LOS NUEVOS PRESUPUESTOS

El acuerdo obligará a 14.400 empresas a tributar por los dividendos y beneficios obtenidos en sus filiales

Unidos Podemos explica el acuerdo de Presupuestos para 2019.

Los cambios en el impuesto sobre sociedades pactados por el Gobierno y Unidos Podemos aumentarán la recaudación en 1.700 millones de euros, según los cálculos de la formación morada. Una parte provendrá de la tributación mínima del 15% –el 18% en el caso de las compañías petroleras– a que estarán obligados grupos consolidados y las empresas que facturen más de 20 millones de euros anuales. Y otra, del pago de un 5% que las sociedades deberán hacer sobre los dividendos y plusvalías que generen en sus filiales, hasta ahora exentos al 100% de tributar al fisco.

Según las estadísticas de la Agencia Tributaria, 14.442 empresas declararon en 2016 un total de 105.090,46 millones de euros en dividendos y rentas generados en sus filiales. De esa cantidad, el 65,6% lo aportan empresas que facturan más de 180 millones de euros al año, son grandes sociedades. Si sale adelante el acuerdo presupuestario –necesitará el apoyo de ERC, PNV y PDeCAT–, esas 14.442 empresas engordarán sus bases imponibles en 5.254,5 millones de euros, una cantidad adicional por la que deberán tributar a Hacienda.

Para acceder a esta exención, la matriz debe poseer una participación mínima del 5% en la filial o bien que esa participación supere los 20 millones de euros. El acuerdo prevé que las empresas tributen un 5% en concepto de gastos no deducibles de gestión de esa participación en la filial, tal y como permite la directiva europea de 2014 que regula el régimen fiscal de sociedades matrices y filiales.

El acuerdo del Gobierno y Podemos aumenta a las empresas de hidrocarburos el suelo mínimo de tributación del 15% general al 18%, puesto que su tipo nominal es más elevado, el 30% frente al 25% del resto de las sociedades. También es del 30% el tipo nominal de las entidades financieras que, sin embargo, han quedado excluidas en el pacto de ese suelo aumentado del 18%. Tampoco se enfrentarán a un nuevo impuesto específico para ellas hasta al menos 2020. El acuerdo sólo dice que, una vez concluido el ejercicio fiscal de 2019, “se estudiarán los rendimientos de las nuevas medidas” tributarias para “valorar el impulso” del impuesto a la banca que tanto PSOE como Podemos prometieron implantar y que ha sido duramente contestado por el sector financiero.

Por el contrario, sí se ha incluido en el acuerdo el impuesto sobre transacciones financieras, que gravará con un 0,2% las compras de acciones emitidas en España de empresas que coticen en la Bolsa española y cuya capitalización sea superior a los 1.000 millones de euros. No tributará a Hacienda la compra de deuda –bonos– y de derivados, pese al enorme volumen que alcanzan las operaciones con este tipo de productos financieros complejos. Según los cálculos de Podemos, el impuesto sobre transacciones financieras permitirá aumentar la recaudación en 1.000 millones de euros anuales.

Del resultado contable a la base imponible

Las estadísticas de la Agencia Tributaria cifran en 111.788 millones de euros los beneficios de los grupos consolidados en 2016. Su base imponible quedó reducida ese año a una tercera parte, 36.088 millones de euros, una vez que se aplicaron exenciones por doble imposición de 86.393 millones de euros, además de otros ajustes. Por tanto, la cuota líquida resultante fue de 6.862 millones, lo que equivale a un tipo efectivo del 19%. Este porcentaje es una media, calculada a partir de tramos muy amplios, según los expertos consultados por infoLibre, por lo que muchas empresas quedan por debajo del 15% y serán esas sociedades las que verán aumentada su factura fiscal si prospera el acuerdo presupuestario. Lo mismo les ocurrirá a las empresas que, aun no constituyendo un grupo, facturen más de 20 millones de euros. Con ese volumen de negocio y que declaren bases imponibles positivas –tengan beneficios– existen en España 4.342 sociedades. La propuesta de Podemos en este apartado consistía en garantizar un mínimo de tributación del 15% respecto del resultado contable de las empresas, no de la base imponible como finalmente se ha pactado. Si se hubiera firmado ese suelo sobre los beneficios, la cantidad recaudada sería el doble: el tipo efectivo por el que tributaron los grupos consolidados en 2016 respecto a su resultado contable fue sólo del 6,14%, según los datos de la Agencia Tributaria.

