Las propiedades de oligarcas rusos sancionados que han sido congeladas en todo el mundo ascienden a 58.000 millones de dólares (53.244 millones de euros), según la última cifra publicada por el Grupo Operativo REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), creado por la Unión Europea, el G7 y Australia. De esa cifra, 21.500 millones de euros corresponden a bienes embargados en la Unión Europea y casi una cifra equivalente, 18.390 millones, a Reino Unido.

Pero a día de hoy, ninguna de estas jurisdicciones ofrece una visión completa y pública de los activos que hay detrás de esas cifras. Ni a través de una lista consultable en internet, ni aunque se solicite esa información.

Mediapart, InfoLibre y el periódico italiano Domani, en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar) y el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), y con el apoyo de IJ4EU, han investigado los activos que los magnates rusos poseen en Francia, España e Italia. En Francia suman 1.300 millones de euros, en España 1.023 millones y en Italia, 2.000 millones más. Pero el nivel de detalle que se comparte varía de un país a otro, lo que impide verificar la exactitud del cálculo del valor de los activos congelados presentado por los gobiernos europeos.

Mientras que Francia proporciona una lista parcial de empresas y direcciones de bienes inmuebles congelados, el Reino Unido no facilita dicha información amparándose en las leyes de Protección de Datos, según la información facilitada por el Tesoro británico. En Italia, la lista de propiedades confiscadas no es pública ni se puede acceder a ella solicitándola a través de los canales de información oficiales. Otro tanto ocurre en España.

De hecho, ningún país europeo facilita esos datos, “a pesar de que las partes interesadas del sector privado piden con frecuencia que se publique la lista, para ayudar en sus esfuerzos de aplicación [de las sanciones]”, según explica el abogado Edouard Gergondet, de la oficina parisina del despacho de abogados Hughes Hubbard Reed.

Es más, no hay indicios de que la UE o los Estados miembros tengan previsto difundir los datos de los activos congelados, pese a que tal publicación podría tener un efecto “disuasorio” para las personas u operadores financieros que intenten eludir las sanciones. También permitiría a los medios de comunicación y a la sociedad civil participar en el control de la aplicación de las sanciones, algo de lo que se beneficiarían igualmente las autoridades públicas, tal y como apunta Clara Portela, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia.

Además de los 1.023 millones de euros contabilizados en España y repartidos entre 855 millones de euros en yates confiscados, 66 millones en inmuebles, 60 millones en aviones y 41 millones en cuentas bancarias e instrumentos financieros, cuyo detalle se puede encontrar aquí, en Italia la lista de bienes es igualmente jugosa.

Entre los activos incautados figuran las propiedades de Boris Rotenberg, uno de los amigos de la infancia de Putin que, como ha publicado infoLibre, también cuenta con una gran villa en España. El propietario del grupo SGM (StroyGazMontazh) tiene una mansión en Cerdeña y comparte un hotel con su hermano Arcadi. Otro lujoso complejo vacacional en Cerdeña (Forte Village) pertenece a Musa Bazhaev, quien en 2020 ocupaba el puesto 139 entre las 200 personas rusas más ricas, según la revista Forbes.

Pero los activos más valiosos embargados por la Guardia di Finanza son dos yates, el SY A y el Scheherazade. Ambos valen más de 1.000 millones de euros, aproximadamente la mitad de los activos confiscados en Italia hasta el momento. El primero pertenece a Andrei Melnichenko, dueño de las compañías de fertilizantes Eurochem y de carbón Suek. El segundo es propiedad de Eduard Judainatov, consejero delegado de la petrolera Rosneft, a quien se le ha embargado otro yate, el Crescent, en España. Y que, además, es dueño de un Porsche 911 Turbo S, una empresa no especificada, una mansión bautizada como Villa Altachiara en Portofino y otra como Villa Serena en Roma. Valor total de estas propiedades: 57 millones de euros.

Tierra adentro, los lagos de Lombardía y la Riviera de Liguria son algunos de los lugares preferidos por los oligarcas rusos para pasar sus vacaciones en Italia. Además de Cerdeña. Al periodista Vladimir Solovyev, sancionado por la UE por ser considerado uno de los principales defensores de la propaganda bélica rusa, se le han congelado sus 19 propiedades en el lago Como. Grigory Berezkin, fundador del grupo Esn una de las mayores sociedades de inversión de Rusia, ha perdido el control de su villa de 15 millones de euros en Sirmione, con vistas al lago de Garda. Las autoridades italianas necesitaron seis meses para seguir el rastro de la propiedad, en manos de una firma luxemburguesa, Cristal Purple SARL que, a su vez, pertenece a un fideicomiso llamado The Heron desde 2021.

Pero quien acumula las propiedades inmobiliarias más valiosas en Italia es Alisher Usmanov: 133 millones de euros. Dueño en Rusia de empresas que operan en los sectores del mineral de hierro y el acero, los medios de comunicación e Internet, posee junto con su hermana, Gulbakhor Ismailova, seis villas en el municipio de Arzachena, en la Costa Esmeralda, algunas en propiedad y otras a través de una red de sociedades offshore, según las autoridades italianas. Según publicó en su día infoLibre, Usmanov creó una empresa en la isla de Man para el amarre de su superyate, Dilbar, de 156 metros de eslora, en el puerto de Barcelona.

Más allá de estas disparidades en la información públicamente disponible, surgen también discrepancias en cuanto a la aplicación real de estas sanciones. Cada jurisdicción las impone basándose en los reglamentos de su propio Ministerio de Economía.

Así, el examen realizado por Mediapart del patrimonio de los oligarcas rusos y de su estado actual en Francia muestra que varios de ellos y sus familiares cercanos han conseguido mantener el control de sus sociedades inmobiliarias.

El mecanismo consistió en dos hipotecas firmadas con bancos de Mónaco por familiares de los magnates rusos sobre dos complejos inmobiliarios situados en la Costa Azul francesa, que consiguieron sin que las entidades financieras o el Tesoro francés hiciera ningún tipo de verificación.

Una de estas hipotecas benefició a la esposa de Andrei Zubitski, hermano del oligarca Boris Zubitsk, que todavía no figura en la lista de sanciones de la UE a pesar de sus vínculos “familiares y empresariales”. Al frente del gigante metalúrgico ruso Industrial Metallurgical Holding (IMH), Zubitski es también el dueño de Villa Della Robbia, una mansión de 25 millones de euros ubicada en Saint-Jean-Cap-Ferrat, una península paradisíaca de la Costa Azul. Es vecino de Boris Rotenberg y Musa Bazhaev. Y sigue disfrutando de Villa Della Robbia con total tranquilidad porque no ha sido sancionado, pese a estar implicado junto a su hermano en la gestión de IHM.

Francia podría haber pedido que Bruselas impusiera sanciones al oligarca, e incluso haber decretado sanciones nacionales contra él. El Gobierno también podría haber hecho extensivas a Andrei Zubitski las sanciones impuestas a su hermano Eugueni. Preguntado por Mediapart, el Ministerio de Economía se negó a comentar casos concretos y advierte de que el marco jurídico no facilita su trabajo: "Las medidas restrictivas de congelación de activos son medidas personales", que no pueden extenderse automáticamente a otros miembros de la familia, argumenta.

Evidentemente, para congelar los activos de familiares de oligarcas es necesario demostrar que están implicados en sus negocios o que se les está utilizando para eludir sanciones. Esto requiere un "examen meticuloso caso por caso", explica el abogado Edouard Gergondet. En su opinión, sin embargo, Economía "no realiza controles sistemáticos" sobre los familiares de los oligarcas, ya que esta tarea se delega en gran medida "en los operadores comerciales y financieros", como los bancos y los notarios, que están obligados a informar a las autoridades. Estos últimos "ejercen una gran vigilancia, [...] incluso cuando la elusión se realiza por medio de personas próximas a la persona sometida a las sanciones", asegura por su parte el ministerio.

Pero, a tenor de la investigación realizada por Mediapart, infoLibre y Domani, hay agujeros en el sistema.

Por ejemplo, Andrei Zubitski poseía el 51% de la sociedad propietaria de Villa Della Robbia y el resto pertenecía a su esposa. En septiembre de 2022, cuatro meses antes de que el hermano de Andrei fuera sancionado, la pareja llegó a un "acuerdo parcial sobre la liquidación de su régimen económico matrimonial", y Andrei Zubitskiy transfirió su participación del 51% a su esposa. Ella es ahora la única propietaria, con su nombre de soltera. Como resultado, los vínculos entre la propiedad y el oligarca son más difíciles de detectar.

Un mes antes de esta transferencia, el oligarca había obtenido de la filial monegasca de Société Générale la renovación de una hipoteca de 24,8 millones de euros. Este acto, que permite obtener o ampliar un préstamo pignorando la villa, está prohibido cuando se congelan los activos, ya que es un medio de recuperar su valor en efectivo —la casa pertenece en parte al banco hasta que se devuelva el préstamo—.

¿Informó Société Générale de esta operación al Ministerio de Economía francés? El banco se ha negado a responder alegando "secreto profesional", aunque sí declara que cumplió "rigurosamente las leyes y reglamentos vigentes y está aplicando diligentemente las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades competentes".

La segunda hipoteca detectada por Mediapart benefició a uno de los más fieles seguidores de Vladimir Putin, Dimitri Peskov, su portavoz desde hace 23 años. Su hija Elizaveta Peskova vendió a su madre la participación del 25% que poseía en Sirius, la empresa propietaria de un lujoso piso de 180 metros cuadrados en París, por sólo 250 euros. Esta transferencia se realizó dos meses antes de que Elizaveta fuera sometida a sanciones europeas el 3 de junio de 2022. En cualquier caso, fue una decisión acertada, ya que la madre, Ekaterina Solotsinskaya, que se mantiene como la única propietaria del piso, es también el único miembro de la familia libre de sanciones. Ni el piso ni la empresa figuran en la lista de activos congelados por Francia.

Suleimán Kerimov, que ha labrado su fortuna en empresas de metales preciosos y fertilizantes, y se encuentra bajo investigación judicial por blanqueo de capitales en Francia, también hizo su propio intento de eludir las penalizaciones europeas. Poseía cuatro villas de lujo en Cap d'Antibes a través de una persona interpuesta. Las vendió en 2019 por 286 millones de euros a su hija Gunara, que pagó con dinero aportado por su hermano. Este, a su vez, lo obtuvo del grupo familiar Polyus Gold, un importante productor ruso de oro. El oligarca y su hijo fueron sancionados en 2022. Pero no su hija. A día de hoy, sus residencias tampoco han sido congeladas por el Gobierno francés. El abogado de Gulnara Kerimova asegura que su cliente compró las villas "con total transparencia ante las autoridades competentes para cumplir con toda la normativa", y que la operación "no viola por tanto ninguna sanción europea".

Es evidente, por tanto, que “los familiares pueden ser utilizados para burlar las sanciones y que Europa aún no ha resuelto este problema", subraya Clara Portela, catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia.. Es más, la reciente exclusión de la lista de familiares de personas sancionadas por el Tribunal de Justicia de la UE, como la madre del líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, mandaba igualmente un mensaje desalentador, y bastante contradictorio.

Los Estados miembros del G7 y de la UE, a través de su participación conjunta en la REPO, compartieron el pasado mes de mayo su primer catálogo de tipos de elusión de las sanciones en mayo de 2023 mediante una declaración conjunta. El documento menciona claramente el “uso [por parte de los sancionados] de familiares y allegados para garantizar un acceso y control continuados” de los activos congelados, al tiempo que recomienda a los miembros del grupo que “impongan sanciones a los familiares y allegados”, siempre que se sospeche que se está produciendo un intento de eludir las sanciones.

No obstante, estas recomendaciones ya las había aprobado el Consejo de la UE e incluso figuran en los reglamentos aplicados en Francia. Pero carecen de una propuesta clara para incluir a los familiares y terceros en los paquetes de sanciones.

El Consejo de la UE está trabajando para desarrollar un marco armonizado; en concreto, una directiva de noviembre de 2022 considera cualquier violación de las sanciones como “delito de la UE”. Se trata de un intento de superar las disparidades nacionales, según explica Clara Portela.

Además, a principios de mayo se adoptó otra directiva destinada a facilitar la inclusión en la lista de los familiares directos. “Tal vez para poner remedio a las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE en la materia”, comenta la profesora valenciana en alusión a la sentencia sobre Prigozhin. La Unión Europea se ha dado cuenta de los fallos de su propio sistema.

La inmovilización de las propiedades de los oligarcas rusos sancionados por parte del Gobierno español implica que sus dueños no pueden vender, alquilar, ceder o hipotecar el bien que se ha congelado. Tampoco pueden realizar ningún cambio en las sociedades propietarias de esos inmuebles o yates. Pero no siempre consiguen las autoridades verificar quién es el dueño último de esos activos. Según ha podido constatar infoLibre en los registros de la propiedad, algunos de los afectados se han movido para poner a salvo sus bienes. Sus maniobras evidencian agujeros en el sistema por los que se cuelan tanto propiedades como propietarios.

El Confidencial publicó en octubre del año pasado que Sergei Chemezov, presidente del principal consorcio militar ruso (Rostec), cambió el nombre de su yate Valerie por el de Meridian A y trató de abandonar el puerto de Barcelona donde estaba amarrado, hasta que le fue revocado el permiso de salida que en principio se le había concedido y la Guardia Civil lo inspeccionó. Chemezov también es dueño, a través de una sociedad irlandesa, Holytown Limited, de una villa en Estepona (Málaga), a su vez propiedad de Penimar Holdings Limited. Esta sociedad, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, figura a nombre de la hijastra, Anastasia Ignatova, y la suegra, Lyudmila Rukavishnikova, del jefe de Rostec. La casa, bautizada como Villa Lapalapa, se encuentra a la venta en un portal inmobiliario llamado Luxury From Owners. Piden 8,4 millones de euros por la mansión de “estilo colonial”: 832 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, 284 metros cuadrados de porche y piscina, todo ello sobre un terreno de 2.720 metros cuadrados “con vistas al mar hasta la costa africana”. El yate de Chemezov está embargado. Su casa, no.

Todo ello lo ha constatado infoLibre con información procedente de los registros de la propiedad, dentro de un trabajo de investigación en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar) y el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), y con el apoyo de IJ4EU.

A uno de los rusos hasta ahora más conocidos en España, al menos en los medios policiales y judiciales, el Gobierno le ha inmovilizado dos yates, pero de momento no ha tocado sus propiedades inmobiliarias. Se trata de Vladislav Reznik, presidente de la aseguradora Rus. El Sasha Primero –24 metros de eslora– y el Neva Primero, que posee a través de una sociedad, Centros Comerciales Antei SL, han sido embargados. Pero no así las tres propiedades que esta empresa tiene en la urbanización El Toro, de Calvià (Mallorca). Según explican a este periódico fuentes oficiales, “aún no se ha podido confirmar fehacientemente el control de dichos bienes”, por lo que “continúan las investigaciones”.

Lo cierto es que, desde julio de 2022 –es decir, cuatro meses después de ser sancionado Reznik– la administradora única de Centros Comerciales Antei SL es Diana Gindin, la esposa de Vladislav. Hasta entonces, la sociedad era propiedad al 100% de Drever Limited, un trust domiciliado en Londres, al que el matrimonio había transferido todas sus acciones en 2007 y cuyos beneficiarios eran Reznik, Gindin y sus hijos. En septiembre, además, cambió su domicilio social.

Reznik y Gindin fueron dos de los 17 acusados en la Operación Troika, por la que fueron detenidas 20 personas en 2008. Entonces las fuerzas de seguridad decían haber desmantelado la estructura en España de la cuarta organización del crimen organizado más importante del mundo, la mafia de San Petersburgo conocida como Tambovskaya. Pero la sentencia, que no se dictó hasta octubre de 2018, diez años después, absolvió a todos los procesados y determinó que la fiscalía no había probado que ninguno de ellos integrara una asociación ilícita dedicada a blanquear dinero procedente del crimen organizado ruso.

La Audiencia Nacional mencionaba los tres inmuebles que el matrimonio Reznik-Gindin había adquirido en la urbanización de Calvià con su propio nombre o a través de la sociedad Centros Comerciales Antei SL, así como las dos embarcaciones, el Neva Primero y el Sasha Primero. Diana Gindin, además, había comprado en 2006 un avión Hawker por 13,93 millones de euros. Quien figuraba como administradora de la sociedad propietaria, Julia Ermolenko, y su marido, Andrei Malenkovich –patrón de ambos yates–, también fueron acusados y absueltos en el juicio de la Operación Troika.

Los dos matrimonios habían sido investigados y procesados por sus relaciones con el mafioso huido Guenadi Petrov. Ermolenko era su traductora y secretaria. Además, Petrov era el propietario tanto de Centros Comerciales Antei SL como del Sasha Primero y de una de las tres viviendas de Calvià que Reznik había adquirido en 2006. Reznik y Petrov, según recoge la sentencia, se hicieron amigos y socios comerciales entonces. El avión, por ejemplo, lo compraron a medias Diana Gindin y Anton Petrov, hijo de Guenadi, que ha sido investigado por blanqueo en Suiza.

Pese a que dos de los 17 acusados se declararon culpables y pese a las operaciones “antieconómicas o poco convencionales” y a los movimientos poco claros entre sociedades de Panamá, Liberia, Islas Vírgenes y Suiza detectadas, los jueces establecieron que el dinero invertido en España no tenía un origen ilícito y las actividades de los encausados sólo tenían en común que “los dueños de los entramados societarios para los que trabajaban eran ciudadanos de origen ruso, con importantes medios económicos y que invertían en España dinero que, a veces, procedía de paraísos fiscales”. Circunstancias “insuficientes”, subrayaban los jueces, para considerarlas blanqueo de capitales.

Pero, durante la larguísima instrucción del caso, los inmuebles de Reznik fueron embargados por orden del juez Baltasar Garzón, instructor de la causa. Entonces no hubo ninguna duda sobre quiénes eran los dueños. Hoy parece no estar tan claro. Aunque, si están a nombre de la esposa del magnate, las autoridades pueden disponer su incautación, sobre todo después del reglamento aprobado el pasado día 6 por el Consejo Europeo, que permite aplicar de forma automática las sanciones a las personas que se beneficien del patrimonio del sancionado, incluidos los miembros de su familia cercana.

España ha embargado bienes de ciudadanos rusos incluidos en la lista de sancionados de la UE por importe de 1.022,86 millones de euros. Se trata de inmuebles, yates, aviones y cuentas bancarias pertenecientes a 24 oligarcas y magnates rusos, sus parientes e incluso a una empresa propiedad del Ministerio de Transportes, según fuentes oficiales. Además, infoLibre –como parte de una investigación en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar), el consorcio European Investigative Collaborations (EIC) y IJ4EU– ha rastreado propiedades de una decena más de potentados rusos a los que, aun apareciendo en la lista europea de sancionados, el Gobierno español no ha congelado sus bienes en territorio nacional. En total, 31 oligarcas rusos cuentan con inmuebles y otros activos en España. La lista de la UE sanciona a 1.499 personas y a 209 empresas y entidades relacionadas con Rusia.

Algunos de los potentados cuyos bienes han sido confiscados en España se cuentan entre los hombres más ricos de Rusia, como el magnate del acero Viktor Rashnikov, o son prominentes empresarios como el consejero delegado de la petrolera Rosneft, Igor Sechin, y políticos como Sergei Kirienko, considerado el hombre de Vladimir Putin en la región de Donbass. También hay figuras de la cultura como el director de cine Nikita Mijalkov, que posee con su familia varias propiedades en España.

La parte más valiosa de los embargos en España corresponde a los cinco yates confiscados, valorados en 855,33 millones de euros. Se trata del Lady Anastasia, de 47 metros de eslora y cuyo dueño es Alexander Mijiv, consejero delegado de la agencia estatal de exportación de armas Rosoboronexpor; el Valerie, de 85 metros de eslora y propiedad de Sergei Chemezov, a la cabeza de Rostec, el principal consorcio de la industria militar rusa; el Crescent, uno de los mayores yates del mundo, con 135 metros de eslora, cuyo propietario es Eduard Judainatov, a su vez dueño de la petrolera NOC, así como el Sasha Primero –24 metros de eslora– y el Neva Primero, ambos de Vladislav Reznik, presidente de la aseguradora Rus, que fue investigado y finalmente absuelto en 2018, junto a su mujer y otras 15 personas, por sus supuestas conexiones con el mafioso Guennadi Petrov en la Operación Troika.

También merecen atención los cuatro aviones de la empresa estatal GTLK, que alquila todo tipo de medios de transporte a otras compañías rusas. Las aeronaves incautadas tienen un valor de 60 millones de euros.

Además, las autoridades españolas han inmovilizado 68 cuentas bancarias y otros instrumentos financieros, desde hipotecas hasta seguros, acciones y tarjetas de crédito, pertenecientes a los oligarcas rusos de la lista europea de sancionados. En total, 41,43 millones de euros.

Pero la parte más impresionante de las propiedades rusas en España es la inmobiliaria. Han quedado confiscadas 54 propiedades, desde grandes villas en algunas de las zonas más lujosas de la costa mediterránea hasta parcelas rústicas y plazas de aparcamiento, por importe de casi 66,1 millones de euros.

Algunos de los ciudadanos rusos de la lista tienen a su propio nombre los chalés o apartamentos, otros han utilizado sociedades limitadas para comprar los inmuebles. Quien posee un mayor número de activos incautados por las autoridades españolas es Igor Vladimirovich Lebedev, vicepresidente de la Duma y presidente del grupo parlamentario del Partido Liberal Democrático de Rusia. Se le han embargado 15 propiedades, según las citadas fuentes. Una de ellas es una parcela en la urbanización La Mallá, en Altea (Alicante), 1.688 metros cuadrados, que posee a través de la sociedad Go Evolution International 21 SL, registrada en Alicante y participada a su vez por la sociedad chipriota Holley Investment Ltd. La administradora única de Go Evolution International 21 SL es una ciudadana lituana, Ruta Kovalevskiene, que se anuncia en InfoJobs como traductora y profesora de Primaria.

Sergei Chemezov fue de los primeros rusos sobre cuyas propiedades intervino el Gobierno español. Además del yate Valerie, confiscado los primeros días de marzo de 2022 –los rusos invadieron Ucrania el 24 de febrero–, infoLibre ha rastreado en los registros de la propiedad otros seis inmuebles: dos mansiones de lujo en la urbanización Mas Semís de Castell d’Aro (Girona), en plena Costa Brava –una de 371 metros cuadrados y otra de 820 metros cuadrados, valoradas cada una de ellas en más de un millón de euros– y un chalé en Estepona (Málaga) –832 metros cuadrados–, además de un apartamento –600.000 euros– y dos plazas de aparcamiento en el residencial S’Agaró Front de Mar, en San Feliu de Guíxols (Girona). Las propiedades de Estepona están a nombre de Holytown Limited, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, a su vez propiedad de Penimar Holdings Limited, cuyas dueñas reales al 50% son Anastasia Ignatova y Ludmila Rukavishnikova, hijastra y suegra de Chemezov. Ignatova, profesora de Teoría Política en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, es también la esposa de Andrei Vatutin, presidente del CSKA de baloncesto. Las propiedades de San Feliu de Guíxols se encuentran a nombre de Ignatova, que también aparece en la lista de sancionados de la UE.

Para registrar el yate Valerie, que navegaba con bandera de San Vicente y Granadinas, el presidente de Rostec recurrió a otra sociedad intermedia domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, Sulberg Services Limited. Cómo utiliza Chemezov a su familia política para registrar sus bienes fuera de Rusia fue investigado por dos consorcios internacionales de periodismo: OCCRP e ICIJ, que encontraron la pista del oligarca en los Papeles de Pandora. OCCRP cifra en 400 millones de dólares el valor de los activos acumuladas por Chemezov en el extranjero.

“Si no fuera en Rusia, el otro país en el que querría vivir es España”, aseguró el director de cine Nikita Mijalkov en 2011 cuando le dieron el Premio Homenaje a toda su carrera en el Sevilla Festival de Cine Europeo. Mundialmente conocido por Ojos negros, que protagonizó Marcelo Mastroniani; Urga, el territorio del amor, León de Oro en el Festival de Venecia, o Quemado por el sol, gran premio del Festival de Cannes, Mijalkov se ha significado por su apoyo al Kremlin y a la invasión de Ucrania. Desde hace años mantiene una gran vinculación con España, donde su mujer, Tatiana, y sus tres hijos –Anna, Nadezda y Artem– poseen a su nombre una mansión de 949 metros cuadrados en Sotogrande, la exclusiva urbanización gaditana. A nombre del director de cine sólo figura un dúplex de 100 metros cuadrados con piscina, home cinema y sala de masajes en L'Alfàs del Pi (Alicante), que ha sido inmovilizado por las autoridades españolas. Además, su hija mayor, Anna, es la propietaria de un apartamento de 63 metros cuadrados en Torrevieja (Alicante).

Ni la villa de Sotogrande ni el apartamento de Torrevieja han sido congeladas por el Gobierno, que hasta ahora sólo podía embargar activos de los nombres que aparecen en la lista de sancionados de la UE. Pero si existen “indicios racionales” de que el “verdadero titular” de dichas fincas, bienes o derechos es el que figura en esa lista, las fuerzas de seguridad elaboran un informe que se envía al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, creado en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que cada registro inscriba la “prohibición de disponer” que recae sobre esos activos.

Los notarios disponen de una Base de Datos del Titular Real –dicen que es única en el mundo–, que permite saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. En esos casos, los notarios informan a la Secretaría General de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Así, hasta el momento, han identificado a 111 personas vinculadas con los sancionados, de los cuales 31 son familiares y a cuyos nombres se han localizado 19 inmuebles.

De hecho, las autoridades españolas han inmovilizado los bienes de Anastasia Ignatova, la hijastra de Sergei Chemezov, y de Marina Vladimirovna Sechina, esposa de Igor Sechin, que figuran en la lista de la UE. Esta última tiene dos locales comerciales en Marbella y un chalé de 412 metros cuadrados en Arroyo Nagüeles, también en Marbella.

Los notarios también han identificado 30 personas jurídicas a cuyo nombre han registrado oligarcas rusos sus propiedades en España, de las cuales 14 son sociedades extranjeras y 13 están relacionadas con sus familiares.

En el caso del diputado de la Duma Alexei Vasilievich Chepa, se le han inmovilizado dos propiedades que figuran a nombre de Betren Inversiones SL, una sociedad domiciliada en Marbella de la que es administrador único Daniel Chepa, su hijo. Se trata de un chalé de 645 metros cuadrados con piscina y vivienda para el guarda en una finca de 9.405 metros cuadrados situada en la urbanización Guadalmina de Marbella, y de una parcela de 840 metros cuadrados en la misma urbanización.

El diputado y presentador de televisión Andrei Makarov comparte la propiedad de una parcela de 1.426 metros cuadrados en la urbanización Mas Semís de Castell-Platja D'Aro (Girona) –la misma donde Sergei Chemezov y Anastasia Ignatova tienen una de las suyas– con su exmujer Natalia y su hija Alexandra. También posee un chalé de 318 metros cuadrados en el mismo residencial.

Otro tanto ocurre con el gobernador de la región de Murmansk, Andrei Chibis, quien comparte la propiedad de un adosado en Mont-roig del Camp (Tarragona) con su mujer, Eugenia Chibis.

Galina Valueva es la esposa del diputado de la Duma y exboxeador profesional Nikolai Sergei Sergeievich Valuev y posee un chalé en una urbanización de Guardamar del Segura (Alicante). Otro diputado, Vadim Vladimirovich Belusov, puso a nombre de su mujer, Irina Belusova, un chalé y un apartamento en Cambrils (Tarragona).

Todos los bienes citados hasta ahora han sido inmovilizados por el Gobierno español, pero no los inmuebles que en el Registro de la Propiedad figuran a nombre de Natalia Maidanova, esposa de Denis Maidanov, quien además de diputado es un conocido cantante. Se trata de dos apartamentos en Platja d’Aro (Girona) de 90 y 117 metros cuadrados. Fuentes oficiales explican a infoLibre que aún no han encontrado indicios suficientes para inmovilizar esos inmuebles.

Lo mismo ocurre con el dúplex en Dominion Beach, un exclusivo complejo residencial de Estepona, y de la mansión en el Coto La Zagaleta, una de las urbanizaciones más lujosas de Benahavís, también en Málaga, que Valeri Ponomarev posee en España a través de dos sociedades. El dúplex, de 202 metros cuadrados, es propiedad de Auto Pinos Costa del Sol SL, cuya administradora única es Zoya Ponomareva, hija de quien pasa por ser el senador más rico de Rusia. Y la villa, de 1.828 metros cuadrados, que se ha construido sobre un terreno de 17.762 metros cuadrados, figura a nombre de Xarenin Development SL, también administrada por Zoya Ponomareva.

