Ayuso coloniza los gobiernos de las universidades con nombramientos de excargos del PP y empresarios afines

"Tampoco vamos a consentir que se instrumentalicen los colegios y los centros educativos para hacer ingeniería social". Con esta frase, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el curso universitario madrileño en Alcalá de Henares el pasado septiembre, en un momento en el que varias universidades públicas ya habían denunciado la infrafinanciación y presentado pérdidas en su último ejercicio económico. Un síntoma claro de los problemas de viabilidad y de la falta de medios que sufre la universidad, mientras el Ejecutivo autonómico centra su discurso en combatir un supuesto adoctrinamiento.

En busca de acabar con esa supuesta instrumentalización, el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) introduce un régimen sancionador que ha encendido las alarmas en la comunidad educativa. Prevé multas contra las universidades por "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus" o por dificultar el acceso a instalaciones, así como sanciones de entre 300 y 15.000 euros a estudiantes por "colocar pancartas o símbolos sin autorización" o retirar los que sí la tengan.

A estas medidas, criticadas por su impacto sobre la libertad de expresión, se suma la preocupación por la falta de financiación. Las líneas maestras de los presupuestos regionales confirman que el aumento previsto (6,5%) está muy por debajo de las necesidades planteadas por los rectores. Esta situación llevó a los 26 decanos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a denunciar el pasado martes "un modelo que reduce el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso".

La LESUC también plantea una reestructuración de los órganos de gobierno que reduce el poder de los rectores y otorga mayor protagonismo a representantes externos. Sin embargo, esta línea de intervención en la gobernanza no es nueva. En los últimos años, Ayuso ha situado a figuras afines a su partido o directamente a exaltos cargos del PP al frente de los consejos sociales de las universidades públicas. Organismos que participan en decisiones esenciales como la aprobación de presupuestos, cuentas anuales y planes estratégicos.

Tres excargos del PP y perfiles empresariales

El Gobierno de Ayuso ha colocado al frente de los órganos que supervisan las cuentas y decisiones estratégicas a perfiles cuya trayectoria se articula entre el PP y el sector privado. El caso más visible es el de Francisco Marhuenda, presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III desde marzo de 2023. Su carrera política y mediática —exparlamentario del PP, exasesor de Mariano Rajoy y director de La Razón— se suma a su cargo actual de decano en la universidad privada UNIE, del Grupo Planeta.

En la Universidad de Alcalá, Ayuso designó en septiembre de 2024 a Carlos Mayor Oreja, que participó en varios gobiernos autonómicos del PP, fue diputado en la Asamblea de Madrid durante ocho años y desempeñó cargos de responsabilidad en la universidad privada UNIR. Actualmente, dirige la Fundación privada San Pablo-CEU, propietaria de varias universidades privadas en España. En la Universidad Autónoma de Madrid, el Consejo Social está presidido por Eduardo Sicilia desde diciembre de 2022, exconsejero de Universidades en el Gobierno de Ayuso. Tras diseñar una política marcada por la apertura a nuevos campus privados entre 2019 y 2021, ahora ha pasado a supervisar los presupuestos de una universidad pública.

El peso del sector privado se evidencia también en los perfiles empresariales que aparecen en el resto de universidades. Clemente González Soler, al frente del Consejo Social de la Rey Juan Carlos desde agosto, procede de organizaciones como el Instituto de Empresa Familiar, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la CEOE o IFEMA. Su proximidad al PP quedó de manifiesto en junio de 2024, cuando participó en un acto organizado por la formación en Cuenca ante medio centenar de empresarios y representantes del partido.

A su lado, Juan Pedro Moreno, antiguo máximo responsable de Accenture en España, Portugal e Israel, también se incorporó en agosto a la gobernanza de la Politécnica de Madrid. En la Complutense, Jesús Nuño de la Rosa asumió la presidencia de su Consejo Social en 2020 tras haber sido consejero delegado de El Corte Inglés y de Air Europa.

Montserrat Rius, investigadora académica en la Complutense y portavoz de UCM por la Pública, advierte de que los nombramientos recientes suponen "un salto cualitativo en la injerencia política y privada" dentro de los consejos sociales, un proceso que, asegura, "viene gestándose desde hace años".

"Las decisiones dejan de responder al interés general"

El consejo social es el espacio donde se decide el rumbo económico de la universidad pública. Alejandro Tiana, exrector de la UNED y exsecretario de Estado de Educación, recuerda que su importancia es mucho mayor de lo que percibe la ciudadanía y, a menudo, la propia comunidad universitaria. En universidades grandes, explica, buena parte de las decisiones estratégicas "pasan inevitablemente por este órgano, porque es el que determina cuánto se invierte y con qué prioridades". Tiana insiste en que la clave está en preservar la pluralidad y la distancia respecto al poder político, algo que, señala, ha sido históricamente la norma en la mayoría de universidades.

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"En mis años como rector tuve presidentes que venían del mundo empresarial, de la economía o incluso del sindicalismo. Había sensibilidades distintas y eso es sano. Lo que no tuve nunca fue a alguien colocado directamente desde un gobierno ni a responsables con vínculos activos en instituciones que pudieran tener intereses paralelos a los de la universidad pública. Ese perfil es el que desnaturaliza el sentido del consejo social", relata Tiana. Añade que "si la presidencia tiene un sesgo político fuerte, las decisiones dejan de responder al interés general y la autonomía universitaria se resiente".

Un aumento de poder

Además, el borrador de la LESUC aumenta de forma significativa el poder de los consejos sociales. La norma tiene prevista la creación de una Oficina de Control Económico y Presupuestario Interno que fiscalizará todos los movimientos económicos de las universidades antes de que se ejecuten. Aunque la ley la define como un órgano con "plena autonomía funcional", quedará integrada bajo el mando del Consejo Social y, por tanto, bajo la presidencia nombrada por el Gobierno autonómico.

Esto desplaza al rector y al gerente y limita su margen de actuación. Montserrat Rius ve en esta reestructuración "la culminación de una tendencia". "Cuando al frente de los consejos sociales se coloca a excargos del PP o a directivos procedentes de la privada, el rectorado entiende que discrepar de la Comunidad de Madrid podría tener un coste", subraya. Para ambos expertos, estas decisiones del Ejecutivo de Ayuso erosionan la autonomía académica y la capacidad de autogobierno de las universidades madrileñas.