GESTIÓN PÚBLICA

Justicia y la Seguridad Social 'pierden' las cotizaciones de 15.000 trabajadores interinos

Los ministros Rafael Catalá y Fátima Báñez.

El Ministerio de Justicia y la Seguridad Social han perdido el importe de 157.000 cotizaciones157.000 cotizaciones, las que ingresaron un total de 15.096 interinos entre 1990 y 2004. O eso decían sus nóminas, pero la Tesorería General niega haberlas cobrado y, por tanto, no las incluye en las vidas laborales de esos trabajadores.

Hace ya al menos ocho años que los primeros interinos de la Administración de Justicia empezaron a darse cuenta de que les faltaban periodos cotizados. Son lagunas de entre 1 y 30 días, de carácter completamente aleatorio. Más de la mitad de estos trabajadores tienen hasta cuatro de estos vacíos de cotización. Cuando fueron a solicitar sus vidas laborales antes de jubilarse, apareció la sorpresa y el consiguiente perjuicio a la hora de calcular su pensión.

El Ministerio de Justicia asegura que pagó tanto la cuota de cada interino como la suya como empleador, pero que carece de “la justificación documental correspondiente”, según explica CCOO. La responsable de Justicia de UGT, Victoria Carrero, cree que, cuando se crearon las gerencias territoriales, el ministerio perdió los TC1 y TC2, los documentos que sirven para justificar la liquidación de las cotizaciones y donde figura la relación nominal de trabajadores, respectivamente. “Otros departamentos tuvieron el mismo problema con las cuotas de sus interinos, pero como guardaban los TC1 y TC2, pudieron arreglar el problema”, asegura. Es lo que pasó, añade, con los interinos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que depende del Ministerio de Empleo.

El departamento que encabeza Rafael Catalá niega a infoLibre que exista un “agujero” y reduce el conflicto a “discrepancias en el tratamiento y acreditación de los datos” incluidos en los boletines de cotización emitidos antes de 2004. Se trata sólo, añade, de un “problema de verificación” de los documentos que acreditan las cotizaciones de la plantilla. Según explica, el sistema de gestión de nóminas utilizado antes de ese año fue “reemplazado por las incidencias técnicas que generaba”. Finalmente, elude concretar la cifra de las cotizaciones desaparecidas, porque corresponden a “periodos muy antiguos”, la mayoría de 1995 a 2003.

La Tesorería General, por su parte, no sólo exige que se acredite el tiempo trabajado, con un certificado de los servicios prestados, sino también el pago de la cotización, con las nóminas. “Y no todo el mundo guarda las nóminas en papel de los años 90”, lamenta el secretario general de CCOO en la Administración de Justicia, Luis Calero. El pasado 1 de junio los sindicatos se reunieron con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado, y con el subdirector de Recursos Económicos, José Ramón Crespo, para exigirles una solución. Según CSI-F, los responsables del ministerio les explicaron que Justicia “no puede realizar un cribado” de los 14 años afectados, debido “al volumen de datos, su antigüedad, la dispersión de su almacenamiento y su fiabilidad”. Pero sí ha hecho un muestreo entre 230 casos, de tres gerencias distintas y de los servicios centrales del ministerio, que le ha permitido acreditar que las cotizaciones se abonaron. “Hasta cierta fecha la Tesorería tiene los datos, pero no es capaz de atribuir un abono de cotización a un funcionario concreto”, concluyeron.

La reunión se celebró más de año y medio después de que el Ministerio de Justicia se comprometiera con los sindicatos, en un acuerdo firmado el 18 de diciembre de 2015, a “corregir” las “incidencias” generadas por “errores u omisiones en las cotizaciones de la Seguridad Social” de los interinos, así como a buscar “soluciones globales y definitivas”. Sin embargo, denuncian UGT, CCOO y CSI-F, nada se ha arreglado desde entonces.

Tanto UGT como CSI-F consideran que falta “voluntad política” para solucionar el perjuicio que se ha ocasionado a esos miles de trabajadores públicos. “Hemos pedido que a la próxima reunión asistan también responsables de la Seguridad Social”, adelanta Victoria Calero. O que se sienten los responsables de ambos ministerios, Fátima Báñez y Rafael Catalá, para arbitrar una solución “política”, “más allá de los problemas técnicos”, apunta CSI-F.

Antes de 1990 los interinos no cotizaban

En realidad, los agravios a los interinos de Justicia arrancan de más atrás de 1990. Hasta ese año este grupo de trabajadores no cotizaban al Régimen General de la Seguridad Social, sino que se limitaban a pagar a la Mutualidad General Judicial a cambio de cobertura médica y, desde 1985, para la prestación de desempleo. La Audiencia Nacional ha reconocido en varias sentencias la discriminación que sufrían por este motivo los interinos de Justicia respecto a los de la Administración General del Estado. Pero la Tesorería General de la Seguridad Social se niega a cumplirlas –los sindicatos consiguieron la extensión de efectos de las sentencias al resto de los casos– y dar de alta a los trabajadores, alegando que no formó parte del procedimiento: el demandado fue sólo el Ministerio de Justicia, como empleador.

Para los interinos que no cotizaban hasta 1990 los sindicatos reclaman que se abra un periodo de regularización de oficio. También instaron una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año para que se reconociera el derecho de estos interinos a ser dados de alta en la Seguridad Social por el tiempo que trabajaron pero no cotizaron. Fue rechazada por PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y UPN.

Luis Calero apunta también hacia una posible responsabilidad del Ministerio de Hacienda, que es el departamento que en realidad ingresa las cotizaciones. Y carga sobre la Tesorería de la Seguridad Social. “A un empresario privado le pueden caer entre dos y seis años de cárcel por no pagar las cuotas de sus trabajadores”, resalta, “no se le permitiría alegar que no encuentra los papeles, como está haciendo la Tesorería con el Ministerio de Justicia”.

Un portavoz del Ministerio de Empleo explica a infoLibre que la Seguridad Social “quiere cobrar esas cuotas y las va a cobrar”, pero no quiere entrar en cuáles han podido ser las causas de ese “desajuste” de cotizaciones. Sólo avanza que se están manteniendo reuniones con Justicia para encontrar una solución. Lo mismo dice el departamento dirigido por Catalá. “En la última reunión mantenida, el ministerio ha propuesto diferentes medidas que están siendo analizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social”, apunta. En concreto, Justicia habla de crear “una vía”, sin precisar más, que permita reconocer los periodos de cotización perdidosperdidos como efectivamente cotizados.

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