Radiografía de una España en máximos históricos de odio

El domingo por la tarde, un joven de Vila de Gràcia (Barcelona) "antifascista e independentista" fue apuñalado por un "fascista español de 52 años", según denuncia el grupo al que pertenecía, Eskapulats –aficionados del Club Esportiu Europa–, a través de un comunicado. El autor de los hechos fue detenido y se investiga si detrás de la agresión hubo motivos ideológicos. "Todo intento de blanquear la motivación ideológica del agresor, de mentir sobre el origen del intento de asesinato y de generar dudas sobre el contexto, nos encontrará de cara e iremos hasta donde sea necesario para preservar la verdad", sostiene el grupo.

Los delitos de odio por motivaciones ideológicas han crecido un 63,95% en el último año, siendo los terceros más frecuentes según el registro confeccionado anualmente por el Ministerio del Interior. El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha hecho público este miércoles el Informe de Evolución de los Delitos e Incidentes de Odio, relativo a 2025. La estadística más reciente confirma el peor de los escenarios: los delitos de odio han aumentado un 23,63% en un año, alcanzando el máximo histórico. Y a la cabeza, tres categorías: el racismo, la LGTBIfobia y la violencia por motivos ideológicos.

El análisis elaborado por el Ministerio del Interior diferencia entre hechos conocidos, entendidos como el conjunto de infracciones penales y administrativas que llegan a las autoridades, y los hechos esclarecidos, que pasan a ser considerados como tal cuando la investigación avanza y arroja luz sobre los acontecimientos. 

Las víctimas de este tipo de delitos son mayoritariamente hombres (62,34%), pero quienes ejercen la violencia también (78,49%). La mayoría son españoles. La violencia se expresa a través de amenazas, lesiones y humillaciones, pero también toma forma de injurias, trato degradante y coacciones. Casi siempre sucede a la vista de todos: más de un tercio de los delitos denunciados se produjo el año pasado en la vía pública.

Racismo en el corazón del sistema

El racismo y la xenofobia son las categorías más frecuentes en suelo español, en un contexto de rearme ideológico por parte de la extrema derecha y propagación de discursos que sitúan a las personas migrantes como máximo enemigo. Vox ha monopolizado esa estrategia, pero la derecha ha decidido ponerse de perfil y dar carta blanca a narrativas racistas, especialmente en lo que respecta al proceso de regularización de migrantes.

El año pasado, las autoridades tuvieron constancia de 934 delitos de odio de carácter racista, lo que supone el 42,95% del total de hechos conocidos. Son, con diferencia, los más habituales. 

Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, lamenta que la violencia contra las personas migrantes haya sido tradicionalmente una realidad invisible para los ojos de la mayoría social. "Venimos denunciándolo desde hace muchos años, pero no nos tomaban en serio", asiente en conversación con este diario.

La activista enseguida pronuncia el nombre de Haitam Mejri, porque la violencia que recae sobre grupos vulnerables va más de nombres que de cifras. El joven falleció a finales de diciembre tras una intervención policial en la que recibió entre ocho y once descargas eléctricas. "Métele más táser", gritaron los agentes. El juzgado terminó por archivar la investigación el pasado mes de abril. 

Para Cabrera, ahí está uno de los grandes problemas que soportan las personas migrantes: el racismo en el corazón del sistema. "La Policía violenta sistemáticamente a las personas migrantes y no existe justicia al respecto, ni responsabilidad, ni reparación", sostiene. Una violencia estructural y sistémica que "afecta a toda la ciudadanía, como hemos visto en València". 

"Bollera de mierda"

El miércoles pasado, una joven denunció haber sido insultada y atacada por tres hombres desconocidos mientras caminaba por las calles de Pontevedra. "Bollera de mierda, tu abuela debe estar contenta", lanzaron los agresores, momentos antes de arremeter contra ella golpeándola con una botella. La víctima cayó desplomada al suelo y apenas recuerda cómo pudo librarse de los golpes.

Es uno de los muchos casos de violencia extrema que sufre la comunidad LGTBIQ+, uno de los principales colectivos en los que ponen el foco los divulgadores de odio que buscan trasladar la violencia a las calles. El balance de Interior se hace eco de 571 incidentes de odio de esta tipología el año pasado, el segundo grupo más numeroso.

"No solo hay una enorme infradenuncia, sino que el proceso de investigación es muy penoso para la víctima y muchas veces ni siquiera es reconocida como tal". Habla Toño Abad, presidente del Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia. Los datos del ministerio, comenta al otro lado del teléfono, incluso siendo parciales como consecuencia de la escasa tasa de denuncia, evidencian un incremento sostenido en el tiempo de los ataques.

"Se ha instalado un discurso en las instituciones que ha permeado en determinadas capas de la sociedad" y que está siendo difundido gracias a la complicidad de las redes sociales y los pseudomedios, analiza el activista. Pero, además, una vez se materializa la violencia, los engranajes del sistema no son capaces de reparar el daño. "Constantemente se cuestiona a las víctimas y sobre todo se pone en duda el carácter homófobo de determinadas agresiones", lamenta Abad. A esto se suma una estrategia en alza: las denuncias cruzadas. "Vemos que muchos agresores denuncian a sus víctimas para victimizarse en el proceso, algo absolutamente intolerable" y que tiene un efecto disuasorio para quienes verdaderamente sufren en sus carnes la violencia.

Palomino, Agulló y la violencia política

Algo similar ocurre con las víctimas de violencia ideológica, con casos en los que no solo operan las denuncias cruzadas como estrategia de los atacantes, sino que están también atravesados por una narrativa que los sitúa como meras reyertas entre grupos radicales, una equiparación funcional a los agresores que sitúa al mismo nivel la violencia ultra y la autodefensa antifascista.

La violencia política que recae sobre quienes militan en movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas ha pasado tradicionalmente desapercibida en la agenda política y mediática. Pero las agresiones por motivos ideológicos han estado siempre presentes en las calles. Son, según los datos oficiales, el tercer tipo de delitos de odio más frecuentes en el país. En total, las autoridades han registrado 241 hechos vinculados con esta forma de violencia. 

La violencia contra activistas y las infiltraciones en colectivos reabren el debate sobre la represión policial

Ver más

En el proyecto Crímenes de odio se encuentran los nombres de Carlos Palomino y Guillem Agulló como columna vertebral del análisis en torno a los crímenes ideológicos que han marcado a generaciones. Lo sabe bien Miquel Ramos, periodista y coautor de esta herramienta que clasifica, visibiliza y documenta casos específicos de violencia contra distintos colectivos. 

Igual que el grueso de los expertos consultados, el investigador coincide en que "la mayoría de delitos que se cometen no se denuncian", por lo que las cifras oficiales nacen sesgadas. "Muchas veces ni siquiera se recoge el agravante de odio y otras tantas queda a criterio de la Policía", con los riesgos que esa arbitrariedad entraña. En España pueden tener la consideración de delitos de odio actos organizados contra grupos fascistas y así ha sucedido en diversas ocasiones, "llegando a considerar víctimas a nazis", lo que demuestra que "la interpretación de esta tipología tiene muchas lagunas".

Para Ramos, si existe una voluntad real por perseguir a quienes ejercen violencia, debe existir también el compromiso firme de frenar a aquellos que la alientan. "No es raro escuchar que han detenido a un tuitero, pero los mayores difusores de los discursos de odio son políticos o medios de comunicación". Y en ese terreno pantanoso, zanja el entrevistado, impera de nuevo la impunidad y la inacción.