La embestida contra la BBC impulsa la ofensiva contra los medios públicos que PP y Vox quieren aplicar en España
“No se equivoquen, esto fue un golpe de Estado”. “Quien crea que esto se reduce a un fragmento de 12 segundos emitido en [el programa] Panorama hace más de un año, del que ningún espectador se quejó, no está leyendo la noticia completa”. Ambas frases, pronunciadas por fuentes internas anónimas de la BBC y reproducidas por The Guardian este martes, resumen a la perfección la dimensión de la embestida organizada por la derecha británica contra la emisora pública, ejemplo en todo el mundo de periodismo independiente y espejo en el que, durante décadas, se han mirado todas las radios y televisiones públicas deseosas de trabajar libres de las indicaciones de los gobiernos de turno.
Las dimisiones del director de la cadena, Tim Davie, y de la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness, anunciadas este domingo, se produjeron oficialmente como consecuencia de la emisión de un documental en el que supuestamente se había manipulado un discurso del presidente de EEUU. Donald Trump. Pero eso es solamente la espuma de lo que está pasando por debajo.
En realidad, el discurso de Trump que recortó el documental no fue manipulado. Simplemente, con mejor o peor acierto, fue editado para sintetizar las frases en las que Trump, el 6 de enero de 2011, animaba a sus seguidores a acudir al Capitolio para bloquear las elecciones que dieron la victoria a Joe Biden. Una marcha que acabó con cinco personas muertas y más de 140 agentes heridos.
De hecho, la responsabilidad de Trump sobre aquellos hechos (ese día repitió que le habían “robado” las elecciones, exhortó a sus seguidores a “marchar hacia el Capitolio” para “detener el robo” y, aunque en una frase pidió hacerlo “pacífica y patrióticamente”, su tono general del discurso —combativo y desafiante— fue interpretado por muchos asistentes como una incitación a la acción directa) está tan acreditada que, en su momento, el entonces expresidente llegó a ser investigado judicialmente después de que un gran jurado federal le imputase por varios delitos relacionados con la interferencia electoral y conspiración para defraudar a EEUU.
El director saliente de la BBC reconoció este martes haber cometido “algunos errores que nos han costado caro”, pero llamó a los periodistas de la cadena a defender su trabajo. “Somos una organización única y valiosa y veo a la prensa libre bajo presión, veo cómo se la instrumentaliza. Creo que debemos luchar por nuestro periodismo. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo y la increíble labor que realizamos a nivel local y global es absolutamente incalculable”, declaró a las puertas de la emisora pública.
El chantaje de Trump
El foco ahora mismo está sobre el chantaje planteado por Trump: si no le piden disculpas, rectifican el documental y le compensan económicamente con una cantidad de dinero que no ha concretado, el viernes demandará a la emisora pública británica por 1.000 millones de dólares. Una suma disparatada que reproduce la estrategia de amenaza que tan buen resultado le ha dado al presidente de EEUU para someter en el pasado a medios y plataformas estadounidenses, desde la ABC de Disney a YouTube, pasando por CBS/Paramount, Facebook y Twitter, cuando aún no era propiedad de Elon Musk.
En realidad, y más allá del inquilino de la Casa Blanca, la caída del director general y de la directora ejecutiva culmina la presión creciente sobre las emisoras públicas en un contexto político cada vez más escorado hacia el extremismo conservador. Una de las primeras medidas de Trump fue precisamente dejar sin fondos a la PBS, la televisión pública de EEUU, considerada también un modelo de independencia. De hecho, investigaciones académicas demuestran que “los estadounidenses confiaban en PBS precisamente porque está financiado públicamente, no a pesar de ello”.
Lo cierto es que la BBC lleva tiempo bajo asedio, acusada primero por supuesta falta de transparencia en relación con un documental sobre Gaza y de otras prácticas poco profesionales. Pero la verdad es que la controversia tiene lugar en medio de durísimas negociaciones sobre su financiación. Detrás del ruido sobre el documental acerca de Trump, está el pulso entre quienes quieren que la BBC vire hacia posiciones más afines a la derecha y quienes desean preservar su autonomía periodística.
