La televisión pública de Baleares ensaya (viejo) nuevo director, vinculado al PP
IB3, la televisión pública de Baleares es un hervidero de conflictos. La sustitución del director general anterior, Albert Salas, por Josep Maria Codony Oliver, un ejecutivo de medios especializado en márquetin y ventas, con los votos de PP y Vox como único respaldo (32 votos a favor, la mayoría absoluta de la cámara, frente a 20 votos en blanco y 4 nulos), no ha sido bien recibida ni por los representantes de los periodistas baleares ni por la plantilla del ente público. Su designación resume las intenciones del actual Govern, presidido por Marga Prohens: Codony ya estuvo al frente de IB3 entre 2014 y 2015, cuando tenía carné del partido.
La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), criticó que el nuevo director no sea titulado en Periodismo o Comunicación Audiovisual y que su trayectoria profesional tenga “una notoria significación política”.
Su antecesor, el periodista Albert Salas, había sido elegido apenas un año y medio antes con un consenso políticamente mucho mayor: aunque el PSIB se abstuvo, logró sumar a los votos de Vox y del PP los de Més per Mallorca y de Més per Menorca, con el compromiso de mantener el catalán como lengua de trabajo en la radiotelevisión pública.
Normalización pendiente
La audiencia, aunque modesta, mejoró en el último año: IB3 Televisió cerró 2024 con un 5,2% de cuota media de pantalla anual, dos décimas por encima del registro del año anterior. Las mejores cifras en una década. Pero, como telón de fondo, sigue estando el conflicto provocado por la normalización pendiente de nada menos que trescientos profesionales que fueron internalizados formalmente, pero que no son funcionarios, lo que afecta a sus salarios, entre otros derechos. Una huelga reciente de cuatro días concluyó sin acuerdo para resolver la situación de estos trabajadores.
Los medios públicos de Illes Balears están agrupados en el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) desde el año 2004 para unificar la gestión de la radiotelevisión pública balear, compuesta principalmente por IB3 Televisió e IB3 Ràdio, que comenzaron sus emisiones regulares en 2005. La puesta en marcha de IB3 fue una respuesta a la demanda de contenidos propios en catalán y con enfoque territorial, similares a los modelos de otras comunidades con lengua propia.
El ente se rige actualmente por la Ley 15/2010, de 21 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, reformada en 2015. Una norma que, aunque formalmente mantiene las mayorías reforzadas como mecanismo para elegir al director general y a los nueve miembros del Consejo de Dirección, consagra la dependencia política de la radio y la televisión públicas del archipiélago al permitir que, si no hay acuerdo, se les pueda designar por mayoría absoluta volviendo a votar en el plazo de un mes. En la práctica, los partidos se reparten proporcionalmente la representación del Consejo de Dirección, que es como se llama en Illes Balears a lo que en la mayoría de las televisiones públicas se conoce como consejo de administración.
El mandato de los miembros del Consejo de Dirección es de seis años y solo se puede renovar una vez. Hace apenas tres meses, el Parlamento balear relevó a cinco de ellos, cuyo mandato había caducado. Gracias a ese cambio, que no tuvo ningún voto en contra (en virtud del reparto pactado entre partidos), en este órgano ya se sienta un representante de Vox que fue candidato en las últimas elecciones.
Consejo Asesor
En los medios públicos baleares no existe un Consejo de Informativos ni un estatuto profesional que blinde a los profesionales que trabajan en ellos. Pero sí hay un Consejo Asesor con un mandato de cuatro años (el mismo que la legislatura), integrado por quince miembros entre los que debe haber representantes de los sectores profesional, educativo y cultural, las asociaciones de consumidores y usuarios, así como las asociaciones representativas de personas con discapacidad y de los jóvenes y las personas mayores. El último fue elegido en marzo, en este caso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
La ley obliga al Parlamento balear a aprobar un mandato marco estableciendo los objetivos que debe alcanzar el servicio público de radio y televisión, y con una vigencia de seis años. De él debería derivarse un contrato programa trianual.
Los medios públicos de Illes Balears no cumplen las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, especialmente en lo que se refiere a la independencia efectiva y la protección frente a interferencias políticas. El mecanismo de elección de su dirección no garantiza su independencia y tampoco existe protección alguna para los profesionales de la información. La financiación, por último, depende de los presupuestos autonómicos, sin blindaje legal estable.
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Durante años, se han sucedido las acusaciones de manipulación informativa a favor del gobierno de turno. Profesionales y comités de empresa han denunciado repetidamente la existencia de presiones y la falta de independencia con la que se ven obligados a trabajar.
El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) documentó en su día 20 casos de “censura flagrante” e “injerencia política en favor del Gobierno balear” durante el mandato del PP. Los periodistas describieron un ambiente de “miedo a desobedecer” porque podían ser sancionados, trasladados o despedidos.
El grupo parlamentario del PSOE llegó a anunciar en 2007 que no participaría en programas de IB3 por considerar que sus contenidos mostraban “partidismo” evidente y una falta de pluralidad, al servir “solo a los intereses del PP”.
