PRESUPUESTOS

El Gobierno destina 822 millones de fondos europeos para la renovación de residencias y teleasistencia

Visita a las obras de la residencia Arabarren, en Vitoria, que dispondrá de 25 plazas para personas mayores, el 75% individuales.

Las residencias nuevas serán diferentes, y las actuales, en la medida de lo posible, tienen que transformarse. El Gobierno lleva desde principios de año negociando con las comunidades autónomas los nuevos criterios para los edificios de las residencias: el número de plazas, la proporción de habitaciones individuales y la ratio de cuidadores, entre otros. Los presupuestos generales del Estado, presentados esta semana, incluyen una partida de 822 millones de euros para avanzar en estos objetivos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció esta partida con un dardo: “Este Gobierno aprende, y no hace como otros, que niegan esta situación”, dijo en relación a las polémicas y recientes palabras del vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio sobre el dolor de los familiares de los fallecidos en residencias. El objetivo de la inversión: hacer que las residencias estén más despejadas y que haya espacios que permitan el aislamiento efectivo ante la llegada de enfermedades contagiosas. 

La inversión forma parte de una partida de los fondos europeos para la “desinstitucionalización” de las residencias, un concepto que podría traducirse en que las residencias deben parecerse más a un hogar que a un hospital. Estos 822 millones de euros forman parte de una partida de 2.083,9 millones de euros que se han repartido entre 2021 y 2023. Los objetivos del proyecto no son solo reformar las residencias actuales o construir centros nuevos sino ayudar a las familias que cuenten con algún miembro dependiente para facilitar los cuidados en el domicilio. “La mayoría de las personas mayores prefieren el mayor tiempo posible permanecer en su domicilio”, dijo Montero en la presentación. Esto, que tiene el beneficio de reducir la demanda de plazas en las residencias, favorece que parte de los fondos vayan hacia la mejora de la teleasistencia

Las residencias no estaban preparadas para una pandemia

En el primer año de la pandemia, el 40% de los fallecidos por COVID se produjo en los centros residenciales. Según menciona un informe de Funcas, la Red Internacional de Políticas de Cuidados a Largo Plazo, con datos de 21 países, ha reflejado que este fenómeno es común en el resto del continente europeo, donde un 46% de los fallecidos, de media, han sido residentes de hogares de personas mayores. La tragedia ha puesto de relieve el enorme problema de estos centros, en muchos sentidos. El mencionado informe apunta, entre ellos, fallos de gestión, de financiación, de condiciones laborales, de escasa formación del personal, falta de coordinación con la atención sanitaria, deficientes protocolos de actuación en emergencias e inapropiados espacios y equipamientos.

En este sentido, una investigación publicada en la revista FMC (Formación Médica Continuada en Atención Primaria), revela las deficiencias estructurales en las residencias y critica el sistema de ventilación interno, que puede “llegar a trasladar carga viral a puntos lejanos”. Para ello, es clave que la infraestructura esté preparada para una correcta ventilación al exterior. También señala la necesidad de una mayor disponibilidad de espacios individuales, especialmente en el caso de los baños: “Si no fuera posible, se deberían sectorizar los baños e incrementar su limpieza”, aconseja el informe. 

En el objetivo de ayudar a las familias en el cuidado de personas mayores dependientes en el domicilio, el presupuesto del ministerio de Derechos Sociales incluye como objetivo introducir equipamientos en los domicilios que favorezcan la autonomía personal mediante el uso de la telemedicina. Esto implica que al menos el 90% de las personas que están acogidas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se beneficien de una serie de servicios mínimos de teleasistencia domiciliaria. Esto implica equipos específicos de comunicación, que estarán presentes en los centros asistenciales, así como en los hogares de los beneficiarios.

Transformar las residencias

El objetivo de la inversión europea es adaptar 22.360 plazas de residencias al nuevo modelo en el cuarto trimestre de 2023, reformadas o construidas. Para ello, el ministerio de Derechos Sociales, gestionado por Ione Belarra, lleva desde principios de año en conversación con las comunidades autónomas. La negociación ha pasado por varias fases, como informó infoLibre, en las que las regiones han frenado las expectativas del Gobierno en cuanto a la capacidad para maximizar el número de habitaciones individuales en las residencias ya construidas o en la posibilidad de construir los edificios previstos antes de diciembre de 2023. 

Según el último acuerdo al que llegaron el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas, las plazas máximas serán de 75 en entornos rurales, de 90 en ciudades de densidad intermedia y de 120 en ciudades grandes. Según los datos del CSIC sobre residencias, hay 1.186 residencias con más de 100 plazas, de las cuales 897 tienen más de 120. El acuerdo también recoge que el 65% de las habitaciones deben ser de uso individual. Además, en los espacios compartidos en ningún caso el aforo podrá superar a las 15 personas residentes, con el fin de “garantizar un funcionamiento tipo hogar”. Esto será así para todas las residencias, excepto las que puedan justificar la imposibilidad por razones arquitectónicas. La estimación, no obstante, es que más de 850 residencias con más de 120 plazas seguirán abiertas en España.

En cuanto a la evolución de la ratio de los cuidadores por cada residente, se establece en 0,31 para 2023, que debe aumentar hasta 0,43 en 2029. Una ratio de 0,33 sería un cuidador por cada tres residentes; ratio de 0,5 supondría un cuidador por cada dos. La Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias consideró que este acuerdo era un "fiasco", al considerar que las autoridades cedieron ante la presión de las empresas, ante la evidencia de que en los países nórdicos las ratios son mayores. Según destaca el mencionado informe de Funcas, firmado por la investigadora Julia Montserrat, en 2019, año previo a la pandemia, la media nacional del ratio estaba en 0,27. La comunidad con mejor dato es la de la Comunidad Valenciana, de 0,48, por encima de la meta de 2029. La que peor ratio presentaba era Extremadura, solo de 0,12. 

No obstante, la Marea de Residencias, una plataforma que reúne a residentes, familiares y trabajadores, critica que los ratios no son lo que parecen. La agrupación advierte que estos no tienen en consideración los turnos de trabajo. Por lo tanto, en el caso de un ratio de 0,33, que supondría 33 trabajadores para una residencia de 100 plazas, estos tendrían que dividirse en tres turnos, por ejemplo, 14 por la mañana, 14 por la tarde y los 5 restantes, por la noche. La ratio así es mucho menor, de 0,14 de día y 0,05 de noche. "Hemos pedido al Ministerio de Derechos Sociales una reunión para que nos aclare los cálculos de los ratios, de momento, sin respuesta", señala un portavoz de la plataforma a infoLibre. La asociación añade que las ratios tampoco tienen en cuenta las ausencias de los trabajadores, cuando están de vacaciones o de baja médica.

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