El papa visitará la cárcel catalana más denunciada por uso excesivo de la fuerza

"No se conoce verdaderamente a una nación hasta no se ha estado en sus cárceles", decía Nelson Mandela, en una reflexión cercana a la de Dostoyevski, que vinculaba el trato a los presos con la verdadera calidad democrática. Cataluña sería la envidia de cualquiera de esos tiempos y latitudes, pero con algunos aspectos importantes que mejorar. De hecho, por eso el Parlament ha constituido un grupo de trabajo para revisar las políticas penitenciarias tras varios suicidios y un preocupante aumento del uso de la fuerza.

Precisamente el papa León XIV visitará este miércoles Brians 1, la cárcel catalana que "más denuncias ha recibido" por presuntos malos tratos, prácticas de aislamiento y el uso abusivo de las contenciones mecánicas —inmovilizar con esposas o correas—, según alerta la Xarxa Dret i Presó (Red Derecho y Prisión, en catalán), una plataforma integrada por diez entidades, algunas de cariz católico. La prisión, donde Robert Francis Prevost se reunirá con varias mujeres, alberga a 1.100 personas privadas de libertad y reúne todos los "síntomas de clara regresión, impropios de una sociedad desarrollada", según denuncia la severa carta enviada al pontífice, que resuelve que el sistema penitenciario catalán "no cumple los protocolos internacionales" y está "lejos" de cumplir el marco regulatorio.

Esas reclamaciones, formuladas en términos más suaves, llevan años planteándolas ERC, Comuns y CUP. Pero no fue hasta comienzos de mayo cuando el pleno catalán creó una subcomisión para diagnosticar las condiciones en las cárceles, donde este año ya se han suicidado cinco reos, tres de ellos en un centro de Figueres, cuyo director fue apartado por el Govern. "Abogamos por el régimen abierto (tercer grado), que se ha demostrado que reduce la reincidencia. Los funcionarios conviven más con los internos, pero es un riesgo que vale la pena", indica a infoLibre la diputada de Esquerra, Ana Balsera, una de las impulsoras del grupo de trabajo. Según explica, la aprobación de esta revisión del modelo penitenciario, con el apoyo de Junts y pese a la abstención del PSC, llega a raíz del informe de julio del pasado año del Comité Antitortura del Consejo de Europa, que instó a las autoridades a "reducir el uso desproporcionado de medidas de contención", una preocupación que ya había trasladado varias veces en la última década.

El partido de Balsera consiguió en marzo de 2021 aplicar la prohibición casi total de la contención mecánica, pero, solo un año más tarde, la nueva Conselleria de Justicia en manos de Junts volvió a autorizarla. En ese lapso de "contención cero" el departamento detectó un aumento del 45% de la violencia autoinfligida y del 31% de las agresiones a trabajadores. "Se ha reducido la agresividad con los años, pero las inmovilizaciones son necesarias en situaciones extremas. De lo contrario, estamos desamparados, nosotros y los presos", señala a este medio un funcionario de prisiones que replica la queja habitual de este gremio. Los datos de la propia Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestran, sin embargo, que, pese a las medidas de contención, las agresiones contra el personal se mantienen igual, o incluso aumentan: de 393 en 2021 a 699 el pasado año.

Hay un problema de fondo. "No se está tratando la salud mental dentro de las prisiones. Hay personas con trastornos graves encarceladas y eso dispara las contenciones mecánicas", señala el abogado penalista Marc Viu, quien ha tenido acceso a esas cifras de contenciones "que mezclan las de naturaleza de régimen y las psiquiátricas". Para el especialista en criminología, la falta de una defensa efectiva, —"en lugar de abogados públicos que se quitan casos con un juicio rápido"— provoca que muchas personas con riesgos psicosociales terminen en cárceles en vez de en recursos psiquiátricos. "La falta de medios en la Justicia" y "el deterioro de la salud mental" son otras de las denuncias incluidas por la Red Derecho y Prisión en su misiva al papa. Así lo percibe también el funcionario de prisiones entrevistado de manera anónima: "Cada vez vienen más internos con temas de salud mental, si no la mayoría. Nos falta personal para aplicar los protocolos".

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Se refiere al Plan de Choque de Prevención de Suicidios, puesto en tela de juicio por unas tasas de suicidio que duplican a las de España y Europa, y que, de media, han aumentado en la última década. "Hay que potenciar más el tercer grado para prevenir suicidios", indica Viu, pese a que el sistema penitenciario de Cataluña, la única comunidad junto al País Vasco que gestiona sus centros, ha apostado más que el resto de España por el tercer grado frente al internamiento estricto. "El tercer grado rebaja la reincidencia, pero está mal explicado y mal entendido por la sociedad", afirma, "parece que es dejar delincuentes sueltos, y entonces no es atractivo políticamente vender esto".

Junts ha promovido un discurso de combate a la multirreincidencia, sobre todo en delitos menores, e impulsó una ley en el Congreso para endurecer las penas que se aprobó en febrero con el apoyo de PP y PSOE. Los socialistas pasaron de intentar derogar la prisión permanente revisable (una especie de cadena perpetua) a aceptar su ampliación. "El discurso en la calle, el auge de posturas ultra, mete presión sobre los temas penitenciarios y no favorece que haya un espacio reposado para explicar lo que significa pasar por prisión", concluye el abogado.

La visita del pontífice a Brians 1 pondrá el foco en la cárcel al menos por unas horas. Cuando se apaguen los reflectores, quedarán las personas privadas de libertad, los funcionarios, las correas, las condiciones y los desafíos que deben afrontarse con la altura política que exige definir la calidad de los derechos humanos de una nación. Que no es poca cosa. Que se lo digan a Mandela o a Dostoyevski.