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Bienestar social

La deuda lastra la recuperación de la inversión autonómica en sanidad y educación y la aleja de los niveles precrisis

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza a enfrentarse a su primer dolor de cabeza: la financiación autonómica. No tiene los apoyos suficientes para modificar el modelo de financiación aprobado en 2009 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y tampoco dispone de los fondos necesarios para hacer frente a lo que le demandan las distintas comunidades autónomas (menos País Vasco y Navarra, que tienen su propio sistema). Lo dijeron el pasado jueves durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidido por la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo dejaron muy claro: quieren más fondos para destinarlos a políticas sociales. Y es que tampoco hay que perder de vista que en 14 de las 17 comunidades se celebrarán elecciones el año que viene y sus presidentes necesitan reivindicarse ante sus electores, que han visto cómo el gasto social en sanidad, educación y Servicios Sociales ha ido, poco a poco, siendo más pequeño.

Desde hace ya algunos años, el discurso siempre ha sido el mismo: la economía española se ha recuperado. Pero eso sí, a niveles macro. Por el contrario, la inversión pública no sólo no se recupera, sino que se encuentra lejos de los niveles que alcanzó en los años previos a la crisis. Así lo ha puesto de manifiesto la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que, en los datos hechos públicos este martes, ha constatado que el gasto autonómico de las comunidades –casi todas– todavía es muy inferior al alcanzado en el año 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de inversión social.

Según el análisis de la asociación, el gasto social en el conjunto de las comunidades en el año 2017 se situó en los 108.596 millones de euros, es decir, 8.255 millones menos que en el año 2009. Por habitante, el gasto en 2017 sufrió una caída del 7,6% si se compara con el de ocho años atrás. Entonces, el Estado invertía 2.535 euros por ciudadano. El pasado año, tan sólo 2.343.

Sin embargo, a pesar de estas cifras, el análisis realizado subraya también que hay algunas comunidades que han conseguido superar en 2017 el gasto social que tenían en 2009. Son siete: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Valencia.

Pero es la deuda, según explica la asociación, uno de los factores clave que han impedido que se vuelvan a alcanzar los niveles de inversión de hace nueve años. "El esfuerzo que deben realizar las comunidades autónomas para recuperar unos niveles aceptables de inversión social tiene actualmente un freno fundamental: la deuda contraída y sus costes como una de las más indeseables herencias de la crisis", afirma. Y es que la deuda total de las administraciones autonómicas se incrementó un 287% entre 2008 y 2017, pasando de 74.500 millones de euros a 290.000.

Es evidente, según explica el análisis, que los gastos sociales no han causado la deuda y que, además, los recortes han ido "más allá de lo necesario". "Han sido fruto de la imposición especulativa de los acreedores y no de la racionalidad de la gestión pública", sostiene la asociación. Por ello, "habiendo gastado mucho menos, debemos cada vez más".

Sanidad y educación: 8.904 millones menos

Las elecciones autonómicas que tendrán lugar en 2019 –y que medirán la aceptación ciudadana de 14 de los 17 presidentes–, han acelerado la petición de las comunidades a Pedro Sánchez. Quieren más dinero, y lo quieren fundamentalmente para invertir, dicen, en políticas sociales. Durante los años de crisis económica, al igual que ha ocurrido a nivel nacional, estas han sido las más perjudicadas. Sobre todo, la sanidad y la educación. Ambas han visto cómo, año tras año, su inversión pública se venía reduciendo. Y ha llegado a tal punto que, a pesar de los mensajes optimistas, se encuentran muy lejos de los niveles precrisis.

Según el análisis de la asociación, la inversión en Sanidad desde 2009 hasta 2017 ha caído un 9,3%. En niveles absolutos, el conjunto de las comunidades han disminuido su gasto en 5.993 millones de euros. "Este dibujo es el que se repite en la totalidad de los territorios, si bien hay algunos en los que el recorte del gasto social fue más drástico que en otras, al igual que la recuperación del mismo no está teniendo el mismo ritmo", sostiene la organización. 

Las diferencias son muy significativas. Sólo cinco comunidades –Baleares, Navarra, Cantabria, Asturias y País Vasco– han mejorado el gasto en sanidad en esta etapa, mientras que el resto ha continuado invirtiendo cada vez menos. Destaca, en este sentido, Cataluña: desde 2009 y hasta 2017, su gasto en sanidad ha caído un 27,5%. Le sigue Castilla-La Mancha, aunque de lejos, con un 14,3% menos.

En educación, la misma tónica. En los últimos ocho años, el gasto de las comunidades ha caído un 6,9%: la inversión total del pasado año fue de 2.800 millones menos que en 2009. Y de nuevo, Baleares se encuentra entre las autonomías que consiguieron mejorar su inversión (con un aumento del gasto del 2%), y Cataluña entre las que más lo vieron descender (un 12%). Junto a Baleares se encuentran La Rioja (con un crecimiento del 1,2%) y Extremadura (0,14%); y, junto a Cataluña, Asturias (con un 12,03% menos de inversión) y Castilla-La Mancha (19,3%). 

550 millones más para Servicios Sociales

Sin embargo, hay un terreno en el que las comunidades sí han recuperado la inversión previa a la crisis: los Servicios Sociales. A nivel general, en 2017 se gastaron 550 millones más que en el año 2009, con un incremento de casi el 5%.

Y hay algunas autonomías que destacan en la recuperación. Es el caso de la Comunitat Valenciana, que aumentó su inversión en un 52,3%. Le siguen el País Vasco (con un incremento del 45,3%) y Navarra (cuyo gasto aumentó un 29%). 

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Pero, al igual que ocurre con sanidad y educación, siempre hay excepciones. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, cuya inversión en Servicios Sociales descendió un total de 310,7 millones de euros, es decir, un 31,7%. También ocurre con Galicia (cuya inversión cayó un 13,9%), Andalucía (5,8%) y Cataluña (1,2%). 

La reforma de la financiación fue una de las defensas más acérrimas del Sánchez de la oposición, espoleado por algunos presidentes autonómicos socialistas como la andaluza Susana Díaz o el valenciano Ximo Puig. Desde la oposición, el PSOE proponía —y apremiaba— negociar un nuevo sistema para "garantizar la autosuficiencia económica de las comunidades autónomas, para blindar el Estado del Bienestar, que incorpore nuevos indicadores al modelo como la tasa de paro además de la dispersión, el envejecimiento de la población y la despoblación de los territorios". 

Sin embargo, nada más llegar a la Moncloa, Sánchez lo ha descartado. El Gobierno es muy consciente de que abrir la negociación del nuevo sistema de financiación supone internarse en un campo minado, no solo por las dificultades de articular mayorías en el Congreso, sino porque significa abrir un frente interno en el que sería muy difícil contener a sus propios presidentes autonómicos.

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