Begoña P. Ramírez

Un refuerzo de 500 personas contratadas por la filial de la empresa pública Tragsa teletrabajarán durante cuatro meses para parchear la falta de personal en la Seguridad Social. El refuerzo contratado por el Ministerio de Trabajo en el SEPE no impide que las empleadas domésticas despedidas durante el confinamiento hayan estado sin cobrar el subsidio al menos hasta el 1 de agosto. El organismo sólo ha aprobado 9.400 de las 30.000 solicitudes presentadas.

El Banco de España calcula que los pensionistas perciben de media 1,74 euros por cada euro aportado. El rendimiento de la pensión ordinaria puede alcanzar hasta el 7,4%, pero quedarse en el 1,5% en la jubilación anticipada.

Los expertos sostienen que en esta crisis no hay alternativa razonable a la expansión fiscal: “Ha cambiado el paradigma”. “Si, oculta tras los países frugales, regresa el fantasma de la austeridad, Europa no aguantará”, advierten.

Una filial del Banco Santander ha despedido a la delegada de CGT por impartir clases en internet durante sus horas sindicales. Para probarlo, contrató a unos detectives que usaron a sus propios hijos como alumnos. Los tribunales decidirán ahora si ella vulneró la lealtad debida a los trabajadores o si el banco y los detectives la indujeron a cometer una infracción.

Aunque todos los focos estén pendientes estos días del volumen final y las condiciones de las ayudas que la UE apruebe contra la crisis del covid, los Estados ya han venido tomando decisiones de gasto público desde marzo. Y si examinan en relación con la riqueza nacional o Producto Interior Bruto (PIB) anual de cada país, las diferencias son notables.

El Tribunal Supremo ha pedido al Constitucional que dictamine si la ley que reformó la formación para el empleo y limita a CCOO y UGT los sindicatos que pueden participar en la gestión del sistema vulnera el principio de igualdad y la libertad sindical. USO recurrió la norma aduciendo que el sistema se financia con las cuotas de todos los trabajadores, independientemente de su afiliación sindical.

A la falta de personal y los fallos informáticos se le ha sumado al Servicio de Mediación (SMAC) laboral de Madrid el cierre obligado por el estado de alarma. Ahora debe hacer frente a una lista de espera de 12.000 solicitudes de conciliación, un trámite obligado cuyo incumplimiento puede suponer el archivo de las demandas de los trabajadores ante los jueces de lo Social. 

El presidente del Gobierno esgrime el acuerdo con Unidas Podemos: subida del IRPF a las rentas más altas, tipo efectivo del 15% para las grandes empresas, alzas en impuestos verdes, tasa Google y tasa Tobin. 

La hostelería, el sector más perjudicado por la pandemia, creó 256.710 puestos de trabajo entre marzo y junio de 2019; este año, sólo 48.904. Está aún un 20% por debajo de su nivel de empleo del año pasado.

El SEPE ha tardado entre cinco y siete años, en algunos casos, en reclamar a algunas empresas las aportaciones a las que están obligadas si despiden a este tipo de trabajadores. Así ha ocurrido con Caixabank, a la que aún no ha exigido el pago de casi 95 de los 127 millones que adeuda.

El banco estaba obligado a pagar esa cifra por las prestaciones y cotizaciones de los trabajadores despedidos en el ERE de 2016. El SEPE no abrió el procedimiento hasta el 27 de noviembre de 2019 por la “complejidad” del proceso. Y lo hizo justo en el plazo preciso para que no prescribiera la reclamación.

Los concursos de acreedores se dispararán un 246% este año y hasta el 619% en 2021, por culpa de la pandemia, según las previsiones del Gobierno. Pullmantur, el dueño del centro comercial Xanadú, las pastelerías Mamá Framboise, filiales de Vueling y Air Nostrum, la tecnológica Scyth y la industrial Vauste son algunas de las primeras empresas que han declarado su insolvencia. 

CEOE aprueba por unanimidad la cuarta propuesta del Ejecutivo, que extiende los descuentos de cuotas a los ERTE por causas objetivas y las mantiene para los trabajadores reincorporados a la actividad. También han dado su visto buenos las ejecutivos de CCOO y UGT. Las empresas que deban cerrar por culpa de un rebrote del coronavirus podrán acceder a los beneficios de los ERTE.

España tendrá este año 700.000 personas más por debajo del umbral de pobreza por culpa de la pandemia y la desigualdad volverá al nivel de 2012. Según un informe de la organizción Oxfam, un tercio de esos nuevos pobres serán inmigrantes y un 53%, mujeres.

El desplome del PIB provocado por el coronavirus va a ser mucho mayor que en las crisis de 2009 y 2012, pero la respuesta política difiere: aumento del gasto público, más refuerzo del BCE y ayudas millonarias desde Bruselas. 

Los principales empresarios del país, convocados por la CEOE en una cumbre para "liderar el futuro", piden al Gobierno que ni suba impuestos ni derogue la reforma laboral, además de ayudas de todo tipo y acceso a los millonarios fondos que vendrán de Europa.  La mayoría insta a la concordia social e institucional, mientras algunos acusan al Ejecutivo de "dogmatismo" y de hacer "clientelismo" con el Ingreso Mínimo Vital.

La riqueza heredada es el origen del 69% de la desigualdad y hasta el 76% de la generada por el patrimonio inmobiliario. Y pese a que la renta per cápita nacional se ha triplicado desde 1987, el impuesto de sucesiones no se ha reformado en esos 33 años. Sólo recauda el 5% del caudal hereditario, poco más de lo que se ingresaba en 1900.