DESMANTELAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

El comité de Tragsa pide “cero despidos” y salidas voluntarias con 40 días de indemnización

El comité de Tragsa pide cero despidos y salidas voluntarias con 40 días de indemnización

Los sindicatos mayoritarios del comité de empresa de Tragsa han propuesto al grupo público reducir los despidos a cero, de forma que sólo haya salidas voluntarias de trabajadores, con 40 días por año de indemnización, y excedencias voluntarias de hasta dos años con el 30% del salario. Se trata de “una propuesta de máximos”, según reconocen los representantes de la plantilla, que la empresa ya ha dicho que ve “muy lejos” de lo que están dispuestos a aceptar. También CGT ha presentado su propia propuesta, que pide igualmente renunciar a los despidos y reducir la cuantía de las cuantiosas retribuciones por objetivos.

La dirección responderá mañana a ambos planteamientos, en la cuenta atrás del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó hace casi un mes. La empresa ya rebajó ayer a la mitad el número de despidos del que en principio iba a ser el mayor ERE en una empresa pública hasta el momento. Con una plantilla de 9.848 trabajadores, el grupo público pretendía despedir a 1.639, 836 en Tragsa y 803 en Tragsatec. Tras una primera jornada de huelga, el pasado jueves, la empresa recortó los despidos a casi 500 en la primera y 420 en la segunda. Ese movimiento sirvió para desconvocar el segundo día de huelga, previsto para hoy.

Además de 40 días de indemnización, sin límite de mensualidades, para las salidas voluntarias de trabajadores, los sindicatos piden un “premio” de seis meses de sueldo. Sólo para los empleados con sueldos superiores a los 80.000 euros mensuales prevén un tope de 24 meses. En el caso de las suspensiones de contrato, proponen un máximo de 120 días en dos años, pero la empresa debería completar la prestación que percibirían los afectados hasta el 100% del salario que cobraban en activo.

Respuesta tibia a la reducción salarial de los directivos

También aceptan la oferta de la dirección de hacer traslados y cambios de función, siempre que no coincidan ambos en el mismo trabajador. E insisten en que la empresa debe reducir los sueldos y el número de directivos de la empresa, “en línea con la posición del Gobierno de promover la austeridad en el sector público”, explica el portavoz de CCOO en Tragsa, Javier Canales: “Deberían hacerlo por la mala imagen que se da del grupo y por razones económicas”.

Sin embargo, asegura el responsable sindical, la respuesta de la dirección ha sido bastante tibia. A diferencia de Tragsatec, en Tragsa no se ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta para recortar los complementos cobrados por encima del convenio. La propia empresa ha reconocido ante los sindicatos que desde 2009 hasta 2012 ha reducido un 70% la plantilla, entre fijos y eventuales, pero sólo un 9% el organigrama.

De acuerdo con los datos sobre la masa salarial que la dirección ha facilitado al comité durante la negociación del ERE, de los 504 trabajadores ubicados en la sede madrileña del grupo, 200 son directivos. El coste medio del personal en ese centro de trabajo es de 109.000 euros anuales, mientras que en el resto de la empresa –otras cinco unidades territoriales– es de 35.000 euros. Según la primera propuesta de despidos, éstos sólo iban a afectar a 22 altos cargos.

Traslado de la extra a enero

La CGT tampoco acepta que haya despidos en una empresa que ha dado beneficios durante 35 años –éste va a ser su primer ejercicio en números rojos– y a la que las administraciones públicas, sobre todo las comunidades autónomas, adeudan 341 millones de euros, protesta Pepe Berbeguer, representante del sindicato en Tragsa. Así que pide que se recorten los 17 millones de euros de retribuciones por objetivos que cobra la plantilla y que se traslade el pago de la extra de diciembre al mes de enero, otros 10 millones. El ahorro buscado por el ERE equivale a 28,8 millones de euros. Y CGT sólo aceptará suspensiones de contrato, reducciones de jornada, traslados y movilidad funcional si no hay despidos.

Además, destaca Berbeguer, antes de fin de año la empresa tiene previsto cobrar 90 millones de las cantidades adeudadas por las comunidades autónomas. Entonces también tendrá que negociar la renovación del convenio colectivo. A su juicio, no tiene sentido plantear despidos al tiempo que el grupo invierte cinco millones de euros en negocios internacionales.

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