Hay evidencias sobre todo ello. Según The Guardian, la ofensiva contra los dos cargos que han dimitido fue liderada desde dentro del consejo de administración por Robbie Gibb, exjefe de comunicaciones de Theresa May, exprimera ministra conservadora, quien también ayudó a fundar el canal de noticias de derechas GB News.
Gibb maniobró después de que un informe interno, elaborado por Michael Prescott, un asesor externo de la cadena con un historial profesional vinculado al The Times del magnate Rupert Murdoch –aliado desde hace años de Trump–, fuese filtrado al diario conservador The Daily Telegraph.
Y es que el trasfondo político de esta crisis tiene sus raíces en la época de Boris Johnson en el Gobierno, cuando empezó a fraguarse toda una estrategia de descrédito del buque insignia del periodismo profesional británico con la intención de modificar la postura de una emisora que la derecha británica considera desde hace años demasiado liberal y de izquierdas.
La actuación más o menos coordinada de Prescott, Gibb, la prensa de Murdoch y el propio Trump —así lo ve al menos una parte de los trabajadores de la emisora— ha conseguido forzar la dimisión de la directora de informativos y, de paso, aunque no lo esperaban, la del director general, dejando a la BBC en una situación de máxima debilidad en medio de un escenario político y mediático dominado por las incertidumbres.
Lo que está pasando con la BBC refleja la vulnerabilidad de los medios públicos ante la presión política y mediática, los intentos de instrumentalizar sus errores, existan o no, y el peligro que corren, en todas partes, de perder su independencia editorial.
En el mundo anglosajón es bien conocido el caso de la australiana ABC, también pública, sometida a enormes presiones y recortes en los últimos años que han puesto en peligro su continuidad.
RTVE no es ajena a esta ofensiva, especialmente desde que la gestión de su presidente, José Pablo López, empezó a dar frutos y la emisora pública reconectó con la audiencia.
PP y Vox combaten abiertamente los programas de actualidad que han llenado la parrilla de La 1 e incluso formatos de entretenimiento como La Revuelta, que no pueden controlar y en los que a diario se cuestionan las estrategias de ambos partidos, en particular la desinformación que difunde la extrema derecha.
Cierre, privatización o control
Hace tiempo que ambas formaciones no detallan cuáles son sus planes para RTVE en el supuesto de que lleguen al poder. En el pasado han coqueteado abiertamente con la idea de cerrarla o privatizarla, pero lo ocurrido en las comunidades autónomas en las que gobiernan revela que, al menos a corto plazo, sus planes pasan por someterlas a un férreo control y dependencia política.
Es lo que sucede en estos momentos en la gallega TVG, la andaluza Canal Sur o la valenciana À Punt, por citar tres ejemplos en los que las correas de transmisión entre los gobiernos autonómicos y sus medios públicos están bien acreditadas.
Trump amenaza a la BBC con una demanda por difamación de 1.000 millones de dólares
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En todo caso, lo que las formaciones de la derecha no ocultan —lo hacen cada vez que hay comisión de seguimiento en el Congreso— es su intención de echar de RTVE a los periodistas sobre cuya responsabilidad descansan los programas que han logrado levantar la audiencia de la televisión pública después de años muy por debajo de sus competidoras privadas, primero Telecinco y ahora Antena 3, ambas claramente alineadas con los intereses conservadores.
Todo esto ocurre cuando la BBC sigue siendo la marca de noticias que más confianza suscita entre los británicos. Así lo acredita YouGov, una empresa británica de investigación de mercados y encuestas de opinión que recopila datos sobre política, consumo y tendencias sociales a nivel global, según la cual confiándooslos en ella el 60 % de los ciudadanos del Reino Unido.
RTVE no está muy lejos de esas cifras, al menos entre quienes siguen sus informativos, un 56,2 % de los cuales los consideran objetivos. Son datos de la última encuesta del Panel de Hogares llevada a cabo por la CNMC, según los cuales, sin embargo, cuando los encuestados son todos los españoles las cifras son mucho menores: el 27,5 % se mostró bastante o muy de acuerdo con que RTVE es objetiva, mientras que el 25,2 % opinó lo contrario. Un dato que tiene un peso muy relativo, porque uno de cada tres encuestados no se pronunció ni a favor ni en contra.
