Begoña P. Ramírez

Las bajas superan a las altas durante los últimos tres meses por primera vez. La Seguridad Social atribuye el descenso al cierre de las oficinas y al confinamiento, que retrasa las nuevas solicitudes, pero también a la mortandad de la pandemia.

Las reformas laborales de 2010 y 2012 rebajaron la protección de los trabajadores indefinidos, lo que facilita su despido, pero a cambio no han conseguido reducir el empleo temporal. Un estudio de la Universidad Complutense concluye que no han cambiado al estructura del mercado laboral: sigue siendo tan dual como antes, pero más precario tanto para fijos como para temporales.

La AIReF ya pidió a Madrid, Andalucía y Aragón antes de la pandemia que retrasaran las rebajas de impuestos previstas para este año. Ahora, con el gasto disparado, la incógnita es cómo van a afectar a la financiación de la lucha contra el coronavirus. Los expertos recomiendan fijar “horquillas de armonización” para que ningún territorio tenga tipos superiores en un 10% a los del resto. 

Cerca de 140.000 personas se han inscrito en las bolsas de empleo de las organizaciones agrarias para recolectar fruta y hortalizas. Buena parte de ellas proceden de Madrid y de los sectores de la hostelería y el comercio. Deberían sustituir a los jornaleros extranjeros que no han podido entrar en España por el cierre de fronteras.

Exxonmobil envió a EEUU través de un hólding español más de 10.000 millones de euros en tres años, procedentes de otra sociedad del grupo en el Gran Ducado que tiene más de 100 filiales repartidas por todo el mundo. Una investigación de la red de medios EIC, de la que forma parte infoLibre, ha analizado documentos del Registro Mercantil de Bahamas con datos proporcionados por el colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets (DDoS).

DDoS es un colectivo de activistas que luchan en favor de la transparencia de los gobiernos y contra los paraísos fiscales. Ha proporcionado a la revista alemana Der Spiegel y a sus socios de EIC (European Investigative Collaborations), entre ellos infoLibre, un millón de documentos del Registro Mercantil de Bahamas.

El Ministerio de Trabajo rechaza el 10% de los ERTE de fuerza mayor, mientras que Baleares deniega el 4,36% y Andalucía sólo ha desestimado el 1,1% de los presentados. Burger King, Arcelor Mittal, las empresas de autobuses de Zaragoza y Valencia o la clínica Dexeus son algunas de las que recibieron el no de la autoridad laboral. 

El acortamiento de los contratos en abril se debe al desplome en un 83% de los temporales más largos, de entre tres meses y un año. La industria es el sector que más los abrevia: pasa de una media de 48 días en 2019 a sólo 36 este año.

Los expertos creen que hay margen para aumentar la recaudación y sufragar el alza histórica del gasto público, pero puede no ser suficiente: deberá completarse con endeudamiento y ayudas de la UE. 

“Es ruido mediático, no tenemos indicios de que el Ejecutivo planee recortes en las nóminas de los empleados públicos”, aseguran CCOO, UGT y CSIF. “Hasta que se presenten los Presupuestos no se negociarán los salarios públicos”, descarta el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Los sindicatos defenderán el poder adquisitivo de los funcionarios, que arrastran una pérdida del 20% desde la anterior crisis.

Ferrovial, Siemens Gamesa y Sacyr mantienen la retribución al accionista pese a los números rojos. Bankia pagará el dividendo complementario, pero anula el extraordinario, mientras que Caixabank recorta el de 2020. Ebro Foods dispara su beneficio un 390% por la pandemia, y ACS y las eléctricas dicen que no notan ningún impacto del covid-19.

El ladrillo y el turismo seguirán siendo la base inmediata para la recuperación tras la pandemia, pero “modernizados” e “industrializados”. Porque las renovables, la eficiencia energética, la electrificación y la digitalización deberán ser ya la apuesta de futuro y condicionar las inversiones para reactivar la economía y el empleo, explican los expertos.

Las subidas salariales del 2% firmadas en el Acuerdo de Negociación Colectiva de 2018 por los sindicatos y la patronal pueden devenir inaplicables con la economía en situación crítica por el coronavirus. Pero los sindicatos creen que se puede mantener el empleo al tiempo que unos salarios dignos: “No podemos volver a 2008”. La patronal, en cambio, pide descuelgues salariales más fáciles.

El SEPE registró en abril 3,8 millones de parados, medio millón más que la EPA. El 76% de quienes perdieron el trabajo el pasado mes tenían un contrato temporal. Los 3,4 millones de trabajadores incluidos en ERTE disparan en un 136% respecto a 2019 el número de quienes cobran prestaciones.

Si la UE alcanza un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción por la pandemia, el dinero no estará disponible hasta enero de 2021. Recurrir al BCE o aceptar las ayudas con condiciones del MEDE son las únicas soluciones para conseguir financiación con urgencia.

La pandemia ha forzado las cuentas públicas para incluir una cifra récord de gasto público que equivale al 51,5% del PIB. Las prestaciones sociales son el capítulo que más crece, un 17%. Así pretende el Gobierno paliar el impacto de un desplome económico que sólo en los seis primeros meses del año alcanzará el 18%.

La cifra multiplica por 10 la registrada en el tercer trimestre de 2012, cuando España estaba aún en plena recesión y recién aprobada la reforma laboral.

Alemania se olvida del rigor fiscal, EEUU aprueba un paquete de ayudas que supera al de la crisis de 2008 y la UE permitirá a los Estados participar en el capital de empresas consideradas estratégicas: los gobiernos se lanzan al rescate de la economía y van más allá de los préstamos garantizados: también aprueban inyecciones directas de capital e incluso nacionalizaciones.

Begoña, periodista de infoLibre, relata su experiencia como enferma de coronavirus, ingresada primero en el Hospital Infanta Leonor y luego en el Ifema. 

La emergencia sanitaria por el coronavirus puede provocar una debacle en el mercado laboral. La cuestión ahora es si, al igual que en anteriores crisis, el inevitable ajuste se hace con despidos o con medidas menos traumáticas como el Kurzarbeit alemán; es decir, mediante reducciones de jornada y suspensiones de contrato.