El acuerdo presupuestario establece también una bajada del impuesto sobre sociedades, del 25% al 23%, para las empresas más pequeñas, que beneficiará sólo a 7.202 pymes, el 0,5% que factura menos de un millón de euros al año. Según los cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), la medida supondrá un ahorro para estas sociedades de 36 millones de euros.

Además, el pacto incluye un mayor control sobre las sicavssicavs (sociedades de inversión de capital variable), que tributan sólo un 1% en el impuesto de sociedades. Se pretende limitar el volumen de capital que puede acumular un solo inversor y que la Agencia Tributaria sea competente para comprobar si las sicavs tiene el número mínimo de accionistas–100– que le exige la ley. Además, las socimis (sociedades de inversión en el mercado inmobiliario), otra institución de inversión colectiva, tendrán que tributar un 15% por los beneficios no distribuidos. Como tienen un régimen fiscal especial, no pagan nada por las rentas obtenidas del alquiler de inmuebles, su actividad principal, y un 25% por las generadas con otro tipo de actividades.

Otro nuevo impuesto que se pretende crear es el que gravará los servicios digitales y que copia el diseño de la tasa Google ya en marcha en la Unión Europea. Afectará a las compañías que ingresen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de tres millones en España. Se trata de que paguen un 3% por los servicios de publicidad y de intermediación on line, así como la venta de datos generados por la información que proporcionan los usuarios. Podemos calcula que la tasa Google se traducirá en un aumento de la recaudación de 1.200 millones de euros.

Más presión fiscal sobre grandes contribuyentes

El impuesto sobre el patrimonio también debería subir si sale adelante el pacto presupuestario. En concreto, un 1% para las fortunas que superen los 10 millones de euros. Equivale a 600 millones de euros adicionales para las arcas públicas, calcula Podemos. Otro tanto ocurrirá con el IRPF de quienes ingresan más de 130.000 euros al año, cuyo tipo aumentará dos puntos, hasta el 24,5%, por lo que pagarán unos 1.600 euros más al año. A partir de los 300.000 euros, el alza será de cuatro puntos, un tipo del 26,5%, unos 7.600 euros más. Quienes cobran más de 600.000 euros al año, sólo 8.381 contribuyentes, ingresarán en Hacienda 27.800 euros adicionales al año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en un 0,5% los contribuyentes a los que afectará la subida, un total de 121.500 ciudadanos. Gestha calcula que así se recaudarán 524 millones de euros. A quienes perciben más de 140.000 euros anuales –unos 60.000 contribuyentes– se les aumentará en cuatro puntos el tipo que grava las rentas de capital, lo que permitirá a la Agencia Tributaria ingresar 338 millones más.

Con este paquete de medidas, el Gobierno prevé recaudar 5.678 millones de euros, explicó la titular de Hacienda tras la reunión del Consejo de Ministros. Podemos eleva la cifra a 7.240 millones incluyendo los ingresos adicionales en cotizaciones a la Seguridad Social por las mejoras salariales previstas en el acuerdo.

El documento prevé además rebajar de 2.500 euros a 1.000 el límite para hacer pagos en efectivo, como una forma de luchar contra la economía sumergida. También se quiere reducir de un millón a 600.000 euros el importe de deuda que supone la entrada en la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Y se prohibirán por ley las amnistías fiscaleslas amnistías fiscales. De momento queda sólo en estudio la posibilidad de rebajar la cantidad que determina la comisión de un delito fiscal: ahora está fijada en 120.000 euros y el acuerdo habla de dejarla en 50.000. Finalmente, el Gobierno y Podemos acordaron crear una unidad central para coordinar las actuaciones sobre los contribuyentes con grandes patrimonios, integrada por 200 funcionarios.

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