El 'enigma Aldama' o por qué ha logrado evitar la cárcel el empresario convertido en pieza central de varias tramas

Llevaban más de un año bajo la lupa de las autoridades. Fueron meses de seguimientos, pinchazos telefónicos y revisión de cuentas bancarias. De requerimientos a distintos organismos públicos. De ir encajando las piezas de un puzzle que dibujaba una trama corrupta alrededor del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Y para cuando el círculo parecía cerrado, se explotó la llamada Operación Delorme, en recuerdo al médico francés que popularizó el uso de la mascarilla entre el personal sanitario. Cayó Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro. Y también Víctor de Aldama. Un empresario al que la derecha mediática ha terminado convirtiendo, paradójicamente, en adalid de la lucha contra la corrupción.

Han pasado ya dos años desde aquellas primeras detenciones y registros. Y una parte de la trama y de sus negocios está ya lista para juicio. En concreto, la instruida en el Tribunal Supremo –otra parte está en la Audiencia Nacional– sobre los contratos de mascarillas que organismos dependientes del Ministerio de Transportes adjudicaron en lo peor de la pandemia a la compañía Soluciones de Gestión, firma cuyos intereses "promovía" el empresario. Es el origen de todo, lo que desató la operación que ha acabado derivando en una macrocausa. A la espera de sentarse en el banquillo, el trío sobre el que pivota toda la trama.

El instructor da por acreditado que Ábalos, García y Aldama, cuya relación arrancó poco después del nombramiento del primero como ministro, "convinieron" que, aprovechando el cargo del exdirigente socialista en el Gobierno, "podrían favorecer" a cambio de "beneficio económico" la contratación de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" Aldama, quien al mismo tiempo tendría "acceso preferente" a la Administración para resolver sus problemas o los de las compañías con las que iba de la mano. Así fue como el empresario se enteró de la necesidad de material sanitario en Transportes y como maniobró para que Soluciones de Gestión, con quien convenientemente acababa de firmar un convenio de colaboración, se hiciera con jugosos contratos de mascarillas.

Los acusados, sin embargo, afrontan la espera de forma distinta. El exasesor y el exministro lo hacen desde Soto del Real, la cárcel madrileña de los corruptos. El empresario, desde su casa. La Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión provisional para los dos primeros al entender que la cercanía del juicio incrementaba el riesgo de fuga, medida aceptada por el magistrado instructor. No así para Aldama, para quien tiene guante de seda. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, sostiene que ha aportado "información relevante" y ha reconocido los hechos. De ahí que pida para él, tras aplicar atenuantes, siete años, frente a los más de veinte para Ábalos y García –si bien es cierto que a estos dos se les acusa de más delitos–.

Una jugada maestra

Para entender esa colaboración a la que se refieren tanto el fiscal en su escrito de acusación como el instructor en su auto de procesamiento es necesario poner el foco sobre otra causa que afecta al empresario y que conecta en algunos puntos con lo que entonces se conocía como caso Koldo: el llamado caso Hidrocarburos. Aldama se encontraba en prisión provisional por su presunta participación en un fraude tributario de 182,5 millones de euros con el combustible. Para Anticorrupción, existía riesgo de fuga o reiteración delictiva. Y muchos millones de euros pendientes de bloquear en el extranjero.

Pero todo cambió en unas horas. Con una jugada perfectamente medida, el empresario logró salir de la cárcel. Aldama pidió declarar voluntariamente ante el instructor que llevaba el caso Koldo en la Audiencia Nacional. En la comparecencia, disparó a discreción contra el exministro y el exasesor. Y se comprometió con el fiscal Luis Pastor a colaborar tanto en esta investigación como en la trama del combustible, donde también está presente este mismo representante de Anticorrupción. Tras declarar en Koldo, su abogado remitió un escrito al juez de Hidrocarburos solicitando la libertad. Pastor, la apoyó. Y al instructor de esta última causa no le quedó más remedio que concederla. Al fin y al cabo, al estar entonces el caso bajo secreto la prisión solo podía mantenerse si la solicitaba el Ministerio Público.

Magistrados consultados por infoLibre consideran que no se debía haber llegado a un acuerdo de este tipo, que contó con el beneplácito del jefe de Anticorrupción pero del que no se informó al entonces fiscal general del Estado. "Demuestra un cambalache que quiebra los principios del proceso penal, porque se negocia información a cambio de libertad, algo intolerable. Si hay riesgo de fuga no cabe neutralizarlo por la colaboración con la acusación, colaboración que será siempre interesada. Además, contamina o vicia la declaración del coacusado que se mueve por intereses ajenos a los del proceso penal", apunta uno de ellos.

"Fue un acuerdo que estaba fuera de lugar y con un fin totalmente prospectivo y tendencioso en contra de los coimputados", sostiene, por su parte, el abogado y exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tras aquel pacto sellado de viva voz, la derecha mediática puso la alfombra roja a Aldama. Su primera entrevista tras salir de la cárcel fue en la Cope. Y, de ahí, a Horizonte, Telemadrid o El Programa de Ana Rosa. Entre todos, lo convirtieron en una suerte de salvapatrias. Gustaba lo que decía. Pero, sobre todo, a quien señalaba. Era un empresario corrupto, sí. Pero podía hacer caer al Gobierno de coalición.

