Chile se juega su rumbo político entre el legado social de Boric y el auge de la ultraderecha

El presidente de Chile, Gabriel Boric, asiste a la investidura del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

César G. Calero

Gabriel Boric llegó al Palacio de La Moneda hace casi cuatro años como un revulsivo político y generacional, un líder de 36 años surgido del combativo movimiento estudiantil que reivindicaba a Salvador Allende y prometía gobernar para los de abajo, aquellos que habían tomado las calles en el estallido social de 2019. Pero el entusiasmo se fue desvaneciendo a medida que la apuesta transformadora de Boric y el Frente Amplio iba perdiendo fuelle. En los últimos tiempos, la creciente percepción de inseguridad ciudadana y la desafección política han propiciado el auge de una extrema derecha que llega fortalecida a las elecciones presidenciales de este domingo. Sus dos referentes, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, se disputarán el pase a una probable segunda vuelta con la progresista Jeannette Jara, exministra de Trabajo, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei.  

El primer obstáculo con que se encontró el Gobierno de coalición progresista en 2022 fue su desventaja numérica en el Congreso. Boric tuvo que adaptarse pronto a la dinámica de los acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar algunas de sus iniciativas. Y con apenas seis meses de mandato, recibió un varapalo del que no se ha recuperado: el rechazo masivo en las urnas (62%) a la propuesta de una nueva Carta Magna (en sustitución de la promulgada en 1980 por el dictador Augusto Pinochet) elaborada por una Convención Constitucional que recogía algunas de las demandas de las protestas de 2019. Fue un jarro de agua fría para aquellos que pensaban que Chile se había vuelto de repente plenamente de izquierdas.

“El estallido social de 2019 fue un momento épico muy mal interpretado por la izquierda. No hubo un movimiento social como tal, sino demandas concretas de actores individuales y colectivos de distinta índole. Cuando se votó el mecanismo para habilitar una nueva Constitución, en realidad sólo se decantó a favor un tercio de la población. Es el tercio que hoy sigue apoyando a la izquierda”, explica a infoLibre Rossana Castiglioni, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales de Chile. 

Un legado con luces y sombras

Si hay algo que define el mandato de Boric ha sido su pragmatismo. Esa moderación le ha permitido pactar algunas leyes de calado, como la reforma de las pensiones, una de sus grandes promesas de campaña, lastrada en su concepción original, ya que no suprimió del todo el sistema de capitalización privado, si bien mejoró las prestaciones a los jubilados de rentas más bajas. Además, se decretó una reducción progresiva de la jornada laboral de 45 a 40 horas hasta 2028, otro de los grandes momentos de un Gobierno progresista que aprobó un aumento considerable del salario mínimo, un impuesto a las grandes empresas mineras y el copago cero que permite la atención gratuita en la red pública de salud a las capas más vulnerables de la sociedad.

Frente a esos avances en justicia social, Boric tuvo que lidiar con algunas urgencias, como el estancamiento económico, y mostró su perfil más conservador en dos asuntos tan sensibles como la migración irregular y la seguridad. La presión de una ciudadanía atemorizada en exceso y la configuración parlamentaria adversa llevaron al Gobierno a reformular su agenda, priorizando leyes relacionadas con el combate a la criminalidad y creando un ministerio de Seguridad. Según un informe de la Fundación Chile21, el Ejecutivo de coalición progresista ha sido el que más legislación ha aprobado en esta materia (unas 70 normas) desde el retorno de la democracia en 1990. Pese a todo ese esfuerzo, el estudio concluye que el Gobierno no pudo revertir el problema de la inseguridad aunque sí evitó su recrudecimiento.

“Boric partió con una agenda de cambios estructurales en salud, seguridad social, política tributaria, etc., muy complejos de instrumentar. El Gobierno no supo elegir qué hacer primero y puso toda la carne en la parrilla, pero hubo un proceso de adaptación estratégica y la izquierda tuvo que darse una voltereta en el tema de seguridad, una agenda que siempre le incomoda y que, a día de hoy, es la principal preocupación de los chilenos”, sostiene Castiglioni. El cambio de timón del Gobierno habría llegado tarde para una sociedad que registra unas tasas de percepción de la inseguridad altísimas (un 87,5% cree que la delincuencia aumentó, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana de 2024). Chile tiene una tasa de homicidios (6 por cada 100.000 habitantes) menor que muchos países de América Latina. No obstante, un 63% de los chilenos considera que el crimen y la violencia son los principales problemas del país, según un reciente sondeo de la consultora Ipsos.

Para Lisa Zanotti, investigadora en la Central European University y en la Universidad Diego Portales, el Gobierno de Boric partía con muy buenas premisas que no se cumplieron: “La gran crítica hacia el legado de Boric no es que no haya tratado de sacar adelante su agenda, sino que lo ha hecho mal. En su Gobierno no hubo curva de aprendizaje. La inexperiencia le llevó a cometer errores. Creo que se quedó corto no por voluntad propia sino por las circunstancias. Los números en el Congreso no le daban para mucho y el clima internacional es hostil a proyectos como el suyo. Lo más destacable de su gestión es haber logrado conectar con la izquierda moderada y lo más criticable, haber nombrado en puestos clave a personas sin experiencia en sus roles”, argumenta Zanotti en conversación con infoLibre.

