Cuando queríamos ser indios Aroa Moreno Durán
Las sociedades no somos monolíticas: evolucionamos y nos modernizamos, afortunadamente, a pesar de que mantenemos, desafortunadamente, patrones de conductas con excesivas trazas del pasado, como el patriarcado, que aún rezuma impregnándolo todo.
Las sociedades somos las personas que convivimos en un territorio bajo unas normas comunes. Hemos convenido que una estructura básica de nuestra sociedad es la familia, ese conjunto de personas a las que estamos vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad, según la RAE.
El modelo de familia ha cambiado muchísimo, afortunadamente, en las últimas décadas. Lo reiteró hace poco el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, que Cáritas y Fundación FOESSA publican desde 1966, uno de los máximos, si no el máximo absoluto, referentes de nuestro país en radiografiar lo que incomoda y a menudo no se quiere reconocer.
En lo que atañe al reclamo implícito de esta tribuna –hogares monoparentales, los formados por un solo progenitor que convive con uno o más hijos o hijas menores de 25 años– el informe los describe como feminizados (porque el 81,2% está encabezado por una mujer) y con niveles muy elevados de exclusión, muy superiores a los de cualquier otro tipo de hogar. Llega a constatar que la mayor brecha de género se sitúa en los hogares en situación de exclusión severa, en la que se encuentran uno de cada cuatro hogares monomarentales, frente a uno de cada diez hogares monoparentales en los que el ganapán es un hombre.
De la lectura del Informe FOESSA deduzco dos conclusiones y dos recomendaciones, dirigidas “a quien corresponda”. La primera conclusión es que la familia nuclear biparental ha dejado de ser dominante y ahora hay una diversidad de tipos de hogar: parejas sin hijos, personas solas, familias reconstituidas o familias monoparentales. La segunda, que las desigualdades son cada vez más evidentes y que las familias con hijos, monoparentales y, sobre todo, monomarentales, sufren niveles más elevados de exclusión. Proceder de una familia monoparental supone tener más de tres veces más probabilidades de encontrarse en situación de pobreza infantil severa.
La primera recomendación es que urge reformar las políticas públicas para adaptarlas a la realidad: apoyar a las familias monoparentales (especialmente encabezadas por mujeres) con transferencias, servicios de conciliación y empleo protegido. La segunda recomendación es que debe mantenerse una perspectiva de género en el análisis de la exclusión social, y reforzar la interrelación entre las políticas de inclusión, las políticas de igualdad y de conciliación.
¿Y a quién corresponde? Un primer paso básico e imprescindible para el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, y para evitar cargas adicionales en los procedimientos administrativos a las que sí se han eliminado para otros modos de familia (por ejemplo, las numerosas), es el reconocimiento legal de la condición de monoparentalidad. La administración y emisión de este documento, certificación, carné o título recae en las Comunidades Autónomas.
Un primer paso básico e imprescindible para el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones (...) es el reconocimiento legal de la condición de monoparentalidad
Once comunidades autónomas, la mayoría, afortunadamente, han regulado la obtención de una certificación de dicha condición (título de familia monoparental). Aplaudo, en este sentido, por orden de adopción, a Cataluña (2003), Comunitat Valenciana (2018), Aragón (2019), Cantabria (2019), Navarra (2019), Illes Balears (2020), Galicia (2021), Asturias (2023), La Rioja (2023), Murcia (2023) y Andalucía (2024). Estas CCAA han ejercido su autonomía para reconocer y proteger a las familias monoparentales.
En Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura y País Vasco, o no hay familias monoparentales (es ironía), o la Administración competente, la autonómica, pasa absolutamente de ellas. No reconocen y mantienen desprotegidas a las familias monoparentales que residen en sus territorios, que ascienden a casi 700 mil hogares, según mis estimaciones a partir de datos del INE.
Son especialmente curiosos, entre estos últimos del colectivo negacionista o miope, los casos de Castilla y León y Madrid. No surprises. Llevan mareando la perdiz desde 2020.
Especialmente sangrante es el caso madrileño, por ser responsable de la desprotección del 37% de todas las familias monoparentales desprotegidas de España. Anunció algo a bombo y platillo en 2020, volvió a anunciar lo mismo en 2024 (por ahí circula un proyecto de decreto) y hace apenas unos días rechazó con su rodillo parlamentario una proposición de ley para protegerlas como merecen. Curiosamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí ha comenzado a tramitar la regulación del vitalicio Título de Familia Numerosa Para Toda La Vida.
En la primera situación de desprotección por ser familia monoparental en Madrid se encuentran unos 250 mil hogares (uno de cada diez de los 2,6 millones de hogares oficialmente contabilizados en la Comunidad de Madrid), de los que en el 83% la persona adulta a cargo es una mujer. En la segunda situación de sobreprotección, en términos comparados, por ser familia numerosa están unos 150 mil hogares.
Y me pregunto: ¿Es discriminación? ¿Es ideología? ¿Es pereza? ¿Es desidia? ¿Un poco de cada cosa?
No entiendo a qué esperan. Hay mucho sufrimiento mediante, de muchas personas, de muchos menores y de muchas mujeres. Aunque, claro, de la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley de igualdad, ¿qué podemos esperar? ¿Seguir esperando?
Aprovecho para dejar plasmada una reflexión personal al hilo de los nuevos modelos de familia, los que están en camino de ser “normales” por ser los más frecuentes. ¿Por qué no actualizamos denominaciones con tanta carga despectiva como madrastra, padrastro y hermanastros/as?
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Verónica López Sabater es economista.
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