No obstante, su situación puede cambiar a partir de ahora, porque el Consejo Europeo aprobó el pasado día 6 un reglamento de aplicación inmediata que permite aplicar sanciones de forma automática a las personas que “se beneficien” del patrimonio del individuo sancionado, incluidos “los miembros de su familia cercana”. Es una manera de contrarrestar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que el pasado mes de marzo anuló la sanción impuesta a Violetta Prighozina, madre de Yevgueni Prighozin, jefe del grupo de mercenarios Wagner. Según el tribunal, no había suficientes pruebas de los vínculos entre Prighozina y Wagner.

También utiliza una sociedad para mantener sus inmuebles en España Boris Romanovich Rotenberg, copropietario con su hermano Arcadi del grupo SGM (StroyGazMontazh), la mayor constructora de gasoductos y líneas de suministro de energía eléctrica de Rusia. Se trata de Bangalor Holding Limited, una compañía domiciliada en Chipre que figura en el registro como dueña de un chalé de 1.731 metros cuadrados construido sobre una parcela de casi 7.000 en Oliva (Valencia), que también incluye dos viviendas de servicio, dos piscinas, un gimnasio y un invernadero. En este caso el inmueble sí ha sido inmovilizado por las autoridades españolas. infoLibre publicó la semana pasada un dosier completo sobre las propiedades de Rotenberg y cómo intentó protegerlas de las saciones europeas que puede consultar aquí.

Un caso más de propiedad oculta tras una sociedad es el del chalé de 344 metros cuadrados construido en Benissa (Alicante) por Dimitri Alexandrovich Pumpianksi, presidente de la compañía metalúrgica PJSC. Tubo International Plus SL es la pantalla, a su vez en manos de otra firma chipriota, Furdberg Holding Limited.

Viktor Filippovich Rashnikov, magnate billonario de la industria del acero y también dueño del Ocean Victory, uno de los yates más grandes del mundo, utiliza Diamantica SL para gestionar tres propiedades en España que han sido embargadas.

Y Sergei Kirienko, a quien se considera el hombre de Putin en la región del Donbass, la zona que se disputan rusos y ucranianos, está detrás de los inmuebles que en el registro figuran a nombre de Bell-67 SL. Esta sociedad pertenece a Robert Gndolian, socio comercial, amigo y compañero de colegio de Vladimir Kirienko, hijo de Sergei. Bell-67 SL es la dueña de una parcela rústica de 16.529 metros cuadrados, en parte cultivada y en parte con arbolado, situada en Sant Joan de Palamós (Girona), así como de una parcela urbana de 6.724 metros cuadrados en el mismo municipio. En Cap de Planes tiene un chalé de 305 metros cuadrados. Ninguna de estas propiedades ha sido embargada.

Pero también hay quien no se esconde tras una persona jurídica. El diputado de la Duma Konstantin Fiodorovich Zatulin dispone de un apartamento de 94 metros cuadrados en Torrevieja (Alicante), tal y como consta en el Registro de la Propiedad de ese municipio. Arcadi Ponomarev, diputado y empresario, es el dueño de un apartamento de 127 metros cuadrados y dos plazas de aparcamiento en Altea (Alicante), que han sido embargados.

Finalmente, a Vladimir Paulov, diputado y directivo de una empresa metalúrgica, sólo se le han detectado dos plazas de aparcamiento en El Campello (Alicante), que se le han inmovilizado.

Además de embargos europeos, las autoridades españolas han practicado otros por orden del Tesoro de Estados Unidos. En abril de 2022, la Guardia Civil se incautó de otro yate, el Tango, de 77 metros de eslora y valorado en 90 millones de dólares. Pertenece a Viktor Vekselberg, empresario ruso-chipriota nacido en Ucrania y presidente del grupo Renova. 

Los Gobiernos de la Unión Europea (UE) quieren permitir la vigilancia de los periodistas y sus interlocutores, incluido el uso de programas espía, si las autoridades de seguridad lo consideran necesario. Así consta en documentos de las negociaciones en curso en la UE sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, consultados por Investigate Europe, netzpolitik.org y Follow the Money.

La ley de medios de la UE, propuesta por la Comisión Europea el pasado septiembre, pretende proteger a los periodistas y a los medios de comunicación contra el control político de gobiernos y propietarios. Estos están poniendo visiblemente en peligro la libertad de expresión y la diversidad de los medios en varios países de la UE, sobre todo en Polonia y Hungría, pero también en otros lugares, como llevan años advirtiendo expertos como los autores del informe anual Media Pluralism Monitor del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Es indispensable para una información crítica e independiente que los periodistas puedan protegerse a sí mismos y a sus fuentes de la vigilancia, incluida la que ejercen las autoridades estatales. Por eso el artículo 4 del proyecto de ley de la UE prohíbe explícitamente las medidas coercitivas contra los periodistas para que revelen sus fuentes, así como la vigilancia de sus comunicaciones y el uso de programas espía en sus ordenadores y teléfonos.

Pero en el Consejo de la UE, donde los representantes de los 27 gobiernos comunitarios negocian a puerta cerrada, el Gobierno francés exigió que se diera marcha atrás al artículo 4. De forma que el espionaje a periodistas y el uso de programas informáticos de espionaje contra ellos puedan estar permitidos, si así lo justifica "la seguridad nacional".

Hace dos años, una investigación conjunta de medios de comunicación como The Guardian, Le Monde y Washington Post, demostró cómo agentes estatales de varios países habían utilizado el programa espía Pegasus contra ciudadanos, entre ellos reporteros de Hungría y otros países. En Grecia, se supo el año pasado que varios periodistas habían sido supuestamente objetivo del Estado a través de la tecnología de espionaje Predator. En España, por su parte, las autoridades habrían utilizado programas espía contra periodistas que informaban sobre el movimiento independentista catalán.

Como reacción a estas revelaciones, el Parlamento Europeo creó una comisión especial de investigación sobre el tema y exigió que se prohibiera la venta de programas espía hasta que se definiera claramente en la ley en qué casos excepcionales puede utilizarlos el Estado.

Pero parece que a algunos gobiernos de la UE le importan poco las preocupaciones del Parlamento. Los gobiernos de Alemania, Países Bajos, República Checa, Luxemburgo y Grecia apoyaron explícitamente la petición francesa de una excepción de seguridad nacional al artículo 4, según el informe diplomático alemán del grupo de trabajo competente del Consejo, celebrado el 17 de abril. Ningún otro representante gubernamental de la UE se opuso. Por ello, el gobierno sueco, que preside actualmente el Consejo, añadió un párrafo en la última versión del proyecto de ley en el que se afirma que el artículo 4 "se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de salvaguardar la seguridad nacional".

Cuando se le preguntó por las razones para apoyar la controvertida disposición, un portavoz de la ministra alemana de Cultura y Medios de Comunicación, Claudia Roth, explicó que sólo pretendía garantizar que "las competencias de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad nacional, determinadas en el Tratado de la UE, no se vieran afectadas".

Pero la Federación Europea de Periodistas sostiene que esto es engañoso. A diferencia de los Tratados de la UE, afirma la organización, "la actual propuesta del Consejo no contiene ninguna disposición sobre la protección de los derechos fundamentales".

El portavoz de Roth añadió que en las próximas negociaciones el gobierno alemán intentará proteger la diversidad de los medios de comunicación. "También nos interesa garantizar que esto no cree una puerta de entrada para restricciones injustificadas", destacó.

Un portavoz del gobierno holandés no explicó por qué apoyaban la excepción, pero subrayó que la seguridad nacional es un asunto estrictamente estatal y que el marco jurídico holandés es sólido en este sentido. El gobierno francés no respondió a la petición de los periodistas para conocer su versión.

El periodista griego Thanasis Koukakis, una de las muchas víctimas del espionaje, está resentido por la propuesta de excepción por motivos de seguridad nacional. Descubrió que el programa de escuchas Predator había sido instalado en su smartphone en el verano de 2021, mientras investigaba sobre blanqueo de dinero y corrupción en el banco griego Piraeus. Más tarde supo que el servicio secreto griego también le vigilaba.

"Mi caso demuestra lo fácil que es utilizar la seguridad nacional como pretexto para amenazar a los periodistas y a sus fuentes", afirma Koukakis, quien añade que “sería muy decepcionante que la UE aprobara una ley que legalice este tipo de medidas sin control externo ni escrutinio público". "Esa no sería la Europa de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE", denuncia.

Sophie in't Veld, eurodiputada liberal holandesa que dirigió la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre Pegasus y otros programas espía, considera "un desastre" los recientes cambios introducidos por los gobiernos de la UE en el proyecto de la ley de medios. El concepto de seguridad nacional sirve de "cheque en blanco", mientras que lo que realmente se necesita es un "marco jurídico claro".

Katarina Barley, socialdemócrata alemana y vicepresidenta del Parlamento Europeo, está de acuerdo. Según ella, también debe ser posible vigilar a los miembros de profesiones protegidas, como periodistas y abogados, en caso de delitos graves inminentes. Pero siempre debe haber "un órgano independiente" que "compruebe en cada caso concreto si hay motivos concretos para sospechar". Y, por supuesto, debe existir una comprobación a posteriori de si la vigilancia estaba justificada o no. "Las excepciones generales sin más precauciones no son aceptables", critica Barley.

Pero una excepción general es lo que está sobre la mesa de los gobiernos de la UE la próxima semana, cuando tienen previsto adoptar en principio la posición del Consejo sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. Sin embargo, la legislación final de la UE necesitará el visto bueno tanto del Consejo como del Parlamento Europeo. Es posible que la Eurocámara, en las negociaciones con el Consejo, someta finalmente esta excepción a un marco jurídico estricto, dice Barley. "Pero no es algo seguro", admite.

Cuando un periodista preguntó a la Fiscalía Federal suiza en enero si se había iniciado alguna investigación después de que un informante revelara que Credit Suisse prestaba servicios a alguno de los personajes más turbios del mundo, la Fiscalía se puso en contacto con el banco para pedirle consejo sobre cómo formular su respuesta.

La verdad era que los fiscales estaban construyendo un caso, pero no contra el banco por ser un refugio seguro para las finanzas criminales. Perseguían al denunciante de la filtración de Suisse Secrets, una investigación internacional en la que participaron periodistas de 48 medios de comunicación en 39 países, que analizaron durante meses información sobre cuentas bancarias filtradas de Credit Suisse, la segunda entidad financiera de Suiza. La filtración incluyó más de 18.000 cuentas, que entre todas llegaron a reunir más de 100.000 millones de dólares. infoLibre fue el único medio español que participó en dicho proyecto periodístico, que estuvo coordinado por el consorcio OCCRP [puedes consultar aquí todas las informaciones publicadas].

Una investigación de Paper Trail Media y Tamedia muestra que, tras la consulta de un reportero del cantón de Tesino, la Fiscalía Federal suiza envió primero por correo electrónico su contestación prevista al departamento de prensa de Credit Suisse, solicitando cualquier "feedback" (información o comentarios) que pudiera tener el equipo de prensa del banco.

Fue entonces cuando empezó el tira y afloja entre el banco y la Fiscalía.

La Fiscalía había presentado en octubre una solicitud formal al Departamento Federal de Justicia y a la policía para que dieran su visto bueno a investigar al filtrador de los datos por delitos de espionaje económico.

Los fiscales estaban actuando sobre la base de una denuncia oficial presentada por Credit Suisse, pero el banco quería mantener en secreto este hecho. Por ello, exigió que se omitiera cualquier mención al banco en su respuesta al periodista.

Cuando la Fiscalía dudó inicialmente en acceder, el banco advirtió de que contrataría a un bufete de abogados para que interviniera en caso necesario. Finalmente, el fiscal superior de Suiza cedió y se limitó a informar al periodista de que se había abierto una investigación contra el denunciante por espionaje económico, dejando al Credit Suisse fuera de la declaración.

Suiza es famosa por aplicar quizá las leyes de privacidad bancaria más estrictas del mundo, que desafían incluso la libertad de prensa, al prohibir a los periodistas informar sobre datos bancarios que pongan al descubierto conductas delictivas de interés público como el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

Las herméticas leyes de privacidad bancaria han permitido a Credit Suisse hacer negocio durante décadas con dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo. Desde los años 40, Credit Suisse ha acogido a este tipo de clientes sabiendo que la ley le protegerá: en Suiza, cualquier publicación de datos bancarios confidenciales, incluso en casos que sacan a la luz comportamientos delictivos, puede acarrear enjuiciamiento y encarcelamiento.

Por eso, medios de comunicación suizos como Tamedia no pudieron participar en la investigación de Suisse Secrets, ya que los riesgos legales eran sencillamente demasiado altos.

"Suiza sencillamente no respeta las normas jurídicas europeas sobre libertad de expresión y libertad de prensa", denunció el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, tras la publicación de Suisse Secrets. "Esta práctica es digna de los peores Estados autoritarios. Hay que ponerle fin", añadió.

En defensa de su correspondencia con Credit Suisse, un portavoz de la Fiscalía Federal declaró que la oficina tiene plena soberanía sobre sus procedimientos de comunicación. Sin embargo, la declaración también mencionaba que es necesario "sopesar los derechos personales de los afectados y el objetivo de máxima transparencia".

La máxima transparencia, al parecer, es una vía de sentido único en el sistema jurídico suizo. Algo que el experto en derecho penal suizo David Zollinger considera problemático. Antiguo miembro de la autoridad supervisora de la Fiscalía suiza durante seis años, Zollinger compartió su preocupación por el hecho de que "editar las respuestas a los medios de comunicación para la Fiscalía Federal definitivamente no forma parte del papel procesal de Credit Suisse en este proceso".

Por tanto, según Zollinger, deja al fiscal federal en una posición delicada no sólo el hecho de que se remitiera al banco la pregunta del periodista para empezar, sino que además se sometiera en última instancia a las exigencias del banco sobre cómo responder.

Borja Prado es presidente de Mediaset España, la filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde abril de 2022, tan sólo el más reciente de los múltiples cargos ejecutivos que le han convertido en uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Los dos años anteriores los empleó como socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora a Florentino Pérez, de quien es amigo, y al Real Madrid. Un bienio que pasó en barbecho tras su salida de Endesa, propiedad de otra gran compañía italiana, Enel, y donde ejerció como presidente durante toda una década, aunque desde dos años antes ya se sentaba en su consejo de administración.

Esas han sido dos de las constantes de su carrera empresarial: siempre en la cima del poder y explotando un fuerte vínculo con Italia. Ya con 33 años era vicepresidente del banco suizo UBS en España y antes de cumplir los 40 fue nombrado consejero de Rothschild & Company. Su siguiente paso lo dio en el banco de inversión Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convertía en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina del banco italiano, pese al más que posible conflicto de interés: Mediobanca asesoraba a competidores de la eléctrica en operaciones como el intento de compra de la alemana E.ON. Cuando abandonó Endesa, en 2019, tras deteriorarse sus relaciones con el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, se llevó una indemnización de 12,8 millones de euros.

Antes de ese momento, Borja Prado incluso tuvo tiempo y oportunidad para mediar entre ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la familia Benetton, que mantuvieron una cruenta guerra por Atlantia, la concesionaria italiana de autopistas. Fue el árbitro que sentó a españoles e italianos para sellar la compra conjunta de Abertis.

Durante los 10 años que permaneció al frente de Endesa –y sólo un año después de abandonar Mediobanca– fundó además su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital. Para ello recurrió a Javier de la Rica, que hasta entonces le había acompañado en Mediobanca como vicepresidente y antes trabajó como responsable de JP Morgan Chase en España. Su tercer socio era un financiero italiano, Stefano Marsaglia, quien hasta ese momento se había empleado también en Mediobanca, pero como presidente ejecutivo de banca corporativa en Italia. Peninsula Capital es la gestora de fondos que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en la operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros, la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV. El primer gran éxito del fondo.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. Tiene participaciones en la marca francesa de ropa y complementos de lujo Zadig & Voltaire, el operador privado de alta velocidad italiano NTV, la cadena de clínicas de estética y fertilidad WM (Dorsia) y dos empresas vascas, la aeronáutica Aernnova y HLC, el mayor fabricante europeo de monopatines y tablas de surf, como también clínicas y cadenas de moda en Italia. En 2018 el fondo desinvirtió de la marca italiana de cosméticos Kiko.

En su página web, el equipo de Peninsula ofrece inversiones de entre 30 y 100 millones de euros por operación, pero prometen “cantidades mucho mayores”, de hasta 1.000 millones, mediante acuerdos de coinversión.

En Peninsula Capital, Prado ha puesto en práctica la experiencia de sus muchos años en la banca de inversión gestionando todo tipo de grandes operaciones financieras. Al tiempo, la gestora es también un estupendo reflejo de cómo funcionan las élites económicas. La red de vínculos profesionales y familiares es tan tupida como célebres los apellidos que la componen.

Así, uno de los socios de la gestora es Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Antes de llegar a Peninsula, Cortina, con sólo 28 años, había sido asesor de Borja Prado en Endesa y analista en el departamento de inversiones de Mediobanca.

También trabaja en Peninsula, formando parte del equipo de inversiones, uno de los tres hijos de Prado, Javier, mientras que ejerce como director de Operaciones Borja Klingenberg, quien fue jefe de gabinete del presidente de Endesa durante seis años y director general de su fundación. Como Carlos Cortina, también procedía de Mediobanca, donde ejerció de vicepresidente para España y Portugal.

Pero quizá el apellido más notorio de Peninsula es el de Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Según figura en la página web de la gestora de fondos, trabaja como director general desde 2017 y su área de acción es Francia y el Benelux. Su currículo es más bien breve: trabajó en el bufete de abogados Realyze y tuvo un cargo político, vicepresidente del consejo departamental de Hauts-de-Seine, con sólo 21 años. Realyze era, hasta 2019, el bufete Claude & Sarkozy, propiedad de Nicolas Sarkozy y de su socio, Arnaud Claude. Cambió de nombre después de que Claude fuera condenado por complicidad en un fraude fiscal: había yudado al teniente de alcalde de Levallois-Perret , Patrick Balkany, a crear una empresa fantasma para ocultar a la Hacienda francesa la existencia de varios inmuebles. Ahora, el despacho lo lleva el hijo de Claude. Entre sus clientes, algunas de las mayores empresas de Francia.

La familia política de Jean Sarkozy también es muy conocida en Francia. Su esposa es Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard Darty se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993. Jean Sarkozy es uno de los directivos de una sociedad llamada Golda Darty Partners, que en 2017 era propiedad de Bernard Darty y su esposa y que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones de NTV. Al vender NTV al fondo GIP un año después, Golda Darty Partners consiguió una plusvalía de 13,8 millones de euros.

El principal socio de Borja Prado, Javier de la Rica, no sólo le acompañó en Medioabanca. Una de sus hijas, Marta de la Rica Entrecanales, se casó en 2011 con Guillermo Castellanos O’Shea, hijo de Patricia O’Shea –cuñada de Emilio Botín– y de Jaime Castellanos, expresidente de Lazard España y dueño del grupo Recoletos hasta su venta a la editora italiana RCS. Como puede verse por el apellido de su hija, De la Rica estuvo casado con Blanca Entrecanales Domecq, hermana de José Manuel, actual presidente de Acciona y también presidente de Endesa entre 2007 y 2009, por tanto antecesor inmediato de Borja Prado en el cargo –recuérdese que Acciona ayudó a Enel a hacerse con Endesa en 2009–. Se divorciaron en 2011. Han tenido tres hijos: Borja, Marta y Bruno. Ninguno de ellos trabaja en la empresa, pero en 2022 se convirtieron en socios de Peninsula Holding, una de las sociedades luxemburguesas del conglomerado creado por Borja Prado y su padre, Javier de la Rica. A 21 de noviembre de 2022, cada uno poseía un 8,4% del capital, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo. Otro 0,2% es propiedad del ex jefe de gabinete de Prado en Endesa y actual director de Operaciones de Peninsula, Borja Klinenberg.

De forma que el holding se ha convertido casi en una empresa familiar, de la que son dueños Borja Prado en un 49,8% y la familia De la Rica en otro tanto por ciento igual, repartidos entre una sociedad luxemburguesa propiedad del padre (MBB Luxembourg), con un 24,7%, y el 25,2% restante de los tres hijos.

De esta sociedad y de la propia gestora se fue en 2021 el italiano Stefano Marsaglia, según publicó El Confidencial “por diferencias en la gestión y la desconfianza por gastos no justificados de la firma”. Un año después, Marsaglia ha creado otra gestora, llamada Azzurra Capital, junto con Jorge Delclaux, que hizo carrera en Rothschild y fue consejero delegado de Ibersuizas, otra firma de capital riesgo. En su consejo asesor figuran el ex consejero delegado de Banesto Alfredo Sáenz y Flavio Cattaneo, vicepresidente ejecutivo de NTV, cuya venta al fondo estadounidense GIP en 2018 fue tan rentable para Peninsula Capital. En el momento de la venta, Cattaneo era el consejero delegado de la empresa. Azzurra Capital tiene su sede en Dubai.

A esta miscelánea de crónica de la alta sociedad y páginas salmón se le añade un apunte histórico. Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros. Como se recordará, el grupo lo dirigía Javier de la Rosa, paradigma de los financieros-delincuentes surgidos en los años 90, y su principal accionista era KIO, que forma parte del fondo soberano de Kuwait. La condena de 2008 fue por el caso Grand Tibidabo, otra operación de Javier de la Rosa que hizo desaparecer los ahorros de 10.000 accionistas.

No es la de su padre la única conexión de Borja Prado con los Borbones. Él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre, Paula Eulate y Aznar, y su esposa, Pilar Benítez Toledano. Y Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

La última –y muy importante– línea de la red de relaciones de Borja Prado se extiende a la política. Durante su mandato, Endesa ha sido una lucrativa puerta giratoria para políticos de todo signo. En 2011 contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Y ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Hábil, pues, en el arte de la influencia política, tanto como en las mesas de negociación de las grandes operaciones financieras, el más italiano de los altos ejecutivos españoles proclamó su “lealtad” a Enel, según publicó Abc, en plena batalla por el control accionarial de Endesa. Fue en 2008, y Borja Prado era sólo consejero independiente de la eléctrica española. En abril de 2019, esa lealtad le costó un disgusto. Prado se despidió entonces de la junta de accionistas de Endesa entre pitos y abucheos. Mientras él hacía gala de sus logros al frente de la compañía, los trabajadores de la eléctrica en huelga le acusaban de “expoliar” Endesa en beneficio de la matriz italiana. “Su único objetivo”, denunciaban, “es generar dividendo para Enel a costa de los salarios” de la plantilla en España. En el Senado, el ministro de Energía del Gobierno del PP, Álvaro Nadal, también había reprochado a Enel que hiciera “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” por el cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). En 2014, Endesa había vendido a Enel todo su lucrativo negocio en Latinoamérica.

A Nicolas Sakorzy le tocó la lotería. El 10 de agosto de 2018, el expresidente de Francia recibió en una de sus cuentas bancarias personales, abierta en la sucursal parisina del banco Edmond de Rothschild, dos transferencias bancarias por un total de 3,15 millones de euros. El dinero procedía de dos sociedades luxemburguesas gestionadas por un fondo de inversión llamado Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, y dos antiguos directivos de la italiana Mediobanca, Javier de la Rica y Stefano Marsaglia.

Es bien sabido que el expresidente francés se gana muy bien la vida como abogado y conferenciante en países de todo el mundo. Ahora también se dedica a las finanzas. Los abogados de Peninsula Capital escribieron a Edmond de Rothshild para justificar el origen de ese dinero. Según la carta, “estrictamente confidencial”, Nicolas Sarkozy asesoró a Peninsula Capital sobre una inversión en NTV, el operador privado italiano de alta velocidad, y recibió una participación en los beneficios sobre la plusvalía conseguida.

Pero hay un problema: los testimonios y documentos obtenidos por Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, ponen en duda la realidad del trabajo de Nicolas Sarkozy en esta operación. Según las fuentes consultadas por EIC, los tres millones de euros recibidos por el expresidente francés pueden haber sido pagados por una sociedad financiada principalmente por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un país del Golfo tan rico como autoritario. La operación también benefició a Jean Sarkozy, hijo mayor del exmandatario y empleado de Peninsula Capital. Y, sobre todo a su familia política, que obtuvo un beneficio de 13,8 millones de euros gracias a la misma operación.

Ante todos estos descubrimientos, se ha levantado un muro de silencio: ninguno de los protagonistas ha respondido a las preguntas que les ha hecho EIC, incluidos Nicolas Sarkozy y los Emiratos Árabes Unidos, una petromonarquía dirigida por el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyane, conocido como MBZ.

Importante cliente de la industria militar francesa y española –120,6 millones de euros en exportaciones sólo en 2021, según la Secretaría de Estado de Comercio–, los EAU están implicados en la mortífera guerra de Yemen, donde la población civil sufre una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Algunos de los siete emiratos que componen el país, entre ellos Dubái, figuran también entre los paraísos fiscales más opacos del planeta: ofrecen asilo a delincuentes de guante blanco, capos de la droga o, más recientemente, a oligarcas rusos que huyen de las sanciones tras la guerra de Ucrania.

Después de haber sido objeto de investigaciones penales en Francia por sus vínculos con Libia, Catar y Rusia, las revelaciones de EIC confirman el apetito de Nicolas Sarkozy por el dinero de autócratas extranjeros. Lo que no deja de ser problemático, dada la influencia que Nicolas Sarkozy sigue ejerciendo en la vida política francesa y el hecho de que el actual presidente, Emmanuel Macron, le pida regularmente que represente a Francia en actos oficiales en el extranjero.

Para entender la historia, hay que acudir a Peninsula Capital. Con sedes en Luxemburgo y Londres, este fondo de capital riesgo se creó en 2016 para invertir en empresas del sur de Europa, principalmente en Italia, España y Francia.

Su fundador y principal jefe, Borja Prado es, a los 66 años, uno de los gestores españoles de mayor influencia. Presidente de Mediaset España, filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde marzo del pasado año, Prado es amigo y ha asesorado en asuntos financieros al patrón del Real Madrid, Florentino Pérez. Entre 2009 y 2019 presidió la compañía energética Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la jefatura para Iberia y Latinoamérica de la italiana Mediobanca.

Para crear Peninsula, se asoció con dos financieros que trabajaron para Mediobanca, el italiano Stefano Marsaglia y el español Javier de la Rica. Según informaciones de prensa contrastadas por EIC, el dinero que invierten procede principalmente del Golfo Pérsico: el trío convenció primero al poderoso fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), que aportó varios cientos de millones de euros, y después a fondos soberanos y miembros de las familias reales de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin.

Resulta que Nicolas Sarkozy está cerca tanto de Catar –al que ayudó a obtener el Mundial de Fútbol de 2022–, como de su enemigo acérrimo, los Emiratos Árabes Unidos. Como reveló el EIC gracias a Football Leaks, el expresidente francés ayudó al club inglés Manchester City, propiedad de un destacado miembro de la familia real emiratí, a librarse de sanciones por dopaje financiero.

Además, Peninsula Capital Advisors, la estructura de gestión del fondo con sede en Londres, contrató en marzo de 2017, como director ejecutivo, a Jean Sarkozy, el hijo mayor del expresidente. Su fichaje para tan alto cargo resulta sorprendente. Jean Sarkozy no tenía entonces ninguna experiencia profesional en el mundo de la inversión. Licenciado en Derecho, fue diputado electo y luego vicepresidente de la asamblea del departamento de Hauts-de-Seine –uno de los distritos del Gran París– mientras trabajaba como asesor jurídico en Realyze, antes Claude & Sarkozy, el bufete de su padre.

Entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017, Jean Sarkozy siguió una formación continua en la prestigiosa escuela de negocios ESCP, lo que le permitió obtener un máster en ingeniería financiera y fiscal en marzo de 2018. Cuando Peninsula Capital le contrató como alto ejecutivo en la primavera de 2017, por tanto, ni había terminado su formación ni había obtenido su diploma.

Preguntados por Mediapart sobre esta contratación, tanto Jean y Nicolas Sarkozy, como Peninsula, QIA y el Gobierno de los EAU no han respondido.

Peninsula Capital logró su primer gran éxito financiero justo después de la llegada de Jean Sarkozy. El 29 de junio de 2017, el fondo compró por 66 millones de euros el 12,8% de NTV, empresa italiana que explota trenes de alta velocidad bajo la marca Italo, en competencia con el antiguo monopolio público Trenitalia.

