Begoña P. Ramírez

La directiva para proteger a los denunciantes de corrupción ha quedado aprobada en el Parlamento Europeo y ahora deberá trasladarse a las leyes de los Estados miembros. Se garantiza su anonimato e inmunidad.

La ley establece multas de 1.200 a 300.000 euros por no depositar los documentos en el Registro Mercantil, pero el Ministerio de Economía sólo sanciona a una milésima parte de las empresas incumplidoras. 

Los fiscales franceses se hicieron con 26 terabytes de datos de Football Leaks antes de que el filtrador, Rui Pinto, fuera extraditado por Hungría. Pero los archivos están encriptados y no podrán utilizarse sin la colaboración del informático.

Antonio de Luis, jefe de servicio del SEPE y miembro de un grupo de trabajo del PSOE madrileño, sustituirá como gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo a Ignacio Fernández Zurita, que procedía de la organización de empresarios Confemetal. 

Rui Pinto, el informático portugués que hizo posible la filtración de FootballLeaks, se encuentra en prisión preventiva desde que fue extraditado a su país por Hungría. Sus abogados consideran “injustificado” el arresto porque “carece de base legal”.

“No podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores delante de nuestras narices”, advierte el representante de los empresarios, que se sienta con los sindicatos en el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).

Un juez reconoce la vulneración de derechos fundamentales en el cese del empleado de un banco marroquí por asistir en Madrid a una protesta contra Rabat, mientras que el Tribunal Superior de Madrid rechaza la nulidad del despido de otra trabajadora de la entidad que le acompañó en la manifestación.

El retraso a 2020 de la subida de tipos de interés decidido por el BCE amortiguará la desaceleración económica, que afecta menos a España que al resto de la UE. 

CCOO denuncia la existencia de una “práctica irregular de bonificación”, mientras las empresas protestan por la “oleada intimidatoria de inspecciones” a que las somete Trabajo.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, intentó pasar por encima del espionaje encargado a Villarejo, mientras los accionistas le reprochaban en la junta general no sólo la crisis de reputación que amenaza al banco sino también el posible impacto patrimonial. 

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Plamas admite una querella de la Fiscalía contra el dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, su esposa, primos y cinco empleados, por insolvencia punible y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Los sindicatos critican que la negociación laboral con los partidos no haya sido “real” y les instan a “retratarse” cuando deban convalidar el decreto-ley en el Congreso. Sordo y Álvarez acusan a la CEOE de “involucionar” y “romper consensos previos” en sus propuestas ante el 28A.

La CEOE pide al Gobierno que salga de las elecciones la exención total de los impuestos que los empresarios pagan ahora de forma limitada sobre los dividendos y plusvalías obtenidos por sus filiales.

La retribución media de un consejero asciende a 768.000 euros anuales tras crecer un 15,8% en 2017, mientras que el coste salarial aumenta un 4% hasta los 34.000 euros.

La partida que España destina a subsidios de paro, ayudas no contributivas y rentas mínimas autonómicas equivale a la mitad del gasto de Irlanda y a un tercio del de Dinamarca, pese a tratarse de las prestaciones más eficaces para combatir la pobreza. 

Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Malta incumplen las normas fiscales que la UE exige al resto de los países del mundo, según el último informe de la ONG Oxfam. 

El Gobierno quiere ampliar los beneficios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el programa financiado por la UE para dar trabajo a los jóvenes, a todos los menores de 30 años. Tiene que decidir si aprueba en pleno 8-M tanto esa medida como el subsidio para mayores de 52 años y los incentivos para contratar parados de larga duración.

El comité denuncia que los trabajadores perderán más de 4.000 euros al año cuando sean traspasados a Servinform y pierdan el convenio de banca.

Los expedientes de pensiones se han acumulado por la falta de personal y el aumento de las solicitudes. En 12 direcciones provinciales del INSS se pagarán horas extra a los funcionarios para que trabajen por las tardes.