Economía

La OCDE también admite la necesidad de reformar los impuestos en España para recaudar más y redistribuir la riqueza

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, con la ministra de Economía, Nadia Calviño

La OCDE, que agrupa a los 35 países más ricos del planeta, aplaude la “exitosa” recuperación de España en su último estudio sobre la economía nacional, constata que el ritmo de crecimiento se está frenando y advierte de las altas tasas de desigualdad y de pobreza. Como hizo la víspera el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE publica sus recetas para superar los desequilibrios de la economía española. Algunas propuestas son coincidentes –reforma de las pensiones, aumento del IVA y de los impuestos medioambientales, estímulos a la productividad– y en otras el énfasis de cada organismo internacional es distinto. En concreto, la OCDE pidereformas “por el lado de los ingresos” para aumentar el gasto público, que en España se sitúa en el 41% del PIB, “muy por debajo de la media de la zona euro, que es el 47,2%”. Según los autores del informe, como la recaudación fiscal española respecto al PIB es “relativamente baja”, aún hay margen para reformar el sistema tributario a fin de “promover el crecimiento y el empleo, y reducir la desigualdad”.

En España el 20% de los más ricos gana seis veces más que el 20% más pobre, unas cifras muy superiores a la media de la OCDE. Por eso el organismo internacional reclama al Gobierno que garantice un “crecimiento inclusivo”, utilizando de forma más eficiente los instrumentos de política fiscal y las transferencias. Porque, aunque el gasto social español es “relativamente generoso” –sobre todo en pensiones y desempleo–, el estudio advierte de que las transferencias son “relativamente ineficientes” y las exenciones fiscales, “regresivas”.

Así, los hogares con bajos ingresos reciben en transferencias –prestaciones, subsidios, ayudas– el 55% del pago medio a las familias, mientras que las más ricas perciben un 60% más que la familia media. Además, pese a las rebajas de tipos en el IRPF concedidas a los salarios más bajos en los últimos años, la fiscalidad sigue “orientada hacia las rentas del trabajo”, lo que penaliza el crecimiento y el empleo, destaca la OCDE. Por el contrario, añade,las bases imponibles del impuesto de sociedades resultan erosionadas por las deducciones y exenciones, y las del IVA, por los tipos reducidos. “La tendencia mundial es abatir la fiscalidad de las empresas y de los trabajadores para generar más inversión y más empleos, pero ¿qué pasa cuando tienes unas demandas enormes y tienes que hacer frente a muchos gastos? Que no puedes dejar de cobrar esos impuestos”, explicó el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, durante la presentación del informe este jueves en Madrid.

Según el estudio, algunos tipos reducidos del IVA, que gravan alimentos básicos y necesidades elementales, benefician a los más pobres, pero “no están suficientemente dirigidos a los objetivos oportunos”, mientras que otros tienden a beneficiar a los más ricos. Por eso, recomienda el organismo internacional, deberían reconsiderarse, al igual que los tipos reducidos de que goza el sector turístico. Puesto que España se ha convertido en el destino turístico más competitivo de la OCDE, esa ventaja fiscal en el IVA ya no es necesaria y debería aumentarse la recaudación en ese sector.

La OCDE cree igualmente que debería obligarse a las empresas de la llamada “economía colaborativa” a cumplir con sus obligaciones fiscales. En concreto, cita a AirBnB, que a su juicio debería funcionar en igualdad de condiciones, por lo que a impuestos y regulación se refiere, con las empresas “convencionales”. De hecho, felicita al Ayuntamiento de Barcelona por obligar a las plataformas digitales a identificar a los propietarios que las utilizan para alquilar sus viviendas.

