otro en Sevilla con un valor catastral de 66.810,70. Serrano dispone del 100% del usufructo de este último. 

Operaciones de transmisión

El acuerdo de medidas cautelares destaca que Serrano “ha protagonizado con anterioridad operaciones de transmisión a su cónyuge”. ¿A qué se refiere? Hacienda detalla que, antes de su desvinculación de Bio Wood Niebla, Serrano procedió, el 27 de marzo de 2017, a la liquidación de la comunidad conyugal y de cualquier régimen económico matrimonial, de forma que parte de los bienes inmuebles titularidad del matrimonio pasaron a ser propiedad de su esposa. No obstante, la Agencia Tributaria aún le atribuye al dos veces candidato de Vox el 50% de dos fincas rústicas, una en Sevilla y otra en Sanlúcar de Barrameda, de las que establece el embargo cautelar. La Agencia también recoge que el 8 de octubre de 2018 le fue transferido a su hija o al despacho que Serrano comparte con su hija –la redacción de la Agencia Tributaria no lo deja claro– un vehículo Mercedes, que hasta esa fecha estaba matriculado a nombre de Serrano. Hacienda añade que Serrano, que salió del entramado empresarial vinculado a la ayuda en octubre de 2017, participó en la "despatrimonialización" de Bio Wood Niebla, la sociedad que percibió la ayuda del Ministerio de Industria. Con todos esos antecedentes, afirma: "Es imprescindible que se adopten medidas cautelares".

El acuerdo cita el artículo 81.6 de la Ley General Tributaria, que establece que “los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción”, salvo que se den supuestos como que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción o que, a solicitud del interesado, se acuerde su sustitución por otra garantía, entre otras posibilidades.

La medida cautelar

La medida cautelar afecta en primer lugar a los saldos bancarios que suman 28.782,08 euros, entre ellos los que se encuentran en dos cuentas, especificadas "a título indicativo", una en el Santander, en Sevilla, y otra en Caixabank, en Huelva. "El embargo –señala la Agencia Tributaria–podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de bienes y derechos de los que sea titular en dichas entidades".

También afecta el embargo a su participación en su despacho, los 5.344 títulos de un euro cada uno, así como a "cualquier otra participación social que pueda haber adquirido con posterioridad".

Además,  cubre el pleno dominio de las dos fincas urbanas, en Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda, de las que Serrano es propietario del 50%.

Todo ello figura en el acuerdo de adopción de medidas cautelares de la Agencia Tributaria, de 17 de septiembre de 2020, al que este periódico ha tenido acceso a través de la documentación del caso de posible fraude de subvenciones.

El embargo preventivo, establecido para alcanzar un máximo de 1.017.748,33 euros, también abarca los ingresos abonados por el Parlamento de Andalucía, si bien el acuerdo es de 17 de septiembre y Serrano dimitió como parlamentario el 1 de septiembre, acorralado por este este caso. Un experto en fiscalidad consultado por este periódico señala que la medida se refiere a rendimientos posteriores al acuerdo, por lo que sólo afectaría a aquellos percibidos con posterioridad a la dimisión y no tendría efecto retroactivo. 

Balance final: el embargo afecta a bienes, saldos y derechos que suman los 28.782,08 euros de los saldos bancarios, los 27.864,56 de la mitad de la finca de Sanlúcar y los 5.344 euros de sus participaciones en el bufete legal, según el acuerdo de medidas cautelares. El resultado asciende a 61.990,64 euros, a los que habría que sumar el 50% de la finca de Sevilla cuyo valor catastral no se especifica, más lo que pueda aparecer en las cuentas bancarias, otras posibles participaciones sociales adquiridas y los hipotéticos ingresos del Parlamento de Andalucía, todo ello según el acuerdo de la Agencia Tributaria. 

Quebranto de fondos públicos con "plena conciencia"

Hacienda acusa a Serrano de haber provocado un quebranto de 1,37 millones de euros de dinero público a través de una empresa, Bio Wood Niebla, que en 2016 recibió una ayuda estatal para construir una fábrica que se quedó en proyecto. La Agencia Tributaria, en un expediente de derivación de responsabilidad tributaria iniciado en agosto de 2020, le reclama casi 850.000 euros, que es la cantidad en la que fija su responsabilidad solidaria, figura utilizada para trasladar a los administradores la deuda de las empresas con el Estado.

Hacienda tiene en cuenta que Serrano figuró en la empresa no durante todo el plazo concedido por Industria para ejecutar la inversión, sino algo menos del 74%: 642 de los 873 días totales. Esa es la cantidad, casi 850.000 euros, cuyo cobro ahora quiere garantizarse Hacienda mediante la medida cautelar del embargo. El importe total de la medida cautelar asciende a 1.017.748,33 euros porque es resultado de los los 848.123,61 y otros 169.624,72 en concepto de recargo de apremio.

La Agencia Tributaria señala en el inicio del expediente de derivación de responsabilidad cómo “gran parte” del dinero de la ayuda pública acabó en envíos a las sociedades de Serrano, préstamos a terceros, fondos de inversión, pagos con tarjeta de comidas en restaurante y viajes y “demás liberalidades de socios y administradores”. El expediente achaca a Serrano haber tenido “plena conciencia” del vaciamiento de la sociedad tras cobrar la ayuda de 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria. “Es indiscutible el conocimiento cabal” de los hechos por parte de Serrano, según la Agencia Tributaria, “debido a su condición de socio, administrador y autorizado en las cuentas”.

Riesgo de impago

Con posterioridad al inicio del expediente, la Agencia Tributaria acordó el 17 de septiembre de 2020 la adopción de medidas cautelares contra Serrano para “garantizar el pago" de la deuda de Bio Wood Niebla. Esta deuda supera los 3 millones, concretamente 3.010.190,2 euros, ya que incluye un recargo de más de 500.000 euros, lo que eleva la cuantía con respecto al préstamo original entregado por el ministerio (2,48 millones).

La Agencia Tributaria, en dicho acuerdo de medidas cautelares, recoge la existencia de un “riesgo de impago de la deuda”, ya que ha intentado siempre eludir la devolución, lo que se considera “ausencia de voluntad de pago”. La Agencia censura la “alevosía” de prácticas como la concesión de préstamos a terceros con el dinero de la ayuda, la realización de gastos que son “meras liberalidades", así como “el falseamiento contumaz y reiterado del capital y los bienes aportados” a la sociedad [en el dosier del caso hay informaciones en detalle sobre estas actuaciones].

Añade la Agencia: “Es razonable pensar que una vez que se le generen deudas a Francisco Serrano, por la vía de la declaración de la responsabilidad solidaria, puedan llevarse a cabo nuevas actuaciones de vaciamiento patrimonial fraudulento para situar sus bienes y facturación a nombre de otros titulares formales, de terceros adquirentes de buena fe, o en forma líquida de más fácil ocultación o movilización, frustrándose de esta manera cualquier actuación tendente al cobro”.

La posición de Serrano

El afectado solicitó el 26 de octubre de 2020 el archivo del procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria en el que se enmarca el embargo preventivo, según las alegaciones a las que ha tenido acceso este periódico a través de la documentación del caso. El afectado alega no haber obtenido lucro ni beneficio alguno a través del proyecto investigado. El juez es insistente en su desvinculación de las posibles irregularidades.

Requerido por infoLibre, no aclara si el embargo preventivo de sus bienes sigue vigente a día de hoy. No obstante, en un escrito de 8 de febrero de este año dirigido al juzgado 16 de Sevilla, que instruye el caso, el investigado sí hace referencia expresa a la existencia de un “embargo de todos los bienes, derechos y cuentas” de su propiedad. En dicho escrito, Serrano se oponía a la solicitud medidas cautelares contra él realizada por Rubén Sánchez, vicepresidente de Facua, que ejerce la acusación popular. Tal medida resulta "absolutamente innecesaria pues [...] la Agencia Tributaria, en procedimiento de derivación de responsabilidad, ha dispuesto el embargo de todos los bienes derechos y cuentas corrientes de D. Francisco Serrano”, señala el escrito de su defensa. Este escrito apunta a que al menos el 8 de febrero la medida cautelar del embargo seguía vigente.

Las alegaciones de Serrano, a las que ha tenido acceso este periódico a través del sumario, señalan que la Agencia Tributaria ha "construido" de forma "artificiosa" una responsabilidad del investigado, que se declara ajeno al quebranto de 1,37 millones que la atribuye Hacienda. No ha tenido –asegura– "ninguna intervención en la gestión, administración y disposición de los fondos percibidos por el Ministerio de Industria".

El dos veces candidato de Vox afirma que el caso por el que Hacienda le reclama el dinero coincide con el que es objeto de una instrucción penal en el juzgado 16 de Sevilla, por lo que existe una "prejudicialidad penal que determinaría la paralización del procedimiento administrativo", tesis para la que invoca la Ley de Enjuiciamiento Criminal y cita doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas.

Serrano recalca que se le están imponiendo "nuevas obligaciones" administrativas sobre la base de "un relato histórico que se encuentra sub iudice por la jurisdicción penal". Sin presuponer el resultado final, el mismo experto en fiscalidad, conocedor de múltiples expedientes similares, apunta a la posible aplicación que el artículo 308.7 del Código Penal, que establece que la existencia de un procedimiento penal no impide que Hacienda pueda exigir el reintegro de una subvención. No obstante, añade, el juez instructor podría acordar la suspensión del expediente. Serrano aún no ha tenido oportunidad de declarar ante el instructor del caso.