Y menos de un año después, en abril de 2018, el fondo de inversión estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) compró todas las acciones de NTV por 1.980 millones de euros. Así que, en menos de un año, Peninsula se embolsó una colosal plusvalía de 181,5 millones de euros. El dinero llegó en dos plazos, en abril y luego el 31 de julio de 2018. Diez días después, Nicolas Sarkozy recibió 3,15 millones de euros en su cuenta del Edmond de Rothschild de París.

El bufete luxemburgués Van Campen/Liem, asesor de Peninsula, envió una carta al banco para justificar los pagos: “Desde 2018, Nicolas Sarkozy [...] ha sido asesor principal [senior advisor] de Peninsula Capital II”, la sociedad luxemburguesa que gestionó la operación de NTV. La carta añade que a Sarkozy se le remunera mediante una participación en los beneficios, y que tras “salir Peninsula de la inversión mantenida en NTV, el asesor principal recibió parte de los intereses a los que tiene derecho”.

Pero el bufete de abogados incluyó, al principio de su carta, un extraño descargo de responsabilidad: “No asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de la información que figura a continuación” y que dice haber “recibido de Peninsula Capital II”.

En efecto, la carta contiene varias incoherencias. Dado que Nicolas Sarkozy había sido contratado en 2018, no podía haber participado en la inversión en NTV, realizada en junio de 2017. Además, al año siguiente, el fondo estadounidense que compró la empresa adquirió los títulos de todos los accionistas, no sólo los de Península. Por tanto, el fondo no estuvo en primera línea durante la negociación y no tuvo necesidad de que Nicolas Sarkozy defendiera sus intereses.

Es más, los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy, obtenidos por Mediapart, muestran que recibió 152.164 euros adicionales en abril de 2019 –lo que suma un total de 3,3 millones de euros cobrados por el expresidente– a pesar de que la operación de NTV se había liquidado un año antes.

Dos ejecutivos de Peninsula, entre ellos su fundador Borja Prado, han asegurado a EIC que el ex jefe del Estado no trabajó para el fondo. “Sarkozy nunca ha asesorado a Peninsula. Peninsula no ha contratado a ningún asesor para esta operación ni para ninguna otra porque el fondo tiene un comité de inversiones que se encarga de revisar las operaciones”, dijo Prado a EIC durante una breve conversación telefónica.

Prado era entonces copropietario y cogestor, con sus dos socios, de la sociedad Peninsula Capital II, que supuestamente había contratado a Nicolas Sarkozy. ¿Facilitaron información falsa al bufete de abogados? Interrogados por escrito, ni Peninsula ni sus tres socios respondieron, ni sobre este punto ni sobre el resto de la historia. Antes de colgar el teléfono, Borja Prado también aseguró que “nadie había pagado a Sarkozy”. Los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy demuestran lo contrario.

El origen de ese dinero también es problemático. La carta redactada por los abogados de Peninsula afirma que Nicolas Sarkozy era asesor de Peninsula Capital II, lo que puede parecer lógico: se trata de la sociedad gestora de la operación NTV, cuya finalidad es cobrar el carried interest –interés devengado o participación en las ganancias– de los gestores, su parte en los beneficios de la venta.

Sin embargo, Nicolas Sarkozy no cobró de Peninsula Capital II, sino de otras dos sociedades luxemburguesas: Peninsula Associates II, que pagó un total de 300.000 euros, y Peninsula Partners II, que abonó tres millones. Esta última sociedad es propiedad al 100% de los inversores de Peninsula que financiaron la compra de acciones de NTV. En resumen, Nicolas Sarkozy no fue pagado por el fondo Peninsula, sino directamente por algunos de sus inversores, que sacaron el dinero de su parte de los beneficios de la operación NTV.

La identidad de esos accionistas de Peninsula Associates II es secreta, gracias al estatuto especial de esta sociedad, que le concede la ley luxemburguesa para garantizar el anonimato de los inversores en fondos establecidos en el Gran Ducado.

Pero, según dos fuentes que participaron en la primera línea de la operación y que pidieron el anonimato, el principal inversor detrás de la sociedad que pagó a Nicolas Sarkozy es una entidad de Emiratos Árabes Unidos. “Se suponía que íbamos a comprar una participación mayor en NTV, pero al final tuvimos que adquirir sólo la mitad, ya que Catar decidió no invertir”, explica a EIC un ejecutivo de Peninsula.

Si no fue Catar, ¿quién invirtió en Peninsula Partners II? “Emiratos y otros de la zona”, responde el mismo directivo. Según una segunda fuente conocedora de la operación, “el dinero procedía de Emiratos, en concreto del family office [oficina de gestión de patrimonios familiares] del jeque Mohamed bin Zayed”. El emir de Abu Dabi y presidente de Emiratos Árabes Unidos.

Una coincidencia: Nicolas Sarkozy viajó dos veces a Abu Dabi en 2018. Invitado a un foro en marzo de ese año, pronunció un discurso sorprendente, en el que elogió a los jefes de Estado autoritarios, incluido el presidente de los Emiratos: “¿Quiénes son hoy los grandes líderes del mundo? El presidente [chino] Xi, el presidente [ruso] Putin [...], el gran príncipe Mohamed bin Salman [de Arabia Saudí]. ¿Y qué serían hoy los Emiratos sin el liderazgo de MBZ?”.

En diciembre de 2018, Nicolas Sarkozy estuvo de nuevo en la capital emiratí. Según el diario francés Le Parisien, esta vez participaba en “un seminario a puerta cerrada sobre los grandes problemas del mundo”, junto al ex primer ministro británico Tony Blair y directores generales de grandes empresas.

Pero es poco probable que los 3,3 millones pagados por Peninsula sólo remuneraran su participación en estos eventos. Los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy muestran que nunca cobró oficialmente más de 147.000 euros por las conferencias que da en el extranjero.

Entonces, ¿por qué recibió una cantidad tan elevada? ¿Y por qué el dinero fue pagado por Peninsula bajo la apariencia de un trabajo de asesoramiento cuya realidad es cuestionable? Ni Nicolas Sarkozy ni el Gobierno de los Emiratos han respondido a ambas preguntas.

Pero la operación de NTV no sólo benefició a Nicolas Sarkozy. Según las informaciones a las que ha tenido acceso EIC, Peninsula invitó como coinversor a una sociedad belga llamada Golda Darty Partners, que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones del operador ferroviario italiano.

Pues bien, uno de los directivos de esta sociedad es Jean Sarkozy, como se recordará también director ejecutivo de Peninsula. El hijo del expresidente francés está casado con Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993.

Cuando coinvirtió en NTV con Peninsula, Golda Darty Partners pertenecía a Bernard Darty –fallecido a finales de 2018– y a su esposa. Gracias a esta operación, se apuntaron una plusvalía de 13,8 millones de euros en solo un año, según los datos en poder de EIC.

Su participación plantea una serie de interrogantes. Los inversores emiratíes no necesitaron socios externos para reunir los 66 millones de euros invertidos en NTV. ¿Fue un favor concedido a Jean Sarkozy y a su familia política? Jean y Nicolas Sarkozy, Peninsula, el Gobierno de los Emiratos y la viuda de Bernard Darty no han respondido a estas preguntas, que les formularon los periodistas.

Tras el éxito de la inversión en NTV, Jean Sarkozy ha sido recompensado con un nuevo puesto en la gestión del patrimonio de la familia Darty. En enero de 2020, varios miembros de la familia crearon una nueva sociedad belga, Golda Darty Invest, de la que Jean Sarkozy fue nombrado “representante permanente del administrador”, es decir, presidente no ejecutivo.

Finalmente, de nuevo aparecen los Emiratos en otra operación financiera poco clara, que esta vez afecta a dos de los tres socios de Península: Javier de la Rica y Stefano Marsaglia, que en 2018 poseían cada uno un tercio del capital, junto a Borja Prado. El 11 de diciembre de 2018, ocho meses después del acuerdo con NTV, ambos vendieron sus participaciones en las sociedades gestoras de Peninsula a dos sociedades registradas en Sharjah: MBB Holding y Casan Holding. Éstas, a su vez, las volvieron a vender, ese mismo día, a una sociedad luxemburguesa, Peninsula Holding, propiedad al 50% de las mismas sociedades emiratíes de Javier de la Rica y Stefano Marsaglia. [Puede leer aquí todos los detalles sobre esta singular operación].

Esta es la historia de una provechosa operación financiera y del posterior triángulo societario, y quizá fiscal, que trazaron quienes consiguieron ese rotundo beneficio. Los gestores del fondo Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, multiplicaron con una sola operación el dinero que habían invertido en el operador privado del AVE italiano y, ocho meses después, dos de ellos se vendieron a sí mismos dos veces, triangulando a través de dos empresas pantalla en Emiratos Árabes Unidos, las acciones que poseían en un puñado de sociedades del holding. Dos años después, Prado también se las vendió a sí mismo, aunque sin pasar por Oriente Próximo. Sus acciones no salieron de Luxemburgo.

En abril de 2018, los titulares de la prensa, española e internacional, dieron buena cuenta del “golpe” que dio la gestora Peninsula Capital cuando el fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP) compró por 1.980 millones de euros el primero operador privado de alta velocidad de Italia –y de Europa–, Nuovo Transporto Viaggiatori (NTV). Un auténtico pelotazo, porque sólo un año antes, Peninsula Capital, uno de cuyos accionistas más destacados es el ahora presidente de Mediaset España, Borja Prado, había adquirido el 12,8% de la empresa italiana por 66 millones de euros. Los de Nueva York pagaron por esa participación 243,78 millones de euros. Peninsula Capital, por tanto, se embolsó 177,78 millones, más 3,73 millones en dividendos. Un total de 181,51 millones, casi el triple de lo que había pagado.

El negocio y sus relucientes cifras fueron ampliamente publicitadas. No era para menos. En Italo, la marca con la que NTV explota los trenes de alta velocidad en Italia, compartían sociedad Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari, y otro gran empresario italiano, Diego della Valle, presidente de la marca de calzado de lujo Tod’s, con el banco turinés Intesa Sanpaolo y la aseguradora Generali. En 2017, NTV había facturado 455 millones de euros y cerrado con unos beneficios de 33,8 millones. En 2021 los triplicó, hasta 104,37 millones.

Además, España tenía un interés adicional. Peninsula Capital es la creación de uno de los más prominentes ejecutivos del país, Borja Prado, quien antes de llegar a la televisión había presidido Endesa y Mediobanca para la Península Ibérica y Latinoamérica. Tal es así que, al anunciarse su entrada en Italo, hubo quien loó la “alianza” de Prado con Montezemolo para “impulsar la alta velocidad italiana”. Una operación que confirmaba los estrechos y lucrativos lazos del directivo con Italia.

Pero cuando se apagaron los focos, el negocio siguió un recorrido no menos sugestivo. Un rastro que han seguido Mediapart, infoLibre e Il Fatto Quotidiano, todos ellos miembros del consorcio European Investigative Collaborations (EIC). Peninsula Capital fue creada en marzo de 2016 por Borja Prado, cuando aún era presidente de Endesa, junto con dos socios: Javier de la Rica, con quien había trabajado en el italiano Mediobanca, y Stefano Marsaglia, también alto ejecutivo de la entidad milanesa.

Como suele ocurrir con los fondos de inversión, Peninsula se compone de toda una red de sociedades, la mayoría registradas en Luxemburgo, pero también en Londres. Incluye sociedades de inversión, que poseen las participaciones y cobran dinero de los inversores; y sociedades de gestión, propiedad a partes iguales de Borja Prado y sus dos socios. Estas últimas reciben comisiones de gestión y una parte de los beneficios de las operaciones de Peninsula. Por ejemplo, la sociedad de gestión de la operación de NTV era Peninsula Capital II, propiedad a partes iguales de Prado, De la Rica y Marsaglia.

El 11 de diciembre de 2018, ocho meses después de cerrarse la rentable venta de NTV al fondo estadounidense GIP, De la Rica y Marsaglia vendieron sus participaciones del 33,3% en cuatro sociedades de gestión –Peninsula Capital, Peninsula Capital II, Peninsula Capital III y Peninsula Promoters– a dos sociedades constituidas en la zona franca del aeropuerto de Sharjah, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos (EAU). Además de un conocido paraíso fiscal. Las sociedades son MBB Holding FZE y Casan Holding FZE. El precio de compraventa no consta en el Registro Mercantil de Luxemburgo.

Pues bien, ese mismo día, De la Rica y Marsaglia también crearon, en Luxemburgo, otra sociedad, Peninsula Holding, propiedad al 50% de MBB y de Casan, y donde ellos figuran como administradores, junto con Joost Anton Mees y Johannes Laurens de Zwart, dos ejecutivos de Peninsula Capital.

Y, de nuevo el 11 de diciembre, vendieron a Peninsula Holding las participaciones de MBB Holding FZE y de Casan Holding FZE en las cuatro sociedades citadas, por un importe de 19,2 millones de euros –9,6 millones cada uno–. De esa suma, 16,5 millones fueron pagados en efectivo por Peninsula Holding. Es decir, tanto MBB como Casan recibieron cada una 8,25 millones de euros. Todas estas operaciones figuran en los documentos que estas sociedades han inscrito en el Registro Comercial de Luxemburgo.

En resumen, De la Rica y Marsaglia se vendieron a sí mismos sus acciones de Peninsula dos veces el mismo día, a través de dos paraísos fiscales, lo que parece no tener ningún sentido económico más allá de que se trate de un plan de optimización fiscal, destinado a localizar en Sharjah parte del dinero que ambos ganaron gracias a Peninsula. Posteriormente, al recibir dividendos y luego vender otras acciones de Peninsula, recibieron grandes sumas de dinero adicionales a través de sus empresas emiratíes. Una de las preguntas que los gestores del fondo no han respondido a EIC es si MBB Holding fue creada por De la Rica y Casan Holding por Marsaglia. Lo que dicen los registros es que el mismo día que el italiano abandonó su cargo como administrador de Peninsula, el 28 de julio de 2021, Casan Holding vendió también todas su acciones en el fondo. Y que De la Rica había constituido en Luxemburgo, el 31 de marzo de 2021, otra sociedad con el mismo nombre que la emiratí: MBB Luxembourg.

Las FZE, Free Zone Establishments, son sociedades de responsabilidad limitada con un solo accionista, que bien puede ser una persona física o jurídica. Deben tener al menos dos directores y un secretario, pero las leyes emiratíes permiten que todos esos cargos los desempeñe la misma persona. En los Emiratos hay más de 40 zonas francas, donde se permite crear sociedades en sólo unas horas con un gasto de apenas 1.440 euros. Pueden ser de propiedad extranjera al 100%, no pagan impuesto de sociedades y la repatriación de capitales no está sujeta a ningún gravamen.

España firmó en 2007 un convenio para evitar la doble imposición con los Emiratos Árabes Unidos, que además suscribieron en septiembre de 2018 el acuerdo para el intercambio automático de información de cuentas financieras. En el IRPF los residentes en España están obligados a declarar las rentas que obtengan también en cualquier otro lugar del mundo.

Borja Prado, en cambio, se quedó con sus participaciones en las cuatro sociedades gestoras y en un quinta, Peninsula Europe GP, hasta que casi dos años después, en noviembre de 2020, las vendió también a Peninsula Holding, la empresa de Luxemburgo propiedad de De la Rica y Marsaglia a través de las dos sociedades de Emiratos citadas. A cambio, se convirtió en accionista del holding luxemburgués junto con los dos citados.

Pero, en esta última operación, el precio al que se le pagó la acción fue poco más de la mitad del que cobraron sus socios cuando vendieron sus participaciones dos años antes: 5,1 millones de euros.

EIC ha preguntado a los tres socios de Peninsula Capital y al propio fondo por estas transacciones, si las declararon a Hacienda y si responden a un plan de optimización fiscal, pero ninguno de ellos ha respondido.

El 31 de marzo de 2021 Javier de la Rica creó MBB Luxembourg, de la que posee el 100% y a la que se incorporó como administrador el pasado 1 de noviembre Borja Prado. MBB Luxembourg, con domicilio en el Gran Ducado, compró acciones de Peninsula Holding que eran propiedad tanto de su homónima en Emiratos como de Borja Prado, de tal forma que en junio de 2022 los dos únicos accionistas del holding eran el presidente de Mediaset España y MBB Luxembourg al 50%.

Pero esa distribución duró poco. En noviembre del año pasado, entraron en el capital de Peninsula Holding los tres hijos de De la Rica –Borja, Marta y Bruno–, cada uno con un 8,4%. De manera que ahora la sociedad pertenece en un 49,8% a Borja Prado, en un 24,7% a MBB Luxembourg –es decir, a Javier de la Rica– y en un 25,2% a los tres hermanos De la Rica, lo que suma otro 49,8%. El 0,2% restante está en manos de Borja Klingenberg, director de Operaciones de Peninsula Capital y antes jefe de gabinete del presidente de Endesa y vicepresidente de Mediobanca para España y Portugal.

Desde que Peninsula y el resto de los accionistas vendieron NTV al fondo GIP, el AVE privado italiano ha mejorado considerablemente sus cifras, tanto de viajeros como contables. Y cambiado su propiedad. En septiembre de 2018 dio entrada a la aseguradora alemana Allianz, que posee un 11,5% del capital. También el fondo de pensiones de los trabajadores de la industria danesa, IP Infra Investors, y el de los funcionarios de Misuri, Molagers, tienen un 7,6% y un 0,6%, respectivamente. El fondo GIP se ha quedado con el 76,6%, mientras que otro 7,7% sigue en manos de seis “reinversores”, accionistas que en 2018 vendieron al fondo de Nueva York pero continúan en NTV, entre ellos no sólo Montezemolo, sino también Peninsula Capital a través de PII1.

Quien abandonó el exitoso fondo de Borja Prado es Stefano Marsaglia. En julio de 2021 vendió sus acciones a los otros dos socios por varios millones de euros, que acabaron en su sociedad de Sharjah, Casan Holding FZE. En julio de 2019, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo, declaraba como lugar de residencia los Emiratos Árabes Unidos. Desde agosto de 2022, Marsaglia es miembro del consejo de administración de Generali, la mayor aseguradora italiana y cuyo principal accionista es Mediobanca. El año pasado creó además una gestora, llamada Azzurra Capital, domiciliada en Dubái y que cuenta en su consejo asesor con Flavio Cattaneo, otro de los “reinversores” de NTV, su actual vicepresidente ejecutivo y, en el momento de la venta a GIP, consejero delegado de la compañía. Cattaneo también acompaña a Marsaglia en el consejo de administración de Generali.

GIP tampoco es un desconocido en España, porque es el tercer mayor accionista de Naturgy, con el 20,6% del capital.

Las apariencias engañan. Cuando se piensa en cómo un grupo de mercenarios conocido por sus extorsiones vende diamantes extraídos en la República Centroafricana, un país devastado por la guerra, la imagen que surge es la de un negocio en la parte trasera de una tienda de Bangui bajo la mirada desconfiada de un puñado de hombres armados, no una página de Facebook dirigida por una gemóloga aficionada al fitness y al punto de cruz.

Sin embargo, esa es la cara amable de Diamville. Una investigación, realizada por Mediapart, el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, el proyecto All Eyes on Wagner y con documentos compartidos y verificados por Dossier Center, muestra que esta discreta empresa centroafricana de importación y exportación de diamantes y oro es una rama del grupo Wagner, una empresa militar privada dirigida por el empresario ruso Yevgeny Prigozhin, cercano a Vladimir Putin y considerada como el brazo armado no oficial del Kremlin en el extranjero.

Si bien el interés de Wagner por los minerales está ya probado y parcialmente documentado, es la primera vez que se identifica a una empresa encargada de la venta y exportación de gemas, vinculada a la galaxia Prigozhin a través de numerosos hechos y documentos, y la primera vez que se revelan algunos de sus métodos, detallados por fuentes locales que han accedido a hablar a pesar de los enormes riesgos para su seguridad a los que se enfrentan.

Antes de su cierre, Lanadiamanter era una página de Facebook sin muchas pretensiones, con una veintena de suscriptores. Su primer post fue en enero de 2020. La mujer que la dirigía, Lana, se presentaba como gemóloga y promocionaba “diamantes naturales” que estaban a disposición de cualquiera por un precio.

En la página aparecían fotos de diamantes a la venta, de diversos colores y diseños –como un óvalo de 2,03 quilates puesto a la venta el 5 de febrero de 2020, o un dúo de piedras de talla esmeralda de 0,35 y 0,32 quilates ofrecido el 30 de enero de 2020–, pero Lana también mostraba detalles de su vida personal: la colección de libros de la que se había desprendido a precio de ganga cuando se mudó y no tenía espacio para llevárselos todos, fotos de cuadros hechos en punto de cruz o selfies en la cinta de correr dando las gracias a su entrenador deportivo.

A primera vista, nada relaciona a Lana y sus diamantes con la República Centroafricana, y menos aún con el negocio mercenario de Wagner. Sin embargo, la investigación de EIC, All Eyes on Wagner y Dossier Center confirma que esta página de Facebook y su administradora están vinculadas a las actividades de la empresa militar privada rusa.

Antes de que desapareciera, la página Lanadiamanter incluía en su biografía una empresa llamada Diamville y la dirección de correo electrónico de contacto villediam@gmail.com.

Diamville está inscrita desde el 28 de marzo de 2019 en el Registro Mercantil de la República Centroafricana con el número CA/BG2019B519. Su actividad declarada es la compra e importación-exportación de diamantes y oro. Y su dirección de correo electrónico de contacto es la misma que la página de Facebook Lanadiamanter: villediam@gmail.com.

Los vínculos entre la página de Facebook y la empresa centroafricana no terminan ahí. Gracias, entre otras cosas, al vídeo publicado en Youtube de una conferencia en la que interviene, es posible determinar la identidad de la gemóloga que está detrás de Lanadiamanter. Su nombre es Svetlana Troitskaia y, según su currículo publicado en Internet –y ya borrado–, es una profesional experimentada, ingeniera en física del diamante, que ha trabajado para una docena de instituciones públicas y privadas y había impartido clases en la Universidad Estatal Rusa de Prospección Geológica (MGRI).

De nacionalidad rusa, Svetlana Troitskaia dice estar radicada en Moscú, pero “dispuesta a viajar”. Y eso es precisamente lo que ha estado haciendo en los últimos años.

Desde agosto de 2018 hasta agosto de 2021, la experta en gemología dice que llevó a cabo un “proyecto empresarial” entre “Rusia y África”: “la puesta en marcha de una empresa internacional” cuyo nombre no se menciona, pero de la que fue responsable de “abastecimiento, valoración de diamantes en bruto, apoyo tecnológico para el procesamiento de diamantes, exportación y operaciones de importación”. Esta es la única empresa para la que ha trabajado y de la que no cita ni el nombre ni la página web.

Sus publicaciones en las redes sociales, sin embargo, dejan claro que esa “empresa internacional” que ayudó a poner en marcha era Diamville, a la que cita en varias de sus publicaciones en las redes sociales, como el 8 de enero de 2020, cuando publicó en Facebook: “¡Todos los diamantes están disponibles para usted! Envíeme un mensaje. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Todos sus sueños [están] en Diamville. No dude en preguntar”. El mensaje va acompañado de cuatro fotos aparentemente tomadas en su oficina, en las que se pueden ver unos 40 diamantes. El número de teléfono adjunto a la página de Facebook de Lanadiamanter, que anuncia Diamville, es de hecho el de la gemóloga, como pudo confirmar EIC llamándola el 29 de noviembre.

En Bangui, Diamville es discreta: no tiene publicidad, ni un cartel llamativo. Sólo una discreta oficina en el barrio de las 200 Villas. Al igual que otras empresas vinculadas a Wagner –aquí se puede consultar la investigación de EIC sobre la exportación de madera desde la región de Bois Rouge–, su administrador es oficialmente de nacionalidad centroafricana: Bienvenu Patrick Setem Bonguende, según el registro mercantil del país. Pero hay dos problemas. El primero: el exministro de Minas admitió en una entrevista concedida en junio de 2020 al medio ruso Sputnik que Diamville era una empresa rusa.

El segundo: contactado por teléfono por EIC, Bienvenu Patrick Setem Bonguende no pudo decir si era o no gerente de Diamville. Cuando se le preguntó tres veces al respecto, se limitó a repetir que podría “dar más información” al día siguiente. En una llamada posterior, no estaba disponible para responder.

Según las informaciones recabadas por EIC, All Eyes on Wagner y Dossier Center, Bienvenu Patrick Setem Bonguende es, en realidad, el chófer de una conocida figura rusa en Bangui, Dimitri Sytyi, directivo –civil– de Wagner y consejero no oficial del presidente centroafricano, Faustin-Archange Touadéra.

Los registros telefónicos compartidos y verificados por Dossier Center y facilitados a EIC indican que Setem Bonguende es el chófer de Sytyi. Dossier Center es una organización financiada por el opositor ruso Mijail Jodorkovsky. Tres periodistas que trabajaban para ella fueron asesinados en la República Centroafricana en julio de 2018 mientras investigaban las actividades de Wagner en el país.

Un profesional del sector de los diamantes confirmó a Mediapart que, para “fingir que no eran ellos”, los ciudadanos rusos que controlan Diamville “pusieron [la empresa] a nombre de su conductor”. Preguntado al respecto, Setem Bonguende negó conocer Sytyi y dijo que no era chófer.

En una investigación publicada en julio de 2022, Mediapart, EIC y la ONG OpenFacto demostraron que otra empresa centroafricana, Bois Rouge, dedicada a la explotación forestal, estaba vinculada a las actividades del grupo Wagner en la República Centroafricana, y había recibido un trato sorprendentemente favorable de las autoridades de ese país. Un detalle interesante: Bois Rouge y Diamville se registraron el mismo día en el registro mercantil centroafricano, el 28 de marzo de 2019. Sus respectivos administradores, Bienvenu Patrick Setem Bonguende y Anastasie Naneth Yakoïma, son amigos en Facebook.

Otros elementos confirman la existencia de estrechos vínculos entre Diamville y la galaxia de empresas propiedad de Evgeny Prigozhin. Entre ellos, tres series de documentos obtenidos y analizados por Dossier Center.

El primero es una serie de fotos, sin fecha, pero probablemente tomadas en la República Centroafricana entre finales de 2018 y 2020. En una de ellas se ve a la gemóloga de Diamville, Svetlana Troitskaia, asistiendo a un acto oficial con dos incondicionales de Wagner en la República Centroafricana: el jefe civil de Wagner Dimitry Sytyi y el africanista Evgeny Kopot.

También se puede ver a las autoridades locales, incluido el prefecto de Lobaye, Francis Bangué Doungoupo, estrechando la mano de los rusos. Lobaye es una región del oeste de la República Centroafricana en la que ya están establecidas varias empresas de la galaxia Prigozhin, como Lobaye Invest y Bois Rouge.

La segunda prueba de la afiliación de Diamville a Wagner: según los documentos obtenidos y comprobados por Dossier Center y verificados por EIC y All Eyes on Wagner, la gemóloga de Diamville, Svetlana Troitskaia, firmó un contrato de trabajo en agosto de 2018 con una empresa llamada Service K Ltd, con sede en San Petersburgo y dirigida por Yana Nikitina.

Según este contrato y un acuerdo de confidencialidad al que esta investigación ha tenido acceso, Svetlana Troitskaia fue empleada allí como tasadora. Otros documentos internos obtenidos por Dossier Center parecen indicar que Yana Nikitina ocupa cargos en la dirección de recursos humanos de varias empresas vinculadas a Yevgeny Prigozhin.

Pero lo más importante es que el nombre de la gemóloga Svetlana Troitskaia también aparece en un documento contable de la empresa M-Finance con fecha de octubre de 2018. La empresa M-Finance, con sede en San Petersburgo, fue sometida a sanciones del Tesoro de Estados Unidos en septiembre de 2020 por sus vínculos con Yevgeny Prigozhin, que es “propietario o controla” la empresa, y con el grupo Wagner.

Según el documento contable, Troitskaia fue contratada como tasadora y estuvo en la República Centroafricana durante todo el mes de octubre de 2018. Entonces cobraba un salario de 500.000 rublos, unos 6.700 euros.

Estos hechos y fechas coinciden con un último documento sobre la especialista en piedras preciosas: un billete de avión obtenido y verificado por Dossier Center, según el cual viajó de Moscú a Bangui vía Casablanca el 14 de septiembre de 2018.

