Javier Martínez

Refugiados climáticos, eventos meteorológicos extremos y tensiones políticas. Ese es el panorama que dibuja un informe del Parlamento europeo para 2035. Los investigadores son pesimistas: denuncian que no se llegará a la meta del Acuerdo de París ni aunque se cumpla.
 

Periodistas, músicos, empresas y organizaciones de todo tipo se han manifestado en contra de la operación de la Guardia Civil. Hablan de "represión" del Estado y rechazan que una actuación policial solucione el enfrentamiento al que han derivado los días previos al referéndum.

No ha habido representación española en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación de China. Y ello a pesar de que el 70% de los suelos de España se encuentran en riesgo de convertirse en totalmente improductivos para la agricultura, la ganadería o la extracción de agua potable. 

El formulario del proceso de consulta pública de la norma, critican ambientólogos, científicos y ecologistas, pregunta a la ciudadanía sobre detalles accesorios y no sobre los temas realmente importantes, como los objetivos de emisiones o el modelo de crecimiento.

Los conservadores introdujeron una enmienda en el Senado para que el cambio en el ente público sea designado por tres quintos del Congreso en segunda votación, en vez de por acuerdo de cuatro fuerzas. Los socialistas instan a oponerse en la Cámara Baja, pero no aclaran si ellos lo harán.

Magistrados y profesores de Derecho Constitucional consultados por infoLibre coinciden en considerar que el auto del juez Yusty que prohíbe un acto a favor del derecho a decidir en un local cedido por el Ayuntamiento vulnera el derecho a la libre expresión.

En caso de que Barcelona diga 'no', el 21,29% de ciudadanos con derecho a voto según el último censo llamados a participar en municipios cuyos alcaldes no facilitarán la consulta pasaría a un 43,7%. Está por ver cómo afronta el Gobierno autonómico ese previsible problema logístico.

Esta semana se ha formalizado en el BOE un tratado que levanta sospechas entre la izquierda y los colectivos sociales por culpa del comercio de armas entre ambos países.

"Ya calificamos el 1-O como una movilización legítima para hacer avanzar el derecho a decidir. Ahora decidiremos cómo se concreta este apoyo", asegura la portavoz de la formación.

La Guardia Civil intercepta a pateras que se acercan a Ceuta y Melilla y las devuelve a las autoridades marroquíes en un procedimiento que, según consideran colectivos sociales, vulnera los derechos de los inmigrantes y se traduce en muerte en muchos casos.

Argumentan que hay 3.000 puestos sin cubrir en los centros españoles, lo que causa hacinamiento y propicia los ataques a trabajadores. Las dos organizaciones mayoritarias prevén diversas manifestaciones que culminarán en una gran protesta en Madrid en noviembre.

Los representantes del PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Comisión de Control de RTVE muestran su indignación, pero no su sorpresa, ante la decisión que este jueves adelantó infoLibre.

Los expertos coinciden en que hay que cambiar las imágenes asociadas al calentamiento global para concienciar e implicar a la ciudadanía: no es un problema lejano en el tiempo y espacio, sino que ya afecta a nuestro modo de vida. 

El presidente del Gobierno apunta que "el núcleo de la célula se desarticuló en 100 horas" como argumento para felicitar al cuerpo policial catalán. Asegura que "la unidad es lo que quieren las víctimas".

La manera de desplazarnos en las grandes urbes está viviendo una transición hacia modos menos contaminantes que avanza sin la velocidad necesaria, advierten ecologistas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende la “tolerancia cero contra la corrupción” del Ejecutivo tras la detención de su antecesor, Ignacio González.

La última ley, de 1996, no regula las presas privadas construidas antes de esa fecha. Se les aplica la norma anterior, que los expertos consideran muy anticuada.

El Gobierno asegura que perdería 172 millones, pero el sector fotovoltaico sostiene que las cifras en las que se basa no son reales.

Los niveles de ozono troposférico, uno de los principales contaminantes, superan los límites legales en esas regiones, que carecen de la normativa específica obligatoria