El PSOE lanza una ofensiva en las instituciones para retratar al PP ante el blindaje del derecho al aborto

El Gobierno trabaja con la previsión de llevar a finales de diciembre o enero al Congreso la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto. Pero, además de los trámites técnicos, el Ejecutivo quiere poner en primera línea el debate político en todas las instituciones con el fin principalmente de que se retrate el Partido Popular.

El blindaje del derecho al aborto se ha convertido en una de las líneas centrales del Palacio de La Moncloa y del PSOE en un momento de auge de la extrema derecha, que trata, como ha pasado en EEUU, de torpedear esta histórica conquista de las mujeres. Por eso, los socialistas quieren debates en cámaras nacionales, autonómicas y municipales que sirvan para defender su postura y quede clara la postura de cada formación ante los ciudadanos.

En las Cortes Generales, se pone sobre la mesa este miércoles una moción lanzada por el grupo parlamentario socialista para que la Cámara Alta apoye la propuesta de reforma de la Carta Magna del anteproyecto de ley que ha acordado el Ejecutivo de coalición, que ahora se encuentra en fase de estudio por parte del Consejo de Estado. 

El Senado está dominado por mayoría absoluta por el Partido Popular, que quiere evitar mojarse en este asunto y que argumenta que es una cortina de humo del Ejecutivo para tapar los casos de corrupción. Fuentes socialistas, en cambio, subrayan que ha sido el Partido Popular el que ha zarandeado esta cuestión a través del apoyo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a una iniciativa de Vox para obligar a las mujeres que vayan a abortar a recibir información de un supuesto trauma post-aborto, que no tiene ningún tipo de base científica. También ha puesto en primera línea este asunto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al oponerse al registro de objetores mandatado por la actual ley de 2023.

"Aún cuesta reconocer la postura del PP"

En la exposición de motivos del texto presentado por el PSOE se describe: “Los avances legislativos, impulsados sistemáticamente por gobiernos socialistas, siempre han encontrado la oposición de grupos políticos y sociales conservadores, incluido el Partido Popular (PP). Han pasado cuarenta años desde la primera ley que despenalizó el aborto en España y aún cuesta reconocer la postura del principal partido de la oposición sobre este particular”.

Los socialistas consideran al hilo: “Sabemos que la ley, aunque imprescindible, no es suficiente. A la ola reaccionaria, nacional e internacional, a la que parece haberse subido el PP, se suma la persistencia de barreras que siguen limitando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia está regulada por ley, pero con un desarrollo y aplicación muy heterogéneo en las distintas comunidades autónomas. Además, las diferencias territoriales en los itinerarios de acceso y en los métodos disponibles, la insuficiencia de recursos en la sanidad pública y la persistencia del estigma social son algunas de las trabas que continúan condicionando la libertad de las mujeres”.

El texto pide al Gobierno actuar en varias direcciones, empezando por la reforma de la Constitución. También insta al Ejecutivo a articular mecanismos para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia individual del personal sanitario no suponga un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a dicho derecho. Quiere que se mejore la coordinación con las comunidades autónomas y las universidades y la formación en materia de incorporación de la salud sexual y reproductiva en los planes de estudio de los grados y posgrados universitarios de Medicina y Enfermería.

El PSOE forzará debates en todas las comunidades

La moción de los socialistas aboga asimismo por “establecer mecanismos para garantizar, tal y como establece la ley, que ninguna asociación u organización contraria al derecho al aborto pueda recibir ninguna subvención, concierto o convenio destinada a fines de oposición al aborto o desinformación sobre el mismo”.

Pero el PSOE quiere que esas votaciones se extiendan a lo largo y ancho de España en todas las comunidades autónomas. El partido presentará mociones en todos los territorios, según ha acordado el área de Igualdad del partido, liderada por Pilar Bernabé. Esta acción ha sido coordinada junto a dirigentes como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, que han estado en contacto con las responsables del área en cada federación.

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Para esas mociones se están utilizando como bases las propuestas que el PSOE de Madrid ha puesto ya a circular en la Asamblea y en los ayuntamientos, al ser el epicentro del freno al aborto con los movimientos de Almeida y Ayuso. Los socialistas madrileños han registrado un texto en todos los municipios, recordando en la propuesta: “En la Comunidad de Madrid no hay formación afectivo sexual en los centros educativos. Los centros de planificación familiar han desaparecido. Es la única región donde no se han financiado con recursos propios la píldora postcoital y métodos anticonceptivos modernos. Y solo el 0,37% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en la sanidad pública durante 2024. A esto se añade que las clínicas privadas autorizadas se ven obligadas a funcionar sin convenio ni contrato, sufriendo constantes retrasos en los pagos por parte de la Consejería de Sanidad. Además, la financiación pública de esta prestación para las mujeres de origen extranjero se ha reducido de forma alarmante”.

En el texto los socialistas instan a cada Pleno de ayuntamiento a “reafirmar la defensa” del aborto como “un derecho reconocido y protegido” e insta a los gobiernos municipales “ a proteger la neutralidad de los servicios públicos municipales, garantizando que no se realicen campañas de desinformación acientíficas como el inexistente ‘síndrome postaborto”. Además, exige a la Puerta del Sol que despliegue “plenamente” la ley vigente.

Por el momento, esa moción se ha debatido solo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pero tenía especial importancia porque su alcaldesa, Judith Piquet (PP), es una persona de la máxima confianza de Ayuso y ocupa el cargo también de presidenta de la Federación Madrileña de Municipios. El texto acaba de ser tumbado con los votos de los populares y de Vox. Fuentes socialistas sostienen que “No les ha dolido votar en contra. Lo han hecho de forma torticera y apenas le han dedicado tiempo a hablar en el Pleno. Las mujeres les importan un pimiento”.