"Me cobraron 600 euros por una habitación inexistente": los universitarios, en la diana de los fraudes inmobiliarios
Es probable que muchos de los estudiantes que han vuelto a casa por Navidad, a la vuelta a su lugar de estudios se enfrente, de nuevo, a la búsqueda de casa. No es un trámite sencillo. En un contexto en el que el precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos —2.605 €/m2 en compraventa de vivienda usada durante noviembre de 2025, según Idealista— y que, de acuerdo con el último Eurobarómetro, es la principal preocupación del 36% de los españoles, los jóvenes se han convertido en el blanco de una nueva generación de estafas inmobiliarias.
El auge del negocio de la vivienda online, a través de plataformas como Idealista, MilAnuncios o Fotocasa, ha facilitado el trabajo de los defraudadores. "Los delincuentes llevan años intentando cometer estafas en el mercado inmobiliario y con la llegada de Internet han trasladado su foco desde los clasificados en papel a los portales inmobiliarios", explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
El proceso para efectuar la estafa es ahora muy sencillo: basta con publicar un anuncio en Internet, introducir algunos datos personales -reales o ficticios, es indiferente- y fijar un precio atractivo para el alquiler del inmueble.
“Tomé todas las precauciones posibles, y aún así caí en la trampa”, lamenta Iván Durán, un estudiante gallego que decidió mudarse a Madrid para cursar un máster de profesorado: “Me aseguré de que el pago fuera por transferencia, de tener el DNI del propietario y un contrato”, asegura.
Tras mes y medio desempeñando una "búsqueda activa" en plataformas online, encontró el inmueble de un tal Enrique López (nombre falso elegido por el estafador) cuando solo “llevaba un minuto publicado”. El piso respondía a las necesidades y a la capacidad económica del estudiante, por lo que decidió apostar por él. “Le conté mi situación a Enrique. Como estudiante que soy, no puedo permitirme gastar casi 100 € en viajar a Madrid para ver un piso que van a visitar otras personas también”. Durán necesitaba la garantía de que la vivienda sería suya, por lo que acordó con el supuesto propietario pagar una reserva de 660 euros. Tras pagar la cuantía, cerraron que el joven acudiría a Madrid para formalizar el contrato.
“Me dijo que podía quedarme a dormir en el piso después de firmar, sin cobrarme la noche, para que el viaje no se me hiciera tan cansado”, recuerda. La oferta, junto a las largas conversaciones que Durán asegura que mantuvo con el supuesto casero, le llevaron a bajar la guardia: “Me inspiró tanta confianza que no pude pensar que era una estafa”.
A lo que, por desgracia, Idealista responde que, "si es demasiado bonito para ser real, posiblemente sea un intento de estafa".
Y efectivamente así terminó el relato del universitario: todo fue un engaño. El piso jamás existió y el supuesto propietario tampoco se llamaba Enrique López. El estafador había utilizado la identidad de un trabajador del BBVA, el verdadero López: “No sé cómo conocía a esta persona, pero la conocía muy bien, porque su DNI y todos sus datos eran reales”. Aquello no fue solo una estafa, sino también un delito de suplantación de identidad.
Iván Durán perdió más de 600 euros y el lugar donde dormir aquella noche en Madrid. Pero, sobre todo, vio desvanecerse la tranquilidad de saber que tendría un techo cuando comenzara su máster.
Cuando el piso existe, pero la oferta no
La urgencia por encontrar piso, la inexperiencia y precariedad convierten a los universitarios en evidentes objetivos de los estafadores. “Nos sentimos desprotegidas", denuncia Lucía Utrera, gaditana y estudiante de la Universidad de Córdoba.
Junto a sus compañeras de piso, concretó varias visitas con un supuesto agente inmobiliario llamado Bernardo (nombre falso con el que se identificaba el estafador). Tras recorrer tres viviendas, se quedaron con la última: “Nos gustó mucho y Bernardo insistió en que teníamos que reservarlo ya, que si no volaba”, recuerda Lucía. Pidió 460 euros a cada una de las tres jóvenes, en concepto de reserva y fianza: “Pagamos en el momento, hicimos un recibo que él mismo firmó y tomamos una foto de su DNI. No teníamos ninguna sospecha”.
El día fijado para entregar las llaves y firmar el contrato, Lucía recibió una llamada de Bernardo: “Nos dijo que no podíamos entrar, que el piso había sido alquilado por otra persona”. En la acera, rodeada de maletas, entendió que habían sido engañadas.
Al día siguiente, acudieron a comisaría. Para sorpresa de las universitarias Bernardo ya tenía al menos cuatro denuncias de otros estudiantes por hacer lo mismo, según les contaron los agentes. Cuando la historia parecía que no podía dar un nuevo giro, descubrieron que "la propietaria llevaba meses sin trabajar con Bernardo, ni siquiera estaba al tanto de que habían alquilado su piso”.
El portavoz de Idealista defiende que la plataforma cuenta "con las últimas tecnologías y un gran equipo humano especializado en la detección de los intentos de fraude, 24 horas al día los 365 días del año". El objetivo es conseguir que la vida útil de tales anuncios no supere los pocos minutos, por lo que también resultan "muy útiles" los procesos de escucha de redes sociales y los avisos de los usuarios ante cualquiera anomalía.