¿Colaboración?

Buena parte de lo afirmado por Aldama en medios o en sede judicial o no consta como acreditado o, directamente, ha sido desmentido. Es el caso, por ejemplo, de los supuestos 50.000 euros que habría pedido el ministro Ángel Víctor Torres. O del supuesto alquiler de un piso en el centro de Madrid para encuentros "de diversa naturaleza" en los que, según el empresario, participaba el titular de Política Territorial. Como prueba de ello, Aldama entregó una reserva del 9 al 10 de noviembre de 2018. Y el ministro puso sobre la mesa unos certificados de vuelo para demostrar que el primer día estaba en Canarias y que aterrizó en la capital a las 10.30 horas del segundo para, acto seguido, desplazarse a un mitin del PSOE.

La colaboración de Aldama, por tanto, ha consistido, fundamentalmente, en reconocer los hechos y en confirmar y contextualizar lo que ya tenían los investigadores. Así, en el auto de procesamiento el magistrado Leopoldo Puente hace mención, por ejemplo, a los pagos mensuales de 10.000 euros que percibía García del empresario, algo que ya aparecía en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había entregado mes y medio antes del inicio de la colaboración de Aldama. Lo mismo sucede con la contratación de Jessica, expareja de Ábalos, en dos empresas públicas. O con el pago del alquiler de un lujoso apartamento en el centro de Madrid del que disfrutaba esta misma mujer.

Los investigadores también tenían acreditadas antes de su pacto con Anticorrupción las maniobras en torno al rescate de Air Europa. O las gestiones en relación con Villafuel y la casa de La Alcaidesa, que habría sido adquirida para disfrute del exministro. Tampoco desveló Aldama la contratación de otra chica, Claudia, en otra compañía pública –como casi todo, esto salió de los dispositivos intervenidos–. Como novedad desconocida, sí que aportó el empresario, por ejemplo, un contrato de arrendamiento con opción a compra de una vivienda de su propiedad por un valor muy inferior al de mercado que habría suscrito con Ábalos como una suerte de garantía de pagos ilícitos.

En el momento de aportar ese contrato, el empresario también puso sobre la mesa del Supremo un listado subrayado a varios colores con supuesta obra pública "pre-adjudicada", extraído del anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado. La relación incluía, en alguno de los folios, apuntes a mano que una pericial ha confirmado que son de Koldo García, pero también expedientes que no se correspondían con la etapa de Ábalos o que no habían sido, ni siquiera, licitados. Aquel escrito remitido al Alto Tribunal también mencionaba dos empresas: Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción.

Unos meses después, la causa en el Supremo se amplió más allá de la trama de mascarillas. En un extenso informe, la UCO afloraba la existencia de una supuesta trama de adjudicación de contratos de obra pública a cambio de mordidas. Al trío de las mascarillas se unió como investigado, en esta parte de la causa, el sucesor de Ábalos como secretario de Organización del PSOE: Santos Cerdán. Entre las empresas bajo la lupa, OPR, Levantina y Acciona.

Poca aportación en 'Hidrocarburos'

Cuando Aldama salió de prisión, lo hizo no solo con la promesa de colaborar en la gran trama de corrupción, sino también de hacerlo en la causa de los hidrocarburos. Algo que, según sostienen fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, no está haciendo. "Nada ha aportado", especifican. No obstante, el juez instructor, en este caso el magistrado Santiago Pedraz, no puede dictar una medida privativa de libertad si no se lo piden ni la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones.

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En su última declaración como investigado en este procedimiento, realizada a finales de enero, el empresario se esforzó por dejar claro que las gestiones y pagos que hizo a nivel ministerial fueron, a diferencia de lo que sostiene la Guardia Civil, para que la empresa Have Got Time, y no Villafuel, obtuviera una licencia de operador de combustible, algo que nunca ocurrió.

Aldama, del mismo modo, se desvinculó por completo de Villafuel, de la que aseguró que nunca tuvo capacidad "de gestión ni dirección" ni habló nunca de "defraudar el IVA". Dijo que lo único que hizo fue facturar a tres empresas que en su día establecieron relaciones con esta compañía. Y que lo hizo a través de un conjunto de sociedades en Portugal. "Tributé en Portugal [por las cantidades facturadas] y lo que cobré en España lo tributé en España", se escucha a Aldama en el vídeo de su comparecencia, al que ha accedido este diario.

En la trama Hidrocarburos, la UCO da por acreditado que el empresario percibió 292.416,66 euros por su intermediación con el ministro "en favor de los intereses de la presunta organización criminal". Y con posterioridad, ya "integrado" en la misma, otros 925.036 euros. Pagos realizados "bajo la cobertura" de un "contrato de prestación de servicios" que los investigadores tildan de "instrumental". Mientras, en Koldo-Ábalos-Cerdán, la UCO solo a encontrado en el caso del exministro unos 94.000 euros de difícil justificación, mientras que al exasesor le persigue la compra de alguna propiedad y abonos mensuales de 10.000 euros.