El investigado señala que su presencia en el proyecto fue "meramente formal" y que, "lejos de beneficiarse en modo alguno de cualquier cantidad económica" procedente del préstamo, financió con su trabajo los gastos generados por tal proyecto. Según sus alegaciones, "la mera posición como administrador en una sociedad no determina la existencia de responsabilidad". Además, afirma que "no puede considerarse que los traspasos" desde Bio Wood Niebla en favor de una segunda empresa de su titularidad, Proyectos e Inversiones Serralba, "fueran en beneficio" propio, ya que Serrano "se desvinculó de tales sociedades sin recibir compensación económica alguna". El dos veces candidato de Vox señala que, de los 2,48 millones a los que ascendía la ayuda de industria, "únicamente 61.968,40 euros se transfieren, supuestamente, al entorno" de Serrano. De esas cantidades, continúa, "únicamente" van a una segunda empresa, Proyectos e Inversiones Serralba, 34.000 euros procedentes de la ayuda pública.

Serrano señala que los gastos originados por el proyecto de Bio Wood para la sociedad Proyectos e Inversiones Serralba fueron superiores tanto estos 34.000 euros. Se trata, según Serrano, de disposiciones de dinero "ridículas" en comparación con el importe de la ayuda, de 2,48 millones, y de la responsabilidad exigida al político, que asegura que "perdió dinero".

En cuanto al préstamo pagado, supuestamente con dinero de la ayuda pública, al promotor Manuel Gavira, Serrano alega que el mismo fue realizado "a espaldas" de él, responsabilizando a su exsocio Enrique Pelegrín, que no responde a las preguntas de este periódico. Las alegaciones también se refieren al millón de euros enviado a Pellex Energía, otra empresa del grupo con sede en Extremadura. Dicha entidad, según Serrano, "había de ser instrumental respecto de la realización del proyecto objeto de la ayuda pública", por lo que el ingreso a la misma de dinero procedente de la ayuda "no sería causa de quebranto patrimonial alguno".

El que fuera juez estrella de Vox centra la responsabilidad de las posibles irregularidades a su exsocio Enrique Pelegrín y afirma que actuó siempre "bajo la confianza" de que las máquinas con las que se constituyó la sociedad Bio Wood Niebla realmente existían, cosa que no era así. 

Nota:

El texto publicado originalmente el 3/3/2021 a las 6.00 horas decía en el décimo párrafo: "La Agencia también recoge que el 8 de octubre de 2018 le fue transferido a su hija un vehículo Mercedes, que hasta esa fecha estaba matriculado a nombre de Serrano".

Dicha frase fue modificada el 5/3/2021, a las 14.28 horas, para dejarla con su actual redacción: "La Agencia también recoge que el 8 de octubre de 2018 le fue transferido a su hija o al despacho que Serrano comparte con su hija –la redacción de la Agencia Tributaria no lo deja claro– un vehículo Mercedes, que hasta esa fecha estaba matriculado a nombre de Serrano".

El motivo de la modificación es la ambigüedad detectada en la redacción del acuerdo de adopción de medidas cautelares de la Agencia Tributaria al que se refiere la frase, que señala lo siguiente: "De igual forma con fecha 28.03.2018 [Serrano] constituyó la sociedad DESPACHO SERRANO ABOG SERV JURIDICO SLP, con NIF [...], en la que participa al 90% y es su administrador, siendo el otro 10% titularidad de su hija [...], que es la principal empleada de esta compañía. Con fecha 08.10.2018 se la transfiera vehículo turismo Mercedes E/220 hasta esa fecha matriculado a nombre de Francisco Serrano".

La Agencia Tributaria acusa a Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, de haber provocado un menoscabo de 1,37 millones de euros de dinero público a través de una empresa, Bio Wood Niebla, que en 2016 recibió una ayuda estatal para construir una fábrica que se quedó en proyecto. Hacienda le reclama directamente casi 850.000 euros a Serrano, que es la cantidad en la que fija su responsabilidad solidaria, figura que la Agencia Tributaria utiliza para trasladar a los administradores la responsabilidad del dinero adeudado por las empresas. Así figura en un expediente de derivación de responsabilidad tributaria contra Serrano, al que ha tenido acceso infoLibre y que está incorporado al sumario del caso de posible fraude de subvenciones actualmente en instrucción.

La Agencia Tributaria, coincidente en sus conclusiones con la UDEF, señala cómo “gran parte” del dinero de la ayuda pública acabó en envíos a las sociedades de Serrano, préstamos a terceros, fondos de inversión, pagos con tarjeta de comidas en restaurante y viajes y “demás liberalidades de socios y administradores”. Serrano ha negado reiteradamente todas las irregularidades. “Es indiscutible el conocimiento cabal” del vaciamiento de la empresa por parte de Serrano, señala la Agencia Tributaria. El expediente es rotundo en sus conclusiones: “Francisco de Asís Serrano Castro es CAUSANTE DIRECTO [la mayúscula es del informe] de la ocultación y transmisión del dinero percibido” por Bio Wood Niebla “procedente del Ministerio de Industria” con “la finalidad de vaciar el patrimonio" de la sociedad y "frustrar cualquier actuación de la Administración tributaria tendente a su cobro”. Se produjo, añade el documento, un “levantamiento del caudal disponible en saldos bancarios de Bio Wood Niebla, que debía haber estado destinado a la finalidad para la que se concedió el préstamo, que no es otra que la construcción de una industria de pellets en Niebla”. Y añade: “La apreciación conjunta de los elementos de hecho que resultan del expediente permite llegar a la razonable conclusión de que la actuación de Francisco Serrano ha sido premeditada”.

En cuanto al investigado, mantiene su línea de declararse al margen de las irregularidades, defender que no se lucró con el proyecto y responsabilizar a sus dos exsocios. Serrano, que aún no ha tenido la oportunidad de declarar como investigado ante el instructor del caso, no responde a las cuestiones de infoLibre, periódico que desveló el caso [ver aquí el dosier completo].

Un caso de posible fraude

Serrano está bajo investigación por un caso de posible fraude de subvenciones. El que fue juez estrella de Vox y uno de sus socios, Enrique Pelegrín, constituyeron la sociedad Bio Wood Niebla en marzo de 2016 para solicitar una ayuda pública al Ministerio de Industria, que finalmente lograron en diciembre de ese año. Había un tercer socio en la sombra, Javier López, también implicado en el impulso del proyecto. Los tres están citados para declarar como investigados ante el juez instructor en mayo. Este periódico ha tratado de recabar la versión de los tres, sin éxito.

La cuantía de la ayuda conseguida por la sociedad de Serrano y Pelegrín ascendió a 2,48 millones. El préstamo público debía servir para la construcción de una fábrica de pellets –combustible a base de madera– en Niebla (Huelva). En la base del procedimiento había una irregularidad: la sociedad logró la ayuda gracias a un documento que contenía una falsedad, ya que se atribuía una maquinaria industrial para realizar el proyecto que en realidad no poseía. Fue ese engaño en una escritura pública, en el que Serrano participó directamente, el que permitió a la empresa conseguir el dinero público, que ni ha sido devuelto ni ha servido para poner en marcha el proyecto comprometido.

A raíz del desvelamiento de los hechos por parte de este periódico en octubre de 2019, Rubén Sánchez, vicepresidente de Facua, presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que inició una investigación que ahora instruye el juzgado 16 de Sevilla, con el juez Juan Gutiérrez Casillas al mando. Por el camino, el dos veces candidato de Vox dimitió el verano pasado acorralado por las revelaciones.

Gutiérrez Casillas tiene a estas alturas de la investigación dos grandes frentes para profundizar. El primero es cómo se consiguió el dinero. El segundo, dónde acabó. Hay terreno recorrido ya. El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha ido acumulando datos. En diferentes atestados incorporados al sumario, los agentes han recogido que la sociedad, tras la obtención de los fondos, envió dinero de la ayuda a empresas de Serrano, en concreto un periódico y un bufete de abogados, y realizó distintos préstamos, entre otros fines ajenos al objetivo de la ayuda. Los agentes han puesto también en manos del juez Gutiérrez Casillas la siguiente conclusión: que un millón de euros salido de Bio Wood Niebla tras cobrar la ayuda fue a parar a una segunda sociedad de Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba, y de ahí a una tercera, Pellex Energía.

Los agentes han detectado además movimientos sospechosos de dinero que atribuyen a un intento deliberado de evitar su rastreo y su recuperación, según los informes que han ido incorporando a la causa. Además, han pedido al juez instructor que ordene el bloqueo de un "fondo de inversión" abierto en Ibercaja por Bio Wood Niebla en el que llegó a haber más de 1,5 millones de euros, según los investigadores. Creen que allí fue a parar una parte del dinero. Un testigo ha implicado en la apertura de ese fondo a Serrano, la base de cuya defensa es asegurar que fue engañado por sus socios y que no se lucró. Sobre nada de esto responde Serrano, insistentemente requerido por este periódico.

Agencia Tributaria

Si el frente policial presenta nubarrones para Serrano, el de Hacienda no está más despejado. Sobre todo porque la Agencia Tributaria coincide en el grueso de sus conclusiones con la UDEF, según la documentación incorporada al sumario a la que ha tenido acceso infoLibre. La Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria inició en agosto de 2020 un expediente de derivación de responsabilidad tributaria a Serrano por su posible condición de responsable solidario de la deuda de Bio Wood Niebla con la Hacienda pública. Dicha deuda, que tiene su origen en el préstamo recibido de Industria y de la que Serrano no es responsable en su totalidad, supera los tres millones, concretamente 3.010.190,2 euros, ya que incluye un recargo de más de 500.000 euros, lo que eleva la cuantía con respecto al préstamo original entregado por el ministerio.

