¿La prensa debe recibir fondos públicos para salvar la democracia? El debate se extiende por Europa

La Comisión Europea lleva años repitiendo que el periodismo es una “infraestructura democrática”. La propuesta que acaba de poner sobre la mesa para el próximo presupuesto plurianual de la UE, el que regirá entre 2028 y 2034, permite calcular cuánto vale esa declaración en euros: el 11,7% del total del nuevo programa que agrupa medios de comunicación, cine y valores democráticos. Unos 1.250 millones de euros en siete años para toda la Unión. El sector audiovisual, que no quiere compartir caja con la prensa escrita, ya ha protestado formalmente.

El debate sobre si el dinero público debe sostener a los medios privados es incómodo, pero lleva décadas encima de la mesa. Lo que ha cambiado es la urgencia. El colapso de los ingresos por publicidad, el dominio de las grandes plataformas digitales en la distribución de contenidos y la retirada de lectores y anunciantes han colocado a muchas organizaciones periodísticas, especialmente las locales, ante lo que varios estudios de la Comisión llaman una amenaza de “nivel de extinción”. La pregunta ya no es solo si el Estado debe intervenir, sino cómo hacerlo sin que la intervención se convierta en el problema.

La Comisión ha diseñado un nuevo programa llamado AgoraEU, que fusionaría el actual Europa Creativa —el fondo de apoyo al cine, la música y la televisión— con iniciativas dedicadas a los valores democráticos y a la sociedad civil. Dentro de ese paraguas, el periodismo tendría su propia sección, bautizada como Periodismo e Información.

Esa decisión no ha sido bien recibida por quienes creen que, a partir de 2028, se verán obligados a compartir fondos con el periodismo. Las asociaciones europeas de productores audiovisuales independientes rechazan la modificación presupuestaria con un argumento que mezcla lo corporativo con lo técnico.

El programa MEDIA, que financia la producción cinematográfica desde los años 90, fue diseñado para fomentar la competitividad industrial y la diversidad cultural, no para cumplir objetivos políticos. Meter los fondos del cine y los de la prensa en la misma bolsa, argumentan, diluye el presupuesto.

Pero su preocupación más concreta tiene nombre: las normas actuales exigen que las productoras sean independientes de las televisiones para recibir ayudas públicas. El plan AgoraEU podría eliminar esa barrera, abriendo la puerta a que grandes grupos mediáticos o tecnológicos absorban las subvenciones pensadas para los pequeños creadores.

La Federación Europea de Periodistas, por su parte, llega al mismo debate con una queja diferente. Si el Parlamento Europeo reconoce oficialmente que el periodismo es una infraestructura democrática, el presupuesto no lo refleja. Destinar menos del 12% del programa al periodismo, mientras el resto va a cine y televisión, convierte al sector de las noticias en un “añadido” de la política cultural europea, cuando debería tener una línea presupuestaria propia y proporcional a la función que se le atribuye. La cifra de 1.250 millones de euros en siete años, repartida entre veintisiete países con mercados mediáticos en estado crítico, se considera irrisoria.

Lo que hacen los países que ya han decidido

El debate en Bruselas no parte de cero. Varios Estados miembros llevan años construyendo modelos de financiación pública de los medios que intentan resolver el mismo problema, con soluciones distintas según la tradición política de cada país.

Dinamarca es el caso más citado. En 2014 reformó su sistema para hacerlo tecnológicamente neutral: las ayudas ya no financian la impresión de papel ni el reparto postal, sino los costes editoriales documentados, hasta un 35% del total. Un medio puede recibir esa ayuda si tiene al menos tres periodistas a tiempo completo, publica contenido de interés general y cumple estándares éticos verificables. La asignación es automática, basada en datos contables, sin valoración subjetiva del gobierno de turno. Ese mecanismo —llamado arm’s length principle o principio de distancia— es el que permite que el dinero público llegue a las redacciones sin que el Ejecutivo decida a quién llega.

Italia y la región belga de Valonia apuestan por una lógica diferente, más centrada en el empleo. Italia reserva las ayudas directas a cooperativas de periodistas y entidades sin ánimo de lucro, excluyendo expresamente a los grandes grupos con accionistas industriales. Además, premia la contratación estable: hay incentivos específicos por contratar a menores de 35 años o por convertir contratos temporales en indefinidos. Valonia destina el 48% de su presupuesto para la prensa a pagar directamente salarios de periodistas acreditados.

Flandes y los Países Bajos prefieren la intervención quirúrgica. El Fondo Pascal Decroos, en Flandes, financia exclusivamente periodismo de investigación transfronterizo: los proyectos que el mercado no pagaría por su alto coste y riesgo. Los Países Bajos tienen el Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, que funciona más como una aceleradora que como una subvención: ofrece mentoría y apoyo técnico para que los medios encuentren modelos de negocio digitales antes de que se agote su capital.

