El ejército israelí cuenta con 451 ciudadanos españoles que podrían afrontar problemas legales en España
En agosto de 2019, el “Departamento de Guerra Legal” del Ministerio de Justicia israelí encargó a Cuatrecasas —el despacho español que, como reveló infoLibre en diciembre, llevaba años operando como asesor jurídico secreto del Estado de Israel en España— un análisis detallado sobre una pregunta concreta: ¿qué riesgos legales asume un ciudadano con pasaporte español que se alista en las Fuerzas de Defensa de Israel?
El memorando del despacho catalán, marcado como confidencial, respondió con precisión: los combatientes españoles podrían perder la nacionalidad española si la han adquirido después de nacer y, dependiendo de su actuación en combate, enfrentarse a una querella ante los tribunales españoles.
Aquella consulta, que en la investigación ‘Israel Files’ pasaba desapercibida dentro de una historia más amplia, cobra ahora una dimensión mayor. Una solicitud de información sobre los soldados de las Fuerzas de Defensa con otro pasaporte además del israelí presentada ante el propio ejército israelí por la ONG Hatzlacha y publicada por Declassified UK ha obtenido respuesta este febrero: las FDI tienen registrados 451 soldados con ciudadanía española.
Las cifras, desglosadas por país en un anexo oficial con membrete del ejército israelí, permiten hacerse una idea de la escala del fenómeno. Las nacionalidades más representadas, con diferencia, son la estadounidense —más de 13.000 soldados con ese pasaporte, casi 1.200 de ellos con una tercera ciudadanía adicional—, la rusa (más de 5.000) y la francesa (más de 6.000).
En el caso español, los 451 soldados con pasaporte español se dividen entre quienes tienen doble nacionalidad —la israelí más la española— que suman 372 y 79 militares que acumulan al menos tres pasaportes, uno de ellos el español. También aparece en el listado un combatiente identificado como gibraltareño. No todas las nacionalidades que aparecen en el documento se corresponden con un pasaporte válido: también figuran 11 ciudadanos de la Unión Soviética y 6 de Yugoslavia.
El contexto legal
Como previó el Ministerio de Justicia de Israel al consultar a Cuatrecasas, el dato tiene relevancia jurídica directa. El Código Civil español y el Decreto 1344/1967 prohíben a los españoles alistarse en ejércitos extranjeros, y establecen que quienes lo hagan contra la prohibición expresa del Gobierno pueden perder la nacionalidad. Cuatrecasas explicó al ministerio israelí que esa consecuencia no afecta a todos por igual: los españoles de origen —es decir, quienes tienen la nacionalidad por nacimiento— no pueden ser privados de ella en ningún caso, según el artículo 11 de la Constitución. Pero quienes la obtuvieron por vía no originaria sí están expuestos.
En ese grupo hay un colectivo especialmente relevante en el contexto israelí: los judíos sefardíes que se acogieron a la Ley 12/2015 —más de 72.000 el pasado mes de octubre, al cumplirse diez años de la iniciativa—, que desde ese año les permitía obtener el pasaporte español sin renunciar a su nacionalidad israelí y sin necesidad de residir en España. Para ellos, concluía el memorando, el alistamiento voluntario en las FDI podría acarrear la pérdida de la ciudadanía española.
Los ciudadanos israelíes con doble nacionalidad a menudo tienen “muy poco que ver” con su segundo país. “En muchas ocasiones ni siquiera lo han visitado, no tienen familia allí y no hablan el idioma”, explica Yossi Bartal, periodista freelance israelí y coordinador internacional de la investigación ‘Israel Files’ de la red European Investigative Collaborations (EIC). Esto aplica especialmente a los israelíes con nacionalidad española que consiguieron el pasaporte por ser descendientes de judíos sefardíes, declara Bartal.
Las consecuencias penales
Más allá de la nacionalidad, el informe advertía de un segundo frente: el penal. Un ciudadano español que sirve en las FDI y participa en un conflicto armado puede ser objeto de una querella en España por crímenes cometidos fuera de sus fronteras, en virtud del principio de personalidad activa recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y si los hechos son constitutivos de genocidio, crímenes contra la humanidad o terrorismo, entra en juego la jurisdicción universal —el mecanismo que, según reveló la investigación de infoLibre, el Ministerio de Justicia israelí lleva años trabajando para neutralizar en España con la ayuda del mismo despacho que firmó este informe—.
Israel operó durante años para influir en la justicia española contra la jurisdicción universal
Ver más
El memorando de Cuatrecasas también abordaba un tercer escenario: el de los voluntarios que colaboran con las FDI en tareas no combatientes durante periodos cortos, a través de iniciativas como el Sar-El, un programa de voluntariado temporal para que simpatizantes extranjeros de la causa sionista colaboren con las fuerzas armadas en tareas logísticas. Para ese supuesto, el despacho catalán fue tranquilizador: sin alistamiento formal, no hay implicaciones legales bajo la ley española.
El documento de Cuatrecasas, fechado el 30 de septiembre de 2019, forma parte de la filtración de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí que sustenta la investigación Israel Files, realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Su existencia ilustra el tipo de trabajo que el ministerio encargaba a Cuatrecasas: no solo vigilar los avances legislativos sobre jurisdicción universal —blindando a los altos cargos militares y políticos de Israel ante las posibles consecuencias penales de sus crímenes de guerra— o gestionar las visitas de ex altos cargos israelíes a España, sino anticipar los riesgos legales concretos que podía enfrentar cualquier ciudadano con vínculos con el Estado de Israel, desde un ex primer ministro hasta un soldado con doble nacionalidad.
infoLibre ha consultado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España si está al tanto de la situación de los 451 nacionales alistados en el ejército israelí y qué medidas se han tomado o se planean tomar al respecto, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.
