El Supremo de los imparciales
Dirán que no es una anomalía ver a jueces del Alto Tribunal dar cursos y formaciones pagados en colegios de abogados cuando comparten juicios. Que es habitual anunciar condenas sin sentencias. Y es normal también escuchar a presidentes de Sala frivolizar en público sobre las resoluciones pendientes de escribir. Verán también normal que ese presidente revele indirectamente el sentido del fallo antes de conocerse la condena y delante de la acusación particular de la misma causa. Dirán lo que quieran, pero todo el proceso que lleva a la condena del fiscal general del Estado tiene más de soberbia y demostración de poder que de Justicia.
Lo ocurrido tras terminar el juicio contra Álvaro García Ortiz, una vez quedó visto para sentencia, es responsabilidad de la Sala Segunda. En particular, de los cinco conservadores del bloque 5/2, la partición ideológica del fallo. La causa nació herida con un voto discrepante que calificaba de ficción los motivos para sentar al fiscal general en el banquillo. Y termina herida de muerte con la Fiscalía abierta en canal y la carrera fiscal sumida en una suerte de vencedores y vencidos. La participación de los tres conservadores en un curso del ICAM, principal acusación, entre risas y chanzas, es reflejo de una falta de altura institucional que se ha visto durante la instrucción. La gravedad del fallo sin sentencia es simbólica con lo que ha sido toda la causa.
En una sentencia que debe ser histórica, no se han molestado en trabajar el fallo ni un par de días. Los magistrados conservadores han preferido irse a dar un curso que dedicarle tiempo al consenso
El Colegio de la Abogacía de Madrid perdió su imparcialidad al personarse en defensa de la pareja de la presidenta de Madrid. En el ICAM los abogados están hartos de pedir amparo en balde. Y si tuvieran una larga lista de personaciones altruistas donde defienden el interés de otros “ciudadanos particulares” podrían decir algo. Al ser el único caso, lo convierte en casus belli político. Muerto el fiscal, duchos en Derecho como son, podrían haber aplazado el curso donde participaban los tres magistrados conservadores pendientes de deliberar en una sentencia donde todos son parte. Y coinciden en ser la parte que acusa y condena. Paradójicamente acudieron tres de los cinco conservadores, no las progresistas. No han guardado el fondo ni las formas. No es prudente que magistrados y acusación popular se exhiban públicamente sin pudor. El viernes 14 terminó el juicio, el martes 19 los tres magistrados se fueron de curso al ICAM y el jueves anunciaron la condena. ¿Cuándo han deliberado?
En una sentencia que debe ser histórica, no se han molestado en trabajar el fallo ni un par de días. Los magistrados conservadores que dicen defender la institución, han preferido irse a dar un curso que dedicarle tiempo al consenso. A tratar de convencer en “algo” a las dos juezas progresistas que preparan sus votos particulares.
Las risas del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta –“Tengo que poner la sentencia del fiscal”–, demuestra que no hubo deliberación ni un debate a fondo de los argumentos jurídicos. Se “blindó una mayoría de condena”, en palabras de la profesora Mariola Urrea. Ahora sabemos que en esos cinco días hábiles, de los jueces conservadores, al presidente de Sala se le escapó entre risas ser el ponente. En un auditorio de abogados, solo Arrieta dijo tener que poner la sentencia, lo que implica que asumió el dictamen de la mayoría. Los otros dos jueces presentes, no hicieron la misma broma porque no eran ellos los ponentes. La indefensión en la que han dejado al fiscal general (una condena sin fallo), el “linchamiento” como denuncian asociaciones de juristas, les ha preocupado tan poco como las extravagancias de la causa. La legitimidad del Poder Judicial se fundamenta en las formas y el fondo. Los cinco jueces conservadores que condenan al fiscal general han estado lejos de ambas. El tiempo pondrá esta causa en su sitio. Ni el decoro ni la institucionalidad caerán esta vez del lado del Supremo.
