La CEOE apoya la prórroga de los ERTE mientras los sindicatos presionan para derogar la reforma laboral y de pensiones

La CEOE ha dado finalmente su visto bueno a una nueva prórroga de los ERTE, pese a las reticencias sobre la cláusula que obliga a las empresas a devolver las cotizaciones de los trabajadores que despidan antes de seis meses. Lo mismo ha hecho Cepyme. “Son necesarios, no puedes prescindir de los ERTE”, resumen fuentes de la patronal los motivos de su apoyo, de nuevo, al esquema de protección público para empresas y trabajadores afectados por la pandemia. Eso sí, hasta el 31 de mayo, que caduca la prórroga, las patronales se esforzarán en conseguir que la aplicación del compromiso de mantenimiento del empleo sea “lo más proporcionada posible”. Los empresarios creen que dentro del acuerdo existe un “margen para la interpretación” que puede jugar a favor de sus intereses. Y que les permitiría devolver las cuotas a la Seguridad Social sólo de los trabajadores en ERTE que despidan, y no de los de toda la plantilla como establece el texto aprobado por unanimidad en la junta directiva de la CEOE este martes.

Mientras tanto, CCOO y UGT revisaron este martes con lupa la última redacción enviada por el Ministerio de Trabajo. Lo hicieron sus respectivos gabinetes jurídicos para resolver problemas técnicos en una norma que califican de “muy compleja”. “Pero no hay cuestiones de fondo”, rechazaban a infoLibre fuentes de CCOO, que vayan a impedir su respaldo a la nueva prórroga. “Es el real decreto 30/2020 [que estableció la anterior prórroga], pero mejorado”, elogian. De hecho, su secretario general, Unai Sordo, esperaba aprobar por la tarde el texto definitivo, una vez cosidos los últimos “flecos técnicos”. “Sólo queremos ver que se han incorporado al último documento nuestras aportaciones”, indicaban fuentes de UGT, “hasta que no está el último papel sobre la mesa, no se puede dar el visto bueno definitivo”.

La CEOE, por su parte, elogia como mejoras de la prórroga que se haya extendido la protección a más sectores productivos como las artes escénicas, las salas de espectáculos o los cámpings. En total, unos 50.000 trabajadores más optarán a las exoneraciones de cuotas y a las prestaciones. También que se hayan agilizado los procedimientos, hasta hacer casi automática la renovación del ERTE o su cambio de modalidad. “Nos da una cierta tranquilidad hasta mayo”, aseguran fuentes de la patronal.

“El marco de ERTE que se ha aprobado, en lo sustancial, mantiene el modelo que ha estado vigente estos últimos cuatro meses”, resumía después el ministro de Seguridad Social, José María Escrivá, al presentar el acuerdo junto con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Por tanto, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo de prestación por desempleo consumido hasta enero de 2022 y ésta equivaldrá al 70% de la base reguladora. “Para los empresarios, favorecemos ayudas y transmitimos certezas, y a los trabajadores les digo que este nuevo acuerdo permite transitar la crisis económica más dura que jamás hayamos conocido”, subrayó la ministra. La nueva prórroga supondrá un desembolso de más de 5.000 millones de euros. A cierre de diciembre estaban en ERTE 755.610 trabajadores. 

También el SMI, cuanto antes

Los sindicatos, por su parte, han abierto un nuevo frente convocando movilizaciones para “lanzar un mensaje al Gobierno”: “Pedimos mesa, fecha y hora”, remarcó Unai Sordo, para solicitar al Ejecutivo que reabra la agenda sociolaboral que quedó en suspenso con la pandemia el pasado mes de marzo. Es decir, que sindicatos, patronal y Gobierno se sienten otra vez a negociar la derogación de los “aspectos más lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012” y de la reforma de las pensiones de 2013.

En concreto, que se recupere la ultraactividad de los convenios colectivos –su prórroga automática cuando caducan y mientras se negocia su renovación–, la prioridad de aplicación de los convenios sectoriales sobre los de empresa, los cambios en la subcontratación y los descuelgues salariales, que se limite el recurso al despido y se mejore la flexibilidad interna en las empresas, además de acabar con el abuso de los contratos temporales.

Por lo que a las pensiones se refiere, el punto de mira está colocado en la actualización de las prestaciones con la inflación y la supresión definitiva del factor de sostenibilidad, ahora en suspenso. CCOO y UGT añaden a la lista la subida del SMI. “No renunciamos a que se suba; cuanto antes, mejor”, advirtió Unai Sordo, quien volvió a criticar que el Gobierno haya dado “derecho de veto a la CEOE” en este asunto, al supeditar el alza al acuerdo de todos los agentes sociales. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también incorporó a las reivindicaciones el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que por sus problemas de tramitación “no está llegando a las personas a las que debería beneficiar”.

“Todo esto lo queremos ahora, son cambios que no pueden esperar más tiempo”, urgió además Álvarez.

“Esto no es un manifiesto sindical”

De momento, las movilizaciones comenzarán el 11 de febrero ante las subdelegaciones del Gobierno de toda España y, según vaya “evolucionando” el panorama de la negociación, los sindicatos decidirán si las protestas “se acentúan”. Independientemente, dijeron, de los documentos sobre la reforma laboral y de pensiones que el Gobierno está pendiente de entregarles antes de enviar a Bruselas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este mismo martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que en esos papeles no se ha incluido la ampliación a 35 años del periodo de cálculo de la pensión. Una propuesta del ministro de Seguridad Social, José María Escrivá, que había levantado las protestas de los sindicatos y de Unidas Podemos.

