La SGAE aviva la guerra contra las multinacionales

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra varias empresas socias de la entidad por un presunto delito fiscal. El Consejo de Dirección, que tomó la decisión el pasado miércoles, sospecha que estas empresas pudieron ser utilizadas como sociedades pantalla para evadir impuestos. Aunque la SGAE se niega a hacer público ni qué empresas han sido denunciadas, ni cuántas son, fuentes cercanas a la entidad aseguran que se tratan de editoriales, encargadas de la gestión de derechos de autor de los músicos, relacionadas con grandes multinacionales como Warner. El periódico El Mundo publicaba el viernes que la denuncia iba dirigida contra músicos como Joaquín Sabina, Alejandro Sanz o Pau Donés, algo que la SGAE negaba a media mañana de ese mismo día: "SGAE no ha denunciado a Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Pau Donés ni al resto de autores citados por el diario El Mundo. La denuncia remitida esta semana a las autoridades se refiere a personas jurídicas socias de la entidad". 

El comunicado publicado el miércoles por la SGAE resultaba más que críptico: "La SGAE pone en conocimiento de la Administración posibles irregularidades que pueden afectar a personas jurídicas socias de la entidad". No se decía ni ante qué administración se interponía la denuncia, ni contra qué "personas jurídicas", ni cuáles eran las supuestas irregularidades. Oficialmente, la SGAE seguía negándose a facilitar el viernes ninguno de los tres datos.  A última hora del viernes, fuentes oficiales de la SGAE aseguraban a este periódico que no había batalla alguna: "Esta denuncia no forma parte de ninguna supuesta batalla, ni es una respuesta a nada parecido. Se trata simplemente de una denuncia presentada por decisión del Consejo de Dirección al tener conocimiento de unas supuestas irregularidades que pueden afectar a personas jurídicas socias. La presentacion de la denuncia no prejuzga los hechos". 

La denuncia se enmarca dentro del enfrentamiento entre la SGAE y las editoriales de las grandes multinacionales discográficas. En 2017, tres editoriales independientes —entre las que se encontraba Busindre, perteneciente al gaitero José Ángel Hevia, presidente de la SGAE desde el pasado noviembre— llevaron a las editoriales Warner, EMI y Peermusic a loz juzgados. Según las denunciantes, estas no tenían derecho a formar parte de la Junta Directiva de la entidad, porque ya habían figurado en ella durante dos mandatos, el límite permitido. El juez sentenció entonces que, efectivamente, estas multinacionales habían cometido un "abuso de derecho y fraude de ley", ya que para volver a presentarse como candidatas se presentaban con otra empresa del grupo, y fueron expulsadas de la Junta. Las editoriales denunciadas reclamaron y el procedimiento sigue en marcha. Ahora, el Consejo de Dirección encabezado por Hevia decide llevar a los tribunales a editoriales asociadas al menos a una de esas multinacionales, Warner.

La entidad estaba ya inmersa en una crisis tanto interna como judicial por el caso rueda, en el que se investiga la connivencia entre televisiones, editoriales y autores para cobrar derechos de autor de manera irregular. Esta supuesta trama ha salpicado a José Ángel Hevia por su relación con Nuria Rodríguez, que fue administradora de Busindre y es una de las principales investigadas por el juez Ismael Moreno. Tras la elección de la última Junta Directiva, las grandes discográficas reunidas en la Organización Profesional de Editores de Música —Warner, Peermusic, Universal, Sony y BMG—, juzgando que la entidad quedaba controlada por afines a la rueda, aseguraron: "No nos sentimos vinculados a las decisiones que puedan tomar, y nos reservamos cuantas medidas legales sean oportunas, así como la posibilidad de impugnar las elecciones". Joaquín Sabina trabaja con la discográfica Sony BMG-Ariola y Alejandro Sanz lo hace desde 2014 con Universal (antes, con Warner). 

Otro antecedente del conflicto es el manifiesto firmado por unos 150 músicos y socios de la SGAE, entre quienes se encontraban Alejandro Sanz y Joaquín Sabina. En septiembre de 2017, poco después de que saltara el caso rueda, estos artistas pedían "plena transparencia" y una "regeneración ética" de la entidad, solicitando una modificación de los Estatutos que incluyera medidas desde la reforma del sistema electoral hasta la limitación de las dietas percibidas por la dirección. "Es fundamental recalcar que los autores y artistas no estamos involucrados en el ejercicio de estas prácticas fraudulentas [de la rueda], sino que somos víctimas de los presuntos delitos", reclamaban. 

El periódico El País publicaba el viernes que la denuncia presentada citaba a Joaquín Sabina y a dos editoriales supuestamente usadas por el músico: Warner El pan de mis niñas y Warner Sabina Relatores. El pan de mis niñas, S. L. —sin la indicación Warner— gestiona desde 2001 los derechos de autor de Joaquín Sabina, y está administrada desde entonces por Isabel Oliart, expareja del artista. En créditos de trabajos del autor, estos aparecen por "edición exclusiva de El pan de mis niñas S. L.", y en algunos de ellos se indica que esta editorial está "administrada para todo el mundo por Warner/Chappell Music Spain, S. A.". Este periódico no ha encontrado ningún documento oficial en el que aparezca una empresa llamada Warner Sabina Relatores ni Sabina Relatores.

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La cesión de derechos por parte de los autores a empresas que se encarguen de su gestión, conocidas como editoriales, es una práctica habitual. El propio Hevia tiene, de hecho, una editorial a su nombre con la que gestiona su obra. Pau Donés en un comunicado hecho público el viernes lanzaba: "Este es un sistema de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas, en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad y en ningún caso fuera de la más absoluta legalidad fiscal". Lo que sospecha la SGAE es que algunas puedan haberse usado como una empresa pantalla —que tiene forma jurídica, pero que no existe más que con fines fraudulentos—, en connivencia con las editoriales, para evadir impuestos. "La SGAE no prejuzga los hechos", decía la entidad en su comunicado, "sino que se limita a trasladarlos a las autoridades competentes para que inicien la investigación correspondiente y determinen si los hechos denunciados son constitutivos de infracción".

Todo esto sucede cuando la SGAE está a la espera de que el Ministerio de Cultura tome una decisión sobre intervenir o no la entidad. El Gobierno le había dado de plazo hasta el pasado 28 de diciembre para ajustar sus Estatutos a la normativa europea, pero la Asamblea rechazó su modificación un día antes de concluir esta moratoria. El viernes, el Ministerio negó a este periódico haber recibido noticias de la SGAE sobre la denuncia interpuesta y aseguró seguir estudiando las medidas a tomar sobre el cambio en los Estatutos, independientemente de este nuevo conflicto.