¿Por qué existe una deuda? Obvio. El dinero pagado por el Ministerio de Industria en diciembre de 2016 era un préstamo que nunca fue devuelto por Bio Wood Niebla. Además, no sirvió para construir la prometida fábrica de pellets, que hoy es una mole abandonada y a medio hacer en medio del campo.

Ahora el expediente abierto a Serrano por Hacienda, 147 páginas incorporadas al sumario del caso, aporta datos de interés sobre las actividades de los socios, especialmente del que fue candidato de Vox. Firmado por el jefe del equipo regional de recaudación, el expediente concluye que “el perjuicio o quebrantamiento” a las arcas públicas en el que participó Serrano, hasta su salida de la empresa el 4 de octubre de 2017, asciende a 1,37 millones. Ese es el “quebranto directamente provocado” por Serrano, según el documento. “Y ello –añade el expediente– sin tener en cuenta el quebranto que implica haber falseado la cifra del capital fundacional”.

No obstante, el cálculo final del dinero “distraído e imputable a la conducta” de Serrano “no reparado posteriormente por actos de terceros” es más bajo, 848.123,61 euros. Esta cantidad se corresponde con lo que la Agencia Tributaria considera “líquido distraído” y es la fijada como “responsabilidad” de Serrano. La Agencia Tributaria tiene en cuenta que Serrano figuró en la empresa no durante todo el plazo concedido por Industria para ejecutar la inversión, sino algo menos del 74%: 642 de los 873 días totales.

Los 1,37 millones apuntados como quebranto imputable a Serrano son resultado de sumar disposiciones de fondos, desembolso y préstamos no devueltos, usos ajenos a la finalidad de la ayuda pública, según la Agencia Tributaria. Los 848.123,61 euros se obtienen de restar a los 2,48 millones pagados por Industria la garantía de reintegro que estaba asegurada (casi 250.000 euros), el embargo de activos financieros (no llega a 3.000 euros) y la cantidad empleada por la empresa en el proyecto, 1,38 millones. 

Una "reprobable distracción"

El dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta, que hizo carrera política denunciado el abuso de las “paguitas”, recibe un contundente repaso de la Agencia Tributaria. El expediente se detiene en todas las supuestas irregularidades cometidas por los socios de Bio Wood Niebla con la ayuda pública, sobre las que viene informando este periódico desde 2019: falseamiento del capital de la empresa para obtener la ayuda, supuesto ingreso de dinero proveniente del Ministerio de Industria en fondos de inversión, envío de dinero a empresas del propio Serrano, préstamos a terceros, gastos personales ajenos al fin del préstamo... “Se realizaron disposiciones de cantidades directamente por los socios y administradores para fines particulares”, señala el expediente. Ha habido una “reprobable distracción” de los fondos públicos, añade, a través de “sociedades creadas por los fundadores de Bio Wood Niebla”, en referencia a Serrano y Pelegrín.

El informe no se limita a señalar a la empresa. Apunta contra Serrano, al que achaca haber tenido “plena conciencia” del vaciamiento de la sociedad. Hacienda atribuye a Serrano los supuestos necesarios para ser responsable, como la “ocultación o transmisión de bienes y derechos del obligado al pago [en este caso, Bio Wood Niebla] con la finalidad de eludir el embargo”. El informe destaca que, en vez de dedicarlo íntegramente a la fábrica, una promesa industrial que levantó expectativas en Niebla y quedó en nada, “se ha destinado en gran parte a otras finalidades distintas para la que fue concedido, en concreto: préstamos a sociedades vinculadas o a terceros interrelacionados, constitución y ampliación del entramado societario a cargo de Francisco de Asís Serrano y de Enrique Pelegrín, compraventa de fondos de inversión, disposición en efectivo, gastos de VISA en restaurantes, viajes, ocio, y demás liberalidades de socios y administradores”. El documento no detalla todos y cada uno de estos gastos ajenos a los fines de la ayuda. Sí es insistente en que Serrano tenía que saberlo. “Es indiscutible el conocimiento cabal” de los hechos por su parte, “debido a su condición de socio, administrador y autorizado en las cuentas hasta el 04/10/2017”, añade el informe, que recuerda que el juez fue “participante directo” en las operaciones cuestionadas.

El documento totaliza en 1,38 millones lo correspondiente a las “actividades propias” de Bio Wood Niebla desde su creación. Es la cantidad, dice el informe, “efectivamente pagada”. Es decir, en la mejor hipótesis para la sociedad, eso es lo que ha gastado en el proyecto. El resto, más de un millón, ha sido dedicado a otros fines, según la Agencia Tributaria, que atribuye a Serrano un “conocimiento del perjuicio que se estaba provocando” con su actitud ante la futura exigencia de reintegro. Dicha actitud es calificada de “elusiva”, lo que impide corregir un “levantamiento patrimonial” que ha causado un “perjuicio para los intereses de la Hacienda Pública”.

Se ha combinado una “ausencia evidente de voluntad de aplicar los fondos obtenidos a la finalidad a que estaban destinados”, con haber “vaciado el patrimonio líquido de la compañía con el que podían haber hecho frente, al menos parcialmente, a la obligación de reembolso”, según la Agencia Tributaria. Ello ha contado “con la indudable participación activa, colaboración, consentimiento y al menos ausencia de rechazo” de Serrano, establece el expediente, que considera que “concurren los presupuestos legalmente establecidos para declarar responsable solidario” a Serrano, por su “condición de” causante” de la “ocultación y transmisión del patrimonio líquido” de Bio Wood, “a sabiendas de que ello produciría el incumplimiento de la obligación de reintegro [...] y la imposibilidad por parte de la Administración de hacer posible su cobro”.

Serrano, como viene haciendo desde que este periódico destapó el caso en octubre de 2019, no ofreció respuesta a las preguntas planteadas para este artículo. El investigado, según la información del expediente a la que ha tenido acceso este periódico, alega que su implicación en el proyecto fue más formal que efectiva, que no obtuvo lucro con el proyecto y que no participó en las irregularidades. Una carta firmada por Serrano y localizada por la UDEF prueba la implicación del investigado en la gestión del proyecto bajo sospecha incluso después de conocer irregularidades, lo cual complica esta línea de defensa. El dos veces candidato de Vox culpa a sus socios para defenderse de la acometida de la Agencia Tributaria. Este periódico trató de recabar las versiones de Pelegrín y López, sin éxito.

Surge una nueva complicación para el argumento central de la defensa de Francisco Serrano, según la cual apenas se implicó en el proyecto que terminó en un posible fraude de subvenciones, siendo simplemente engañado por sus socios. Un testigo sitúa directamente a Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, en la apertura del fondo de inversión que la Policía Nacional ha pedido bloquear en busca del dinero de la ayuda pública de 2,4 millones de euros bajo sospecha de haber sido defraudada [ver aquí el dosier del caso Serrano].

El director de la sucursal sevillana de Ibercaja en la que fue abierto el fondo en febrero de 2017, M.J.R.S., ha detallado a los agentes de la UDEF que entró en conocimiento del proyecto empresarial a través de Serrano, al que llegó por un conocido. En principio el empleado de banca le hizo una propuesta para su despacho de abogados. Fue Serrano el que le habló del proyecto de fábrica de biomasa, siempre según este testimonio. Con posterioridad Serrano y sus dos socios le explicaron que “disponían de unos fondos procedentes de una subvención del Ministerio de Industria en una cuenta de la entidad de Targobank”, pero que no conseguían un aval bancario para impulsar el proyecto.

La fórmula elegida para arreglar la situación –según la declaración del testigo incluida en el informe de la UDEF 354/21, de 23 de enero, incorporado al sumario del caso– fue el ingreso de dinero de la ayuda en un fondo de inversión, de forma que lo ingresado sirviera a su vez como garantía para un aval. Bio Wood Niebla, según este testimonio, autorizó a Ibercaja a la “gestión discrecional” del dinero, pese a la advertencia en el contrato de su “posible deterioro”. Esta gestión discrecional incluía la posible inversión en “mercados extranjeros”. En dicho fondo fueron ingresados 1,3 millones desde una cuenta de Bio Wood Niebla –a la que a su vez había sido llevado el dinero de la subvención– en febrero de 2017, dos meses después de lograr la ayuda pública, según la documentación bancaria incorporada por la UDEF al informe.

A raíz de la investigación policial, M.J.R.S. está citado a declarar como testigo en el juzgado de instrucción 6 el próximo 20 de mayo. Por su parte, ni Serrano ni sus dos compañeros de aventura empresarial, Enrique Pelegrín y Javier López, responden a las preguntas planteadas sobre este informe policial, ni sobre el resto del caso, que reiteradamente viene planteando infoLibre.

Extracto del informe de la UDEF 354/21, de 23 de enero, incorporado al sumario del 'caso Serrano'.

El 'caso Serrano'

¿De qué hablamos cuando hablamos del caso Serrano? Se trata de un posible fraude de subvenciones. El Ministerio de Industria pagó en diciembre de 2016 a Bio Wood Niebla, una empresa de Serrano y su socio, Enrique Pelegrín, una ayuda de casi 2,5 millones. La sociedad logró la ayuda gracias a un documento falso, ya que se atribuía una maquinaria industrial para realizar el proyecto –una fábrica de biocombustible en Niebla, Huelva– que en realidad no poseía.

A raíz del desvelamiento de los hechos por parte de este periódico en octubre de 2019, Rubén Sánchez, vicepresidente de Facua, presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación que ahora lidera el juzgado de instrucción 16 de Sevilla. Por el camino, Serrano dimitió el verano pasado acorralado por el escándalo.

