Milicia y democracia
El reciente fallecimiento de Fernando Reinlein García, teniente coronel de Infantería, condenado y expulsado del Ejército por su pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD) y Presidente del Foro Milicia y Democracia, me suscita una siempre inacabada reflexión sobre las debilidades de la Transición. Vaya por delante que es posible admitir que se hizo lo que se pudo, pero no por ello se puede alardear de que fue una obra maestra de la arquitectura política. Las grietas que demuestran que el edificio carecía de sólidos pilares se agrandan si uno se detiene a recordar el comportamiento que las instituciones y los gobiernos, nacidos de una Ley Fundamental del régimen dictatorial (Ley para la Reforma política, 4 de enero de 1977) y que se legitiman por unas elecciones democráticas (Junio de 1977), actuó de forma vergonzante, incoherente e inconstitucional al negar a los componentes de la UMD el restablecimiento íntegro de su condición militar y el reconocimiento de su lucha por restablecer una democracia que había sido aniquilada durante cuarenta años por un régimen cruel y represivo hasta los últimos instantes que precedieron a la muerte del dictador.
No existen precedentes, en la historia política moderna, de situaciones en las que una dictadura da paso a una democracia, por uno u otro procedimiento, en las que se pueda constatar que los demócratas amnistían (Ley de Amnistía de 1977) a los demócratas y de paso a personas como los miembros de la Brigada Político-Social que habían cometido delitos de tortura. Se incluye también a los miembros de ETA por los asesinatos cometidos antes del 15 de diciembre de 1966. Se amnistían también las condenas por hechos en los que, además de su intencionalidad política, se aprecie un móvil de restablecimiento de las libertades públicas. Ni una mención a los militares de la UMD, que en ningún momento propugnaron la comisión de delitos de rebelión o sedición (también amnistiados) sino la instauración de un sistema democrático nacido de la voluntad popular.
No sólo fueron ilegalmente discriminados, sino que sufrieron agravios innecesarios que se plasmaron y oficializaron en el Real Decreto Ley de Amnistía de 1976. Su alambicado texto trata de envolver —con un ropaje literario— una ignominia que es difícil de digerir por cualquier persona que respete los valores democráticos. Su contenido perseguirá a su redactores y cómplices hasta que se produzca un reconocimiento pleno de una claudicación que, en mi opinión, deslegitima la Transición.
El texto del Real Decreto, a pesar de los circunloquios, no puede ser más expresivo de lo anteriormente expuesto. Reproduzco los motivos que alega el legislador para dejar fuera del Ejército a los militares condenados de la UMD: “De otra parte, el complejo contenido de las leyes penales militares y la amplitud y variedad de los supuestos a que han sido aplicadas obligan a dictar normas que, sin menoscabo del espíritu de este Real Decreto-ley, armonicen el olvido y la total abolición del delito en que la amnistía consiste, con las facultades inherentes al Poder público que ha de velar, en todo momento, por la mejor organización y moral militar de las instituciones armadas”.
De forma mucho más explícita dispone que: los militares a quienes sea aplicada la amnistía no serán por ello reintegrados en sus empleos ni carreras, de las que seguirán definitivamente separados, cuando hayan sido condenados a penas que produzcan la pérdida de empleo, separación del servicio o pérdida de plaza o clase.
En otras palabras, reintegrar a las Fuerzas Armadas con plenitud de derechos, a unos militares que pretendían que España se incorporara a la comunidad democrática, se consideró como una decisión que afectaba a la moral militar de las instituciones armadas. ¿De qué moral estamos hablando? Para encontrar una guía que nos lleve a la mente del legislador, tenemos que retroceder a los Principios del Movimiento Nacional que consideraban que los Ejércitos son la expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, y como decía la Ley Orgánica del Estado, les corresponde la defensa del orden institucional. En el discurso de la Corona, Juan Carlos I dijo que las Fuerzas Armadas deben ser ejemplo de patriotismo y disciplina.
