Javier Martínez

Urbes como Copenhague, Londres, Oslo o Zúrich llevan años reduciendo las plazas de estacionamiento en el centro de sus ciudades para disuadir del uso del vehículo privado.

El Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto acabar con el puente aéreo entre Madrid y la ciudad condal. Aerolíneas y empresarios se oponen tajantemente, pero los expertos lo ven viable y en la Unión Europea ya se está hablando.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasan de un Alto Comisionado dependiente de Presidencia a una Secretaría de Estado en la Vicepresidencia de Iglesias. Un nuevo esquema con ventajas y desventajas.

Las cifras reflejan que ha ocurrido justo lo contrario a lo que PP y Cs dijeron que pasaría: ha bajado la polución no solo en el centro, sino también en el resto de la ciudad.

La norma propone una franja de 500 metros en la que estarán prohibidos los fertilizantes, principal agente contaminador. En dicho espacio apenas hay cultivos.

El año que está a punto de acabar ha visto más gente que nunca en la calle reclamando justicia climática. Para el próximo, la movilización busca crecer y atraer a sectores que no se sienten aún interpelados.

La extracción de estos minerales cada vez despierta más el interés de empresas españolas y extranjeras que buscan el tesoro oculto en el subsuelo de la Península. Cobre, litio o tierras raras, los materiales más buscados.

El Acuerdo de París se ha salvado, pero el principal objetivo de la COP25, establecer unas reglas fuertes para los mercados de carbono, no se ha conseguido. La sensación general es de oportunidad perdida. 

La COP25 en Madrid, más allá del resultado final de las negociaciones, ha dado para mucho.

Reconoce la brecha existente entre los compromisos actuales de las partes y lo que es necesario para mantener el cambio climático en los límites de lo manejable.

Los señalados son tres: Australia, Brasil y Estados Unidos, que presionan para llegar a un texto que convertiría en agua de borrajas lo conseguido en París hace cuatro años. La presidencia chilena ha propuesto un texto de consenso "inaceptable" para los observadores.

Algunos países intentan fijar 2023 como fecha para mejorar sus objetivos de reducción de emisiones. Otros presionan para incluir trampas en la contabilidad. Y la financiación a los más vulnerables apenas ha disfrutado de avances.

Prometen inversión en renovables y "finanzas sostenibles", mientras las organizaciones señalan que otorgaron 1.753 millones de dólares a empresas sucias entre los años 2017 y 2019.

La joven activista pasa de un discurso emocional a otro más técnico y racional, pero sin dejar de señalar a los responsables de la crisis, a su juicio: los políticos de los países ricos y las grandes empresas.

¿Cómo atraer a las mayorías, una vez ha prendido la llama? ¿Cómo establecer vínculos con ecologistas clásicos, partidos y sindicatos? Son preguntas que ya rondan por las cabezas de los activistas de la contracumbre.