¿Por qué pasar por este complejo montaje de empresas –Diamville, Service K, M-Finance– para que la gemóloga trabaje? Ni Diamville ni Svetlana Troitskaia ni Dimitri Sytyi ni Evgueny Prigozhin respondieron a las preguntas de EIC y el resto del grupo investigador.

Queda una pregunta: ¿de dónde proceden exactamente los diamantes que vende Diamville y en qué condiciones se han extraído? El Proceso de Kimberley, un acuerdo internacional entre Estados, profesionales del diamante y organizaciones de la sociedad civil establecido en 2003 para luchar contra el comercio de minerales de sangre, enumera las regiones de la República Centroafricana en las que supuestamente se pueden extraer diamantes sin riesgo de contribuir a la financiación de guerras: ocho subprefecturas en total, situadas en la parte occidental del país, que se han librado relativamente de los combates.

¿Estos diamantes proceden de estas zonas verdes, o posiblemente de las zonas rojas? ¿Fueron producidos por Lobaye Invest, otra empresa vinculada a Wagner activa en la República Centroafricana y ahora dirigida por Dimitri Sytyi, el ejecutivo de Wagner fotografiado con la gemóloga Svetlana Troitskaia? Según los permisos de minería disponibles en internet, Lobaye Invest ha obtenido permiso para extraer diamantes y oro en cinco zonas, cuatro de las cuales se encuentran en zonas rojas delimitadas en el Proceso de Kimberley: Bangassou, Ouadda, Bria y Sam-Ouandja. Estos permisos, concedidos en abril y junio de 2018, se otorgaron por un periodo de tres años renovable.

La página de Facebook de Lanadiamanter no especifica la procedencia de la mercancía que ofrece. Un mensaje dejado en Instagram por Svetlana Troitskaia el 11 de septiembre de 2020, simplemente sugiere que, en efecto, provienen de la República Centroafricana: “¡Estamos listos para ofrecerte un contrato exclusivo de piedras en bruto del corazón de África!”, se lee en un post que ofrece “venta directa”.

Para saber más hay que recurrir a otros actores del sector. Mediapart entrevistó a cuatro profesionales que trabajan o han trabajado en la República Centroafricana en los últimos años: un gerente y un exgerente de empresas de importación y exportación de oro y diamantes, un empleado de una compañía minera que opera en la República Centroafricana y un recolector, la persona que compra piedras preciosas directamente a los mineros para revenderlas a las firmas de exportación. Todos ellos pidieron hablar de forma anónima debido al riesgo que corren.

Y todos confirmaron el vínculo entre Diamville y Wagner. También confirman que Diamville opera en zonas no autorizadas por el Proceso de Kimberley, a menudo mediante prácticas ilegales.

“Nosotros [profesionales] del sector [del diamante] sabemos que lo que pasa por ellos [Diamville] es producto del saqueo y de otras cosas. Se las quitan [las piedras] a la gente por la fuerza, a los recolectores pobres y a los artesanos pobres”, explica el director de una oficina de importación y exportación. “Dondequiera que haya minas y excavadores, esta gente [los vinculados a Wagner] está allí, armada. Cuando alguien [un minero de oro o diamantes] encuentra algo bueno, van hacia esa persona... Incluso ha habido asesinatos así, para llevarse la mercancía de otras personas”.

“Los rusos están por todo el territorio, especialmente en las zonas mineras. Donde tienen control militar, explotan las minas. Y donde no tienen control militar, siguen viniendo de vez en cuando, se llevan lo que la gente tiene [como minerales] y los matan”, indicó un segundo entrevistado, antiguo director de una oficina de importación-exportación.

Al ser preguntados por estas acusaciones, el Ministerio de Minas de la República Centroafricana, contactado a través de su Oficina de Evaluación y Control de Diamantes y Oro (Becdor); Diamville, contactada a través de su dirección de correo electrónico villediam@gmail.com, y la gemóloga Svetlana Troitskaia, contactada por teléfono, no quisieron responder.

Según estas fuentes, Diamville puede obtener los diamantes que exporta de otras dos fuentes. La primera es a través de las incautaciones de la Unidad Especial Antifraude del Ministerio de Minas. Si bien en el pasado esta unidad solía subastar los frutos de sus confiscaciones, que podían ser adquiridos por cualquier empresa de importación y exportación, esto ya no es así, aseguran dos de las fuentes consultadas, que sospechan que los frutos de estos decomisos están ahora reservados para Diamville. Preguntado por el fin de estas subastas, el Ministerio de Minas tampoco ha querido responder.

Para asegurarse grandes cantidades de diamantes, la empresa también puede haber ampliado su influencia sobre los recolectores. “La mayoría de los recolectores independientes están financiados por los rusos. Los prefinancian y [a cambio] ellos venden a Diamville. Hoy en día, un recolector independiente no puede trabajar si no lo hace con Wagner”, afirma el antiguo responsable de la empresa de exportación, que estima el importe de la “prefinanciación” pagada por Diamville en “entre 80.000 y 200.000 euros” por persona.

“Así es”, confirma un recolector que ha cesado sus actividades de momento, por “miedo”. A cambio de esta prefinanciación, “les vendes todo lo que encuentras, sólo a ellos”, dice. Y añade: “Aquí, en la República Centroafricana, cualquiera que intente averiguar algo sobre los rusos será el objetivo. Mientras hablo, si consiguen desencriptar nuestra comunicación, estoy muerto”.

Por último, las cuatro fuentes consultadas aseguran que las autoridades centroafricanas ya no ejercen ningún control sobre las actividades de sus aliados rusos en el sector minero. Una de ellas relata la desventura de unos empleados del Ministerio de Minas que querían ir a inspeccionar la mina de oro de Ndassima, que cayó recientemente en manos rusas, el pasado mes de mayo: fueron “perseguidos como ladrones” y “amenazados dos veces”.

“Puede que el ministro no les responda porque esta empresa [Diamville] es especial... Es problemática. Y a veces la gente prefiere conservar su empleo antes que decir la verdad”, señaló un funcionario centroafricano que trabaja en un ministerio y con el que esta investigación se puso en contacto.

A pesar de estas condiciones de producción posiblemente ilegales, EIC y sus socios comprobaron que Diamville consiguió exportar algunas de sus piedras a Europa. Las cifras oficiales de las exportaciones de diamantes de la República Centroafricana –que las autoridades centroafricanas no quisieron compartir, pero que esta investigación pudo obtener de otras fuentes– muestran un total de 996,56 quilates exportados por Diamville al extranjero entre octubre de 2019 y enero de 2022.

Una cifra “muy, muy baja”, que probablemente representa la parte sumergida de las actividades de la empresa, dice el exdirector de la oficina de exportación. “Es muy, muy poco, teniendo en cuenta el número de recolectores y artesanos que tienen en el campo. En el sector, todos saben que están presentes en todo el territorio”, advierte. “En tres semanas, un recolector puede poner en el mercado 2.000 quilates. En condiciones normales, al encontrarse una empresa con tan escasas exportaciones, el Ministerio de Minas debería reaccionar y hacer preguntas. ¿Por qué no lo ha hecho?

En la República Centroafricana, el contrabando de diamantes está muy extendido, incluso es “dominante”, según un informe de 2019 de USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que depende del Departamento de Estado).

Aunque solo muestran una parte de las actividades de la empresa, las cifras oficiales sobre Diamville son reveladoras. Indican que, si bien la mayoría de los diamantes vendidos oficialmente por la empresa tienen como destino Dubái, algunos también se vendieron a Europa. En octubre de 2019, según las cifras oficiales de exportación del Gobierno centroafricano, la empresa vinculada a Wagner exportó 296 quilates a Bélgica, a la ciudad de Amberes. ¿Qué comprobaciones realizaron las autoridades de la Unión Europea para garantizar que estos diamantes no estuvieran relacionados con actividades ilegales o posibles violaciones de los derechos humanos? Cuando se le preguntó, la Comisión Europea se remitió a las responsabilidades de los Estados miembros. Las aduanas belgas, interrogadas al respecto el 1 de diciembre, aún no habían respondido en el momento de redactar este información.

Desde diciembre de 2021, el grupo Wagner figura en la lista de sanciones europeas por sus graves violaciones y abusos de los derechos humanos, también en la República Centroafricana. A partir de esa fecha, empresas y ciudadanos europeos tienen prohibido hacer negocios con Wagner. Pero muchas de las compañías que pertenecen al grupo ruso no figuran en la lista por su nombre: empresas como M-Finance o Lobaye Invest no aparecen en la lista de sanciones de la UE, mientras que sí están en la lista de sanciones de Estados Unidos. La cuenta de Facebook Lanadiamanter fue cerrada por sus propietarios el 25 de noviembre, pocas horas después de que EIC y sus socios enviaran preguntas sobre las actividades de Diamville a Svetlana Troitskaia, Dimitri Sytyi y Evgeny Prigozhin.

Svetlana Troitskaia confirmó por teléfono el 29 de noviembre que había recibido la lista de preguntas que esta investigación le había enviado por escrito el día 25 del mismo mes sobre Diamville, sus vínculos con las empresas de Prigozhin, el origen de los diamantes que vende en internet y si los diamantes se extraían ilegalmente o abusando de los derechos humanos. “No tengo nada que decirle. He recibido su mensaje y no tengo nada que decir [...] Sin comentarios [...] Sin comentarios”, respondió antes de colgar.

Preguntado por Mediapart sobre sus vínculos con Diamville, Evgeny Prigozhin, el dueño de Wagner, contestó haciendo lo que mejor sabe hacer: trolear. “Justine, si quieres respuestas a tus preguntas, no tienes que hacerlas de forma tan grosera”, desafió primero a la periodista francesa, antes de simular una respuesta: “He averiguado detalles sobre Diamville. Es propiedad de Emmanuel Macron a través de un testaferro. El chantaje lo llevan a cabo unidades especiales de la OTAN llamadas SDFA (Steal diamonds from Africa o Robar Diamantes de África). Su volumen de negocios diario por la venta de diamantes alcanza los 7.400 millones de dólares, supuestamente exportados a París todos los miércoles a las seis de la tarde, pero aún no nos han dicho cómo. La investigación está en marcha”.

Pocos negocios más sofisticados e inextricables para el profano que las criptomonedas. Ese nuevo El Dorado que ha surgido del mundo digital y sobre el que hay más recelos que regulación. Pero habría que forzar mucho la imaginación para adivinar que, detrás de Tether, la tercera mayor criptodivisa del mundo y, supuestamente, la más estable, puede haber un fraude típicamente analógico, mucho más prosaico y con menos glamur: los llamados carruseles del IVA, que las autoridades europeas llevan años persiguiendo y desmantelando.

De hecho, los gestores de Tether y Bitfinex –la plataforma de intercambio de Tether–, el italiano Giancarlo Devasini, y el holandés Jan Van der Velde, llevan años haciendo negocios con Gennaro Rino Platone, nacido en los Países Bajos, de padre italiano y madre gallega, considerado el organizador –y principal beneficiario– de algunas de las mayores estafas del IVA en Europa de la última década. Con una intensa vinculación con España, donde fue detenido y condenado, Platone también ha sido sentenciado en Alemania e investigado en su país natal y en Italia.

Así se deduce de las investigaciones llevadas a cabo por Il Fatto Quotidiano, infoLibre, NRC Handelsblad y Der Spiegel, todos ellos miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC).

II Fatto Quotidiano y el consorcio EIC han pedido a Tether, Bitfinex, a Devasini y Van der Velde, así como al abogado español de Rino Platone, que comentaran estas informaciones, pero ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que se les han enviado.

Noviembre ha alumbrado un nuevo cryptocrash. La semana pasada el bitcoin se hundió a niveles de 2020, en plena pandemia. Y arrastró a las demás criptomonedas en su caída. El motivo fue la renuncia de Binance, la mayor plataforma de compraventa de monedas digitales, a comprar a una de sus competidoras, FTX, afectada de una grave crisis de liquidez, lo que ha noqueado un mercado ya de por sí volátil y abonado a la desconfianza. El miedo al contagio ha obligado a otras monedas y plataformas a marcar distancias con FTX. Una de ellas, Tether, la que se publicita como criptomoneda estable porque cada una de ellas está respaldada por un dólar, se ha apresurado a dejar claro que no está “expuesta en absoluto” a FTX. Así intentaba frenar el deterioro de la criptodivisa, que ha perdido su paridad con el dólar. Pero el pasado jueves se supo que el Departamento de Justicia de EEUU había pedido a Tether que bloquee 46,3 millones de dólares pertenecientes a FTX. Así que Tether acaba de sufrir la mayor caída desde el pasado mayo, después de que sus clientes retiraran de sus cuentas 16.000 millones de dólares en una semana, según publica Forbes. Ya hay incluso quien ha visto que el negocio está en apostar contra la criptomoneda, asegura la revista.

Nada extraño si, además, se tiene en cuenta que la supuesta solvencia de Tether Holding Limited, la empresa que emite los tethers, lleva en entredicho desde que nació y no ha dejado de ser investigada por la Justicia de Estados Unidos. Pese a que en estos momentos hay 69.000 millones de tethers en circulación, son muchas las dudas sobre si la empresa cuenta en efecto con una cantidad equivalente en dólares. Si así fuera, dice la agencia Bloomberg, Tether sería uno de los 50 mayores bancos de EEUU.

De momento, la Fiscalía de Manhattan acaba de hacerse cargo de una investigación por fraude a los bancos de la que se tuvo noticia en 2021 gracias a Bloomberg: el Departamento de Justicia de EEUU estaba ya entonces tras la pista de Tether por el uso que sus gestores hacen de las entidades financieras para depositar dinero y procesar las transacciones de sus clientes. Como norma, los bancos se muestran renuentes a abrir cuentas para intercambios de criptomonedas por miedo a vulnerar las leyes antiblanqueo. Sin ir más lejos, el pasado lunes la filial del Santander en Reino Unido ha anunciado que en 2023 bloqueará las transferencias a plataformas de criptodivisas. Y desde este mismo martes limitará los pagos a las plataformas a un máximo de 1.147 euros por transferencia y a un máximo de 3.439 euros al mes.

Pero ya antes, en 2017, Tether había sido investigada por la Comisión del Mercado de Futuros de Materias Primas y el FBI. Y tuvo que pagar 18,5 millones de dólares para sellar un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía de Nueva York que la comprometía a publicar extractos trimestrales de sus cuentas. Según la Comisión del Mercado de Futuros de Materias Primas, Tether nunca dispuso de más de 61,5 millones de dólares en fondos cuando en circulación tenía 442 millones de criptomonedas. Una investigación separada de la fiscal general de Nueva York Letitia James descubrió también que Tether y Bitfinex, su plataforma de intercambio y con la que comparte dueños, había ocultado pérdidas y mentido en sus informes de cuentas. En total, ambas empresas tuvieron que pagar multas por importe de 61 millones de dólares para cerrar las investigaciones, sin admitir o negar ninguna infracción.

Ahora, la Fiscalía de Manhattan, una de las más agresivas y con más experiencia en la persecución de delitos cripto, vuelve sobre Tether.

¿Quiénes son los gestores de Tether Holding Limited y de Bitfinex, la plataforma donde se compran y venden los tethers? Giancarlo Devasini es su director financiero y Ludovicus Jan van der Velde, su consejero delegado. Ambos se hicieron con el control de Tether en enero de 2013. Devasini es un cirujano plástico italiano de 59 años que dejó el bisturí en la década de los 90 para fundar empresas de electrónica y fue condenado por vender software falsificado de Microsoft en 1996. El holandés Van der Velde es emprendedor del sector de alta tecnología y vive en Hong Kong. Antes de unirse en el mundo cripto, Devasini y Van der Velde compartían un grupo de sociedades con el mismo nombre, Perpetual Action Group Asia Inc, que se fundó en 2003 en Hong Kong. Van der Velde fue su director general entre 2006 y 2012. Exportaba productos electrónicos a grandes minoristas como la cadena británica Tesco.

Por su parte, Devasini fue el liquidador de Perpetual Action Group SAM, fundada en Mónaco también en 2003 y disuelta en 2009. Como su homónima asiática, se dedicaba a la venta de material electrónico. Según declaró Tether al Financial Times, ambas empresas no estaban vinculadas, aunque Van der Velde y Devasini sí “estuvieron involucrados de alguna manera” en las dos sociedades. Lo cierto es que la página web de Perpetual Action Group Asia dice otra cosa: Perpetual Action Group Mónaco era la filial comercial en Europa de la empresa de Hong Kong, que tenía plantas de producción en Shenzen (China) y otra filial comercial en San Dimas (California). Las dos, por tanto, formaban parte del mismo grupo.

El siguiente paso es el que une Perpetual Action Group Asia con Bitfinex, la plataforma de Tether. En efecto, los propietarios de Bitfinex son las empresas Ifinex, Bfxna y Bfxww. Y el dueño de Ifinex es DigFinex –también propietario de Tether Holdings Limited junto a Devasini y Van der Velde--. Tras DigFinex figuran, además de Devasini y Van der Velde, Paolo Ardoino, Phil Potter, Stu Hoegner… y Perpetual Action Group Asia. Toda esta retahíla de sociedades y nombres aparecen en la demanda que Bitfinex y Tether presentaron en abril de 2017 contra el banco estadounidense Wells Fargo, que había bloqueado transferencias que Tether había hecho a través de bancos de Taiwán.

Pues bien, la monegasca Perpetual Action Group SAM fue una de las sociedades utilizadas en un macrofraude desvelado por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en España en 2006. La Operación Medina reventó la enorme trama que habían utilizado los dueños de Infinity Systems, el fabricante de los portátiles Airis, para defraudar más de 400 millones de euros a Hacienda. Tal era el número de empresas utilizadas en la estafa y el número de acusados –más de 50– que la Audiencia Nacional dividió la instrucción en cinco piezas separadas. El sumario está formado por 55 tomos. Y el procedimiento ha sido tan largo que la última sentencia es de 25 de febrero de 2022. Es decir, se ha prolongado durante 16 años. Por el camino, han fallecido media docena de los acusados. Las siete sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, tras los recursos de algunos de los condenados, reconocen como atenuante de las penas la “dilación indebida” del proceso, el mayor que se ha abierto en España.

Gennaro Rino Platone es uno de los más de 50 condenados. Según queda establecido en las sentencias del caso, el italo-holandés “dirigía desde los Países Bajos el tránsito europeo de la mercancía”. Para ello contaba con las sociedades Facet Europe BV y Facet Holding BV, así como otra en Suiza, Formosa SA; una más en Italia, King Com SRL, y una tercera en Mónaco, la ya citada Perpetual Action Group SAM; es decir, la filial de Perpetual Action Group Asia que es accionista de Tether. Es más, los jueces aseguran que los “contactos familiares y comerciales de Rino Platone en Europa” permitieron a Infinity Systems vender mercancías en 2005 por importe de 54,61 millones de euros a estas tres últimas sociedades y a Facet Europe BV, y por 38,04 millones más en 2006. Además, poseía otra empresa en Austria, Suyama GmbH, también metida en el carrusel.

El fraude consistía en reclamar a Hacienda la devolución de un IVA que no se había pagado, aprovechando que las ventas entre países de la Unión Europea están exentas de ese impuesto. Para ello la trama utilizaba toda una cadena de empresas, llamadas “truchas”, porque carecían de capital, actividad aparente y a cuyo frente se situaba un testaferro. Algunos de ellos eran personas indigentes. Estas empresas simulaban vender material informático o de telefonía móvil a otras sociedades pantalla, estas sí con una actividad comercial real, que a su vez lo revendían a empresas extranjeras, sin repercutir el IVA, pero pidiendo su devolución. Después, la mercancía regresaba a España y vuelta a empezar. Por eso se le conoce como “fraude del carrusel”. Los partícipes se repartían comisiones del 16%, el tipo del impuesto en los años en que se cometió la estafa, entre 2004 y 2006. Así, pues, las empresas implicadas se extendían por toda España, Países Bajos y Suiza.

En mayo de 2018 la Audiencia Nacional condenó a Rino Platone a un total de 21 meses y 45 días de prisión por tres delitos agravados contra la Hacienda Pública, así como a seis meses más por asociación ilícita. Pero sigue en el punto de mira de la policía española. Según las fuentes consultadas por infoLibre, viajaba a menudo a España tanto por motivos profesionales, para reunirse con miembros de las tramas del IVA, como por motivos personales, para visitar a su familia o de vacaciones. En una de esos descansos, fue detenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que depende de la Agencia Tributaria y fue el cuerpo que llevó a cabo la Operación Medina, en el aeropuerto de Barajas cuando iba a volar a Ibiza. Fue conducido a Zaragoza y pasó 15 días en prisión antes de salir bajo fianza de 250.000 euros, pese a la oposición tanto del fiscal como del abogado del Estado. Por entonces se le buscaba por la Operación Revival, otro carrusel del IVA desarticulado en julio de 2009 con una treintena de testaferros y sociedades repartidas por Rumanía, Bulgaria, Chipre y Malta. El fraude, igualmente con productos informáticos, ascendió a 62 millones de euros. Hubo 16 detenidos y se investigaron más de 50 cuentas bancarias. El caso aún está pendiente de juicio.

Platone volaba a Ibiza porque allí había comprado una vivienda de lujo a través de sociedades interpuestas que la policía no llegó a identificar. Según las fuentes consultadas, el italo-holandés posee una considerable fortuna, hasta el punto de haber sido considerado en su momento uno de los 15 hombres más ricos de los Países Bajos. La plataforma de periodismo de investigación Follow The Money asegura que, gracias a la importación de productos electrónicos de Asia, una de sus empresas, Facet, llegó a facturar 500 millones de euros en 2005.

Pero el historial delictivo de Platone en España no acaba ahí. Su nombre apareció en una tercera operación, bautizada como Basile, que la Agencia Tributaria desarrolló en junio de 2008. Otro carrusel que defraudó más de 100 millones de euros en cuatro años. También está pendiente de juicio.

Más reciente es su condena en Alemania. En enero de 2019, un tribunal de Ausburgo, en Baviera, le condenó a dos años y 10 meses de prisión por un fraude del IVA, una vez más, que ascendía a 60 millones de euros. La estela de su conducta empresarial incluso alcanzó proyección comunitaria cuando el Tribunal Supremo holandés elevó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2010 una cuestión prejudicial sobre las ventas de sus empresas, Facet BV y Facet Trading BV, a clientes españoles. Platone reclamaba a la Hacienda holandesa que le devolviera el IVA de esas operaciones. Tanto el TJUE como el Supremo holandés le negaron esos desembolsos. Al empresario lo investigaba el Belastingdienst, la Agencia Tributaria holandesa, y su policía fiscal (FIOD), en gran parte apoyándose en las informaciones remitidas desde España, Portugal e Italia.

Pero aún hay un tercer vínculo entre Gennaro Rino Platone y los dueños de Tether. El italo-holandés no sólo se ha dedicado a la informática, sino también a otro sector emergente: las energías renovables. Desde la primera década de los 2000 invirtió en Yuraku, que fabrica paneles solares, a través de un holding holandés que administró desde mayo de 2008 hasta finales de 2009, Yuraku Holding, que controlaba Yuraku Pte, el centro de producción, ubicado en Singapur. Escarbando en la memoria de los servidores en busca de la página web de Yuraku Pte –ahora fuera de línea–, aparece que la empresa de Singapur controlaba a su vez la italiana Yuraku Srl y la californiana Yuraku USA Ltd. La empresa estadounidense fue fundada en mayo de 2008 y disuelta el 2 de julio de 2012 por Ludovicus Jan van der Velde, que era entonces su consejero delegado y hoy lo es de Tether y Bitfinex. El 15 de diciembre de 2009, una joint-venture de Yuraku inauguró dos plantas solares de un megavatio cada una en Tarento, en el sur de Italia.

Además, Devasini, Van der Velde y Platone comparten un antiguo directivo de esta empresa, Alain Montilla. El ejecutivo, que no ha sido investigado por estos hechos, trabajó desde enero de 2006 hasta noviembre de 2007 como director comercial de Perpetual Action Group SAM, la empresa monegasca dirigida por Devasini e implicada en la Operación Medina. Anteriormente, de diciembre de 2002 a diciembre de 2005, ese directivo desempeñó el mismo cargo en la holandesa Facet Europe BV propiedad de Platone, y en diciembre de 2007 pasó a ser director general de Yuraku Pte en Singapur.

Queda así completado el carrusel societario entre los dos gestores de la criptomoneda Tether y el italo-holandés que se hizo rico gracias al fraude del IVA.

La periodista de Reuters Sonia Rolley fue expulsada de la República Democrática de Congo (RDC) el pasado día 8 en una decisión que el Ministerio de Comunicación de ese país justifica por las “actividades previas” de la reportera, en referencia a la investigación Congo Hold-Up, en la que la reportera participó junto con el resto de los medios de EIC (European Investigative Collaborationes) y organizaciones como PPLAAF, The Sentry y Public Eye, entre otras.

Rolley, de nacionalidad francesa, se encontraba en Congo con un visado de tres meses, obtenido el pasado octubre, y a la espera de que las autoridades del país africano le concedieran su acreditación de prensa. A mediados de septiembre, un representante del Ministerio de Comunicación dio a la periodista confirmación por escrito de que su acreditación había sido aprobada, pero el documento no llegó a ser emitido.

Justo antes de ser conducida a un avión de vuelta a Francia, las autoridades de inmigración congoleñas entregaron a Rolley un informe del Ministerio de Comunicación según el cual ese departamento había revocado su decisión inicial por las “actividades” realizadas por la periodista con anterioridad. Sonia Rolley, entonces en nómina de Radio France International (RFI), formó parte de las investigaciones que dieron lugar hace un año a Congo Hold-Up sobre la corrupción en torno a la familia del expresidente Joseph Kabila y el Banque Gabonaise et Française internationale (BGFI). Las fiscalías francesa y belga han abierto sendas investigaciones sobre las empresas de ambos países implicadas.

“Es una indicación clara de que Sonia Rolley ha sido castigada por su trabajo de investigación previo en Congo Hold-Up”, asegura EIC en un comunicado. La red de investigación europea, de la que forma parte infoLibre junto con medios como Mediapart, Der Spiegel, Le Soir, De Standaard, Il Fatto Quotidiano o Expresso, entre otros, califica la expulsión de la periodista francesa de “ataque grave a la libertad de prensa” que, además, “manda un mensaje alarmante a otros periodistas”.

Rolley ha trabajado durante dos décadas en la República Democrática del Congo, elaborando informaciones de interés público “con el máximo nivel de integridad y profesionalismo”, destaca EIC. La red exige a Radio France Internationale, Reporteros sin Fronteras, Reuters y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que se pronuncien inmediatamente contra lo que considera un ataque indisimulado contra la libertad de información. También exige a las autoridades del Congo que adopten las medidas adecuadas para garantizar la libertad de prensa.

Unicredit, el segundo banco de Italia, conocía desde 2002 el ardid ideado por el gigante francés de lujo Kering, el dueño de Gucci e Yves Saint Laurent, entre otras marcas de postín, para eludir el pago de impuestos. Sabía que el grupo del multimillonario Francois-Henri Pinault, entonces llamado PPR, había creado una empresa en Suiza, LGI, que servía para comprar bolsos y cinturones a otras filiales de la multinacional, con sedes en Italia y Francia, para luego revenderlos a tiendas de todo el mundo. Todo ello con el objetivo de transferir la mayor cantidad posible de beneficios a Suiza, aprovechándose así de un tipo impositivo mucho más bajo que en Italia y Francia.

Kering fue procesada en Francia e Italia por una gigantesca trama de evasión fiscal, revelada en 2018 por Mediapart y la red de investigación EIC, a la que pertenece infoLibre, que permitió al grupo evadir al menos 2.500 millones de euros en impuestos. Mediapart ya reveló el pasado mes de febrero que Francia había sido muy indulgente con los Pinault: la Fiscalía Nacional Financiera cerró la investigación penal, mientras que las autoridades fiscales cerraron un acuerdo muy ventajoso para Kering: el grupo sólo pagó algo más de 200 millones de euros para saldar la evasión fiscal de Yves Saint Laurent y Balenciaga, pese a que la Hacienda gala le había reclamado inicialmente al menos el doble de esa cantidad.

En Italia, Kering anunció en mayo de 2019 que había firmado un acuerdo con el fisco para zanjar el mismo caso en relación con su filial Gucci, la máquina de hacer dinero del grupo. Kering dijo que había pagado 1.250 millones de euros, incluidos 897 millones de euros en impuestos y el resto por intereses de demora y sanciones. Se trata de la mayor multa jamás negociada entre las autoridades fiscales italianas y una empresa. Pero, en realidad, consiguió un descuento de 748 millones, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por los medios que integran EIC.

