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Autopistas

Fomento plantea el rescate de las autopistas como inevitable y dice que el PSOE les dio 563 millones

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, antes de comparecer en el Congreso.

El ministro Iñigo de la Serna se resistió este lunes en su primera comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados a cuantificar el coste que tendrá para el erario público la reversión al Estado de las nueve autopistas de peaje quebradas. De la Serna dejó sin contestar esta pregunta –formulada por varios parlamentarios– y se limitó a anunciar que el Gobierno "tratará de minimizar" el impacto económico que suponga para las arcas del Estado este rescate.

La patronal de grandes constructoras, Seopan, cifra en 5.700 millones de euros el importe que puede suponer la nacionalización de estas nueve autopistas quebradas. Sin embargo, sigue sin haber ninguna valoración oficial de ese importe. Lo único que ha dicho oficialmente el ministerio es que será "inferior" a esa cifra. Además, De la Serna insistió en que su departamento se limita a cumplir con lo establecido en la ley para los supuestos de quiebra y liquidación de las concesiones de infraestructuras públicas.

Lo cierto es que la legislación en materia de contratos obliga al Estado a compensar a los concesionarios ante su liquidación por quiebra. Establece que, en caso de resolución anticipada de una concesión, la Administración tiene que indemnizar al concesionario abonándole el importe de las inversiones realizadas para la expropiación de terrenos y de la ejecución de las obras descontando las amortizaciones. A esa garantía –criticada por algunos expertos porque transfiere gran parte del riesgo a los contribuyentes y, por tanto, incentiva a los inversores privados– se le denomina Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

Desde 1998 el Estado ha adjudicado 15 concesiones para la construcción y explotación de 793 kilómetros de autopistas. Pues bien, nueve de ellas (el 60%) están en concurso de acreedores como consecuencia del déficit de tráfico y las desviaciones en los costes de las expropiaciones de los terrenos. No obstante, el ministro justificó la construcción de estas vías –entre ellas, las cinco radiales de acceso a Madrid– en que cuando se planificaron la circulación "crecía un 5% anual" en la red general de autopistas del Estado.

Las desviaciones de la demanda de tráfico son un factor crucial en el colapso de estas autopistas. De hecho, según datos aportados por el propio ministro, el tráfico es, de media, un 45% inferior respecto a la predicción aportada por el Estado para justificar estas concesiones. Los sobrecostes de las expropiaciones –que en algunos casos han llegado a ser del 600%– han sido otro de los motivos más publicitados por las concesionarias para justificar la mala situación financiera de estas autopistas. 

Ayudas del Estado 

En esta línea, el titular de Fomento recordó en la comisión parlamentaria las medidas puestas en marcha a partir de 2010 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero ante las dificultades financieras que atravesaba el sector. Para entonces, las nueve autopistas ya se habían declarado en concurso de acreedores lo que no fue óbice para que el Ejecutivo interviniera poniendo a su disposición 563 millones de euros en créditos a tipos blandos

Esa ayuda se articuló en torno a dos mecanismos. Por un lado, con créditos participativos que las concesionarias podían solicitar para financiar los sobrecostes de expropiación que superasen el 175% y a través de los cuales –según datos facilitados por De la Serna– el Estado les prestó 483 millones de euros. Y, por otro, con las llamadas cuentas de compensación, por las que las adjudicatarias podían pedir al Estado que les anticipara la diferencia entre el 80% de los ingresos previstos y los ingresos reales de los peajes. Este último procedimiento se puso en marcha para paliar el déficit de tráfico y supuso un desembolso para las arcas públicas de 80 millones de euros. 

En total, el dinero puesto a disposición de estas compañías a través de créditos de fondos públicos ascendería a 563 millones de euros. Según los datos del informe de 2014 (el último publicado) sobre el sector de autopistas de peaje en España que edita Fomento, el monto de préstamos participativos vivos concedidos por la Administración más los intereses acumulados ascendía a 553,9 millones de euros

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Además, con el objetivo de que las concesionarias tuvieran la capacidad de generar ingresos que permitiesen devolver tanto los préstamos concedidos como los intereses generados, el Gobierno accedió a renegociar los contratos para ampliar el plazo de las concesiones, así como elevar las tarifas. La situación actual de las adjudicatarias permite deducir que estas medidas tampoco sirvieron para restablecer su equilibrio económico-financiero. 

En este sentido, el ministro De la Serna también anunció que el Gobierno iba a promover en esta legislatura modificaciones legales con el objetivo de que hipotéticas futuras quiebras y rescates de concesiones de infraestructuras "repercutan lo menos posible en el Estado y, por ende, en el conjunto de los ciudadanos". Entre estas medidas, el ministro avanzó un cambio en el actual reparto de riesgos entre la empresa concesionaria y el Estado, fundamentalmente los relacionados con los costes de las expropiaciones.

Además, aseguró que su departamento promoverá una mejora en los proyectos de las infraestructuras que se construyan y exploten en régimen de concesión. Así, se mostró partidario de que los proyectos pasen por la Oficina Nacional de Evaluación del Ministerio de Hacienda, organismo que se encargará de "determinar la conveniencia de que se lleve o no a cabo un proyecto".

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