El juez que instruye el caso, Juan Gutiérrez Casillas, tiene dos frentes para investigar. Uno, cómo se obtuvo el dinero, que no sirvió para culminar el proyecto para el que fue concedido. Y dos, dónde acabó el dinero.

El rastro del dinero

A lo largo de su investigación, el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha ido acumulando datos sobre el posible destino de parte del dinero. En diferentes informes incorporados al sumario, los agentes han recogido que la sociedad, tras la obtención de los fondos, desvió dinero de la ayuda a empresas de Serrano, en concreto un periódico y un bufete de abogados, y prestó dinero a un promotor, entre otros fines.

Los agentes han puesto también en manos del juez Gutiérrez Casillas la siguiente conclusión: que un millón de euros de la ayuda pagada a Bio Wood Niebla, la empresa con la que Serrano y su socio consiguieron el dinero público, fue a parar a una segunda empresa de Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba, y de ahí a una tercera, Pellex Energía. Los investigadores además han detectado un trasiego de dinero que atribuyen a un intento deliberado de evitar su rastreo.

Un fondo por congelar

La Policía Nacional está interesada especialmente en un "fondo de inversión" abierto en Ibercaja por Bio Wood Niebla en el que llegó a haber más de 1,5 millones de euros, según los investigadores. Los agentes creen que allí fue a parar una parte del dinero, por lo que han pedido al juez que ordene su bloqueo.

Los 2,48 millones del Ministerio de Industria entraron en Bio Wood Niebla en diciembre de 2016 a través de una cuenta de Targobank. Más de 2 millones pasaron a una cuenta de Ibercaja entre febrero y marzo de 2017, según la UDEF, que detecta desde entonces "gran cantidad de movimientos de cargos y abonos [...] pudiendo crear confusión en cuanto al destino dado al importe de la subvención".

Entre dichas operaciones los agentes destacan las que tienen como destino un “fondo de inversión” que recibe "gran cantidad de cargos a favor". Y anotan: "El resultado final es que se ingresa gran parte del saldo de la subvención en este fondo. A fecha 30/7/2019 debería presentar un saldo de 1.590.632,19 euros, según la información aportada por la entidad bancaria".

Ese es el fondo que la UDEF pide congelar. Y sobre el que declaró M.J.R.S.

Una carta y un testigo

El informe 354/21, con fecha 23 de enero de este año y que el instructor ya tiene sobre mesa, amplía la visión de la la fotografía. Dicho informe se nutre de dos elementos. El primero es la respuesta de Ibercaja a la solicitud de información realizada por el juez instructor. “Se confirma la tesis sostenida por esta instrucción, respecto a la existencia de un producto financiero contratado con la entidad [Ibercaja]”, señala el informe policial. El segundo es la declaración de M.J.R.S., director de la sucursal sevillana de Ibercaja durante el periodo de las operaciones, 2016-2019, que abarca la participación accionarial de Serrano, hasta octubre de 2017. En dicha sucursal abrió Bio Wood Niebla el fondo que la UDEF ha pedido congelar en busca del dinero supuestamente defraudado.

La UDEF ya había logrado acreditar, mediante una carta firmada por Serrano en julio de 2017, su implicación directa en la gestión del proyecto. Es decir, el dos veces candidato de Vox no sólo aparece en los papeles de la solicitud de la ayuda y del Registro Mercantil, sino también en la correspondencia que acredita atención a los pormenores económicos. Lo implican sus actos y no sólo los documentos oficiales.

Ahora, con el testimonio de M.J.R.S., la Policía Nacional lo mete además de lleno en el fondo de inversión bajo sospecha.

De un banco a otro

En su declaración ante la policía, el empleado de banca afirmó que a través de un conocido llegó a Serrano, que le habló de su proyecto empresarial junto a Pelegrín. Según el director de sucursal, Serrano, Pelegrín y un tercer impulsor del proyecto, Javier López –los tres investigados en el caso– le explicaron que “disponían de unos fondos procedentes de una subvención del Ministerio de Industria en una cuenta de la entidad de Targobank”, recoge el informe de la UDEF. Pero había un problema, según la declaración del testigo: “Requerían un aval bancario para ejecutar el proyecto vinculado a dicha subvención [la fábrica de biocombustible] y su entidad no se lo facilitaba”.

El empleado de banca les ofreció traspasar el dinero de Targobank a Ibercaja, “pignorando [dejando en prenda] los fondos para poder emitir un aval”. Así se hizo, siempre según el informe. El saldo fue depositado en un fondo de inversión a nombre de Bio Wood Niebla.

Dicho fondo, una cuenta de valores vinculada a una cuenta corriente en Ibercaja, garantizaba el riesgo que asumía el banco, explicó el testigo, que afirma que desde entonces la operativa de pagos y retiradas de fondos fue casi siempre online.

El testimonio sitúa a Francisco Serrano en primera línea de las gestiones para sacar supuestamente el dinero que debía servir para una fábrica de pellets y meterlo en un fondo de inversión. Hay que recordar que ni la fábrica está construida ni el dinero ha sido devuelto. Serrano no responde sobre estas cuestiones a infoLibre.

Cuentas globales

El dinero había sido ingresado por Industria en la cuenta de Bio Wood Niebla en Targobank en diciembre de 2016. Por su parte, el fondo fue abierto el 7 de febrero de 2017. El “contrato para la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión a clientes minoristas” fue suscrito por Enrique Pelegrín en representación de Bio Wood Niebla, la empresa que compartía con Serrano, según la información aportada por Ibercaja y recogida en el informe. El fondo fue asociado a una cuenta de Ibercaja.

El cliente –Bio Wood Niebla– autorizaba a Ibercaja Patrimonios Sociedad de Gestión de Capital SA a “la gestión discrecional de su cartera”, incluida la posible utilización de las llamadas “cuentas globales” para el depósito de los fondos en “mercados extranjeros cuando así lo exija la operativa habitual de negociación”, recoge el informe.

Dichas cuentas globales incluían entidades en Luxemburgo e Irlanda, además de en Estados Unidos, Bélgica y Francia, según la información facilitada por el banco a la UDEF e incorporada a su informe.

Riesgos o rentabilidades

El contrato recogía tres veces el “riesgo de deterioro” de los activos. ¿Se produjo este deterioro o hubo beneficios? Los investigadores creen –como recogen en un informe posterior, de 2 de febrero– que pudo haber “rentabilidades positivas". Y señalan: "Debe tenerse en cuenta que estas ganancias serían generadas no con capital privado, sino con un capital que tiene su origen en la Hacienda pública". Pero estas posibles ganancias no están acreditadas, al menos no en los informes de la UDEF. Lo que sí da por confirmado la UDEF es lo declarado, según su informe de 2 de febrero, por el director de la oficina de Ibercaja en la que se realizaron las gestiones, según el cual los investigados "transfirieron el saldo" a dicha entidad "con motivo de la contratación de un conjunto de productos financieros" en busca de "algún tipo de ventaja".

La UDEF no concluye cuánto dinero hay actualmente en el fondo, aunque sí hace alusión, en el informe de 2 de febrero, a que a 30 de julio de 2019 había casi 1,6 millones. Buena parte de ese dinero, según la UDEF, puede tener su origen en la subvención de Industria. Así lo explica en su informe 354/21: desde la cuenta Targobank de Bio Wood Niebla pasaron a la cuenta Ibercaja de la misma empresa más de 2 de los casi 2,5 millones de la ayuda; de estos, 1,3 millones fueron a este “fondo de inversión”, de lo cual hay un apunte de 15 de febrero de 2017.

La UDEF señala en su informe que desconocía este fondo porque es titularidad de Ibercaja, no de Bio Wood Niebla. “Por este motivo se desconocía su existencia, al no haber sido facilitado por el Fichero de Titularidades Financieras del Banco de España, ni haber colaborado la entidad Ibercaja en su identificación con anterioridad”, señala el informe 354/21.

Una de las grandes incógnitas del caso Serrano es dónde acabó el dinero. ¿A qué fueron dedicados los 2,48 millones de euros abonados en diciembre de 2016 por el Ministerio de Industria a Bio Wood Niebla, la empresa de Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, el que fue juez estrella de la formación de ultraderecha? La búsqueda de respuestas a esta pregunta ha sido una de las principales ocupaciones de los agentes policiales que llevan ocupándose del caso desde poco después de que infoLibre destapase las primeras irregularidades [ver aquí el dosier completo]. En esa búsqueda, el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en un informe fechado el 2 de febrero e incorporado al sumario del caso, da un significativo paso adelante y solicita al magistrado que instruye el caso el bloqueo de un "fondo de inversión" en el que llegó a haber más de 1,5 millones de euros. Los agentes sospechan que allí pudo ir a parar una parte del dinero. Ni Serrano ni su exsocio Enrique Pelegrín responden a la solicitud de su versión remitida por este periódico.

A lo largo de su investigación, la Policía Nacional ha ido acumulando datos sobre el posible destino del dinero, que fue obtenido por la empresa de Serrano gracias a un engaño al Ministerio de Industria, ya que afirmaba que poseía una maquinaria industrial que en realidad no tenía. En diferentes informes incorporados al caso, los agentes han recogido que la sociedad, tras la obtención de los fondos, desvió dinero de la ayuda pública a empresas de Serrano, en concreto una periódico y un bufete de abogados, y prestó dinero a un promotor, entre otros fines. Los agentes han puesto también en manos del juez Juan Gutiérrez Casillas la siguiente conclusión: que un millón de euros de la ayuda pagada a Bio Wood Niebla, la empresa con la que Serrano y su socio consiguieron el dinero público, fue a parar a una segunda empresa de Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba, y de ahí a una tercera, Pellex Energía. Los investigadores han detectado un trasiego de dinero que atribuyen a un intento deliberado de evitar su rastreo.