Unai Sordo abrió su comparecencia ante los periodistas leyendo la lista de las Recomendaciones del Semestre de la UE que el Consejo de la UE ha hecho a España en 2019 y 2020. La alta tasa de paro provocada por la segmentación del mercado de trabajo entre temporales e indefinidos, que impide aumentar la productividad; la elevada temporalidad como obstáculo para el crecimiento económico y la cohesión social, el gran porcentaje de contratos temporales muy breves, la tasa de pobreza de los trabajadores, el bajo gasto social respecto al PIB…

“Esto no es un manifiesto de posiciones sindicales, sino las medidas que el Consejo de la UE le dice a España que debe tomar”, apuntó, para negar la “peligrosa retórica” que, a su juicio, vincula los millonarios fondos europeos por el covid a la aprobación de las reformas laboral y de pensiones. “Es una condicionalidad que no existe”, zanjó.

Siete acuerdos del Diálogo Social

Con la firma de este nuevo acuerdo, el Gobierno puede presumir de tener en el Diálogo Social su principal activo durante el año recorrido de la legislatura. Y en plena pandemia y crisis económica. Seis mesas se constituyeron el pasado mes de julio y, hasta el momento, sindicatos, patronal y Ejecutivo han cerrado seis acuerdos. Siete, si se incluye la nueva prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo.

El primero fue la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, que se pactó con retraso –el 22 de enero–, pero que dio la primera sorpresa. Por el mismo acuerdo, que incluía a los empresarios, siempre reticentes a cualquier subida, y por la cuantía: un 5,5%, la tercera más elevada de los últimos 15 años. El salario mínimo se quedó entonces en 950 euros, y allí sigue a la espera de que se firme un nuevo acuerdo este ejercicio. El pasado diciembre las consultas con los agentes sociales se convirtieron en negociación, en un intento por realzar el pacto, pero fue imposible. El SMI permanece congelado en tanto no se pueda cerrar el acuerdo. Las discrepancias no sólo han separado esta vez a CEOE y Cepyme de los sindicatos, sino también a los dos partidos en el Gobierno. Mientras el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, defendía una subida de al menos el 0,9%, lo mismo que han mejorado las pensiones contributivas, los departamentos de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, pedían “prudencia” para no poner en peligro el crecimiento económico y el empleo.

Ha sido el primer traspiés del Diálogo Social, mientras continúa con más lentitud de la prevista la negociación que debe fijar las condiciones laborales en las plataformas digitaleslas condiciones laborales en las plataformas digitales, las de los repartidores a domicilio y de otros profesionales enganchados a estas nuevas formas de trabajo. El escollo se sitúa en si regular sólo a los repartidores, como quiere la patronal, o a todo tipo de plataformas tecnológicas, como piden los sindicatos. Entretanto, los tribunales están adelantando a sindicatos y patronal. Se suceden las sentencias que establecen el carácter laboral de la relación entre estos trabajadores y las empresas de reparto de comida a domicilio. La última, el pasado día 12, de un juzgado de Barcelona, determina que 748 riders de Deliveroo son falsos autónomosriders. La anterior, del Tribunal de Justicia de Madrid, fallaba en el mismo sentido para 69 repartidores de Glovo. El litigio llegó en septiembre hasta el Tribunal Supremo, que dictaminó a favor de reconocer la relación laboral entre Glovo y uno de sus trabajadores.

El gasto en pensiones sube un 3,2% en enero y supera por primera vez los 10.000 millones de euros

Ver más

En octubre el Congreso aprobó el decreto ley que regula el trabajo a distancia, otro de los textos pactados por el Gobierno con sindicatos y patronal. Que poco después también se extendió a los empleados de las administraciones públicas. La realidad apremió aquí a los gestores públicos, urgiéndoles a regular una opción laboral casi anecdótica en España que la pandemia ha convertido en casi general. Así, el teletrabajo debe ser siempre voluntario y reversible, tanto para el trabajador como para la empresa. Todos los gastos que origine serán sufragados por ésta. No podrá ocasionar ningún perjuicio en el sueldo, la jornada laboral, las posibilidades de formación o de ascenso del empleado. Para ser considerado teletrabajo tiene que representar el 30% de la jornada.

También este mismo martes las organizaciones de autónomos han alcanzado un preacuerdo con el Gobierno para prorrogar hasta el 31 de mayo la prestación extraordinaria por cese de actividad. Hasta esa fecha queda en suspenso la subida de los tipos de cotización: desde enero de este año, la cuota de los autónomos iba a volver a subir entre tres y 12 euros por el acuerdo que se alcanzó en 2018, que establecía el aumento progresivo de los tipos de cotización. Además, se elimina el requisito de haber sido beneficiarios de la prestación entre marzo y junio de 2020 para volver a cobrarla. También podrán beneficiarse los autónomos que en el primer semestre de este año sufran una caída de su actividad del 50% respecto al último semestre de 2019.

Pero aún quedan más medidas por negociar. El Acuerdo para la reactivación económica y el empleo que el Gobierno y los agentes sociales firmaron en julio incluía, aparte de los llamamientos usuales a la creación de empleo y a impulsar la reactivación económica, la necesidad de desarrollar la formación la y recualificación de los trabajadores, así como la modernización de las políticas activas de empleo. Son uno de los mayores déficit del mercado laboral español, que también se menciona en las Recomendaciones del Consejo de la UE y en las 170 reformas que el Gobierno ha enviado a Bruselas.