Que esta estrategia fiscal era ilegal no se supo hasta mayo de 2019, cuando Kering anunció que había pagado esos 1.250 millones de euros para cerrar el mayor acuerdo fiscal jamás alcanzado entre el Gobierno italiano y una empresa privada, pero una serie de documentos obtenidos por Il Fatto Quotidiano y compartidos con EIC revela que Unicredit lo sabía desde mucho antes: el banco era consciente desde el principio de que LGI SA se había creado para pagar los menos impuestos posibles, e incluso puso sus herramientas a disposición de la multinacional del lujo para ayudarla en la tarea.

“LGI compra los productos acabados directamente a empresas de logística en distintos países –la marroquinería, el calzado y el prêt à porter, principalmente en Italia, los cosméticos y la ropa en Francia, y otros artículos y en Reino Unido– y los vende a sus filiales minoristas de todos los países, utilizando un precio de transferencia que le permite maximizar los efectos de un tipo impositivo local especialmente favorable”. Era el 10 de diciembre de 2002 cuando la división de crédito de Unicredit, con sede en Florencia, puso estas palabras en un informe. El banco dirigido entonces por Alessandro Profumo tenía que decidir si prestaba dinero a LGI, 70 millones de francos suizos –70,63 millones de euros– y así describió las actividades de la filial suiza de Kering en un documento interno, adjuntando su balance auditado. Finalmente concedió el préstamo, y no sería la única vez que Unicredit acudió al rescate del grupo de Pinault.

Casi cuatro años después, el 30 de marzo de 2006, el banco italiano tenía que decidir si renovaba otra línea de crédito a LGI, esta vez por 150 millones de francos suizos, con un vencimiento de tres años. En un documento denominado corporate origination, la división del banco encargada de las empresas recuerda una vez más la finalidad del régimen de sociedades cuyo centro ocupaba LGI: “Permite maximizar las ventajas de un tipo impositivo local muy favorable”.

La primera página explica que el préstamo de 150 millones de francos suizos sustituirá a otro de 100 millones que vence el 16 de mayo de 2006. La peculiaridad radica en que esa línea de crédito de la que hablaban los directivos italianos había sido concedida a la sucursal suiza por Unicredit Londres, no por una oficina italiana. ¿Por qué eligieron una ruta tan tortuosa? Unicredit no ha respondido a ninguna de las preguntas que EIC le ha planteado al respecto. Se ha limitado a decir que no comenta asuntos relacionados con sus clientes, como es su práctica habitual.

Lo cierto es que los documentos demuestran que durante los años en que Kering utilizó LGI para trasladar sus beneficios a Suiza, Unicredit la financió en gran medida. Un informe de septiembre de 2008 muestra que el banco tenía en ese momento una exposición total a Kering de 486 millones de euros, con propuestas para llegar a 561 millones de euros. Por otro lado, el grupo de Pinault garantizó al banco unos márgenes elevados: 1,4 millones en 2007, 1,9 millones era la previsión para 2008. Y no iban a ser los últimos, porque las posibilidades de negocio seguían ampliándose.

“LGI tenía una posición financiera con amplia liquidez, gracias a los elevados márgenes y a un tipo impositivo favorable, pero los objetivos de la dirección se centraban en el flujo de caja operativo –FFO o fondos procedentes de las operaciones– más que en el efectivo disponible. Para optimizar la tesorería, los responsables de LGI, junto con los de Unicredit, estudiaron y pusieron en marcha una operación estratégica para el grupo”, afirma un antiguo ejecutivo de Unicredit que siguió de cerca el expediente de Gucci.

La idea era hacer una operación de factoring: ceder los créditos al banco, que se encarga de gestionar el cobro a cambio de una comisión. Los créditos que LGI tenía con los proveedores italianos se vendieron a Unicredit, que los pagó inmediatamente, lo que permitió a LGI aumentar su liquidez. El 16 de diciembre de 2008 se firmó el contrato. Por un lado, LGI. Por otro, Factorbank AG, una pequeña filial austriaca de Unicredit. ¿Por qué no hacer la operación a través de UniCredit Factoring SPA, en su momento uno de los primeros operadores de anticipos de crédito de Italia?

Según el antiguo ejecutivo de Unicredit, que habló con EIC bajo condición de anonimato, la empresa austriaca participó porque “LGI no podía establecer una estructura con un banco italiano: ello habría puesto de manifiesto la subcontratación de la empresa suiza. Un grupo italiano que vende sus productos a las tiendas italianas a través de una empresa suiza y que liquida el crédito de la empresa suiza a través de un banco italiano habría supuesto poner en bandeja de plata a las autoridades fiscales italianas la verdad sobre el motivo de la creación de la propia LGI”. La verdad sólo se descubrió 11 años después.

El déjà vu ha sido inevitable. Cuando Mediapart, diario digital francés del que es socio infoLibre, desveló este miércoles que el Paris Saint-Germain (PSG) había contratado a una agencia para desplegar un ejército de trols con el que atacar a medios de comunicación y a quienes consideraba enemigos, desde la expareja de Neymar hasta Kylian Mbappé durante los días en que coqueteó con el Real Madrid, en España los aficionados al fútbol no pudieron por menos que recordar el Barçagate. Así se bautizó el escándalo que llevó al ahora expresidente del club blaugrana Josep Maria Bartomeu al calabozo en marzo de 2021 y que aún sigue en fase de instrucción en los tribunales. Un año antes, la Cadena Ser descubrió que el Barcelona FC había contratado a una empresa llamada I3 Ventures para que lanzara campañas difamatorias contra periodistas, rivales como Joan Laporta o Víctor Font e incluso jugadores como Leo Messi, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Carles Pujol y el actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Pero puede que ambos casos sean algo más que dos simples granos de arena en el convulso fútbol europeo. Porque no hace ni una semana que Der Spiegel, que junto a Mediapart, infoLibre y hasta una quincena de medios de comunicación forma parte de la red European Investigative Collaborations (EIC), publicó que el principal accionista del Hertha BSC había pagado a una agencia de seguridad israelí para que espiara y montara una campaña digital contra el presidente del club berlinés, a quien quería despedir. Lo que la revista alemana califica como un “escándalo sin paragón en la historia de la Bundesliga” y compara con los métodos de la Stasi, la policía política de la Alemania del Este, ha terminado con la salida inmediata del inversor, Lars Windhorst, del Hertha. El presidente espiado y difamado, Werner Gegenbauer, ya había dimitido el pasado 24 de mayo.

Las campañas del PSG, propiedad del Estado de Catar, fueron obra de una empresa registrada en Barcelona y llamada DBB (Digital Big Brother), a cuyo frente se encuentra Lotfi bel Hadj, un empresario franco-tunecino que se dedica a gestionar la comunicación digital de personalidades, empresas o incluso Estados. Para el PSG creó un ejército digital de falsas cuentas en Twitter que atacaban a medios de comunicación que el club francés consideraba hostiles, como Mediapart y L'Equipe en Francia o Der Spiegel en Alemania, y al presidente del Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Pero también se ensañaron con el hincha que fue abofeteado por Neymar en abril de 2019 –revelaron su identidad– y pusieron en solfa la reputación de la mujer que había acusado a la estrella brasileña de violación. E incluso dispararon fuego amigo, contra su jugador Adrien Rabiot –y contra su madre, que también es su agente– y el ex director deportivo Antero Henrique. No se salvó ni Kylian Mbappé, el fichaje más caro de la historia del fútbol, cuando en 2019 insinuó que iba a dejar el club.

Según un informe elaborado por DBB, que revisa su actividad para el PSG en la temporada 2018/2019 y al que ha tenido acceso Mediapart, ese ejército de trols estaba supervisado por el departamento de comunicación del club parisino. La cuenta de referencia que lanzaba los ataques era Paname Squad, pero a su alrededor orbitaba una docena de cuentas asociadas: Lana PSG, Ultra Attitude, Janot PSG o La daronne du parc, que amplificaban las campañas.

Las similitudes con el Barçagate son más que significativas. El caso se destapó en febrero de 2020 y, como han hecho ahora tanto el PSG con DBB como el Hertha con Shibumi Strategy, el Barcelona negó haber contratado a I3 Ventures para mejorar la imagen del club o atacar a otros, sino sólo para monitorizar su actividad en redes sociales. Después se supo que el Barça había pagado al menos 980.000 euros a la empresa, fraccionados en facturas de 198.000 euros cada una para eludir el preceptivo control de la junta directiva. Aunque, según el informe que elaboraron los Mossos d’Esquadra, los pagos habían alcanzado los 2,31 millones de euros en tres temporadas, no sólo a I3 Ventures sino a todas las empresas del grupo Nicestream en el que estaba integrada. Los Mossos cifraban en un mínimo de 843.300 y un máximo de 1,22 millones de euros el perjuicio económico que ese contrato había infligido al club, porque pagó a ese grupo “un precio muy superior al trabajo realmente efectuado”.

El dueño de Nicestream era el uruguayo Carlos Rafael Ibáñez Constantino, quien en su momento también negó que gestionara contenidos para el Barça e incluso aseguró que los canales que se le atribuían no eran suyos. “Es como si nosotros tenemos un garaje y alquilamos la plaza a alguien, pero el coche no es nuestro”, explicó en una entrevista en Radio Catalunya. No obstante, Nicestream había hecho campañas similares para el conservador chileno Sebastián Piñera, el Gobierno del ecuatoriano Rafael Correa contra un diputado opositor o contra los Kirchner en Argentina. Según El País, la empresa de Ibáñez Constantino era la responsable de más de 900 cuentas que entre 2014 y 2015 se dedicaron a hacer campaña contra el secesionismo catalán. En 2015, I3 Ventures ofreció al PP por 1,4 millones de euros un trabajo similar al que hizo después para el Barcelona.

En el caso del PSG, Lotfi Bel Hadj y su empresa UReputation trabajaron en 2019 para el candidato presidencial tunecino Nabil Karoui mientras éste estaba en prisión. Entonces, Facebook cerró decenas de cuentas y páginas sospechosas de estar vinculadas a Bel Hadj. El think-tank Atlantic Council ha criticado sus prácticas en un informe titulado Operación Cartago

En el del Hertha berlinés, hay un componente que puede considerarse hasta humorístico. La agencia israelí Shibumi dedicó 20 personas al que denominó Proyecto Euro 2020. Agitaban los ánimos contra el presidente del club en redes sociales y foros. Los días de partido distribuían folletos y pegatinas contra Werner Gegenbauer. Contrataron a un dibujante para que lo caricaturizara como un demonio. Fueron, por tanto, más allá del mundo digital. También espiaron el entorno privado y profesional del ya expresidente del club. Incluso intentaron sonsacar información a la hija de Gegenbauer.

El precio de tanto trabajo era 1,5 millones de euros, en 12 plazos mensuales de 125.000 euros, en la línea de lo que pagó el Barça por su campaña. Pero, tras la dimisión de Gegenbauer, Shibumi exigió una comisión extra por objetivos cumplidos de cuatro millones de euros, a la que supuestamente se había comprometido Lars Windhorst de forma verbal en una reunión. Antes de eso, el inversor del Hertha ya había incumplido otros plazos de pago. Y se negó en redondo a abonar la comisión adicional. Así que el pasado mes de septiembre Shibumi le puso una demanda en un tribunal de Tel Aviv. Que retiró el mismo día que el diario británico Financial Times destapó el caso.

El Barçagate también está en los juzgados. En concreto, sigue aún en instrucción en el número 13 de Barcelona, del que es titular Alejandra Gil. Pero en estos casi tres años desde que estallara el escándalo, Bartomeu dimitió –ocho meses después, en octubre de 2020– y fue detenido en marzo de 2021, sólo seis días antes de las elecciones en el club que ganó Joan Laporta. También fueron arrestados otros tres de sus directivos: Óscar Grau, director general del club; Román Gómez Pontí, responsable de los servicios jurídicos, y Jaume Masferrer, jefe del gabinete de Presidencia. Todos ellos han sido investigados por administración desleal y corrupción entre particulares. Nada más saltar el escándalo, ya presentaron su dimisión seis de los máximos ejecutivos del Barça.

Al mismo tiempo, Bartomeu encargó una auditoría a PricewaterhouseCoopers, que en julio de 2020 descartó que el club hubiera encargado y pagado a I3 Ventures para difamar a jugadores u opositores al presidente, e incluso consideró de mercado el precio abonado a la empresa de Ibáñez Constantino. La consultora ayudaba así al club a salir del paso de las acusaciones que había lanzado en una entrevista en RAC1 el exvicepresidente Emili Rousaud, uno de los dimitidos. “Creo que alguien ha metido la mano en la caja”, aseguró, “si pagas un millón de euros por un trabajo que tiene un coste de mercado de 100.000... Blanco y en botella”.

No obstante, PwC estableció que el club no había cumplido los protocolos internos para aprobar el contrato, al haber dividido el pago total anual en abonos menores para evitar los controles.

El Hertha berlinés también se ha apresurado a anunciar una “investigación independiente”, que llevará a cabo un despacho de abogados.

Más similitudes. Los troles del PSG no dudaron en lanzar ataques personales a los periodistas que consideraban hostiles. Llegaron a revelar seis dígitos del número de teléfono móvil del director de Mediapart, Edwy Plenel. O publicaron una falsa portada de L’Equipe. En el Barçagate, los Mossos d’Esquadra, que registraron despachos en el Camp Nou y los domicilios de Bartomeu y su mano derecha, Jaume Masferrer, encontraron una lista negra de periodistas, confeccionada por I3 Ventures. En ella figuran desde el presidente de Mediapro, Jaume Roures, hasta el periodista Jordi Costa de Catalunya Ràdio o el de RAC1 Gerard Romero y el diario Ara Antoni Bassas. Cada uno de ellos con su respectivo apunte. “Hablar de que es parte de las mafias del club (¿hacer un informe de las mafias del club?), que Roures participó en todos los procesos de corrupción del club”. Sobre Costa: “Critica permanentemente a Bartu y a la Junta, es indepe y hay que hacer un research [investigación]”.

Jaume Roures presentó una demanda por injurias y calumnias por los ataques que recibió en las cuentas creadas por I3 Ventures. Una de ellas se llamaba, de hecho, Jaume un film de terror. La jueza Alejandra Gil la archivó el pasado mes de abril, argumentando que no existen indicios de que Bartomeu y Masferrer contrataran a la empresa de Ibáñez Constantino para publicar “en redes sociales contenidos dirigidos a faltar el respeto y a imputar delitos” al presidente de Mediapro. También sostiene que los comentarios de esas cuentas son “feos, inadecuados e innecesarios”, pero no constituyen un delito. En ellas se acusaba a Roures de acoger a etarras en su casa, pagar sobornos, financiar golpes de Estado, chantajear a los medios… Roures ya ha recurrido la decisión de la jueza.

En cambio, el titular del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona estimó en septiembre de 2021 la demanda por despido que había presentado la responsable de Cumplimiento del Barça, Noelia Romero. Según la sentencia, el club la despidió en represalia por investigar la contratación de I3 Ventures. Romero pedía la nulidad de su despido disciplinario, pero el juez sólo le concedió la improcedencia, al rechazar que la apertura de la investigación sobre la empresa digital fuera una falta grave.

A diferencia del Barça, la carrera judicial de las campañas tanto del PSG como del Hertha no han hecho más que empezar. El hincha que fue abofeteado por Neymar y luego atacado en las redes sociales por DBB ha anunciado a Mediapart su intención de presentar una demanda. En Berlín, Windhorst ya ha puesto a la venta el 64,7% del capital del Hertha que posee, y al mismo precio que lo compró. En el club invirtió durante los últimos tres años 374 millones de euros, lo que no ha impedido que se salvara casi de milagro del descenso a Segunda la temporada pasada. El Hertha ya ha exigido a Windhorst una declaración jurada de que no tiene relación con la campaña digital contra Gegenbauer. Que podría tener relevancia penal si más tarde se demuestra que miente.

“Adrien Rabiot. Gran HDP. No te mueves". A primera vista, se trata de un tuit vulgar aunque tristemente banal en medio de un océano de reacciones en las redes sociales. Pero en realidad, este mensaje publicado el 7 de marzo de 2019 es uno de otros cientos que fueron publicados por las cuentas controladas por el departamento de comunicación del PSG.

Mientras la justicia francesa investiga las turbias operaciones realizadas en nombre del club por un lobbista y ex policía (leer en francés aquí), Mediapart ha obtenido un informe que detalla minuciosamente las operaciones de influencia realizadas por un subcontratista del PSG entre 2018 y 2020. 

El documento revela que el club, propiedad del Estado de Qatar, creó un "ejército digital" de falsas cuentas en Twitter responsables de llevar a cabo incursiones muy violentas y a menudo groseras contra numerosos objetivos: medios de comunicación considerados hostiles al PSG como Mediapart y L'Equipe, el hincha abofeteado por Neymar (leer nuestra investigación aquí), la joven que acusó a la estrella brasileña de violación, y también personalidades del club como el jugador Adrien Rabiot y el ex director deportivo Antero Henrique. Incluso el emblemático Kylian Mbappé ha sido atacado cuando insinuó que podría dejar el club en 2019.

Nuestro documento de 50 páginas es un informe elaborado por la agencia Digital Big Brother (DBB), que revisa su actividad en nombre del PSG para la temporada 2018/2019. Registrada en Barcelona, DBB está controlada por Lotfi bel Hadj, un empresario franco-tunecino al frente de una miríada de empresas que contratan sus servicios a personalidades, empresas o Estados para gestionar su comunicación digital.

En 2019, Lotfi Bel Hadj y su empresa UReputation trabajaron para el candidato presidencial tunecino Nabil Karoui mientras éste estaba en prisión. A raíz de eso, Facebook cerró decenas de cuentas y páginas sospechosas de estar vinculadas a Bel Hadj, y el think-tank Atlantic Council criticó sus prácticas de influencia en un informe titulado "Operación Cartago".

El informe especifica que este ejército de trolls operado por DBB estaba supervisado por el departamento de comunicación del PSG, dirigido por entonces por Jean-Martial Ribes. Este fue, durante siete años, uno de los más estrechos colaboradores del presidente del club, Nasser al-Khelaifi, hasta que se marchó el pasado mes de mayo al departamento de comunicación de una filial del gigante del lujo LVMH.

Al ser contactado, el PSG dijo que "el club nunca ha contratado a una agencia para perjudicar a las personas e instituciones". Según nuestras informaciones, aunque no existía un contrato con el club, sí era el PSG quien pagaba los servicios de influencia digital prestados por Digital Big Brother.

La agencia también confirmó que trabajó para el PSG bajo las órdenes de "Jean-Martial Ribes". "Como director de comunicación, Ribes era, cuando estaba en el cargo, el garante de la estrategia de comunicación del París Saint-Germain. Y nuestro papel con él [...] era adaptar la estrategia establecida por el entonces director de comunicación en el espacio digital, con nuestras diferentes herramientas", dice DBB.

Al ser contactado, Jean-Martial Ribes no nos respondió. "Es evidente que el presidente no se ocupa de campañas en las redes sociales o en Twitter, y que no tiene ni tiempo ni ganas de contratar gente para trollear a otras personas", dijo una persona cercana a Nasser al-Khelaifi.

En su informe de actividad 2018/2019 para el PSG, el DBB utiliza un tono muy operativo. Tras un breve resumen de los acontecimientos felices y amargos de la temporada, la agencia describe su "ejército digital": "Se trata de un ejército de cuentas de Twitter ‘asociadas’. A diferencia de las famosas ‘granjas de trolls’, nuestros ‘socios’ tienen una existencia real. El ejército digital puesto a disposición del PSG vive el fútbol, piensa el fútbol.”

Estos perfiles falsos son gestionados por humanos, para que parezcan verdaderos aficionados del club. El informe especifica que este "ejército" incluye "muchas cuentas pro-PSG, incluido el 10% de las cuentas consideradas "influyentes" en las redes sociales (en cuanto a su antigüedad, número de seguidores y relevancia de la información), dispuesto a intervenir para salvaguardar la imagen del PSG". Estas cuentas "permiten influir en otras cuentas que transmitan información, rumores o escándalos", pero también crear “cortafuegos” para intentar "poner fin a un rumor".

La estrategia se basa en una cuenta "de referencia": Paname Squad, que se presenta en Twitter como un "colectivo de entusiastas del París Saint-Germain". Creada en agosto de 2018, la cuenta ha sido alimentada por el PSG con información exclusiva sobre el mercado para aumentar su audiencia y credibilidad ante los periodistas e "influir en el tratamiento del periodistas y para "influir en el tratamiento de los temas de actualidad". También ha puesto en marcha una web para posicionarse como medio de comunicación. La cuenta de Paname Squad alcanzó la marca de 10.000 suscriptores, para después volver a caer en 2020, cuando no se renovó el contrato.

Alrededor del buque insignia Paname Squad gravitan una docena de cuentas "asociadas", llamadas Lana PSG, Ultra Attitude, Janot PSG o La daronne du parc, encargados de amplificar las campañas en modo "troll". Desde entonces, la mayoría de las cuentas satélite mencionadas en el informe de DBB han sido cerradas por Twitter.

Según el informe, el "ejército digital" cumplió varias misiones: "infiltración en la comunidad", “tomas de contacto con periodistas influyentes", "recopilación de información", "contacto con la competencia" y "promoción de la marca PSG".

Paname Squad aseguró así la promoción de Nasser al-Khelaïfi. La cuenta también hace presión sobre cuestiones estratégicas, especialmente luchando contra el juego limpio financiero (FPF), esa regla de disciplina presupuestaria decretada por la federación europea de fútbol, que el PSG ha violado a gran escala. Hay que "reventar la FPF", escribe Paname Squad.

Hay otro aspecto de la actividad más problemático. En su informe anual, la agencia DBB afirma haber llevado a cabo nueve "ataques" contra objetivos específicos en 2018/2019. "La estrategia de respuestas e interacciones se elaboran con el equipo de comunicación del PSG", señala el documento.

El "ejército digital" del PSG ha trabajado así para proteger la reputación del delantero brasileño Neymar, comprado por 222 millones de euros. Después de que la superestrella abofeteara a un aficionado del Stade Rennais, la cuenta Paname Squad publicó la identidad completa de la víctima y trató de hacerlo pasar por un delincuente (leer nuestras revelaciones aquí).

Cuando una ex novia de Neymar le acusó de violación (la investigación fue finalmente archivada), el "ejército digital" se propuso desprestigiar a la denunciante. "Najila Trindade, versiones que cambian a causa de los antidepresivos. [...] Eso es el karma de puta", tuiteó la cuenta de Lana PSG sobre ella.

Paname Squad también ha lanzado acusaciones violentas contra los opositores. El presidente del Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, que se quejó del presupuesto casi ilimitado ofrecido por Qatar al PSG, fue calificado de "llorona" y caricaturizado como Calimero en un fotomontaje. Marsella se describe como una "ciudad de guarras".

Paname Squad se utiliza también para denigrar a las personalidades del club durante los conflictos internos. Tras un “mercato” presentado como un fracaso, el relato criticaba al ex director deportivo Antero Enrique, afirmando que el entrenador y varios jugadores no "entienden [sus] decisiones".

Los ataques más insultantes se dirigieron a Adrien Rabiot y a su madre Véronique (que también es su agente), cuando el jugador se enfrentó al club por las condiciones de su salida. Varias cuentas del "ejército digital" le han tratado de "gran HDP", "sucio traidor" o "hijo de p***". "No tiene cojones de quitarse de en medio a su madre, que le dicta todo y manda su carrera al garete", añade Lana PSG.

Las cuentas falsas del PSG se atrevieron incluso a atacar al emblemático Kylian Mbappé, a pesar de su fama de intocable. En marzo de 2019, tras los rumores de su posible marcha al Real Madrid, el jugador declaró que quería seguir en el PSG, a pesar de la temprana eliminación del club en los octavos de final de la Liga de Campeones.

A continuación, Paname Squad felicita a Mbappé por "acallar los rumores", pero añade una entrada que invita al jugador a callarse y a tener un buen rendimiento:

"Curra en silencio y pasa desapercibido. [...] Necesitamos una respuesta desde el terreno.”

Dos meses más tarde, al recibir el trofeo al mejor jugador de la Liga 1 otorgado por la Union Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP), el delantero presionó a la dirección del PSG: "Siento que sea quizás el momento de tener más responsabilidades. Espero que sea en el PSG, sería un gran placer. O tal vez sea en otro lugar.”

A continuación, Paname Squad pasó al ataque contra el jugador: "La afición parisina te quiere mucho, lo sabes...Esta noche has transmitido tu ‘mensaje’, ¡y en qué momento! Si pudieras presionar así en el campo..."

Pero los ataques más frecuentes de las cuentas secretas del PSG se realizan contra los medios de comunicación, con dos blancos prioritarios: Mediapart y L'Equipe.

A finales de 2018, el "ejército digital" lanzó una operación especial contra Mediapart, rebautizada como "Mediapartouze" (juego de palabras entre media y orgía, ndt) , para contrarrestar las revelaciones de la segunda temporada de las Football Leaks, publicadas en colaboración con el consorcio EIC, con infoLibre, y el programa "Envoyé Spécial" de France 2.

"Seamos solidarios y estemos unidos detrás del PSG, no dejemos que estos buitres manchen nuestra imagen", tuiteó Paname Squad. La cuenta acusa a Mediapart de publicar "fake news" y de hacer sensacionalismo con el único objetivo de ganar dinero. Nuestro socio alemán Der Spiegel está acusado de haber comprado los datos del denunciante Rui Pinto, lo cual es absolutamente falso.

El "ejército digital" se ha mostrado especialmente activo en relación con nuestras revelaciones sobre el fichaje y la discriminación étnica en materia de contratación de jóvenes jugadores. Lana PSG afirma que los artículos sobre este tema de los "periodistas sin techo" de Mediapart son falsos: "Su investigación de los huevos es una mierda para su credibilidad.” La investigación de Envoyé spécial sobre el mismo tema es calificada de "falsa" y de "patraña".

Varios periodistas de Mediapart han sido objeto de ataques personales, en particular Yann Philippin, uno de los autores de este artículo, que coordinó la investigación Football Leaks. Se le llama "hacker", "agresivo", y se le invita a "cambiar de oficio".

La cuenta de Paname Squad fue más allá y amenazó el 16 de noviembre de 2018 con revelar la "números" e "intercambios" de varios periodistas de Mediapart. Al día siguiente, la cuenta publicó los seis primeros dígitos del número de teléfono móvil del director editorial de Mediapart, Edwy Plenel, rebautizado como "Crawsy el rojo" (derivación de crazy o loco, ndt).

El segundo medio de comunicación odiado por el PSG es L'Equipe, rebautizado como "L'Epipe" (composición entre ‘`´Equipe” y “pipe”, en argot, felación, ndt). Este diario deportivo es regularmente objeto de ataques, por ejemplo cuando reveló la apertura de una investigación judicial sobre las sospechas de amaño de partidos entre el PSG y el Estrella Roja de Belgrado. "Lamentable", tuiteó Paname Squad con el hashtag "#BoycottLEquipe".

La tensión alcanzó su punto álgido el 8 de diciembre de 2018, cuando L'Equipe publicó un artículo en el que se afirmaba que el PSG "podría resignarse a desprenderse de una de sus dos estrellas, Kylian Mbappé o Neymar", si el club fuera golpeado con "fuertes sanciones" por violar el juego limpio financiero.

Esa misma noche, el PSG publicó un comunicado titulado "L'Équipe, medio de desinformación". El club decidió prohibir a los periodistas del diario asistir a las sesiones de formación y a las conferencias de prensa. El boicot, inédito, duró diez meses.

En ese momento, el ejército digital se desató contra L'Equipe y su director editorial Jérôme Cazadieu. El 8 de diciembre de 2018, Paname Squad tuiteó el comunicado del PSG, acompañado de un beso dirigido a @Cazadieu y un vídeo de un hombre recibiendo un violento puñetazo en la cara.

El mismo día, Paname Squad se burla del hecho de que Jérôme Cazadieu haya protestado contra el comunicado del club. “Pero, si hemos sido siempre fieles a nuestra línea editorial de grandes p****”, ponen en boca del director editorial de L’Equipe.

El 11 de diciembre de 2018, Paname Squad publicó una falsa portada de "L'Epipe", en la que aparecía Jérôme Cazadieu pidiendo disculpas al PSG tras "estos dos últimos meses de malestar que han sumido a nuestra redacción en la desinformación".

La misma cuenta volvió a la carga en marzo de 2019, con otro tuit basura: "¿Cómo podemos respetar a L'Equipe con su línea editorial clickbait, su odio visceral al PSG y sus periodistas de cartón [...]. Pedazo de pu***".

