La corrupción judicial politizada
La condena del Tribunal Supremo al fiscal general, García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelar secretos del novio de Ayuso, dinamita toda la legalidad política desde la Transición.
La acción de golpe de Estado judicial conservador ha sido lenta pero muy eficaz. Y todos estos “barros” vienen desde la chapuza que hizo Bolaños (año 2024) con la renovación del CGPJ, que fue un fiasco y ahora empezamos a ver sus graves consecuencias.
Ni el poder político de las derechas y (herederos del franquismo-falangismo), ni el rancio poder económico español, ni los medios de comunicación derechistas habían logrado desestabilizar al Gobierno de Pésanchez. Solo hacían ruido mediático preparando el camino. Ha sido el hachazo y pucherazo del poderío judicial conservador el que lo ha conseguido.
“La condena del FGE a quien deja a los pies de los caballos es a toda la ciudadanía frente al Estado de Derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, a las que acaban de asestar un golpe letal. Pero 50 años de democracia merecían algo más que dejar todo atado y bien atado”.
Se ha dicho muchas veces que este juicio no es un trámite judicial; es, más bien, un pulso político contra Pésanchez y su gobierno. Se decide si un bloque reaccionario puede marcar la agenda, fabricar un escándalo, empujar una acusación sin pruebas y tumbar a un fiscal general para dejar claro quién manda.
El voto de la sentencia del Tribunal Supremo se ha dividido entre los cinco magistrados que se adscriben teóricamente al PP contra las dos magistradas que decían que tenían afinidades por el PSOE.
Y a la mayoría de los medios de comunicación les ha "sorprendido" negativamente la sentencia.
Realmente es una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares
Desde algunos partidos de la Izquierda, ven en esta condena "la prueba más clara de que algunos sectores conservadores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno". Y critican que "la sentencia del TS está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración. Solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país".
Hay en este juicio más dudas razonables de manera muy directa. Las declaraciones de varios (más de cinco) periodistas advirtieron ante el Supremo, bajo juramento y apercibidos de penas de cárcel, de que Álvaro García Ortiz no había sido su fuente para obtenerlo. Una Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dividida ha decidido no creer a esos testigos y ha condenado al máximo responsable del Ministerio Público dando lugar a una situación inédita en democracia: la inhabilitación del fiscal general del Estado.
Pero si estos periodistas asumen, sin más, el fallo del Tribunal Supremo, están aceptando que ellos o sus compañeros mintieron y no hay ninguna fuente. Estos periodistas deben aclarar que lo que ellos defienden es aceptar un ataque contra el Estado de derecho, que es más importante que la revelación de secretos.
Para nosotros, este caso tiene una gravedad institucional absoluta. “Es un golpe judicial en toda regla”. Realmente es una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. Sentencia e investigación judicial que no podemos admitir porque supone una utilización ´maligna´ del Estado de derecho para desestabilizar a un Gobierno legítimo.
Porque en un futuro, con este poder judicial conservador, ¿quién nos defenderá de una sentencia injusta?
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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.
