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CRISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Gobierno entra en la campaña de las pensiones con una propuesta para calcularlas a la carta

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una foto de archivo.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, entró esta semana en el debate sobre las pensiones desde el plató de Televisión Española, para ofrecer a los trabajadores despedidos durante la crisis en los últimos años de su vida laboral una pensión casi a la carta, porque se les permitiría elegir, para calcular su cuantía, los años en los que más cotizaron. Báñez aseguró que se trata de una propuesta del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, donde se negocia una reforma del sistema de pensiones públicas. La reforma aprobada en 2011 amplió el periodo de cómputo de las pensiones desde los últimos 15 años de vida laboral hasta los 25 años, límite que se alcanzará de forma gradual en 2022. Para quienes se jubilen en 2018, es de 21 años.

Pero ahora el PP propone que ese periodo de cálculo se amplíe a toda la vida laboral del trabajador, también de manera progresiva. Y, al tiempo, se permita al jubilado elegir los años que le resulten más convenientes para conseguir una pensión mayor, y descartar aquellos en que cobró –y cotizó– menos. Así lo explica a infoLibre el portavoz popular en la Comisión del Pacto de Toledo. Gerardo Camps, que pone como referencia lo que ya hacen otros países europeos. Utilizar toda la vida laboral para determinar la cuantía de la pensión es “lo más justo y equitativo”, asegura. En cualquier caso, no se trata de una “propuesta formal”, sino de “una novedad para la reflexión”, una de las muchas ideas que los grupos están poniendo de nuevo sobre la mesa tras el parón que impusieron en sus debates el conflicto en Cataluña y las navidades. “Cada vez vamos a carreras de cotización más largas, así que tiene sentido poder elegir los mejores años y descartar los peores”, apunta.

Aunque Fátima Báñez enfocó la propuesta apuntando hacia los trabajadores de más edad despedidos durante la crisis en expedientes de regulación de empleo y que no han podido volver al mercado laboral o, si lo han conseguido, ha sido con sueldos bajos, la medida afectará a todos los ciudadanos. El Pacto de Toledo sólo hará una “recomendación general”, que deberá concretar el Gobierno y ser pactada con los sindicatos y la patronal, indica Camps. Por tanto, se desconocen los detalles de cómo se debería aplicar la propuesta: cuántos años se podrán elegir y cuántos desechar o con qué velocidad se irá aumentando el periodo de cómputo hasta que incluya toda la vida laboral. Pero el diputado del PP cree que el plan ha sido “bien recibido por todos los grupos”.

“Una medida que suena bien”

Preguntados por infoLibre, todos los portavoces apoyan que se permita elegir al trabajador los años en que más ha cotizado. Pero introducen matices cuando se trata de apoyar la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cálculo. Ciudadanos considera “de justicia” que quienes han “caído durante la crisis” puedan tener una pensión “acorde con su trayectoria profesional”, sostiene su portavoz de Economía, Toni Roldán. Quienes, tras cotizar muchos años, se han quedado en el paro, los autónomos “y otros colectivos afectados por la irregularidad de ingresos”, añade, resultarán beneficiados con la medida.

También la apoya Carles Campuzano, del PDeCAT, que pone como ejemplo Francia, donde se utilizan los 25 mejores años de cotización para calcular la pensión. Pero también ve el anuncio hecho por Fátima Báñez “un punto oportunista”. “Es una medida que suena bien”, señala, aunque no la considera “en absoluto fundamental” para solucionar los problemas que aquejan al sistema público de pensiones. Campuzano se pregunta cuál será la reacción de los miembros del Pacto de Toledo ante el hecho de que la ministra haya destapado en televisión una de las múltiples propuestas que se debaten en la comisión. Los diputados tendrán ocasión de discutirlo este mismo miércoles cuando se reúnan –lo hacen ese día cada semana–.

