De jueces y policías en la extraña dictadura sanchista
[Aviso: si usted no tiene hoy apenas tiempo para la lectura, no siga con esto y pase a leer otro artículo en estas mismas páginas, el que firma Daniel Valverde Ríos con el título Por qué este auto del juez Calama no se parece a los suyos. Es una comparativa de tres escritos firmados por el juez que ha imputado a Zapatero en el caso Plus Ultra. El ejercicio abre curiosos interrogantes que en algún momento debería despejar el instructor o algún tribunal superior].
El aviso viene a cuento porque cada semana política tiene su afán, y la que acaba ha desvelado un nuevo mantra de las derechas: el Gobierno y los medios progresistas se aferran a la tesis de que existe “una gran conspiración” en la que participan jueces, policías, medios y políticos de la oposición para liquidar al Ejecutivo de coalición cuanto antes y como sea. Se trata de otra artimaña clásica en el manual de instrucciones de la desinformación: si no puedes discutir sobre la realidad, dale la vuelta, intenta instalar una realidad “alternativa”. Incluso el mundo al revés.
Todo el mundo puede insultar o acusar de lo que sea al Gobierno, pero si Óscar Puente responde en X con un par de datos y una ironía… ¡La dictadura!
Llevamos muchos años rechazando la técnica del ventilador cuando hablamos o escribimos sobre corrupción, porque esa táctica solo sirve para alentar la antipolítica. Defendemos la obligación de analizar cada caso en sí mismo, su contenido documental o testimonial, su contexto, su proceso judicial, los indicios, las pruebas… los autos de cada juez. Contrastando nuestras dudas con juristas que pueden acertar o equivocarse, pero cuyo criterio es tan válido y honesto como el de cualquier otro. Y ahí seguimos. Otros –políticos, periodistas, vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones profesionales de la judicatura– se indignan en cuanto alguien expresa dudas sobre autos concretos o critica decisiones de jueces específicos. ¡Horror! ¡Panda de conspiranoicos! ¡Quieren interferir en la independencia de jueces y policías! Todo el mundo puede insultar o acusar de lo que sea al Gobierno, pero si Óscar Puente responde en X con un par de datos y una ironía… ¡La dictadura!
Es una estrategia burda, pero eficaz. Están consiguiendo equiparar la pestilente cloaca en la que han chapoteado la tal Leire Díez (y veremos cuántos más en Ferraz) con el entramado de Kitchen, donde sí que está probada la existencia de una “estructura organizada y estable” con el fin de ocultar las pruebas de la corrupción sistémica del Partido Popular durante los gobiernos de Rajoy. Todo un exministro del Interior y su número dos, junto a la cúpula policial de la época, intentando hacernos creer que la cosa consistió en una “operación legal de inteligencia para recuperar el botín de Bárcenas”. El rostro de Fernández Díaz es de cemento armado: nunca llevaron una sola acción ante el juez ni un solo euro de Bárcenas. Todo fue ilegal, y es más fácil creer en Marcelo (el ángel de la guarda del ministro) que en la ignorancia de M. Rajoy, María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría acerca de ese entramado criminal sufragado con fondos públicos.
Por supuesto que es una obligación democrática someter las decisiones judiciales y policiales a la crítica pública. La ligereza e incluso frivolidad con la que el juez Calama afirma reiteradamente la culpabilidad de Zapatero sin aportar indicios o ejemplos de esas “órdenes e instrucciones” que supuestamente trasladaba a sus secuaces viene a dar carta de veracidad a todo tipo de insinuaciones y deducciones policiales. Esta semana hemos asistido a otra escena similar con el testimonio del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. “Se infiere”, “se deduce”, “se supone”, “sólo pudo ser…”. Le faltó aquello de “lo hizo él o alguien de su entorno”, como sostuvo la sentencia que condenó (sin pruebas, repito) al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, acusado por el novio de Ayuso (por cierto, más de un año llevamos a la espera de que la UCO haga un informe sobre sus andanzas).
Los mismos que tachan de conspiranoicos a quienes criticamos las lagunas de autos judiciales o los errores de informes policiales lanzan de vez en cuando la especie de que vivimos bajo la “dictadura sanchista”
No conozco a nadie en la izquierda que no viva con asco y vergüenza lo que se va sabiendo sobre los intentos de Leire Díez, con la colaboración de algunos dirigentes de Ferraz, de presionar a jueces, fiscales y policías relacionados con sumarios que afectaban al Gobierno o al Partido Socialista. Veremos hasta dónde llega el fango en lo que instruye Santiago Pedraz. Lo que sí sabemos –y nadie podrá discutir– es que de poco sirvieron los intentos de esa banda en la que no faltaron el perejil de Villarejo ni la pimienta de algún pseudomedio. Han seguido adelante investigaciones, instrucciones y sumarios con anomalías que también deberían avergonzar a cualquier político, jurista o policía honesto. El caso de David Sánchez nunca debió llegar a la vía penal, del mismo modo que la causa de Peinado contra Begoña Gómez es un absoluto despropósito, cuyo colmo sería que se admita un juicio con jurado: ¿en serio puede quedar un solo ciudadano en Madrid que no tenga ya una impresión formada sobre la mujer del presidente? Porque el artículo 8 de la Ley del Tribunal del Jurado exige “ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido” (ver aquí).
Los mismos que tachan de conspiranoicos a quienes criticamos las lagunas de autos judiciales o los errores de informes policiales lanzan de vez en cuando la especie de que vivimos bajo la “dictadura sanchista”. Cabría preguntarse de qué planeta vienen estos tipos y tipas que cada mañana lanzan verdaderas infamias contra el poder ejecutivo o legislativo con absoluta libertad, al tiempo que afirman vivir bajo una “dictadura”. Desde luego, la más extraña dictadura que en el mundo ha habido. Lo escribo sin acritud pero sí, con indignación: lo antidemocrático es la doble vara de medir, la acusación sin pruebas, la condena injusta, los autos en los que “se infiere” o “se deduce” en lugar de aportar indicios sólidos, la persecución o espionaje a rivales políticos, la financiación opaca de medios afines (ver aquí) o la deslegitimación de un Gobierno desde el minuto uno y el empeño de “echar a ese hijo de puta” como principal proyecto político. No con una moción de censura o ganando una mayoría en las urnas, sino “como sea”. Y el siguiente paso no es una sospecha conspiranoica, ya lo vienen anunciando con desparpajo Aznar, Feijóo y Abascal: quieren sentar a Pedro Sánchez en el banquillo (aún no se sabe en calidad de qué).
Seguimos…