La extrema derecha, en ascenso

Cuatro años después del triunfo electoral de Boric, el auge de la ultraderecha es una realidad en Chile. Pero, ¿cómo se ha producido ese viraje hacia el autoritarismo? Según un estudio reciente de la Fundación Nodo XXI (Del estallido al orden: Nuevo mapa político-cultural de Chile), casi seis de cada diez chilenos adultos se ubican en perfiles de orientación tradicionalista, con distintos grados de autoritarismo. La sociedad chilena no habría renunciado a la idea de transformación, de acuerdo al informe, sino que la habría redefinido “bajo el signo del orden” en un contexto en el que predominan el miedo, la incertidumbre y la frustración.

Zanotti, experta en el fenómeno de la extrema derecha, cree que el clima internacional de ascenso del populismo reaccionario también ayuda a impulsar este tipo de opciones políticas en Chile: “Kast proviene de la UDI (la Unión Demócrata Independiente), una derecha tradicional que se encuentra en una encrucijada. Hay mucho votante insatisfecho con esa derecha más moderada y se ha pasado a las filas del Partido Republicano (de Kast) por su posición en temas como la seguridad”. Para Castiglioni, la izquierda está sufriendo una suerte de tormenta perfecta: “Hay un rechazo al oficialismo y a todo lo que supuso la protesta social, un antiwokismo generalizado que abona el terreno para el ascenso de una derecha que ha sabido conectar mejor con los miedos de la gente en torno a la criminalidad o la migración”.

Jara y Kast, a la cabeza en los sondeos

El orden público, el control migratorio y, en menor medida, la marcha de la economía, han sido los ejes centrales de la campaña electoral. La receta de la derecha ha sido unánime: mano dura contra la delincuencia y los migrantes, a quienes se asocia con la percepción de una mayor inseguridad. La implantación en Chile de bandas del narcotráfico (como la organización criminal venezolana Tren de Aragua) ha echado todavía más leña al fuego.

Jara (51 años) se ha visto arrastrada a esa discusión instalada por la ultraderecha en lugar de abordar asuntos como la vivienda, en los que la izquierda es más propositiva. Militante del Partido Comunista, se fue despegando progresivamente en la campaña tanto del Gobierno como de su propia organización. El anticomunismo está también al alza en Chile y, por contra, declararse partidario de Pinochet (como ha hecho Kaiser) ya no penaliza electoralmente.

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Según las encuestas, Jara sería la candidata más votada este domingo (en torno a un 28%, lejos del umbral del 50% necesario para alcanzar la presidencia en primera vuelta), pero caería derrotada en la segunda vuelta (el 14 de diciembre) contra cualquiera de los candidatos derechistas, que sin duda unirán fuerzas. Kast (59 años) sería su más probable contrincante (supera el 20% en los sondeos). El líder del Partido Republicano ya no menciona a Pinochet en sus declaraciones, como sí lo hacía en las dos campañas electorales anteriores en las que salió derrotado, y ha tratado de mostrar su lado más institucional. A Kaiser (49 años), líder del Partido Nacional Libertario y clon chileno de Milei y Bolsonaro, le ha dado réditos su encarnizada apuesta por la batalla cultural. En las quinielas electorales aparece también Matthei (72 años), la representante de la derecha tradicional (Chile Vamos). Para tratar de ganar adeptos, no ha dudado en adueñarse de la narrativa de la ultraderecha: “Cárcel o cementerio” para el crimen organizado, llegó a proponer en el último debate electoral. El resultado de los comicios estará condicionado por el voto obligatorio, una novedad que movilizará a antiguos abstencionistas. 

La ley chilena prohíbe la reelección presidencial inmediata. En el pasado, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se alternaron en el poder durante 16 años. El futuro político de Gabriel Boric es todavía un enigma. Pese a los vaivenes de su mandato, llega a la recta final con una aprobación del 30%, superior a la de su Gobierno. Ha ganado con el tiempo en estatura política y capacidad de construir alianzas, condiciones esenciales para liderar el espacio progresista dentro de cuatro años. Pero ese plazo en política es una eternidad.

Si finalmente la ultraderecha aterriza en La Moneda en marzo de 2026, Chile ampliaría el abanico de gobiernos reaccionarios en América Latina y reforzaría el Cono Sur junto a la Argentina de Javier Milei. A ellos se unen el salvadoreño Nayib Bukele (el mandatario con mayor aceptación entre los chilenos) y el ecuatoriano Daniel Noboa. En la acera opuesta, México, Colombia y Brasil conforman la columna vertebral del progresismo en la región. Las elecciones presidenciales del año que viene en Colombia y Brasil serán determinantes para comprobar de qué lado se inclina la balanza. En México, Claudia Sheinbaum tiene todavía por delante cinco años de mandato y el calor de la mayoría. Gustavo Petro y Lula da Silva, por su parte, son dos líderes carismáticos en la línea de salida por distintas razones. Petro no puede presentarse a la reelección (está prohibida desde 2015) y Lula, que sí lo hará, acaba de cumplir 80 años. El uribismo y el bolsonarismo están al acecho. Y todo bajo la atenta mirada de Donald Trump.

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