Juicio al fiscal general: luz y taquígrafos

Definitivamente, el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se va a celebrar los próximos días 3 al 13 de noviembre, en seis sesiones de mañana y tarde. Creo que no es necesario justificar la trascendencia, constitucional, política, mediática y social de un acontecimiento de esta naturaleza, inédito en la historia judicial de nuestro país. Tampoco merece la pena insistir en la exigencia constitucional de la publicidad de los juicios. La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción original de 1882, ya establecía que los juicios serán públicos bajo pena de nulidad. 

La entrada de las cámaras de televisión en las Salas de Vistas suscitó un debate entre los partidarios y los que opinaban que podría afectar al normal desenvolvimiento de las sesiones e incluso al derecho a la propia imagen. Se llegó a una solución intermedia que consistía en permitir el acceso de las cámaras para grabar lo que en la jerga televisiva se conoce como “un mudo”, tomando imágenes de los componentes del tribunal, el Ministerio Fiscal, de las acusaciones y de las defensas, todos ellos revestidos de toga, momentos antes de comenzar las sesiones.     

Ya existen precedentes de trasmisión en abierto de las sesiones de juicios de gran relevancia e impacto político y social (11M, el procés o la pieza principal de la Gürtel y otras varias). Pienso que este caso no le va a la zaga. En todos los mencionados, se utilizó una señal institucional de televisión y, en el caso del procés, se retransmitió en directo a través de TVE y RNE, incluyendo también el Canal 24 Horas.  

Acabamos de conocer la decisión del presidente del Tribunal, tras debatirlo con el resto de la Sala. En el ejercicio de sus atribuciones, ha resuelto no autorizar la retransmisión abierta, sustituyéndola por la captación de las imágenes por la señal institucional pero limitada al ámbito interno del Tribunal Supremo. Según una nota de prensa, el juicio podrá ser seguido por los medios de comunicación, tanto desde la propia Sala de vistas, donde se reservarán 20 plazas para periodistas, como desde el salón de actos y la biblioteca del Tribunal Supremo, habilitados como Sala de prensa. Según he leído se espera la acreditación de 150 periodistas de diversos medios, entre los cuales me imagino que estarán todos los corresponsales de los periódicos extranjeros y algún enviado especial.

Supongo que las imágenes se podrán emitir en diferido por las televisiones y otros medios de comunicación. En todo caso, la decisión es insólita y carece de justificación. Uno de los argumentos se cae por su propio peso. Se alega que en el caso del procés las penas eran muy elevadas y ahora son menores, olvidando que una Asociación de Fiscales, personada como acusación popular, solicita seis años de prisión. No se trata de una cuestión de cantidad sino de calidad. En el orden de honores, el cargo de fiscal general se sitúa justo después del presidente o presidenta del Tribunal Supremo. El pretexto de la presencia de observadores internacionales no sé muy bien qué tiene que ver con la televisión. La trascendencia política e institucional del juicio justifica, por sí sola, la necesidad de televisarlo en abierto.

Sigo sin entender los motivos por los que se ha privado a la sociedad –y a los ciudadanos que tuviesen interés– de la posibilidad de formar su criterio sobre lo que han visto y oído en el juicio al fiscal general

Se alega también que la emisión en abierto supondría un escarnio añadido para la persona del fiscal general. Con la ingente cantidad de informaciones escritas descalificadoras, podrían encuadernarse en varios tomos. Las imágenes darían para una serie interminable. Pienso que, a estas alturas, el protagonista está curado de espanto. Yo añadiría que se agradece el detalle, pero no es necesario.

En el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal se regula específicamente la retransmisión audiovisual: previa audiencia de las partes, se decide por el Tribunal. Volviendo al presente, no es procedente que el fiscal general del Estado solicite la retransmisión televisiva en abierto. Se interpretaría como una desconfianza en la imparcialidad del tribunal e incluso como una confrontación institucional. Estoy seguro de que no tiene objeción alguna a la retrasmisión en abierto, pero, en todo caso, respeta la decisión del Tribunal. Ignoro cuál es la postura de las demás partes personadas.

Este proceso tiene su origen en una acusación calumniosa, realizada por el Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de la persona que denuncia la vulneración de su derecho a la defensa y al secreto de sus comunicaciones. Las sesiones del juicio oral van a ser reveladoras. ¿Miguel Ángel Rodríguez va a seguir manteniendo que la imputación al fiscal general se basaba en especulaciones personales? La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, personada como acusación popular, deberá explicar su inédita decisión de amparar a “un ciudadano particular”. La Asociación de Fiscales (AFIP) expondrá qué datos aporta para sostener su acusación. Lo mismo sucede con las otras dos acusaciones populares (Manos Limpias y Fundación Foro Libertad y Alternativa). En definitiva, los ciudadanos tenemos el derecho a conocer el debate cruzado entre las acusaciones y las defensas.

Sigo sin entender los motivos por los que se ha privado a la sociedad –y a los ciudadanos que tuviesen interés– de la posibilidad de formar su criterio sobre lo que han visto y oído. Las referencias y comentarios que vamos a recibir de los periodistas que asistan a las sesiones serán, como es lógico, muy variadas y con diversos enfoques.

La petición de “luz y taquígrafos” la popularizó Antonio Maura, ministro de Justicia y presidente del Gobierno a principios del siglo XX, para exigir la publicidad de las sesiones y debates parlamentarios que solo unos pocos privilegiados podían seguir y escuchar desde la tribuna de invitados. La "luz" representa la transparencia y satisface el derecho de los ciudadanos a conocer y analizar el comportamiento y funcionamiento de los poderes públicos. Los "taquígrafos" siguen transcribiendo las intervenciones y los discursos para su publicación en el diario de sesiones. Me temo que su lectura no es muy habitual ni atractiva.

Es cierto que el juicio va a ser grabado en su integridad, pero una vez celebrado y conocida la sentencia solo los estudiosos tendrán interés en analizarlo en profundidad. Siempre me ha impactado la frase de Herbert M. McLuhan, filósofo y teórico de la comunicación: “El medio es el mensaje”. Sostiene que los medios de comunicación y la tecnología, en este caso la televisión, tienen un impacto profundo en nuestra comprensión de la realidad. El Tribunal Supremo tiene la oportunidad de corregir su decisión, ofreciéndonos la posibilidad de sentirnos partícipes de la Administración de Justicia, como ciudadanos maduros y responsables. 

___________________________

José Antonio Martín Pallín es bogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.