Ahora la Policía amplía conclusiones y propone medidas. En su último atestado, el 531/21, fechado el 2 de febrero y dirigido al juzgado de instrucción 16 de Sevilla con el asunto "análisis de operativa bancaria", la UDEF hace un examen de los movimientos de dinero en las cuentas de la empresa Bio Wood Niebla. Dicha sociedad es que recibió la ayuda de Industria para la construcción de una fábrica de biocombustible que sigue siendo apenas una mole en medio del campo a las afueras de Niebla (Huelva). Industria y Hacienda quieren recuperar el dinero, que no ha servido –al menos, no en su totalidad– a los fines para los que fue concedido. Y la Policía, siguiendo las órdenes del juez instructor, está en ello.

El informe policial de 2 de febrero reclama al juez Castillas una serie de medidas "para el total esclarecimiento de los hechos investigados" y para "la recuperación de efectos del delito". La primera medida propuesta por la UDEF es un mandamiento judicial dirigido a Ibercaja para que dicha entidad facilite lo siguiente:

1) La "situación actual, estado y bloqueo preventivo del saldo" del Fondo de Inversión 1 [en el informe figura el número completo]. Se trata de un fondo relevante en las operaciones de Bio Wood Niebla, según la UDEF. Dicha sociedad recibió los 2,48 millones del Ministerio de Industria en una cuenta de Targobank en diciembre de 2016. Más de 2 millones pasaron a una cuenta de Ibercaja entre febrero y marzo de 2017, según el atestado 531/21. Los más de 430.000 euros que se quedaron en la cuenta de Targobank sirvieron, según la UDEF, para préstamos, pagos y retiradas en efectivo ajenas por completo a la finalidad de la subvención. Pero no es ahí donde se centra el último atestado, sino en los más de 2 millones que Bio Wood Niebla pasó de Targobank a Ibercaja.

La UDEF detecta "gran cantidad de movimientos de cargos y abonos" desde la cuenta de Ibercaja, "pudiendo crear confusión en cuanto al destino dado al importe de la subvención". Entre dichas operaciones los agentes destacan las que tienen como destino el Fondo de Inversión 1, que recibe "gran cantidad de cargos a favor". Y anotan: "El resultado final es que se ingresa gran parte del saldo de la subvención en este fondo. A fecha 30/7/2019 debería presentar un saldo de 1.590.632,19 euros, según la información aportada por la entidad bancaria". Ese es el fondo que la UDEF pide congelar.

Según el informe policial, "a la vista de los datos bancarios, todo el dinero que pudiera encontrarse en ese fondo corresponde a [...] la subvención". Dicho fondo fue contratado por Bio Wood Niebla a Ibercaja en febrero de 2017, según la investigación policial. Serrano no abandonó el entramado empresarial hasta octubre de 2017, según acredita la información del Registro Mercantil. El atestado no entra en el análisis de "posibles rentabilidades positivas obtenidas a raíz de las imposiciones realizadas en el fondo de inversión". Pero sí señala: "Debe tenerse en cuenta que estas ganancias serían generadas no con capital privado, sino con un capital que tiene su origen en la Hacienda pública".

Esquema sobre el destino del dinero de la subvención incorporado al último atestado de la UDEF.

2) Información sobre "contratación, estado, titulares, cuentas de cargo y abono, saldo y movimientos" de un segundo fondo de inversión, al que aquí nos referimos como Fondo de Inversión 2 [en el informe figura el número completo]. La UDEF indica en su propuesta de actuaciones que, si dicho fondo tiene relación con el anterior, se debería proceder también a su bloqueo. La UDEF sostiene que se trata de un fondo que realiza operaciones vinculadas a la cuenta de Ibercaja con dinero procedente de la subvención.

3) Información sobre los movimientos de una cuenta de Ibercaja, la Cuenta 2 [en el informe figura el número completo], "detallando cuentas de destino [de dinero salido de la misma], beneficiarios, fechas y formas de cargo de cada apunte, tanto al debe como al haber". Se trata de una cuenta desde la que la UDEF ha localizado un ingreso de 150.000 euros a otra cuenta de Bio Wood Niebla en Ibercaja, la Cuenta 1, el 15 de noviembre de 2017 con el concepto "incrementar posición de fondos". El informe policial indica que, una vez abonado en la cuenta, el dinero sale rumbo al Fondo de Inversión 1. El atestado policial también propone al juez de instructor 16 que reclame a Ibercaja información sobre una póliza de crédito asociada a dicha cuenta. La Policía quiere conocer sus titulares y apoderados, saldos y movimientos desde su contratación, así como el detalle de sus transferencias, abonos y cargos.

"Descapitalización" de la cuenta original

La UDEF también propone a la autoridad judicial un mandamiento a Targobank, la entidad donde estaba la cuenta en que fue ingresado el dinero de la ayuda pública, para que informe sobre el destino dado a 438.000 euros. Se trata de los 438.000 que no fueron a la cuenta de Ibercaja, sino que se quedaron en Targobank y que según la Policía sirvieron a fines totalmente ajenos a la finalidad de la subvención como préstamos y retiradas de efectivo. Dicha cuenta de Targobank, según el informe, carecía de saldo cuando en diciembre de 2016 le entraron los casi 2,5 millones de euros de Industria. Todo el dinero que le entró durante el tiempo en que estuvo abierta, salvo 5.000 euros, provenía de la ayuda pública. Esta cuenta experimentó por parte de los socios de Bio Wood Niebla, Serrano y Pelegrín, una "descapitalización", con el "desvío del importe íntegro de la subvención", según la UDEF. La cuenta de Targobank se cerró en marzo de 2017, recoge el atestado.

La conclusión del atestado 531/21, obtenida de los movimientos y apuntes registrados de las distintas cuentas de Bio Wood Niebla, es que "el uso que se ha dado a los fondos ingresados en las cuentas, y que tienen su origen en una subvención pública del Ministerio de Industria, nada parecen tener que ver con la finalidad de la subvención".

El juez instructor debe decidir ahora qué hacer con la propuesta de medidas de la UDEF. En diciembre la acusación popular en el caso Serrano, ejercida por el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, solicitó el embargo de todos los bienes de Serrano y sus dos exsocios –Enrique Pelegrín y un segundo colaborador, Javier López, ambos investigados en la causa–. El juez instructor ha demorado su decisión hasta después de la declaración de los investigados, que está fijada en mayo. Serrano dimitió como parlamentario el verano pasado. 

Una carta firmada por Francisco Serrano, el que fue juez estrella de Vox, se añade a su ya extensa lista de problemas. ¿Por qué? La clave está en su fecha: 28 de julio de 2017. Ese día Serrano estampa su firma en una misiva, desvelada ahora por infoLibre, con un ingeniero como destinatario. En la misma aborda detalles económicos y muestra sin dejar lugar a dudas una implicación directa en un proyecto empresarial, ahora bajo la lupa judicial, en el que Serrano afirma como defensa que era sólo un convidado de piedra y que fue engañado por sus exsocios, marcando así distancias con un posible fraude de casi 2,5 millones de euros de dinero público.

La carta, escrita por el dos veces candidato de Vox en Andalucía cuando es obvio que ya había tenido conocimiento de que la ayuda había sido obtenida mediante una solicitud al Ministerio de Industria que incluía información falsa, está incorporada al sumario del caso Serrano, cuyo próximo hito será la declaración de los tres imputados, es decir, del expolítico y los que fueron sus dos socios.

Ni Serrano ni sus antiguos compañeros de aventura empresarial respondieron a las solicitudes de información enviadas por este periódico.

Obtención con información falsa y la incógnita del dinero

El juez Serrano estaba citado declarar este lunes en el juzgado 16 de Sevilla, que instruye el caso de posible fraude de subvenciones destapado por infoLibre [ver aquí el dosier]. No obstante, finalmente no lo hará. El instructor, Juan Gutiérrez Casillas, ha ordenado la suspensión de las declaraciones de los tres investigados, Serrano y sus dos exsocios, previstas para el lunes, y de los testigos, previstas para el miércoles y el viernes, tras recibir la solicitud de al menos una abogada, que informó de haber sido contacto estrecho de una familiar con riesgo de estar contagiada de covid-19, confirma el TSJA. Las declaraciones quedan fijadas para el 17 de mayo (investigados) y 20 y 21 de mayo (testigos), añade.

¿En qué consiste el caso? Serrano, durante su etapa como empresario, obtuvo en 2016 mediante una solicitud que incluía información falsa dirigida al Ministerio de Industria una ayuda pública de 2,48 millones de euros, dinero que la sociedad beneficiada, Bio Wood Niebla, que compartía con otro socio, debía dedicar a la construcción de una fábrica de biocombustible en Niebla (Huelva).

De lo que debía ser a lo que fue media un abismo. La factoría está lejos de ser culminada. Es poco más que una nave abandonada en medio del campo. El dinero no ha sido devuelto.

A raíz del desvelamiento del caso por parte de este periódico en octubre de 2019, el vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez, hoy acusación popular, presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación y trasladó los hechos a la Fiscalía de Sevilla. Esta los elevó a la Fiscalía Superior, por ser Serrano aforado. Finalmente, constatada la existencia de indicios de delito, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) asumió el caso, pero lo perdió a raíz de que el dos veces candidato de Vox dimitiera el verano pasado, acorralado por el escándalo, y perdiera su aforamiento.

