Activistas de Hungría y Bulgaria claman en España contra el avance ultra: "Hay un ambiente de miedo"

Hungría, verano de 2025. La comunidad LGTBIQ+ no podrá, este año y por primera vez, organizarse para salir a la calle. Ni para celebrar, ni para reivindicar sus derechos. El Gobierno los quiere en silencio y encerrados en casa. Es la consecuencia directa de la última maniobra del Parlamento húngaro, donde en abril salió adelante una enmienda constitucional para consagrar la prohibición de las marchas del Orgullo LGTBIQ+. Sus partidarios se escudan en un clásico del discurso ultra: la protección de la infancia. Algo parecido argumentan en Bulgaria, donde una serie de reformas legislativas han vetado la difusión de cualquier contenido sobre diversidad sexual. Hablan de "propaganda" alrededor de "ideas y opiniones relacionadas con la orientación sexual no tradicional o la identidad de género diferente del sexo biológico".

En un momento de ofensiva clara contra los derechos del colectivo, los activistas lanzan un grito de auxilio y advierten que la mecha en sus países puede prenderse en otros rincones del mundo: "El movimiento contra el colectivo está creciendo en Europa", señalan a preguntas de infoLibre dos representantes del movimiento LGTBIQ+ de Hungría y Bulgaria, quienes aterrizan en España para asegurar que "la homofobia y la transfobia ya son parte del discurso público".

España como trinchera

Este martes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reunió con activistas de las organizaciones Háttér Society (Hungría), Deystvie (Bulgaria) y Reclaim (Bélgica), un encuentro en el que también estuvieron presentes miembros de organizaciones estatales. El miércoles, los activistas belgas también se dieron cita con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Lo hicieron en el mismo Madrid que observa cómo, un año más, el alcalde José Luis Almeida rechaza ondear la bandera arcoíris del edificio consistorial. La ofensiva contra el colectivo empieza siempre por lo simbólico.

A pesar de la amenaza global, fuera de las fronteras observan a España como trinchera. En suelo europeo confían en que el país adopte un "rol de liderazgo" en una estrategia conjunta para poner coto al avance ultra en países como Hungría y Bulgaria. Pero las mismas voces expresan una preocupación creciente sobre la incidencia de una extrema derecha organizada que está "poniendo mucho esfuerzo en reabrir debates que estaban cerrados hace tiempo, o en cuestionar los derechos logrados".

La ultraderecha no sólo está "coordinada" a nivel global, sino que también cuenta con el "apoyo de potencias geopolíticas que usan" estos discursos para "dividir a nuestras sociedades", lamentan Alejandro Menéndez y Esther Martínez, asesor jurídico y directora de Reclaim.

Políticas de odio

Si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Anunciada hace ahora cuatro años como "la ley de medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos", la norma que prohíbe difundir información relacionada con el colectivo ha servido para arrancar de raíz sus derechos. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia. 

Los activistas se agarran a una esperanza: el próximo otoño está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita sentencia al respecto, después de que dieciséis estados miembro, el Parlamento y la Comisión Europea llevaran la norma ante la justicia. 

Eszter Polgári, portavoz de Háttér Society, encaja esta legislación como parte de una estrategia sistemática contra la comunidad LGTBIQ+ que anida desde hace más de un lustro en su país, gracias a políticas como la prohibición del reconocimiento del cambio legal del género, las trabas a la adopción hacia las parejas LGTBIQ+ y la reciente prohibición de la marcha del Orgullo. 

El miedo como estrategia

Los efectos van mucho más allá del plano simbólico, se esfuerza por retratar la activista. "Hay un ambiente de miedo, las personas tienen miedo de adoptar acciones o de hablar de temas LGTBI porque temen las sanciones de la ley" contra la propaganda, por lo que existe un "efecto de autocensura" evidente. Los docentes, continúa, han dejado de hablar de cualquier asunto que implique hacer pedagogía sobre diversidad sexual e identidad de género, las organizaciones divulgativas ya no tienen acceso a las escuelas y los expertos tampoco. 

Un ambiente similar se respira en Bulgaria. Lo cuenta Denitsa Lyubenova, miembro de Deystvie. Aunque la ley contra la propaganda –idéntica a la húngara– no ha sido formalmente desarrollada, sus consecuencias son palpables en las aulas. "Lo que están haciendo los colegios es eliminar cualquier referencia al colectivo LGTBI, si hay cualquier información en los programas o en los libros a la orientación sexual o a la identidad de género, lo están borrando para asegurarse que no vulneran la ley". Las organizaciones tienen también prohibido el acceso a los colegios, incluso en las actividades extraescolares. Los psicólogos escolares y los profesores de refuerzo "ya no dan apoyo a los estudiantes LGTBIQ+", describe la activista.

En consecuencia, la población búlgara está ya sumergida en una "retórica y unos mensajes contra el colectivo" que van en aumento y que tiene consecuencias: "Cada vez hay más ataques y en los colegios ya hay estudiantes con pancartas indicando que el colegio está vetado a las personas LGTBIQ+", describe Lyubenova.

Bulgaria representa, a día de hoy, el país europeo con una mayor tasa de discriminación hacia el colectivo: el 50% de las personas LGTBIQ+ dicen haber sufrido dicriminación, mientras que el 39% expresan dificultades para encontrar trabajo. Antes de la entrada en vigor de la ley, el 70% del alumnado LGTBIQ+ búlgaro sufría acoso verbal, un tercio acoso físico y una quinta parte agresiones en la escuela. Las activistas temen que la norma suponga un incremento en las tasas de violencia. 

Una respuesta conjunta

"Existe un claro retroceso", insiste Lyubenova. Hace dos años, la Corte Suprema de Casación de Bulgaria prohibió el reconocimiento del cambio legal del género y actualmente está sobre mesa una enmienda a la ley de protección del menor que proclama la prohibición de cualquier "reunión y actividad pública de la comunidad LGTBIQ+, lo que incluye el Orgullo de Sofía", expone. Una réplica exacta de lo que sucede ya en Hungría.

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El 27 de mayo, si las previsiones se cumplen, distintos países firmarán conjuntamente un texto crítico con las políticas homófobas normalizadas en ciertos territorios, con la esperanza de que las autoridades europeas tomen nota. "Hasta ahora, la Unión Europea no ha hecho nada, pese a que tiene herramientas para hacerlo", reprueba Alejandro Menéndez.

La fecha del 27 de mayo es clave, porque la Comisión Europea tiene hasta entonces para solicitar medidas cautelares al Tribunal de Justicia (TJUE) respecto a la inminente prohibición de la marcha del Orgullo en Budapest. Tiene dos vías a su disposición: el procedimiento de infracción de la Ley antipropaganda LGBT de 2021 –ya abierto–, o nuevo procedimiento de infracción contra la Ley de Prohibición del Orgullo. 

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch ya han suscrito un texto reclamando a la Comisión Europea la toma de decisiones urgentes para frenar la limitación de los derechos del colectivo en Hungría. Sumar, según confirman fuentes del partido, estudia enviar representación a la marcha que se convocará en Budapest, desafiando la prohibición explícita decretada por la ley. Y el pasado mes de marzo, la ministra de Igualdad se dirigió directamente, a través de una misiva, a su homóloga europea, la comisaria Hadja Lahbib, reclamando la puesta en marcha de las "acciones necesarias para asegurar el respeto de los derechos fundamentales en Hungría y para prevenir la consolidación de políticas discriminatorias". Mientras tanto, las activistas se dejan la voz en un grito de auxilio que recorre el continente y que mira a España como principal alianza.