La agencia Digital Big Brother se ha negado a comentar el contenido de las "diversas operaciones y campañas" realizadas para el PSG, "por razones de confidencialidad". "Estamos obligados a la discreción sobre los expedientes que tratamos y los acuerdos que firmamos", dice DBB. El PSG, preguntado sobre este tema, no respondió. 

Queda por ver si los tribunales se van a hacer cargo del caso, ya sea en el marco de la investigación que se está llevando a cabo o en el de otros procedimientos. Nelson, el hincha abofeteado por Neymar cuya identidad fue revelada por el "ejército digital" del PSG, nos ha dicho que tiene intención de presentar una denuncia.

Traducción de Miguel López.

Lee el artículo original en francés:

Un regalo de 748 millones de euros. Ese es el importe de la rebaja fiscal concedida por las autoridades italianas al grupo francés Kering, el segundo grupo mundial de artículos de lujo controlado por la familia Pinault. Lo desvelan los documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC), entre los que se encuentran el periódico italiano Il Fatto Quotidiano e infoLibre.

Nuestras nuevas revelaciones sobre el asunto Kering demuestran que la justicia financiera es mucho más indulgente con los multimillonarios que con los pequeños delincuentes. François Pinault y su hijo François-Henri, que dirige el grupo familiar desde 2005, son las séptimas personas más ricas de Francia, con un patrimonio de 30.900 millones de euros, según el semanario económico francés Challenges.

Kering fue procesado en Francia e Italia por una gigantesca trama de evasión fiscal, revelada en 2018 por Mediapart y la EIC, que permitió al grupo evadir al menos 2.500 millones de euros en impuestos. El grupo trasladó ilegalmente los beneficios de sus principales marcas de lujo, entre ellas las italianas Gucci y Bottega Veneta, y las francesas Yves Saint Laurent y Balenciaga, a una empresa suiza llamada LGI.

Mediapart ya reveló el pasado mes de febrero que Francia había sido muy indulgente con los Pinault: la Fiscalía Nacional Financiera cerró la investigación penal, mientras que las autoridades fiscales concluyeron un acuerdo amistoso muy ventajoso para Kering: el grupo sólo pagó algo más de 200 millones de euros para saldar la evasión fiscal de Yves Saint Laurent y Balenciaga, pese a que la Hacienda gala le había reclamado inicialmente al menos el doble de esa cantidad. Debido a la falta de documentos, Mediapart no ha podido calcular el importe exacto de la rebaja.

En Italia, Kering anunció en mayo de 2019 que había firmado una transacción con el fisco para zanjar el mismo caso en relación con su filial Gucci, la máquina de hacer dinero del grupo. Kering dijo que había pagado 1.250 millones de euros, incluidos 897 millones de euros en impuestos y el resto por intereses de demora y sanciones. Se trata de la mayor multa jamás negociada entre las autoridades fiscales italianas y una empresa.

Pero Kering y las autoridades fiscales se cuidaron mucho de no especificar que el grupo francés hubiera tenido que pagar en realidad 2.000 millones de euros. Así lo revelan dos documentos confidenciales obtenidos por Mediapart: el acuerdo fiscal firmado el 9 de mayo de 2019 y el informe final de la Guardia di finanza, elaborado cuatro meses antes.

En enero de 2019, ese informe de la brigada financiera italiana calculó los beneficios de Gucci alojados artificialmente en Suiza, en LGI, entre 2011 y 2017: la cantidad es de 4.700 millones de euros en concepto de IRES (el impuesto sobre sociedades) y 2.400 millones en concepto de IRAP (un impuesto sobre los beneficios que se paga a las regiones). Aplicando los tipos de estos dos impuestos, el importe total de los impuestos que debía Gucci asciende a 1.391 millones de euros, sin contar intereses y sanciones.

Pero en el acuerdo amistoso firmado cuatro meses después por Kering y el fisco italiano, una frase especifica que el pago por parte del grupo francés "no constituye una aceptación, ni siquiera parcial, de la legitimidad y exactitud de las apreciaciones contenidas en el PVC", el acta de la brigada financiera. Y con razón. El acuerdo amistoso muestra que las autoridades fiscales aceptaron reducir el importe del impuesto en un 35%, hasta los 897 millones de euros. Es decir, 494 millones de euros menos que el cálculo realizado por la policía.

Y eso no es todo. Kering habría tenido que pagar, sobre estos 494 millones de euros de impuestos ahorrados, sanciones e intereses de demora por valor de 254 millones.

Al final, la rebaja concedida por las autoridades fiscales ascendió por tanto a 748 millones de euros.

¿Por qué las autoridades italianas aceptaron una merma de ingresos para las arcas públicas de semejante volumen? Cuando EIC contactó con las autoridades fiscales italianas, éstas se negaron a justificar el descuento, afirmando únicamente que el cálculo se hizo de acuerdo con las normas de la OCDE, y que en un acuerdo, la Administración tiene derecho a tener en cuenta "elementos nuevos o elementos que no habían sido examinados previamente por las autoridades fiscales".

Las autoridades de Roma contestan a EIC que el documento firmado con Kering es un accertamento con adesione, una "liquidación con adhesión", que permite al contribuyente "beneficiarse de una reducción de las sanciones administrativas". Pero al mismo tiempo niegan que se trate de una "rebaja".

"Sólo la administración fiscal italiana es competente para determinar el impuesto adeudado, los intereses de demora y las posibles sanciones aplicables a raíz de una auditoría fiscal, independientemente de que ésta haya sido realizada por sus servicios o por la brigada financiera italiana. Kering no se ha beneficiado de ningún favor fiscal y no hará más comentarios sobre este asunto", respondió a EIC el grupo de la familia Pinault.

Además, se ha hecho todo lo posible por mantener en secreto el importe de la rebaja. Una de las cláusulas del acuerdo fiscal establece que "este acuerdo debe ser confidencial (en cuanto a los hechos, elementos y documentos asociados), salvo las obligaciones previstas por la ley y la obligación de informar a la autoridad judicial".

“He visto docenas de acuerdos fiscales de este tipo, pero nunca he visto una cláusula de confidencialidad así", dice un experto fiscal al que EIC ha presentado el documento. “Es innecesario, ya que la Administración está sujeta al secreto fiscal de todos modos. La explicación más probable es que las autoridades fiscales hayan dado a Kering un trato muy favorable y no hayan querido que se supiera para no crear un precedente, es decir, para evitar que otras empresas reclamen lo mismo”, explica.

Una cosa es cierta: el sistema de evasión fiscal en Suiza de Kering, que terminó en 2019 tras la puesta en marcha de investigaciones fiscales y judiciales, resultó finalmente muy rentable para la familia Pinault.

La investigación de EIC demuestra que Kering ha evadido al menos 2.500 millones de euros en impuestos desde 2002. El grupo pagó ajustes fiscales en Italia por valor de 1.250 millones de euros por Gucci y 186 millones de euros por Bottega Veneta, así como algo más de 200 millones de euros en Francia por Yves Saint Laurent y Balenciaga, por un total de unos 1.600 millones de euros.

Gracias a la normativa y a los ventajosos acuerdos fiscales firmados en Francia e Italia, el grupo se ahorró al menos 900 millones de euros en impuestos, mientras que François Pinault y su hijo François-Henri nunca han sido inculpados por la Justicia.

Alemania se jacta de los estrictos controles que aplica a las exportaciones de tecnología militar. Su política exterior prohíbe que armas de producción nacional se utilicen en zonas de guerra. Berlín subraya así su papel de potencia de paz en el mundo, en un intento por alejarse lo más posible de excesos bélicos pasados. En marzo de 2018, el acuerdo de coalición entre CDU y SPD incluyó el compromiso de que Alemania no suministraría armas a los países involucrados en la guerra de Yemen. Sólo unos meses después, en octubre, el periodista Jamal Khasoggi fue asesinado, y descuartizado, en el consulado saudí en Estambul. De su muerte la investigación turca culpó a miembros de los servicios de inteligencia saudíes, controlados por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. Angela Merkel no tardó ni 20 días en prohibir la exportación de armas a Arabia Saudí. Un veto que Alemania ha ido renovando año tras año y sigue vigente aún hoy.

Sin embargo, Hensoldt, una empresa de la que el Estado alemán posee un 25,1% del capital –una participación de 450 millones de euros– y donde además cuenta con una acción de oro –derecho de veto sobre ciertas decisiones–, ha sorteado esa prohibición y vendido equipos de defensa al régimen saudí durante estos años. Así lo revelan los documentos confidenciales a los que ha tenido acceso Der Spiegel y que la revista alemana ha compartido con el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre como único medio español. Se trata de correos electrónicos, contratos y presentaciones proporcionados por el grupo de hackers Lorenz. EIC los ha revisado y publicado el contenido que tiene interés público, pero ni ha pagado por los documentos ni ha hecho precisiones sobre ellos.

Para eludir el embargo gubernamental, Hensoldt ha empleado diferentes vías de escape. Una de ellas incluía a la empresa pública española Navantia, que en 2019 creó una joint-venture, una sociedad conjunta, con SAMI (Saudi Arabian Military Industries), la compañía estatal de defensa saudí, con el nombre de Saminavantia. Y, en abril de 2021, también una filial, Navantia Saudí Arabia LLC, con un capital de 3,4 millones, suscrito al 100% por los astilleros públicos españoles.

Berlín lleva mucho tiempo practicando un doble juego con las exportaciones de armas a Arabia Saudí. Mientras en sus declaraciones públicas los ministros del Gobierno elogiaban los restrictivos controles que ejercen, entre bastidores incluso ayudaban a Hensoldt a conseguir acuerdos. Una contribución clave es el conocido como Tratado de Aquisgrán, un pacto sellado por los gobiernos alemán y francés en enero de 2019 que incluye una norma de minimis: las empresas germanas pueden participar como subcontratistas de las francesas que exporten armas a Arabia Saudí, siempre que el volumen de esa venta no suponga más que una pequeña parte de la operación principal.

España se sumó a este esquema de cooperación firmando un acuerdo similar en septiembre de 2021 con ambos países, de forma que Berlín otorga su permiso a las ventas de armamento y material de doble uso fuera de la UE siempre y cuando el contrato alemán no rebase el 20% del valor total de la operación de una empresa española. Porque este tipo de contratos debe ser comunicado a, y autorizado por, la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA por sus siglas en alemán), ubicada en Eschborn.

Pocos meses antes de la adhesión española al acuerdo, Stephan Hess, jefe del lobby que Hensoldt creó en Berlín para defender sus intereses ante el Parlamento y el Gobierno federales, remitió un correo a otros ejecutivos de la empresa donde les informaba de que había tenido éxito con “la carta”. La que él dice que han escrito los entonces ministros de Exteriores, Heiko Maas; de Economía, Peter Altmaier, y de Defensa, Annegret Kamp-Karrenbauer, al Gobierno español. Los tres, dice Hess, confirman que Madrid suscribirá un pacto “similar” al francés. “El paraguas para nuestro caso Navantia vuelve a abrirse de par en par”, se felicita el lobista el 21 de abril de 2021 en otro correo. Asegura que este “importante paso” puede ser un impulso para la venta de radares de Hensoldt en el futuro.

Stephen Hess se refería al macrocontrato que Navantia había firmado con Arabia Saudí en 2018 para construir cinco corbetas por un importe de 1.813 millones de euros. Una operación de calado, que reportó a los astilleros españoles siete millones de horas de trabajo, 6.000 empleos, entre directos e indirectos, y actividad para 100 empresas auxiliares. Navantia ya ha botado los cinco buques, de 104 metros de eslora; el último, el pasado 5 de diciembre.

Hensoldt quería que sus radares, en concreto el TRS-4D, se instalaran en las corbetas saudíes. En mayo de 2019, el director de la división de Radares, Erwin Paulus, se refería al suministro de esos equipos “a Arabia Saudí a través de Navantia” como “el elemento fundamental” para el negocio futuro de la empresa en ese país. “Si no se concede la licencia de exportación, tendrá un efecto muy negativo en nuestro negocio de radares navales”, advertía.

En una presentación interna a principios de 2020, los ejecutivos de Hensoldt detallaron el estado de las conversaciones de alto nivel que sobre la licencia de exportación necesaria se estaban celebrando en Berlín. En el caso de que el Gobierno rechazara su aprobación, alertaban, “toda la relación” con Navantia estaría “en peligro”. Casi un año después, en enero de 2021, Hess informó a sus colegas, en una “breve actualización” sobre Arabia Saudí, de que las negociaciones sobre un “acuerdo” estaban en marcha. “Seguimos en contacto diario con el gobierno federal”, aseguraba.

Entre los documentos a los que ha tenido acceso EIC se encuentran dos acuerdos de confidencialidad firmados en diciembre de 2020 por representantes de la empresa conjunta Saminavantia y de Hensoldt para el suministro de radares TRS-4D y de un sistema antidrones, ambos contratos “en beneficio de las Reales Fuerzas Navales Saudíes en el Reino de Arabia Saudí”.

Finalmente, los radares de Hensoldt no fueron instalados en las corbetas saudíes. Fuentes gubernamentales alemanas indican que desde 2018 “no se han concedido permisos” para este tipo de radar.

Pero los ejecutivos de la empresa quedaron tan impresionados con Saminavantia que en 2019 planeaban imitar al astillero español creando también una joint-venture con SAMI. De hecho, ya en diciembre de 2018 había firmado un protocolo de acuerdo con la compañía estatal saudí para fundar una empresa conjunta, en la que Hensoldt tendría el 49% del capital. Su misión, “gestionar contratos” del Ministerio de Defensa saudí.

De hecho, pese a la prohibición de Berlín, Hensoldt no abandonó en ningún momento su interés por hacer negocios con el régimen saudí. En diciembre de 2020, por ejemplo, cuando el embargo llevaba ya dos años en vigor, un director de Proyectos de la empresa anunciaba a sus compañeros que se les ha encargado preparar una propuesta para una campaña de mayor volumen para Arabia Saudí, “independientemente de la prohibición de las exportaciones en este momento”.

Tampoco ha dejado de pensar en Navantia y Saminavantia como vehículos para sortear el embargo de su propio gobierno. En febrero de 2021, el responsable del departamento jurídico de Hensoldt informaba al comité de validación de la empresa sobre una operación con el astillero surcoreano Hyundai, que pujaba por un contrato para Arabia Saudí de 1.000 millones de euros, en el que Saminavantia aparece como socio. Hensoldt pretende venderles cinco radares TRS-4D, por un importe de 40 millones de euros. Por tanto, calcula el abogado, la participación de la firma alemana equivale al 4% de la operación. Y no sólo menciona que está en vigor el veto a las exportaciones al régimen saudí, sino que, además, advierte de que se desconoce a qué se van a destinar los buques del encargo surcoreano. “Pero la persona responsable ha mencionado que probablemente se utilizarán para la guerra de Yemen”, concluye. De ahí que pida al comité que evalúe “detenidamente” estas cuestiones: “Sigue existiendo obviamente un riesgo en el control de la exportación, incluyendo la imposibilidad de cumplir el contrato con Hyundai debido a la moratoria alemana [del veto]”.

infoLibre ha preguntado sobre estas operaciones al Ministerio de Industria y Comercio, al que competen las exportaciones de defensa. El departamento asegura que España cuenta con uno de los sistemas de control del comercio de armas “más robustos tanto a nivel legislativo como procedimental”. También destaca su compromiso con las normas internacionales y sostiene que cumple “estrictamente” con esas leyes y las recomendaciones de la ONU. Además, elogia el Acuerdo de Aquisgrán como un “mecanismo de mejora” que hace más efectivo el control del comercio de armas. Pero el ministerio no ha contestado a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre la carta de los tres ministros alemanes y sobre las empresas que han utilizado el acuerdo de Aquisgrán para vender indirectamente material de defensa a la dictadura saudí. Navantia, por su parte, ha rechazado dar información sobre sus proveedores.

Según un informe elaborado por Amnistía Internacional, el Centro Delàs de Estudios para la Paz y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, el montante de las exportaciones de armas españolas a Arabia Saudí entre 2015 y 2021 supera los 1.300 millones de euros. En ese periodo, España concedió 116 licencias de exportación de armas a Arabia Saudí.

En abril de este año, el consejero delegado de Hensoldt, Thomas Müller, explicó en el periódico alemán Handelsblatt que su implicación con Arabia Saudí se limitaba a participar, “exclusivamente como socio”, en el sistema francés de localización de artillería Cobra. Cuando se le preguntó por el asesinato de Khashoggi, lo tachó de “acto terrible”. “Los responsables deben ser castigados. Para nosotros, se aplica la primacía de la política. Mientras Alemania no vuelva a ver a Riad como un socio, las exportaciones están descartadas para nosotros”. Der Spiegel ha preguntado ahora a la empresa, que dice cumplir “todas las leyes, reglamentos y directrices pertinentes –internas y externas– en todo momento y en todos los países” en los que operan.

Sin embargo, los correos internos a los que ha tenido acceso EIC revelan cómo Hensoldt ha cortejado durante años al régimen saudí en busca de contratos. Esas comunicaciones apuntan a que sus relaciones comerciales con los organismos de seguridad saudíes eran estrechas. Hensoldt ni siquiera tuvo reparos en intentar suministrar a los servicios de inteligencia del régimen –GIP por sus siglas en inglés– un sistema de defensa con drones, a pesar de que sus miembros están involucrados en el asesinato de Jamal Khashoggi. [De los documentos a los que ha accedido EIC no se desprende si la venta se produjo finalmente. Hensoldt no ha respondido a las preguntas sobre contratos que EIC le ha formulado]. Además, utilizaba sus filiales en Reino Unido y Sudáfrica para vender los equipos allí fabricados a Arabia Saudí. A los productos de esos dos países no se les aplican las normas de exportación alemanas.

Y es poco probable que el Gobierno de Berlín no estuviera al tanto de la actividad de Hensoldt. Al contar con una acción de oro, tiene derecho de veto sobre ciertas decisiones. Se trata de una medida básica de precaución, teniendo en cuenta que la empresa es propietaria de “tecnologías industriales claves para la seguridad y la defensa” que no pueden caer en manos equivocadas. Así, el Ejecutivo alemán sienta a dos representantes en el consejo de administración y tiene voz en operaciones comerciales consideradas sensibles. Los detalles de su relación se definieron en un acuerdo de seguridad que tiene carácter confidencial. El Ministerio de Defensa explica a EIC que el Gobierno federal sólo puede intervenir en el caso de “actividades sensibles”, como una “amenaza para los intereses de la seguridad nacional”. Pero los documentos de que dispone EIC revelan que Hensoldt debe informar al Ejecutivo de Berlín de “todas las iniciativas de negocios con Arabia Saudí y, cuando sea necesario, obtener los consiguientes permisos”.

Pues bien, Hensoldt, que tiene su sede en Taufkirchen, cerca de Múnich, emplea 6.000 trabajadores y factura 1.500 millones de euros anuales, creó una filial en Riad, la capital saudí: Hensoldt Holding Germany GmbH, Branch KSA. La sociedad está autorizada a celebrar contratos por sí misma. Y a su frente colocó a Sebastian Chedeau, un comercial experto en defensa con amplia experiencia en Arabia Saudí y procedente de Airbus.

“Algunos funcionarios de los servicios de inteligencia conocen mi pasado en las fuerzas especiales de la Marina saudí”, se jactaba el francés en un correo electrónico, “lo que facilita romper el hielo”. Chedeau se encargó de hacer publicidad, obsequiar y organizar reuniones con las autoridades militares y de seguridad saudíes para promocionar los productos de Hensoldt. Uno de sus primeros proyectos consistió en ofrecer el sistema antidrones Xpeller a cuatro prisiones en Arabia Saudí. Lo fabrica su filial británica. Oficialmente, el contrato debía celebrarse con la empresa estatal de telecomunicaciones, pero en sus correos Chedeau menciona al servicio de seguridad estatal PSS como “cliente final”.

En otros mensajes, el comercial insta a los ejecutivos británicos de Hensoldt a presentarse con su antiguo nombre, Kelvin Hughes –que la firma alemana compró en 2017–. No debían mencionar a Hensoldt ni mostrar su logotipo en las ofertas. Y proponer soluciones “BAFA free”; es decir, que no necesiten la aprobación de la Oficina de Control de Exportaciones alemana.

Parte del control que el Gobierno alemán se garantizó en Hensoldt tras entrar en su capital se realiza a través de sus dos representantes en el consejo de administración: Burkhard Schwenker e Ingrid Jägering. Esta última, además, preside el comité de auditoría, por lo que debería estar informada de todos los negocios importantes de la empresa. Sin embargo, Jägering dice que no puede contestar a EIC sobre los contratos con Arabia Saudí “por falta de conocimiento personal, también porque no era un tema del consejo o por razones de confidencialidad”. Schwenker coincide en que los negocios con la dictadura del Golfo “no eran un tema del consejo de administración”, como tampoco la creación de una filial en Riad.

EIC ha tenido acceso a una docena de acuerdos de Hensoldt con socios saudíes, entre declaraciones de intenciones y acuerdos de confidencialidad, que retratan la política de la empresa. Los ministerios alemanes de Economía, Defensa y Exteriores no han querido comentar estas informaciones. Desde la invasión de Ucrania, el Gobierno de Olaf Scholz ha dado un giro a su política sobre exportación de armas. Ahora autoriza su venta al ejército de Volodímir Zelenski. Además, prepara una nueva ley de control de las exportaciones de sistemas de defensa que pretende poner fin a las operaciones con zonas en guerra como Arabia Saudí.

Pero, mientras eso ocurre, la cotización de las acciones de Hensoldt ha subido casi dos tercios desde el estallido de la guerra y sus ventas han aumentado un 40% en este primer semestre, aunque la empresa atribuye esa mejora al rearme de los ejércitos alemanes: Scholz ha anunciado que gastará 100.000 millones de euros en defensa. Según los documentos revisados por EIC, la firma de Taufkirchen tiene planes para crear en Arabia Saudí una empresa independiente que se rija por las leyes locales y que sustituirá a la actual filial. Surgida en 2017 cuando el gigante europeo Airbus vendió su división de electrónica de defensa al fondo de inversión estadounidense KKR, Hensoldt es, según la describe su consejero delegado, Thomas Müller, como “el Porsche de la industria defensa”.

Pedro Luis Martín Olivares, que opera desde un ático independiente en un lujoso hotel de Caracas, es poco conocido en su Venezuela natal y su nombre no aparece en las listas internacionales de los "más buscados". Sin embargo, Estados Unidos ofrece una recompensa de diez millones de dólares por su detención, más incluso que por los hijos del jefe del cártel mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

Martín Olivares, un alto funcionario de inteligencia, fue acusado por un tribunal de Florida de cargos de narcotráfico en 2015. Estados Unidos ha sancionado sus intereses comerciales, que van desde la seguridad privada hasta la avicultura.

Una investigación periodística internacional ha descubierto que la familia directa de Martín Olivares tiene valiosas propiedades en España. En concreto, es dueña de dos pisos de lujo en Barcelona, que figuran a nombre de una sociedad de Madrid y están valorados al menos en 2,5 millones de euros. Así lo prueban documentos del Registro Mercantil y de la Propiedad.

La investigación la coordinó el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y en ella participaron periodistas de los medios Armando.info, Miami Herald e infoLibre. 

Los documentos consultados desvelan que Martín Olivares logró la nacionalidad española. Además, los investigadores manejan la información de que tenía una identidad falsa con el nombre de Ramón José Garrido Sánchez.

El antiguo espía no respondió a las preguntas planteadas. En el pasado, negó tajantemente las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico.

Más allá del hecho de que Martin Olivares nació en 1967 en Caracas, hay poca información contrastada sobre sus primeros años. Él se ha descrito a sí mismo como abogado y economista, pero los periodistas no pudieron encontrar ningún registro de que haya estudiado esas materias en Venezuela.

Iván Simonovis, ex comisario de policía venezolano que ahora vive en Estados Unidos, sostiene que Martin Olivares se involucró en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero en la década de 1990. Más tarde empezó a cooperar con las autoridades para evitar el riesgo de ser procesado, ayudando a montar varias "entregas controladas", es decir, ventas de droga realizadas con el conocimiento de las autoridades para capturar a otros traficantes. 

Después de que Hugo Chávez llegara a la Presidencia de Venezuela en 1999, Martin Olivares fue designado para la oficina antidrogas de Caracas, aparentemente aprovechando las conexiones que había construido con los responsables policiales. En 2002, se convirtió en director de inteligencia financiera de los servicios secretos venezolanos, la Dirección General Sectorial de Servicios de Inteligencia y Prevención, conocida como DISIP.

Simonovis asegura que, mientras era un alto funcionario de inteligencia en la DISIP, empezó a dirigir una "oficina paralela" desde el Centro Lido, un centro de oficinas de lujo en Caracas. Martín Olivares y su gente utilizaban presuntamente informantes y escuchas telefónicas para obtener datos comprometedores sobre personajes ricos o poderosos, a los que luego chantajeaban. Esta versión fue corroborada por otras dos fuentes que conocen a Martín Olivares, que aceptaron hablar con los periodistas bajo la condición de anonimato.

Varias de las fuentes consultadas aseguran que Martín Olivares fue destituido de su cargo después de tratar de extorsionar a una persona de la estructura de poder de Chávez. "Esa fue la gota que colmó el vaso", afirma Simonovis.

Martin Olivares salió de la DISIP en 2004, pero mantuvo su conexión con la comunidad de inteligencia. En una entrevista concedida al sitio web español de la cadena de televisión panárabe Al-Mayadeen en octubre de 2020 –emitida seis días después de que se anunciara la recompensa estadounidense por él–, aseguró que todavía "maneja información”, pese a llevar tres lustros fuera de la agencia. "Nunca se abandona la inteligencia, siempre se sigue obteniendo información", presumió.

Simonovis y una de las fuentes consultadas afirman que Martin Olivares sigue gestionando su "oficina paralela" desde el Centro Lido, desde donde ahora también dirige un pequeño imperio comercial. Entre 2004 y 2007, Martin Olivares fundó al menos cinco empresas, la mayoría en el ámbito de la seguridad privada y el transporte de valores, aunque también registró una granja avícola en el estado venezolano de Monagas. 

Los detalles de las operaciones de estas empresas muestran que el antiguo espía seguía estando bien conectado después de dejar su puesto oficial. Su empresa de seguridad privada, Grupo Control 2004, obtuvo contratos de importantes instituciones estatales, como el banco estatal Bicentenario, el aeropuerto de Maracaibo y Minerven, una importante empresa minera.

Otra de sus empresas, PLM Consultores, prestó "servicios de asesoría en relaciones institucionales" a 11 empresas vinculadas a Omar Farías, un empresario conocido en Venezuela como el "zar de los seguros" porque consiguió importantes contratos de seguros de instituciones públicas, lo que le permitió amasar una fortuna bajo el mandato de Chávez y que se ha visto envuelto en múltiples escándalos de corrupción. 

Uno de esos escándalos se refiere al presunto saqueo de cientos de millones de dólares de la compañía petrolera estatal venezolana, PDVSA, blanqueados a través de la entidad financiera Banca Privada de Andorra (BPA). Este asunto sigue bajo investigación judicial en el Principado.

Martin Olivares también trabajó con dos empresas presuntamente implicadas en el proceso de blanqueo de dinero en Andorra. La primera se llama ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros CA y es una correduría de seguros que canalizó 330 millones de dólares a través de contratos de seguros con entidades públicas a precios inflados, según la investigación. Y la segunda se denomina Vida y Patrimonio Corretaje De Seguros CA, otra correduría que según los fiscales andorranos recibió 77 millones de dólares de una filial de PDVSA.

Farias no respondió a los mensajes enviados por los periodistas para conocer su versión sobre estos hechos.

En 2010, una operación conjunta contra el narcotráfico llevada a cabo por las autoridades de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas tendría profundas consecuencias para el antiguo espía. La policía detuvo a tres hombres que esperaban en una embarcación para recuperar un paquete lanzado por un avión procedente de Venezuela en aguas de las Islas Vírgenes Británicas. En su interior encontraron más de 261 kilogramos de cocaína. 

Las autoridades relacionaron el envío con el narcotraficante colombiano Roberto Méndez Hurtado, también conocido como "Pluma Blanca", del cártel del Norte del Valle. En 2013, Colombia extraditó a Méndez a Estados Unidos, donde fue acusado de organizar envíos de cocaína desde Venezuela a Centroamérica y el Caribe. En 2014 fue declarado culpable y condenado a 19 años de prisión, antes de ser liberado en enero de este año, según informan varios medios locales.