Ahora el caso está en la Justicia ordinaria. Y a Serrano le corresponderá dar explicaciones en la fase de instrucción, previa a un posible juicio. El juez que lleva el caso, Juan Gutiérrez Casillas, la Policía Nacional y la Fiscalía han dirigido sus pesquisas no sólo hacia la forma de obtención de la ayuda, que sólo fue posible porque Serrano y un socio, Enrique Pelegrín, declararon falsamente ser dueños de una maquinaria industrial que en realidad no tenían, sino también hacia el destino del dinero conseguido.

Queda por ver si la investigación policial obtiene refrendo judicial. Y en esa fase, tendrá la palabra Serrano, cuya idea central ha sido esta: que fue engañado.

La versión de Serrano

infoLibre ha intentado reiteradamente recabar de Serrano explicaciones sobre su actuación en este caso, tanto sobre la forma en que se obtuvo el dinero, como sobre los motivos por los que Serrano no abandonó el proyecto hasta octubre de 2017, así como sobre el destino de los fondos. Pero el juez sólo respondió a este medio antes de la primera información, en octubre de 2019. Tampoco ha contestado a la solicitud de información enviada esta semana tanto a su propio despacho legal, Serrano Abogados, como al que ejerce su defensa, sobre los asuntos que aborda este artículo [ver La caja negra al final de esta pieza]. Silencio absoluto.

El hombre que protagonizó el regreso de la ultraderecha a la primera línea institucional, logrando en diciembre de 2018 12 parlamentarios en Andalucía que fueron determinantes para apear al PSOE del poder tras 37 años, ha sido parco en explicaciones públicas, que sólo ha ofrecido a través de dos hilos en Twitter [ver aquí y aquí].

En dichas manifestaciones, Serrano admite que, tras la concesión del crédito en diciembre de 2016, supo que la maquinaria con la que él mismo y su socio habían constituido la empresa ante notario en realidad no había sido adquirida. "Ante esta situación solicité inmediatamente una reducción de capital, para así ajustarnos a la legalidad", señala Serrano. Dicha reducción de capital se produjo el 30 de diciembre de 2016, devolviendo la maquinaria falsamente aportada a cada uno de los socios, es decir, a Serrano y Pelegrín.

El propio relato de Serrano parece indicar así que en diciembre de 2016 ya conocía que había una ilegalidad. Otra manifestación del juez es esta: "Cuando me di cuenta de que las máquinas que se habían aportado mediante facturas proforma no habían acabado en poder de mi socio", comenzó mi "falta de confianza en el proyecto". "Eso, unido a que tuve conocimiento de que estaban intentando promover otros proyectos en Extremadura con la intención de pedir otros créditos al mismo Ministerio de Industria, provocó que decidiera desligarme del proyecto", añade Serrano. Lo cierto es que Serrano participó como protagonista en el despliegue empresarial en Extremadura, mediante la formación de una sociedad el 21 de junio de 2017.

Serrano ha manejado otras fechas como supuestos puntos de inflexión, hitos en los que –afirma– fue consciente del supuesto engaño. El 2 de junio de 2020, compareció voluntariamente en la Fiscalía de Sevilla, asistido por un abogado, para ofrecer una versión. Allí aseguró que "en marzo de 2017, y después de mucho insistir", logró que Pelegrín le reconociera que no tenía la famosa maquinaria, consistente en un secadero y tres granuladoras. El problema es que un año antes, Serrano había asegurado ante notario que él era propietario del secadero "por justo y legítimo título". Serrano y su socio se limitaron a aportar unas facturas proforma de la maquinaria. La atribución en falso de la maquinaria fue clave para dar a la empresa Bio Wood Niebla la apariencia de sociedad con capacidad industrial y así obtener los 2,48 millones.

Las versiones de Serrano no siempre son fáciles de integrar en una sola línea coherente. Por una parte, el dos veces candidato de Vox afirma que la reducción de capital –que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2016, según la documentación mercantil a la que ha tenido acceso este periódico– sirvió para "ajustarnos a la legalidad", lo que parece implicar ya el conocimiento de una ilegalidad. Por otra, ante la Fiscalía situó en marzo de 2017 el conocimiento pleno de la irregularidad y alude a una posterior reducción de capital.

En cualquier caso, Serrano hizo significativos movimientos después de marzo que lo sitúan en primera línea del proyecto, cuando ya era perfectamente sabedor de que la ayuda había sido obtenida mediante un engaño, dado que la maquinaria no existía. ¿El ejemplo más significativo? El 21 de junio tuvo lugar la inyección de un millón de euros de Proyectos e Inversiones Serralba a Pellex Energía, la empresa extremeña. Hasta octubre, Serrano no salió del entramado empresarial, como acredita la información mercantil. No obstante, al fiscal le contó que en julio ya había tomado la decisión de marcharse.

Este no ha sido el único movimiento de Serrano para tratar de acreditar su desconocimiento de los hechos supuestamente delictivos. Poco después de destapar este periódico el caso, el dos veces candidato de Vox dirigió a la Fiscalía un escrito autojustificativo. El mismo incluía una denuncia de Serrano contra Pelegrín y un segundo impulsor del proyecto, Javier López, presentada el 28 junio de 2018 y que debía ser indicativa de que el denunciante era ajeno a posibles hechos delictivos.

Pero la Policía cree que Serrano sólo trata de aparentar desconocimiento.

La carta del candidato de Vox

La UDEF, en el atestado 1162/20, incorporado al sumario del caso, se dedica a desmontar metódicamente el supuesto engaño a Serrano. Los investigadores se apoyan para ello en el propio expediente del Ministerio de Industria, que evidencia el papel protagonista del juez en el logro supuestamente irregular de los fondos. Además, la participación de Serrano en el proyecto también queda acreditada por cuantiosa documentación mercantil, así como por su propia actividad empresarial. La UDEF atribuye la denuncia de Serrano a un deseo de blindarse ante posibles problemas legales y proteger su trayectoria política.

Y hay algo más. El sumario incluye un documento, el desvelado en este artículo, que resulta relevante a la hora de valorar la participación de Serrano en el proyecto y las fechas hasta las que llegó esa implicación en primera línea. Aunque su nombre aparece en los papeles oficiales, dando fe de su participación, este documento muestra además su conocimiento e interés en la gestión económica. Se trata de una carta dirigida por Serrano al ingeniero agrónomo J.D.S.P., con membrete de su despacho legal, Serrano Abogados, el 28 de julio de 2017.

Situémonos. Estamos a finales de julio de 2017. En diciembre del año anterior se había producido la reducción de capital para devolver a los socios –Serrano y Pelegrín– la maquinaria aportada en falso y así ajustarse a la legalidad, según se desprende del relato del propio Serrano. En marzo de 2017, es innegable que el juez había sabido ya fehacientemente por Pelegrín que no había maquinaria, a pesar de que esta había sido clave para obtener la ayuda. Y "en julio", según le había contado al fiscal, ya tenía decidido irse. No obstante, el 28 de julio, Serrano se dirigió por carta a dicho ingeniero, demostrando un conocimiento en primera línea del proyecto de fábrica de pellets.

Esa carta dirigida por Serrano al ingeniero tiene historia. Tras recibir la solicitud de ayuda, en mayo de 2016, el Ministerio de Industria pidió a Bio Wood Niebla un "informe de experto independiente" que "acredite la valoración a precios normales de mercado" de la maquinaria supuestamente portada. Industria quería detalles sobre las máquinas. ¿El problema? Que la maquinaria no existía. Bio Wood Niebla, es decir, la empresa del juez Serrano, encargó entonces un "supuesto peritaje" a un ingeniero que no era independiente, sino "parte interesada" en el proyecto, según la UDEF. El nombre del informe parece claro: "Informe de tasación pericial de maquinaria de planta de pellets de Bio Wood Niebla". Pero la Policía Nacional, que tomó declaración al responsable de la compañía, comprobó que "el tasador elaboró su informe sin ver la maquinaria" y "nunca verificó la existencia de los bienes". Entre otras cosas porque la maquinaria no era tal.

La relación entre Bio Wood Niebla y este tasador acabó en conflicto. Uno de los documentos incorporados al sumario recoge una larga sucesión de comunicaciones en torno a los trabajos del ingeniero. La UDEF pone el foco en la carta de Serrano de 28 de julio de 2017, que muestra su "verdadera implicación en el proyecto", señala su atestado. En dicha carta, Serrano se dirige al ingeniero tras conocer sus pretensiones económicas. El juez le recuerda a J.D.S.P. que la "única vinculación contractual" de Bio Wood Niebla con la empresa de ingeniería en aquel momento es por un contrato de 3 de enero de 2017 para un "proyecto de ejecución". "Sus honorarios se fijaron en el 4,5% del valor de la inversión ejecutada, porcentaje que se habría de calcular en relación al presupuesto estimado de dicha inversión [...], que se fijó en una suma de un millón de euros", señala Serrano en su carta. Es decir, al ingeniero le correspondían 45.000 euros.

¿El valor de la carta? Muestra a Serrano gestionando el proyecto y ocupándose de detalles económicos. Y lo hace a finales de julio, sabiendo ya que la maquinaria no existía, según él mismo le había contado a la Fiscalía. "Usted ha llegado a incluir, para calcular su porcentaje, elementos, maquinaria y partidas ajenas totalmente al proyecto de ejecución de obra, y que evidentemente va a sufragar la empresa que va a poner en funcionamiento la fábrica de pellets", le escribe el juez y abogado al ingeniero.

