El Supremo inhabilita al fiscal general y le obliga a indemnizar con 10.000 euros al novio de Ayuso

Pocas veces en un juicio se ha introducido una duda razonable de manera tan directa. Cuatro periodistas de la Cadena SER, eldiario.es, El País y La Sexta que tuvieron acceso al correo electrónico en el que Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, confesó dos delitos fiscales para evitar la cárcel, advirtieron bajo juramento y apercibidos de penas de cárcel de que Álvaro García Ortiz no había sido su fuente para obtenerlo. Una Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dividida ha decidido no creer a esos testigos y ha condenado al máximo responsable del Ministerio Público dando lugar a una situación inédita en democracia: la inhabilitación del fiscal general del Estado.

La decisión se ha alcanzado tras seis jornadas de juicio celebradas entre el 2 y el 13 de noviembre. La Sala, que todavía no ha redactado la sentencia, sí ha adelantado el fallo. En él, condenan a García Ortiz como autor de un delito de "revelación de datos reservados" (ya no de "revelación de secretos", como se mantuvo la acusación en el juicio) a una multa de 7.200 euros y a la pena de "inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por el tiempo de dos años". La decisión supone la expulsión del fiscal general, no solo de su cargo, sino también de su empleo como miembro del Ministerio Público, ya que el artículo 46 del estatuto de ese cuerpo establece la pena de inhabilitación "principal o accesoria" como una de las causas por las que se pierde "la condición de fiscal".

El fallo obliga igualmente a García Ortiz a satisfacer a González Amador una indemnización de 10.000 euros por "daños morales", así como al pago de las costas. La condena podría servir de base para que el novio de Ayuso solicite ahora al juzgado de Instrucción 19 de Madrid, el que ha instruido sus causas por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal, la nulidad de todo lo actuado. Gracias a la resolución del Supremo, González Amador podría quedar exento de sus delitos en caso de que el titular del juzgado, Antonio Viejo, o la sección correspondiente de la Audiencia de Madrid consideren que el fallo demuestra que se ha vulnerado su derecho de defensa.

La decisión ha sido apoyada por cinco de los siete magistrados que formaban parte de la Sala. Las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo han votado en contra lo que ha obligado a esta última a ceder la ponencia de la sentencia al presidente, Andrés Martínez Arrieta. Este último fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal el pasado julio a propuesta del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial así como de su presidenta, Isabel Perelló, que, mediante un bloqueo de meses, obligaron a Ferrer a retirar su candidatura. Las dos magistradas discrepantes han anunciado que formularán un voto particular discrepante, lo que muestra la dureza de la deliberación y la honda división ha que ha producido el fallo, que ha salido adelante con el único apoyo de los conservadores: Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.

Más allá de los efectos concretos para González Amador, la condena supone una victoria política para la presidenta madrileña y confirma la patraña que difundió al conocerse que su pareja había sido denunciada por dos delitos fiscales y falsedad documental. Ayuso sostuvo que esa denuncia no era más que un paso más en una supuesta conspiración de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria contra ella y su novio. La líder del PP de Madrid llegó a sostener la mentira de que, en realidad, era Hacienda quién debía a su pareja 600.000 euros.

Supone también un apoyo a la utilización de la mentira en política, ya que, en el origen del caso está otro bulo difundido por el primer asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que difundió a los medios que la oferta de pacto para reconocer los delitos y no ingresar en prisión no partió de González Amador, sino del Ministerio Público. También aseguró –con pleno conocimiento de que estaba mintiendo– que esa supuesta oferta se había retirado que se había hecho "por órdenes de arriba". En realidad la propuesta, como en todos los casos de conformidad, partió del propio Amador y la Fiscalía siempre estuvo abierta a ella, incluso meses después de que se iniciara el caso que ha terminado con el fiscal general condenado.

La difusión del infundio por González Amador con la ayuda del primer asesor de su pareja provocó que la Fiscalía General del Estado se pusiera en marcha para emitir una nota oficial que lo desmintiera. Para ello recabó todos los correos intercambiados entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal del caso y redactó un comunicado con los principales hitos del caso. González Amador denunció a la Fiscalía por considerar que ese comunicado vulneraba su derecho de defensa, sin embargo al abrir la causa contra el fiscal general, el Supremo cambió el objeto del proceso. Sus magistrados concluyeron que la nota no era delictiva porque no revelaba nada que no hubiera sido publicado previamente, pero decidieron actuar contra el jefe del Ministerio Público por la supuesta filtración previa de un correo.

Tanto la instrucción del caso como el juicio se han centrado únicamente en García Ortiz como único posible autor de la filtración. Los magistrados han obviado las pruebas aportadas de que al menos 16 personas tuvieron acceso al correo filtrado entre el 2 de febrero y el 13 de marzo de 2024, el día en que se publicó la primera noticia de la Cadena SER que hacía referencia a él. Tampoco se ha analizado si pudo haberlo facilitado a los medios la Abogacía del Estado, a la que el abogado de Amador también mandó la confesión de su cliente. A la documentación del caso pudieron tener acceso alrededor de 500 personas de la fiscalía provincial de Madrid, la fiscalía de la Comunidad, la Fiscalía General del Estado, el servicio jurídico estatal y del decanato de los juzgados de Plaza de Castilla.

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