Según las autoridades estadounidenses, Martín Olivares había estado en la nómina de Méndez, supuestamente ayudando a coordinar los envíos de cocaína desde su puesto en la DISIP y distribuyendo sobornos a funcionarios venezolanos. También se encargaba presuntamente de garantizar que los radares estuvieran apagados para permitir que los aviones cargados de cocaína cruzaran el espacio aéreo venezolano sin ser detectados. 

Los fiscales estadounidenses aseguran que Martín Olivares, junto con el exjefe de la Disip Hugo El Pollo Carvajal y otros altos cargos venezolanos, formaban parte del cártel de los soles, una célula de narcotraficantes vinculada al ejército del país. Tras dos años de huida, Carvajal fue capturado en España en 2021 y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. 

Martín Olivares fue procesado por un gran jurado federal de Miami por tráfico de drogas en 2015. Tres años más tarde, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) sancionó a sus empresas, tras acusar a Martin de haber "explotado su posición en el gobierno y aceptado sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un esquema más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde y a través del espacio aéreo venezolano".

Funcionarios de seguridad españoles también empezaron a investigar en 2014 las posibles propiedades de Martín Olivares, después de que llamara su atención por las acusaciones de que estaba involucrado en el cártel de los soles. 

Los miembros de la familia de Martín Olivares adquirieron en 2013 dos valiosos apartamentos en Barcelona, situados en un antiguo edificio bancario de la década de 1950 en la milla de oro de la ciudad, una franja de propiedades de alto nivel en el centro de la ciudad. Como propietario de los pisos figura Urdanbest SL, una empresa con sede en Madrid, donde la esposa del antiguo espía –Alejandra Besteiro–, su hijo Pedro Luis Martín Besteiro y su hijastro Orlando Urdaneta Besteiro ocupan cargos de administración.

Uno de los inmuebles de Barcelona estaba a nombre de Orlando Urdaneta hasta que, en diciembre del año pasado, lo aportó a Urdanbest. En ese momento, el piso fue valorado en 1,52 millones de euros. La valoración de la otra vivienda también supera claramente el millón de euros.

En diciembre de 2013, apenas cuatro meses después de su constitución, Urdanbest realizó una ampliación de capital por importe de 1,09 millones de euros. El dinero procedía de créditos que habían otorgado a la sociedad Alejandra Besteiro (por 738.000 euros) y Orlando Urdaneta (por 353.000). En los documentos oficiales no consta si ese dinero se había destinado a la compra de los pisos, aunque la fecha de los préstamos coincide con la de su adquisición.

En todo caso, los familiares de Martín Olivares son dueños de dos inmuebles valorados conjuntamente en más de 2,5 millones de euros.

Urdanbest, por su parte, tiene su domicilio social en una lujosa oficina en uno de los barrios más caros de Madrid. Comparte sede con Balclutha SL, una sociedad vinculada al empresario venezolano Luis Alberto Benshimol Chonchol, conocido por financiar arte contemporáneo y por sus vínculos con el controvertido mercado paralelo que permitía a los inversores explotar la diferencia entre los tipos de cambio oficiales y los del mercado negro a principios de la década de 2000.

Cuando un periodista visitó la oficina, la persona que abrió la puerta afirmó que trabajaba para Balclutha y admitió que recibían allí la correspondencia de Urdanbest, pero no aportó ningún otro dato.

Los periodistas trasladaron preguntas tanto a Alejandra Besteiro como a sus hijos y a Benshimol, pero ninguno respondió. 

Martin Olivares también es propietario de otro apartamento en Barcelona, adquirido en 2003. El piso, que actualmente vale unos 200.000 euros, está situado en un barrio de clase trabajadora. En junio, el buzón no tenía nombre, aunque un vecino dijo que a menudo podían ver "movimiento en las persianas", lo que indica que estaba ocupado. 

En su entrevista con Al-Mayadeen, el antiguo espía rechazó los cargos que se le imputan, diciendo que el narco colombiano Méndez Hurtado estaba ofreciendo información falsa para reducir su propia condena.

Martín Olivares denunció que las autoridades estadounidenses "meten en la cárcel a gente que ni siquiera te conoce", pero "les dicen que tienen que testificar contra ti para reducir sus condenas". Aseguró, además, que las sanciones de la OFAC no eran más que una manera de "chantajear y presionar" para que se volviera contra altas figuras del gobierno de Chávez. 

En 2018, presentó una demanda por difamación en un tribunal de Florida contra Méndez y otro informante, según el Miami New Times. "Las dos personas que son extrañas a él están lanzando graves acusaciones", afirmó entonces su abogado.

Según las transcripciones del tribunal estadounidense, Martin Olivares se entregó a las autoridades venezolanas después de que se emitiera una "notificación roja" de Interpol contra él, hecho que su abogado en Estados Unidos utilizó para argumentar que no podía ser considerado un fugitivo.

Los fiscales estadounidenses rechazaron este argumento, alegando que Martin Olivares se entregó porque sabía que Venezuela no lo enviaría a Estados Unidos. Cuando los venezolanos se dirigieron a las autoridades estadounidenses para preguntarles si querían presentar los trámites para que fuera extraditado, se negaron. 

"Sabemos bien que hay una prohibición constitucional en Venezuela de extraditar a sus propios ciudadanos", alegó Adam Fels, asistente del fiscal estadounidense en ese momento. "Entonces, ¿para qué molestarse siquiera?".

En Bangui, la "influencia extranjera" ha sido durante mucho tiempo sinónimo de Francia. La capital de la República Centroafricana, país independiente desde 1960, conserva tenaces huellas del antiguo colonizador francés: avenida de Francia, liceo francés Charles De Gaulle, estaciones de servicio Total, cervezas Castel y numerosos expatriados franceses.

En los últimos años, sin embargo, la marea se ha movido hacia el Este. Grandes vallas publicitarias presumen ahora de la cooperación entre la República Centroafricana y Rusia. Se ha abierto un centro cultural ruso, donde se imparten cursos gratuitos de idioma. La bebida de moda es un vodka llamado Wa na wa, que supuestamente proporciona a sus consumidores "los secretos del poder ruso" y "la salud siberiana". Moscú dona vehículos blindados, camas elásticas y cuadernos para niños, patrocina emisoras de radio y concursos de belleza.

Sobre todo, los homenajes a los mercenarios de Wagner están por todas partes. Los primeros empleados de esta empresa militar privada sin existencia legal, considerada el brazo armado no oficial del Kremlin, llegaron oficialmente a la capital centroafricana a principios de 2018, poco más de un año después de la retirada del ejército francés. La misión de Wagner era entrenar y apoyar sobre el terreno a las fuerzas armadas del país, que luchan contra grupos armados irregulares.

Cuatro años después, los "consejeros rusos", como se les apoda modestamente, tienen estatuas y películas que glosan sus glorias, ministros llevan camisetas con su imagen y los miembros de asociaciones financiadas por Moscú cantan sus alabanzas en las manifestaciones callejeras.

Su presencia en la República Centroafricana, y en otros países del continente (Malí, Libia, Sudán o Mozambique), es bien conocida. Al igual que los abusos perpetrados por algunos de los mercenarios de Wagner, que han sido documentados por investigaciones periodísticas e informes de ONG y de las agencias y grupos de expertos de Naciones Unidas. Estas violaciones de los derechos humanos llevaron a la Unión Europea a poner en marcha, en diciembre de 2021, sanciones contra Wagner y sus dirigentes (puedes consultar la lista aquí).

Pero otros aspectos de esta presencia siguen siendo desconocidos, especialmente los acuerdos industriales y financieros secretos firmados entre Wagner y los Estados donde opera el grupo militar ruso.

Hoy podemos revelar que una empresa vinculada a Wagner, denominada Bois Rouge, obtuvo en 2021 un jugoso permiso de tala en la República Centroafricana con condiciones muy ventajosas, que no se han concedido a otras compañías madereras comparables. Esto es lo que muestra una investigación de tres meses llevada a cabo por infoLibre, la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC) y la ONG francesa OpenFacto, que lanzó el proyecto llamado All Eyes on Wagner (Todos los ojos sobre Wagner).

Nuestra investigación muestra que la empresa centroafricana Bois Rouge está, de hecho, fuertemente relacionada con la red de empresas de Yevgeny Prigozhin, el presunto financiador de Wagner. Las autoridades, que dependen de Wagner para garantizar su seguridad, vendieron a precio de saldo una parte de sus recursos naturales al autorizar a Bois Rouge a explotar la selva de forma intensiva, casi sin pagar impuestos, y a veces incumpliendo la ley. A pesar de este trato privilegiado, la empresa Bois Rouge ni siquiera respetó todos sus compromisos con el Estado centroafricano.

A preguntas de EIC, la gerente de Bois Rouge, Anastasie Naneth Yakoïma, afirmó que la empresa "respeta plenamente los requisitos y la normativa vigentes". Pero negó a responder cuestiones concretas, porque ello la llevaría a revelar "información confidencial" sobre Bois Rouge.

Un portavoz de la Presidencia del país centroafricana respondió que "el Gobierno, con plena soberanía, recibe los proyectos y concede las licencias de explotación a las empresas de inversión que se instalan en el país". Dicho portavoz tampoco respondió a preguntas concretas, con el argumento de que "no se corresponden con las preocupaciones” de la República Centroafricana “ni de su población", además de que la Presidencia "no tiene que justificar ni demostrar nada".

Varios países europeos importan madera de la República Centroafricana y nuestra investigación plantea también la cuestión de su trazabilidad. Las sanciones europeas dirigidas al grupo Wagner y a su jefe Yevgeny Prigozhin deberían, en teoría, hacer imposible la importación de "madera de Wagner" en suelo europeo, pero la debilidad de los controles existentes no garantiza que esta prohibición se aplique correctamente.

La República Centroafricana es un país rico en bosques. En 2021, la madera era la principal exportación del país, muy por delante de los diamantes. Sólo una docena de empresas se encargan de la explotación maderera.

El 9 de febrero de 2021, un nuevo actor entró en este entorno cerrado. Una empresa hasta entonces desconocida, Bois Rouge, ganó una licitación convocada cinco meses antes por el Gobierno centroafricano y obtuvo una concesión situada en el bosque de Lobaye, en el suroeste del país. El lote comprende 186.000 hectáreas de un bosque rico en gorilas, leopardos y elefantes.

El permiso pertenecía anteriormente a Batalimo Forest Industries (IFB), la empresa maderera más antigua de la República Centroafricana, controlada por intereses franceses. El 18 de julio de 2019, el permiso fue retirado a IFB y asumido por el Estado, mediante una actuación controvertida. De acuerdo con nuestra información, IFB presentó un recurso ante el Consejo de Estado del país centroafricano. La empresa declinó hacer comentarios sobre el caso mientras el proceso judicial esté abierto.

A principios de 2021, el bosque pasó a estar bajo el control de Bois Rouge ("madera roja" en francés). La empresa se describía en su página web, misteriosamente cerrada este año, como "una de las mayores empresas madereras africanas". Bois Rouge se presenta como una compañía 100% centroafricana, inscrita en su Registro Mercantil desde marzo de 2019 y dirigida por una ciudadana del país, Anastasie Naneth Yakoïma.

Pero en realidad es una pantalla para los intereses rusos en la República Centroafricana. "Todo el mundo sabe que se trata de una empresa de creación rusa", afirma un agente del sector. Varios elementos materiales avalan esta afirmación.

En octubre de 2019, siete meses después de su creación en Bangui, Bois Rouge acudió a un foro de la industria de la madera en Shanghái. Aparece con el mismo nombre y en la misma dirección (en el barrio de Gobongo, en Bangui) que en el Registro Mercantil centroafricano... pero está clasificada entre los participantes rusos. No está representada por su directora, Yakoïma, sino por un jefe de ventas llamado Artem Tolmachev. Una de las dos direcciones de correo electrónico de contacto de la empresa está alojada en un servicio de correo ruso, mail.ru.

Los vínculos de Bois Rouge con Rusia se ven confirmados por sus actividades sobre el terreno. Fotos fechadas en noviembre de 2021 y tomadas en la concesión, obtenidas por EIC y OpenFacto, muestran a varios hombres blancos junto a empleados centroafricanos, así como camiones y cajas de medicamentos de marca rusa y una puerta en la que está escrito "centro médico" en ruso.

Otros elementos más concretos confirman que Bois Rouge no está simplemente vinculada a empresarios rusos, sino a una red concreta: la de Yevgeny Prigozhin –empresario cercano a Vladimir Putin– y el grupo Wagner, del que se sospecha que es el financiero y el jefe.

El grupo Wagner no tiene existencia legal: ninguna empresa lleva este nombre. Wagner es el nombre utilizado para describir al grupo militar privado ruso, y más ampliamente la galaxia de empresas controladas por Yevgeny Prigozhin en los países donde los mercenarios están involucrados, que tienen actividad en recursos naturales y en propaganda online. Yevgeny Prigozhin ya está presente en la República Centroafricana a través de varias empresas, entre ellas Lobaye Invest y M Finans, que están bajo sanciones estadounidenses desde septiembre de 2020.

El primer elemento que vincula a Bois Rouge con Wagner es cronológico: la adjudicación de la concesión en el distrito de Lobaye coincide con la llegada de mercenarios rusos a la región. Según los documentos a los que hemos tenido acceso, el Gobierno centroafricano adjudicó la antigua parcela de la IFB a Bois Rouge el 9 de febrero de 2021, sólo quince días después de la reconquista de Boda, la principal ciudad de la región, por las fuerzas armadas de la República Centroafricana y sus aliados rusos. Boda estaba anteriormente controlada por una alianza de grupos armados denominada CPC (Coalición de Patriotas por el Cambio).

Los vínculos entre Bois Rouge y la galaxia Wagner/Prigozhin son también financieros. Los datos de los "conocimientos de embarque" de mercancías destinadas a Bois Rouge, consultados por EIC y OpenFacto, muestran que la empresa compra material a Broker Expert LLC, una compañía con sede en San Petersburgo.

Broker Expert abastece a otras entidades de la red Wagner/Prigozhin, incluida la empresa minera Meroe Gold, activa en Sudán, descrita por el Tesoro estadounidense como filial del grupo Yevgeny Prigozhin.

La ONG Dossier Center (dirigida por el opositor ruso Mijaíl Jodorkovski), cuyos tres periodistas fueron asesinados en la República Centroafricana en julio de 2018 mientras investigaban las actividades de Wagner en el país, también incluye a Broker Expert como "empresa afiliada a Prigozhin". Este vínculo se confirma con otros elementos, como un número de teléfono utilizado tanto por Broker Expert como por empresas pertenecientes a la familia Prigozhin: Soinvest LLC, dirigida por la esposa de Evgeny Prigozhin, Liubov Prigozhina, o Concord LLC, de la que Evgeny Prigozhin es el beneficiario efectivo.

Hemos identificado veintiocho transacciones entre Bois Rouge y Broker Expert sólo en noviembre y diciembre de 2021. En dos meses, la empresa maderera importó a través de Broker Expert un tractor, materiales de construcción (chapa de acero, espuma de arcilla, hormigonera, cemento, ladrillos), tornillos, alambre de espino, un ventilador, láminas de amianto o incluso una aspiradora industrial.

Además de estos vínculos comerciales, las pistas dejadas sobre el terreno también sugieren una conexión con Wagner. En dos fotos tomadas en la concesión de Bois Rouge, podemos ver a individuos con pantalones de camuflaje militar. Este diseño de camuflaje, llamado “multicam”, es el utilizado por Wagner en la República Centroafricana.

Entre las fuentes de financiación conocidas de Wagner está la explotación de recursos naturales. El grupo de Yevgeny Prigozhin se ha hecho con yacimientos de petróleo y gas del Estado Islámico en Siria (de los que Wagner recibiría el 25% de los ingresos en virtud de un contrato firmado con el Gobierno sirio) y con minas de oro en Sudán explotadas por una empresa vinculada a Yevgeny Prigozhin. Se sospecha que la asignación de permisos de explotación a empresas vinculadas a Wagner es una forma de que los gobiernos africanos sobreendeudados paguen los servicios de los mercenarios.

La República Centroafricana parece haber adoptado el mismo esquema de financiación. Un documento oficial redactado por el Gobierno centroafricano, revelado en un reciente reportaje de investigación emitido por la cadena de televisión francesa France 5, demuestra el vínculo entre "las inversiones rusas en el ámbito de la seguridad nacional" y la explotación de una mina de oro en la República Centroafricana por parte de una empresa llamada Midas Resources, constituida en Madagascar pero que en realidad está bajo control ruso.

"El Estado centroafricano tiene derecho a conocer el importe de las inversiones rusas en el ámbito de la seguridad nacional para poder gestionar las compensaciones", afirma el mismo documento.

¿El derecho a explotar la selva centroafricana forma parte de las "compensaciones" concedidas a Wagner a cambio de los servicios de sus combatientes, que proporcionan una estrecha vigilancia al presidente Touadéra y luchan junto a las fuerzas armadas del país?

Nuestra investigación demuestra en cualquier caso que las condiciones de explotación concedidas a Bois Rouge son más un regalo que una relación comercial normal.

Obtuvimos los documentos oficiales que regulan las actividades de Bois Rouge, que hasta ahora habían permanecido en secreto y comparamos los dos documentos principales –el acuerdo de explotación provisional firmado entre el Estado centroafricano y Bois Rouge el 28 de abril de 2021 y el acuerdo de explotación definitivo firmado el 3 de diciembre de 2021– con otros seis contratos firmados con otras empresas entre 2014 y 2020. El análisis muestra que Bois Rouge ha obtenido el derecho de explotación intensiva del bosque, así como ventajas nunca concedidas a otras empresas.

Tres ejemplos ilustran este trato privilegiado.

A Bois Rouge se le ha permitido explotar toda la superficie del bosque para el que obtuvo la concesión, incluso antes de haber firmado el "acuerdo de explotación definitivo" que se supone que debe regir sus actividades. Por contra, antes de firmar ese acuerdo definitivo, las demás empresas forestales sólo tienen derecho a explotar una parte de su concesión, generalmente alrededor de un octavo de su superficie.

Segunda ventaja: mientras que los contratos forestales definen "zonas de tala" (donde se permite la explotación) que cambian cada año, para dejar que el bosque se regenere, el acuerdo de Bois Rouge establece que las "zonas de tala anuales" que no son válidas por un año, sino por tres, y que son renovables a simple petición de Bois Rouge.

Por último, el contrato firmado con la empresa controlada por Rusia carece de una disposición importante, que sí figura en todos los demás acuerdos que hemos podido consultar: la prohibición de cortar árboles cuando el tiempo es lluvioso o ventoso, lo que normalmente se impide por razones de seguridad.

Además de estas condiciones de explotación sin precedentes, hemos obtenido un documento que demuestra que el Gobierno centroafricano ha concedido generosas ventajas fiscales y aduaneras a Bois Rouge.

Una carta firmada por el ministro de Finanzas y Presupuesto de la República Centroafricana, Henri-Marie Dondra, fechada el 23 de abril de 2021, indica que a Bois Rouge se le conceden derechos de aduana reducidos al 5% sobre sus importaciones, una exención del impuesto de sociedades (luego reducido al 25% durante un año más), una contribución al desarrollo social reducida en un 25% y una exención del pago de la licencia comercial, todo ello durante cinco años. También se "neutraliza" el IVA de las importaciones mediante un procedimiento denominado "pago diferido", y se concede a la empresa una exención del impuesto sobre bienes inmuebles durante ocho años en todas las nuevas construcciones.

A pesar de este trato preferente, hemos podido comprobar que Bois Rouge no ha cumplido todos sus compromisos.

La empresa comenzó a operar en julio de 2021 sin elaborar ni un plan de desarrollo forestal ni un estudio de impacto ambiental, que son dos obligaciones legales. La ausencia de plan de desarrollo se menciona explícitamente en el acuerdo final de explotación del 3 de diciembre de 2021, lo que no impidió al Gobierno centroafricano firmarlo.

"El establecimiento de planes de desarrollo de explotación, que garanticen la preservación de los recursos forestales, sigue siendo nuestra prioridad y vamos a intensificar los controles", aseguró el ministro de Bosques centroafricano en 2016.

El hecho de que Bois Rouge no haya realizado un estudio de impacto ambiental nos ha sido confirmado por el Ministerio de Medio Ambiente centroafricano, contactado por teléfono el 12 de julio de 2022.

Eso no es todo. Bois Rouge debería haber pagado, a cambio de la adjudicación de la concesión, tres años de alquiler. Esta obligación aparece claramente en el decreto firmado por el primer ministro centroafricano que concede el permiso. La empresa disponía de quince días para hacerlo, y "cualquier incumplimiento o retraso dará lugar a la cancelación automática del permiso", especifica el documento, fechado el 9 de febrero de 2021. Bois Rouge no pagó. Sin embargo, su licencia no fue revocada.

Una carta del Ministerio de Finanzas demuestra que el 23 de abril de 2021, dos meses después de la expiración del plazo legal para pagar el alquiler, el Estado centroafricano aún no había recibido el dinero. La carta indica que Bois Rouge había solicitado el aplazamiento del pago hasta el 1 de abril de 2022, once meses después de la fecha prevista. El aplazamiento fue concedido por el ministro de Finanzas, Henri-Marie Dondra. A preguntas de EIC, no respondió.

Por último, pero no menos importante, otros documentos internos del Ministerio de Aguas y Bosques demuestran que Bois Rouge no pagó todos los impuestos obligatorios relacionados con la tala de árboles, al menos hasta febrero de 2022.

Además de estas deficiencias legales y financieras, las condiciones de trabajo en la concesión son problemáticas, revela el testimonio de una persona que conoce bien el lugar pero que pide el anonimato dado los importantes riesgos para su seguridad. Esta fuente informa de que Bois Rouge emplea un personal muy insuficiente (los equipos de tala están formados por dos personas, frente a las cinco o seis habituales), que trabaja en condiciones peligrosas.

Según este testigo, un empleado de Bois Rouge puede talar "de 15 a 20 árboles al día", mientras que lo normal en otras concesiones sería más bien 7 al día. Los responsables de la empresa obligan a estos trabajadores a trabajar "hasta las 3 o 4 de la tarde", mientras que en la región es habitual que las talas se detengan hacia las 11 de la mañana a causa del viento que se levanta y hace que dicha tarea sea especialmente peligrosa. Por último, este testigo afirma que Bois Rouge no archiva la información en el "libro de explotación", que enumera los volúmenes concretos de madera cortada, a pesar de que se trata de una obligación legal.

A preguntas sobre estas acusaciones, Bois Rouge se negó a responder.

A pesar de ello, Bois Rouge no habría explotado todavía grandes volúmenes de madera. Dos fuentes familiarizadas con el asunto indican que la empresa ha cortado hasta ahora un número relativamente modesto de árboles, lo que representaría un volumen de apenas unos cientos de metros cúbicos, que luego exportó a través de Camerún. "Parece que están en una fase de pruebas", indicó una de estas fuentes.

Es imposible, por el momento, saber a qué países se exportó esta madera. Preguntado al respecto, Bois Rouge tampoco quiso responder. SGS, la empresa encargada de controlar las exportaciones de madera centroafricana, no contestó a nuestras preguntas.

Varios países europeos importan madera centroafricana, entre ellos España (al menos hasta 2019), Francia, Italia, Portugal, Alemania y Bélgica. En total, según las cifras oficiales elaboradas por la UE, las importaciones de madera (y sus derivados, carbón y corcho) de la República Centroafricana a la UE aumentaron un 62% en 2021 hasta alcanzar los 11 millones de euros.

¿Se importa "madera de Wagner" a Europa o podría hacerse pronto? En teoría ese comercio está prohibido por dos razones: la normativa europea contra la tala ilegal y las sanciones de la UE dirigidas a Wagner. A esto se podrían añadir las nuevas sanciones adoptadas contra empresas y ciudadanos rusos tras la invasión de Ucrania, que también podrían afectar indirectamente a Bois Rouge: la empresa se abastece de la siderúrgica rusa Severstal, cuyo principal accionista, el empresario ruso Alexey Mordashov, fue sometido a sanciones europeas en marzo de 2022.

Pero, por ahora, no hay garantías de que los controles existentes sean suficientes para impedir que Wagner venda su madera centroafricana en Europa.

En 2005 y 2020, la UE adoptó dos reglamentos destinados a acabar con la explotación ilegal de los bosques: el reglamento de la Unión sobre la madera y el llamado reglamento FLEGT ("Forest Law Enforcement Governance and Trade"). En concreto, establecen que los importadores deben poner en marcha un sistema de "diligencia debida", que se supone que garantiza que la madera procedente de una explotación ilegal no se comercializa en el mercado de la Unión Europea.

Pero la Comisión Europea juzgó, en un informe de diciembre de 2021, que estas dos herramientas no habían alcanzado plenamente sus objetivos. Algunas de las empresas que importan madera a la UE tienen "un conocimiento y una comprensión limitados de las obligaciones que deben cumplir" y afrontan dificultades para verificar la información de sus cadenas de suministro. Según la Comisión Europea, algunos importadores aprovechan la flexibilidad de algunos países de la UE, donde hay menos controles, para introducir madera de origen dudoso.

De hecho, para el año 2020, sólo un Estado miembro declaró haber realizado una inspección sobre la madera importada de la República Centroafricana para verificar su cumplimiento con la normativa europea.

Las ONG son aún más críticas: "Las normas de confidencialidad dentro de la Unión Europea dificultan el seguimiento de la madera desde el origen hasta la empresa que la importa directamente", afirma Marigold Norman, experta en madera que trabaja con la ONG Forest Trends. Además, "hasta ahora, las sanciones a las empresas que incumplen las normas han sido limitadas. En algunos casos, las multas sólo se consideran parte del coste de abastecerse de madera tropical de alto valor".

A pesar de que las importaciones de madera centroafricana han aumentado mucho en los últimos años (hasta casi 6 millones de euros en 2021, según datos de las aduanas francesas), Francia tampoco parece estar aplicando suficientes controles. En 2019, la ONG Earthsight constató que una empresa francesa, F. Jammes, seguía importando madera producida por la empresa centroafricana SEFCA, a pesar de haber sido acusada por Global Witness de haber pagado dinero a un grupo armado centroafricano responsable de muchos abusos, llamado Seleka, para asegurarse su producción.

El comercio de madera entre España y la República Centroafricana es muy pequeño. Según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio, en 2019 España importó madera por valor de sólo 315.921 euros. El año en el que más se compró fue en 2001, cuando el volumen de las operaciones sumó 13,28 millones de euros. Desde entonces las compras de madera en ese país africano no han hecho más que descender. De hecho, la Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera (AIM) cifra en sólo 29 metros cúbicos la madera tropical aserrada que España trajo de la República Centroafricana en 2020, apenas 9.000 euros. En 2021 no aporta cifras siquiera.

La República Centroafricana firmó en noviembre de 2011 un Acuerdo Voluntario de Colaboración (AVA) con la Unión Europea, que le obliga a diseñar y aplicar un sistema que verifique la legalidad de la madera que exporta. A partir de entonces, debería haber comenzado a expedir las licencias FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), que certifican que la madera cumple los requisitos europeos. Sin embargo, hasta el momento no ha emitido ni una sola de estas licencias, explica el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene las competencias sobre política forestal.

La AEIM evalúa los riesgos que cada país entraña para la compra de madera legal. Y advierte ante la elevada corrupción y “la falta de fiabilidad de la documentación que pudiera expedir el gobierno” centroafricano. En concreto, pide a sus asociados que extremen las precauciones cuando se trate de “madera en tronco (en bruto)”, procedente de “compañías asiáticas, que han proliferado mucho últimamente en este país”. Se refiere a empresas chinas. “Hace 20 años que no compro madera en la República Centroafricana, casi nadie [en España] lo hace ya, por el conflicto bélico, la mayor parte de la madera aserrada se la llevan los chinos”, confirma un importador español a infoLibre. Los países de la zona que ofrecen más seguridad, añade, son Camerún, Costa de Marfil y Gabón. No obstante, el ministerio precisa que tampoco Camerún, pese a haber firmado en su día su propio Acuerdo Voluntario de Asociación con la UE, emite licencias FLEGT.

Además, aclara que la mayor parte de la madera africana, la centroafricana y la procedente de otros países como el Congo, se exporta a través de Camerún, del puerto de Duala. Y se dirige rumbo a China. En la misma dirección apunta la AEIM: “Esas partidas figuran, según Aduanas, como provenientes del lugar de embarque” en lugar de sus países reales de origen.

