La fundación ultracatólica de Mayor Oreja capta para sus actos a magistrados de la cúpula judicial

La fundación ultracatólica Neos, uno de los principales exponentes en España de la batalla cultural que libra la derecha y la extrema derecha a nivel global, consigue captar adeptos para sus actos entre altos cargos de la cúpula judicial española. El magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Antonio García Martínez, exportavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), participó en uno de esos eventos el pasado junio, solo una semana después de que el Tribunal Constitucional avalara la ley de amnistía. En el encuentro, titulado España en el abismo: Alternativa o Frente Popular, su intervención estuvo flanqueada por la del presidente del colectivo, el exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja, la diputada del ala más derechista del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el exdirigente de Ciudadanos y ahora eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta.

El discurso de la derecha judicial en España dibuja una imagen catastrófica del país en el que un Gobierno de izquierdas ataca sistemáticamente la separación de poderes y la independencia judicial tratando a toda costa de intervenir en la Justicia. Frente a ese panorama político, el conservadurismo corporativo defiende un estamento judicial que actúa como última frontera para defender la democracia, el orden constitucional y la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Pese a la defensa de esos valores, periódicamente aparecen miembros de esa corriente –muy mayoritaria en la carrera– en actos de claro contenido político e ideológico. Pocos días antes de la intervención del magistrado del Supremo, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y candidato a magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo José Luis Concepción participó en otro evento de Neos celebrado en Burgos.

El acto en el que participó García Martínez se celebró el pasado 30 de junio en el auditorio Mutua Madrileña de la capital. En él, la periodista y presentadora de televisión Ana Samboal presentó a los intervinientes manifestando previamente que el Tribunal Constitucional se había convertido en un "tribunal constituyente" que había cambiado la Constitución para "borrar delitos o conceder perdones al estilo de un rey medieval". "Hace una semana había una separación de poderes", continuó Samboal antes de dar la palabra a los ponentes. "Hoy, esa suerte de tribunal constituyente ha decidido mediante una sentencia que hay un poder que está por encima del resto, que es el Parlamento. Y ninguno de los que estábamos aquí lo hemos votado", añadió.

El magistrado del Supremo tuvo una intervención muy medida y sin grandes mensajes políticos (a partir del minuto 37 del vídeo). Pero los que precedieron y sucedieron al representante de la máxima instancia judicial española, sí los lanzaron. Mayor Oreja, el primero en hablar, partió de lo que en su opinión es "una verdad que ya se puede confirmar". "El frente que nos gobierna es mucho más que el sanchismo. El Gobierno que lo dirige es mucho más que un gobierno Frankenstein, mucho más que un Gobierno de coalición. Nos gobierna un proceso en el que se han sumado dos deslealtades a España: la histórica y recurrente de los partidos nacionalistas y la deslealtad sobrevenida a partir del 11 de marzo de 2004 de la izquierda española [fecha de los atentados del 11-M] que decidió que ETA era su aliado y no era el adversario al que combatir. Un frente de ruptura que, por su propia naturaleza, no tendrá límites legales, democráticos, éticos... Porque su único límite es la no pérdida del poder [...]. Morirán matando".

Tras el representante del más alto tribunal español, tocó el turno al eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, que acusó al Constitucional de "haber mentido a sabiendas sobre la constitucionalidad de la amnistía". "La amnistía es inconstitucional diga lo que diga [el presidente del TC, Cándido] Conde-Pumpido y los constructivistas jurídicos y los amigos del uso alternativo del derecho que hacen decir a la ley lo que le parece a su ideología". Cayetana Álvarez de Toledo quiso empezar agradeciendo "en la persona de Antonio García", dijo señalando al magistrado, "a todos los jueces y fiscales que hoy están ejerciendo, en circunstancias enormemente difíciles, su labor. Sufriendo un acoso intolerable e implacable por parte del poder político y de los medios afines. No están defendiendo intereses corporativos [...] están defendiendo el Estado de derecho, es decir, la separación de poderes, es decir, la democracia". Después añadió que la izquierda busca "enfrentar al pueblo con los jueces como si pudiera haber democracia sin ley, como si los jueces y los fiscales no fueran principalmente el principal escudo de los ciudadanos frente al poder".

Semanas antes fue el expresidente del TSJ de Castilla y León, el conservador José Luis Concepción, el que participó en otro acto de Neos, esta vez en Burgos. Concepción, que actualmente es candidato a una de las dos plazas de la Sala de lo Militar del Supremo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe cubrir en las próximas semanas, inició su discurso –tras la proyección de un vídeo titulado "asalto a la justicia"– dando las gracias a la fundación de Mayor Oreja por su invitación y refiriéndose a ella como "un grupo humano empeñado en defender la verdadera memoria histórica y las ideas del humanismo cristiano de las que participamos, y que, además, está capitaneada por personas que siguen siendo un referente en la España que queremos". Su intervención, tras la del exministro y la del exfuncionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, aparece en este vídeo a partir del minuto 44.

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces y magistrados asistir "a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquéllas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial". La Comisión de Ética de ese órgano, conformada casi íntegramente por magistrados conservadores desaconseja a los miembros de la carrera judicial participar en actos políticos, "aun en su condición de ciudadanos", por afectar a su "apariencia de independencia, integridad e imparcialidad", justo los valores que la derecha judicial afirma defender frente al Gobierno y el Parlamento. Pese a ello, más allá de García Martínez o Concepción, numerosos representantes de ese sector siguen apareciendo en actos de marcado carácter ideológico, casi siempre de la órbita del PP o Vox.

La actual presidenta de la APM y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, participó el 10 de febrero en un acto en el Congreso organizado por el partido de Alberto Núñez Feijóo (que lo inauguró) titulado 'Contra la impunidad'. En él, la magistrada se mostró contraria a iniciativas del Gobierno socialista como la reforma de la acción popular o la que dará la instrucción de los delitos a la Fiscalía. Del Barco llegó a expresar su deseo de que España fuera sancionada por la UE como Polonia o Hungría "por vulnerar la independencia judicial y el Estado de derecho". Hablaba de independencia judicial desde un foro organizado por el principal partido de la oposición.

Más recientemente, uno de los jueces más activos en X, Luis Sanz (@MagistraThor), magistrado de la Audiencia de Madrid, participó en la presentación de Atenea, el proyecto panderechista presentado a finales de septiembre por el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Desde una mesa redonda en la que también estaba Guadalupe Sánchez Baena, la abogada de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP), pidió a los asistentes "osadía" contra las iniciativas del Gobierno como la amnistía o las reformas judiciales que impulsa que, dijo, "ayudan a destruir el Estado de derecho" (a partir del minuto 32 en el vídeo sobre estas líneas).

Sanz pertenece a la conservadora (aunque más moderada que la APM) Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. También a la muy derechista y enfrentada al Gobierno Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que mandó formularios a los jueces para impugnar la ley de amnistía y de la que también forma parte el magistrado de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, expedientado por el Consejo por insultar a Pedro Sánchez, a quien llamó "psicópata sin límites éticos" y "narcisista patológico".