Serrano muestra su rechazo a los costes del proyecto de fábrica de pellets calculados por el ingeniero, "nada más y nada menos" que 6,5 millones. "Sobre esa cantidad, que multiplica por 6,5 el presupuesto fijado en el contrato de prestación de servicios, usted calcula sus honorarios, que como ya le hemos anunciado, no estamos dispuestos a abonarle", escribe Serrano, según la carta incluida en el sumario, en la que hace referencia inequívocamente a la fábrica de pellets. El dos veces candidato de Vox acusa a J.D.S.P. de "incumplir de forma consciente y dolosa el contrato" suscrito el 3 de enero entre Bio Wood Niebla y la empresa de ingeniería, por lo que se ha producido una "pérdida total y absoluta de confianza".

Finalmente, Serrano le ofrece "mantenerle lo abonado a la firma del contrato", 6.000 euros, y pagarle 4.000 euros más "en concepto del pago" de los planos. Serrano afirma que, de no aceptar esta propuesta, "esta parte se verá obligada a rescindir de forma absoluta el contrato". La UDEF señala cómo la forma en que Serrano "mediante carta firmada por él" le propone un pago y lo acusa de incumplir un contrato muestra "su verdadera implicación en el proyecto".

El ingeniero acababó demandando a Bio Wood Niebla para intentar cobrar lo que consideraba que se le debía, pero perdió. La UDEF, investigando el caso Serrano, revisó este episodio y concluyó: "Muy distinto hubiera sido el caso de conocer la autoridad judicial que las máquinas que conformaban el capital social de Bio Wood Niebla SL en realidad nunca habían sido aportadas a la sociedad". Ahora la autoridad judicial sí conoce que no hubo máquinas.

La Policía Nacional ha detectado préstamos realizados por una sociedad de Francisco Serrano, el que fuera juez estrella de Vox y su candidato y primer portavoz parlamentario en Andalucía, a otras empresas suyas tras cobrar casi 2,5 millones de euros de una ayuda pública del Ministerio de Industria. La UDEF, en un informe al que ha tenido acceso infoLibre, identifica préstamos desde Bio Wood Niebla, empresa teóricamente constituida para construir una fábrica de biocombustible, al periódico XYZ y a Serrano Abogados, sociedades de las que formaba parte el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía.

El nuevo informe apunta a que, además del gasto de 438.000 euros en conceptos totalmente ajenos a la finalidad de la ayuda pública, Serrano y su antiguo socio supuestamente enviaron un millón de euros a otra empresa en Extremadura tras un peregrinaje por cuatro cuentas corrientes. Además, según el informe, llevaron dinero a "fondos de inversión". El destino final de todo el dinero sigue pendiente de aclararse y es la clave de un caso que acabó con la dimisión de Serrano. El juez instructor se ha dirigido ahora a la entidad Ibercaja para intentar aclarar todos los detalles. A preguntas de este periódico, el dos veces candidato de Vox no ha respondido ofreciendo su versión.

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en un informe del 1 de diciembre, responde a una solicitud formulada por el juzgado de instrucción 16 de Sevilla, donde recayó el caso a raíz de que Serrano dimitiese como parlamentario andaluz, renunciando así al aforamiento y por lo tanto provocando que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) perdiera la competencia. El nuevo instructor, Juan Gutiérrez Casillas, solicitó en noviembre a la Policía una investigación orientada a conocer si un millón de euros ingresado en una cuenta corriente de una empresa de Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba, supuestamente proveniente de otra cuenta de otra empresa de Serrano, Bio Wood Niebla, tenía su origen en los 2,48 millones de euros ingresados a esta última sociedad por el Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de biomasa en Niebla (Huelva) que nunca llegó a completarse. Ahora la Policía responde al encargo con un informe resultado de un seguimiento de la "trazabilidad" de los fondos, que aporta además datos nuevos sobre usos del dinero supuestamente ajenos al final para el que fue concedido.

El informe policial apunta a que esa cantidad que intriga al juez y a la Fiscalía de Sevilla, un millón de euros, terminó en una tercera cuenta de una tercera empresa de Serrano, en este caso montada en Extremadura, Pellex Energía. Hay un auténtico baile de dinero entre un total de cuatro cuentas corrientes. Para seguir el hilo hay que ir cuatro años atrás.

Cuenta 1: Ingreso y primeros movimientos

Los 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria fueron ingresados en diciembre de 2016 en una cuenta de Targo Bank de la entidad Bio Wood Niebla, la conformada por Serrano y su socio Enrique Pelegrín, con el impulso de un tercer implicado en el proyecto, Javier López, los tres investigados en el caso. Bio Wood Niebla logró la ayuda gracias a un engaño a Industria demostrado documentalmente por este diario, que incluía la atribución a la empresa de una supuesta maquinaria industrial que en realidad no existía. Aquí puede consultarse el dosier del caso, que fue desvelado por este periódico y denunciado ante la Policía Nacional por el vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez, que ahora ejerce la acusación popular.

La cuenta de Targo Bank en la que fueron ingresados los 2,48 millones de euros, en adelante la Cuenta 1, registra diversos movimientos en los meses siguientes, según recoge el informe policial: 33.000 euros en un "reintegro", 30.000 euros en un "préstamo", el pago de unos honorarios de más de 135.000 euros a la empresa que gestionó con éxito la solicitud de los fondos... Pero la Policía destaca dos operaciones especialmente relevantes. Se trata de dos envíos de dinero desde la Cuenta 1, con fechas 8 de febrero y de 16 de marzo. Las cantidades son 1,4 millones y 651.000 euros, respectivamente. Ello supone más de 2,15 millones, del total de 2,48 millones de euros ingresados por Industria.

Cuenta 2: Préstamos y "fondo de inversión"

¿Dónde aparece ese dinero? Según el informe policial, en los días siguientes a las dos salidas desde la Cuenta 1, es decir, 9 de febrero y 17 de marzo, idénticas cantidades entran en otra cuenta de Bio Wood Niebla, en adelante Cuenta 2, en la entidad Ibercaja.

La Policía consigna en su informe cómo el dinero sigue recibiendo supuestamente usos ajenos a la finalidad para la que fue concedido, la construcción de una planta de biomasa en Niebla que se quedó en promesa. Desde la Cuenta 2 sale, según el informe, un préstamo de 7.000 euros para XYZ, un periódico digital impulsado por el propio Francisco Serrano cuando era un referente de la derecha sevillana más conservadora. Sale además otro préstamo de 13.080 a para la empresa "Serrano Abogados", según consta en el informe policial. 9.300 euros son empleados en la constitución de tres empresas, Pellex, Enex y Overhouse, siempre según la investigación policial, sobre la que Serrano declina pronunciarse.

El movimiento más voluminoso, no obstante, es la salida de 1,3 millones, en concepto "fondo de inversión", con "destino desconocido", según recoge el informe.

El 15 de noviembre de 2019 en la Cuenta 2 quedan ya 0,31 euros.

Cuenta 3: 1,3 millones sin localizar

La UDEF continúa el rastreo. El informe pone el foco en otra cuenta, también de Ibercaja, en este caso de la empresa Proyectos e Inversiones Serralba, otra empresa de Serrano, que se desvincularía más tarde del entramado, en octubre de 2017. Antes de ir a esta tercera cuenta, una recapitulación: en la Cuenta 1, de Bio Wood Niebla en la entidad Targo Bank, entra el dinero de Industria; a la Cuenta 2, de Bio Wood Niebla en Ibercaja, pasan más de 2,05 millones de euros en dos envíos; desde la Cuenta 2 hay préstamos –siempre según el informe policial– al periódico XYZ y a Serrano Abogados; también salen 1,3 millones que la Policía Nacional no ha logrado localizar.

Llegamos a la Cuenta 3, de Proyectos e Inversiones Serralba. En la misma aparecen como autorizados Serrano y Pelegrín, según el informe. A dicha cuenta llega primero un préstamo, en mayo de 2017, por importe de 13.080, cifra que coincide con la cantidad del préstamo a Serrano Abogados, empresa que precisamente pasa a llamarse Proyectos de Inversiones Serralba en mayo de 2017. Más tarde, el 13 de junio, llegan a Serralba 6.200 euros, que se corresponden con los 6.200 euros de la constitución de dos de las nuevas empresas formadas, Enex y Pellex. El informe no hace referencia a las cuentas de XYZ.

Pero lo más importante se produce el 16 y el 19 de junio. La Policía Nacional anota un ingreso de "origen desconocido" de 1 millón de euros en la Cuenta 3, con el concepto "Préstamo Serralba", al que sigue tres días después una salida de la misma cantidad en concepto de "aportación dineraria de capital".

Cuenta 4: Dinero a Extremadura

El informe aún abarca otra cuenta corriente de Ibercaja, de la empresa Pellex Energía, con Serrano y Díaz también como autorizados. En adelante, la Cuenta 4.

El 19 de junio, es decir, el mismo día en que sale 1 millón de euros de la Cuenta 3, la de Proyectos e Inversiones Serralba en Ibercaja, entra esa misma cantidad en la Cuenta 4, según la UDEF. Hay una anotación clara en el informe: "Coincide con el movimiento de retirada" de la Cuenta 3. Es decir, la salida del millón de la Cuenta 3 (Proyectos de Inversiones Serralba) coincide con el ingreso del dinero de la Cuenta 4 (Pellex), según el informe policial. Hablamos de empresas en las que en el momento de los movimientos figuraba Serrano, que había sido en 2015 candidato de Vox a la presidencia de la Junta y volvería a serlo en 2018, cuando nada de esto se sabía.

De la Cuenta 4 salen además 300.000 euros en una operación consignada como "fondo de inversión". Hay además un traspaso de 550.000 euros a Bio Wood Niebla que la Policía no ha logrado detectar en las cuentas de dicha empresa. Se realiza otro un préstamo de casi 190.000 euros. En resumen, todo un baile de dinero a raíz del ingreso del millón de euros.

