“En enero y febrero habrá una cascada de desahucios”: el panorama desolador que se avecina sin moratoria

Hablar de desahucios en España remite inmediatamente a los peores años de la crisis inmobiliaria. Un estudio del Observatori DESCA de vivienda llegó a cifrar en más de 684.000 el número de lanzamientos (como se denominan en la jerga jurídica a los desahucios) ejecutados entre 2008 y 2019, con más de 1,7 millones de personas afectadas. Los años de la Gran Crisis dejaron una cicatriz difícil de borrar, pero que se fue haciendo más pequeña a medida que la situación económica se normalizaba. Sin embargo, en 2020, con la llegada de la pandemia, ese fantasma reapareció y para evitar otro drama social de esa envergadura se puso en marcha la denominada “moratoria antidesahucios”, un mecanismo que permitía a los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, pedir la suspensión extraordinaria de su desalojo. También recogía la posibilidad de que los caseros recibiesen una compensación por esta prórroga si los servicios sociales no encontraban una alternativa en tres meses. Pero ese escudo dejará de funcionar el último día de diciembre. 

Esta norma, que se integró en el escudo social, habría detenido alrededor de 60.000 desahucios entre 2020 y 2024, un 24% del total, según DESCA. Pero el 31 de diciembre, si el Gobierno no lo prorroga de nuevo, esta medida dejará de tener efecto. “Entre enero y febrero habrá una cascada de desahucios”, advierte Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experta en vivienda. Esto será consecuencia de la reactivación de los procesos de desahucio en un momento en el que los precios de los alquileres crece a dos dígitos: por ejemplo, en octubre de este año (último dato disponible en el portal inmobiliario idealista) los precios habían aumentado un 10,9% interanual. Las negociaciones para prorrogarlo no han dado resultados hasta el momento y esto ocurre en un momento nada propicio.

De piso en piso y siempre pagando más

Así, además del fin de la moratoria, a finales de 2025 también se va a producir una revisión masiva de los alquileres que se firmaron durante la pandemia. Más de 300.000 hogares que tenían contratos por cinco años y que se firmaron cuando los precios estaban muy por debajo de los actuales, tendrán que negociar de nuevo o volver a buscar piso en el mar revuelto de los portales de vivienda y las inmobiliarias. “Al final de la pandemia fue la última vez que hubo precios ligeramente más asequibles, porque las viviendas vacacionales estaban anuladas y la economía paralizada”, explica Carlos Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Al término del contrato se puede elevar el precio lo que el casero considere y eso, apunta, redundará en desahucios silenciosos que, sumados al fin de la moratoria, pueden agravar el problema. 

La rotación, o ir de piso en piso al término del contrato, es uno de los problemas que han venido denunciando las plataformas de vivienda, ya que esta dinámica eleva el ritmo de crecimiento de los precios. Esto es así porque cuando el contrato termina el piso se puede poner en el mercado a un precio muy superior y, por tanto, lo más rentable es que esa rotación se produzca a menudo. “Se van a juntar dos factores que harán que más gente se vaya a la calle”, concluye Castillo. Por eso, ante esta coyuntura, varias asociaciones se han unido para protestar y este próximo martes hablarán en una rueda de prensa conjunta los sindicatos de inquilinas, asociaciones de consumidores y centros de investigación. 

“En este contexto de emergencia habitacional lo que está pasando es que a la gente se le vence el contrato, el casero no lo renueva, y se cambia a los inquilinos por otros que paguen mucho más. Con suerte se les ofrece un nuevo contrato, pero pagando el doble o el triple”, explica Alejandra Jacinto. Por eso, sus reivindicaciones no van solo hacia un mantenimiento de la moratoria, sino que piden una ley más amplia y más estable: “La forma de evitar esto, teniendo en cuenta que en la mayoría de municipios no hay limitación de precios, es obligando a hacer una prórroga de contratos de tres años más”, concluye. 

Medidas estructurales y no parches

Aunque los estragos de la pandemia han quedado atrás, la crisis de vivienda sigue muy presente y las medidas para atenderla no consiguen adelantarse a las circunstancias. “Nosotros defendemos que hay que mejorar la redacción del real decreto y eso pasa por crear una nueva medida. Sabemos que con la correlación de fuerzas es complicado de aprobar, pero se necesita un abordaje estructural”, explica Irene Escorihuela, directora del Observatori DESCA. “No puede ser que levantemos la moratoria y no pongamos ninguna red para todas esas familias que están pendientes de desahucio”, concluye. 

En lo político, el acuerdo no ha llegado. Podemos y Sumar piden extender la duración de la medida, aunque esta misma semana fuentes de la negociación señalaban a EFE que no había avances hacia el acuerdo. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, aseguraba que el Gobierno estaba analizando “con rigor” todas las medidas del “escudo social”, aunque sin concretar nada más al respecto.

El caso de Maricarmen o cómo la especulación se ceba con los mayores: "Existe una desprotección total”

Ver más

Por su parte, y en línea con las asociaciones de vivienda, Sumar ha pedido que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto ley que establezca una prórroga de tres años para los 300.000 contratos de alquiler que vencen el próximo 31 de diciembre, con el fin de congelar sus precios y evitar que a esos inquilinos les suban la renta.

Contra esta postura se ha manifestado la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), que no ve visos de que la moratoria se vaya a levantar y pide “mejorar la protección de la propiedad privada”. La asociación asegura que la mayoría de los 6.000 grandes y pequeños propietarios que forman parte de Asval sitúan como principales preocupaciones que el inquilino deje de pagar la renta o que les okupen una vivienda. “Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler”, señalaba Laura Fernández, directora general de la agrupación.

Vivir de alquiler es asumir un cierto grado de inestabilidad, pero si además hablamos de familias vulnerables, el panorama es aún más complicado. “Hay muchísimas personas que están ahora mismo en una situación de incertidumbre e inseguridad vital, porque no saben si de aquí a un mes van a reactivarse sus procedimientos de desahucio”, explica Jacinto, que concluye posicionándose contra quienes hablan de inseguridad jurídica. “Me parece profundamente injusto que se hable permanentemente de la inseguridad jurídica para los operadores inmobiliarios y no se hable de la inseguridad vital que viven ahora mismo tantísimas familias”, remata.