Para cumplir el reglamento sobre maderas de la UE (EUTR), los agentes y comerciantes europeos –por tanto, también los españoles—deben asegurar la trazabilidad de sus importaciones, identificando a todos los que han participado en la cadena de suministro de los troncos que han comprado. Lo que resulta muy complicado en la República Centroafricana.

La AEIM recomienda a sus socios que recurran a “algún organismo externo” para que verifique el origen legal de la madera que quieran comprar en ese país africano, para sortear la escasa fiabilidad del gobierno local. La UE ha encargado a toda una serie de instituciones independientes que vigilen y verifiquen la legalidad de la madera de este y otros exportadores de la zona. En el caso de España, se trata de Aenor. infoLibre ha preguntado a esta sociedad de certificación por las operaciones que ha controlado desde 2015, cuando recibió el mandato de Bruselas. Y su respuesta ha sido que no ha monitorizado ninguna, debido a que las operaciones han sido muy pequeñas.

Tampoco la Guardia Civil, a través de la Ucoma (Unidad Central Operativa Medioambiental), ha echado el ojo hasta ahora a operaciones de tráfico ilegal de madera procedentes de la República Centroafricana. Según explica a infoLibre el teniente Sergio Martínez Moraleda, la mayor parte de la madera tropical que llega a España procede de Camerún, Gambia o Congo. Y no siempre se queda en España. Por lo general, añade, sólo está de tránsito hacia China. Los importadores están obligados a verificar que la madera que compran cumple con los requisitos establecidos por la UE, pero resulta “complicado”, precisa, comprobar su trazabilidad en países tan inestables y corruptos como los africanos de donde proceden los troncos.

La Guardia Civil está “intensificando” los controles de empresas, también de cargamentos en Aduanas, pero el teniente de Ucoma rechaza que en España haya “grandes traficantes” de madera tropical. En febrero de 2020, la Ucoma cerró la operación Quercus, en colaboración con Europol e Interpol. Fueron detenidas 71 personas y se incautaron más de 13.000 metros cúbicos de madera, procedentes de Brasil y de África. Entonces los agentes investigaron cientos de importadores, fabricantes de muebles, parquets, palets e instrumentos musicales, así como aserraderos en todo el país.

Y el pasado mes de abril, la Guardia Civil intervino en el puerto de Las Palmas dos contenedores que declaraban contener nueces, pero en realidad transportaban palo de rosa, procedente de Gambia, una especie de madera protegida por el Convenio sobre el Tráfico Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula su comercio internacional. Su destino era China. Esta operación forma parte de un dispositivo permanente organizado por Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, la operación Thunder.

La mayor empresa petroquímica de Rusia, Sibur, está relacionada desde hace tiempo con el presidente Vladimir Putin. Su viejo amigo, el oligarca Gennady Timchenko, adquirió una importante participación en la compañía en 2011. Y su exyerno fue noticia cuando se reveló que, tras casarse con la hija de Putin, adquirió una participación del 17% en Sibur que le hizo multimillonario.

Ahora, por primera vez, una filtración de correos electrónicos de la empresa obtenida por el consorcio periodístico OCCRP prueba que Sibur gastó grandes sumas en una villa vinculada a Putin. OCCRP compartió su investigación con diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos infoLibre en España.

La casa es una mansión señorial en el Golfo de Finlandia conocida como Villa Sellgren. En 2016, el canal de televisión Dozhd informó de que se había convertido en un destino vacacional para Putin. El líder de la oposición Alexei Navalny apuntó en la misma línea, y señaló que una pancarta cerca de la entrada de la villa la identificaba como un “centro de recreo” de Sibur. Navalny sugirió que el cartel de Sibur era una forma de encubrir el uso de la casa por parte de Putin.

Los correos filtrados proporcionan nuevas pruebas de que esa hipótesis era correcta. Sibur acordó en 2012 pagar más de un millón de dólares al año (950.000 euros al cambio actual) para alquilar la villa a su propietario, Oleg Rudnov, un viejo amigo de Putin, a través de una empresa de gestión de propiedades llamada Nogata.

Pero el gigante petroquímico no estaba realmente autorizado a utilizar las instalaciones, y algunos de sus principales ejecutivos estaban desconcertados por el acuerdo, según muestran los correos electrónicos.

"La directora [de Nogata] me dijo que tiene una tarea, alquilar la villa, y después podemos hacer lo que queramos, incluso hacer celebraciones corporativas allí", escribió el director general de Sibur, Mikhail Mikhailov, con aparente sorpresa. "¿He entendido bien que la alquilamos para nuestros fines? ¿Podemos usarla?", preguntó al presidente del consejo de administración de la empresa, Dmitry Konov, en un correo electrónico de agosto de 2012.

"No podemos usarla", respondió Konov.

Nogata también tiene estrechos vínculos con Putin: pertenece a Nikolai Shamalov, amigo de Putin y padre de Kirill Shamalov, que se casó con la hija del presidente en febrero de 2013.

En junio de 2013, un representante de Nogata escribió a Sibur explicando que una nueva empresa de gestión se haría cargo de la propiedad, y que el contrato de arrendamiento de Sibur debía ser rescindido en un plazo de diez días.

Para concertar un nuevo contrato de arrendamiento con la nueva empresa gestora, escribió, Sibur tendría que hablar con un hombre llamado Pavel Zaitsev.

El motivo de este cambio no está claro. Pero la participación de Zaitsev en la organización del alquiler de la lejana villa es muy relevante porque trabaja para el Banco Rossiya, entidad financiera conectada con el círculo íntimo de Putin y con LLCInvest, un grupo de empresas creadas en torno al banco que posee múltiples activos vinculados al presidente ruso. (puedes leer aquí la información sobre LLCInvest). Zaitsev declinó responder a las preguntas de OCCRP.

Para aclarar qué hacer tras el correo electrónico de Nogata, que parece haberles dejado perplejos, los directivos de Sibur se dirigieron a Konov, el presidente del consejo de administración en aquel momento. "¿Actuar de acuerdo con las recomendaciones propuestas?", preguntó uno. "¿Qué hacer con el pago (seguir pagando?)?".

Konov prometió "preguntar". Dos días más tarde sugirió que el vicepresidente de Sibur, Mijail Mijailov, hablara de la cuestión con Kirill Shamalov, que entonces todavía era el yerno de Putin. Pero incluso antes de que se produjera esa charla, Konov instruyó a Mikhailov: "Seguimos pagando".

Poco después de la reorganización, los empleados de Sibur observaron que la nueva dirección no les dejaba visitar la mansión, algo que debían hacer periódicamente para asegurarse de que los pagos de Sibur estaban justificados. "Se recibió una respuesta preliminar de la nueva empresa gestora con un rechazo [a nuestra petición] de visitar la propiedad", escribió un miembro de la junta directiva a Konov. Una vez más, el asunto se remitió a Shamalov.

A preguntas de OCCRP, un portavoz de Sibur describió el acuerdo de la empresa como un "subarriendo" que sólo le daba un acceso limitado y no exclusivo a la propiedad entre 2012 y 2013. Dicho portavoz añadió que Sibur lo utilizaba para eventos corporativos, como seminarios de gestión y ejercicios de formación de equipos, y aseguró que la empresa no tenía información sobre su uso por parte de Putin. Proporcionó además una respuesta adicional de Konov, presidente del consejo de administración de Sibur en el momento del alquiler, quien indicó que la idea de que Sibur llevaría a cabo los deseos personales del presidente Putin era "absurda".

Ninguno de los documentos vistos por los periodistas describe el acuerdo como un "subarriendo" limitado, y el cartel que designa Villa Sellgren como un "centro de recreo" de Sibur es difícil de cuadrar con tal acuerdo. En una respuesta adicional, el portavoz de la empresa añadió que el cartel no había sido colocado allí por Sibur y destacó que su diseño y formato no coincidían con la marca estándar de la compañía.

En 2017, el día después de que Navalny diera a conocer su investigación, los correos electrónicos filtrados muestran a los ejecutivos de Sibur elaborando una estrategia sobre cómo contener las conversaciones en las redes sociales que vinculaban a la empresa con la mansión, a la que se referían únicamente como "la propiedad inmobiliaria."

"Estamos reaccionando aquí y allá, pero teniendo en cuenta el rápido crecimiento orgánico de los comentarios en torno al vídeo... nuestros comentarios no son perceptibles (ver anexo)". Adjunto al correo electrónico hay una lista de comentarios que defienden a Putin y a Sibur, y atacan a Navalny.

"Aunque tenga esta dacha, ¿ahora qué?", decía uno de esos comentarios, supuestamente de un hombre llamado Sergei. "No va a almacenar sus setas y salar su pescado en un cobertizo :) :) :)".

Los periodistas se han esforzado durante años por determinar qué patrimonio tiene Vladímir Putin.

El presidente ruso, que cultiva una imagen pública de patriotismo sobrio, ha sido vinculado a una serie de lujosas propiedades, como un inmenso palacio en el Mar Negro, las hectáreas de viñedos circundantes, una estación de esquí y un chalé al norte de San Petersburgo.

Pero siempre ha sido imposible relacionar la propiedad de estos bienes directamente con Putin a través de un rastro documental. Muchas veces han sido amigos de Putin quienes han dado un paso adelante para reclamarlos como propios.

Un viejo amigo y antiguo sparring de judo del presidente ruso, Arkady Rotenberg, dice ser dueño del palacio del Mar Negro. Los viñedos de los alrededores se reparten entre otros dos socios de Putin: el hijo de uno de sus amigos de la infancia y un conocido oligarca, Gennady Timchenko. La villa al norte de San Petersburgo pertenece a Sergei Rudnov, el hijo de otro viejo amigo que murió en 2015.

Pero todos estos activos, aparentemente en manos de varias personas diferentes, tienen algo en común: son propiedad de empresas y entidades sin ánimo de lucro que están conectadas entre sí por una infraestructura técnica subyacente visible a través de un dominio de correo electrónico: LLCInvest.ru.

Todos los activos importantes que se han atribuido públicamente a Putin comparten esta conexión.

Así lo prueban diversas pruebas documentales obtenidas por el consorcio periodístico OCCRP, que compartió su investigación con diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos infoLibre en España.

Lo que podríamos denominar "empresas de LLCInvest" también poseen otras docenas de propiedades y negocios valiosos. Algunas están relacionadas con el Banco Rossiya, una entidad ampliamente conocida como "el banco de Putin", mientras que otras pertenecen en última instancia a miembros de su círculo íntimo. Esta entidad financiera comenzó a amasar un imperio empresarial con intereses en medios de comunicación, telecomunicaciones, inmuebles y turismo después de que Putin fuera elegido presidente por primera vez en el año 2000.

Los periodistas de OCCRP y de Meduza se fijaron en LLCInvest.ru después de que una investigación de 2017 del semanario ruso Sobesednik señalara que era utilizada por una red de organizaciones sin ánimo de lucro fundada por los amigos de Putin. Siguiendo esta pista, encontraron decenas de otras empresas y entidades sin ánimo de lucro cuyo personal y propietarios utilizan direcciones de correo electrónico en este dominio, y que parecen estar interconectadas.

El dominio LLCInvest.ru está alojado en una empresa tecnológica llamada Moskomsvyaz, que a su vez está estrechamente vinculada al Banco Rossiya. El año pasado, una fuente filtró a los periodistas una gran cantidad de metadatos de correos electrónicos de Moskomsvyaz, que revelaban que los gerentes, propietarios y empleados de estas empresas de LLCInvest, aparentemente sin relación entre sí, se comunicaban con frecuencia de un modo que sólo cabría esperar de personas que trabajan juntas.

Por ejemplo, Rudnov, el hijo de un viejo amigo de Putin, es el propietario de una empresa llamada Volna que utiliza el dominio LLCInvest.ru. Los correos electrónicos filtrados muestran al cofundador de una empresa de LLCInvest completamente diferente debatiendo sobre las finanzas de Volna con otro hombre que utilizaba una dirección LLCInvest.ru. Ninguno de ellos tiene ninguna conexión pública con Volna.

Otra filtración proporciona pruebas adicionales de que las empresas LLCInvest trabajan juntas. Los correos electrónicos de una empresa constructora que levantó una villa al noroeste de San Petersburgo conocida localmente como "la dacha de Putin" muestran que tres empresas diferentes de LLCInvest son propietarias de distintas parcelas alrededor del complejo, mientras que una cuarta entidad –una organización sin ánimo de lucro aparentemente dedicada al "renacimiento de las tradiciones marinas"– gestionó la construcción.

"La única explicación que veo es que estas empresas están unidas por un sistema de gestión común", indicó un experto en corrupción en Rusia que revisó los hallazgos de OCCRP. [No se le identifica porque relacionarse con OCCRP, considerada una entidad "indeseable" por las autoridades rusas, puede conllevar ahora una severa sanción legal, incluido ir a prisión).

Muchos de los propietarios de las empresas de LLCInvest proceden de un grupo de amigos y socios que se agruparon en torno a Putin cuando éste era un alto funcionario de San Petersburgo en la década de 1990, añadió. "[LLCInvest] se parece sobre todo a una cooperativa, o a una asociación, en la que sus miembros pueden intercambiar beneficios y propiedades", concluyó.

En total, los periodistas pudieron identificar 86 empresas y entidades sin ánimo de lucro que parecen formar parte de esta red informal. En conjunto, poseen activos por valor de cerca de 4.300 millones de euros, incluyendo mansiones, aviones, yates y cuentas bancarias repletas de fondos. Todas ellas están interconectadas y comparten los mismos administradores, direcciones de registro y proveedores de servicios, como auditores y registradores.

Un puñado de estas sociedades son propiedad directa del Banco Rossiya, mientras que varias docenas más pertenecen a miembros del consejo de administración o accionistas del banco, entre los que se encuentran el empresario multimillonario Yuri Kovalchuk y la rumoreada amante de Putin, Svetlana Krivonogij. Unas 18 empresas parecen no tener ninguna relación con el banco a primera vista, pero en realidad pertenecen a empleados de la entidad de menor nivel. El resto son mayoritariamente propiedad de amigos y socios de Putin, como Rotenberg y Rudnov.

En un intento por entender mejor la configuración de LLCInvest, los periodistas enviaron correos electrónicos a más de 100 cuentas descubiertas en el curso de esta investigación, incluyendo directivos y accionistas de las compañías. Un rastreador de correos electrónicos mostró que se abrieron docenas, y algunos enviaron respuestas automáticas de "fuera de la oficina", pero ni una sola persona respondió a las preguntas planteadas.

Los periodistas también se pusieron en contacto por teléfono con cinco representantes de empresas de LLCInvest. Cuatro colgaron sin hacer comentarios. Un hombre que figuraba como administrador de varias empresas confirmó que utiliza una dirección LLCinvest.ru, que se le asignó después de ser contratado, pero dijo que no sabía quién era el propietario de las empresas. "Soy un humilde empleado y me ocupo de mis asuntos. Sólo firmo papeles", confesó. "¿Saben que a veces personas indigentes son registradas como directivos de una empresa? Yo no soy un indigente, pero firmo los papeles, como ellos, sin entrar en detalles".

Moskomsvyaz, la empresa que aloja el dominio LLCInvest, no respondió a las preguntas planteadas. Cuando una periodista llamó, haciéndose pasar por un potencial cliente, para ver si era posible que alguien utilizara los servicios de Moskomsvyaz, fue dirigida a un empleado de soporte técnico que pidió que se enviaran las solicitudes por correo electrónico y señaló que la "política" de la empresa era no aceptar "clientes privados". Los repetidos correos electrónicos quedaron sin respuesta.  

OCCRP envió al Kremlin una descripción detallada de los hallazgos realizados para conocer su versión. Un portavoz oficial se limitó a responder: "El presidente de la Federación Rusa no está vinculado ni relacionado de ninguna manera con los activos y organizaciones que ustedes mencionan".

Todavía se desconocen muchas cosas sobre las empresas de LLCInvest, entre ellas si representan una especie de estructura de holding informal o simplemente comparten infraestructura técnica. Incluso se desconoce el alcance total del universo LLCInvest, siendo la cifra de 86 empresas y entidades sin ánimo de lucro una estimación conservadora. Pero analizados en conjunto, estos hechos ofrecen una imagen intrigante de cómo el Banco Rossiya conecta miles de millones en activos, procedentes del círculo íntimo de Putin, de una manera que parece beneficiar al propio presidente.

En la norteña república rusa de Carelia, a orillas del Golfo de Finlandia, se encuentra una hermosa mansión de ladrillo conocida como Villa Sellgren. Diseñada por un célebre arquitecto finlandés antes de la revolución rusa, fue utilizada para rodar una exitosa película soviética sobre Sherlock Holmes.

En 2017, la casa se hizo famosa por segunda vez. Citando fuentes de la administración local y de los residentes de la zona, el canal de televisión independiente Dozhd informó de que la mansión se había convertido en un destino vacacional para Putin. Dozhd también descubrió que la villa era propiedad de Rudnov, el hijo de un viejo amigo de Putin.

Rudnov utiliza una dirección de correo electrónico de LLCInvest, al igual que el directivo de la empresa a través de la cual posee la casa, llamada Sever. La propiedad es administrada por alguien sin conexión externa con Sever, un hombre llamado Pavel Zaitsev que también es dueño de varias otras compañías de LLCInvest, según muestran los correos electrónicos filtrados.

Y no se trata sólo de Villa Sellgren. Casi todos los demás bienes que investigaciones periodísticas anteriores han asociado con Putin, incluido el palacio del Mar Negro, son propiedad de una empresa del universo de LLCInvest. Entre ellas se encuentran la estación de esquí de Igora, donde su hija celebró su boda; múltiples casas de vacaciones supuestamente utilizadas por Putin; y una mansión en una zona lujosa cerca de Moscú que en su día perteneció a la hija de Putin y a su marido.

Las empresas de la red también son propietarias de varios yates de lujo, dos de los cuales han sido vistos navegando entre diferentes propiedades vinculadas a Putin. Un tercero es propiedad de su supuesta amante, Svetlana Krivonogij.

Al menos una de estas embarcaciones parece estar gestionada conjuntamente por varias empresas de LLCInvest.

Un yate de aluminio de 14 metros de eslora, llamado Brizo 46, fue adquirido por una empresa llamada Unison por 1,2 millones de euros en 2015. El único accionista y antiguo director de Unison, Vladimir Avramenko, utiliza una dirección de correo de LLCInvest.ru.

Pero los correos electrónicos filtrados muestran que gestores asociados a una entidad de LLCInvest completamente diferente –una organización sin ánimo de lucro destinada a promover las "tradiciones de la aviación rusa"– organizaron la importación del yate a Rusia.

Estos gestores, Larisa Isaeva y Alexander Samosyuk, no tienen sobre el papel ninguna relación con Unison, pero elaboraron juntos una estrategia para reducir el pago de impuestos por el yate cuando se importó.

Según los registros de aduanas, los yates de las empresas LLCInvest suelen pasar el invierno en un almacén de yates cerca de la ciudad finlandesa de Kotka, no muy lejos de San Petersburgo. Se trata de la misma instalación en la que el supuesto yate Fotinia del ex presidente y primer ministro Dmitri Medvédev fue descubierto recientemente por periodistas finlandeses.

Y la instalación también tiene una conexión con los amigos de Putin: Dmitry Gorelov, antiguo accionista del Banco Rossiya que supuestamente ayudó a financiar la construcción del palacio de Putin en el Mar Negro, le concedió un préstamo sin intereses a la empresa propietaria.

No se trata sólo de yates y casas de vacaciones: los últimos registros disponibles muestran que las entidades de LLCInvest tienen más de 475 millones de euros en efectivo en sus cuentas, según descubrieron los periodistas.

Las sociedades de LLCInvest son en su mayoría empresas privadas que mantienen una presencia pública mínima. Russair es una excepción. Aunque utiliza la misma infraestructura técnica que las demás, también tiene en funcionamiento una página web que anuncia una serie de servicios relacionados con los aviones.

Presentándose a sí misma como una "compañía aérea de desarrollo dinámico", Russair afirma que ofrece vuelos chárter que puede organizar en cualquier momento, de día o de noche. "Área de vuelo: todo el mundo", proclama la página web.

Pero cuando un reportero de OCCRP llamó a la compañía para reservar un vuelo chárter, la mujer que contestó no parecía dispuesta a cerrar el trato. Se negó a responder a preguntas sobre los servicios de Russair y pidió que se le enviara una consulta por correo electrónico. Nunca hubo respuesta.

De hecho, los registros de la agencia de aviación civil rusa muestran que Russair tendría problemas para transportar clientes. No tiene aviones, y sólo dos helicópteros, registrados para el transporte comercial. Otros cuatro helicópteros y dos jets de negocios Falcon 7X están registrados para su propio uso, pero no pueden transportar clientes comerciales.

Varios indicios sugieren que Russair puede estar vinculada a Putin.

Según la web de seguimiento de vuelos FlightRadar, los aviones de la compañía realizan rutas entre San Petersburgo, Crimea y la ciudad turística del Mar Negro de Gelendzhik. Estas zonas albergan algunos de los activos más importantes relacionados con Putin que poseen las empresas de LLCInvest.

El avión más caro de la flota de Russair, valorado en casi 40 millones de euros, es un Falcon 7X que vuela con el número de serie RA-09009. El mismo número fue utilizado en su día por otro Falcon 7X que perteneció a la Administración presidencial rusa.

Utilizando datos de FlightRadar, OCCRP pudo corroborar las afirmaciones de varias fuentes del sector de que Russair transporta pasajeros de alto perfil protegidos por el Servicio Federal de Seguridad.

En varias ocasiones, algunas tan recientes como el pasado mes de julio, su Falcon 7X voló con el número de serie RSD09009. Según el sistema internacional de códigos de aerolíneas, las letras RSD hacen referencia al Destacamento de Vuelos Especiales, una aerolínea estatal que transporta al presidente y a otros altos cargos. Según fuentes del sector, esta designación indica que el vuelo transportaba pasajeros especialmente protegidos. Sólo Putin y otros siete altos cargos tienen derecho a esa protección, aunque el presidente puede decidir concederla a otras personas de forma discrecional.

A la vista de estos hechos, cabe recordar que un bloguero ruso vinculó en su día el avión a Alina Kabaeva, una campeona olímpica de gimnasia rítmica y presunta novia de Putin. El autor no aportó ninguna prueba documental de que ella estuviera a bordo, pero señaló fuentes públicas que mostraban que el avión estuvo presente en ciudades que se sabe que ella visitó.

A pesar de coordinar todos estos vuelos, los registros contables de Russair muestran que en realidad no es propietaria de ninguno de los aviones que opera. En su lugar, todos son alquilados a una compañía de seguros llamada Sogaz, que era propiedad del gigante estatal del gas Gazprom hasta que fue vendida en 2004 como parte de una reestructuración.

Para sorpresa de muchos agentes del mercado, Sogaz fue adquirida por estructuras vinculadas al Banco Rossiya, poco conocido en aquel momento.

Aunque las empresas de LLCInvest poseen palacios, residencias y yates que parecen ser activos privados, muchas de ellas parecen funcionar más bien como vehículos de inversión, manteniendo grandes participaciones en empresas.

Hace tiempo que se sabe que algunas de estas compañías están vinculadas al Banco Rossiya. Otras pertenecen a un grupo aparentemente dispar de propietarios que, hasta ahora, no tenían ninguna conexión evidente con el banco ni entre sí.

Una de las inversiones más llamativas está en manos de una empresa LLCInvest llamada Altituda, que en 2019 recibió una participación del 51% de una compañia llamada Rusgazdobycha, con activos por valor de unos 360 millones de euros.

La valiosa participación parece haber sido transferida por un viejo amigo de Putin, Arkady Rotenberg, que anteriormente era dueño de Rusgazdobycha a través de estructuras corporativas opacas con sede en Rusia y Chipre. La otra participación del 49% se trasladó a dos fondos de capital privado cuyos propietarios se desconocen. No está claro por qué Rotenberg podría haber hecho esto, especialmente teniendo en cuenta que utiliza sus propias estructuras de gestión para sus otros activos.

Otro estrecho aliado de Putin, Gennady Timchenko, también trasladó valiosas inversiones a dos oscuras empresas con un administrador compartido que parece tener vínculos con el universo de LLCInvest.

En 2017, Timchenko transfirió su participación del 17% en el gigante petroquímico Sibur a una empresa asociada a LLCInvest llamada Delta. Al año siguiente, transfirió el 19% del productor de gas natural ruso Novatek a otra empresa asociada, Ena-Invest.

Aunque el valor exacto de estas participaciones es difícil de calcular, Sibur y Novatek son dos de las mayores empresas de Rusia.

Delta y Ena-Invest tienen activos por un valor de casi 11.500 millones de euros, según sus últimos informes financieros disponibles, más del doble que todos los demás activos de las empresas de LLCInvest juntos. Sin embargo, Delta y Ena-Invest no están tan claramente asociadas al grupo, por lo que los periodistas no incluyeron esta cifra en el recuento total de activos.

Ni Rotenberg ni Timchenko respondieron a las preguntas planteadas por OCCRP.

En cierto modo, LLCInvest parece una versión más secreta y menos formal de una estructura descrita hace 10 años por Sergei Kolesnikov, un empresario que huyó de Rusia después de denunciarse a sí mismo.

En una explosiva carta abierta, describió una trama corrupta que había ideado y que permitía a un grupo de los principales oligarcas rusos reunir miles de millones de rublos en una especie de "fondo de inversión" en beneficio de Putin, que entonces era primer ministro.

El dinero, denunció Kolesnikov, había sido desviado de un proyecto solidario para comprar equipos médicos para los hospitales rusos. Luego se canalizó hacia una empresa llamada Rosinvest que debía invertirlo en empresas rusas bajo la supervisión de Putin.

Pero Putin pronto dio instrucciones al grupo para que cancelara los proyectos empresariales y destinara el dinero a la construcción de un lujoso palacio en el Mar Negro, evidentemente para su uso. Un frustrado Kolesnikov huyó de Rusia y lo contó todo.

Rosinvest se disolvió tras las revelaciones de Kolesnikov, y desde entonces poco más se ha sabido de cómo Putin y sus amigos estructuran sus activos.

El experto en anticorrupción que habló con los periodistas explicó que la estructura de LLCInvest tenía algunas similitudes clave con Rosinvest, pero estaba menos centralizada, por lo que no era tan vulnerable a otro denunciante. “Reduce la posibilidad de que un ‘nuevo Kolesnikov lo revele, ya que no hay una oficina principal, ni un punto de unión para todos estos negocios", indicó.

Esto lo confirma el directivo de la empresa LLCInvest entrevistado por OCCRP, cuando aseguró que no estaba al tanto –ni siquiera interesado– en saber lo que significaba LLCInvest, ni de si había otras empresas vinculadas a la suya. "Si mi empresa formara parte de un gran holding, no lo sabría", admitió.

Otro experto, un consultor financiero ruso, destacó que incluso dejando a un lado la cuestión de quién es el propietario final de los activos en el sistema LLCInvest, podría ser ilegal ocultar la conexión del Banco Rossiya con muchos de ellos.

Registrar activos a nombre de empleados de bajo perfil u de otros apoderados es una práctica que los bancos rusos han utilizado para eludir las restricciones sobre la concesión de préstamos a las partes vinculadas, explicó dicho consultor: "Decenas de entidades que han tenido problemas con el Banco Central han sido sancionadas por estas prácticas con la revocación de sus licencias por parte del Banco Central".

En el caso del Banco Rossiya, la ocultación de los verdaderos propietarios de sus activos puede estar sirviendo a los intereses de algunas de las personas más poderosas del país.

Los reporteros hablaron con un exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos que trabajó para la OFAC, la oficina que aplica las sanciones financieras. Tras revisar los hallazgos, describió el montaje de LLCInvest como "extremadamente sospechoso. Es difícil encontrar una explicación inocente para las cosas que ha descrito. Dado que se dice públicamente que el Banco Rossiya es donde Putin y sus socios tienen sus activos, esto plantea muchas cuestiones legales".

Este exfuncionario recordó que muchos oligarcas relacionados con las empresas de LLCInvest, así como el propio Banco Rossiya, habían sido sancionados por Estados Unidos y la UE. "No especularía sobre quién es el verdadero propietario, pero hay claros indicios de un esquema de evasión de sanciones", concluyó.

El experto en corrupción rusa puso el foco en la opacidad de algunas de las participaciones de LLCInvest: "Estas formas opacas de poseer activos, relacionadas con personas políticamente influyentes, indican un mayor riesgo de corrupción y blanqueo de capitales. Establecer el verdadero propietario es una parte clave de las prácticas contra el blanqueo".