Todos estos modelos comparten una premisa que los estudios de la Comisión Europea consideran innegociable: la financiación pública del periodismo privado solo es legítima si quien decide el reparto no es el gobierno que puede ser fiscalizado por esos mismos medios.

El miedo con nombre propio

El riesgo contrario tiene un término técnico consolidado: la captura de medios. Ocurre cuando los gobiernos utilizan los fondos públicos para premiar a los medios afines y castigar a los críticos. Es lo que ha pasado en Hungría, el ejemplo más extremo dentro de la propia UE, donde la publicidad institucional representa una parte desproporcionada del mercado publicitario total, generando una dependencia financiera que vacía de contenido la independencia editorial de los medios que la reciben. Pero es exactamente lo que sucede en España, donde las administraciones siguen repartiendo decenas de millones de euros en contratos publicitarios en completa opacidad y sin otro criterio que la afinidad política.

La publicidad institucional es, precisamente, la forma más extendida y más opaca de financiación pública indirecta de los medios. A diferencia de las subvenciones directas, que al menos exigen una justificación formal, la compra de espacio publicitario por parte del Estado puede distribuirse sin criterios públicos, siguiendo la lógica de la afinidad política antes que la del impacto o la audiencia. Portugal intentó blindarse con una ley aprobada en 2015 que obliga a cualquier entidad pública a notificar al regulador cada contrato publicitario en un plazo de 15 días. La norma también exige que el 25% de la inversión estatal se destine a medios locales y regionales, los más vulnerables a la crisis de ingresos.

España, mientras tanto

España no ha llegado a ninguna de esas soluciones estructurales. La financiación pública de los medios privados es aquí fundamentalmente indirecta y depende, en gran medida, de la publicidad institucional: la que reparten las administraciones públicas —Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas— entre los medios, con criterios que no siempre son transparentes ni objetivos.

El Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), aprobado por la UE en 2024, obliga a los Estados miembros a garantizar que ese reparto se haga con criterios claros, auditables y no discriminatorios. La transposición sigue pendiente. Una ley de publicidad del sector público lleva tiempo en preparación, pero no ha llegado a votarse en el Congreso y su viabilidad parlamentaria es incierta.

Lo más concreto que ha salido adelante es un paquete de ayudas aprobado en diciembre de 2024, dotado con 124,5 millones de euros y financiado en gran medida con fondos europeos de recuperación. El programa está orientado al refuerzo tecnológico del sector. Los 65 millones más voluminosos van a la consolidación digital de la prensa —adquisición de tecnología y renovación de infraestructuras—. Otros 15 millones se destinan a mejorar la ciberseguridad de los medios; 10 millones, a proyectos de I+D con inteligencia artificial dirigidos a medios grandes y medianos; otros 10 millones, a innovación basada en la compartición de datos; y 19,5 millones, a préstamos para digitalización y herramientas de difusión. Para los periódicos locales hay un “kit digital” de 5 millones de euros.

El paquete está en línea con algunas de las buenas prácticas que contempla el propio EMFA, pero tiene un límite claro que los propios términos del programa reconocen: estas ayudas refuerzan la capacidad tecnológica de la prensa, pero no tienen relación directa con la lucha contra la desinformación ni con el sostenimiento del periodismo como función democrática. Son fondos para modernizar infraestructuras, no para financiar redacciones. La diferencia no es menor: Dinamarca subvenciona el coste de producir periodismo; España subvenciona el coste de distribuirlo en mejores condiciones técnicas.

De hecho, estos fondos se reparten sin tener en cuenta las condiciones laborales de los periodistas, que están entre las más precarias de Europa.

Qué separa un modelo del otro

La patronal de la prensa de papel quiere congelar salarios mientras recibe millones del Gobierno

Ver más

La diferencia entre Dinamarca y Hungría no es ideológica, sino procedimental. Lo que distingue una subvención que fortalece el pluralismo informativo de una que lo destruye son tres condiciones que los estudios europeos repiten de forma consistente. Los criterios de reparto deben ser objetivos, medibles y públicos, sin margen para la discrecionalidad política. La gestión debe estar en manos de un organismo independiente del gobierno, con mandato legal y rendición de cuentas propia. Y la transparencia debe ser total y accesible, de modo que cualquier ciudadano pueda saber qué medio recibe qué cantidad y por qué razón.

Sin esas tres condiciones, la financiación pública del periodismo no es una política de pluralismo. Es otra forma de publicidad institucional con distinto nombre.

El presupuesto europeo para 2028-2034 lleva meses negociándose y AgoraEU todavía puede cambiar de forma antes de aprobarse. Mientras tanto, en los países donde no existe ningún mecanismo estructural, las redacciones locales siguen cerrando a un ritmo que los propios informes de la Comisión describen como acelerado.