La pista de los fondos

La Policía presenta al juez Gutiérrez Casillas sus conclusiones. En línea con lo recogido en el atestado clave del caso, la UDEF constata que tras el ingreso de Industria de 2,48 millones de euros ingresados por Industria, los socios mermaron supuestamente la cantidad en 438.000 euros. Entre otros fines dados al dinero, el juez Serrano realizó un préstamo a un promotor moroso. Pero no es ahí donde pone el foco el informe de 1 de diciembre, sino en el dinero restante, algo más de 2 millones.

Esa cantidad, según la Policía Nacional, tras ser ingresada en la Cuenta 1 de Bio Wood Niebla en Targo Bank, es "íntegramente transferida" a la Cuenta 2, es decir, a una cuenta de Ibercaja en esta misma empresa. "De esta cuenta se recupera la trazabilidad de 1.000.000 [de euros] transferido sucesivamente" a la Cuenta 3, de Proyectos e Inversiones Serralba, y a la Cuenta 4, de Pellex, afirma la Policía Nacional en su informe.

¿Y el resto? "El resto de los fondos ha sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión, y objeto de sucesivas operaciones en las tres cuentas, de ingreso y retirada", señala el informe.

Las tres cuenta de Ibercaja –Bio Wood Niebla, Proyectos e Inversiones Serralba y Pellex– se encuentran en la misma oficina de Sevilla, según la Policía.

El punto de destino de la Policía Nacional es que el dinero ingresado en la Cuenta 3 de Proyectos de Inversiones Serralba, por el que preguntaba el juez Gutiérrez Casillas, tiene presumiblemente su "origen" en los "fondos de inversión" de la Cuenta 2, de Bio Wood Niebla. Hay que recordar que este dinero de la Cuenta 2 llega desde la Cuenta 1, donde Industria había ingresado 2,48 millones de euros públicos.

Mandamiento a Ibercaja

El juez instructor quiere toda la certeza. Por eso ahora, en un auto de 14 de diciembre, une el informe policial al procedimiento y reclama así a Ibercaja que "informe de modo completo, con aportación de justificantes documentales, órdenes mediante email o cualquier otro comprobante", sobre una serie de movimientos de dinero, entre ellos operaciones entre las tres cuentas de las tres empresas de Serrano (Bio Wood Niebla, Proyectos de Inversiones Serralba y Pellex), de las que ahora el dos veces candidato de Vox está desvinculado.

El juez quiere justificación de las operaciones, identificación de los responsables y saldos iniciales y finales. Además, pide precisar el "origen" del ingreso de un millón de euros el 16 de junio de 2017 en la Cuenta 3. El mandamiento dirigido a la entidad financiera también se interesa por los 550.000 euros de "traspaso a Bio Wood" que la Policía no logra encontrar. Y, por último, solicita identificar al director de la sucursal de Ibercaja donde estaban las cuentas entre 2016 y 2019. Ibercaja queda advertida de que si incumple lo solicitado puede ser objeto de "responsabilidades penales".

Este periódico, como viene haciendo desde hace más de un año, requirió a Serrano su versión sobre el avance de la investigación, en concreto sobre lo aportado por este nuevo informe policial, sin respuesta. Idéntica contestación, ninguna, se recibió de Pelegrín.

La investigación judicial del caso Serrano sigue el rastro del dinero desaparecido. El nuevo juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, ha puesto a la Policía Nacional a buscar el origen de un millón de euros ingresado en una cuenta de una empresa de Francisco Serrano en junio de 2017. El objetivo –ya apuntado por el anterior magistrado instructor, Miguel Pasquau, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que perdió el caso tras la dimisión del dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta y su pérdida de aforamiento– es comprobar si dicho dinero proviene de la ayuda de casi 2,5 millones abonada por el Ministerio de Industria en diciembre de 2016 a otra empresa de Serrano, origen del caso destapado por infoLibre [ver aquí el dosier de la investigación].

El juez Gutiérrez Casillas, en un auto de 18 de noviembre, libra oficio a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental para que el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) responda a lo solicitado en el “apartado TERCERO punto 1” de un escrito presentado por la Fiscalía de Sevilla. ¿Y qué pide el Ministerio Público? Dicho escrito de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía, con fecha de 28 de octubre, solicita una investigación policial para llegar al “origen de la transferencia o ingreso de 1.000.000 €” en una cuenta de Ibercaja, con fecha de 16 de junio de 2017, “identificada como 'préstamo Serralba'”. En particular, la Fiscalía quiere comprobar si se corresponde con algún movimiento de la misma fecha de una cuenta de Bio Wood Niebla, la empresa con la que se realizó el supuesto fraude de subvenciones. El Ministerio Público también solicita –y el juzgado atiende la solicitud– que se amplíe el atestado con los 162 asientos de esta última cuenta que vienen codificados como “Fondo de Inversión” y con cualquier otra averiguación sobre el destino de los fondos del Ministerio de Industria.

Esta diligencia ya fue acordada por el anterior juez instructor, Miguel Pasquau, en un auto de 28 de julio. Ahora la Fiscalía, tras el parón por la dimisión de Serrano, “vuelve a interesar esta diligencia por considerarla indispensable” para “esclarecer el destino dado a los fondos públicos recibidos por Bio Wood Niebla”.

La investigación apunta con ello a averiguar si Serrano cobró la ayuda destinada a una empresa, Bio Wood Niebla, concretamente 2,48 millones, y después envió un millón a otra de sus empresas, Proyectos e Inversiones Serralba. Para ello la Policía Nacional deberá recabar información sobre el “origen” de la transferencia a una cuenta de Ibercaja de la empresa Proyectos e Inversiones Serralba SL, de la que Serrano era administrador único y accionista mayoritario.

El ingreso en la cuenta, identificado como “Préstamo Serralba”, se produjo el 16 de junio de 2017. El dinero de la ayuda del Ministerio de Industria, 2,48 millones de euros concedidos a Bio Wood Niebla para construir una fábrica de biocombustible que jamás llegó a completarse, había sido ingresado el 22 de diciembre de 2016. La instrucción se orienta a aclarar si la transferencia a Serralba se corresponde con algún movimiento en la “misma fecha” de otra cuenta de Ibercaja, en este caso de Bio Wood Niebla, la que había recibido el dinero de Industria.

La Policía Nacional deberá incluir además en su atestado un análisis de los 162 asientos de la cuenta de Bio Wood Niebla, codificados como “Fondo de inversión”, que resultan sospechosos para los investigadores.

Origen y destino del dinero

Se trata de una línea de investigación que apunta a las claves del caso. La investigación policial y de la Fiscalía se había centrado inicialmente en la forma supuestamente irregular de obtener la ayuda, que incluyó un engaño al Ministerio de Industria en el que Serrano participó directamente. Serrano y uno de sus socios, Enrique Pelegrín, constituyeron Bio Wood Niebla ante notario en marzo de 2016 atribuyéndole una maquinaria industrial inexistente, lo que les permitió obtener una ayuda pública que sin ese falseamiento no podrían haber obtenido. De modo que la forma de conseguir la ayuda lleva desde el principio en el punto de mira. Pero el destino dado a la ayuda obtenida, con la que debía haberse construido una fábrica de pellets, combustible a base de madera, en Niebla (Huelva), fue inicialmente objeto de menor atención. Ahora el foco está ahí. 

Y es mucho lo que queda por saber sobre el destino del dinero. En el decreto en el que acordaba la interposición de la querella contra Serrano y su exsocio, la Fiscalía del TSJA los acusaba a ambos de haberse “apropiado” de toda la ayuda pública. Es más, señalaba que tanto el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta como su socio emplearon dinero de la ayuda pública en "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios", conceptos sin relación "con la finalidad" para la que fue concedida la subvención. La cuantía dedicada a estos fines ajenos por completo a la fábrica asciende a 438.000 euros, según la Fiscalía. Pero, ¿y el resto?

La línea de investigación tras el dinero puede contribuir a esclarecerlo. El informe ordenado obedece a un intento de dilucidar si un millón de la ayuda acabó en Proyectos e Inversiones Serralba. Hay un dato que le otorga a esta averiguación especial interés. Y tiene que ver con un movimiento de dinero que ocurrió después. Desde Proyectos e Inversiones Serralba salió la misma cantidad por la que se interesa la investigación: un millón de euros. El destino fue otra empresa, montada en Extremadura como filial del Serralba, llamada Pellex Energía, tal y como desveló este periódico en noviembre del año pasado [ver aquí información en detalle].

Las fechas son clave. ¿Cuándo fue enviado el millón de Serralba a Pellex? El 21 de junio de 2017, es decir, cinco días después de que entrase en Serralba un millón de euros. Ese es el tiempo, cinco días, en que el dinero estuvo en la cuenta de Proyectos e Inversiones Serralba. Parece lógico que el juez quiera conocer si es siempre el mismo millón con origen en Industria.

La pregunta fundamental es: ¿Sale ese millón de la ayuda abonada a Serrano por el Ministerio de Industria, que ni ha sido devuelta ni ha servido para el fin para el que se concedió? infoLibre lleva trasladando esa cuestión a Serrano y a Pelegrín desde noviembre del año pasado, sin respuesta. Este jueves volvió a hacerlo. De nuevo sin respuesta.

Serrano está citado a declarar como investigado el 8 de febrero, al igual que Pelegrín y un segundo exsocio, Javier López. El dos veces candidato de Vox en Andalucía, que hizo carrera política defendiendo la pulcritud en el uso de ayudas públicas y acusando a las administraciones de malgastarlas, ha venido defendiendo su inocencia y declarándose engañado. Salió de este entramado empresarial en octubre de 2017.