De 'El Ventorro' a 'Trece Tv': la nueva À Punt, el modelo de televisión pública que quieren PP y Vox
Cuando tuvo lugar la catastrófica dana que el pasado 29 de octubre costó la vida a más de 200 personas en València, el president de la comunidad, Carlos Mazón, comía apaciblemente en un reservado del restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. ¿El motivo? Ofrecerle, según ha reconocido ella misma, la dirección general de la corporación de la que depende À Punt, la televisión autonómica valenciana.
Apenas unos meses antes, PP y Vox habían cambiado de arriba a abajo la ley reguladora de los medios públicos valencianos para ponerla bajo su control. Cuando la izquierda reconstruyó en 2016 la radio y la televisión autonómicas, después del traumático cierre de Canal Nou decretado por el PP, puso en marcha uno de los modelos regulatorios más independientes de cuantos han existido en España y uno de los pocos capaces de pasar el examen, casi en su totalidad, del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés). Un modelo que a Carlos Mazón no le servía.
Vilaplana dijo “no” en El Ventorro a la oferta del president (una negativa que, en sí misma, es una demostración de la dependencia política de À Punt desde que Les Corts aprobaron su reforma). Así que, varios meses después, asediado por los medios por su resistencia a asumir responsabilidades tras las muertes de la dana, en febrero de este año Mazón acabó echando mano de Francisco Aura, hasta ese momento director de operaciones de Trece TV, propiedad de los obispos católicos españoles y que, al menos entre 2016 y 2021, recibió más de 40 millones de euros recaudados por el Estado vía IRPF.
Hasta su nombramiento, el puesto de director general estaba vacante. Su antecesor, Alfred Costa, dimitió en noviembre, días después de que se supiera que el president de la Generalitat había ofrecido su puesto a la periodista Maribel Vilaplana en la ya célebre cita de El Ventorro.
Después vino el cese del director de informativos, Iván Esteve, y el nombramiento en su lugar del que ha sido hasta ahora jefe de comunicación y marketing de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Josep Magraner. Esteve ostentaba el cargo desde octubre de 2023 y fue uno de los máximos responsables del despliegue y seguimiento que hizo À Punt en directo de la dana, que muchos reconocieron por haber aportado documentos de enorme valor, información y entrevistas en tiempo real de todo lo que estaba sucediendo, tal y como ha puesto en valor la jueza que investiga la gestión de la riada.
Bajo el control de PP y Vox
Proponer a Aura como director general fue la primera decisión del nuevo consejo de administración de los medios públicos, controlado en exclusiva por PP y Vox, después de que PSPV y Compromís se negasen a participar en el blanqueamiento del nuevo órgano.
Porque la reforma de la ley reguladora de los medios públicos impulsada por la derecha y la ultraderecha en 2024 sustituyó el Consejo Rector creado en 2016 por un Consejo de Administración tradicional, reduciendo su composición de diez a ocho miembros y devolviendo a los partidos el control de la radiotelevisión autonómica.
Donde había una minoría de consejeros nombrados por políticos (cinco) —el resto eran representantes del Consejo de la Ciudadanía (uno), el Consejo Audiovisual (tres, uno de ellos con el aval de Les Corts) y de los trabajadores de la Corporación (uno)—, que además tenían que ser elegidos por mayoría reforzada, ahora hay ocho elegidos por mayoría absoluta y por criterios de “representatividad política” (siete designados directamente por Les Corts y el último por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias). Si antes tenían un mandato de seis años, para separarlo de las legislaturas políticas, ahora solo estarán cinco.
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A su vez, PP y Vox han cambiado por completo el sistema de elección del director general. Hasta la reforma del año pasado, se elegía por concurso público convocado por el Consejo Rector y la elección dependía de obtener una mayoría de tres quintos en este órgano y de una ratificación posterior, por mayoría absoluta, en Les Corts. Ahora es todo más simple y de dependencia directa de la mayoría de turno: basta con que el Consejo de Administración, controlado por representantes de la mayoría absoluta de Les Corts, se lo proponga al Consell que preside Mazón.
PP y Vox también han desmantelado el resto de órganos de la corporación, piezas clave de los contrapesos diseñados en la ley original para garantizar la independencia de los medios públicos. Ya no existe, por ejemplo, el Consejo de la Ciudadanía, que aunque solo podía asesorar, daba voz a trece representantes de la sociedad civil. Cuatro los nombraba el Consejo Rector previa convocatoria pública y el resto los designaban las asociaciones de consumidores y usuarios, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consejo Valenciano de Universidades, las asociaciones del tercer sector, las asociaciones LGTB y de defensa de la igualdad, y el Consejo de la Juventud de la Comunitat.
En el caso del Consejo de Informativos, PP y Vox decidieron mantener formalmente la existencia de este órgano de representación, participación y autodefensa de los trabajadores de la radio y la televisión públicas, pero después de eliminar buena parte de sus competencias, como la de “informar con carácter vinculante” las propuestas de nombramiento de los directores o directoras de los servicios informativos.