El Foro Milicia y Democracia se ha creado para asumir la defensa de la democracia, de las libertades y de los derechos humanos, como sistema de valores esenciales para la sociedad española velando por que se integren y mantengan dentro de las Fuerzas Armadas
Las Reales Ordenanzas (2009) que constituyen el código de conducta de los militares definen los principios éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Deben servir de norma a todos los militares para fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber, inspirado en el amor a España y en el honor, disciplina y valor. No creo que haya una actitud más representativa de la asunción de valores éticos y democráticos que procurar, desde su condición de ciudadanos militares, que sus compatriotas pudieran alcanzar las libertades y derechos propios de una sociedad libre y democrática.
La indiferencia o el conformismo de la práctica totalidad de los partidos políticos mantuvo, durante mucho tiempo, este agravio. Los condenados tardaron en recibir el reconocimiento de la injusticia que soportaron con una dignidad que reafirma la solidez de su moral y valores. Hubo que esperar a la Ley de Memoria histórica (26 de diciembre de 2007) para que se reconociese que: "Ha llegado la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios”. Entre otros colectivos se incluye a los miembros de la Unión Militar Democrática. Reconocimiento simbólico, pero no efectivo.
Los reconocimientos políticos se hicieron esperar. El 16 de febrero de 2010, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, impuso las Cruces al Mérito Militar y Aeronáutico a los condenados y represaliados pertenecientes a la UMD. El Congreso había aprobado una moción de reconocimiento y la ministra resaltó que “este acto era necesario tanto para quienes hoy reciben un homenaje más que merecido, como para la sociedad en su conjunto. Recompensar su valor es un acto de justicia, una reparación necesaria, que confirma la dignidad que nunca perdieron, y engrandece a la sociedad española”.
Algunos sostienen, como un mantra, que el Ejército ha realizado la Transición. Se ha modernizado y participa, con otros países, en misiones en el extranjero bajo el paraguas de la ONU y la OTAN. Me parece positivo, pero se observan actitudes que ponen en cuestión la deseable democratización. En el acto de imposición de las condecoraciones estuvo presente el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, asistió el Almirante jefe de la Armada, pero el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, General Fulgencio Coll, se negó a asistir. Posteriormente, ya en la Reserva, se presentó, junto con otros generales, como candidato a las elecciones por el partido político Vox. Sobran comentarios. Los escandalosos y demenciales mensajes en las redes sociales de un general retirado que proponía, como solución a nuestros males, fusilar a veintiséis millones de españoles, se pueden achacar a una mente disparatada, pero el espíritu del mensaje tiene un gran calado en algunos sectores de las Fuerzas Armadas.
Los principales protagonistas de la UMD que han creado el Foro Milicia y Democracia —cuyas reflexiones se publican en infoLibre— reciben continuas muestras de rechazo y desaires por parte de instituciones militares. Se ha intentado excluirlos de los actos conmemorativos de sus promociones o incluso dificultar, con pretextos banales, el uso de las residencias militares. El Foro se ha creado para asumir la defensa de la democracia, de las libertades y de los derechos humanos como sistema de valores esenciales para la sociedad española velando por que se integren y mantengan dentro de las Fuerzas Armadas, en calidad de reglas morales institucionales. Se ha intentado participar en charlas y conferencias en instituciones militares, pero el Ministerio de Defensa lo ha denegado.
Fernando Reinlein, junto con otros, ha luchado hasta su muerte para conseguir estos objetivos. Ni el Ministerio de Defensa ni ninguna otra institución ha enviado sus condolencias ni a su familia ni al Foro (que sepamos). En realidad, Fernando no lo necesita; nadie podrá arrebatarle su honor y la dignidad con la que ha llevado su injusta condena y postergación profesional. Su amor al Ejército y sus valores democráticos permanecerán como ejemplo para generaciones futuras. Ojalá algún día se estudien en las Academias Militares.
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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero saldrá 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.