PSOE y Podemos se muestran más críticos. Los socialistas presentaron la semana pasada su plan para pagar las pensiones con impuestos, uno sobre los beneficios de la banca y otro sobre las transacciones financieras. La formación morada también anunció en su día dos tributos similares. Aunque no los diseñaron para pagar las pensiones, sí se han mostrado de acuerdo en que lo recaudado con ellos se destine a ese fin. Mercé Perea, portavoz socialista en el Pacto de Toledo, se pregunta si, con su propuesta, el Gobierno pretende “tapar a la gente que se dejó colgada cuando suprimió los subsidios para mayores de 52 años”. La diputada echa en falta concreción. “Ya se ha planteado en otras ocasiones anteriores, pero no es fácil: ¿a quién y cómo afectará? ¿cómo se va a financiar?”, insiste.

Alberto Montero, de Unidos Podemos, respalda que se permita al trabajador elegir los mejores años de cotización para determinar la cuantía de la pensión, pero no que se amplíe el periodo de cómputo a toda la vida laboral, puesto que se traducirá siempre en una merma de la prestación. “Afectará a todos los trabajadores, porque en los periodos iniciales [de la carrera profesional] siempre se cobran salarios más bajos”, resalta.

“Desprotección de los desempleados”

Los más críticos han sido, en cualquier caso, los sindicatos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha tachado de “propuestas de telediario” y “ocurrencias” las declaraciones de la ministra de Empleo. A su juicio, el debate fundamental es cómo mejorar los ingresos de la Seguridad Social, que terminó 2017 con el mayor déficit de su historia, 18.000 millones de euros.

Para la responsable de Políticas Sociales de UGT, María del Carmen Barrera, el problema está en la “desprotección de los desempleados”, aquéllos que sufrieron la reforma laboral, fueron despedidos y se quedaron sin prestaciones públicas “en vísperas de la jubilación” o fueron obligados a jubilarse de forma forzosa a los 61 años. Según los cálculos del sindicato, hay más de 800.000 parados mayores de 55 años. Fruto de las sucesivas restricciones aplicadas por el Gobierno del PP a los subsidios, advierte Barrera, este grupo de desempleados pueden sufrir recortes en su pensión de hasta el 40%.

Así que, “en principio”, UGT no se opone a que este grupo de trabajadores pueda elegir los mejores años cotizados para intentar reparar el perjuicio infligido a sus expectativas de pensión, bien porque han quedado desprotegidos en el paro o porque han cambiado unas buenas condiciones laborales por empleos precarios tras ser despedidos. “Pero no es la solución general al problema cargarlo a las cuentas de la Seguridad Social”, reprocha la responsable sindical. Como no se conocen aún los detalles de la propuesta, Barrera mantiene sus dudas sobre si podrá “compensar” un “daño que se remonta a 2012”. “Muchos de estos trabajadores pueden llegar a la edad de jubilación con vacíos de cotización de 13 o 14 años”, lamenta.

“El problema lo han creado ellos”

“El problema lo han creado ellos”, acusa además María del Carmen Barrera al Gobierno, en referencia al real decreto de julio de 2012 que recortó las prestaciones contributivas, restringió el acceso a los subsidios asistenciales y retrasó a los 55 años el subsidio para los mayores de 52. También suprimió el subsidio especial para mayores de 45 años que agotaban la prestación contributiva. Y redujo del 125% al 100% la base de cotización para quienes cobraban el subsidio, cuando precisamente esa sobrecotización estaba pensada para evitar un recorte de la pensión futura.

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El resultado es, dice UGT, que en 2016 había casi 230.000 parados sin protección social. Según el sindicato, el número de los que superan los desempleados de más de 55 años se ha triplicado desde 2007 y la mayoría son de muy larga duración, llevan más de dos años sin trabajo. “La ministra se ha dirigido a este colectivo, pero no ha entrado en los problemas fundamentales: la desprotección social y el déficit de la Seguridad Social”, concluye.

Según los portavoces consultados, sobre la mesa del Pacto de Toledo no hay más cambios paramétricos –los que sirven para calcular la cuantía de la pensión–. El acuerdo es general en que no debe retrasarse más la edad de jubilación, que llegará a los 67 años en 2027, ni el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, que deberá ser de 38 años y seis meses en 2027. Como ambos parámetros han ido aumentado desde 2013, este año la edad de jubilación es de 65 años y seis meses, y el periodo de cotización, de 36 años y seis meses.

 

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