No obstante, la experiencia ha demostrado que el sistema de Idealista falla. Para comprobarlo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) creó el pasado septiembre un anuncio de vivienda falso con una identidad inventada: indicó una dirección real para el inmueble falso, pero con características ficticias y fotos de otra vivienda. Ninguno de los 8 portales analizados, entre ellos Idealista, detectaron el fraude ni lo bloquearon.
Caseros que juegan al Monopoly
Los universitarios no sólo se enfrentan a las estafas en las plataformas inmobiliarias. Algunos tienen que hacerlo también ante las intimidaciones de sus caseros. infoLibre recopila algunos testimonio de jóvenes que se han visto en esta situación. A menudo, multipropietarios que juegan al Monopoly: retuercen las cláusulas de los contratos, las interpretan a su antojo o incluso incurren en modificaciones ilegales que la Ley de Vivienda actual no contempla.
Así lo sufrieron tres estudiantes extremeños, quienes habían conseguido hacer del barrio sevillano de Triana su hogar: “Vivíamos en un piso que le faltaban muchas cosas, pero estaba a muy buen precio”. El alquiler, 700 euros con comunidad y agua incluidos, les había permitido mantenerse con cierta estabilidad en una ciudad donde los precios no dejan de aumentar.
“No os lo vais a creer, nos acaban de subir el alquiler a 120 euros más a cada uno”, escribió Andrea Santos, en el grupo de WhatsApp que compartía con sus amigas de la universidad. Se encontraba completamente desbordada por la situación. El nuevo precio sería de 1.050 € al mes y, además, les exigían un contrato de 12 meses en lugar de las 11 mensualidades que ya habían firmado.
¿Lo peor? Fueron informados con solo 10 días de antelación, sin margen de reacción.
Los propietarios justificaron la subida de precio asegurando que Triana “se había revalorizado” y que, tras consultar con inmobiliarias, habían decidido aumentar el precio del alquiler. No mentían en cuanto a la tendencia: el Índice de la plataforma de alquiler online Spotahome sobre la Evolución de Precios en Ciudades Europeas ha revelado que el precio medio de arrendamiento de los barrios sevillanos de Triana (1.330 euros), Nervión (1.580 euros) y Los Remedios (1.500 euros) ha superado el del famoso barrio de Montmartre en París, que se sitúa en los 1.300 euros.
Sin embargo, el contrato que regulaba el arrendamiento a los extremeños también contradecía la lógica de los caseros, pues especificaba que su vigencia era de “hasta cinco años”.
La abogada a la que acudieron los estudiantes para comprobar la legalidad de la polémica, Eugenia Ruiz Cuenca, explicó con firmeza: “Los contratos hay que cumplirlos, y este no queda más remedio que respetarlo y ejecutarlo fielmente hasta su término, en cinco años".
Según especifica el acuerdo legal que firmaron ambas partes, los propietarios no pueden modificar las condiciones ni subir el alquiler fuera de lo que marca el documento y el Índice de Precios al Consumo (IPC). “No se puede especular con un contrato de cinco años. Si el mercado bajase, los caseros seguirían cobrando lo mismo, así que esto funciona en ambas direcciones”, señala la letrada.
También recuerda que el precio sólo puede actualizarse si el arrendador lo comunica por escrito cada año, y que esta actualización no tiene efecto retroactivo: “En este caso, el contrato sigue vigente y solo podría incrementarse conforme al IPC. En junio, el IPC de alquiler fue de 2,3%. No puede subir más”.
Sin embargo, las cifras legales no lograron aliviar la angustia de Andrea Santos: “Es que no sé qué puedo hacer”. A sus 22 años, la idea de enfrentarse a un conflicto legal con sus caseros o de quedarse sin vivienda era “muy angustiosa".
“Porque saben que no habrá consecuencias”
La falta de controles efectivos sobre las inmobiliarias y la escasa supervisión de los contratos de alquiler han normalizado prácticas abusivas que rara vez se sancionan. Las infracciones no se revisan y se terminan asumiendo como parte del sistema: "Me ignoraron y no había nada que hacer al respecto", asegura Guillermo (nombre ficticio para proteger su identidad), quien alquiló una pequeña habitación en el municipio madrileño de Getafe a través de una inmobiliaria. Esta sensación de impunidad alimenta que algunas empresas actúen con total libertad.
Solo el 15,2% de los jóvenes vivían fuera del hogar familiar a cierre de 2024
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“Desde el inicio de mi contrato dejé claro que quería alojarme en el piso hasta junio”, asegura el universitario. Su contrato, vigente de septiembre a agosto, exigía avisar con un mes de antelación si quería marcharse. Guillermo cumplió con esta condición.
El entrevistado ha demostrado, mediante su historial de llamadas y mensajes de WhatsApp, que avisó repetidas veces —y dentro del plazo— sobre su intención de marcharse en junio: "Me dijeron que no había problema”. Sin embargo, la empresa le comunicó posteriormente que no le devolvería la fianza (500 €) por un supuesto “retraso en el preaviso”. Guillermo insistió en que revisaran las llamadas y conversaciones de WhatsApp, pero, según afirma, respondieron que “no tenían constancia de ello”.
“A mí me han hecho esto porque saben que no habrá consecuencias. Pero yo necesitaba esos 500 euros para la fianza de mi próxima vivienda. ¿Ahora cómo los recupero?”, se lamenta Guillermo. El universitario asegura que este contratiempo le ha generado serias dificultades para afrontar el pago de su nuevo alquiler, hasta el punto de haber tenido que “vaciar sus ahorros” para poder instalarse.
