REFORMA ENERGÉTICA

El inevitable viaje a los tribunales de la reforma eléctrica

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En el sector energético, las demandas y los recursos son lo común. El principio de acción y reacción trasladado a los negocios. Todas las empresas y todas las asociaciones de empresas los utilizan las demandas y los recursos son lo común. Lo hacen en cantidades industriales, a cientos y aún a miles.

Algunas de la reclamaciones acaban por repercutir en el bolsillo de los consumidores. Un ejemplo: una reclamación de Iberdrola contra la congelación por Industria de la parte regulada del recibo eléctrico,apoyada por el Tribunal Supremo, obligó a refacturar 20 millones de recibos el cuarto trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012.refacturar Consecuencia: subida añadida media del 7% de la factura.

Ahora, la anunciada reforma del sector eléctrico, que será examinada por el Consejo de Ministros esta semana, acabará también en los tribunales. Lo harán las grandes compañías, las tradicionales, acostumbradas a interponer recursos contenciosos-administrativos a cientos. También lo harán las pequeñas empresas de renovables y las asociaciones que las agrupan. Basta un vistazo al Boletín Oficial del Estado (BOE) de los últimos meses para observar que hay denuncias de todas las grandes. 

Empresas denunciantes

En los últimos meses aparecen como denunciantes en el BOE empresas como Acciona Energía,

Enel Green Power, E.ON, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, y aparece también la patronal que las agrupa, Unesa. Pero en la batalla participan también las pequeñas agrupaciones.

En este grupo están  la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), y otras entidades como la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, la Asociación de Representantes en el Mercado Ibérico de la Electricidad (Armie) y la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica.

Pero han recurrido también particulares que invirtieron en huertos solares (55.000 proyectos) y plantean a Industria reclamaciones patrimoniales (más de 12.000) por haber modificado las normas, sostienen, con efectos retroactivos. Los fondos de inversión tampoco se quedan atrás. fondos de inversión Los últimos en anunciar que van a ir a un arbitraje contra España por haber recortado la retribución a los parques eólicos y a las centrales termosolares han sido, según El Economista, Antin, Eiser Infraestructure, Infrared Capital y Renergy.

Carta de la energía

Los fondos invocan la Carta de la Energía de 1994, un tratado intrenacional que vincula a quienes la firmaron, entre ellos España, en la defensa de las inversiones en otros países.

En los tribunales no faltan tampoco las comunidades autónomas. Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Valencia han planteado recursos a algunas de las normas aprobadas en los cinco retoques del sctor energético aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Lo más reciente es la admisión por el Constitucional de un recurso de la Junta de Andalucía contra varios artículos de las normas que subieron los impuestos a las empresas energéticas y recortaron primas al sector de las renovables: Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-ley 29/2012 y el Real Decreto-ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

Si el plan elaborado en los últimos meses por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se confirma, la avalancha de reclamaciones en los tribunales continuará. La idea del Gobierno es reconocer un valor estándar, similar para todas las actividades reguladas (distribución de electricidad, transporte y retribución al régimen especial/renovables) y acompañarlo de lo que considere un porcentaje de "rentabilidad razonable".

Cuestiones clave

Las cuestiones clave, que a buen seguro acabarán en los tribunales, serán las fórmulas de valoración de la inversión realizada y la determinación de la rentablidad.

Al margen de las reclamaciones ante los tribunales, la situación del sector eléctrico ha llegado también a la Fiscalía Anticorrupción. Una denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha llevado a los fiscales la cuestión de la contratación de políticos por las grandes empresas, así como el supuesto cobro en exceso (3.400 millones) de ayudas a la competencia por parte de las empresas.

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