Impuestos para los más ricos

Otra de las medidas fiscales propuestas por el organismo internacional es subir el impuesto de sucesiones en las comunidades autónomas, que considera “menos distorsionador y perjudicial para el crecimiento” que otros tributos, pero muy útil para corregir las desigualdades de riqueza, acrecentadas por la crisis. El informe destaca el caso de Andalucía, que ha elevado a un millón de euros la exención en el impuesto de sucesiones, mientras que en Francia sólo están libres de pagarlo los hijos a partir de 100.000 euros. “Deberían reconsiderarse las desgravaciones en el impuesto concedidas a los estratos de población más acomodados”, invitan los autores.

También instan al Gobierno a estudiar las bonificaciones del impuesto sobre el patrimonio, un tributo que la OCDE ve útil para redistribuir los ingresos, siempre y cuando el umbral de exención sea tan elevado que permita excluir el denominado “ahorro sobre el ciclo vital”, el dinero acumulado para facilitar el consumo a lo largo de la vida. Según el estudio, este impuesto puede incentivar “el uso productivo del capital y gravar los impuestos que en primera instancia pudieron haber eludido el IRPF”. Pero como también se corre el riesgo de “gravar ingresos que ya han tributado”, así como de “desincentivar el ahorro”, el organismo se limita a invitar al Gobierno a analizar las repercusiones del impuesto.

La OCDE no menciona los impuestos previstos por el Gobierno para las empresas tecnológicas y las transacciones financieras, pero destaca el margen que tiene España para subir los impuestos medioambientales. Según sus cálculos, Hacienda recauda con estos tributos menos dinero, en relación con el PIB, que el promedio de la organización: el 5,6% frente al 6,5%. Señala, por ejemplo, el impuesto sobre los combustibles para el transporte por carretera, en concreto el diésel, que debería aumentarse para desanimar a los dueños de vehículos más contaminantes.

En defensa de la subida del SMI

Para seguir reduciendo el paro y combatir la desigualdad, el club de los países más ricos propone otras medidas, como reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores con contrato indefinido y salarios más bajos, algo que ya planteó en su anterior informe, de marzo de 2017. Además, insta al Gobierno a elevar el gasto en políticas activas de empleo –orientación laboral y formación– que ahora es “exiguo” pese a que éstas constituyen la medida “más eficiente”, subraya, para reinsertar a los parados de larga duración. Mientras en España, que con un 7,7% posee una de las tasas más altas de paro de larga duración de la UE, este capítulo del gasto no supera el 0,45% del PIB, la media de la OCDE alcanza el 0,51%.

Igualmente plantea aumentar el gasto en educación para combatir tanto el elevado abandono escolar temprano, otro indicador en el que España se sitúa a la cabeza de la organización, con un 18,3%, como la tasa de repetición, que es la segunda más alta de la Unión Europea. El gasto anual por estudiante en primaria, secundaria y postsecundaria es de 7.772 euros en España, muy por debajo de los 9.302 euros de media en la OCDE.

Para afrontar todos estos gastos y al mismo tiempo cumplir los objetivos fiscales a medio plazo –el 1,8% de déficit en 2019– e incluso “establecer una senda de consolidación más ambiciosa”, tal y como recomienda el organismo internacional, son necesarios esos ingresos adicionales. “En un momento en que los países se dan palmadas por el alto nivel de crecimiento de la economía, los Estados han dejado a muchos millones [de personas] fuera del proceso”, criticó Ángel Gurría, informa Europa Press. “El hecho de que el énfasis ahora esté en un equilibrio entre la productividad, el crecimiento y la inclusión lo único que hace es reconocer esta realidad”, abundó el secretario general. “Que el déficit sea del 1,7%, del 1,8% o del 2,1% es una cosa de expertos, pero lo importante es la dirección de la política y las políticas”.

Al contrario que el FMI, el responsable del organismo internacional defiende la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22% acordada por el Gobierno con Podemos. “Con este ajuste, se acerca a la media de los países de la OCDE en cuanto al porcentaje que representa respecto de los salarios promedio”, explicó Gurría, para quien el SMI evita que haya “empleos de extrema precariedad donde las familias no pueden siquiera tener una vida digna”.

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