Es pecado matar a un ruiseñor Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma
La regularización de migrantes es la mejor noticia política del año. En ocasiones nos traiciona el lenguaje porque no es “masiva”, es una regularización administrativa extraordinaria. Una modificación del Reglamento de Extranjería que permite ajustar la realidad vital de miles de personas a la realidad burocrática. Ya viven en España, trabajan, llevan a sus hijos al colegio, algunos desde hace años. Es tan fácil como dar derechos a quien ya tiene obligaciones. A quienes son uno más en el sistema, pero sin las prestaciones sanitarias, sociales, de justicia que merecen. El encaje legal rellena un desajuste que a falta de mecanismos legales más ágiles acaba generando una bolsa de más de medio millón de personas fuera de los márgenes a los que ya pertenecen.
La desigualdad no nos es ajena. Cuando existe una bolsa de personas desprotegidas, debilita a todos los demás. Son más explotables y permite una degradación del entorno laboral, una correlación de fuerzas desequilibrada que es incompatible con nuestro Estado de Derecho. Y luego están los bulos de la derecha. No es una “compra de votos”, no pueden votar. Ni es una fábrica de españoles”. Ojalá. Para nacionalizarse, aun viviendo y trabajando en España, hacen falta diez años de residencia en el país y muchas veces se supera con creces ese plazo. Tampoco es un “efecto llamada”. Nadie que venga a partir de este mes de enero podrá acogerse.
Que el PP se desmarque ahora de esta regularización solo responde a Vox. En todas las que se han hecho en democracia ha estado a favor. Con Felipe González, José María Aznar hizo lo propio y José Luis Rodríguez Zapatero. Solo se la saltó Mariano Rajoy, que habría recibido la misma presión de organizaciones religiosas, Cáritas y la propia Conferencia Episcopal de haber terminado la legislatura. En esa batalla, solo gana el más fuerte. Feijóo no puede engañar a Abascal. Ni siquiera con las embestidas de Ayuso y las Nuevas Generaciones. Ni la izquierda ni la derecha pueden escapar del debate migratorio que atraviesa Europa. Pero la respuesta que tiene que dar el PP es si su alternativa es la deportación de quienes ya viven en España o cómo pretende abordar un proceso que por necesidad tiene que ser “masivo” porque afecta a medio millón de personas.
Los migrantes regularizados ya viven en España, trabajan, llevan a sus hijos al colegio, algunos desde hace años. Es tan fácil como dar derechos a quien ya tiene obligaciones
Sabemos que la extrema derecha –la propia y la tendencia global– va a por todos los colectivos vulnerables. Quien piense que no forma parte de ellos sólo tiene que esperar. El primer frente son los sin papeles. Y por extensión, como está demostrando Donald Trump, todo el que parezca de fuera o haya venido antes y ahora se juegue ser expulsado. Después van las feministas liberales, cualquier demócrata que no siga el juego, y así hasta una larga lista de objetivos y derechos. La regularización es una mejora concreta y también una declaración de intenciones que contrapone modelos de sociedad. O queremos ir a por los débiles y dividirnos o garantizar derechos y proteger a todos los integrantes de la sociedad.
Se trata de elegir entre quienes están enviando paramilitares a aniquilar inmigrantes y asesinar a quienes protestan, y quienes no lo hacen. Elegir entre permitir la militarización de los barrios o construir una sociedad más justa con las reglas del estado de bienestar. Una pelea que va de Minesota y Lavapiés hasta Davos. La extrema derecha y los movimientos ultras están demostrando que pretenden llegar todo lo lejos posible. Mientras no encuentren resistencia, seguirán avanzando. Una regularización de quienes ya están aquí es una medida pública concreta, un punto extra que funciona como dique y mensaje a esta corriente. Metidos en la refriega nacional, al levantar la cabeza tenemos que elegir entre una sociedad multirracial o con visión autoritaria del pasado. La nostalgia de algo que nunca fue. Como escribió John Donne, No man is an island. Y una sociedad sin migrantes es una sociedad muerta.
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