Discapacidad

Previamente Patrimonio Nacional, el organismo que mantiene al palacio, ha afirmado que tomará medidas para poner fin al contrato con la empresa Clece.
 

La Confederación de Autismo España alerta de que el bullying afecta cuatro veces más a los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que al resto.

Esa reforma, que fue impulsada desde la Asamblea de Madrid, permitirá que, por primera vez, más de 100.000 discapacitados intelectuales puedan ejercer este año el derecho a voto que, hasta ahora, tenían retirado por mandato judicial.

Según la Fiscalía, la anciana decidió acabar con su vida y la de su hijo, cuya dependencia de ella era absoluta, al verse mermada en sus capacidades físicas para continuar asumiendo los cuidados que requería.

El Ejecutivo presume de su "compromiso" con los dependientes al aumentar un 5,26% la contribución que hace por cada beneficiario. Sin embargo, aportará de media por cada usuario 570 euros anuales menos que antes del tijeretazo de 2012, según cálculos de la asociación de gerentes. 

Desde la Fundación ONCE alertan de que aunque España es uno de los países europeos que destaca por su accesibilidad, actualmente se "está retrocediendo".

"Cuando se habla de violencia de género estamos acostumbrados a ver mucho la violencia explícita y eso anestesia", sostiene la directora del spot 'Yo soñaba', Mabel Lozano

La asociación de gerentes denuncia que el menor peso de la inyección económica del Estado está provocando un aumento del copago para los usuarios. El Ejecutivo y las comunidades debaten un nuevo modelo de financiación que permita aligerar una lista de espera de más de 340.000 personas. 

La institución envió once recomendaciones sobre el bono social de electricidad al secretario de Estado de Energía.

La escasa representación política, las dificultades de empleo o la doble discriminación de las mujeres son algunas de sus principales quejas.

La causa principal de la retirada de la denuncia se debe a amenazas del agresor en el 61,3% de los casos frente al 16% en aquellas sin discapacidad.

La Junta argumenta que cumple con la LOE y la madre de uno de los afectados defiende que la Administración autonómica ha malinterpretado la norma estatal.

Las personas que necesitan usar esas plazas ven perjudicada su libertad de desplazamiento, denuncian.

"¿Por qué este colectivo tiene que demostrar su capacidad de comprensión de un programa y el resto de los ciudadanos no?", pregunta la organización Down España.